La diputada del FdT exigió precisiones acerca del manejo de casos sospechosos y confirmados de Covid 19 que se alojan en los hoteles de aislamiento, dado que consideró que esto “pone en tensión las libertades individuales”.
La legisladora del Frente de Todos (FdT) Claudia Neira le solicitó al Gobierno porteño que brinde información sobre el manejo de casos sospechosos y confirmados de Covid 19 que son alojados en instituciones extrahospitalarias para garantizar su aislamiento en el ámbito de la Ciudad.
De esta manera, la peronista buscará conocer en detalle las condiciones de su internación y el status legal de dicha política, así como los mecanismos de control y transparencia en la gestión.
Cabe recordar que desde que comenzó la pandemia, Neira planteó que el alojamiento en este tipo de instituciones en forma coercitiva pone en tensión libertades individuales, y que es imprescindible un amplio debate al respecto para lograr un equilibrio institucional con mayor transparencia y controles.“Desde el inicio de la pandemia el Gobierno de Rodríguez Larreta obligó a cientos de personas a aislarse en hoteles, en una primera instancia se aislaron así a todos los porteños y porteñas que eran casos sospechosos o confirmados de Covid 19, y luego se acotó a quienes no contaban con ciertas condiciones para aislarse en su propio hogar”, manifestó.
Sobre esa misma línea exigió “abordar el debate para garantizar los derechos y libertades individuales en juego, cuando familias enteras eran obligadas a encerrarse en una pieza de hotel” y planteó “la necesidad de controles adecuados para el aislamiento de niños y niñas”.
“En todo momento solicitamos información al Gobierno de la Ciudad para que transparente el sistema y la única respuesta que obtuvimos fue el reconocimiento del Jefe de Gabinete, Felipe Miguel, de que no había una autoridad orgánica al frente y que la ‘operación es cubierta por múltiples funcionarios, personal de apoyo, colaboración y voluntarios’”, advirtió Neira y consideró que “no es posible que en la Ciudad de Buenos Aires el Gobierno de Larreta pueda aplicar medidas como esta sin ningún tipo de información ni transparencia”.
Asimismo concluyó aseverando que es “indispensable tener claridad sobre este sistema que rige en la Ciudad, porque en nombre de la República y de las libertades actúan sin ningún tipo de control, ni transparencia”.
Luego de que dos concejalas fueran detenidas -y luego liberadas- por participar de una manifestación contra las medidas aplicadas por el gobernador Insfrán, los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio llevaron el planteo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego de que dos concejalas fueran detenidas por participar de una manifestación debido a la crítica situación en los centros de aislamiento de Formosa, los líderes parlamentarios de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff y Mario Negri, accionaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los radicales solicitaron una medida cautelar con el objetivo de revertir la situación de las personas que permanecen aisladas en la provincia gobernada por Gildo Insfrán, quien aplicó duras medidas sanitarias en el marco de la pandemia del Covid-19.
En la presentación, los legisladores solicitaron que las personas infectadas y sus contactos estrechos puedan realizar la cuarentena en sus domicilios, en lugar de ser aislados compulsivamente en centros que se encuentran colapsados.
Según describen, en esos establecimientos “no se cumple con las condiciones mínimas de salubridad, higiene y confort, además de no realizar un efectivo aislamiento entre pacientes contagiados y contactos estrechos que podrían no estar contagiados, lo que facilita el contagio de la enfermedad”.
“La presentación tiene por objetivo revertir las groseras violaciones a los derechos fundamentales de las personas que permanecen aisladas y terminar con las amenazas, hostigamientos y agresiones en contra de integridad de los formoseños para que puedan realizar la cuarentena en sus domicilios”, explicó Naidenoff.
A su vez, Negri advirtió que “lo que sucede en Formosa es cada vez más grave e intolerable: violencia, autoritarismo y violaciones de derechos humanos de parte del gobernador ejemplar de Alberto Fernández, que ahora ya directamente detiene a opositores”. “Convirtieron a la cuarentena en un plan de gobierno”, lamentó.
