Federico Fagioli, hombre de Juan Grabois en la Cámara baja, reclamó avanzar hacia una empresa mixta, como propone el líder del Frente Patria Grande.
En un tiro por elevación hacia el ministro de Economía, el diputado nacional Federico Fagioli la emprendió este miércoles contra el empresario José Luis Manzano, a quien definió como “dueño de múltiples empresas, íntimo amigo de Massa y uno de los principales explotadores de litio”.
En ese marco, abogó por avanzar hacia una empresa mixta como propone Juan Grabois.
Con el hashtag #SeCayeronLasCaretas, el diputado nacional del Frente de Todos detalló las actividades de Manzano, de quien contó que entre 1993 y 1995 fue ministro del Interior de Carlos Menem. “En 1995 fundó Integra Capital, en Washington. Posee acciones en empresas de energía y medios como Edenor, Metrogas, América, Radio la Red, entre otras. Hoy en día es uno de los principales explotadores de litio”.
“Su perfil empresarial y su vínculo con los EEUU son los que fortalecen su relación con Massa. Sus negociados no están separados de lo que el local de la embajada yanqui pretende y aspira”, comentó y agregó que “sus negocios con el litio revelan la perspectiva y el modelo de país que el tigrense quiere. A través de Integra Recursos Naturales Manzano engloba diversas compañías. Una de ellas es Integra Lithium, en donde tiene activos por 243.000 ha en salares y roca en Jujuy y Catamarca”.
No se salvó el gobernador radical Gerardo Morales, sobre quien Fagioli dijo que “en Jujuy, ya sabemos que la inmoralidad reina. Con la connivencia de los medios, el nepotismo y los negociados espurios a la orden del día, Morales autoriza lo que sea con tal de seguir enriqueciéndose. En la provincia, tuvieron la autorización de explorar litio en unas 14.000 hectáreas a 40 años. Y las ganancias son bestiales: la más tranqui es de US$120.000.000 anuales”.
Agregó que en Catamarca tiene derechos mineros sobre 158.000 hectáreas, también a 40 años. Además, se asoció a la australiana Latin Resources para explorar litio en roca en otras 77.000 hectáreas.
“En el marco de un amparo ambiental la Corte Suprema ordenó que entreguen ‘toda la información relativa a las autorizaciones de exploración y explotación minera’. Ahora, tanto las provincias como Nación, tendrán 30 días para presentarla”, agregó el legislador de Patria Grande.
Fagioli advirtió que “en caso de continuar la explotación el daño ambiental va a ser irreversible. Las consecuencias para las comunidades que habitan la zona y la biodiversidad que se abastece con el sistema hídrico van a ser fatales”.
En el marco de un extenso hilo de tuits, Fagioli sostuvo que “la explotación de nuestros recursos estratégicos -como el litio y el agua- entre otros, tienen que enmarcarse en un desarrollo sostenible, cuidando nuestra Casa Común y defendiendo nuestra soberanía”.
Alertó además que “la amenaza de un nuevo ALCA (Agua, Litio, Combustible y Agua) es inminente. Y el que va a la embajada yanqui cada 4 de julio está dispuesto a entregarlos. Somos muy distintos”.
Y para cerrar, apuntó: “Es corta: si no queremos que los mismos de siempre se llenen los bolsillos, tenemos que avanzar en la nacionalización del litio. Con capitales mixtos, como YPF. Esto propone
Juan Grabois. Además de la creación de un Fondo Soberano para financiar la educación”.
El diputado del Frente de Todos, perteneciente a la agrupación que lidera Juan Grabois, reclamó por el libre acceso en la zona y llamó a “defender la soberanía de nuestro país”.
En conferencia de prensa, luego de haber sido retirados este miércoles de la estancia de Joe Lewis, dirigentes del Frente Patria Grande encabezados por su líder, Juan Grabois, dieron su versión sobre sobre su reclamo de “acceso soberano” a Lago Escondido.
Entre los que hablaron lo hizo el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien señaló: “Esto fue una acción 100% pacífica de un grupo de compatriotas que estamos convencidos que hay que defender la soberanía de nuestro país, de un grupo de compatriotas que no estamos de acuerdo que fuerzas, poderes y magnates extranjeros se apropien de nuestra Patria, de nuestros lagos o de nuestras islas como sucede en Malvinas”.
“Estamos convencidos que, como argentinos y argentinas, tenemos que dar la discusión necesaria para que la soberanía se respete, para que todos podamos acceder a las costas de nuestros lagos y le pongamos un freno a la impunidad de estos magnates”, continuó el legislador oficialista.
En esa línea, apuntó que esos magnates “no sólo se apropian de nuestras tierras sino que también tratar de tejer espuriamente y hacer negociados a espaldas de nuestra Patria para accionar judicialmente, políticamente, con grandes grupos económicos como los medios de comunicación o miembros de la Justicia para tomar decisiones sobre el destino de nuestra Patria”.
“Le exigimos al Poder Ejecutivo provincial, a la Justicia y a quien sea necesario que hagan cumplir los fallos que plantean la necesidad que se abra el camino para que todos podamos utilizar libremente con nuestras familias el Lago Escondido”, concluyó Fagioli, quien se había instalado junto a Grabois el martes por la mañana.
El acampe se levantó finalmente este miércoles, luego de la llegada de fiscales y efectivos de la fuerza de seguridad de Río Negro. Desde la empresa Hidden Lake, propiedad del empresario inglés, confirmaron que denunciarán penalmente a Grabois y compañía por la intrusión, además de agresiones contra los trabajadores.
La llegada de los dirigentes del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y el Frente Patria Grande ocurrió semanas después que se conociera la estadía que compartieron en ese lugar jueces federales, empresarios del Grupo Clarín, ex agentes de la AFI y funcionarios del Pro de la Ciudad.
El jefe de bloque radical, Mario Negri, y los diputados López Murphy y Espert fueron algunos de los que se manifestaron en contra del acampe en Lago Escondido.
