Se trata de un programa de viviendas destinado a trabajadores de establecimientos viñateros, contratistas y pequeños y medianos productores vitivinícolas, frutihortícolas y olivícolas.
En la actualidad se observa que las líneas de crédito y planes de acceso a la vivienda se orientan hacia soluciones habitacionales en zonas urbanas o periurbanas, seguramente atendiendo a la mayor concentración de población en las mismas; pero se hace necesario contar con una herramienta legal que pueda complementar y ampliar en las provincias el actual Programa Nacional de Titulación y Arraigo Rural, que justamente apunta a solucionar los problemas vinculados a la tenencia de la tierra que afecta a un importante número de productores, dificultando su fortalecimiento y desarrollo productivo.
Recientemente, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, y el de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, firmaron un convenio en el marco de la Ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar para el mejoramiento del hábitat, el acceso al agua y el acceso a la vivienda para las familias productoras. Por ello, el diputado nacional por Mendoza Adolfo Bermejo (FdT) expresó que “estas acciones del Ejecutivo tienen que ser acompañadas por un marco legal desde el Congreso de la Nación que amplíe el acceso a la vivienda de las familias trabajadoras de nuestras economías regionales en todo el país”.
En relación con su propuesta, Bermejo resaltó: “Este proyecto se enmarca en el Procrear que es realizado y gestionado por la Presidencia de la Nación, en acción conjunta con ANSeS, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y el Banco Hipotecario, que es ente fiduciario, y se financia a partir de ingresos generados por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS); y en este caso va a ir derecho a los municipios”.
Una de las especificidades de la zona rural a la que hace referencia el proyecto de Adolfo Bermejo es la figura del ‘contratista de viñas y frutales’, que en la mayoría de los casos no es una persona individual sino una familia que trabaja personalmente en el cuidado y cultivo de dichas especies, percibiendo como contraprestación una retribución en dinero y que a veces incluye el derecho al uso de una vivienda que, lamentablemente, no siempre presenta las condiciones de habitabilidad mínimas para considerarse vivienda digna.
Se busca solucionar el drenaje poblacional, que se configura sobre todo en los más jóvenes hacia zonas urbanas y trae aparejado varias consecuencias negativas, una es a nivel personal y humano, ya que los jóvenes sufren un desarraigo forzado por no tener en su lugar de origen las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida en igualdad de oportunidades que otros. Recordemos que en las tareas de bodega pasa lo mismo, al encontrarse las mismas también en las zonas rurales cercanas a los cultivos.
Concluye Adolfo Bermejo que “estos impactos hacen que las economías regionales se vayan afectando, modificándose y uniformándose en las economías urbanas, perdiéndose de esta forma no solo las tradiciones, el lugar de origen, las costumbres, sino también miles de fuentes de trabajo, complicando a los pequeños y medianos productores, que además también sus hijos e hijas sufren ese desarraigo forzoso hacia las zonas urbanas poniendo en riesgo la empresa familiar de viñas y bodegas”.
La Cámara baja aprobó el proyecto que baja a los 57 años la edad para jubilarse para los trabajadores del sector, en tanto que hizo lo mismo con otra iniciativa referida a las mensualidades que cobran los contratistas.
La Cámara baja sancionó el proyecto de ley que establece la jubilación anticipada para trabajadores viñateros, tras una votación que resultó con 173 votos afirmativos y 23 abstenciones. El texto iba a volver al Senado, porque había recibido cambios, pero finalmente se informó que el Poder Ejecutivo avaló la redacción de la Cámara alta y, por eso, se convirtió en ley.
La iniciativa impactará sobre un universo de 38 mil personas que viven de esta actividad, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza. Además de esta provincia, resultarán beneficiadas San Luis, San Juan y Salta.
El texto había sido votado en la Cámara alta el 5 de noviembre del año pasado, impulsado por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), junto a otra iniciativa referida a las mensualidades que perciben los trabajadores, que sí recibió sanción definitiva durante la sesión.
Miembro informante fue la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), quien destacó que el régimen especial para los trabajadores del sector se justifica en las condiciones en que desarrollan sus actividades, a lo que debe sumarse las condiciones climáticas muchas veces extremas que deben soportar. Todo eso provocan generalmente secuelas graves tanto físicas, como psíquicas.
“Estaríamos beneficiando a alrededor de 40 mil trabajadores y trabajadoras de todo el país”, destacó la diputada del Frente de Todos.
