“Rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones”, indicó el tablero del recinto del Senado en la votación del mega DNU 70/23 de desregulación de la economía en la sesión de este jueves, lo que significa un duro golpe para el oficialismo y una victoria para un sector de la oposición, que reclamaba hace tiempo debatir la cuestión. A pesar del rechazo, la suerte final del decreto de Javier Milei recaerá ahora en la Cámara de Diputados, ya que el DNU sigue vigente de acuerdo a lo que establece la Ley 26.122 sobre que ambas cámaras deben rechazarlo para que quede anulado.

A la hora de la votación, La Libertad Avanza, que tuvo la única baja de Bartolomé Abdala por el fallecimiento de su esposa, contó con el respaldo del Pro, la mayoría de los radicales y tres senadores de bloques federales.

En tanto, a los 33 integrantes de Unión por la Patria que, de ante mano rechazaban el texto, se sumaron los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco; 2 de Unidad Federal, Edgardo Kueider y Carlos “Camau” Espínola; 2 de los santacruceños, José María Carambia y Natalia Gadano; la neuquina Lucila Crexell; la rionegrina Mónica Silva; y la chubutense Edith Terenzi. Las abstenciones fueron de Maximiliano Abad, Carlos Arce, Sonia Rojas Decut y la cordobesa Alejandra Vigo.

El tratamiento del DNU fue el plato fuerte de la jornada, que quedó para tratar en último lugar. En la previa, la vicepresidenta Victoria Villarruel intentó sin éxito postergar por 15 días el tratamiento del decreto. En reunión de Labor Parlamentaria, la presidenta del Cuerpo no sólo encontró la negativa de Unión por la Patria sino de otros bloques de la oposición. Mismo pedido realizó el jefe del bloque libertario, Ezequiel Atauche, durante la sesión, pero la moción resultó negativa.

Se da por descontado que el rechazo del Senado no caerá nada bien en Casa Rosada, desde donde este miércoles por la noche activaron llamados a gobernadores para intentar persuadirlos en convencer a senadores que les responden de no votar en contra. Las negociaciones contrarreloj que continuaron durante el día de hoy no dieron fruto. Desde el oficialismo argumentaban que, en el marco del camino hacia el “Pacto del 25 de Mayo” propuesto por Milei, no era conveniente rechazar el DNU.

El enojo del Ejecutivo ya dejó verse antes de la sesión, cuando este miércoles, mientras se desarrollaba la reunión de Labor Parlamentaria, la Oficina de Prensa del presidente lanzó un duro comunicado contra Villarruel, quien no disimuló su malestar ante los senadores presentes.

Durante febrero, Unión por la Patria había solicitado una sesión para tratar el DNU en tres ocasiones. A ninguna de ellas accedió la vice, más allá de lo que establecen los artículos 19 y 20 del reglamento. Más tarde, cerca del 1ro. de marzo, se sumó una solicitud de bloques federales, a los que se acopló un radical.

Desde el entorno de Villarruel consideraban que, iniciado el período ordinario, la presidenta del Senado ya no tenía margen para no incluir el debate del decreto dentro del recinto, sobre todo también porque esa situación inconclusa le trabaría el resto de los temas. Este jueves, senadores opositores le reconocieron a la presidenta del Cuerpo haber mantenido la sesión en pie a pesar de las presiones.

El mega DNU

El Poder Legislativo tiene como atribución el análisis de los decretos del Poder Ejecutivo y, particularmente sobre los DNU, evaluar si cumple con los requisitos de “necesidad y urgencia”, al tiempo de determinar su validez o invalidez en torno a la constitucionalidad o no del mismo. Es decir, no se aprueba o rechaza por las medidas allí contenidas, sino por las formas. Algo que es lo más cuestionado del 70/23, el cual no tiene antecedentes por su magnitud y a través del cual se derogaron más de 30 leyes y se modificaron unas 300. De 1994 hasta la actualidad, ningún DNU fue declarado inválido por el Congreso.