Miembros del Frente Patria Grande, con el diputado nacional Federico Fagioli (FdT) y Juan Grabois -líder del movimiento social- a la cabeza, irrumpieron con carpas en las instalaciones de una finca en las costas de Lago Escondido, en la provincia de Río Negro, que es propiedad del empresario Joe Lewis.
El campamento se instaló en el lugar en señal de protesta para que “se garantice el acceso al espejo de agua”, con la consigna “las Malvinas son argentinas, Lago Escondido también”.
Varios jefes de bloque de la oposición manifestaron su repudio ante el hecho. El primero de ellos fue el presidente de la UCR en la Cámara de Diputados, Mario Negri, quien expresó: “Recordemos que Grabois en 2020 ocupó un campo en Entre Ríos. El kirchnerismo sabe que llega su final de ciclo por eso recurre a la violencia. Lo único que ofrece es pasado y patotas”.
En tal sentido, el monobloquista de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, celebró que los empleados de la finca “hayan confrontado contra los acampantes”. “Es sorprendente que no entiendan el desprecio que generan en la gente que se esfuerza, vagos”, sentenció.
Con más dureza, el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) posteó una foto de las carpas en Lago Escondido con la leyenda “cárcel o bala para estos delincuentes”. En esa línea, el diputado nacional Fernando Iglesias (Pro) apuntó contra Grabois y manifestó: “Con los laburantes de Lago Escondido es la repetición farsesca de lo del Che con los campesinos bolivianos”.
“Juan Grabois muestra la errada concepción de la propiedad privada que tiene el kirchnerismo, asociando el legítimo reclamo sobre Malvinas a la compra legal de tierras que hizo una persona. El cumplimiento de una medida judicial no puede ser obligado mediante un delito”, tuiteó el diputado bonaerense Alejandro Finocchiaro.
El diputado oficialista recordó que ese compromiso se asumió cuando salió el decreto del “dólar soja”, pero “hasta el día de hoy no se ha cumplido”.
El diputado nacional Federico Fagioli (FdT) reiteró la “preocupación” de su espacio, el Frente Patria Grande, por la demora en la instrumentación de una prestación extraordinaria para las personas en situación de indigencia, tal como fue previsto en el DNU 576/22 que estableció el “dólar soja” durante septiembre.
“Esperamos que se resuelva en lo inmediato y urgente la situación de más de cuatro millones de argentinos que están en indigencia. Hasta el día de hoy ese compromiso no se ha cumplido”, advirtió el oficialista.
En declaraciones a radio Futurock, el legislador reveló que hay “rumores” sobre que desde el Gobierno “lo van a largar la semana que viene”. Pero, “todavía no sabemos los requisitos o cómo las personas se van a tener que anotar”, agregó y anticipó: “Si no sucede nos vamos a juntar a evaluar qué vamos a hacer”.
Cabe recordar que esta medida fue uno de los argumentos para que el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, no se fuera del Frente de Todos. El otro se basó en la conmoción que se había generado con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Por otra parte, Fagioli se refirió a la aprobación de la prórroga de la Ley del ReNaBaP, y destacó que “fue una discusión en la que logramos construir un consenso nacional” porque se trata de “una política que viene siendo eficiente y transversal, y que ha funcionado y resuelto muchos problemas de los vecinos”.
“Se han hechos obras de infraestructura tremenda; construcción de espacios socio-comunitarios, escuelas, jardines”, señaló, sobre la implementación de la norma desde 2018.
Sin embargo, el diputado dijo tener “algunas diferencias en cómo lleva la Ciudad de Buenos Aires adelante este proceso” y ejemplificó que “el edificio educativo que se hizo en la Villa 31 generó después que muchos vecinos no pudieran tener agua”. No obstante, aclaró: “Saludo a cualquier gobierno que decida invertir en barrios populares”.
Por eso, Fagioli resaltó que es fundamental “la integración de los vecinos en la planificación de qué obras se deben hacer”.
La iniciativa se debatió en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se acordó “la actualización del registro de los nuevos barrios populares y la prohibición de desalojos por diez años”.
Las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja -presididas por los oficialistas Hernán Pérez Araujo, Lucas Godoy y Carlos Heller, respectivamente-, se reunieron este miércoles para emitir el dictamen por mayoría del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares, prorrogando la suspensión de los desalojos por diez años y la ampliación del número de registros de barrios incorporados al Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP).
La reforma en cuestión corresponde a la Ley 27.453, a partir de una iniciativa del Gobierno nacional, apunta a agilizar los procedimientos administrativos, procesos de urbanización más completos, mejoras en el acceso a los servicios públicos y prorrogar la suspensión de desalojos.
Actualmente, y en base a los datos recopilados por el ReNaBaP, hay 656 proyectos de integración socio urbana en marcha en todo el país, que benefician a unas 400 mil familias, y generan 120 mil puestos de trabajo. Muchas de esas obras se financian con un porcentaje de lo recaudado por el Estado en concepto de aporte extraordinario a las grandes fortunas, y por el impuesto PAIS (que se aplica a las compras de dólares en el mercado formal).
Se calcula que cerca de un millón doscientas mil familias viven en barrios populares en Argentina, lo que representa a unas cinco millones de personas, más del diez por ciento de la población total del país. Los asentamientos ocupan una superficie total de 590 kilómetros cuadrados, tres veces el tamaño de la ciudad de Rosario.
La reunión para continuar con el tratamiento de modificación al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, y su posterior dictamen por mayoría, tuvo una aprobación unánime por parte de los legisladores de los diferentes espacios políticos que estuvieron presentes en el “Anexo C”.
La iniciativa fue celebrada por el diputado nacional Federico Fagioli (FdT), quien mencionó que “la Ley 27.453 es popularmente llamada como ‘Ley de Barrios Populares’ y es una de las mejores políticas de los últimos tiempos”. También afirmó que “la Mesa Nacional de Barrios Populares tuvo un rol activo para el pedido de la modificación de la normativa”.
Al respecto, explicó que el proyecto se afianza en dos ejes: la ampliación del registro nacional de barrios populares y el freno a los desalojos por diez años. “Desde 2017 hasta estos tiempos, los barrios populares pasaron de 4.416 a más de 5.500, y dentro de poco vencía el plazo, que pasaría de cuatro a diez años para frenar los desalojos territoriales”, explicó el diputado.
