La senadora oficialista María Emilia Orozco (Salta) reavivó la interna libertaria en el Senado de la Nación al acusar a la titular de esa Cámara, Victoria Villarruel, de retrasar la firma de los contratos de los asesores: “Me siento en la casa del enemigo”.

Orozco expresó durante una entrevista en el programa El Observador 107.9: “Tenemos una Presidenta del Senado que no hay forma de comparar con Martín Menem en Diputados. No hablo por el resto, hablo por mí. Yo me siento así lamentablemente”.

En ese sentido, agregó: “Parece que la modalidad por usos y costumbres uno tiene que pasar por la oficina del Presidente, así que veremos si esa reunión se concreta”.

La senadora salteña comentó: “Tuvimos reunión de bloque antes de fin de año y parece que la única preocupación de la señora Presidente era que no había Presupuesto, pero eso ya se subsanó. Paree que era la única preocupación que tenía”.

“Ahora vamos por las leyes, que tengamos el acompañamiento y la conducción de la sesión la tiene ella así que ojalá salga todo bien”, bregó de cara a la sesión especial convocada para el próximo 11 de febrero donde se debatirá la reforma laboral.

Por último, Orozco dejó al descubierto que “hay diferencias porque nuestros contratos de asesores no salen, presente tres contratos para asesores, pero no salieron”, y comparó: “Los de Jorge Capitanich (UP) salió en diciembre y tenías senadores con más de una nómina de 20 asesores, eso dependen de la firma de la señora presidenta del Senado, los nuestros aún están en espera”, y chicaneó: “Yo calculo que debe estar con mucho trabajo y es una cuestión administrativa”.

El día en el que desde el Gobierno se pidió a la justicia allanar a periodistas y un medio de comunicación, en el marco de la decisión de prohibir la difusión de audios que involucran a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, diputados de la oposición que integran la Comisión de Libertad de Expresión exigieron a la titular de la misma convocar a reunirse.

“Ante los hechos de extrema gravedad contra la libertad de expresión que significa las medidas judiciales impulsadas desde el Gobierno contra los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y otros miembros de su equipo, así como contra el canal Carnaval.Stream por haber destapado el escándalo de corrupción en la ANDIS, exigimos convoque a una reunión de urgencia de esta comisión”, señala la nota expedida este lunes a la salteña María Emilia Orozco, titular de la comisión.

En la nota, suscripta por el vicepresidente primero de esa comisión, Christian Castillo, la vice segunda Carolina Gaillard, los secretarios Germán Martínez y Marcela Coli, más los vocales Mónica Frade y Esteban Paulón, advierten que en caso de no ser convocada la comisión, sus miembros se reunirán por sí mismos este martes a partir de las 18 en la sala 5 del Anexo A, para tratar el tema “invitando a los periodistas atacados y otros invitados pertinentes en el tratamiento del tema”.

Según pudo saber parlamentario.com, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico asistirán este martes a la convocatoria.

Cabe recordar que la citada comisión no se reúne desde hace casi un año: la última reunión tuvo como invitados a representantes del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) y fue el 12 de septiembre del año pasado.

Asimismo el 3 de julio pasado los diputados Mónica Frade, Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Carolina Gaillard, presentaron un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar la remoción de la diputada Orozco como integrante —y presidenta— de la Comisión de Libertad de Expresión, fundamentándose en el “incumplimiento de sus obligaciones” al frente de la comisión, lo que habría obstaculizado su normal funcionamiento.

Según el texto, la comisión no se reunió más a pesar de múltiples pedidos formales de convocatoria realizados por distintos legisladores durante los últimos diez meses. Entre las solicitudes documentadas se cuentan al menos siete notas dirigidas a Orozco entre agosto de 2024 y junio de 2025, además de un pedido formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que intervenga en la situación.

“El comportamiento inapropiado de la legisladora impide el funcionamiento normal de una comisión clave para la defensa de la libertad de expresión en el país”, señala el proyecto, que invoca el artículo 107 del Reglamento de la Cámara para justificar la remoción.

