A través de un escrito, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, solicitó al Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N°3, a cargo del magistrado Pablo Cayssials, que se rechace el amparo presentado por los senadores del Pro Luis Juez y Humberto Schiavoni para que se impida la asunción como consejero del kirchnerista Martín Doñate.

La presentación se realizó este jueves, en el marco del pedido que el juez había realizado al comienzo de la semana, cuando le dio un plazo de 5 días a la Cámara alta para que informe sobre la designación del rionegrino.

“Es indudable que estamos frente a una cuestión política o si se quiere de carácter institucional, de ordinario, detraídas del control del Poder Judicial”, señaló la abogada.

Peñafort indicó que “la mera disconformidad con los temperamentos adoptados en el marco del ejercicio democrático de las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo no permiten ni evidencian la existencia de controversia legal alguna que importe la intervención del Poder Judicial sobre el ejercicio de las facultades propias de otro Poder del Estado Republicano”.

En ese sentido, expresó que “debe quedar absolutamente en claro que no hay causa cuando, como en autos, lo que se procura es tan solo que el Poder Judicial se pronuncie sobre el acuerdo político en la constitución de los Bloques Parlamentarios”, en referencia a la división del Frente de Todos en dos bloques, lo que provocó que Unidad Ciudadana desplace como segunda minoría al Pro y la vicepresidenta Cristina Kirchner nombre como consejero a Doñate y no a Juez.

“Más aún, cuando los supuestos afectados por dicha actividad no han realizado acción alguna en el marco de sus competencias legislativas para reconducir una supuesta situación que entendían vulneradora de sus derechos”, agregó en el texto.

En el escrito se consideró que el amparo del Pro busca “subvertir el sistema de control de constitucionalidad resolviendo una cuestión ‘política’ inherente exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo, en particular del H. Senado de la Nación, toda vez que lo exhorta a decidir en abstracto sobre una cuestión que deriva del juego de mayorías y minorías parlamentarias”.

“Niego que la división del Bloque Frente de Todos haya sido simulada al sólo y manifiesto efecto de hacer todo lo contrario a lo dispuesto por la ley y el fallo de nuestra Corte Suprema”, completó.

La Justicia Federal recibió de las autoridades del Senado un informe sobre los daños patrimoniales generados por el ataque a piedras contra el edificio del Congreso perpetrado el pasado 10 de marzo, en ocasión de registrarse en la Cámara de Diputados la sesión sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

El informe elaborado por Presidencia del Senado hace un cálculo estimativo de seis millones de pesos en daños, sin considerar elementos históricos dañados durante la pedrada.

Según precisa el informe suscripto por la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, “la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores”.

El informe detalla que además fueron dañadas otras áreas del Senado, como los despachos correspondientes a los senadores Claudia Abdala de Zamora, José Mayans y Ricardo Guerra.

Según la agencia estatal Télam, entre los gastos calculados están los de reposición y colocación de unos 200 paños de vidrio (2 millones de pesos), retapizado e intervención en textiles (1,5 millones de pesos) y solados, carpintería y revestimientos de madera (2,7 millones de pesos); lo que en suma supera los 6 millones de pesos.

La Presidencia del Senado, a cargo de Cristina Kirchner, fue admitida este lunes como querellante en la causa que investiga el ataque al Congreso que tuvo lugar el 10 de marzo pasado, y por el cual se produjeron destrozos en el despacho de la vicepresidenta, mientras se debatía la ley de refinanciamiento de la deuda con el FMI en la Cámara de Diputados.

La presentación la realizó este lunes la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 5.

En el escrito se detalla que “el pasado 10 de marzo de 2022, en el marco de la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación que tuviera por objeto tratar el acuerdo de refinanciación de la deuda externa contraída con el Fondo Monetario Internacional en el año 2018 por el entonces Gobierno argentino, se concentró en la Plaza de los dos Congresos una amplia movilización de diversos sectores sociales en rechazo a dicho proyecto”.