La preocupación escaló este jueves cuando las concejalas Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron detenidas por participar de una protesta en la puerta de la Escuela N° 18 de Formosa, que funciona como centro de aislamiento.
1) El cese inmediato todo acto, hecho u omisión reputados lesivos de derechos fundamentales.
2) Se ordene a la provincia de Formosa que se abstenga de alojar de manera compulsiva a las personas COVID-19 positivas o a sus contactos estrechos en los centros de aislamiento, disponiéndose que el aislamiento de estas personas sea llevado a cabo en los domicilios.
3) Se constate in-situ las condiciones de aislamiento de las personas alojadas en los centros de aislamiento de la provincia de Formosa a fin de determinar la existencia de la vulneración de sus derechos humanos o de existencia de violencia institucional por parte del gobierno de la provincia de Formosa.
4) Se proteja a las personas aisladas de manera tal que el ejercicio de sus derechos a través de esta presentación no les genere inconvenientes laborales, y que las autoridades de la provincia de Formosa se abstengan de realizar acciones estigmatizantes.
5) Que el Estado argentino garantice el acceso a asesoramiento jurídico y la asistencia psicosocial a víctimas de las violaciones a los derechos humanos.
6) Oportunamente se dispongan las medidas necesarias a fin de que se corrijan las condiciones en que se cumplen las medidas sanitarias de aislamiento sanitario en la provincia de Formosa.
Gabriela Neme y Celeste Ruiz Díaz fueron demoradas en la Comisaría 1ra. cuando participaban de una manifestación por las malas condiciones en los centros de aislamiento de la provincia.
La situación en Formosa se agrava cada vez más: tras denunciar al gobernador Gildo Insfrán por el hacinamiento en los centros de aislamiento para infectados de Covid, dos concejalas fueron detenidas este jueves y la oposición salió a exigir la inmediata liberación.
Gabriela Neme -del peronismo disidente- y Celeste Ruíz Díaz -de la UCR- fueron abordadas por efectivos policiales cuando participaban de una manifestación de vecinos en la puerta de la Escuela N° 18 de Formosa, y fueron trasladadas a la Comisaría 1ra.
El reclamo estaba motivado por la situación de personas que fueron obligadas a permanecer aisladas en la escuela a pesar de que sus hisopados resultaron negativos, en el marco de las estrictas medidas aplicadas por el gobierno provincial.
De inmediato, legisladores de Juntos por el Cambio salieron a exigir la liberación de las concejalas y una de ellas, Ruiz Díaz, finalmente quedó en libertad, luego de que se acercaran a la comisaría el senador Luis Naidenoff y el diputado Mario Arce.
Más tarde ocurrió lo propio con la otra concejala, Gabriela Neme, que también salió en libertad.
“Violencia, brutalidad y silenciamiento. La fórmula de la represión del gobierno formoseño contra quienes denuncian las violaciones a los derechos humanos en la provincia. Exigimos la liberación urgente de Celeste Ruiz Díaz y Gabriela Neme. Y quiero expresar mí total repudio a los maltratos y agravios a los que han sido sometidas”, había advertido Naidenoff.
Recientemente, el jefe del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio presentó un habeas corpus colectivo por el hacinamiento y las condiciones “inhumanas” de las personas alojadas en centros de aislamiento de Formosa.
A eso se sumó un pedido de interpelación al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y hasta un proyecto de la Coalición Cívica para intervenir la provincia y convocar a elecciones.
La diputada nacional Brenda Austin (UCR-Córdoba) también condenó la detención de las concejalas y advirtió que “el Gobierno nacional es responsable junto a Gildo Insfrán por permitir este avasallamiento”.
“En momentos en que organismos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, exigen a Formosa que sus medidas para combatir la pandemia respeten derechos básicos se redobla la apuesta y se detiene a voces de la oposición ¡La Constitución no está en cuarentena!”, advirtió Austin.
Por su parte el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro se preguntó: “Señor ministro @wadodecorrido, qué más tiene que ocurrir en Formosa para que intervengan ante el gobierno de la provincia y el déspota de Insfrán. Háganse cargo y dejen el doble standard, los derechos humanos se defienden siempre”.
