La Comisión de Economías Regionales de Diputados se reunió este jueves por la tarde para llevar a cabo su constitución y ratificó al frente de la misma al formoseño Ramiro Fernández Patri (Unión por la Patria). Se fijó los días jueves a las 10 para la actividad legislativa.

El formoseño fue propuesto por su par Bernardo Herrera (Santiago del Estero) en nombre del bloque, y lo describió como: “Licenciado en administración, con conocimientos y máster en Ciencias del Estado y posgrado de desarrollo local”. También recordó que “tiene una vasta experiencia porque ocupó numerosos cargos en su provincia de Formosa como ministro, subsecretario y en este Congreso en donde cursa su segundo mandato. Además, ya fue presidente desde el 2021 al 2023 en esta comisión. Es la persona indicada”.

Para el cargo de vicepresidente fue propuesto el libertario salteño Carlos Zapata que es “contador nacional, asociado a la industria tabacalera, fue docente universitario, concejal, diputado provincial y desde el 2021 diputado nacional”, lo calificó su compañera de bloque la cordobesa Cecilia Ibáñez y agregó: “Él está con todos nuestros intereses y proyectos sobre el sector productivo”.

Unión por la Patria reservó el nombre de la vicepresidencia segunda. En tanto, para el puesto de secretario fue propuesto el pampeano Martín Ardohain (Pro) que es el licenciado en administración y productor agropecuario. Para ocupar el lugar de secretario segundo, fue el diputado Maximiliano Ferraro el encargado de sugerir a Victoria Borrego (HCF) que “se desempeñó en varias funciones a nivel municipal en el partido de 25 de Mayo y ejerció el cargo de secretaria de Gobierno, de Hacienda y secretaria general de Economía y fue intendenta y abogada”.

Por último, el catamarqueño Francisco Monti postuló como secretario tercero en nombre de la UCR al tucumano Roberto Sánchez es “ingeniero agrónomo de su provincia, presidió la Asociación de Productores de Papa Pucara, fue legislador provincial donde impulsó varias iniciativas vinculadas al sector agroindustrial, fue dos veces intendente”.

Tras ser ungido presidente, el formoseño Fernández Patri expresó: “Es una comisión que tiene un traspasamiento en el territorio de todas las provincias desde donde hemos venido trabajado muy bien y así seguirá siendo”.

Al pedir la palabra, Zapata agradeció su designación por la “confianza” y expresó: “El desafío que se presenta y la forma de aportar a la Gobernabilidad y al destino de los argentinos está orientado a la eliminación de asimetrías y a todas aquellas trabas que impiden y obstaculizan a los productores que aportan con su esfuerzo al crecimiento del país en la generación de empleo, de divisas y de productos brutos”.

Ardohain hizo suyas las palabras del salteño y agregó: “Representamos a las economías, venimos de esas regiones, las conocemos bien y sabemos de nuestras obligaciones financieras, sanitarias y económicas y nuestros pocos derechos. Tenemos mucho por trabajar. Hay vientos de cambios en el país y esta comisión la puede representar a lo largo y ancho del país”.

A continuación, pidió la palabra la diputada Sabrina Selva (UP) quien ponderó el rol de la comisión para “marcar una agenda que es de fundamental valor para el desarrollo productivo de la Argentina. La incidencia de nuestras economías regionales tiene un valor fundamental”.

“Estamos lejos de un equilibrio y de fortalecimiento que necesitan las economías porque tenemos un Gobierno nacional que está tomando medidas que las perjudican como por ejemplo la apertura de la importación de alimentos y están alarmando de la situación porque perjudican la producción y el consumo. Espero que desde esta comisión salgan medidas que ayuden a fortalecer y a cuidar a las economías regionales, lejos de lo que el Gobierno hace hoy”, remató.

El radical Sánchez remarcó que “de norte a sur en todo el país hay economías regionales que son muy importantes para cada uno de esos sectores”, y enumeró las actividades regionales que hay en Argentina y señaló que “cuando a esas producciones les va bien, le va bien a cada pueblo que vive de la economía esa actividad que hoy no la están pasando muy bien”.

Al cierre, Fernández Patri recordó que “se venía haciendo un muy buen trabajo en los últimos dos años. Es una mesa federal y estamos representadas gran parte del país”. Así, explicó que no hay una definición concreta sobre qué es economías regionales, pero remarcó que “hay varios proyectos que están intentando darle una definición y, el que venimos trabajando y tiene mayor consenso, lo define como actividades que tiene un sector agroindustrial primario y sus industrias derivadas, pero tienen una localización específica dentro de una región o provincia, de mano de obra intensiva y predominancia de pequeños y medianos productores”.

El presidente de la comisión informó que hay 31 proyectos de ley con estado parlamentario que “tenemos para trabajar más lo que pueden ir sumando. Tenemos un gran desafío porque genera muchos dólares y es un tema que nuestra macroeconomía necesita. Hoy generan más de 1 millón de puestos de trabajo directo y está en una situación difícil con insumos o costos elevados de transporte y ventas que disminuyen. Hay que encontrar medidas para que todo esto no sea en detrimento de empleo en cada una de las regiones”, cerró.

La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al proyecto que propone la creación de un Régimen de Promoción de la Producción y/o Elaboración de Productos Orgánicos que regirá en un lapso de 10 años y prevé una serie de beneficios fiscales tales como la reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas.

La norma recibió 120 votos afirmativos, 6 negativos y 38 abstenciones, que correspondieron al Pro, la Coalición Cívica, Encuentro Federal y la izquierda, como así también a numerosos diputados del radicalismo.