En cuanto al proyecto referido a los contratistas del sector vitivinícola, el mismo fue aprobado y convertido en ley por 193 votos afirmativos. Siley destacó que se trata de una ley sui generis, ya que son trabajadores y trabajadoras contratistas, que tienen una relación de dependencia, “pero a la vez son autónomos o socios del empleador”. De este mismo modo los ha considerado el Estatuto. El proyecto busca reconocerles el derecho a tener doce remuneraciones, puntualizó la legisladora de origen sindical.
“Creo que una vez más el Congreso de la Nación está diciendo que allí donde hay un trabajador, una trabajadora, deberá haber derechos laborales, deberá haber protección contra el despido arbitrario, y deberá haber un salario y una remuneración justas”, concluyó la diputada.
Mendocina, la diputada Marisa Uceda (Frente de Todos) consideró que el proyecto que otorga un beneficio previsional a los viñateros es “fundamental” para su provincia y afirmó que “llega en un momento muy oportuno el reconocimiento de derechos a trabajadores y trabajadoras, en épocas de añoranzas flexibilizadoras, estar hoy ampliando derechos es toda una señal”.
A su turno, el sanjuanino Walberto Allende (Frente de Todos) destacó que la vitivinicultura genera más de 150 mil puestos de trabajo directos y más de 280 mil indirectos. “Esto demuestra que es una actividad sumamente importante”, remarcó quien confesó haber desarrollado la actividad, pidiendo acompañar ese proyecto para “traer justicia (algo) que se viene solicitando hace más de 20 años”.
El diputado de Juntos por el Cambio Alejandro Cacace (UCR) anticipó el apoyo de su espacio a la iniciativa, cosa que consideró una reparación para una omisión producida al establecer el régimen diferencial hace una década. “El acompañamiento a este proyecto es un acto de equidad”, dijo, recordando que en comisión puntualizaron una diferencia de carácter general, por cuanto consideraban que debía haber habido una propuesta por parte del Ejecutivo de consideración de los regímenes diferenciales en su conjunto, y la misma no se formuló. “Nos debemos esa discusión mucho más profunda, que no abone a una fragmentación del sistema previsional, sino que por el contrario logre su consolidación”, apuntó.
El legislador puntano agregó que plantearon su disidencia porque al momento del tratamiento en comisión no tenían ningún informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre el impacto fiscal de ese régimen previsional. “Como pasa con otras leyes, tomamos decisiones sin contar con información de lo que representa al Estado financieramente”, señaló, aunque aclaró que a partir de esa observación llegó ese informe de la OPC, que destaca la importancia de esa actividad para nuestro país.
Con todo, ese régimen tiene un impacto fiscal, reconoció el informe, aunque aclaró que no termina de ser concluyente el mismo, “pero sí es fundamental para el análisis”.
En su intervención, el mendocino José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) destacó que “la matriz productiva de mi provincia es esta matriz que nos hizo conocidos en la Argentina y en el mundo entero; por algo somos orgullosos de decir los vinos que tenemos. Cuando este proyecto de ley reconoce estos derechos de los trabajadores de viñas, está reconociendo, en línea con el norte que tenemos que seguir, y es que en una provincia como la nuestra lo que hay que hacer es mejorar la matriz productiva agrícola. Y no cambiarla por esa otra matriz extractiva”.
Sobre el final del debate, el radical Luis Pastori (UCR) marcó diferencias con el resto de sus pares al advertir un problema constitucional para el tratamiento del proyecto previsional. Explicó en ese sentido que el proyecto no debía venir desde el Senado, sino que debió haber sido Diputados la Cámara iniciadora. Sucede que el proyecto incluye un aumento de la contribución patronal en dos puntos por sobre el régimen común. “En consecuencia, al contener una norma de tipo tributaria, algo que le está vedado al Senado como Cámara iniciadora, está invadiendo competencia propia de esta Cámara”, señaló el misionero.
“Si no dijéramos esto, estaríamos aceptando que el Senado está invadiendo nuestra competencia exclusiva. No podemos aceptar como Cámara revisora estar tratando este proyecto que contiene una norma en materia tributaria que por el artículo 52 de la Constitución exclusivamente corresponde a la Cámara de Diputados. Por ese motivo voy a pedir permiso para abstenerme”, concluyó el legislador.
Cerró el debate el diputado sanjuanino José Luis Gioja (Frente de Todos), quien destacó la “ampliación de derechos” que marcó toda la jornada legislativa, y destacó entonces que “hoy se viene a escribir una página más en la historia de la justicia social argentina, y del peronismo también”.