Los firmantes advirtieron entonces que la falta de actividad de la comisión afecta directamente el tratamiento de proyectos vinculados a derechos fundamentales y al control institucional. “No se trata de una diferencia política, sino de una parálisis institucional que debe ser corregida”, argumentaron.

En un intento por profundizar la reparación de las víctimas de delitos sexuales, los diputados nacionales por Salta María Emilia Orozco y Carlos Zapata (La Libertad Avanza) presentaron un proyecto de ley que propone un cambio sustancial en el Código Penal: la incorporación de un nuevo artículo, el 120 bis, que impone el embargo automático del 50% de los bienes del imputado por delitos sexuales desde el momento de la acusación, y su traspaso a la víctima en caso de condena.

La iniciativa alcanza a los delitos previstos en los artículos 119 y 120 del Código Penal, es decir, abuso sexual simple, agravado y abuso sexual con acceso carnal, entre otros.

“No puede haber justicia real si el agresor solo paga con cárcel y la víctima queda sola con el daño”, argumentó Orozco, autora del proyecto. La propuesta busca una indemnización inmediata y proporcional, que se concrete mediante la transferencia patrimonial del condenado.

El proyecto plantea que, desde el momento de la imputación, el juez de la causa deberá embargar la mitad de todos los bienes del acusado. Si el proceso concluye con una sentencia condenatoria, esos bienes serán automáticamente adjudicados a la víctima, quien podrá disponer libremente de ellos.

Según los autores, la medida se enmarca en lo establecido por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, que reconoce la jerarquía constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos. Entre ellos, citan el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho a una “justa indemnización”.

La fundamentación también menciona el precedente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en fallos como Castillo Páez vs. Perú (1998) y Bulacio vs. Argentina (2003) destacó la importancia de una reparación efectiva y proporcional para las víctimas de violencia estatal y sexual.

“El daño moral, el estigma social y la pérdida de oportunidades que sufren las víctimas son tan devastadores como invisibles en los juicios penales”, se indica en los fundamentos. “Este proyecto busca que el agresor responda también con su patrimonio, como forma concreta de justicia”, añade la autora.

En el marco de las presentaciones de cuestiones de privilegio, el diputado Esteban Paulón enumeró la catarata de insultos que lanzó el presidente de la Nación, particularmente contra una serie de periodistas, entre los que mencionó a María O’Donnell, Julia Mengolini y Romina Manguel, razón por la cual anticipó que pedirán la remoción de la diputada libertaria Emilia Orozco de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.

Paulón consideró inaceptable que esa comisión no esté reunida “defendiendo a los que estén siendo atacados, dándoles voz, acompañándolos porque la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, sino de la democracia”.

Así las cosas, consideró que “esta comisión tiene que reunirse, hay que cambiar la p residencia”, por eso dijo que eso impulsará junto a las diputadas Mónica Frade, Christian Castillo y Carolina Gaillard.

“Hemos llegado a un punto complejo”, insistió, asegurando que “la descalificación no puede ser el medio en que dialoguemos o intentemos dialogar en el debate democrático. No podemos mirar para otro lado y admitir este tipo de actitudes”.

Asimismo anticipó que presentará personalmente una denuncia contra “un asiduo participante del streaming Carajo”. No lo mencionó con nombre y apellido, pero dijo que es alguien que no registra pago de impuestos desde hace tiempo, “pero evidentemente tiene algunos ingresos”. Se trata de alguien que “hace unos días inició una campaña en su cuenta en la que me acusa por mi orientación sexual, por ser gay, de pedófilo, y me desea ‘sida para vos’. Un ataque inadmisible, no por mí, que soy diputado y me puedo defender, sino por las miles de personas que leyendo esa publicación sienten que sus vidas no valen”.

En medio de las versiones periodísticas por un supuesto plan de la SIDE vinculado al espionaje de periodistas, la oposición le presentó un texto formal a la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, Emilia Orozco, solicitándole una reunión “urgente” a fin de garantizar el normal funcionamiento de la misma y diagramar una agenda.