“Esto es para que como Estado planifiquemos y mejoremos la calidad de vida de cada una de los vecinos y vecinas de los barrios populares”, argumentó Fagioli, quien además mencionó que “tratarán una proyección plurianual para agregar al presupuesto especifico para atender necesidades socio urbanas de barrios populares”.
Del mismo modo, la diputada Natalia Zaracho (FdT) expuso que “el Certificado de Vivienda Familiar implicó el acceso al DNI, al correo, que las compañeras que sufren violencia de genero puedan llamar a un patrullero y que la ambulancia ingrese a los barrios para que el Estado esté presente”.
La diputada de Identidad Bonaerense Graciela Camaño manifestó que “la iniciativa es ratificar una política de Estado que empezó con el Gobierno anterior”, y añadió: “Entendemos que puede ser fructífero para los más desposeídos de nuestra patria. Felicitó a ambos bloques por ponerse de acuerdo rápido y por el avance con una redacción común”.
Consecuentemente, la diputada opositora Silvia Lospenatto expresó que “estamos por construir una política de Estado que nace con un Gobierno, es continuada, ampliada y mejorada por el que sigue, e implica un seguimiento a futuro por el que venga”.
Debido al tema, la diputada sostuvo que “la urbanización de barrios populares en la Ciudad de Buenos Aires debe ser tomada como modelo porque se basa en tres ejes: la integración habitacional a través de la creación del Certificado de Vivienda Familiar; la integración urbana que acerca servicios públicos, bancos públicos y empresas privadas a los barrios; y el avance en integración económica porque hay un mundo productivo que se debe ser reconocido”.
Por otro lado, explicó: “La urbanización de los barrios populares llevará, como mínimo, 20 años, por eso pedimos que esta iniciativa pueda sobrevivir durante todos los gobiernos. Legislamos para que la política de barrios populares continue en el tiempo”.
En esa línea, Victoria Morales Gorleri (Pro – JxC) consideró que “los barrios populares son los ‘depósitos de esperanza’ que durante décadas sus familias habían sido olvidadas. Los procesos de urbanización son la defensa de los derechos fundamentales porque cada año más familias recurren a estos lugares”.
El oficialista Eduardo Toniolli celebró que el dictamen salga por unanimidad y destacó la idea de tratar al proyecto como política de Estado y su continuidad a futuro. “Todas estas iniciativas nacen con la movilización popular en las calles. Los distintos actores que intervinieron no se quedaron en el lamento, sino que plantearon propuestas para salir adelante”, enfatizó el legislador.
En el cierre, recalcó que “la economía popular es trabajo genuino y, en Argentina, en determinados momentos, falta empleo, pero sobra trabajo por la necesidad de millones de argentinos y argentinas. El Estado debe unir estos dos factores a través de estas políticas”.
Al final de las exposiciones, los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda, Hernán Pérez Araujo y Carlos Heller anunciaron que “se logró el dictamen de mayoría de forma unánime del proyecto que amplía el alcance de la ley de integración socio urbana de barrios populares”.
Así lo observó el diputado oficialista, quien además se refirió a la permanencia de su espacio dentro del Frente de Todos.
El diputado nacional Federico Fagioli (FdT-Buenos Aires) opinó respecto a un aspecto puntual de la medida tomada por el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el “dólar soja”. “Observamos que es una medida a favor de los sectores vulnerables para asegurar una mejor redistribución de los ingresos, para que a nadie le falte un plato de comida en la mesa”, apuntó sobre el punto del DNU que crea un “Fondo Incremento Exportador” destinado a financiar prestaciones extraordinarias a las personas en estado de vulnerabilidad.
Entrevistado en FM La Patriada, el dirigente del Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, recordó: “Veníamos planteando una falta de ingresos más redistributiva para los sectores que no llegan a contemplar los productos de la canasta básica”.
“Esto es un buen comienzo, pero tendrá más amplitud si hay un salario básico universal que llegue a más personas”, remarcó y reveló que “Cristina Fernández de Kirchner ha tenido mucho que ver con la medida del ‘dólar soja’ comunicada este domingo”.
Por otro lado, el diputado se refirió a la permanencia de su espacio dentro del Frente de Todos en relación al intento de magnicidio sufrido por la vicepresidenta. “Desde el minuto cero estuvimos apoyando a Cristina Fernández de Kirchner con lo ocurrido el jueves, nos pareció importante no romper con el FdT y continuar en el bloque para defender a CFK y a la democracia. Sin embargo, seguimos reafirmando nuestro rechazo a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional”, señaló.
Acerca de la sesión especial del sábado pasado, Fagioli manifestó que “es tremendo, espantoso y nefasto lo de (José Luis) Espert al no repudiar los hechos de violencia que vivió CFK. Lo sucedido es el resultado de los discursos del odio contra CFK, porque tanto odio genera reacciones violentas”.
“El objetivo del FdT es mantener la democracia y la oposición ha generado todo este contexto con sus discursos. Patricia Bullrich no repudió lo sucedido, tres días antes salió a decir que ‘con ellos no se juega’, casi una amenaza”, agregó.
Así se resolvió en el congreso que realizó el Frente Patria Grande. La decisión fue influenciada por lo sucedido en los últimos días, con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En el marco de un congreso que más de 200 delegados del Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, realizaron este domingo, los diputados nacionales de ese espacio –Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho– suspendieron la definición en torno a la pertenencia dentro del oficialismo y se mantendrán en el bloque del Frente de Todos.
Lo mismo corre para la legisladora porteña Ofelia Fernández y la diputada bonaerense Lucía Klug.
A través de un comunicado, los dirigentes señalaron que “después de largas horas de discusión sobre el cambio en la situación política nacional tras el intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner, decidimos suspender nuestra decisión de conformar bloques legislativos propios y mantenernos en el bloque del Frente de Todos”.
