Este lunes el Gobierno nacional oficializó este lunes la intervención de los medios de comunicación públicos por el plazo de un año a través de la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 117/2024. En efecto, se dispuso la intervención de Radio y Televisión Argentina (RTA) y Contenidos Públicos, la agencia de noticias Télam, y el portal Educ.Ar, lo que se suma a la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Al respecto, el interbloque de senadores de Unión por la Patria emitió un comunicado repudiando dicha medida señalando que “esta decisión, expresa un ataque a las potestades del Congreso nacional, a las diversas fuerzas políticas que integran las cámaras y pretende acallar las voces disidentes de la democracia por parte de la casta mediática empresarial”.

Además, indicaron que “esta intervención se produce en el mismo momento en que la Cámara de Diputados tiene en tratamiento la llamada ‘ley ómnibus’, que contempla precisamente un apartado referido a eventuales privatizaciones de empresas públicas entre las que se encuentran los medios del Estado”, y agregaron: “Ello implica una nueva muestra del desprecio que tiene el presidente Milei respecto del trabajo parlamentario”.

Em tanto, enfatizaron que la intervención en los medios públicos “se suma a un cercenamiento integral de la libertad de expresión manifestada en la desregulación de las comunicaciones que prevé el DNU 70/23, junto con el cierre de la Defensoría del Público y la desaparición del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, que financia medios de comunicación sin fines de lucro, que propone también el texto de la ley ómnibus”.

Desde el interbloque denunciaron que la decisión del gobierno de intervenir los medios públicos “está dirigida a generar eventuales privatizaciones destinadas a favorecer a poderosos grupos económicos o producir el cierre de algunas de las empresas que constituyen el entramado mediático del Estado”, y agregaron que “busca dejar sin medios públicos al país y arrasar así con la pluralidad de voces, la federalización de la información y la soberanía informativa, a la vez que intenta atacar, de esa forma, el derecho a la información de la población”.

A su vez, plantearon que así “se pretende centralizar y concentrar aún más la producción y la circulación de la información diaria en todo el territorio nacional. Además, de querer instalar un discurso único en beneficio de los grandes grupos económicos y especulativos, en desmedro de los intereses de las grandes mayorías nacionales”.

“Los medios públicos son aquellos que llegan a los pueblos más recónditos del país con un discurso plural”, destacaron.