”El reconocimiento a los trabajadores siempre molesta, sobre todo a patrones. Que los trabajadores tengan más derechos es la única forma de alcanzar equidad y la justicia social”, enfatizó el vicepresidente segundo de la Cámara baja.
El proyecto votado en primer lugar establece un régimen previsional especial para los trabajadores y las trabajadoras vitícolas y los y las contratistas de viñas y frutales.
La iniciativa establece que “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes”.
Cuando hubieren desempeñado este tipo de tareas, y alternadamente otras de cualquier naturaleza, “a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”, estipula el texto.
Y agrega que “la contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la ley será la que rija en el régimen común -Sistema Integrado Previsional Argentino-, incrementada en dos puntos porcentuales (2%)”.
Por otra parte, el otro proyecto que se convirtió en ley es el que modifica el Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, de modo de establecer cambios en las mensualidades que se contemplan.
Así, el nuevo inciso b del artículo 12 de dicha norma, establecerá que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje aun cuando no se complete el primer año de trabajo” y “ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. A tales efectos, por mensualidades se divide el monto total por 12 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato; y por concepto de porcentaje de cosecha se divide por 10 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato”.
En lo que respecta a la remuneración mínima, se señala que ésta se debe abonar distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figuraba en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.
La Cámara baja tratará en la sesión del próximo martes dos proyectos vinculados a la actividad vitivinícola. Uno se convertirá en ley, pero el otro deberá volver al Senado para su aprobación definitiva.
Dos proyectos vinculados a los trabajadores de viñas serán tratados el próximo martes en la sesión prevista en la Cámara de Diputados. Mientras una se convertirá en ley, la otra iniciativa deberá ser girada nuevamente al Senado para su aprobación definitiva, dado que en comisiones recibió una serie de modificaciones en su redacción.
Tras recibir el apoyo del Frente de Todos, bloques aliados y un sector de Juntos por el Cambio en la Comisión de Presupuesto y Hacienda -también fue analizado en Previsión y Seguridad Social y Legislación del Trabajo-, el proyecto que establece un régimen previsional diferencial para los trabajadores y las trabajadoras vitícolas y los y las contratistas de viñas y frutales -que desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro- deberá volver a la Cámara alta.
Esta iniciativa, que tiene como autora a la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT), propone que estos trabajadores “tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de 57 años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten 25 años de servicios con aportes”.
Cuando hubieren desempeñado este tipo de tareas, y alternadamente otras de cualquier naturaleza, “a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”, estipula el texto.
Y agrega que “la contribución patronal respecto de las tareas a que se refiere la ley será la que rija en el régimen común -Sistema Integrado Previsional Argentino-, incrementada en dos puntos porcentuales (2%)”.
Por otra parte, sí se espera que se convierta en ley otro proyecto -también de Fernández Sagasti- que modifica el Estatuto del Trabajador Contratista de Viñas y Frutales, de modo de establecer cambios en las mensualidades que se contemplan.
Así, el nuevo inciso b del artículo 12 de dicha norma, establecerá que “en los casos en que la rescisión del contrato de viñas y frutales se produzca sin causa justificada y antes del vencimiento del año agrícola, el contratista debe percibir la indemnización por antigüedad y la parte proporcional del porcentaje aun cuando no se complete el primer año de trabajo” y “ambos conceptos se deben computar teniendo en cuenta el tiempo transcurrido. A tales efectos, por mensualidades se divide el monto total por 12 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato; y por concepto de porcentaje de cosecha se divide por 10 meses y luego, se multiplica esta cifra por el número de meses en que se haya mantenido la vigencia del contrato”.
En lo que respecta a la remuneración mínima, se señala que ésta se debe abonar distribuida en 12 mensualidades iguales y consecutivas -y no en 10, como figura en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.
El gobernador de San Juan cuestionó a los opositores por “negarse a debatir una ley que amplía derechos para los trabajadores”.
El gobernador de San Juan, Sergio Uñac, se sumó a las críticas a Juntos por el Cambio por no dar quórum en la sesión convocada por el oficialismo para tratar proyectos de ley en favor de los trabajadores viñateros.
“El martes se debatía en el Congreso una ley que tenía que ver con la historia, la tradición, nuestra cultura, industria, identidad y nuestra idiosincrasia: el beneficio jubilatorio para los trabajadores de la vid que alcanza a más de 3.000 familias”, señaló el mandatario provincial.
