Diputados nacionales presentaron un proyecto para la formación de una comisión bicameral que indague las denuncias de vulneración de derechos humanos.
El diputado nacional José Riccardo (UCR-San Luis) en forma conjunta con el diputado nacional Mario Arce (UCR-Formosa) presentaron hoy un proyecto de creación de una comisión nacional bicameral para investigar violaciones de los derechos humanos de los pueblos originarios en la provincia de Formosa.
Riccardo recordó “los testimonios de mujeres embarazadas que aparecieron días pasados en medios de comunicación”. Señaló que se trata de “madres a las que una vez que dieron a luz, le sacan al recién nacido para llevarlo a un servicio de neonatología en otro hospital, padres que nunca más volvieron a ver a sus hijos, jóvenes a las que le implantaron un chip anticonceptivo sin saber lo que le hacían”.
La comisión tendrá por objetivo la elaboración de un informe que compile los datos y testimonios recibidos y así proponer medidas legislativas y administrativas para prevenir tales situaciones en el futuro.Además, deberá formular la denuncia ante la Justicia si hubieran hechos considerados delictivos.
“Creo que tenemos que asumir nuestra responsabilidad y contar con buena información al respecto, para que, si es necesario, legislemos con más severidad acciones de ese tipo o creemos nuevos instrumentos jurídicos para combatirlas, y que no vuelvan a suceder”, agregó el diputado nacional.
El legislador puntano también aclaró que el fin de la comisión bicameral no es “suplantar a la Justicia” en la investigación de los hechos de vulneración de derechos humanos denunciados, sino “tomar verdadera dimensión de lo que podemos hacer para evitarlos”.
Acompañaron con su firma este proyecto los diputados Miguel Bazze, Ximena García, Gabriela Lena, Dina Rezinovsky, Sebastián Salvador, Mónica Frade, Adriana Ruarte, Sofía Brambilla, Silvia Lospenato, José M. Cano, Estela Regidor, Claudia Najul, Dolores Martínez, Jorge Vara, Martín Grande, Rubén Manzi, María Carla Piccolomini, Paula Oliveto, Juan Carlos Nuñez, Maria Luján Rey, Lorena Matzen, José L. Patiño, Mario Pastori, Ingrid Jetter, Gerardo Cippolini, Gonzalo Del Cerro, Gustavo Menna y Lidia Ascárate.
Se trata del radical Mario Arce, quien volvió a Formosa tras participar de la sesión del 11 de febrero y ahora cumple el aislamiento en su domicilio. Mario Negri y Luis Naidenoff presentaron un habeas corpus.
Una nueva disposición del gobierno formoseño encendió luces de alarma en la oposición: el diputado nacional de la UCR Mario Arce fue obligado a realizar aislamiento obligatorio por 14 días al ingresar a la provincia de Formosa a pesar de estar exceptuado y contar con hisopado negativo, lo que motivó al radicalismo a presentar un recurso de habeas corpus.
Arce participó presencialmente de la sesión del 11 de febrero en la Cámara baja y dos días después, al regresar a su provincia, fue obligado a realizar la cuarentena en su domicilio a pesar de que, según informaron fuentes del bloque, “ya lleva cuatro hisopados con resultado negativo y ha cumplido con todos los protocolos sanitarios”.
A raíz de esta situación, presentaron una acción de habeas corpus los líderes parlamentarios de la UCR, Mario Negri y Luis Naidenoff, junto al titular del partido, Alfredo Cornejo, y el presidente del Comité provincial, Martin Hernández, con el patrocinio letrado de Ricardo Gil Lavedra, Juan Montoya, y Gustavo Menna.
Los dirigentes remarcaron que el artículo 6 del DNU 297/20 indica que “quedan exceptuadas del cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio y de la prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y servicios declarados esenciales en la emergencia”, tales como los representantes del Congreso Nacional.
También citan, en el mismo sentido, el decreto provincial 100/20, en su artículo 5, punto 25, que se interpreta de manera conjunta con la citada norma nacional.
“Estamos dando la batalla donde hay que dar y a los abusos le respondemos con acciones concretas. Buscamos sentar una nueva jurisprudencia que pueda ser utilizada por cualquiera de los 640.000 formoseños. El camino es la Justicia y si es necesario llegaremos hasta las últimas consecuencias recurriendo a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y organismos internacionales”, señaló Arce.
