Diputados oficialistas y aliados debatieron sobre coparticipación federal

Espert, Laspina y López Murphy acompañaron un evento en el Colegio de Abogados. El titular de Presupuesto y Hacienda explicó que “el Régimen de Coparticipación Federal de impuestos es uno de los grandes responsables de que el país sea una gigantesca villa miseria”.

Los diputados nacionales José Luis Espert (LLA), Luciano Laspina (Pro) y Ricardo López Murphy (HCF) estuvieron presentes en un debate para idear reformas en el Régimen de Coparticipación Federal organizado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, en su sede social de la calle Montevideo. Acompañaron, también, algunos juristas y profesionales del Derecho,

Al inicio, Manuel Benites, secretario del directorio de la institución y socio fundador del estudio Pérez Alati, repasó la historia de la distribución de los recursos entre Nación y las provincias en Argentina: “A pesar de los beneficios que tiene, la percepción es que el sistema está agotado, en crisis y no representa la situación actual del país”. “Hoy tenemos provincias ganadoras y perdedoras en este régimen de distribución como la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, afirmó.

Por su parte, Espert, sumó que “el Régimen de Coparticipación Federal de impuestos es uno de los grandes responsables de que el país sea una gigantesca villa miseria, porque premia a los holgazanes”.

“La coparticipación socava el sistema republicano” y mencionó a La Rioja porque “tiene más empleados públicos que privados, gasto financiado con una disociación entre ingresos propios y erogaciones, a partir del aporte de los ciudadanos de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y otras provincias”.

El legislador liberal propuso invertir la pirámide de recaudación, siguiendo el ejemplo de países como Alemania, donde la carga de recaudación impositiva mayor recae en los municipios y se traslada “de abajo hacia arriba”. “Todo dinero que no sea invertido en los postulados de la Constitución Nacional es dinero malgastado”, aseveró.

Para eso, explicó que “se deben delimitar precisamente las competencias municipales, provinciales y federales”, y pidió: “Basta de demagogia fiscal y basta de coparticipación federal de impuestos, hay que empezar a abrir la cabeza para pensar nuevas variantes para recaudar y distribuir impuestos”.

En tanto, Laspina planteó: “Tenemos un problema en el diseño de la coparticipación y de la representación parlamentaria, que sobredimensiona a las provincias chicas. El régimen de coparticipación generó un efecto rentístico en algunas provincias desincentivando incluso la inversión privada”.

Y agregó: “El diseño institucional de la Argentina se ha convertido en una tragedia para replantear este sesgo rentístico del sistema, porque en los hechos la Cámara de Diputados se ha convertido en otro Senado”.

En el cierre del panel, López Murphy planteó: “La Ley de Coparticipación tiene que hacerse con criterios racionales. Las leyes que tiene el resto del mundo tienen criterios racionales, pero la 23.548 es inexplicable”.

“Debe modificarse porque es preferible adoptar cualquier otro vigente en cualquier lugar del mundo que el nuestro, porque no tiene racionalidad”, y denunció una “patología en las finanzas públicas, donde el Estado cobra impuestos, no para brindar servicios si no para hacer transferencias de cualquier tipo”.

En ese sentido, el diputado y ex ministro de Economía y Defensa de la Nación concluyó: “Se puede recomponer la capacidad tributaria de las provincias, con eso se puede sanear el escándalo que tenemos hoy”.

Consejo de la Magistratura: organizaciones de la sociedad civil presentaron su propio proyecto

Con la intención de “profesionalizar y despartidizar” ese organismo, un grupo de entidades mostraron su apoyo a un anteproyecto de ley que busca colaborar en potenciar una Justicia más eficiente, transparente, y equitativa.

Entidades conformadas por asociaciones de profesionales de abogacía, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y universidades presentaron el anteproyecto ley de reforma del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de magistrados de la Nación, que tiene por objetivo “mejorar la Justicia y despartidizar el Consejo de la Magistratura, que hoy funciona como un espacio de disputa de poder político entre el oficialismo y la oposición de turno”, según expresaron.

Así se manifestaron en una conferencia de prensa que estuvo encabezada por Alberto Garay y Cecilia Mairal, presidente y vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos, Alfredo M. Vítolo, presidente de Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), y Guillermo Lipera, secretario de IDEA, quienes detallaron los principales puntos del anteproyecto que será presentado al Senado de la Nación.

Asimismo, los voceros destacaron que es el único proyecto apartidario desde su origen, ya que fue ideado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Fores, y cuenta con el aval de 29 organizaciones de la sociedad civil compuestas por abogados, académicos, empresarios y agrupaciones sociales.