El presidente de la Comisión de Economías Regionales, Ramiro Fernández Patri, autor de la iniciativa, fue el encargado de informar sobre la misma, detallando todo el camino que tuvo desde 2012 al presente. Contó cómo fue el debate en las comisiones por las que pasó el proyecto y destacó que llegaron al recinto “con un amplio consenso a un proyecto que hoy Argentina necesita y mucho”.

“Las economías regionales generan 7 mil millones de dólares en exportaciones, permiten la inclusión social por la mano de obra que generan, y sobre todo generan un valor por tonelada promedio de 1.500 dólares de exportación”, destacó. En ese contexto “se instalan las producciones orgánicas que se dan en las economías regionales de nuestro país”.

“Argentina es el segundo país en el mundo en cantidad de hectáreas de producción orgánica, luego de Australia”, contó, agregando que hay unos 2000 operadores de producción orgánica, y el 98% de todo lo que producimos lo exportamos al mundo. “Es decir que solo un 1,90% se consume en la Argentina”, reseñó, asegurando que “ahí tenemos un gran desafío”, el de lograr que nuestra población “esté dispuesta a pagar ese precio diferencial y podamos aumentar la comercialización en nuestro país”.

“Que la Argentina no tenga todavía una ley de promoción de este tipo de productos es una materia pendiente”, resumió el legislador formoseño.

Por su parte, el diputado del Pro Martín Maquieyra se quejó por las propuestas que atienden a sectores de manera individual e hizo una serie de cuestionamientos hacia la gestión económica, alertando contra el poder de lobby que existe para beneficiar determinadas actividades. “Cada sector de la economía viene a ver qué puede sacar”, ejemplificó.

Respecto al proyecto puesto en debate, alertó sobre la situación de la agroindustria en general: “El único sector que no pide subsidios y solo pide que lo dejen trabajar. Se ha comprobado que cuando al campo le sacan el pie de la cabeza produce, emplea y genera divisas. Por eso necesitamos darle previsibilidad a todos los sectores de la Argentina, pero darles previsibilidad”.

En el mismo sentido se pronunció luego su par de Evolución Radical Gabriela Brouwer de Koning, que cuestionó darles beneficios impositivos a ciertos sectores porque eso “genera una confusión y un desorden en las cuentas públicas”. Con todo, rescató el consenso alcanzado para ese proyecto, por lo que reconoció que “es una buena manera de generar inversiones y fomentar que estas actividades sigan desarrollándose en nuestro país”.

En cambio desde la Coalición Cívica Juan Manuel López esgrimió que por esos argumentos no podían acompañar ese proyecto. Al anticipar la abstención, dijo que no estaban de acuerdo con “no dar nuevos beneficios hasta que no revisemos todo”.

Similares argumentos dio el neuquino Pablo Cervi, aunque en su caso y como productor hizo la salvedad para el sector orgánico, que “al no poder usar productos de síntesis tiene un mayor componente de mano de obra”. Así las cosas y pese a plantear sus disidencias en un dictamen suscripto con Brouwer de Koning, dijo entender que “es un sector que habría que apuntalar”.

Cerró el debate la oficialista Anahí Costa, que con ironía dijo alegrarse de que quienes la habían antecedido en el uso de la palabra estuvieran preocupados por las PyMEs, pero les recordó que 25.000  de las mismas se habían cerrado durante la gestión anterior. “La actividad orgánica es una actividad sustentable, porque cuidamos el recurso humano, el recurso natural y el recurso económico”, destacó.

Los puntos principales

Según el articulado del proyecto, podrán acogerse al régimen de promoción establecido en el artículo 1º los productores y/o elaboradores de productos que acrediten al menos un (1) año de permanencia a contar desde el inicio del seguimiento, encontrándose en cumplimiento de la norma de producción orgánica vigente.

Los sujetos interesados en acogerse a los beneficios establecidos podrán ser personas humanas domiciliadas en la República Argentina, y las personas jurídicas constituidas en ella, o que se encuentren habilitadas para actuar dentro de su territorio con ajuste a sus leyes, debidamente inscriptas ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Los sujetos alcanzados por esta ley no podrán exceder los montos máximos de facturación para la totalidad de sus actividades establecidas.

Además, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) tendrá la facultad de crear un certificado promocional a los efectos de la operatividad del presente régimen.

También plantea que los beneficiarios del régimen de la presente ley podrán convertir en un bono de crédito fiscal intransferible el 50% de la totalidad de las contribuciones patronales que hayan efectivamente abonado a partir de su incorporación al registro previsto en el artículo 10, sobre la nómina salarial de mano de obra empleada en la producción y/o elaboración de productos orgánicos con destino a los sistemas y subsistemas de seguridad social.

En ese sentido, establece que los beneficiarios podrán utilizar dichos bonos para la cancelación de tributos nacionales, y sus anticipos, como así también los tributos aduaneros, excluido el impuesto a las ganancias. En tanto aclara que el bono no podrá utilizarse para cancelar deudas anteriores a la efectiva incorporación del beneficiario al régimen.

Además, los beneficiarios tendrán una reducción del 50% en el monto total del impuesto a las ganancias determinado en cada ejercicio respecto de las actividades productivas y/o de elaboración abarcadas por esta ley. Este beneficio se tornará operativo para los ejercicios fiscales que se inicien con posterioridad a la fecha a partir de la cual comienza a ser sujeto de beneficios.

En lo que respecta al Fondo de Promoción del Producto Orgánico, el encargado de efectuar modificaciones presupuestarias será el jefe de Gabinete asignando para el primer año la suma equivalente a doce mil quinientos módulos que ascienden actualmente a $100.000.000. En tanto el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, tendrá a cargo la administración del Fondo.