“Buscamos resguardar a los ciudadanos para que al momento de votar puedan hacerlo con tranquilidad”, argumentó el diputado de Evolución Radical, que impulsa una modificación en el Código Electoral.
En la recta final hacia las elecciones generales de este domingo, y luego que desde el massismo propongan un examen psicofísico para candidatos, ahora el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) sumó un proyecto de ley que busca que a los postulantes a presidente y vicepresidente se los someta a una evaluación previa dentro del programa de Evaluación Internacional (PISA, por sus siglas en inglés).
A partir de una modificación al Código Electoral, el radical aseguró que se busca “resguardar a los ciudadanos para que al momento de votar puedan hacerlo con tranquilidad”. “Comprender un texto, demostrar habilidades en las matemáticas, así como también conocimientos en las ciencias, sin duda son requisitos mínimos a tener para poder desarrollar con responsabilidad las actividades del presidente y su vice”, consideró.
La iniciativa establece que una vez realizadas las evaluaciones, los resultados se harán públicos de manera tal que los ciudadanos tengan pleno conocimiento de las capacidades de quienes se postulan para los máximos cargos del Ejecutivo.
En los argumentos, el legislador de Juntos por el Cambio expresó que es de “vital importancia un conocimiento básico” en determinadas materias “para quien ejerza tan altos cargos que no son otra cosa que dirigir el destino de un país y liderar a todos los ciudadanos hacia un destino de grandeza”.
El proyecto de ley fue acompañado por la firma de sus pares Ana Clara Romero, Gabriela Lena, Carlos Zapata y Graciela Ocaña.
Se trata de una iniciativa de Ramiro Marra (LLA) mediante la cual se buscar “evitar que se repita una situación de cambio de las reglas de juego electorales en la Ciudad”.
Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara las elecciones concurrentes y la utilización de la boleta única electrónica, el jefe del bloque La Libertad Avanza (LLA), Ramiro Marra, impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley mediante el cual busca introducir una serie de modificaciones al Código Electoral porteño, a fin de evitar cambios a pocas semanas de los comicios.
“Esta medida es ridícula”, aseveró Marra respecto de la decisión del alcalde porteño de separar la elección de CABA de la nacional. “Cambiar las reglas de juego a pocos meses de la elección es preocupante para la sociedad”, advirtió.
Lo que Marra propone con su proyecto no afecta la medida actual, pero busca que de cara al futuro, se limite al jefe de Gobierno para realizar estos cambios, teniendo que hacerlos como mínimo con un año de anticipación y con acuerdo de la Legislatura. “No hacemos política en base a nuestras conveniencias electorales. No tomamos ese tipo de decisiones de políticas tan sensibles a tan poco de las elecciones”, sentenció.
El proyecto en cuestión busca introducir una serie de artículos en el Código Electoral porteño, a fin de que el Poder Ejecutivo local presente con un año de antelación a la elección de cargos locales un proyecto de ley en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires especificando la modalidad de votación que se pretende adoptar para dichos comicios. “En el caso de no lograr acuerdo con el Poder Legislativo, se utilizará el sistema de votación previamente implementado en la elección de cargos locales pasada”, aclara la iniciativa.
También busca regular los plazos en los que debe convocarse a elecciones: por lo que se establece que el alcalde porteño tendrá que convocar a las PASO unos 120 días antes de su realización, las cuales deberán efectuarse en un plazo de entre 65 y 90 días antes de los comicios generales.
Además se estipula que el jefe de Gobierno podrá convocar a elecciones simultáneas y utilizar un mismo sistema de votación. “El Poder Ejecutivo podrá suscribir los acuerdos pertinentes a efectos de celebrar los comicios en la fecha prevista para las elecciones nacionales utilizando un sistema de emisión del sufragio distinto al vigente a nivel nacional”, sostiene el texto.
