En el marco de la novela interminable que rodea a la pareja que integraron Alberto Fernández y Fabiola Yañez, comenzaron a trascender detalles de la vida licenciosa que protagonizaba el expresidente de la Nación. Y fue en ese sentido que se conoció un video donde una mujer conocida aparece en el despacho presidencial bebiendo cerveza y hablando de intimidades con el entonces mandatario. Que es quien precisamente la filma.

Esa mujer es Tamara Pettinato, conocida panelista de los medios e hija de Roberto Pettinato, quien es además actualmente pareja de un diputado nacional de Unión por la Patria.

Se trata de José Glinski, representante de la provincia de Chubut, adonde en medio del escándalo partió la panelista para alejarse junto a él de esa involuntaria centralidad que había alcanzado por obra y gracia del video que grabó quien fue su amante.

Finalmente Glinski se refirió al tema. En declaraciones radiales, optó por la ironía y confió que por los hechos que son de dominio público lo han llamado “el venado”.

Cercano a La Cámpora, el diputado nacional dijo que por estas circunstancias creció mucho el número de sus seguidores en Instagram. “Casi un 40% más, mucho ‘cornicheli’ igual. Mucho intercambio de fluidos en los comentarios. Me decían ‘el venado’”. Aclaremos que en los tiempos en los que su actual pareja mantuvo una relación con el entonces presidente, Glinski y Tamara Pettinato no estaban saliendo.

¿Qué le dijeron en el Congreso, esta semana en la que volvió a haber sesión? “El comentario generalizado en la Cámara de Diputados es que ‘si hablan de vos, está bien’”, comentó, asegurando que “hubo mucho comentario positivo”. Observó que “a los libertarios les costaba un poco más venir a solidarizarse, pero hubo solidaridad trasversal de la política”. Incluso remarcó que “la máxima autoridad de la Cámara de Diputados vino a solidarizarse conmigo”, en referencia a Martín Menem.

De 43 años de edad, Glinski estuvo al frente de la Policía Aeroportuaria durante la gestión de Alberto Fernández. Politólogo y con mandato hasta 2027, Glinski es vicepresidente primero de la Comisión de Seguridad Interior, y vocal en las comisiones de Energía y Combustibles; Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios; Legislación Penal y de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico.

Durante los ocho meses que lleva de mandato, ha presentado dos proyectos de resolución: un pedido de informes al Ejecutivo sobre el apartamiento de Vicente Ventura Barreiro del Ministerio de Seguridad de la Nación, y otro pedido de informes sobre cuestiones relacionadas con la captura sin autorización de merluza negra en el Mar Argentino, por parte del buque Tai An, de la firma Prodesur SA.

Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior, que presiden los diputados del Pro Laura Rodríguez Machado y José Nuñez, respectivamente, continuaron este miércoles el debate para el expediente integral del crimen organizado; a su vez, trataron la iniciativa de incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos.

En ese sentido, la presidenta de Legislación Penal, Rodríguez Machado, planteó la idea de “tomar el proyecto original del Ejecutivo denominado ‘Ley Antimafias’”, y “tomar todas las sugerencias”. También sugirió la posibilidad de unos días generar un despacho ya que “la provincia de Santa Fe, entre otras, merecen que se expida un texto de coincidencias, por lo pronto razonables, para proponer posibles modificaciones al Código Penal”.

En tanto, el vicepresidente de la Comisión de Seguridad Interior, José Glinski (UP), habló de la necesidad de “encontrar un marco normativo que mejore la persecución del crimen organizado”. “Tenemos que darle herramientas a los tres poderes para que mejore su performance”, señaló. Pero sin embargo, aseveró que “es un proyecto que le otorga más facultades al Poder Ejecutivo sobre el judicial, aumenta penas, flexibiliza la figura de asociación ilícita, pero el temor es que persiga cuestiones que no son parte del fundamento”. Por eso, entre otros argumentos, su bloque no acompañará la iniciativa.