“Pese a la mayoría pacífica que se manifestó libremente, pudo verificarse un grupo de personas que, apostados sobre la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, de forma coordinada, comenzaron un violento ataque sobre el Congreso de la Nación, específicamente sobre las ventanas que dieran al despacho de la Presidencia del H. Senado de la Nación en el que, en aquel momento, se encontraban tanto la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, la senadora Anabel Fernández Sagasti, el senador Oscar Parrilli y el diputado Máximo Kirchner, entre otros colaboradores”, se recordó.

Además, la presentación considera que “entre los ataques con piedras y que tuvieran como claro objetivo las oficinas mencionadas, se realizaron marcas con pintura roja sobre la zona, circunstancia que podría haber oficiado de señalización”.

“Los daños producidos en el frente del edificio, el despacho de la presidenta del Senado de la Nación y el peligro al que fueran sometidas las personas que se encontraban en su interior, recién pudieron ser evitados a partir de las 15.21hs. aproximadamente, cuando un cordón policial avanzó sobre la zona y dispersó al grupo de manifestantes que, incesantemente, tuvo por objetivo atentar directamente contra dicho sector del Congreso Nacional”, agregó Peñafort.

Los abogados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa pidieron este jueves la indagatoria de Elisa Carrió. Querellantes en la causa por supuesto espionaje ilegal que se tramita en Lomas de Zamora, los letrados cercanos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner acusan a la líder de la Coalición Cívica de “haber utilizado escuchas ilegales a los detenidos en el penal de Ezeiza, para intentar frenar” la causa D’Alessio, que lleva adelante el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Según sostienen, “Elisa Carrió, a través de sus colaboradoras (las diputadas) Mariana Zuvic y Paula Oliveto se valieron de las escuchas ilegales para intentar desesperadamente desbaratar desde el inicio la causa que lleva adelante el juez de Dolores”.

De inmediato reaccionaron los diputados de la Coalición Cívica, comenzando por el presidente de ese partido, Maximiliano Ferraro, para quien “el único y principal objetivo de Cristina Kirchner es la impunidad. Ahora, junto a sus abogados obsecuentes y serviles, quieren presa a Elisa Carrió. No nos van a amedrentar, no nos van a callar, no vamos a renunciar a la verdad y la justicia”.

En el mismo sentido, la diputada nacional Paula Oliveto sostuvo que “Cristina quiere presa a Elisa Carrió. Es la venganza por denunciar el robo y la impunidad en la Argentina. Lilita está sin fueros preparada para poner el cuerpo otra vez más. Si ese es el precio que tenemos que pagar para q este pueblo despierte, lo hacemos orgullosos”. Y agregó: “En el país del ministerio de la venganza, los abogados de Cristina, piden la indagatoria de Elisa Carrio. Cristina la quiere presa. Cristobal la quiere presa. No nos corren los chorros. No les tenemos miedo. Vamos a seguir peleando por lo que creemos, contra la impunidad”.

Por su parte, la diputada Marcela Campagnoli coincidió en que “Cristina Fernández quiere presa a Elisa Carrió, pero no la va a amedrentar, no se esconderá en sus fueros. Lilita afrontará lo que deba, sin miedos. En su caja fuerte no hay dólares ni euros. Sólo aceite de oliva, fideos italianos, rosarios y oraciones”.

A su vez, la diputada Mariana Zuvic deslizó: “Cristina libre y Carrió presa? Coomo en Venezuela, los delincuentes de la mafia que gobierna y denunciamos están libres y en la Vicepresidencia, y a nosotras nos quieren tras las rejas”.

“Cristina Kirchner quiere a presa Elisa Carrió, cuéntenla como quieran”, repitió Juan Manuel López, que agregó: “La venganza por el valor de haberla denunciado cuando nadie se animaba, el odio de no poder reconocerse una ladrona. Empezó en El Destape, siguió en C5N y Ámbito Financiero (Cristóbal López).

Agregó que “Lilita renunció a su banca en marzo, no tiene los fueros que podría tener porque tiene el valor que no tiene nadie en política. Los costos de ser la opositora más inteligente, la que verdaderamente molesta”.