“En este sentido, teniendo en cuenta la experiencia latinoamericana, nos proponemos trabajar para desescalar la violencia, la promoción de una paz con justicia social y neutralizar las expresiones antidemocráticas promoviendo un pliego de consensos con la oposición política”, continuaron.
En el texto advirtieron que “naturalizar la violencia siempre es en perjuicio de la Nación y particularmente de los más vulnerables”.
Además informaron que “se abrió una vía de resolución para la sanción de una importante medida de carácter distributivo destinada a los sectores sociales más vulnerados, nuestra principal demanda al Gobierno nacional”.
Ese anticipo fue previo a la medida que anunciaría más tarde el ministro de Economía, Sergio Massa, sobre el “dólar soja”, con un capítulo puntual para el financiamiento de una prestación a los sectores más vulnerables. Recordemos que el salario básico universal viene siendo el reclamo más fuerte de este sector.
Entre otras resoluciones que tomaron, los dirigentes convocaron a “enfrentar cualquier agresión física, jurídica o simbólica contra CFK, principal líder del movimiento nacional popular, en todos nuestros campos de intervención política: movilizaciones callejeras, cuerpos legislativos, universidades y organizaciones sectoriales”.
“Retomar las actividades en todas las provincias del país tendientes a la construcción participativa del Plan Quinquenal de Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal que ya realizamos en Tucumán, Corrientes, Entre Ríos y Catamarca junto a (Eduardo) “Wado” de Pedro“, agregaron.
También debatieron sobre “la necesidad de acelerar y federalizar las políticas públicas populares” y reafirmaron su “rechazo al acuerdo con el FMl y nuestro compromiso prioritario con los humildes, planteando la necesidad de sostener al interior del FdT respeto a la principal cláusula del contrato electoral de la coalición gobernante: empezar por los últimos para llegar a todos”.
Más tarde, a través de sus redes sociales, el diputado Hagman apuntó que “la macroeconomía argentina está atravesando un momento muy complejo, pero también la gente. Por eso las medidas de estabilización deben compensarse con otras para que nadie quede afuera”.
En ese sentido, destacó: “Hoy logramos que parte de la recaudación fiscal proveniente de la liquidación de las exportaciones de soja vayan a los más vulnerables. No es para hacer una fiesta, pero es lo mínimo que podemos hacer en este contexto”.
“Estamos en un contexto muy complejo. Las medidas tienen que cerrar con la gente adentro. Hoy conseguimos que parte de la liquidación de las exportaciones de soja, vaya a los humildes de nuestra patria, a los nadie que no llegan a la canasta básica. Es lo mínimo que podemos hacer”, escribió por su parte Fagioli.
La definición sobre si esa bancada estará igualmente dentro de un interbloque del Frente de Todos se tomará en el congreso partidario que el Frente Patria Grande realizará el próximo domingo.
A casi de un mes de haber puesto en alerta al oficialismo en la Cámara de Diputados con un comunicado en el que se anticipaba la posibilidad de abandonar el bloque, el líder del Frente Patria Grande, Juan Grabois, anunció que los tres legisladores nacionales que le responden armarán una nueva bancada.
La definición se concretará en un congreso partidario que se realizará el próximo domingo en el Centro Cultural Paco Urondo, del cual formarán parte dirigentes de todo el país.
La decisión que allí se tome resultará clave para el futuro del Frente de Todos en la Cámara baja, pues hay dos caminos por delante bien distintos: si los diputados Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho conforman un bloque propio, pero dentro de un interbloque con el FdT, el oficialismo se mantendrá como primera minoría; ahora bien, si resuelven independizarse totalmente, la bancada que conduce Germán Martínez se vería reducida de 118 miembros a 115, lo que convertiría en primera minoría al interbloque Juntos por el Cambio, que tiene 116 integrantes.
En declaraciones a Página/12, Grabois mostró su desencanto con la coalición oficialista: “Nos defraudaron y decepcionaron”. “Nos vamos del bloque de Diputados y yo personalmente veré qué hago”, expresó.
En alusión a las medidas que se tomaron desde la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, el dirigente aseguró que les “mintieron durante 25 días”. “Nos dijeron que iba a haber algo para los más pobres y no hubo nada”, cuestionó.
“Se olvidaron, como siempre, de los que no tienen nada de nada, de los jóvenes abandonados, los indigentes, los sin tierra, techo ni trabajo”, insistió el referente del MTE, quien reclama fuertemente por la implementación de un salario básico universal.
Pese a sus críticas, Grabois no le pegó a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien fue a apoyar a su casa de Recoleta: “Cristina redujo la pobreza y la indigencia. Por eso la bancamos. Lo que no esperábamos era la conducta de otras personas que no voy a nombrar. Que nos pidieron tiempo y después le clavaron un puñal en la espalda a cuatro millones de indigentes”.
Del congreso que se hará el domingo también participarán la legisladora porteña Ofelia Fernández, la diputada de la provincia de Buenos Aires Lucía Klug, concejales y referentes de todas las provincias.
A partir de lo que determinen los diputados del Frente de Todos, habrá que ver qué otros movimientos pueden darse en el Frente de Todos, dado que días atrás Juan Carlos Alderete, líder de la Corriente Clasista y Combativa, no descartó también integrar otro bloque -dentro de un interbloque- junto a su compañera Verónica Caliva.
El diputado comentó que habrá un congreso de la militancia del espacio que comanda Juan Grabois. No descartó la posibilidad de que él, junto a sus otros dos compañeros, estén dentro de un interbloque con el FdT.
Luego del comunicado del Frente Patria Grande, el diputado nacional Federico Fagioli aclaró que desde su espacio -conducido por Juan Grabois– “no hemos definido irnos del Frente de Todos”, pero sí se plantearon “la necesidad de discutir nuestra continuidad o no, nuestra pertenencia, en el bloque, o construir un interbloque”. “No nos fuimos, pero lo vamos a discutir en 10 días, en un congreso con la militancia”, agregó.