Con la intención de “despolitizar el Consejo”, el proyecto al que accedió parlamentario.com reduce la cantidad de consejeros de sectores políticos partidarios, respetando el equilibrio entre los distintos estamentos. Según la iniciativa, el Consejo quedaría con 13 miembros (como en la actualidad), con cuatro representantes del Poder Judicial: el presidente de la Corte Suprema y tres jueces.

Los órganos políticos estarían representados por un miembro del Poder Ejecutivo y tres diputados nacionales correspondientes a tres bloques distintos. Se excluye a los senadores, puesto que ya participan del proceso de selección de magistrados al prestar los acuerdos.

Por parte de los abogados, hay cuatro representantes: dos por CABA y dos por las provincias; hay también un académico elegido por la totalidad e los profesores titulares de Derecho de facultades públicas y privadas.

El proyecto reafirma la autarquía financiera del Poder judicial de la Nación, fortaleciendo su independencia respecto del oficialismo de turno. Asimismo se garantiza la paridad de género en el Consejo.

Guillermo Lipera, secretario de IDEA, destacó que “este anteproyecto que presentamos los profesionales junto a la sociedad civil, tiene como principal eje el propósito de asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”; y sostuvo que “es necesario contar con instituciones sólidas para generar confianza y lograr una Argentina sostenible en el largo plazo”.

En la misma línea, Alberto Garay del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que la iniciativa “busca que se respete la división de poderes efectiva y el estado de derecho. Queremos una justicia eficiente y al servicio del bien común, no sospechada de proteger poderes o intereses particulares. El Consejo de la Magistratura es la clave para recuperar las instituciones y jueces independientes e idóneos, con solvencia moral y jurídica”. Cecilia Mairal, quien acompañó las palabras de la autoridad del Colegio, reafirmó la “necesidad de contar con una garantía clara de independencia, respetando el equilibrio que exige la Constitución Nacional”.

Por su parte, el presidente de Fores, Alfredo Vítolo, diferenció el anteproyecto de aquellos en trámite en el Congreso: “Esta iniciativa busca rescatar la intención del Constituyente de 1994, procurando la reducción de la influencia de la política partidaria en el proceso de elección y remoción de jueces. Lo que se pretende es lograr ese “equilibrio” del que habla la Constitución y objetivar el proceso de conformación de las ternas de candidatos”.

“La forma en que debe proveerse el servicio de administración de justicia constituye un reclamo social y empresarial imprescindible. La jerarquización de la administración de justicia constituye un servicio público fundamental para la sociedad, por esta razón Amcham Argentina adhiere a esta iniciativa presentada. El Consejo de la Magistratura eficiente, profesional y transparente es uno de los atributos necesarios para crear las condiciones de un país republicano que atrae a las inversiones y desarrolla empleos de calidad”, sostuvo Alejandro Díaz, CEO de Amcham Argentina.

A través de María L. Vázquez, decana del Departamento de Derecho y Ricardo Ramírez Calvo, profesor de Derecho constitucional y codirector del Centro de Estudios en Derecho Público, la Universidad de San Andrés reafirmó su aval al anteproyecto, destacando que “sigue de manera estricta los lineamientos que impone la Constitución Nacional y establece un verdadero equilibrio entre los representantes de los órganos políticos, de los jueces de todas las instancias y de los abogados. Además, permite una amplia participación en la designación de un representante del ámbito académico. Es fundamental asegurar la independencia del Poder Judicial y el anteproyecto es un paso fundamental en la dirección correcta”.

A su vez, Anabella Serignese, directora ejecutiva de Asociación Conciencia manifestó “desde Conciencia creemos en la necesidad de generar proyectos que contribuyan a un funcionamiento del sistema judicial más eficiente y de calidad por ello apoyamos esta propuesta que busca poner en debate temas tan necesarios para el fortalecimiento de nuestra democracia”.

“Este proyecto de ley asegura un Consejo de la Magistratura independiente del poder político de turno. En IDEA creemos que sería una enorme contribución a mejorar la seguridad jurídica en nuestro país, un pilar fundamental para el aumento de las inversiones”, aseguró Daniel González, director ejecutivo de IDEA.