Más temprano, la propia Elisa Carrió se había pronunciado señalando que “la Cristina constituyente que conocí murió hace mucho, sólo queda la acusada que modifica instituciones para quedar absuelta”.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado de la Nación, Graciana Peñafort, explicó la decisión de la Cámara alta de rechazar el traslado de los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli y consideró que “ellos mismos dinamitaron su propia posibilidad, cometieron una torpeza jurídica”. 

En ese marco, enfatizó que en Cambiemos “dicen que son los jueces que investigan a Cristina, lo cual es mentira, porque ya la investigaron; dicen que el Senado los echa, el Senado no echa solamente no brinda acuerdo al traslado”, y sentenció: “Cuando hablan de impunidad de Cristina Kirchner proyectan su propia búsqueda de impunidad”. 

En declaraciones al programa “La Mecha” por Radio Provincia destacó que “había 10 jueces que no habían recibido el acuerdo del Senado para su traslado y por ello, se los convocó justamente para que expliquen las cuestiones vinculadas con el cambio de juzgado”. 

En ese sentido agregó que “de los 10 magistrados, los jueces Bruglia, Bertuzzi y Castelli decidieron no ir a la sesión donde se los convocó aduciendo que no necesitaban un nuevo acuerdo del Senado lo cual es bastante absurdo”, y explicó que “estos jueces fueron trasladados a ciertos cargos estratégicos de control sobre la primera instancia y no sé por qué decidieron no concurrir”. 

En otro orden, con respecto a la postura de la oposición que se retiró del recinto y adujo que esta decisión “buscaba la impunidad de Cristina Kirchner”, la abogada explicó que “los dos camaristas ya intervinieron respecto a Cristina Kirchner, no hay manera que se busque la impunidad, creo que el Pro habla de impunidad para oponerse a cualquier cosa”. 

Finalmente, Peñafort destacó que “son esas cosas que dicen cuando no quieren decir lo que realmente piensan, Cambiemos tiene un problema y es que se manipuló al Poder Judicial para perseguir al kirchnerismo y garantizarse un mínimo de impunidad”. 

Ante la polémica generada por la modificación incorporada al proyecto de reforma judicial, sobre la posibilidad de que jueces puedan denunciar ante el Consejo de la Magistratura supuestas presiones por parte de los medios de comunicación, la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, sostuvo que “la prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en gana”.

Asimismo, remarcó que el artículo no prevé sanciones ni para los medios ni para los periodistas y “no vulnera la libertad de prensa de nadie”.

En un hilo de tuits, la abogada señaló: “El derecho a presionar jueces. Hoy todos los medios hegemónicos en forma sincronizada se escandalizan por lo que dice el art. 72 del proyecto de reforma judicial por una sencilla razón, otorga una herramienta para que los jueces se puedan proteger de presiones”.

“Los que cuestionan ese artículo dicen que viola la libertad de expresión al afectar a los medios….Lo que no dicen es de qué modo afecta a los medios. Porque si leen el artículo, ninguna sanción se establece para quien presiona a un juez”, resaltó.

Peñafort ejemplificó: “Supongamos que un periodista super reconocido sugiere que la población escrache a los hijos de un juez porque está en desacuerdo con las sentencias de ese juez. ¿Qué pasa hoy si sucede hoy? El juez no puede hacer nada, salvo que le haga una denuncia penal al periodista o al medio de comunicación que emitió al periodista”.

“Cosa que sabrán, los jueces no acostumbran hacer. Supongo que porque pocos jueces se animan a denunciar o pelearse con (Jorge) Lanata, por dar un ejemplo, ni con Clarín, siguiendo en términos de ejemplo”, lanzó.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, que preside Cristina Kirchner, afirmó entonces que “si entrase en vigencia este artículo que tanto cuestionan, el juez podría pedirle al Consejo de la Magistratura, por ejemplo, que le ponga custodia a sus hijos para preservarlos de un hecho de violencia. Sin denunciar a nadie, solo pidiendo que se adopten medidas de resguardo”.

“¿Que le pasaría al periodista o al medio de comunicación? ABSOLUTAMENTE NADA. Verán el artículo NO PREVÉ sanción para quien ejerce las presiones. Solo establece que los jueces puedan pedir medidas de resguardo frente a la presión”, insistió.