En declaraciones a radio Futurock, el bonaerense explicó que el comunicado surgió ante los “anuncios insuficientes” del ministro de Economía, Sergio Massa, donde “faltó acordarse de los argentinos y las argentinas que están por debajo de la línea de indigencia”. “Nosotros venimos hace mucho planteando la adhesión a políticas de carácter redistributiva de los ingresos”, mencionó.
Sobre la relación con Massa, el legislador aseguró: “Tenemos buen vínculo, le deseamos lo mejor, estuvimos hasta últimas horas charlando e intentando lograr que dentro de todos los anuncios que él llevó adelante pueda incorporar uno que para nosotros es fundamental, que tiene que ver con una política de ingreso para todas las personas que están por debajo de la línea de indigencia”. En referencia a esa iniciativa del salario básico universal, reveló que incluso le plantearon al tigrense “hacerlo en forma progresiva y empezar, por ejemplo, por el Norte grande”.
Sobre el mensaje de la conferencia de prensa, Fagioli señaló que fue “muy sólido y fuerte hacia los concentradores de riqueza, quienes deben liquidar para generar riqueza”, en vez de ser para jubilados, trabajadores o para “la gente que no accede ni siquiera a un plato de comida”.
En un comunicado del Frente Patria Grande se afirmó que se rediscutirá “la pertenencia” a la bancada oficialista. En la Cámara baja son tres legisladores.
A horas de la primera conferencia del flamante ministro de Economía, Sergio Massa, las repercusiones no solamente llegaron desde la oposición, sino del propio oficialismo con una decisión que, de concretarse, traería serios problemas para el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados.
A través de un comunicado del Frente Patria Grande, los tres legisladores que responden al dirigente Juan Grabois advirtieron que podrían irse de la bancada oficialista, en disconformidad con las medidas anunciadas.
Se trata del porteño Itaí Hagman y los bonaerenses Federico Fagioli y Natalia Zaracho, quienes vienen reclamando con fuerza la iniciativa del salario básico universal.
Si sucediera que deciden irse del bloque, la bancada que conduce Germán Martínez pasaría de 118 miembros a 115, un número por debajo del principal interbloque opositor, lo que convertiría a Juntos por el Cambio, con 116, en la primera minoría. Igualmente, el impacto no sería tal si los tres forman con su propio espacio un interbloque junto al oficialismo. Pero cualquier movimiento representará una situación complicada para el Frente de Todos en una cámara ajustada.
En el comunicado que emitió el Frente Patria Grande este jueves, los dirigentes revelaron: “Como parte del reacomodamiento del Frente de Todos negociamos hasta último minuto el anuncio de una medida redistributiva para las mujeres y los hombres de nuestro país que no tienen ni el empleo registrado ni beneficios sociales. Son compatriotas en situación de indigencia y extrema vulnerabilidad para los que pedimos un ingreso mínimo de subsistencia que se hace urgente en una Argentina con casi la mitad de su pueblo sumido en la pobreza”.
“Aunque hubo tibias referencias a los jubilados y los asalariados del sector privado, no hubo el más mínimo anuncio para los sectores sociales postergados“, observaron sobre la conferencia de Massa y cuestionaron que “hubo en cambio anuncios para otros sectores, en particular los grandes empresarios, los exportadores, la megaminería, las petroleras, así como la continuidad sin cambios del acuerdo antipopular suscrito con el FMI”.
En esa línea, aseguraron: “Nos vemos entonces en la situación de convocar al conjunto de la militancia del Frente Patria Grande para rediscutir la pertenencia de nuestros diputados, diputadas, legisladores y concejales al bloque oficialista ante el sentimiento general de nuestra fuerza de que nuestro Gobierno no está defendiendo los intereses populares y existe un claro riesgo a que la hegemonía de la coalición se vuelque hacia posiciones que priorizan los intereses de las corporaciones”.
Los legisladores oficialistas del Frente Patria Grande presentarán un proyecto de ley este lunes, desde las 14, en el Congreso.
Los diputados del Frente de Todos Federico Fagioli, Itaí Hagman y Natalia Zaracho presentarán este lunes un proyecto de ley para solicitar la intervención federal al Poder Judicial de Jujuy, al considerar que la Justicia de esa provincia tiene “prácticas autoritarias” y “no garantiza la forma republicana de Gobierno, la división de poderes y el sistema democrático”.
Los legisladores del Frente Patria Grande -cuyo máximo referente es Juan Grabois– encabezarán el acto que se realizará en el Congreso, desde las 14, y contará con la participación por videoconferencia de Milagro Sala, junto a otros dirigentes políticos y sociales jujeños.
La iniciativa propone designar a un interventor federal y declarar en comisión a los miembros del Superior Tribunal de Justicia y al titular del Ministerio Público de la Acusación de la provincia.
En los fundamentos argumentaron que se busca “garantizar la forma republicana de Gobierno, la división de poderes y el sistema democrático”.
Contra el gobernador Gerardo Morales, los diputados apuntaron que desde que asumió “hizo modificaciones en el Poder Judicial provincial, donde el poder político tiene un alto grado de injerencia y no está garantizada la independencia”.
En ese sentido, indicaron que entre esos cambios “se encuentra la ampliación del Supremo Tribunal de 5 a 9 miembros”. “Este aumento de miembros se realizó mediante una reforma legislativa que tuvo la particularidad de que dos de los diputados que votaron la modificación, a los dos días asumieron como integrantes del Superior Tribunal: Pablo Baca y Beatriz Altamirano. Es decir, se votaron a ellos mismos”, subrayaron.
También recordaron que “Federico Otaola, actualmente presidente del Tribunal, también había sido legislador de la UCR y candidato a vicegobernador en la fórmula con Morales en el año 2011″.
“Actualmente, Morales continúa profundizando este plan premeditado de cooptación y avasallamiento sobre dicho poder del Estado provincial, configurando una situación de gravedad institucional intolerable”, sostuvieron.
Fagioli, Hagman y Zaracho acusaron que Morales “forzó la renuncia de tres miembros del Supremo Tribunal y pretende forzar la renuncia de tres integrantes más con el claro objetivo de imponer una mayoría propia”.