El diputado de izquierda Christian Castillo cuestionó que “no es un proyecto anti mafias, sino que habilita un tipo de persecución política del cual hemos tenido un anticipo durante el tratamiento de la Ley Bases. Las prevenciones respecto de este proyecto de cómo pueden ser utilizados han quedado de manifiesto porque si uno ve los tipos penales que planteó la oficina del presidente en un comunicado donde hablaba de organizaciones terroristas calificando a todos los manifestantes, después el Ministerio de Seguridad que presenta este proyecto y el fiscal Stornelli acusando a quienes participan de manifestaciones de sediciones, de intimidación pública, de muchas de las figuras penales que están acá”.

“Ya está para qué lo van a usar. Van a usar la terrible situación de Rosario para construir una tipología penal que permita, entre otras cosas, para reprimir y ser criminalizados los miembros de una manifestación, ser encarcelados, denunciados, por el solo hecho de que al gobierno de turno se le ocurre calificarlos de terroristas y todo el cúmulo de ridiculeces”, criticó Castillo y resaltó que “este artefacto legal que están construyendo es para eso. Esto lo va a usar Patricia Bullrich para ilegalizar, criminalizar, perseguir a los oponentes políticos”.

Y cerró: “Habilitar esto es un tratado para la intimidación pública y social en cualquier movilización y les dan la mano libre para condenar entre 8 a 10 años a un miembro de la organización y criminalizarla. Esto es gravísimo y es un avance del autoritarismo del Estado”.

Desde la Libertad Avanza, Álvaro Martínez le respondió al diputado preopinante que “exagera” porque “en la ley en ningún momento se establece nada de lo que ha dicho, pero entiendo desde el lugar que lo plantea”. En tanto, planteó: “Si el problema es el nombre se lo podemos cambiar”, y aclaró que “aquí lo que se persigue es a los criminales, no a los ciudadanos. Necesitamos conocer las sugerencias de los bloques, pero espero que podamos tratarlo prontamente, porque tenemos que darles solución a todos los argentinos ante esta problemática”.

El correntino Manuel Aguirre (UCR) destacó: “Este es un proyecto de mucha importa y trascendencia”, y aportó el análisis de que “la lucha es internacional porque la mafia organizada no está solamente en nuestro país. Por eso que creo que para concretar esto, la única manera de combatir las mafias es trabajar en conjunto”. Al mismo tiempo, solicitó conceptualizar y caracterizar “que es mafia para a partir de allí avanzar en una iniciativa y cambiar de filosofía en cuanto al derecho penal e ir a un sistema funcionalista”.

Aguirre criticó y se lamentó la aprobación del blanqueo que se hizo en el paquete fiscal porque “fue para ellos porque nadie que no tenga oculto su dinero, ya sea por evasión impositiva, por la venta de armas o narcotráfico no tiene por qué inscribirse como cualquier ciudadano”, pero se mostró esperanzado en poder derogar ese blanqueo porque “obstaculiza la lucha contra las mafias”.

Asimismo, el diputado Oscar Agost Carreño (HCF) opinó que es un “tema que hay que discutirlo porque son nuevos formatos criminales”, y en ese sentido, su bloque incorporó un proyecto porque considera relevante añadir la “definición de mafia en el proyecto que estamos tratando y la creación de una fuerza de seguridad de élite”.

En otro orden, la comisión puso en tratamiento la incorporación del artículo 23 bis sobre secuestro de armas de fuego, municiones o explosivos. “En los casos en que se hubieren secuestrado armas de fuego, municiones o explosivos, la autoridad judicial interviniente deberá, transcurrido el plazo de 6 meses desde su incautación, resolver el decomiso y envío a la autoridad competente para su destrucción, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 25.938”.

El material incautado será restituido a su titular registral cuando éste o sus dependientes no tuvieren vinculación con el hecho objeto de la incautación y la pérdida o robo del mismo haya sido debida y oportunamente denunciada ante la autoridad de aplicación de la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

Al respecto, el autor del proyecto es el diputado Matías Molle (UP), quien expresó que el expediente “es simple, posee dos artículos y nace de una experiencia concreta”, en la que como ex director del RENAPER “muchos gobernadores tenían las armas en depósito provinciales y eso implica un riesgo y un gasto. La mayoría de estas armas de fuego son de jurisprudencia provincial, afirmó y, por ese motivo, “esta ley va  empezar a reducir todos estos riesgos y que las armas se destruyan efectivamente”.

