Régimen previsional diferencial para los trabajadores vitícolas comprendidos en el convenio colectivo de trabajo 154/91 y a los contratistas de viñas y frutales comprendidos en la ley 23.154, en tanto desarrollen actividades que generen un envejecimiento prematuro.
Así se llama la media sanción que viene del Senado y que este martes Diputados intentará aprobar y convertir en ley esta iniciativa impulsada por la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (FdT).
Dicho proyecto, que crea un régimen previsional especial para los trabajadores de viñas, prevé en su artículo 2 un beneficio jubilatorio, ya que “las personas indicadas en el artículo 1° de la presente tendrán derecho a la jubilación ordinaria con un mínimo de cincuenta y siete (57) años de edad, sin distinción de sexo, en tanto acrediten veinticinco (25) años de servicios con aportes”.
Con respecto al cómputo de los años de servicios, establece que cuando se hubieren desempeñado tareas relacionadas a la vitícola y alternadamente otras de cualquier naturaleza, a los fines de determinar los requisitos para el otorgamiento de la jubilación ordinaria se efectuará un prorrateo en función de los límites de edad y de servicios requeridos para cada clase de tareas o actividades.
En el caso de la contribución patronal con respecto de las tareas a que se refiere la presente ley será la que rija en el régimen común –Sistema Integrado Previsional Argentino–, incrementada en dos puntos porcentuales (2 %), a partir de la vigencia de la misma.
Al finalizar, el proyecto faculta a la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo a dictar las normas complementarias y aclaratorias que sean necesarias para la aplicación de la presente.
Este proyecto obtuvo dictamen de mayoría el pasado mes de julio -orden del día N°435- en las Comisiones de Previsión y de Presupuesto de Diputados, donde la oposición firmó en disidencia parcial.
La justificación de Juntos por el Cambio para no acompañar en forma total la iniciativa es que “si bien es loable reconocer las condiciones a las que están sometidos los trabajadores vitivinícolas y equipararlos, así, al resto de los trabajadores rurales, por lo cual acompañamos este proyecto, no podemos dejar de resaltar que la discusión debería transcurrir por la evaluación y revisión integral del sistema previsional”.

Las principales entidades vitivinícolas del país dieron a conocer un comunicado donde manifiestan su disconformidad respecto a la forma en que se conduce en la actualidad la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) por “decisiones y acciones ejecutadas por algunos de sus miembros representantes del sector privado qué si bien son legales, carecen de la legitimidad que exige el buen funcionamiento de una entidad público-privada como es la COVIAR”.

El texto de los bodegueros puntualiza luego que “el pasado mes de septiembre hicimos público nuestro malestar respecto a cómo es la asignación y ejecución de los recursos administrados por la COVIAR – aportados por las empresas representadas por estas mismas entidades firmantes”, razón por la cual manifiestan su oposición al uso de la institución como entidad gremial empresarial de segundo grado, tal como pretenden algunas entidades privadas que la componen, utilizando a la misma como canal para la gestión de sus intereses en nombre del conjunto”.

Ante ello, las entidades vitivinícolas rechazan la forma en que se eligieron las nuevas autoridades en reunión de directorio de COVIAR, siendo que “éstas no responden al pedido de renovación planteado y representan exclusivamente a estos mismos sectores cuyo proceder cuestionamos” y agregan que “el nuevo triunvirato de autoridades, a la cual se agrega una vicepresidencia tercera de dudosa legalidad, choca de lleno con nuestros reclamos, que lamentablemente no tuvieron eco dentro del pequeño grupo de personas que hace años manejan la institución a su discreción (legalmente incuestionable) y que se adjudican el monopolio de la voz del vino”.

El comunicado señala luego que “eligieron responder a nuestros planteos con agravios y desvirtuando el reclamo en los medios al presentarlo como un conflicto entre grandes bodegas y productores, ninguneando simultáneamente a la mayoría de las entidades firmantes y a los miles de productores de uva que indirectamente representamos. A su vez continúan ignorando que el llamado de apertura y cambio excede a las firmantes, siendo que cada día que pasa aparecen nuevas voces que critican el proceder de estas personas y resaltan la alarmante falta de un ámbito plural de diálogo y consenso para hacer una revisión de los resultados de la COVIAR”.

Cabe resaltar que el conflicto en el seno de la COVIAR esconde una disputa por la representación de la vitivinicultura ante los gobiernos y la comunidad vitivinícola. Al respecto, el texto de los bodegueros señala que “en vez de buscar una representación de la cadena de manera conjunta, respetando la diversidad de las cámaras del sector privado de toda la vitivinicultura, unos pocos -que tienen una representación minoritaria- han tomado control de la COVIAR para hacer de ella un vehículo que les dé una visibilidad que difícilmente tendrían desde sus propias entidades. Esta situación es difícil de cambiar vía votación ya que estos grupos minoritarios tienen, por un erróneo diseño de la ley que dio origen a la COVIAR, un número de votos mayoritario que no condice con la realidad de la cadena”.

El extenso comunicado resalta además que “al proyecto de hacer de la COVIAR una cámara de cámaras, que además le cuesta millones a todos los que aportamos la contribución obligatoria que pagamos por ley, se agrega la falta de apertura para permitir que sean las bodegas quienes lideren el programa de promoción del vino en el mercado interno, siendo desestimadas reiteradamente sus opiniones respecto al diseño de las campañas publicitarias o la contratación de proveedores. Es así como también se nos impone un costoso desayuno vendimial o un concierto en Buenos Aires solventado por todos nosotros. Si bien la asignación de los recursos de la COVIAR es votada, no es fruto de una discusión democrática. Para colmo, sólo el 25% de los recursos se destinan a la tan necesaria promoción en el exterior, mientras que un 30% se destina a la cuestionada promoción genérica en el mercado interno, un 6 % a la comunicación que promueve a la COVIAR, y un 20 % a la administración de la institución. Como sostuvimos anteriormente, destacamos la importancia que tuvo para el sector vitivinícola el diseño de un plan estratégico y la creación de una entidad como la COVIAR. Lamentablemente la misma fue desvirtuada y la situación aquí descripta se ha visto además agravada ya que al vencer el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI), para el cual fue creada la COVIAR, se ha decidido avanzar en un proyecto de un nuevo PEVI que no cuenta con el apoyo ni la participación de nuestras entidades”.

Por último, los bodegueros convoca al nuevo Gobierno nacional y a las autoridades provinciales representadas en el directorio de la COVIAR, para que “intervengan la entidad y tomen las medidas necesarias para atender nuestros reclamos. Asimismo, invitamos a otras entidades vitivinícolas de todo el país, integrantes o no de COVIAR, a sumarse a nuestro reclamo”.