“A principios de mes, el propio exjuez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni denunció al gobernador ya que ‘Jujuy vive un escándalo jurídico’”, aseveraron.
Entre los firmantes, acompañaron el proyecto sus pares Leonardo Grosso, Verónica Caliva, Natalia Souto, Eduardo Toniolli y Juan Carlos Alderete.
Proponen instaurar una contraprestación para desocupados y trabajadores de bajos ingresos por un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria.
Diputados del Frente de Todos presentaron el proyecto de Salario Básico Universal. La propuesta impulsada por Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli busca instaurar una contraprestación para desocupados y trabajadores de bajos ingresos por un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria.
“Hay millones de personas que trabajan, sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno no pasa solo en Argentina, es mundial, y es consecuencia de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza. El salario básico universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro”, dijo al respecto el diputado y economista Itai Hagman, referente del Frente Patria Grande de Juan Grabois.
Natalia Zaracho, cartonera y diputada nacional consideró que “hoy no se reconoce como debería el valor del esfuerzo de millones de trabajadores de la economía popular y de las tareas del cuidado. Esta medida podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día. Sería un avance muy importante”.
Finalmente, Federico Fagioli, diputado nacional también por el Frente Patria Grande agregó “¿En qué momento naturalizamos tanta desigualdad? Necesitamos políticas redistributivas. Un Salario Básico Universal que equivalga al valor de una Canasta Básica Alimentaria no sólo nos permitiría terminar con la indigencia, sino también avanzar hacia la justicia social”.
El proyecto fue presentado este martes en la Sala 2 del Anexo C del Congreso de la Nación, con la participación del diputado nacional del Movimiento Evita Leonardo Grosso.
2083-D-2022-2La iniciativa será presentada este martes, a las 11, en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja. La encabezan Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho.
Los tres diputados nacionales del Frente Patria Grande dentro del Frente de Todos, Itaí Hagman, Federico Fagioli y Natalia Zaracho, presentarán este martes el proyecto de ley de “Ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal”.
La presentación de la iniciativa, que contará también con el respaldo de otros legisladores del oficialismo, se realizará a partir de las 11 en el Salón Delia Parodi de la Cámara baja.
El salario básico universal, una herramienta que desde algunos sectores de la coalición gobernante se viene reclamando hace tiempo, se trata de un instrumento similar al ya puesto en marcha en otros lugares del mundo, más conocido como renta básica universal.
De acuerdo a la iniciativa, este salario se creará “como una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”. Deberá tener un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto, equivalente a la informada por el INDEC.
“Hay millones de personas que trabajan, sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno no pasa solo en Argentina, es mundial, y es consecuencia de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza. El salario básico universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro”, expresó el diputado Hagman al respecto.
Por su parte, Zaracho señaló que “hoy no se reconoce como debería el valor del esfuerzo de millones de trabajadores de la economía popular y de las tareas del cuidado. Esta medida podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día. Sería un avance muy importante”.
“¿En qué momento naturalizamos tanta desigualdad? Necesitamos políticas redistributivas. Un salario básico universal que equivalga al valor de una canasta básica alimentaria no sólo nos permitiría terminar con la indigencia, sino también avanzar hacia la justicia social”, consideró Fagioli.
Además de Hagman, Zaracho y Fagioli, el proyecto fue firmado por sus pares oficialistas Carlos Selva, Mónica Macha, Hugo Yasky, Jorge Antonio Romero, Pablo Carro, Juan Carlos Alderete, Graciela Landriscini, Lía Verónica Caliva, Claudia Ormachea, Mara Brawer, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic y Leonardo Grosso.
Legisladores que no apoyaron el acuerdo con el Fondo Monetario se pronunciaron a favor de la iniciativa impulsada por senadores del Frente de Todos para pagar la deuda con plata fugada.
Los diputados nacionales alineados con Juan Grabois se manifestaron este lunes de acuerdo con el proyecto del bloque de senadores para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”.
El diputado Itai Hagman tuiteó: “Muy buena iniciativa del bloque de @senadores_todos. La deuda con el FMI no puede pagarse a costa de quienes viven de su trabajo. Es fundamental que el mayor esfuerzo provenga de quienes se enriquecieron y fugaron capitales”.
Para Federico Fagioli graficó su apoyo así: “Excelente iniciativa de @senadores_todos. La estafa consolidada entre el macrismo y el #fmi, tienen que pagarla los que la fugaron. El pueblo no puede sufrir más#.
“Una gran iniciativa de Senadores/as del Frente de Todos. Que paguen los que salieron bien parados de esta crisis, se la fugaron y siguen haciéndolo a costa del hambre del pueblo”, expresó la diputada Natalia Zaracho.
Desde la provincia de Buenos Aires, el senador provincial Omar Plaini expresó su “apoyo absoluto” al proyecto de ley del bloque de senadores del Frente de todos, “esperando un pronto tratamiento de la iniciativa legislativa”.
Así lo confirmaron en el marco de una conferencia de prensa en la que aclararon que sí se mantendrán dentro del Frente de Todos.
“No cuente con nosotros para votar un acuerdo que prolonga la dependencia sin resolver los problemas sociales más básicos”, concluye un extenso comunicado difundido por el Frente Patria Grande que tiene letra de Juan Grabois y que se conoció este miércoles bien temprano, en el marco de una conferencia de prensa de la que tomó parte el citado dirigente, junto a los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, de la que también participaron la diputada porteña Ofelia Fernández, y dirigentes de ese espacio.
En el encuentro celebrado en el JJ Circuito Cultural, ubicado en Jean Jaures 347 se celebró una conferencia de prensa con el fin de difundir la postura que adoptarían los tres diputados miembros de ese espacio en la sesión prevista para esta semana. No había muchas dudas al respecto, si se tiene en cuenta que el hashtag difundido con la convocatoria era este: #LaDeudaEsConElPueblo
El mensaje citado al principio, que refiere a la actitud que mostrarán esos tres diputados del Frente de Todos en la sesión en la que se tratará el acuerdo con el FMI, está dirigido al presidente Alberto Fernández, al que le aclaran que “cuenta con nosotros para conservar la unidad en la diversidad; hacer frente a las amenazas de una oposición destructiva e irresponsable; colaborar con honestidad y esfuerzo en las políticas populares del gobierno; luchar por la recuperación del dinero malversado y fugado… pero no cuente con nosotros para apoyar medidas que rechazamos explícitamente desde el día 1 y contradicen las convicciones de este espacio”.