Asimismo, informó que se presentaron pruebas ante el Juzgado Federal sobre situaciones donde el propio gobernador Gildo Insfrán, su vice, Eber Solis, y otros funcionarios “se valen del decreto nacional y provincial para salir y entrar a la provincia sin problemas, pero cuando lo hacen opositores hay una intencionalidad política de imponer órdenes y restricciones que no tienen un fundamento legal, siendo que las normas se aplican para todos por igual sin distinguir el color político”.
El juzgado competente ya solicitó a la provincia que informe sobre esta situación, y en breve se fijará una audiencia para resolver el caso, adelantó el diputado Arce.
Mario Arce reaccionó así por el comunicado del Consejo Nacional que conduce José Luis Gioja por los sucesos en Formosa.
El Partido Justicialista emitió este sábado un comunicado respaldando al gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, elogiando su política sanitaria y criticando duramente a la oposición por las denuncias de lo que sucede con los contagiados de Covid que son aislados.
Ante la reacción de la conducción del peronismo, el diputado nacional radical Mario Arce cuestionó duramente al partido liderado por el diputado nacional José Luis Gioja. “El Consejo Nacional del PJ justificando las políticas sanitarias y victimizando al Gobierno de Insfrán. Los firmantes, jamás permitirían que en su provincia esto suceda, pero pretenden desde muchos kilómetros que los formoseños aceptemos el atropello”.
“Cínicos y cómplices de la violación de Derechos Humanos en Formosa”, concluyó el legislador formoseño.
En el mismo sentido se expresó el diputado del Pro Waldo Wolff: “Meten presas a dos concejalas opositoras en Formosa por denunciar violaciones a los DDHH y el oficialismo acusa a la oposición de perseguir a Insfrán”.
Y concluyó: “Si no fuera trágico sería solo un trastorno psiquiátrico”.
Críticas del diputado radical Mario Arce, quien consideró que el proyecto “blanquea la intención de licuar y debilitar la estructura de Comodoro Py”.
El Poder Ejecutivo Nacional elevó un proyecto de reforma judicial que modifica las estructuras de los fueros federales de todo el país, aunque los mayores cambios están direccionados a la Capital Federal. En este sentido, el diputado nacional Mario Arce (UCR – Formosa) aseguró que “la centralidad del Gobierno nacional no pasa por construir una mejor justicia sino adueñarse de ella y eso atenta contra la posibilidad de realizar cambios estructurales”.
“En lo que va del año se perdieron más de 300.000 puestos de trabajos registrados, cerraron miles de PyMEs, desde diciembre vienen ajustando a los jubilados y pensionados quitándole la movilidad de sus haberes consagrada por una ley más beneficiosa que fue suspendida por este gobierno; los salarios siguen congelados y hubo reducciones en algunos casos… En definitiva, hoy tenemos un Estado que asiste más de lo que produce, lo cual nos debería llevar a la reflexión sobre cuáles son las prioridades que debe tener el país en este momento difícil.”, consideró.
Y agregó: “Una reforma de estas características requiere de construir un gran consenso político, que no se está dando, hay un rechazo unánime de amplios sectores que incluye especialistas, asociaciones del derecho, cúpula judicial y todo el arco opositor”.
“El proyecto es inoportuno, inconsistente y desnuda las intenciones del Gobierno de tomar el control del Poder Judicial, en especial de Comodoro Py, con el fin de interferir sobre causas de corrupción que ya están iniciadas y que tiene involucrados a ex funcionarios de la etapa kichnerista, pero también pretende crear un sistema de impunidad para futuros casos y la utilización de este poder como aparato persecutorio”, fustigó Arce.
“No es casual lo ocurrido en estos 8 meses, donde se dio una catarata de exfuncionarios condenados que fueron liberados por la Justicia, y donde en varias causas hubo presión del gobierno, a través de la Secretaria de Derechos Humanos, que se presentó para pedir la libertad de presos”.
Según la iniciativa, la reforma promueve la creación de cientos de órganos judiciales, que incluye el nombramiento de jueces, fiscales, defensores y secretarios, con un costo fiscal aproximado de 4.000 millones de pesos anuales.