La Legislatura porteña firmó el dictamen favorable para nombrar al juez que ocupará ese cargo, el cual fue creado en 2018 y deberá resolver los conflictos que ocurran durante las elecciones en el distrito capitalino.
Con la mirada puesta sobre los comicios que se vendrán, la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires firmó el dictamen favorable para designar al primer juez electoral que tendrá el distrito capitalino, cargo que fue creado en 2018 y que tiene como objetivo resolver los conflictos que puedan surgir durante el proceso electoral.
De esta manera, la Comisión de Justicia y la Junta de Ética de la Legislatura de la Ciudad propusieron como juez con competencia electoral a Roberto Requejo, después de que este participara en una audiencia pública en la que dio a conocer datos de su carrera laboral que lo acreditan para el puesto.
Cabe recordar que de acuerdo al Código Electoral porteño, sancionado en 2018 pero que aún no tiene plena vigencia, los procesos electorales deberán estar administrados por un Instituto de Gestión Electoral y por un Tribunal Electoral.
En el caso del Tribunal, quedó establecida la designación del juez electoral, con lo cual la competencia dejará de estar en manos de la jueza federal María Servini para pasar a la órbita porteña.
La jueza Adriana Tettamanti advirtió “vicios en el trámite de aprobación de la ley” que eliminó las PASO y reinstaló las internas partidarias.
La Justicia de San Juan hizo lugar a la medida cautelar presentada por los diputados provinciales Graciela Seva, Juan Carlos y Leonardo Gioja y declaró inconstitucional la ley por la cual se dejaba sin efecto las elecciones PASO a nivel provincial.
Se trata de la jueza en lo Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, que declaró la inconstitucionalidad de la reforma del Código Electoral que impulsó la gestión del gobernador Sergio Uñac, el cual eliminó las PASO y reinstaló las internas partidarias para la elección de candidatos.
En las fundamentaciones de su sentencia, la jueza consideró que hubo “vicios en el trámite de aprobación de la ley”, que se verificaron “en los defectos de forma en el procedimiento de formación y sanción de la norma”.
Conocido el fallo, el propio José Luis Gioja se comunicó con los principales referentes de su espacio para felicitarlos por la presentación judicial, y manifestó que “al final se hizo justicia”, y señaló que “esto demuestra que los contrapesos institucionales funcionan. No se puede hacer lo que a uno se le canta; no se pueden imponer cosas por caprichos, ni se puede violentar la voluntad popular por una imposición antojadiza”.
En este sentido, sostuvo que el fallo “nos alienta a seguir militando con todas nuestras fuerzas para hacer de San Juan esa provincia pujante que todos queremos que sea”, finalizó el tres veces gobernador de la provincia.
Diputados de Juntos por el Cambio piden modificar el uso de recursos públicos en campaña.
Diputados nacionales de Juntos por el Cambio, encabezados por Carla Carrizo, presentaron un proyecto de ley para actualizar el régimen de delitos electorales del Código Nacional Electoral vinculado al uso de recursos públicos.
Solicitaron incorporar el reparto de subsidios, transferencias discrecionales y alteraciones presupuestarias durante el proceso electoral como prohibiciones expresas. Además, se establecen sanciones a funcionarios que tengan conductas clientelares debido a la cantidad de actos que han ocurrido durante las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) y que no tienen una tipificación específica en la ley.
Quedaría prohibido durante los 25 días anteriores a las PASO y durante 30 días anteriores a la fecha fijada para las elecciones generales, el reparto de subsidios y/o transferencias no contempladas en el Presupuesto Nacional o a nuevos beneficiarios, como así también la celebración de convenios administrativos entre Nación, provincias y municipios para la ejecución de recursos públicos.
También quedarían prohibidos durante los 25 días anteriores a las elecciones primarias, actos inaugurales de obras públicas, lanzamiento o promoción de planes, proyectos o programas de alcance colectivo y todo acto de gobierno que pueda promover la captación del sufragio a favor de cualquiera de los candidatos a cargos públicos electivos nacionales, o de las agrupaciones por las que compiten. Además, la utilización de bienes propiedad del Estado para actividades de campaña electoral.