En el comunicado difundido detallan que se sumaron al Frente de Todos en su momento ante la convicción de que “derrotar a Macri” requería “una coalición amplísima y la piedra angular de esa hazaña era necesariamente Cristina por encarnar a la principal fuerza de oposición a las políticas neoliberales. Defenderla era la llave para dejar atrás aquel nefasto gobierno. Finalmente, en 2019, con el esfuerzo de todos, construimos la coalición más amplia de la historia política argentina: desde Pino Solanas hasta Sergio Massa”.
Pero sostienen que “cuando asumió el gobierno por el que tanto luchamos, el equipo económico definió otro camino. Vimos con preocupación el error estratégico que se estaba cometiendo. Lo planteamos puertas adentro y puertas afuera. Otra vez la trampa de ‘los buenos modales’ y la amnesia histórica. No se impugnó el incumplimiento manifiesto del propio estatuto del Fondo ni se denunció formalmente la estafa. Empezamos perdiendo porque aceptamos negociar dentro de las ‘reglas’ que el propio FMI impone pero viola.
“El acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo es consecuencia del mencionado error estratégico y el error estratégico deriva de una concepción tecnocrática, despolitizada y ahistórica sobre el Fondo. El Fondo no es un organismo multilateral neutral, sino una herramienta para la hegemonía geopolítica y financiera”, sostienen en el comunicado en el que refieren que “si hacemos una lectura ligera del proyecto de ley, podríamos ver un resultado razonable, mejor al obtenido por otros países”, pero aclaran que “nosotros lo vemos de un modo completamente distinto. Vamos a pagar una estafa sin obtener concesiones significativas de los estafadores. No obtuvimos ni quita de capital ni de intereses como habíamos planteado muchos integrantes de la coalición sin que estas demandas se pusieran sobre la mesa de negociación. Tampoco se obtuvo lo que sí planteó el equipo negociador: la extensión de plazos, y la eliminación de sobretasas”. Advierten además que “con este acuerdo, la Argentina tampoco sale de la zona de vulnerabilidad financiera. Seguimos teniendo la famosa espada de Damocles sobre la cabeza. De eso se tratan las revisiones trimestrales que nos impusieron. En una economía global altamente convulsionada, con metas tan estrictas, al FMI no le van a faltar excusas para enviarnos al default. Es una pistola sobre las sienes de la Argentina. No van a dudar en apretar el gatillo cuando les convenga. Valga recordar que Damocles tenía esa espada por sus tratos con un tirano. El FMI es un tirano que se impone a la fuerza”.
Son tres legisladores que integran el bloque oficialista en la Cámara baja. “Compartimos sus observaciones críticas y preocupación”, sostuvieron.
Los diputados nacionales del Frente de Todos Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itaí Hagman, que pertenecen al Frente Patria Grande referenciado en Juan Grabois, lamentaron la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque oficialista.
A través de un comunicado, los legisladores manifestaron que recibieron “con amargura la decisión de Máximo de renunciar a la presidencia del bloque del Frente de Todos”.
“Se trata de un compañero que jugó un papel central para la aprobación de muchas leyes trascendentales en estos dos años, que ayudaron a generar un contexto de mayor justicia y menor sufrimiento de los más débiles en el marco de la pandemia. Y que condujo el bloque con gran generosidad y compromiso con la unidad política del Frente de Todos”, sostuvieron.
Además, remarcaron que coinciden con sus cuestionamientos al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. “Compartimos sus observaciones críticas y preocupación sobre el entendimiento alcanzado con el FMI, que hacemos nuestras. Y agregamos que la discusión sobre la forma en que se cumplirán las metas pactadas y, fundamentalmente, sobre quienes recaerá el esfuerzo para pagar esta deuda, deberán ser temas centrales de la agenda de nuestro gobierno”, apuntaron.
“Ojalá este gesto de no aferrarse a cargos y poner por delante las convicciones políticas sea un ejemplo de consecuencia entre las palabras y los hechos para toda nuestra dirigencia y militancia”, expresaron en el comunicado que también lleva las firmas de la legisladora porteña Ofelia Fernández y la legisladora bonaerense Lucía Klug.
Asimismo, reafirmaron que “la unidad del Frente de Todos es imprescindible para enfrentar la amenaza neoliberal y para poder cumplir con nuestro compromiso de 2019: empezar por los últimos para llegar a todos”.
“Los espacios son circunstanciales, las ideas perduras. Y los pueblos siempre vuelven”, concluyeron los referentes del Frente Patria Grande.
Es a partir del ataque de una mujer contra un indigente en Pompeya al que intentó quemar. La reacción de Federico Fagioli.
Un incalificable incidente se vivió días pasados en Pompeya, pero trascendió en las últimas horas a partir de la difusión de un video en el que se ve el episodio de características dramáticas: allí se ve a una mujer prendiendo fuego las pertenencias de un indigente que está durmiendo, que salvó su vida por la intervención de un vecino que lo llamó antes de que las llamas llegaran a alcanzarlo.
El episodio sirvió como disparador para recordar que el último año se aprobó una ley que atiende la situación de las personas en situación de calle. La iniciativa fue impulsada por el diputado oficialista Federico Fagioli y tuvo media sanción el 26 de octubre en la Cámara baja, para ser convertida en ley en la sesión del 9 de diciembre pasado.
“Bronca, rabia, furia, tristeza profunda. No me salen las palabras para describir ni para relatar lo sucedido. Por eso nos invito a reflexionar profundamente como sociedad, a humanizar cada palabra, a pensar que todo esto le sucedió a una persona”, tuiteó el diputado del Frente de Todos, que detalló el episodio en el que una mujer prendió a fuego a un “indigente” que se encontraba durmiendo en una calle del barrio porteño de Pompeya. “No es ciencia ficción ni se parece en nada a esas películas que no son aptas para menores de 16 años. Es el título de una noticia más y es la triste realidad”, señaló Fagioli.