Paula Oliveto también se pronunció a través de las redes sociales: “Defienden a ladrones presos en mansiones y militan la detención de dos mujeres en Formosa que reclamaban x los derechos humanos de personas que están en condiciones terribles. Son patéticos”.
A su vez, el diputado del Pro Waldo Wolff señaló: “El modelo de gobierno ponderado por Alberto Fernández, ese que está enquistado hace décadas en Formosa de la mano de Insfrán, detuvo a las concejales Neme y Ruiz Díaz que denunciaron violaciones a los DDHH. Como espacio iremos a pedir su liberación y hacer visible esta barbarie”.
Maximiliano Ferraro llamó a los funcionarios a “frenar e intervenir en las graves violaciones a los derechos humanos” que ocurren en esas provincias, y les advirtió: “Ustedes serán pasibles y responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.
El presidente del bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica ARI, Maximiliano Ferraro, intimó este martes al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y al ministro del Interior, Eduardo De Pedro, a actuar de forma “urgente” para “frenar e intervenir en las graves violaciones a los derechos humanos que se vienen sucediendo en las provincias de Formosa y Santiago del Estero”. “De lo contrario les advertimos que ustedes serán pasibles y responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”, alertó.
En una nota enviada este martes a Cafiero y De Pedro, Ferraro indicó que “en dichas provincias los gobiernos locales han adoptado supuestas medidas sanitarias que son inconstitucionales y vulneran los derechos más fundamentales”, en el marco de la pandemia causada por el coronavirus.
“Me dirijo a ustedes a fin de intimarlos, con carácter de urgente, a actuar conforme a funcionarios de un estado de derecho con todas las herramientas que la ley les otorga para frenar e intervenir en las graves violaciones a derechos humanos que se vienen sucediendo en las provincias de Formosa y Santiago del Estero”, exigió.
En la misiva, el presidente de la CC-ARI aseguró que “la situación inhumana que viven miles de personas, con más de 900 acciones judiciales presentadas, que ven afectada su libertad de circulación, sufren detenciones o demoras ilegales que en muchos casos pueden llegar hasta tipificarse en el delito de tortura o abandono de persona, son una afrenta a nuestra democracia y ordenamiento institucional”.
“Personas que deben cargar a sus hijos en brazos para llegar a sus casas, jóvenes que mueren ahogados por intentar cruzar a nado la frontera interprovincial, familias que no pueden reencontrarse, abusos de autoridad por parte de fuerzas policiales e incumplimiento de funcionarios públicos que implican claros delitos penales y, en algunos casos, imprescriptibles”, advirtió.
El diputado de la CC-ARI alertó además que “no pueden desconocer que la República Argentina tiene compromisos internacionales muy fuertes en respeto a los derechos humanos, pero más allá de eso, tiene un compromiso con su propia historia. Es urgente que en cumplimiento de sus funciones garanticen que los ciudadanos de cada provincia gocen de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás”.
“Del mismo modo, deben cumplir que en todo el territorio de la Nación no existan más aduanas que las nacionales, y que en las fronteras interprovinciales exista el libre derecho de circulación y la capacidad de entrar, permanecer, transitar y salir”, afirmó en la misiva y agregó que “de lo contrario les advertimos que ustedes serán pasibles y responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, abandono de persona y de las violaciones a los pactos de derechos humanos pertinentes como el Artículo 22 inc. 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros”.
“La situación desarrollada es preocupante y obliga a todos los miembros del Estado Federal a mantener el imperio del estado de derecho garantizando la forma republicana de gobierno en las provincias. Es por tal motivo que los intimamos a tomar cartas en el asunto y cese la inacción, pasividad y hasta complicidad con los gobiernos provinciales que laceran la dignidad de las personas”, finalizó Ferraro en la carta.
“Hace 90 días que venimos bajando los casos y subiendo el nivel de actividad”, expresó el vicejefe de Gobierno porteño.