Los funcionarios públicos que autoricen la publicidad de actos de gobierno serán pasibles de inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos.
“La Ética Pública de los funcionarios de gobierno no se debe suponer se debe regular. No alcanza con las cautelares de la justicia electoral, el poder debe entender que en las elecciones no se compite haciendo trampa. Y el clientelismo estatal es un acto de profunda arbitrariedad que a 38 años de la democracia en Argentina y con el 50% de los ciudadanos con pobreza estructural no se puede permitir ni avalar”, explicó Carrizo, autora del proyecto.
Carrizo, vicepresidenta del bloque UCR remarcó: “Las cautelares de la Justicia electoral minimizan daños menores, pero no impiden transferencias enormes a las provincias que van para los gobiernos en elecciones o para la caja política, no para la ciudadanía”. Acompañaron con sus firmas los diputados de JxC Gustavo Menna, Ricardo Buryaile, Brenda Austin, Camila Crescimbeni, Alejandro Cacace, Claudia Najul, Lidia Ascárate, Ximena García, Jorge Vara, Gabriela Lena, José Riccardo, Lorena Matzen, Federico Zamarbide, Dolores Martínez, Martín Berhongaray, Julia Marcolli, Aída Ayala, Gerardo Cipollini, Juan Manuel López, Adriana Ruarte, Fabio Quetglas, Diego Mestre, Pablo Torello, Jorge Enríquez, Roxana Reyes, Soledad Carrizo, Emiliano Yacobitti, Luis Petri, Gonzalo del Cerro, Mónica Frade, Laura Castets, Sofía Brambilla y Leonor Villalba.
Uso-recursos-publicos-en-eleccionesEl fiscal federal Carlos García Escalada reclamó la sanción de Casaretto por haber violado la ley electoral. La denuncia fue presentada por el diputado del Pro Esteban Vitor en diciembre de 2019.
La Justicia Federal de Paraná encontró fundamentos para avanzar en la causa contra el diputado nacional del justicialismo Marcelo Casaretto, denunciado en diciembre de 2019 por violar la veda electoral.
Luego de que la Justicia ingresara en la parte final del proceso investigativo, en la audiencia de alegados el fiscal federal Carlos García Escalada reclamó la sanción de Casaretto por haber violado la ley electoral.
La denuncia fue presentada por el diputado del Pro Esteban Vitor en diciembre de 2019, cuando advirtió que el legislador habría violado la veda electoral realizando recorridas en ciudades, y presentando planes de viviendas durante el período de restricciones impuesto por el Código Electoral.
Al respecto, Caseratto aseguró que la causa terminará en su “absolución total”, y que, en caso de que prosperara “tendremos que presentar una denuncia contra el mismo Esteban Vitor, participante de actos de gobierno y de campaña electoral, y tendríamos que denunciar además a Mauricio Macri, Rogelio Frigerio, Luis Etchevehere, Alfredo De Angelis, Gabriela Lena y demás funcionarios o legisladores que participaron de actos de gobierno y de actos electorales. La denuncia la difunden ahora para presionar a la Justicia, en una operación mediática”.
Además, a través de un comunicado de prensa, señaló que cree que “las cuestiones políticas electorales no son materia de presentaciones judiciales, pero nos estamos acostumbrando a que los dirigentes de Cambiemos realicen denuncias ante la Justicia para resolver sus problemas políticos”.
En tanto, el abogado defensor del exfuncionario provincial, Rubén Cabrera, consideró que es “muy llamativo que hayan denunciado sin pruebas, o mejor dicho con pruebas falsas, ya que una aparente publicación y nota periodística, se indicó que era inexistente, habida cuenta que el propio titular del medio, la negó”.