El mega de Milei, que significó el primer paquete de medidas del Gobierno, dictado el 21 de diciembre pasado, estableció la derogación de la Ley de Alquileres, la derogación de la Ley de Góndolas y la Ley de Abastecimiento, la liberación de los precios de las prepagas, el cobro de intereses punitorios sin regulación ni topes para las tarjetas de crédito, la habilitación de privatizaciones y modificaciones en la Ley de Medios y la Ley Argentina Satelital, entre muchísimos otros puntos.

A partir de distintas cautelares presentadas, la Justicia suspendió el capítulo de la reforma laboral, los cambios en la Ley del Instituto Nacional de la Yerba Mate, y la posibilidad de que los clubes de fútbol -si así lo quisieran- se transformen en sociedades anónimas. La Justicia de La Plata había hecho también lugar a una cautelar contra la derogación de la Ley de Tierras, pero posteriormente un juez federal la dejó sin efecto.

Las voces a favor y en contra

En su carácter de titular de la Bicameral de Trámite Legislativo, el oficialista Juan Carlos Pagotto, recordó que la orden del día no tenía dictamen de comisión y planteó: “Este DNU 70 que tanta polvareda ha levantado viene siendo tratado en la comisión”, e hizo un paréntesis para cuestionar que la misma estuvo sin conformarse por más de cinco años”.

El riojano defendió que el decreto es la base para la reconstrucción de la economía argentina y tiene “una gran incidencia en lo que la gente quiere”. En ese sentido, solicitó la aprobación del DNU y volvió a chicanear que “nunca antes se han tratado los DNU, pero como tenemos memoria selectiva…”, y les enrostró a los titulares del bloque UP que “hay ciertos DNU que no se han tratado y también afectaban los derechos de los argentinos, muchos de los cuales tienen vigencia”.

Tal como era sabido, desde el bloque UP anticiparon el rechazo pleno. Fue la vicejefa del espacio, Anabel Fernández Sagasti la encargada de ratificar la posición argumentando que el mega DNU es “inconstitucional, no solo por arrogarse el Ejecutivo facultades del Legislativo propio del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y formal el artículo 99 inc. 3”.

“No hay ninguna necesidad y urgencia en muchos temas. Este DNU es inconstitucional, el Ejecutivo se está arrogando de facultades, es un tercio de lo que quiere hacer por DNU y si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación. Estamos dispuestos a discutir cada título y desde las provincias podemos aportar a mejorar lo que quiere impulsar”, remató Fernández Sagasti.

Con radicales divididos, el vicepresidente de la Bicameral de Trámite Legislativo Víctor Zimmerman, calificó el DNU como “atípico” y alertó que “está impactando de forma dispar en la Argentina”. Recordó que presentaron una nota solicitando la presencia de funcionarios para que expliquen el texto porque “se dicta en el marco de un conjunto de medidas económicas y sociales para ver si podemos salir de la difícil situación de la Argentina”. El chaqueño le enrostró al bloque de UP -a modo de defensa de las acusaciones de ese sector opositor de que el oficialismo, la UCR y el Pro querían dilatar el tratamiento- que presentó una nota la semana pasada solicitando que se inviten a constitucionalistas a debatir.

El radical detalló que en “la comisión hay 136 DNU pendientes de tratamiento. Estoy hablando de años, no de unos días. 14 son de la gestión de Macri, 107 de la gestión de Alberto Fernández y 15 de la gestión actual”. “No hay un DNU más importante que otro. Que puede tener mayor impacto e incidencia sí”, planteó y contó que tan solo fueron tratados 99 DNU en el Senado, pero en Diputados ninguno.

A diferencia del chaqueño, el porteño Martín Lousteau arrancó: “Voy a votar en contra del DNU porque es inconstitucional y eso es lo único que tenemos que evaluar. Lo dice todo el espectro de constitucionalistas de la Argentina”, y agregó: “Es un DNU de más de 300 artículos, que deroga más de 80 leyes y no tendríamos más nada que discutir”.