El vicejefe de Gobierno porteño, a cargo del Ministerio de Justicia y Seguridad, Diego Santilli, destacó que “hace 90 días que venimos bajando los casos en la Ciudad de Buenos aires y subiendo el nivel de actividad”, luego de que se anunciaran nuevas reaperturas.
“Nos estamos ocupando de no tener que retroceder, hace 90 días que venimos bajando la cantidad de casos (de Covid-19) y subiendo el nivel de actividad. Venimos haciendo 1.315.000 test, detectando, rastreando y aislando y ese es el proceso que tenemos que seguir haciendo para evitar contagios y también proteger el trabajo de la gente”, explicó Santilli en declaraciones radiales.
En este sentido, indicó que “el 3 de agosto hubo un pico de 1500 casos promedio por día, después se pasó 1300, después a 1100 y 900”. “Hoy tenemos 800 casos diarios y en caso de que la curva siga de esta manera se podrían tomar más decisiones, como por ejemplo habilitar el teatro”, apuntó.
Explicó, en esa línea, que se están habilitando nuevas actividades en las escuelas: “Hace 15 días tomamos la decisión que los chicos de quinto grado y quinto año pudieran revincularse con la educación y hoy decidimos avanzar con chicos de 5 años, de primer grado, y primer año de secundaria. Es otro paso importante que hacemos de manera paulatina”.
Santilli dijo además que el Ciclo Lectivo es hasta el 15 de diciembre y que “la semana que viene empezarán a abrir 100 escuelas para apoyo escolar”, al tiempo que destacó que los padres y los alumnos van a tener autorización para usar el transporte público, al igual que los docentes que ya eran considerados personal esencial.
Por otra parte, sobre la apertura de bares y restaurantes puertas adentro, el funcionario porteño sostuvo que los “locales podrán utilizar el 25 por ciento de su espacio, de acuerdo a la ventilación de cada espacio”. “A partir del lunes algunos establecimientos gastronómicos pueden ir abriendo. Lo que falta todavía es el corazón de la Ciudad, que es la Cultura”, subrayó.
Por último, indicó que entre las nuevas actividades disponibles se encuentran los natatorios, donde no puede haber más de una persona cada 15 metros cuadrados, los consorcios, gimnasios, casamientos, museos y también la visita a los hogares de niños en situación de adoptabilidad, cada uno con sus respectivos protocolos sanitarios.
La norma especifica las provincias y ciudades con aislamiento o distanciamiento social, dependiendo de la situación sanitaria. Se autorizan las reuniones de 10 personas en espacios públicos.
El Gobierno nacional oficializó este lunes el DNU 714/20, por el cual extiende la cuarentena hasta el 20 de septiembre, en el marco de la pandemia de coronavirus.
El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) continuará en la ciudad de Buenos Aires y 35 partidos bonaerenses integrantes del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).
Además, esta modalidad regirá para el departamento de General Pueyrredón, que abarca a Mar del Plata, donde crecieron los casos; y los aglomerados de las ciudades de Paraná, Colonia Avellaneda, Oro Verde, San Benito y Gualeguaychú, de Entre Ríos.
La norma incluye también a los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen, Palpalá y San Pedro, en Jujuy; los departamentos de Capital y Chamical, de La Rioja; y los aglomerados de las ciudades de Bariloche y Dina Huapi y el departamento de General Roca, en Río Negro.
Se suman los departamentos de General José de San Martín y Orán, de Salta; el departamento de Caucete, de San Juan; el aglomerado de la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz; los departamentos de Capital y Banda, de Santiago del Estero; y los departamentos de Río Grande y Tolhuin, deTierra del Fuego.
El resto del país continuará con la etapa de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO).
La novedad del nuevo DNU, anunciada por el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, es que se autorizan las “reuniones sociales de hasta de 10 personas en espacios públicos o de acceso público al aire libre, siempre que se mantengan entre ellas una distancia mínima de dos metros, utilicen tapabocas y se dé estricto cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones sanitarias”.
Otra cuestión es que se contempla el “acompañamiento de pacientes”, que deberá “autorizarse el acompañamiento durante la internación, en sus últimos días de vida, de los pacientes con diagnóstico confirmado de Covid-19 o de cualquier enfermedad o padecimiento”.