Con respecto a esto, Arce consideró que si bien el proyecto ingresó por el Senado, lo estamos empezando a analizar, pero de las primeras observaciones podemos decir que es ilógico que un tercio de esos recursos se focalicen solo en la Capital Federal ya que eso ‘blanquea’ la intención de licuar y debilitar la estructura de Comodoro Py, que indudablemente ‘incomoda’ a este gobierno por la cantidad de expedientes de corrupción que concentran estos fueros”.
Por otro lado, el legislador advirtió que el proyecto, desde la teoría, pretende fortalecer el sistema acusatorio, pero nombra más jueces que fiscales cuando en realidad debería hacer lo contrario”, y agregó “en un sistema dispositivo o acusatorio el rol del fiscal es fundamental ya que realiza el mayor trabajo en todo el proceso a través de la investigación, recolección de pruebas y acusación, en cambio la tarea del juez en este sistema es estrictamente de decisión o resolución”.
Con respecto al sistema de subrogancias que plantea el proyecto, el legislador consideró que es otra de las trampas que el Gobierno impulsa, ya que la urgencia es cubrir dentro de los 10 días de entrada de vigencia de la ley, las vacantes que hay en la ciudad de Buenos Aires y no las del interior que hace años esperan ser cubiertas”.
“En el caso de la provincia de Formosa, durante años estuvimos sin jueces federales porque no se nombraban, es más se creó hace unos años un juzgado federal en la ciudad de Clorinda y todavía está vacante y sin funcionar, demostrando un contrasentido en pretender crear nuevos juzgados siendo que muchos existentes todavía no están funcionando, resintiendo el servicio de justicia en nuestra provincia”.
Por último, Arce también se manifestó contrario a la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y dijo: “Es la reedición del proyecto menemista de los 90 que terminó con una Corte que pasó de tener 5 a 9 miembros, garantizando una mayoría funcional al poder peronista”.
Un diputado radical se plantea si los 1.600 pesos destinados a los adultos mayores no alcanzan a sustituir en valor ni en calidad la anterior prestación.
El diputado nacional Mario Arce (UCR – Formosa) puso en duda el nuevo sistema que sustituye a los bolsones Pami por una suma fija de $ 1600 abarcativo de tres meses. Presentó un pedido de informe al Ejecutivo Nacional para obtener mayor detalle sobre este tema.
“Por un lado se advierte su insuficiencia, ya que un bolsón con productos saludables objetivamente tiene un valor significativamente mayor y por otro lado no es un monto mensual, sino que esos $ 1600 representan a tres meses, que si lo fraccionamos por mes, un beneficiario estaría recibiendo $ 533, aproximadamente. Recordemos que los ‘Bolsones Pami’ tienen por objetivo la entrega mensual de productos secos seleccionados por nutricionistas para complementar la alimentación diaria, teniendo en cuenta las patologías prevalentes”, señaló Arce.
Y agregó: “El beneficio carece de universalidad ya que ni siquiera se extiende o llega a todos los jubilados que cobran la mínima, por lo que se hace necesario indagar sobre los parámetros que toma el Gobierno nacional para llegar a ese número”.
“Si bien se dijo que ese monto varía según la modalidad del bolsón y la zona geográfica no se hizo pública a cuánto ascendería la asistencia en los otros casos. Hay que tener en cuenta el fuerte incremento de los precios interanual en el rubro alimentario que en marzo fue 3,9 y en abril 3,2 en plena pandemia, sumado al arrastre de los otros meses, nos llevan a advertir con mayor fundamento esta situación”, amplió.
“Esperemos que esto no sea un nuevo ajuste a los jubilados, teniendo en cuenta que en diciembre este Gobierno le quitó la ley de movilidad que mejoraba sustancialmente sus haberes a diferencia de las actualizaciones que se hacen ahora por decreto”, afirmó.
En cuanto al otorgamiento del dinero, Arce dijo que “ante este contexto del Covid19 pueden ser lógicas las nuevas medidas, lo que es discutible es si ese monto permite al beneficiario acceder a comprar alimentos en la misma cantidad y calidad al del bolsón. Al mismo tiempo consideró que si se deja de entregar en especie por más que sea temporal, la obra social pierde el control sobre sus afiliados y desnaturaliza el objetivo principal de este programa que es ayudar a sus beneficiarios a mantener una alimentación saludable”.
El legislador explicó que inmediatamente al anunciarse la nueva modalidad, varios jubilados y pensionados le plantearon sus inquietudes, haciendo hincapié en lo irrisorio de la ayuda y si ese monto realmente compensaba a los otros dos tipos de bolsones que se venían entregando (B, C).