El radical comparó: “En los países donde rige el imperio de la ley cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se acaba la discusión. En los países donde no rige el imperio de la ley, cuando alguien dice ‘eso es ilegal’ se empieza a decir ‘bueno, pero en realidad lo hice con buenas intenciones, lo hizo otro antes’ es ilegal”.

“Los que se llenan la boca hablando de Estado de derecho y de instituciones y la importancia que las dos cosas tienen para el desarrollo, hoy miran para el costado y defienden algo que es inconstitucional a todas luces. Lo pueden justificar por convicción, por conveniencia, por temor porque este es un presidente de un Gobierno que amedrenta, que atemoriza, que amenaza; o también porque el fin justifica los medios”, disparó y sumó: “La conveniencia no está entre los elementos para decidir qué curso se toma si una ley o un DNU”.

Para Lousteau “los que hoy o antes avalan esta herramienta a cualquier costo están generando un monstruo”. Así, criticó que el propio DNU no dice cuál es la necesidad y urgencia en los considerandos, recordó que desde el bloque le pidieron una ley espejo en el período de extraordinarias y no lo hizo. “Queremos debatir el tema porque sabemos que el país está mal y requiere de reformas”, fundamentó y cerró: “Urgente es lo que pasa en la realidad, hay contenido que es bueno, otro es regular, malo y muy malo, desglósenlo en parte”.

Por el lado oficialista, el formoseño Francisco Paoltroni expresó: “Veo una brecha inconmensurable de los que defienden la máquina de impedir que se ha creado en los últimos 20 años, y los emprendedores, los generadores de trabajo que tienen la enorme responsabilidad de llevar una PyMEs adelante. Es tan grande la brecha que, para muchos acá, es imposible comprender la necesidad y urgencia porque atentan contra la generación de trabajo y de riqueza”, y remató: “Dejemos la hipocresía de lado”.

A diferencia de su compañera de bloque, el entrerriano Edgardo Kueider reiteró su rechazo al DNU, tal como lo había manifestado un día después de que se publicó el mismo, y compartió un posteo en redes.

DENTRO DE LA LEY TODO, FUERA DE LA LEY NADA

Todo indica que el DNU publicado por el Poder Ejecutivo es inconstitucional, y que las materias en las que avanza no están respaldadas ni por la necesidad ni por la urgencia que reclama este instrumento.

Con su decisión, el Gobierno…

— Edgardo Kueider (@EdgardoKueider) December 21, 2023

En el final de las exposiciones, el jefe de bloque radical Eduardo Vischi anunció su voto positivo porque “necesitamos unir a los argentinos y no es el momento de rechazar el DNU”. “Estamos dispuestos al cambio y queremos colaborar con el cambio. Tenemos la predisposición de colaborar”, enfatizó.

Asimismo, celebró que Victoria Villarruel haya convocado a sesionar y agregó: “Quiero resaltar su decisión porque bien podría hacer lo que se hacía siempre y no convocar”: Incluso, valoró la decisión a pesar de lo ocurrido con el presidente provisional Bartolomé Abdala.

Sin embargo, le envió un mensaje al jefe de Estado: “Si el presidente Milei pretende hacer cambios profundos necesariamente debe dialogar, escuchar y ver aportes de distintos sectores”, y amplió que “para que el cambio sea profundo debe ser consensuado”.

Finalmente, remarcó su apoyo al decreto 70/2023, pero advirtió: “Mandar un proyecto y maltratar a los legisladores, es de muy corto plazo y la paciencia también se agota”.

El jefe del bloque Unión por la Patria, José Mayans, lanzó munición gruesa contra el presidente de la Nación a quien le exigió que “tiene que respetar la Constitución, tiene que respetar la división de poderes”, porque “nosotros no somos empleados de él, estamos electos por el pueblo”. Por otro lado, se solidarizó con Villarruel por las críticas que recibió de Milei por habilitar la sesión.

