El Gobierno nacional oficializó un bono de $70.000 para jubilados para el mes de noviembre, mismo valor desde marzo pasado.
A través del Decreto 965/24 el Gobierno nacional oficializó un bono de $70.000 para jubilados y pensionados de haberes mínimos para el mes de noviembre, mismo monto que viene pagando desde marzo de este año sin ningún ajuste por inflación, dato que criticaron desde Unión por la Patria y recordaron la ley vetada.
Dicha medida fue ratificada por el director ejecutivo de ANSeS, Mariano De Los Heros cuando expuso ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados al defender el Presupuesto 2025: “El bono de 70.000 pesos (destinado a los jubilados y pensionados) está proyectado mantenerse, pero sin ajuste de inflación”.
El diputado tucumano Pablo Yedlin criticó: “El bono de la jubilación mínima sigue congelado desde marzo en 70.000 pesos, mientras la canasta del adulto mayor no deja de crecer. El gobierno de Milei y asociados está generando una grave crisis en adultos mayores La ley vetada por el presidente y los ‘héroes’ lo impedía”.
En el mismo sentido, el riojano Ricardo Herrera apuntó: “El Gobierno sigue mes a mes oficializando un bono para jubilaciones congelado en 70 mil pesos y que tiene la complicidad de muchos sectores que celebran la medida. Gente: ¡no hay nada que celebrar ni magnificar! Nuestros jubilados están en la pobreza e indigencia”.
Hoy el gobierno publicó en el Boletín Oficial el bono para los jubilados de la minima: otra vez $70.000. Congelado en términos nominales desde marzo. Eso no estaría ocurriendo con el proyecto que aprobamos en el Congreso y Milei vetó. Se ve que era mas importante que esa guita… pic.twitter.com/rNbptuHwov
— Itai Hagman (@ItaiHagman) October 31, 2024
Cabe recordar que el dictamen alternativo de Presupuesto correspondiente al bloque de Encuentro Federal está pensando en indexar el bono para que se vaya actualizando. Además de contemplar un aumento de 8,1%, que fue el que quedó pendiente en la ley vetada, y buscaba recomponer la inflación de enero.
El Senado aprobó por 60 votos afirmativos y giró a Diputados el proyecto que modifica la ley 26.704 y dispone que los haberes o prestaciones de la seguridad social y las pensiones no contributivas no requerirán que el beneficiario acredite su supervivencia.
La Cámara de Senadores dio media sanción en la sesión de este jueves con 60 votos afirmativos al proyecto para la eliminación del trámite de Fe de vida a jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El texto fue girado a Diputados.
La iniciativa dispone que los beneficiarios y beneficiarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y del Sistema de Pensiones no Contributivas quedan eximidos de la obligación de presentar la declaración de supervivencia o fe de vida y todo otro trámite con igual fin. Queda sin efecto toda demostración de subsistencia a cargo del beneficiario o beneficiaria como condición para el cobro de sus haberes y demás beneficios previsionales.
En ese sentido, modifica la Ley 26.704 relativa al pago de haberes en cuentas bancarias para adecuarlas a lo indicado en el punto anterior. Al tiempo que dispone que los haberes o prestaciones de la seguridad social y las pensiones no contributivas no requerirán, en ningún caso, de la realización por parte del beneficiario o beneficiaria de ninguna acción para acreditar supervivencia.
Por otro lado, faculta a la ANSES a dictar las normas aclaratorias y complementarias pertinentes, y plantea que las entidades que realicen pagos de jubilaciones y pensiones tendrán la obligación de rendir como impagos los fondos pagados con posterioridad a la fecha de fallecimiento de la persona titular del beneficio.
Con dos senadoras nada más anotadas para hablar, inició la titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (FdT), quien cuestionó que es un proyecto que “deberíamos haber votado hace mucho. Son de esas cosas que les devuelven la dignidad a las personas porque lo que hace es evitar, impedir que una persona tenga que decir que está viva para poder cobrar su jubilación y su pensión en los bancos”.