En coincidencia, la diputada Marcela Campagnoli (CC) adhirió al proyecto de Molle, señalando que “las armas que desaparecen vuelven al circuito ilegal y ahí radica el problema”. Además, propuso que una vez que se “tramita la pericia de esa arma inmediatamente salga del juzgado y vaya al RENAR” y que sea prorrogable a pedido del juzgado.

Por su lado, Gabriela Brower de Koning (UCR) también se mostró de acuerdo “con la finalidad del proyecto porque es importante contemplar medidas necesarias y urgentes para neutralizar el desvío que se genera de estas armas hacia circuitos ilegales”. Y planteó contemplar que el proceso penal “no tenga ningún tipo de vicio”.

En referencia al conflicto desatado entre la provincia de Chubut y el Gobierno nacional, el diputado de Unión por la Patria José Gllinski consideró que "esta es una situación que el presidente (Javier Milei) está buscando, está buscando permanentemente el conflicto de poderes".

"Si nos recortan fondos no significa que se lo sacan a la política, sino que son los sueldos de los maestros, los insumos de los hospitales. Los servicios que brindan los Estados provinciales son los esenciales. La Nación no tiene la responsabilidad de la salud, la educación, la seguridad", sostuvo en declaraciones a Radio 10.

El legislador mencionó además que los patagónicos tienen "una historia de rebeldía con la Nación, y además una historia de que nuestros recursos han sido motor de la Argentina durante muchísimos años. Son más de 100 años de industria petrolera, en donde el sentir nuestro es que la Nación se ha quedado con más recursos de los que nos han dado".

El chubutense cuestionó que "se hace imposible cualquier tipo de relación y diálogo sensato con el presidente de la Nación, que ha elegido, primero a los diputados y luego a los mandatarios provinciales, como los enemigos de su política".

Sobre los recursos de la coparticipación retenidos por Nación, a causa de una deuda que tiene la provincia, el legislador resaltó que "significa muchísimo para la provincia, porque solamente en febrero se recortaron más de 13 mil millones de pesos. Son cuatro escuelas, como dice el gobernador (Ignacio "Nacho") Torres".

Precisamente sobre el mandatario, Glinski afirmó que "esta situación ha hecho que las diferencias político-partidarias e ideológicas que tenemos con Torres se vayan licuando". "Todo el arco político y todas las provincias han salido a defender su posición contra el presidente Milei", agregó.

Consultada por el diputado nacional José Glinski (UP – Chubut) respecto a los “usos razonables de las fuerzas de seguridad”, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich le dio una respuesta contundente: “Usted desarmó a la Policía Aeroportuaria y los convirtió en personas que solo miraban valijas”.

Glinski, quien fue director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) durante el gobierno de Alberto Fernández había cuestionado a la ministra porque en sus medidas “dejaba a las fuerzas de seguridad a merced de los medios de comunicación”.

Rápidamente, la ministra respondió: “Tenemos una idea distinta porque usted desarmó a la Policía Aeroportuaria, les sacó las investigaciones y no coincidimos en nada de lo que usted hizo”.

“Vamos a volver a armar la PSA porque son quienes cuidan el lugar de entrada y salida de nuestro país, e invitamos a todos los que quieran venir, pero vamos a controlar”, aseveró Bullrich, y agregó: “Vamos a generar que las fuerzas de seguridad cuiden a los argentinos en todo el país”.

Asimismo, Bullrich dio un segundo punto de vista en contra de la gestión de Glinski en la dirección nacional de la PSA y arremetió: “Cuando vos estabas los operativos antidroga pasaron de de 1.060 a solo 455”. “Pero estábamos en pandemia”, se defendió el diputado.