Antes de la votación y con la seguridad de que el resultado sería esquivo para el oficialismo, el jefe de bloque libertario, Ezequiel Atauche, cargó contra el kirchnerismo e ironizó que “quiero felicitar a la oposición porque de golpe se han convertido en constitucionalistas”.

“Escuchamos incoherencias que denotan una intencionalidad que no me cierra”, siguió el jujeño y recordó el pedido de prórroga de 15 días para “darle tiempo al Gobierno”. Al profundizar sus críticas contra Unión por la Patria, sostuvo que “cuando no gobiernan, no quieren dejar gobernar”. “Les duele porque estamos haciendo las cosas y desde que está vigente este DNU, detuvimos la hiperinflación y acumulamos 10 mil millones de dólares de reservas. Detuvimos a un tren que se chocaba contra una pared”, enfatizó. Para cerrar, Atauche afirmó que “hoy los argentinos si la ven”, y cerró: “Estamos haciendo las cosas bien a pesar de que a muchos les duela y nosotros no estamos preocupados por cargos y privilegios”.

Un grupo de senadores patagónicos del bloque Unión por la Patria solicitaron el acompañamiento de sus pares de la región para rechazar el DNU en la sesión que pidieron para el 1ro de febrero y señalaron que “las medidas afectan particularmente” a sus provincias.

A través de un comunicado, manifestaron: “Luego de haberse agotado el plazo legal del proceso administrativo y jurídico en el parlamento, desde el interbloque de Unión por la Patria solicitamos una sesión especial para el 1° de febrero para dar tratamiento al DNU impuesto por el gobierno nacional”. En este marco, instaron a sus pares de otros partidos y espacios políticos de la región a que “nos acompañen en el rechazo al decreto que viola la Constitución, el Estado de Derecho y el sistema republicano de gobierno”.

“Como venimos sosteniendo desde su publicación, el DNU afecta particularmente a nuestras provincias con medidas como: la desregulación del turismo con las consecuentes pérdidas de fuentes de trabajo; la desregulación del sector minero, que dejaría en manos privadas la explotación de los recursos estratégicos de nuestro suelo; la derogación de la Ley de Tierras, dando potestad a los extranjeros para adquirir territorio patagónico sin límite; la reforma de la Ley de Bosques Nativos, Ley de Glaciares y la Ley Manejo del Fuego, con las que se ponen en peligro el ambiente, nuestros recursos y reservas naturales, y la soberanía del país”, detallaron.

También mencionaron “la derogación de la Ley de Promoción Industrial, afectan directamente a la provincia de Tierra del Fuego AIAS con la apertura indiscriminada de importaciones; y las modificaciones en la Ley de Hidrocarburos, que delegan en las petroleras decisiones estratégicas vinculadas a la producción, abastecimiento, exportación y márgenes de ganancia de las empresas privadas”.

Y siguieron: “La privatización de empresas estatales como la minera YCRT, que pondría en crisis toda la cuenca carbonífera de Río Turbio y afectaría la generación de energía para la nación; el Banco Nación, la banca con la mayor presencia federal con 790 sucursales; y Aerolíneas Argentinas, que impacta en la compleja interconectividad de la Patagonia y afecta el turismo, además de poner en riesgo incontables fuentes laborales”.

“Todas estas estas medidas tienen vigencia mientas no se rechace el DNU, en un marco general en el que se están afectando los recursos coparticipables de las provincias, en el que la delegación de facultades al Ejecutivo podría afectar las jubilaciones patagónicas dejando sin efecto el 40% de la zona austral, el freno a la obra pública, la derogación de la ley de alquileres, el desguace de la cultura y la educación pública, y la mercantilización del sistema de salud”, alertaron.

Por eso y “honrando y haciendo respetar la responsabilidad que tenemos ante el pueblo del sur de la Argentina profunda y las instituciones democráticas que están siendo atropelladas por el Poder Ejecutivo, es que esperamos contar con el rechazo unánime al inconstitucional decreto”.