En esa misma nota, llamaron al contexto actual como “situación crítica” y acusaron al gobierno de Javier Milei de efectuar un “ataque sistemático a los trabajadores de prensa”. La nota lleva las firmas de Oscar Agost Carreño y Esteban Paulon de Encuentro Federal; de Mónica Frade por la Coalición Cívica; y de Carolina Gaillard de Unión por la Patria.

“En un contexto en el que se han intensificado el hostigamiento y estigmatización a comunicadores por parte del presidente de la Nación y funcionarios del más alto nivel del gobierno nacional, la persecución judicial a periodistas críticos de la política gubernamental, la represión policial a reporteros gráficos y trabajadores de prensa cada vez con mayor naturalidad”, aseveraron.

Y añadieron que esto está “acompañado por una serie de medidas tendientes a restringir la libre circulación de ideas, la pluralidad informativa y el ejercicio del derecho a informar y ser informado, la problemática adquiere un dimensionamiento que pone en jaque la plena vigencia del sistema democrático”.

Los legisladores firmantes mencionaron los hechos que suceden cada miércoles en la marcha de los jubilados en las afueras del Palacio Legislativo y cuestionaron las nuevas restricciones a los periodistas acreditados en Casa Rosada: “las últimas regulaciones por parte del secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación (Manuel Adorni) representan una nueva embestida contra la libertad de prensa y de expresión”.

En el final, invocan la reunión alegando que han transcurridos casi tres meses del inicio del período ordinario y más de ocho meses desde la última cita. La Comisión de Libertad de Expresión se reunió por ultima vez el pasado 12 de septiembre del 2024 cuando fueron recibidos integrantes del Sipreba.

En medio de picantes cruces se llevó a cabo este jueves la reunión de la Comisión de Libertad de Expresión que quedó en manos del oficialismo, tras el reclamo de la oposición a la convocatoria de un próximo encuentro el 16 de mayo con periodistas “agredidos” y trabajadores de Télam invitados a exponer por la situación que atraviesan, cuyo pedido fue desestimado por la presidencia de la comisión que confirmó los días jueves a las 10 para las reuniones. También expresaron preocupación por lo ocurrido en Diputados TV.

El libertario Bertie Benegas Lynch postuló como presidente a la salteña María Emilia Orozco que se desempeñó como concejal durante dos años en la provincia, es licenciada en Comunicación Social por lo que “puede aportar mucho valor en lo que tratamos porque se especializa en comunicación digital. La conjunción de sus valores en defensa de la libertad una persona joven que viene a renovar la sangre de la política y especialidad del tema comunicacional”. En tanto La UCR aún mantiene la reserva de la secretaría.

Al ser ungida titular de la comisión, la salteña expresó: “Soy nueva en esto y estuve stalkeando un poco sus perfiles y es impresionante la trayectoria de muchos que hace ocho o doce años que están en la comisión. Soy todo lo contrario a eso, toda la experiencia que tienen muchos de ustedes es lo que no tengo, pero no me amedrenta. Al contrario, tengo mucho que aprender de cada uno de los que están acá y seguramente ustedes también tendrán que aprender algo de la renovación en la política”.

“Escuché por ahí la subestimación de los nuevos, escuché incluso dirigirse hacia nuestro espacio de manera despectiva, les puedo asegurar que tenemos mucho para aportar y, sobre todo, pedirles que no nos subestimen”, pidió y agregó: “Si bien cada uno viene con un saco de principios, de valores, de ideologías partidarias y sin ir más lejos miren la conformación de autoridades de la comisión. Soy una defensora del consenso, del diálogo. Acá estamos de paso, no pretendo perpetrarme en este lugar sino lo que quiero es dejar instrumentos, herramientas, dejar normativas a la gente que trasciendan”.

Al respecto, planteó como tema a tratar “la distribución discrecional de sumas millonarias de la pauta oficial y no escuché mucho hablar del federalismo”, por lo que planteó “romper con el centralismo de Buenos Aires porque la libertad de expresión no solamente la tienen los medios de acá. Siendo de una provincia del norte con muchas falencias la pauta está poniendo en peligro la libertad de expresión de los medios del interior”. Además, resaltó que la Ley de Medios “es una materia pendiente”.