También remarcaron el limitado alcance ya que no estarían contemplados los beneficiarios que se encuentran en lista de espera ya que el Gobierno no amplió el presupuesto destinado al Programa Probienestar para el corriente año, a lo que el diputado se comprometió a realizar las averiguaciones correspondientes ante el Poder Ejecutivo”.
El legislador radical manifestó que por los datos que se pudieron extraer en un universo de aproximadamente 50.000 jubilados y pensionados Pami en Formosa, un poco más de 11.000 están recibiendo la ayuda”, y agregó “hay mucha gente que no ha sido empadronada por diferentes motivos y esto impide que el beneficio llegue a todos los afiliados que reúnen los requisitos y se encuentran comprendidos dentro de la escala de vulnerabilidad requerida para ser beneficiario del programa”. “El problema mayor es la falta de acceso a la información que tienen los jubilados y pensionados de Pami del interior, recordando que “durante los 4 años anteriores, ‘Argentina con vos’ permitió que los servicios del Estado llegaran a muchísimas localidades del interior, a diferencia de la nueva gestión nacional donde esta cercanía se perdió”.
Es a raíz de la detección de paraguayos que no residen en el país. Piden la intervención de la AGN y crear una comisión especial investigadora.
Esta semana se concretó en el Juzgado Federal Nº1 una nueva denuncia por irregularidades en el pago de beneficios sociales (caso IFE) por parte del Estado Argentino a ciudadanos paraguayos que no residen de manera permanente en el país, y que simultáneamente perciben prestaciones sociales en su lugar de origen a través de los programas Pytyvo y Ñangareko.
En un trabajo minucioso y detallado, los denunciantes Gabriel y Martín Hernández lograron constatar y elevar a la justicia más de 130 casos de extranjeros en esta situación.
Siguiendo con esta línea investigativa, desde el Congreso de la Nación el diputado formoseño Mario Arce (UCR – Formosa) propuso ir más lejos solicitando acciones conjuntas entre el Gobierno argentino y los países limítrofes (Paraguay, Bolivia, Uruguay, Chile), y la intervención de distintos organismos de control.
En este sentido con el apoyo de una veintena de diputados de todo el país el día jueves elevó varias propuestas legislativos, que incluye el cruzamiento de datos entre países, la intervención de la Auditoría General de la Nación (AGN), la creación de una comisión investigadora y la declaración por parte de funcionarios provinciales.
En primer lugar se insta a las autoridades del Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, a realizar el cruzamiento de datos de los registros de beneficiarios (ANSeS) con los registros de los países limítrofes, en especial la República del Paraguay, con el fin de detectar casos de personas que perciban doble beneficio en un país y en otro.
“La idea es que si se constata la incompatibilidad se pueda dar de baja automáticamente cualquier beneficio mensual o circunstancial, ya que esto le representa un fraude al Estado y un gasto fiscal enorme”, resaltó Arce.
En segundo lugar, se propone a la Comisión Mixta Revisora de Cuentas (compuesta por diputados y senadores) que incluya en el Plan de Acción de la AGN una auditoría para iniciar un proceso de investigación sobre fondos y la participación de organismos públicos en el otorgamiento ilícito de beneficios sociales y previsionales.
“La Auditoría General de la Nación funciona como órgano técnico de control externo de todo el sector público nacional”, explicó Arce.
En la tercera iniciativa los diputados nacionales impulsan la Creación de una Comisión Especial Investigadora sobre Fraude Electoral, Asistencial y Previsional en Zonas de Frontera cuyo autor en su momento fue el exdiputado nacional y uno de los denunciantes, Martín Hernández.
Respecto a la posición del Gobierno de Formosa desacreditando la denuncia penal, Arce dijo: “No sorprende que quieran seguir tapando una realidad porque cada vez que se tocan estos temas denotan nerviosismo y salen a victimizarse diciendo de que son operaciones mediáticas llevadas a cabo por la oposición”.
“No denunciar, ni tener la voluntad de investigar como Estado provincial teniendo todas las herramientas para hacerlo, resulta raro y los pone como mínimo en la situación de cómplices, porque naturalizan una evidente defraudación a las arcas públicas al que todos los ciudadanos argentinos contribuyen”, manifestó.