Y enfatizó: “No entiendo de qué forma el artículo que tan unánimemente cuestionan vulnera la libertad de prensa. Ya que no establece sanciones para quien ejerce la presión. Solo establece la posibilidad de que el juez presionado busque una forma de resguardarse sin necesidad de denunciar penalmente a nadie”.

“¿Podría el Consejo de la Magistratura censurar la nota de un periodista por ese artículo de la ley? ABSOLUTAMENTE NO. No tiene competencias para censurar a nadie”, aclaró.

La abogada sostuvo que “en conclusión, el artículo no vulnera la libertad de prensa de nadie. Solo permite que los jueces se protejan de las presiones en la medida que puedan. Pero la prensa podrá seguir diciendo lo que le venga en ganas”.

“¿Dónde ven la afectación de derechos? Salvo que aceptemos que la libertad de prensa incluye la posibilidad de presionar a los jueces”, escribió, en respuestas a las críticas que recibió este artículo.

Peñafort citó entoces el artículo 13 de la Convención de San José de Costa Rica, donde indica que “toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

“Verán que el proyecto de reforma judicial NO restringe de modo alguno la posibilidad de buscar, recibir y difundir información. Solo permite a los jueces pedir una medida de resguardo antes las presiones que pueden ejercerse desde los medios sobre su actividad como jueces”, finalizó.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, y el titular de FOPEA, Fernando Ruiz, se cruzaron este viernes durante una reunión virtual de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de la Cámara alta, convocada por su presidente, Alfredo Luenzo, para debatir sobre la problemática.

La discusión se originó cuando Ruiz sostuvo que “es importante que los dirigentes políticos de nuestro país no incentiven el odio contra periodistas ni fomenten en la ciudadanía el rechazo ni la hostilidad frente al periodismo”.

“Acusar de torturadores, de extorsionadores o de espías a periodistas profesionales que realizan investigaciones sobre corrupción es un mecanismo de intimidación pública que afecta directamente a la libertad de expresión”, denunció.

El titular de FOPEA agregó entonces que el denominado lawfare “se ha convertido en un argumento para no dar explicaciones sobre denuncias de corrupción”.

“Decir lawfare es como decir off side en el fútbol: se suspende la jugada y no hay que prestarle atención a la denuncia que se ha realizado. Por supuesto -concedió- existen las malas praxis periodísticas, pero el argumento del lawfare se usa contra varios de los mejores periodistas del país”.

Ruiz insistió en que “hoy se habla de lawfare para no responder las denuncias” y cuando se lo hace, “se responde ante periodistas que nada saben del tema o que son muy afines”.

Además, señaló que “los periodistas más atacados suelen ser los que más investigan; eso nos hace pensar que son sus aciertos, y no sus errores, lo que hace que sufran persecución política”.

Tiempo después, Peñafort, quien también participaba como invitada en la reunión, pidió la palabra para responderle a Ruiz: “Puedo entender quienes no comparten la crisis del lawfare, pero el lawfare no pretende reemplazar nada. Yo he exigido a medios que me llamen y me pidan las pruebas. No quiero que escriban bien de las causas que yo llevo; quiero que escriban la verdad”.

La abogada recordó a su “cliente y amigo” Héctor Timerman y el fuerte cruce que mantuvo con el periodista Joaquín Morales Solá por una nota titulada “El uso político de una muerte”, la del excanciller.

“Le contesté doblada de dolor, porque lo acababan de enterrar”, recordó, al borde de las lágrimas, y añadió: “No me preocupa que publiquen cualquier cosa, pero por lo menos pregunten”.

El descargo de Graciana

“Me preocupa el espionaje y también la falta de sentido crítico respecto de algunas cuestiones que vemos en el periodismo. No me asusta que los periodistas hablen de mi o de mis clientes, lo que me asusta es cuando no han leído o no tienen ni idea de lo que están hablando”, cuestionó Peñafort en la reunión de comisión.

La letrada sostuvo que “los periodistas no son jueces, fiscales ni abogados defensores” y “lo que no pueden es dejar de honrar la verdad”.