Las asociaciones adherentes al anteproyecto son: FORES – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia,  Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires,  AmCham Argentina – La Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina,  IDEA – Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, Foro de Convergencia Empresaria, ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), Fundación Libertad y progreso, Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, Asociación Conciencia, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Coninagro, Asociación Civil Río Paraná, Cámara de Comercio Argentino Británica,  Sociedad Rural Argentina, Cámara de Comercio Sueco Argentina, Cámara de Comercio Italiana Argentina, ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Rep. Arg.), CACC (Cámara Argentina de Centros de Contacto, Cámara de Comercio Argentino Canadiense, Cámara Argentino Portuguesa de Comercio, Cámara de Comercio Argentino – Holandesa, Cámara de Comercio  e Industria Franco Argentina,  Cámara Argentino Croata de Industria y Comercio, ACREA – Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, Cámara Empresarial Argentino Polaca, CAPE – Cámara de Agencias Privadas de Empleo, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, Fundación Mediterránea y el Departamento de Derecho Judicial y Maestría  de la Universidad Austral.

Anteproyecto

La Federación Argentina de Colegios de Abogados cuestionó al Colegio Público de la Capital Federal

Fue por impugnar la convocatoria a elecciones estamentales para el nuevo Consejo de la Magistratura. Por consiguiente, el Colegio de Abogados emitió un comunicado en el que remarcó que “ha cumplido responsablemente con el compromiso”.

La Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) cuestionó al Colegio Público de la Capital Federal (CPACF) por “impugnar la convocatoria a elecciones”, y calificaron dicha conducta de las autoridades como “temeraria”. En ese sentido, aclararon que “se ve en la necesidad de deslindar públicamente su responsabilidad ante una eventual frustración del proceso eleccionario en curso y por las consecuencias dañosas que ello podría traer aparejadas en un futuro inmediato en cuanto al funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la administración del servicio de justicia en el ámbito federal”.

La convocatoria realizada por el Colegio de Abogados tenía como fines elegir dos consejeras titulares y dos suplentes para completar la integración del estamento de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación –período 2018/2022– motivo por el cual tras los cuestionamientos emitieron un comunicado.

“Que la Suprema de Justicia de la Nación en fallo dictado de fecha 16/12/2022 en la causa ‘Colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires y otros c/ EN – Ley 26.080 – dto. 816/99 y otros s/ proceso de conocimiento’ resolvió declarar la inconstitucionalidad de la Ley 26.080 en cuanto refiere a la composición actual del citado Organismo Constitucional disponiendo en consecuencia ordenar al Consejo de la Magistratura que, dentro del plazo máximo de ciento veinte días corridos contados desde la notificación de la presente sentencia, disponga lo necesario para la integración del órgano. Transcurrido dicho plazo sin que se haya completado la integración mencionada, los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos”, expresaron.

En tanto, señalaron: “Que en cumplimiento de esa manda judicial el Consejo de la Magistratura en fecha 24 de enero de 2022 mediante resolución 02/22 aprobó el Reglamento Transitorio facultando a la Federación Argentina de Colegio de Abogados para realizar la convocatoria en coordinación con el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (art. 11), fijando –en arreglo a lo dispuesto por la CSJN- que los comicios deben realizarse antes del día 6 de abril de 2022, y ser convocados con sesenta (60) días de anticipación”.

A su vez, criticaron que los esfuerzos realizados por las autoridades de la FACA desde el mismo día de su notificación resultó “absolutamente imposible coordinar dichas tareas con las autoridades del CPACF toda vez que su posición -afirmada en reiteradas presentaciones ante el mismo Consejo de la Magistratura – es contraria al llamado a elecciones dentro del plazo establecido por la CSJN”, y agregaron: “Como así de rechazo a cualquier participación de nuestra Institución en el proceso eleccionario en el ámbito de la Capital Federal”.

“A tales rechazos debe sumarse su indeclinable determinación de hacer coincidir los comicios en las mismas fechas establecidas para su elección interna de autoridades (26/27 y 28 de abril) por fuera de los plazos judicialmente establecidos y mandados a cumplir por el Consejo de la Magistratura al establecer que se llamara a elecciones ‘antes’ del día 6 de abril”, criticaron en el comunicado.

Además, explicaron que “ante el inminente agotamiento del tiempo disponible para concretar con sesenta (60) días de anticipación la convocatoria en cuestión y no existiendo margen para admitir nuevas dilaciones, la FACA procedió a realizar las publicaciones pertinentes a través del Boletín Oficial”, debido a “la imperiosa necesidad de preservar la realización el proceso eleccionario, evitando de tal modo la virtual paralización de ese Órgano a partir del vencimiento del plazo cientos veinte días otorgados por la CSJN”.