Y cuestionó que “todos los legisladores de la oposición de San Juan se negaron a debatir una ley que amplía derechos para los trabajadores de las viñas sanjuaninas”. “Por eso quiero poner en valor a nuestros candidatos que todos los días hacen, trabajan y se desvelan por esta provincia y quienes la habitan”, remarcó.
Sus críticas a los representantes de Juntos por el Cambio de San Juan, Marcelo Orrego y Eduardo Cáceres, se sumaron a las vertidas por el diputado nacional de esa provincia Francisco Guevara (FdT). “Caprichos políticos impidieron sacar esta ley en favor de los viñateros”, expresó el oficialista.
Por su parte, Marisa Uceda (FdT), diputada nacional por Mendoza, también fustigó a la oposición: “La verdad es que era una sesión importante para los trabajadores del sector vitivinícola de mi provincia y que diputados de Juntos por el Cambio no hayan dado quórum es lamentable”.
Los proyectos vinculados a la producción viñatera son dos: el primero beneficia a más de 35 mil trabajadores del sector y establece que los viñateros podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes (hoy es 65 años); mientras que el segundo modifica el esquema de cobro de mensualidades de los viñateros, quienes actualmente cobran 10 mensualidades y con la modificación pasarían a cobrar 12.
Hace décadas que los trabajadores de la vid esperan que el sistema previsional se equipare con los trabajadores rurales. La iniciativa ya tiene media sanción. La oposición apoyó con algunas disidencias este proyecto en comisión. No habría problemas en aprobarse.
Régimen previsional diferencial para los trabajadores vitícolas comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 154/91 y a los contratistas de viñas y frutales comprendidos en la ley 23.154, en tanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro.
Así se llama la media sanción que viene del Senado y que este martes Diputados intentará aprobar y convertir en ley esta iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT).
Dicho proyecto, que crea un régimen previsional especial para los trabajadores de viñas, prevé en su artículo 2 un beneficio jubilatorio, ya que “las personas indicadas en el artículo 1° de la presente tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten veinticinco (25) años de servicios con aportes”.
Con respecto al cómputo de los años de servicios, establece que cuando se hubieren desempeñado tareas relacionadas a la vitícola y alternadamente otras de cualquier naturaleza, a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.
En el caso de la contribución patronal con respecto de las tareas a que se refiere la presente ley será la que rija en el régimen común –Sistema Integrado Previsional Argentino–, incrementada en dos puntos porcentuales (2 %), a partir de la vigencia de la misma.
Al finalizar, el proyecto faculta a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo a dictar las normas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para la aplicación de la presente.
Este proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado mes de julio -orden del día N°435- en las Comisiones de Previsión y de Presupuesto de Diputados, donde la oposición firmó en disidencia parcial.
La justificación de Juntos por el Cambio para no acompañar en forma total la iniciativa es que “si bien es loable reconocer las condiciones a las que están sometidos los trabajadores vitivinícolas y equipararlos, así, al resto de los trabajadores rurales, por lo cual acompañamos este proyecto, no podemos dejar de resaltar que la discusión debería transcurrir por la evaluación y revisión integral del sistema previsional”.
Con un amplio consenso de todos los bloques políticos, la iniciativa de ley que tiene media sanción del Senado obtuvo dictamen de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. Falta el despacho de Presupuesto. Se convertiría en ley en la próxima sesión.
El proyecto de ley en revisión por el cual se crea un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas logró avanzar este lunes en Diputados al obtener dictamen de mayoría en la reunión conjunta por videoconferencia de las comisiones de Previsión y Seguridad Social y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.
El proyecto 115-S-2020, que ya tiene media sanción de la Cámara alta, fue tratado por los diputados nacionales que expresaron su voluntad de aprobar dicha iniciativa desde los distintos sectores políticos.
Sin embargo, el proyecto obtuvo dictamen con modificaciones por lo cual deberá tratarse en el recinto y volverá a la Cámara alta para su aprobación.
Luego de lograr dictamen de ambas comisiones por unanimidad, se espera que la comisión de Presupuesto y Hacienda emita despacho este martes y así el tema llegaría al recinto en la próxima sesión de Diputados.
Juntos por el Vino
Al inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación de Trabajo, Vanesa Siley, señaló que “este proyecto busca la igualdad entre los trabajadores viñateros con el régimen de seguridad social, buscando diferencial al sector, establecido ya en la Ley 26.727. Es la ley del peón rural que existe hoy en la Argentina”, argumentó.
Luego, el presidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Marcelo Casareto, sostuvo: “Lo que vamos a proponer es un texto en el cual el altículo 1 referiría a establecer un régimen previsional preferencial para los trabajadores vitícolas, en cuanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro”.