En ese sentido, se refirió a las reacciones por la muerte del empresario Fabián Gutiérrez: “Yo puedo pensar que Cristina Fernández de Kirchner es mala, o puedo pensar que es buena, pero lo que no puedo es decir que es una asesina”.

“Hace dos fines de semana tuvimos a periodistas imputándole a la vicepresidenta de la Nación un delito, y lo que es más grave: imputándole al Gobierno encubrir este delito. Una cosa es no tener coincidencias políticas, y otra cosa bien distinta es imputar delitos a una persona sobre la que no había ninguna prueba de que había cometido ese delito”, aseveró.

La directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, insistió este jueves con la necesidad de que la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la acción declarativa de certeza que pidió la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la validez de sesiones virtuales.

“Supongamos que la Corte no hace lugar al pedido y por algún motivo se decide que (los senadores) vengan y se muere un senador por coronavirus. ¿Quién es responsable?”, se preguntó en diálogo con radio La Red.

Para la abogada, “hay una responsabilidad por las vidas” y “si no se considera constitucional que se sesione virtualmente, la primera consecuencia es que se pone en riesgo gente”.

Peñafort consideró que “no es la lógica” que el máximo tribunal “no diga nada” porque “estamos en una situación excepcional”.

En ese sentido, explicó: “En el caso de Diputados, la fuerza mayor se puede demostrar, porque un legislador puede acreditar que no puede viajar; pero la gravedad institucional, el requisito que pone el (reglamento del) Senado, es un concepto jurídico, y por eso pedimos que lo resuelva la Corte”.

Y aseguró que, de alguna manera, “el Senado va a sesionar porque no puede no sesionar”.

Un nuevo round entre la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la Corte Suprema de Justicia, a la que días pasados presentó un pedido de certeza para que estableciera si las leyes surgidas de una sesión virtual de la Cámara alta tendrán respaldo legal. Luego de que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, se pronunciara en contra del pedido -aunque su dictamen no es vinculante-, la titular del Senado emitió una serie de tuits para ponerle presión al Tribunal Supremo.

Lo hizo adjuntando lo que definió como un “imperdible hilo de tuits” de la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort -quien fue la que hizo la semana pasada la presentación en cuestión-, en el que “explica que cuando la Corte suprema de Justicia de la Nación quiere tratar y resolver un asunto, lo hace… independientemente de cualquier legislación y jurisprudencia…”.

En su serie de tuits, Peñafort sostiene que “las leyes son lo que los jueces dicen que son”, porque “son los jueces los que tienen la última palabra respecto a si una ley o una decisión es constitucional. Y si no lo es entonces esa ley o esa decisión no será válida”.

Tras poner una serie de ejemplos los cuales la Corte Suprema de otros tiempos no hizo caso a los procuradores. “Casal, con un nivel de actualización jurisprudencial nada envidiable, te cita -y mal, encima- casos de 1865. Como dice mi amigo @domingorondina, esos son los que hacen autopsias del derecho”, precisa Peñafort, que agrega: “Pero por muy forenses que sean, no pueden parar la evolución del derecho. Como no pudieron parar la acción de amparo que tanto usamos hoy. Dice Casal que no hay caso. Me acuerdo otro caso en el que no  había caso. También es bastante conocido. Porque es el caso Fayt”.

Recuerda en ese sentido que en 1994, cuando se modificó la Constitución, Carlos Fayt tenía entonces 76 años y la nueva Carta Magna establecía que los jueces podían serlo hasta los 75. “¿Alguien le pidió la renuncia a Fayt? -se pregunta la directora de Asuntos Jurídicos del Senado-. Nadie. Pero Fayt pidió una declaración de certeza y el Poder Judicial vio caso”.

“Tanto vio caso el Poder Judicial, que terminaron declarando inconstitucional la Constitución!”, afirma, y vuelve al procurador general actual, señalando que “quiere decirnos que no hay caso. Como si la pandemia no existiera y como si sesionar no fuese un riesgo cierto para un montón de personas”.