“Pido que nos escuchemos porque algo que me sorprendió mucho son los modos, las formas y la falta de respeto cuando alguien está tomando la palabra. Vamos a demostrar desde este espacio que hay otra dinámica de trabajo por el respeto entre nosotros”, solicitó.

Al tomar la palabra, la radical Marcela Coli (La Pampa) manifestó: “Por más que uno es nuevo la experiencia se construye escuchando al otro, respetando a quienes no pensamos igual. Quiero ser respetada por eso. Soy de la oposición que se construye en el respeto y con calidad. Espero que esta libertad de expresión en casi 40 años de democracia podamos sentarnos y tener ese respeto en las posiciones que tenemos los distintos temas. Que todos tengamos las mismas oportunidades”.

A su turno, el vicepresidente primero de la comisión el diputado Christian Castillo (FIT) propuso reuniones quincenales y puso a consideración realizaron el próximo 16 de mayo la reunión con periodistas.

“La actividad periodística en los caos de violencia institucional o paraestatal han sido determinantes, es central. Hay una agresión sistemática desde el Estado que fogonean esa agresión”, alertó y propuso para un encuentro el 23 de mayo que rindan cuentas los funcionarios designados por el Ejecutivo que están a cargo de los trolls center de Casa Rosada que “tienen a agredir las causas que no simpatizan organizando ejércitos de trolls. Deberían explicar si con el dinero público de los contribuyentes se financian funcionarios que utilizan los recursos del Estado para armar grupos de choques mediáticos”.

En contraposición, Orozco desestimó ese pedido y aclaró: “La situación amerita otra dinámica de la comisión y no como la que veníamos teniendo porque en 2021 no se registró ninguna reunión, en 2022 se reunió tres veces y en 2023 solo se reunió una vez”.

“Considero que si queremos tener una reunión productiva sería oportuno hacer una reunión de asesores previo de todos los legisladores para que puedan invitar para poder tener la representación de todas las voces. Vamos a resguardar la pluralidad de voces porque no quisiera que sea una batalla campal como viene siendo en otras comisiones”, planteó.

Al pedir la palabra, el jefe del bloque UP y secretario de la comisión, Germán Martínez, manifestó: “Hay determinadas situaciones que no tienen dos miradas. Cuando hay alguien desde una situación de poder que agrede, descalifica a un periodista no hay dos miradas, al menos que quieran traer al presidente acá a sentarse y explique por qué dijo lo que dijo de los periodistas”, y criticó: “Sabiendo que el presidente iba a agredir mucho a los periodistas dentro de las pocas comisiones que preside el oficialismo se quedó con libertad de expresión”.

“A la tarde quieren firmar un dictamen que privatiza RTA y acá hablamos de libertad de expresión. Hay temas muy sensibles”, sostuvo. Por último, destacó el trabajo realizado en pandemia con “reuniones hasta largas horas de la noche” y cuestionó el funcionamiento en años anteriores con “gente que ahora están de funcionarios”.

La vice segunda, la entrerriana Carolina Gaillard (UP) remarcó que la comisión “siempre estuvo presidida por la oposición, es la primera vez que la preside el oficialismo. Tiene un sentido y una razón de ser que la presida la oposición porque es controlar a quien tiene mayor poder en el país que es el Ejecutivo y es quien puede detentar más abuso de poder y puede cercenar más la libertad de expresión”.

“Si dilatamos la citación a los periodistas que fueron atacados ya se tornaría abstracto y no habría relación en el tiempo entre lo que ocurrió y que la comisión los reciba. Sería importante que en la próxima reunión sean citados”, insistió y expresó: “A todos nos preocupa la situación de Télam que han sido intervenidos por el DNU 70/2023 que le permitió al presidente intervenirla y los trabajadores están pasando por una situación irregular y para nosotros es importante escuchar su voz”.

Así, enumeró la lista de invitados: “Periodistas agredidos en su libertad de expresión, a los trabajadores de Télam y los periodistas agredidos en el marco del tratamiento de la ley Ómnibus”.