El vicepresidente de la Comisión de Previsión y Seguridad Social, Alejandro Cacace (JxC) adelantó el acompañamiento del bloque Juntos por el Cambio y remarcó que “es claramente un tema de gran importancia para las provincias productoras vitivinícolas”.
Asimismo, el vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Albor Cantar (JxC), sostuvo que “es muy oportuno tratar este tema que busca romper ciertos desequilibros en grupos de trabajadores muy similares porque los vitivinícolas sufren la falta de equidad que tenían con los trabajadores rurales”.
Por su parte, la diputada mendocina Marisa Uceda (FdT) destacó que “este proyecto es el resultado del camino de una lucha muy fuerte, cualquier mendocino y mendocina sabe que reconocer la jubilación anticipada de los trabajadores y trabajadoras de las viñas es otorgar igualdad, equidad y justicia social”.
A su turno, el legislador mendocino Federico Zamarbide (JxC) afirmó que “la actividad vitivinícola genera un arraigo fuerte en el territorio, una de las características que tiene, es que sigue siendo una tarea manual, aun con los últimos avances tecnológicos en cuanto a riego y a cosecha mecanizada por ejemplo”.
También el diputado mendocino José Luis Ramón manifestó que “estos proyectos van en el sentido correcto, porque pone el acento en aquel esfuerzo que debe hacer el Estado para mejorar la calidad de vida de un sector central para toda la economía de las Provincias donde hay vitivinicultura”.
A su turno, el diputado Alberto Asseff consideró que esta iniciativa “viene a establecer equidad y una justicia. No puede ser que un trabajador rural no esté equiparado a un trabajador de las viñas, o que estos tengan diferencias con los otros, cuando están haciendo un trabajo parecido”, aseveró.
Asimismo, el diputado mendocino Omar de Marchi (JxC) graficó a la actividad laboral de los viñeteros al señalar que “lo mejor para la uva y para el vino, es muy malo para el trabajo en la viña y hace muy complicada una actividad que en su mayoría de los casos es artesanal”.
La voz de los gremios
De la reunión conjunta también participaron el secretario gremial de Foeva (Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines), Juan Carlos Aguirre, quien señaló que “estos obreros empiezan a edad temprana a trabajar y tienen una larga vida laboral a intemperie, soportando la helada y el sol. El trabajador de viña sufre mucho y jubilarse a los 57 sería un acto de justicia porque así estaríamos igualados al resto de los trabajadores rurales”.
En tanto, María Belén Anchi Villareal, secretaria general del Sindicato de Obreros y Empleados Vitivinícolas (SOEVA) Valle de Uco, aseguró que el trabajo en la vid “es una actividad muy sufrida que hace que el cuerpo de los trabajadores de viña sufra mucho y el desgaste es innegable porque se trabaja con altas temperaturas y con bajo cero”.
“Nos parecer discriminatoria que no haya una normativa que equipare al sistema previsional de los trabajadores de viña con los rurales”, sentenció Anchi Villareal, quien agregó: “Es una conquista de los derechos para nuestros trabajadores, pero todavía queda por hacer”.
De qué se trata el proyecto
La iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.
De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.
Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.
Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.
Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.
Un proyecto avalado este jueves les otorga un régimen previsional igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años. También se amplía el pago que reciben los contratistas, de diez a doce meses.
Dos proyectos de ley de la senadora Anabel Fernández Sagasti (FdT) que otorgan beneficios laborales y previsionales a trabajadores y contratistas de viñas fueron aprobados este jueves en el Senado por unanimidad (65 votos positivos). El debate pasa ahora a la Cámara de Diputados.
La mendocina resaltó que se trata de “muchos años de lucha y de reclamo de los contratistas de viñas”, una “figura laboral atípica” que se trata de “una especie de empleado y de socio del dueño de la finca”, presente sobre todo en las provincias con industria vitivinícola.
La vicejefa del bloque oficialista señaló que los contratistas reciben “10 mensualidades al año, no 12 como cualquier trabajador”, con lo cual “en esos dos meses no se le hacen aportes jubilatorios y carece de obra social”.
En ese sentido, explicó que “un contratista de viña entrega la uva en el mes de marzo, de abril, el elaborador se lo recibe sin precio, y recién a partir de junio y julio le empiezan a pagar a él y al dueño de la finca lo que le corresponde”.