“La recomposición del equilibrio estamentario dentro del Consejo de la Magistratura constituye un reclamo de vieja data de la FACA y de todos y cada uno de los ochenta y dos Colegios, Asociaciones y Consejos que hoy la integran en cabal muestra de una abogacía federalmente organizada”, destacaron.

Comunicado-

El Colegio de Abogados insta a cumplir con el fallo de la Corte sobre el Consejo de la Magistratura

A través de un comunicado la institución remarcó que “el fallo de la Corte debe cumplirse en plazo y de la mejor manera”.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la reforma del Consejo de la Magistratura dispuesta por una ley del Congreso en 2006, desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires instan a cumplir en tiempo y forma con el fallo adoptado el pasado 16 de diciembre.

En un comunicado, la institución convocó a “todos los profesionales del Derecho a aunar esfuerzos para designar a los representantes de nuestro estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación”.

“Como se sabe, el Consejo de la Magistratura de la Nación es el ámbito donde, entre otras cosas, se reglamentan y organizan los concursos para seleccionar a los jueces. De allí surgirán luego las ternas para ser juez o jueza federal o nacional. También se resuelven las sanciones disciplinarias de los/as magistrados/as y los pedidos de juicio político. Su función es clave no sólo para obtener una magistratura ejemplar, honesta y con los mejores de nuestros pares, sino también para controlar que se desempeñe de manera acorde con esas expectativas”, precisa el texto.

En ese sentido, remarca que “la ley 26080, dictada en el año 2006, alteró la integración del Consejo y el equilibrio entre los estamentos que lo componen, con violencia del equilibrio entre estamentos que manda la Constitución Nacional. Dicha ley dio prevalencia al sector político (legisladores y representante del Poder Ejecutivo) por sobre los restantes (jueces, abogados y académicos). Esta ley nos devolvía así al lugar que los convencionales constituyentes del ’94 nos quisieron sacar, al crear el Consejo de la Magistratura”.

El funcionamiento del Consejo así constituido estuvo sujeto a manipulaciones inadmisibles. Fruto de ello, en algunas designaciones prevaleció la filiación política, la afinidad ideológica o el culto al líder por sobre el mérito y la preparación de los candidatos para la delicada función de juzgar. Profesionales cuya evaluación en los concursos los ubicaba en posiciones postergadas (y, en ocasiones, muy postergadas) fueron colocados dentro de las ternas propuestas al Poder Ejecutivo quien luego los designaría como juez o jueza, con acuerdo del Senado. El resultado al que ese proceder condujo es bien conocido. Muchas designaciones jamás deberían haber recaído en las personas elegidas de ese modo”, denuncian.

En tanto, informa que “el pasado 16 de diciembre la Corte Suprema pronunció una sentencia ejemplar ordenando que se respete el equilibrio de estamentos en la conformación del Consejo de la Magistratura, tal como lo dispone la Constitución Nacional. Como remedio a la inconstitucionalidad de la ley 26080, la mayoría del Tribunal propuso que se estuviera a la integración, quórum para sesionar y régimen de mayorías que establecía la ley 24937 con las enmiendas de la 24939”.

Como consecuencia, remarca que urge “la actuación del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, pues con su intervención deben elegirse los profesionales a incorporar al Consejo dentro del plazo de 120 días dispuesto por la Corte. Es evidente que, dada la premura que impone ese plazo, debe actuarse con celeridad y eficiencia. Todos los recursos deben ser empleados desde ahora con la urgencia que el caso amerita. No puede haber distracciones ni demoras ordinarias. Estamos ante una situación extraordinaria”.

En suma, desde el Colegio de Abogados consideran que “más allá de problemas de organización, existe capacidad y personal idóneo para implementar las soluciones que, dentro del plazo impuesto, permitan elegir quiénes serán nuestros representantes. Los abogados debemos demostrar que estamos a la altura de las circunstancias y que efectivamente queremos que nuestro estamento tenga la representación que la Corte Suprema ha ordenado, después de 15 largos años de litigio y postergación. Se puede lograr y nos ponemos a disposición para que ese objetivo sea satisfecho”.

“Que ese fin no sea tronchado por quienes solapadamente defienden el mantenimiento del status quo que tanto daño ha infligido e inflige al Poder Judicial y al ejercicio de la profesión”, concluye el texto firmado por el directorio.

EL-FALLO-DE-LA-CORTE-DEBE-CUMPLIRSE-EN-PLAZO-Y-DE-LA-MEJOR-MANERA