El proyecto que presentó el senador oficialista Oscar Parrilli para retornar al programa “Fútbol para Todos” el cual propone que las transmisiones de partidos de fútbol sean de acceso libre y gratuito, despertó una ola de críticas de la oposición que se expresaron a través de las redes sociales.

“No le falten el respeto a la gente. La inflación supera el 50%, 6 de cada 10 niños está en situación de pobreza, la inseguridad está descontrolada y en este contexto Fútbol Para Todos…no hay plan, no hay rumbo”, cuestionó el presidente del bloque de Senadores UCR Luis Naidenoff.

En el mismo sentido se pronunció la diputada del Pro Graciela Ocaña quien escribió: “Este verso ya lo conocimos y al Estado le costó más de 10 mil millones de pesos. No solo porque los que pusieron la publicidad fue el Gobierno Nacional para hacer la más formidable campaña de propaganda política en el país, sino, por sobreprecios que se pagaron en este programa”.

“Hay que recordar que están procesados entre otros el actual ministro Aníbal Fernández, el gobernador (Jorge) Capitanich, Abal Medina y otros funcionarios que tuvieron a su cargo en Fútbol para Todos”, recordó la legisladora y siguió: “Vuelven con él mismo verso… ¿quién va a pagar las indemnizaciones por el dinero que la AFA ya cobró por los partidos que vendió al 2027 y al 2030?”.

Por consiguiente, señaló: “¿Será el Estado Nacional? Uno que tiene 50% de su población bajo la línea de pobreza, agobiada por los impuestos, con más del 50% de inflación”, y cerró: “¿En serio el Estado Nacional se está ocupando de esto y no de resolver el problema de la pobreza, inseguridad, desempleo e impulsar al sector productivo? Vuelven con lo mismo, el kirchnerismo no se agota, siempre vuelve, PEOR”.

Por su parte, el legislador Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) tildó de “populismo barato” el proyecto y precisó que “el país necesita bajar el gasto público, bajar impuestos y alentar la inversión privada. Pero los K vuelven con sus viejas recetas. Basta de circo. Estamos en una situación muy delicada, pónganse a gestionar para resolver los problemas de los argentinos”. Aunque, su par Gerardo Milman (Pro) le aclaró: “Populismo caro”.

A su vez, el referente del Pro Hernán Lombardi criticó: “El populismo no marca prioridades. Actúan como si los recursos fueran infinitos. Empeoran en cada nueva versión. Pero no engañan más a nadie. Dijimos Basta!! El kirchnerismo impulsa la vuelta de Fútbol para Todos”.

“El dólar a $ 214.- y la inflación por las nubes, ¿la solución que propone el kirchnerismo? Destinar fondos públicos para que regrese el Fútbol para Todos”, cuestionó la diputada radical Gabriela Lena.

En suma, el senador cordobés Luis Juez sostuvo que “es una vergüenza y un adoctrinamiento”, y precisó que “En Córdoba estamos sin luz y sin agua, y para el Estado es importante que la gente pueda acceder al partido de River y Boca”.

También desde el bloque liberal se manifestaron en contra y José Luis Espert (Avanza Libertad) quien lo hizo: “Esta gente fuma de la mala. Hay que bajar el gasto público, mínimo 10% del PBI (para eliminar el déficit y bajar impuestos), pero ellos pretenden aumentarlo para que la gente vea fútbol “gratis”, e indicó: “Parrilli dice que no tiene costo para el Estado (para la gente de laburo que paga impuestos), que es solo poner en práctica el Art 77 de la Ley de Medios. Bueno, el Art 77 NO dice en ningún lado que NO haya costo para el Estado. Inventate otra Parrilli”.

Luego de la última sesión del año de la Cámara de Senadores con la nueva composición del cuerpo en donde se aprobó con 37 votos a favor y 1 en contra el proyecto de Bienes Personales, desde el bloque de Juntos por el Cambio -que se ausentó- denunciaron que no se llegó al quórum necesario para dar inicio a la sesión y que “el oficialismo incurrió a un atropello a las instituciones”.