Y recordó que “en Formosa del 2015 al 2019, durante el Gobierno Nacional de Juntos por el Cambio se efectuaron cientos de denuncias, hubieron 4800 imputados, 3700 beneficiarios dados de baja, 1000 constataciones efectivas hechas por Gendarmería, donde se verificaron domicilios falsos o inexistentes y Anses se constituyó como querellante, la mayoría otorgada en los 12 años del kichnerismo”.
Acompañan estas iniciativas los diputados Gerardo Cipolini, Alicia Terada, Jorge Vara, Estela Regidor, Ingrid Jetter, Luis Pastori, Jorge Rizzoti, Martin Grande, Virginia Cornejo, Atilio Benedetti, Federico Zamarbide, Soledad Carrizo, Diego Mestre, Lorena Matzen, Lidia Ascárate, Julio Enrique Sahad, José Riccardo, Ximena García, Gonzalo Del Cerro, José Carlos Núñez, Jorge Enríquez, Álvaro de Lamadrid, Carlos Fernández y Hernán Berisso.
El diputado radical Mario Arce propuso que si es necesario se establezcan horarios especiales y explicó la incertidumbre que esta situación genera en medio de la cuarentena.
A raíz de la decisión del Gobierno de reabrir sucursales bancarias este fin de semana, el diputado nacional Mario Arce (UCR) solicitó que se habilite “el pago judicial y extrajudicial de todas las operaciones que tengan naturaleza alimentaria”.
“Conversamos con empleados bancarios y con personas que tienen trabado el cobro de créditos con carácter alimentario, y hay una gran incertidumbre sobre qué pasará en estos casos dónde la operatoria en su mayoría sólo se puede hacer de manera presencial y personalizada”, explicó el legislador.
Arce explicó que se trata de los casos de “pago de indemnizaciones, cuota alimentaria, fondo de cese laboral para los trabajadores de la construcción y otras operaciones que se pueden considerar de urgencia, para los interesados ante este contexto de paralización de actividades producto de la pandemia y las medidas restrictivas al comercio y la circulación”.
“Más allá de lo trascendido en los medios, sería de gran utilidad también que el Gobierno nacional y los bancos, publiquen y especifiquen cada una de las operatorias autorizadas, como también habiliten si es necesario horarios especiales para evitar la aglomeración y brindar una adecuada organización que de seguridad a los clientes y a los empleados bancarios”, concluyó.
Con el fin de visibilizar la preocupación de esas instituciones, un grupo de legisladores radicales presentó un proyecto solicitando medidas paliativas para el sector.
En el marco del Covid-19 y las medidas de aislamiento que ha dispuesto el Gobierno Nacional en todo el país, los diputados nacionales de la UCR Mario Arce (Formosa), Juan Martín, Xime Garcia (Santa Fe), Estela Regidor (Corrientes), Soledad Carrizo (Cordoba) y José Luis Riccardo (San Luis), presentaron un proyecto solicitando al Ejecutivo Nacional medidas para paliar la difícil situación que están atravesando los clubes de pueblos o barrios.
“Lo que se busca es visibilizar la preocupación de una gran cantidad de instituciones deportivas, que producto de su inactividad y caída sustancial de socios, van a tener inconvenientes en los próximos meses como pagar impuestos, servicios y salarios de su personal”, explicó Arce.
Y agregó: “La iniciativa va dirigida a clubes encuadrados en la ley 27098 (Régimen de Promoción de los Clubes de Pueblos y Barrios), es decir, entidades que desarrollan actividades deportivas “amateur” o no consideradas como profesionales”.
“Exigimos al Gobierno acciones concretas en cuanto a exenciones impositivas, líneas de créditos, subsidios y cualquier otro beneficio que las instituciones puedan gestionar”, dijo.
Por otro lado el legislador también apuntó a la paralización de programas nacionales en deportes y dijo que “hasta diciembre del 2019 los clubes podían bajar y gestionar programas para diferentes proyectos destinados a infraestructura edilicia, equipamiento, elementos deportivos y otros beneficios, ahora, más allá de la pandemia, la prioridad lamentablemente pasa por pagar la luz, el agua y el sueldo de los trabajadores”, y prosiguió “nos llega la inquietud de los dirigentes deportivos sobre expedientes iniciados en representación de sus instituciones y que desde que asumió la actual administración nacional no presentan movimiento”.