“Es un proyecto de ley unificado que se trabajó en comisión. Se hicieron varias reuniones con los asesores de los senadores de todas las bancadas. Se unificaron los proyectos de los senadores Romero, Olalla y Rodas para poder hacer un dictamen de cuatro artículos muy cortos, pero muy claros que hacen ponerle la responsabilidad al pagador que es la entidad financiera el banco que pagan los beneficios sociales a los jubilados”, explicó Di Tullio y lanzó: “Es parte de un negocio de los bancos esto por las comisiones que paga la ANSeS, por el saldo, porque ofrecen servicios financieros a sus clientes.
Además, planteó que “ANSeS dos veces por semana les dice a las entidades bancarias cuáles son las personas fallecidas a través del RENAPER. Es muy fácil para una entidad bancaria saber si una persona está con vida porque usa su tarjeta de débito, crédito, porque hace compras online, utiliza aplicaciones, porque consulta saldos. Hay vastísima prueba para que un banco ya que saben todo y en general nos ofrecen, a cada uno y a los jubilados y pensionados todo el sistema financiero, todos sus servicios porque saben qué remuneración tenemos”.
“Los bancos saben todo y deberían saber y están obligados a no pedir nunca más un trámite de este tipo. No va a haber beneficiario de ninguna jubilación o pensión que tenga que demostrar que está con vida. Eso lo tiene que hacer la entidad bancaria”, manifestó.
La bonaerense sostuvo que “somos casi 7 millones de personas. Nuestro sistema previsional abarca casi 7 millones y medio de jubilados y pensionados y entre las 60 entidades financieras que hay entre públicas y privadas, ya los bancos más grandes que son el Banco Nación por su extensión territorial donde se pagan el 26% de las jubilaciones y pensiones. Y el Banco Provincia por su concentración poblacional ya no piden más la fe de vida por los mecanismos que tiene. Los bancos se conectan con el RENAPER si tienen alguna duda para poder hacer el pago”.
“Si el banco pagó durante seis meses pensiones o jubilaciones y no hizo una pesquisa para saber el dato del cliente, y no el ANSeS del error bancario para saber si está con vida o no el cliente”, explicó sobre el cuatro artículo del “escueto proyecto”.
Por otro lado, destacó que “los dos bancos más importantes del país ya no piden la fe de vida”, y enumeró otras entidades financieras que tampoco piden dicho trámite. “Ya hay 45% de la población total beneficiaria en el sistema previsional que están exentos de tener que decir si está vivo”, informó y calificó dicho trámite de “engorroso” y “denigrante”, e insistió en que “lo tiene que hacer el Estado o las entidades financieras, no lo tiene que hacer el pensionado o jubilado. Le tenemos que devolver la dignidad a los clientes”.
“El 56% de la población todavía tiene que seguir presentando la fe de vida en las entidades bancarias”, cerró Di Tullio.
A continuación, la entrerriana Stella Olalla (UCR) subrayó que fue un “esperado dictamen que elimina la fe de vida o supervivencia que, en alguna medida, obligaba a los jubilados y pensionados a presentar mensualmente ese trámite de actualización engorroso y complejo para tener la percepción de los haberes”.
“Con la Ley 26704 tanto los jubilados como los pensionados debían cobrar los haberes por medio de cuentas bancarias, la Argentina decidió encarar la bancarización. Pasaron muchos años desde la entrada en vigencia de la ley, pero el Estado cuenta ahora con nuevos recursos materiales y tecnológicos con los que perfectamente pueden tener una información exacta”, planteó.
Y cerró: “Así se puede evitar la presentación engorrosa de la fe de vida. No se puede ignorar las limitaciones propias de edad que tenga el jubilado”, y destacó la presentación de tres proyectos que encaraban el mismo tema.