El cordobés Pablo Carro (UP) planteó que “la libertad de expresión no se cercena cuando se impide que alguien se exprese, sino que hay dispositivos institucionales que pueden ser recortadores de esa libertad de expresión todos los acuerdos internacionales así lo atestiguan. El solo hecho de que se cierre Télam es un dispositivo que, de alguna manera, atenta contra la libertad de expresión que se levanten en los noticieros de canal público los fines de semana es un modo de cercenar la libertad de expresión”.

En su carácter de presidente de la Comisión de Comunicación e Informática planteó trabajar en conjunto porque “la libertad de expresión articula con el derecho a la información y la comunicación de acceso a información veraz y precisa. Tenemos que garantizar que los periodistas puedan expresarse en libertad”.

“Recortar la publicidad oficial es una manera de cercenar la libertad de expresión porque lo que ocurre es que muchos medios pequeños pueden no funcionar si no acceden a esa pauta, así que la publicidad es una manera de garantizar desde el Estado que pueda acceder o cumplirse con el derecho a la información”, opinó.

A continuación, la vicejefa del bloque UCR, Karina Banfi, cuestionó que durante cuatro años “fue muy difícil la apertura de trabajo de asesores”, y coincidió con Carro en trabajar en conjunto con la Comisión de Comunicación en lo que hace a la cuestión de los medios públicos.

“Funcionó en el tiempo de Cambiemos porque se convirtió en una delegación gremial de los despidos a los periodistas en sus trabajos y durante la pandemia se cerró y dejó de importarle al oficialismo de ese momento el trabajo de los periodistas”, cuestionó y explicó: “La libertad de expresión tiene que ver con cuestiones de cercenamiento o de proyección u operatividad y ejercicio de libertad de expresión de periodistas, de ciudadanos, de políticos, de comunicación del Gobierno”.

El diputado Juan Marino (UP) ratificó la propuesta de Castillo y remarcó la importancia de la presencia de los periodistas Jorge Lanata y Jorge Fontevecchia que han denunciado al Ejecutivo para que “la justifica le ponga un límite y es importante que expliquen los fundamentos de su denuncia y tomar cartas en el asunto”. Además, planteó hacer un pedido de informes de carácter unánime de la comisión al Ejecutivo por los trolls center. que “se usan para censurar opositores o personas críticas”.

Asimismo, el diputado Eduardo Valdés (UP) pidió incorporar en la convocatoria a los trabajadores de Radio Nacional y de la TV Pública; mientras que la diputada Mónica Frade (HCF) solicitó citar a representantes de FOPEA y ADEPA “para sostener el federalismo”.

Finalmente, el diputado libertario Benegas Lynch pidió citar a Miriam Lewin, responsable de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Al cierre de la reunión, que se extendió más de dos horas, se caldearon los ánimos porque la oposición le reclamó a Orozco que ponga a consideración la fecha consensuada del 16 de mayo para la próxima reunión, pero la libertaria desestimó dicho pedido y dio por concluído el encuentro.

Los salteños María Emilia Orozco y Julio Moreno, que asumirán formalmente el próximo 10 de diciembre como diputados, más Carlos Zapata, legislador desde 2021 dentro del interbloque Juntos por el Cambio, conformarán su propio bloque llamado “Ahora Patria” que será aliado de La Libertad Avanza. 

El partido comandado por el exdiputado Alfredo Olmedo compitió en las elecciones de este año en la boleta de Javier Milei en Salta y logró obtener dos diputados, Orozco y Moreno, que están contabilizados dentro de los 38 electos que cosechó el oficialismo entrante. 

Por su parte, Zapata ingresó a la Cámara baja en 2021 bajo el sello de JxC y desde su entorno todavía no confirman si junto a sus compañeros se unirá en un interbloque con LLA o funcionarán como aliados, pero por fuera. A su vez, cerca de Orozco afirman que los tres estarán bajo el paraguas de LLA. Todo se terminará de definir en la previa de la sesión preparatoria de este jueves. 

De esa decisión dependerá la cantidad de integrantes que tendrá el nuevo bloque -o interbloque- oficialista, que será la tercera fuerza dentro de Diputados, por detrás de Unión por la Patria y JxC.