Para Peñafort, “caso hay”, pero Casal está “intentando proteger las 12 mil fortunas que deberán pagar el impuesto a las riquezas. Poniendo obstáculos”, señala en referencia al proyecto de ley que impulsa Máximo Kirchner en Diputados y por el cual está claro que Cristina Kirchner quiere que el Congreso sesione. Irónica, Peñafort señala que Casal ya protegió al fiscal Carlos Stornelli, e ironiza: “Picarón, ya te conocemos las mañas!”.

Tras hablar de un “ring imaginario del debate jurídico están Casal, tomando el te con Macri, Stornelli y los 12 mil millonarios. En la otra esquina están los millones de argentinos que necesitan que el Estado los asista”.

La funcionaria del Senado concluye diciendo que “es la Corte Suprema quien tiene que escribir la historia con sangre o con razones. Porque la vamos a escribir igual. Como cantan los Redondos: ‘Fijate de qué lado de la mecha te encontrás’”.

Concluido el hilo de Peñafort, Cristina pone como ejemplo los casos Fayt y Bussi, para concluir: “Cuando la Corte Suprema tiene la voluntad de ‘proteger y garantizar derechos’… hay caso. Claro que siempre es bueno analizar qué derechos son los que quieren proteger y garantizar”.

La directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort, cuestionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, por no tratar el pedido que realizó Cristina Fernández de Kirchner para que el máximo tribunal brinde una declaración de certeza sobre las sesiones virtuales. Además, la abogada apuntó contra la oposición de Juntos por el Cambio que solicitó una sesión presencial.

“La Corte había dictado una acordada en la cual se habilitaba a tratar de hacer reuniones de sus miembros virtualmente, porque muchos de ellos son grupo de riesgo, y se había fijado un acuerdo para el jueves de modo virtual”, explicó Peñafort.

En ese sentido, recordó que cuando los magistrados fijaron ese acuerdo “no sabían lo que íbamos a presentar”, en referencia a la solicitud sobre la constitucionalidad o no de sesiones parlamentarias no presenciales. “Pero el miércoles a última hora, para no tener que tratar la declarativa de certezas que había presentado el Senado de la Nación, Rosenkratz suspendió este acuerdo”, señaló.

La directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta consideró que esa decisión es “un claro intento de obstaculizar la posibilidad de sesionar lo importante”, en alusión al proyecto de ley para establecer un impuesto extraordinario a las grandes fortunas.

“Rosenkrantz suspende el acuerdo porque es un poquito más lúcido que la oposición. No se anima a decir que no, pero no quiere decir que sí. No solo Rosenkrantz suspendió todo. No hubo un escándalo en la Corte Suprema, así que no parece ser el único que no quiere que se trate”, agregó y reclamó “una respuesta de Rosenkrantz. Si dice que no, hay que decirle a los senadores que arriesguen sus vidas”.

Sobre esto, Peñafort resaltó que muchos senadores son “grupo de riesgo” y planteó también las dificultades de sus traslados. “¿En qué aviones se suben si no hay vuelos de cabotaje? Si fue complejo traer a todos los gobernadores (a la reunión con Alberto Fernández), imagínense traer a todos los senadores”, enfatizó.

En referencia a la carta enviada por los referentes de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Humberto Schiavoni, dijo: “La oposición quería sesionar de manera virtual, pero cuando supieron que era para discutir el impuesto a la riqueza ahora ya no quieren la sesión virtual; ellos creen que hay que sesionar presencialmente para modificar el reglamento y no creen que haya gravedad institucional”.

“La verdad es que no podemos hacer funcionar uno de los órganos del Estado, el Poder Legislativo no tiene cómo sesionar hoy”, opinó en declaraciones a radio El Destape.

Para la abogada, “esto sólo da cuenta de qué es lo que está pasando del otro lado” y manifestó: “A mí me impresiona; no he visto el proyecto (de Máximo Kirchner), pero todo el mundo está diciendo que esto alcanza a 12 mil grandes fortunas”.

“¿Cómo puede ser que todo un sector político, que han sido gobierno, estén embanderando la defensa del dinero de 12 mil personas? ¿Están dispuestos a comprometer la vida de sus colegas?”, se preguntó, y finalizó: “Es inaudito, me genera desconcierto, porque están poniendo en riesgo incluso sus propias vidas”.