Tras la entonación del himno nacional, ingresó al recinto el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, el mendocino Alfredo Cornejo, quien anunció la decisión de ese espacio de rechazar la sesión por considerar que el quórum no se había alcanzado en los tiempos reglamentarios basándose en el artículo 15 el cual explica que, si 30 minutos después de convocada la sesión no se alcanza el quórum, la misma debe ser levantada “de inmediato”. Motivo por el cual, desde la oposición la consideraron “nula”.

Sin embargo, eso no fue poco porque desde el espacio de JxC emitieron un comunicado minutos después de finalizada la sesión del Senado en el que ratificaron su postura: “En la sesión del día de hoy en la Cámara de Senadores, el oficialismo incurrió nuevamente en un atropello a las instituciones desconociendo las disposiciones establecidas en nuestro reglamento”.

Tal como explicó Cornejo, el texto explaya: “En el artículo 15 del mismo establece que a la hora fijada, el presidente llamará a sesión y si treinta minutos después no se ha logrado el quórum en el recinto, esta se levantará de inmediato”, y sigue: “De acuerdo al DPP-53-2021 la sesión del día de la fecha fue citada a las 15hs, sin embargo, hasta las 15.36hs, seis minutos después del limite dispuesto por el reglamento, sólo se habían identificado 33 senadores, no llegando a cumplir con los 37 requeridos”.

“En definitiva, no se alcanzó el quórum en los términos establecidos por el Reglamento de la Cámara. Sin embargo, y a pesar de ser claramente violatorio de las disposiciones reglamentarias de nuestra Cámara, la presidenta del Senado de la Nación dispuso el inicio de la sesión”, denuncian.

Por último, reiteran: “Ante lo sucedido, desde el interbloque de Juntos por el Cambio queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo a los manejos de la presidencia y sostenemos que estamos ante una sesión inválida debido al explicito incumplimiento a la letra del reglamento”.

“Enérgico Rechazo”. Así dice el dictamen que consensuaron los bloques parlamentarios del Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado de la Nación luego de realizar una reunión de Comisión de Relaciones Exteriores que preside el senador puntano Adolfo Rodríguez Saá.

La declaración se consensuó entre proyectos presentados por los senadores Rodríguez Saá (FdT), Pablo Blanco (JxC), María Eugenia Duré (FdT) y Julio Cobos (JxC).

La intención es que se apruebe en la próxima sesión del Senado, que todavía no tiene fecha porque están próximas las elecciones PASO del 12 de septiembre.

PROYECTO DE DECLARACIÓN

El Senado de la Nación

DECLARA

Su más firme respaldo al trabajo realizado por el Estado Argentino a través de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental (COPLA), el cual se ajusta al Tratado de Paz y Amistad de 1984 y que fuera reflejado en la Ley Nacional 27.557, aprobada por unanimidad en ambas Cámaras del Congreso de la Nación el 4 de agosto de 2020 y promulgada por el Poder ejecutivo el 24 de agosto del mismo año.

Su más enérgico rechazo a la pretensión del Gobierno de la República de Chile de extender su plataforma continental al Este del Meridiano 67° 16’ 0, violando el Tratado de Paz y Amistad celebrado con Argentina en el año 1984 y desconociendo la demarcación del límite exterior de la plataforma continental aprobada por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en conformidad con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) de acuerdo a la presentación realizada por nuestro país en el año 2009.

Su rechazo por el intento de apropiación por parte de Chile de una extensa área de los fondos marinos y oceánicos, espacio que forma parte del Patrimonio Común de la Humanidad de conformidad con la CONVEMAR y del Tratado de Paz y Amistad.

Su adhesión a lo expresado por la Cancillería Argentina en respuesta a la pretensión del Gobierno de Chile en cuanto a que la misma no es aceptable para la República Argentina y plantea una situación que corresponderá resolver a través del diálogo en defensa de los derechos argentinos, de acuerdo a la hermandad de nuestros pueblos y el derecho internacional.