La norma fue publicada este lunes en el Boletín Oficial. Las medidas más duras alcanzarán al AMBA, la provincia de Chaco, el departamento rionegrino de General Roca y la zona urbana de Neuquén.
El Gobierno nacional oficializó este lunes la extensión del aislamiento social, preventivo y obligatorio desde el 1 al 17 de julio, en una nueva etapa marcada por más restricciones en actividades y el transporte público para la zona del AMBA.
También, la medida más estricta alcanzará a la provincia de Chacho, el departamento rionegrino de Genera Roca y el aglomerado urbano de Neuquén.
La norma mantiene los lineamientos generales del aislamiento que se inició el 20 de marzo pasado, en el marco de la pandemia por Covid-19, con cierre de fronteras y sin clases presenciales ni eventos multitudinarios de diversa índole, entre otras actividades.
En los considerandos del DNU, el Ejecutivo señaló que en la región metropolitana “en los últimos 20 días se presentó un aumento acelerado de casos del 136,4%, un aumento del 95,6% de personas fallecidas y un aumento del 74% de las personas internadas en unidades de terapia intensiva por coronavirus”.
A raíz del endurecimiento de la cuarentena, solo se permitirá viajar en el transporte público a los trabajadores calificados como “esenciales”, según un listado de 30 rubros.
El decreto indica que se extremarán, por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, los controles “permanentes en rutas, vías y espacios públicos, accesos y demás lugares estratégicos que determine” en coordinación con las respectivas jurisdicciones.
Fue publicado el decreto este lunes en el Boletín Oficial. Habilita a los gobernadores implementar nuevas excepciones en sus distritos.
El Gobierno nacional oficializó la prórroga del aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el 24 de mayo inclusive, que seguirá siendo estricto en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, mientras que en el resto del país se pasó a la denominada “fase 4” de “reapertura progresiva”.
En los considerandos del Decreto de Necesidad y Urgencia 459/2020, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se argumenta que a más de 50 días de la cuarentena, las medidas tomadas “siguen cumpliendo un rol de vital importancia para hacer frente a la epidemia y para mitigar el impacto sanitario del Covid-19”.
En la norma se indica que en los departamentos o partidos de las jurisdicciones provinciales con hasta 500.000 habitantes “se prevé que los gobernadores y las gobernadoras de las provincias puedan decidir excepciones al aislamiento y a la prohibición de circular, al personal afectado a determinadas actividades y servicios, siempre que se verifiquen positivamente los parámetros epidemiológicos y sanitarios que se establecen con base científica” y “siempre que ya exista un protocolo autorizado por el Ministerio de Salud de la Nación”.
Además, se menciona que para ello, “se exige que el tiempo de duplicación de casos no sea inferior a 15 días” y “que el sistema de salud cuente con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria”, entre otros requisitos.
En tanto, para el AMBA, “el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires podrán solicitar al jefe de Gabinete de Ministros, en su carácter de Coordinador de la ‘Unidad de Coordinación General del Plan Integral para la Prevención de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional’, que autorice nuevas excepciones al cumplimiento del ‘aislamiento social, preventivo y obligatorio’ y a la prohibición de circular con el fin de permitir la realización de actividades industriales, de servicios o comerciales”.
En el DNU se mantienen las prohibiciones en todo el país del dictado de clases presenciales en todos los niveles y todas las modalidades; eventos públicos y privados -sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y de cualquier otra índole que implique la concurrencia de personas-; centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado que implique la concurrencia de personas.
También el transporte público de pasajeros interurbano, interjurisdiccional e internacional, salvo para los casos excepcionales; actividades turísticas; apertura de parques, plazas o similares. Asimismo prorroga el cierre de fronteras y mantiene la autorización a las personas mayores de 60 años, embarazadas o personas incluidas en grupos de riesgo a no concurrir a sus lugares de trabajo.
En los fundamentos, se señala que las medidas “han logrado contener el crecimiento exponencial de los casos y muertes por Covid-19 y han permitido que la población conozca las medidas sanitarias para prevenir contagios y que el sistema de salud se prepare para atender la potencial demanda”.