Cada vez son más insistentes las voces que advierten sobre la parálisis que embarga al Poder Legislativo en el marco de la crisis sanitaria que vive el país, y el propio presidente de la Nación justificó por un lado el domingo pasado la imposibilidad de que el Congreso se reúna, pero a la vez reconoció que habrá que encontrar en algún momento la manera de que lo haga.

Atento a que esta situación se extenderá seguramente más allá del plazo que se puso en esta tercera instancia del aislamiento obligatorio decretado por el Gobierno nacional, y la necesidad que tiene el propio Poder Ejecutivo de aprobar medidas que están más allá de lo que puede hacer con los DNU -puntualmente el impuesto extraordinario que se está elaborando en la Cámara baja para aplicar a las grandes fortunas del país-, las autoridades legislativas han puesto manos a la obra para analizar alternativas.

Es así que trascendió este lunes que la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner encomendó a la doctora Graciana Peñafort, mujer de su más entera confianza y directora de Asuntos Jurídicos del Senado, para que pida a la Corte Suprema de Justicia de la Nación una “declaración de certeza de constitucionalidad” a fin de verificar si la Cámara alta puede celebrar una sesión a través de los medios tecnológicos, sin contar con la presencia de sus integrantes. Esto es, establecer fehacientemente si lo que pueda votarse a través de una eventual videoconferencia tendrá validez legal.

Sucede que el Parlamento ya ha analizado la posibilidad de hacer modificaciones en los reglamentos de ambas cámaras de modo tal de autorizar a los legisladores a sesionar de otro modo, habida cuenta de la imposibilidad de reunirlos en el Congreso. Pero no quieren encontrarse en el futuro con que ante la sanción de leyes después las mismas puedan ser frenadas en la Justicia por una eventual falta de constitucionalidad.

Recordemos que ya en su momento el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se había mostrado dispuesto a explorar la posibilidad de sesionar de alguna manera, pero desde el Senado el presidente del bloque oficialista, José Mayans, descartó tal posibilidad, argumentando la imposibilidad de reunir en la Cámara alta a sus integrantes.

Ahora Massa aparece abocado a la tarea de avanzar en medidas que le permitan sesionar en forma virtual y en ese sentido informó este lunes sobre la firma de un acuerdo con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) “para que haya validación de identidad de los legisladores”, y con ARSAT “para la incorporación de un software que le pedimos al Parlamento brasileño”.

El propio Massa defendió este lunes la actividad parlamentaria al resaltar como “un hito” las reuniones virtuales que se han desarrollado en la Cámara baja desde que la pandemia se hizo presente en la Argentina. Al respecto resaltó que gracias a la incorporación de tecnología se ha podido continuar la actividad parlamentaria, en cumplimiento del aislamiento social, obligatorio y preventivo.

En el marco de la presentación por videoconferencia del ministro Luis Basterra ante la Comisión de Agricultura y Ganadería, Sergio Massa remarcó el esfuerzo que se está realizando desde la Cámara de Diputados para incorporar la tecnología necesaria para que el trabajo parlamentario continúe, respetando las indicaciones de las autoridades sanitarias nacionales. “En los últimos quince días, hemos logrado un hito para la Cámara de Diputados desde el año 1983: ocho ministros presentaron informes por videoconferencia ante las comisiones legislativas, lo que mejoró el nivel de diálogo e información sensible para el trabajo de los legisladores”, destacó Massa.

Y agregó: “Seguimos avanzando en la incorporación de nuevas tecnologías que entendemos fundamentales en esta era democrática. Es clave que en el Congreso se incorpore la firma digital para los diputados, que se avance con las sesiones por teleconferencia, el sistema de voto electrónico a distancia o remoto. Las nuevas tecnologías incorporadas al proceso democrático”.

El presidente de la Cámara baja señaló también en el canal América que las medidas que se están explorando “pueden permitir en las próximas semanas la posibilidad de sesionar de manera virtual”.

Y luego refutó que el Congreso nacional esté cerrado afirmando que “el año pasado no trabajó porque la decisión de Cambiemos era que esté cerrado”. Por el contrario, “nuestra decisión es que esté abierto”.