Por eso, Fernández Sagasti consideró que “es justo y entendible desde el sentido común que esto en el siglo XXI” se apruebe. “Con estas iniciativas estaremos llevando muy buenas noticias a más de 44 mil trabajadores y más de 3.500 contratistas de viñas”, agregó.
En qué consisten los proyectos
Uno de los proyectos establece un régimen previsional especial para trabajadores y contratistas de viñas, que podrán jubilarse a los 57 años, sin distinción de sexo, siempre que acrediten 25 años de servicio con aportes.
De esta manera, la iniciativa equipara a estos empleados con los peones rurales, que también tienen un régimen diferenciado debido al tipo de trabajo que realizan.
Respecto del cómputo de los años de servicios, el proyecto aprobado establece que cuando el viñatero haya alternado con tareas de otro tipo “se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades”.
Asimismo, se indica que la contribución patronal será la que rija en el régimen común (Sistema Integrado Previsional Argentino) incrementada en un 2% a partir de la vigencia de la ley.
Cabe aclarar que la media sanción también abarca viñas que posean olivares y frutales, siempre y cuando la actividad vitícola sea la principal.
El segundo proyecto avalado en la Cámara alta modifica el Estatuto de Contratistas de Viñas y Frutales, señalando que la remuneración mínima se debe abonar distribuida en doce mensualidades iguales y consecutivas -y no en diez, como en la actualidad-, debiendo ser reajustadas si la situación económica, general o zonal, así lo aconseja.
Sucede que en las viñas existe un contrato laboral atípico por el cual la mensualidad se paga por diez meses aunque los contratistas trabajen los doce meses del año, por lo que ahora el proyecto busca subsanar esa situación.
Además de la mensualidad, al contratista le corresponde actualmente un porcentaje de la producción, de entre el 15% y el 19%, que se mantiene en el proyecto de Fernández Sagasti.
La iniciativa, que recibió dictamen favorable en comisión, les otorga un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales. También se amplía la mensualidad que reciben los contratistas de diez a doce meses.
La Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dictaminó este martes a favor de un proyecto de Anabel Fernández Sagasti (Frente de Todos) que amplía derechos de trabajadores y contratistas de viñas.
Por un lado, la iniciativa establece para trabajadores y contratistas un régimen jubilatorio igual al de los peones rurales, con la posibilidad de jubilarse a los 57 años -con 25 de aportes-, y por otra parte se amplía la mensualidad que reciben los contratistas.
Respecto del segundo punto, Fernández Sagasti explicó que en las viñas existe un “contrato laboral atípico” por el cual la mensualidad se paga por diez meses aunque los contratistas trabajen los doce meses del año, y sin derecho al aguinaldo.
Los contratistas además reciben el equivalente al 15% de la cosecha, pero según advirtió Fernández Sagasti, cuando entregan la uva no se les paga ni en efectivo ni en forma inmediata.
“Cuando entregan la uva no saben cuánto les van a pagar; recién en junio o julio les empiezan a pagar en doce meses la uva que entregaron en marzo o abril”, describió la autora del proyecto, y agregó que “no se le pagan aportes patronales ni obra social”.
Por eso, la iniciativa busca ampliar la mensualidad de diez a doce meses, conservando el pago del 15%.
Por otra parte, el dictamen firmado este martes establece un régimen previsional especial para trabajadores viñateros y contratistas de viñas, igual al que tienen los peones rurales.
De este modo, podrán jubilarse a partir de los 57 años, siempre que acrediten 25 años de servicios con aportes, y recibirán además un adicional del 2% para cubrir la diferencia de años de aportes.
“Todos los trabajadores agrarios tienen un desgaste físico importante porque tienen que trabajar todos los días a sol y a sombra, con frío y calor, los 365 días del año”, fundamentó Fernández Sagasti.
La senadora mendocina destacó que el proyecto beneficiara a “más de 44.000 trabajadores y más de 3.500 familias contratistas del país”.
Julio Cobos (UCR) elogió el proyecto y resaltó que “es un viejo anhelo” del sector y “una asimetría que hay que corregir”.
Por último, dio lugar a una broma: “No sé si Anabel va a ser nuevamente candidata a senadora, pero si se postula a Reina de la Vendimia seguro la van a elegir”.
En la reunión presidida por Daniel Lovera (Frente de Todos) también recibió dictamen un proyecto de Cobos que modifica el artículo 27 de la Ley 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.
La modificación consiste en que las empleadas domésticas cobren el aguinaldo el día anterior al 19 de diciembre, al igual que el resto de los trabajadores comprendidos en la Ley de Contrato de Trabajo.