A través de un nuevo DNU, habilitó las salidas breves facultando a las jurisdicciones a establecer el otorgamiento de los permisos.
Mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el Gobierno Nacional prorrogó el aislamiento social, preventivo y obligatorio hasta el próximo 10 de mayo para contener la pandemia de Coronavirus Covid-19 y facultó a las autoridades de las jurisdicciones a otorgar y evaluar la dinámica de los permisos de salidas breves para todas las personas, como máximo de una hora y a no más de 500 metros de su domicilio, siempre y cuando no usen transporte público y respeten el distanciamiento e higiene.
Así lo establece el artículo 8º que dice: “las personas que deben cumplir el “aislamiento social, preventivo y obligatorio” podrán realizar una breve salida de esparcimiento, en beneficio de la salud y el bienestar psicofísico, sin alejarse más de QUINIENTOS (500) metros de su residencia, con una duración máxima de SESENTA (60) minutos, en horario diurno y antes de las 20 horas”.
La norma precisa que para cumplir dicho objetivo los vecinos no podrán usar transporte público o vehicular y deberán guardar en todo momento un distanciamiento físico entre peatones “no menor a dos metros, salvo en el caso de niños y niñas de hasta 12 años” que deberán salir acompañados por un mayor que viva en su mismo domicilio.
“En ningún caso se podrán realizar aglomeramientos o reuniones y se deberá dar cumplimiento a las instrucciones generales de la autoridad sanitaria”, señala el texto y aclara que las autoridades recomiendan además el uso de cubre boca, nariz y mentón o barbijo casero.
Finalmente, este artículo precisa que las autoridades de cada jurisdicción normarán estas salidas y “en atención a las condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos departamentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán incluso determinar uno o algunos días para ejercer este derecho, limitar su duración y, eventualmente, suspenderlo con el fin de proteger la salud pública”.
En otra parte, el DNU, autoriza a los gobernadores y las gobernadoras a decidir excepciones a la prohibición de circular para determinadas actividades y servicios en forma localizada.
Para ello, los partidos o departamentos en los que se quieran habilitar actividades deberán cumplir con los siguientes parámetros epidemiológicos: el tiempo de duplicación de casos confirmados de Covid-19 no debe ser inferior a 15 días, el sistema de salud debe contar con capacidad suficiente y adecuada para dar respuesta a la potencial demanda sanitaria, debe existir una evaluación positiva de las autoridades sanitarias respecto del riesgo socio-sanitario con relación a la densidad poblacional y la proporción de personas exceptuadas no podrá superar el 50 por ciento de la población del área afectada.
Debido a que los grandes centros poblacionales son considerados los lugares de mayor riesgo de transmisión del virus, todos los aglomerados urbanos de más de 500 mil habitantes no podrán habilitar excepciones de actividades y seguirán cumpliendo las medidas de aislamiento.
El decreto también establece que en las jurisdicciones en las que se establezcan excepciones se “deberá implementar, en forma previa, un protocolo de funcionamiento que dé cumplimiento a las recomendaciones e instrucciones sanitarias y de seguridad, nacionales y locales”.
Y no deberán habilitarse el dictado de clases presenciales en todos los niveles y modalidades; los eventos públicos y privados (sociales, culturales, recreativos, deportivos, religiosos y otros); los centros comerciales, cines, teatros, centros culturales, bibliotecas, museos, restaurantes, bares, gimnasios, clubes y cualquier espacio público o privado, y las actividades turísticas, los parques, las plazas y similares.
Las jurisdicciones que dispongan excepciones deberán realizar, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, el monitoreo de la evolución de la situación epidemiológica y sanitaria, y deberán entregar de forma semanal un informe de seguimiento. Además, la Jefatura de Gabinete podrá hacer cesar las excepciones a quienes no cumplan con la entrega del informe o cuando la autoridad sanitaria lo recomiende.
El decreto establece la continuidad de las licencias para los trabajadores y las trabajadoras mayores de 60 años, embarazadas o personas incluidas en los grupos de riesgo y para aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes.