Agregó que “una mujer tomó la decisión de agarrar su encendedor y prender fuego a otra persona. Podría haberlo matado, podría haber quemado todo su cuerpo. A veces me cuesta creer que somos esta humanidad. Definitivamente no es la que soñamos, ni siquiera la que toleramos. No tengo palabras”.
“Hoy ese fuego me arde adentro, me quema a mí también, porque no puedo entender que existan personas con semejante crueldad y esto es reflejo de la sociedad que hemos construido. Nos cansamos de repetirlo: este no es un hecho aislado”, agregó el legislador, que contó luego que “a las personas que viven en la calle las patean, las golpean, las violan y sí, también las prenden fuego. Por eso pensamos, armamos, presentamos, debatimos y sancionamos una ley nacional que ampare a las personas que se encuentran en semejante situación de vulnerabilidad”.
Fagioli apuntó que “como dimos esas batallas, hoy nos urge que se empiece a aplicar. Debemos hacernos cargo y activar soluciones para desnaturalizar estas violencias. No nos permitamos más ser esta humanidad. Urgente reglamentación de la Ley Nacional para Personas en Situación de calle y familias sin techo!”.
Eso expresó el legislador oficialista en relación al proyecto de ley de gestión de envases y destacó que “es una ley para dar batalla contra la basura”.
El diputado nacional Federico Fagioli (FdT – Buenos Aires) se refirió a los alcances del proyecto de ley de gestión de envases y remarcó los aspectos favorables del mismo, ya que aseguró que “buscamos desincentivar la introducción de materiales altamente contaminantes”. A su vez, en relación a la polémica por la tasa que estipula del 3% el texto y que generó el rechazo por parte de la oposición, aclaró que “no es un impuesto”.
“Es una ley fundamental para dar la batalla contra la basura. Esto nos atraviesa a todos. Esta ley nos permite llevar adelante políticas integrales”, señaló en una entrevista otorgada a IP Fagioli y agregó que “la ley busca regular los envases pos consumo, instalar la figura de Responsabilidad Extendida del Productor, y a través del fideicomiso se van a fomentar los sistemas locales de reciclado y se va a acompañar la tarea que vienen realizando hace muchísimo tiempo los cartoneros y cartoneras dotándolos de derechos”.
Respecto a los objetivos de la ley, el diputado señaló que “estamos planteando desincentivar la introducción de esos materiales altamente contaminantes, generando sistemas de envases retornables y a través de una tasa posibilitar que el Estado acompañe en la problemática de la basura”.
“Hay productores no quieren hacerse cargo de la basura que terminan generando”, cuestionó el legislador del FdT.
Sobre el cobro de una tasa, el referente oficialista remarcó que “es importante aclarar que no es un impuesto, es una tasa ambiental amparada en el derecho ambiental”, y agregó: “Esto no afecta la ganancia de la empresa. Esto lo que hace es pedir un aporte para que en la Argentina se pueda desarrollar el reciclado de manera seria, potenciando el trabajo de las y los cartoneros”.
Sobre el final, Fagioli marcó que “el productor se tiene que hacer cargo, es un error que se traslade el precio de la tasa a los productos. Y si así sucediera porque, como siempre, no se quieren hacer cargo, hablamos de un 0.06%, es decir, menos del 1%. Es mentira que van a aumentar los alimentos un 3% por la tasa”.
La iniciativa impulsada por el diputado Federico Fagioli obtuvo media sanción, en el marco de un consenso alcanzado entre oficialismo y oposición. Se busca garantizar integralmente los derechos humanos de estas personas.
La Cámara baja aprobó por 191 votos a favor y 7 abstenciones un proyecto que busca garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la Argentina.
Se trata de un programa que viene trabajando desde hace meses el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli junto a varias organizaciones sociales. La iniciativa se implementará a través de un relevamiento anual para dimensionar la problemática.
Dicho relevamiento permitirá garantizar el acceso gratuito a documentación personal y a la creación de una referencia postal para el acceso a los servicios socioasistenciales y administrativos.
El debate fue abierto por el diputado kirchnerista Hugo Yasky, quien señaló que “son decenas de miles los niños y familias que están hoy en la calle. Vamos hoy a legislar en nombre de ellos, que son las víctimas más patentes de la desigualdad”.
“De un país que todavía tiene como asignatura pendiente una justa distribución de la riqueza”, agregó, admitiendo que estas “son leyes paliativas, no son leyes que resuelven la cuestión de fondo, pero es una necesidad absoluta, que el Estado no puede delegar en el sector privado”.
El diputado de origen sindical detalló la norma que busca paliar la situación de aquellos que están en situación de desamparo. “Una serie de acciones de parte del Estado nacional a través del Ministerio de Desarrollo Social y las autoridades provinciales”, señaló, destacando entre ellas “garantizar el derecho a la identidad personal”, por cuanto es una situación recurrente “la carencia hasta de identidad de aquellos que sufren la situación de permanencia en la calle”. Asimismo establece el derecho a los servicios socioasistenciales y el apoyo para la obtención del trabajo digno.
En ese marco el proyecto establece para estas personas un cupo en los planes de vivienda nacional. Además, la participación de las organizaciones sociales en la confección del relevamiento de estas personas en situación de calle, como así también plantea la necesidad de que en los centros de contención de la familia en situación de calle funcione la institución educativa, como así también la institución para la formación del trabajo.
A continuación, la diputada Mara Brawer le puso al debate un tono político al hablar de un reciente desalojo de un asentamiento que tuvo lugar en la Ciudad de Buenos Aires. Recordó también cuando durante la gestión de Mauricio Macri al frente de la Jefatura de Gobierno funcionaba la UCEP encargándose del desalojo de personas en situación de calle. Se refirió a ese grupo como “una patota del Estado que por la noche les pegaba a las personas en situación de calle. ¿Y quién conducía a la UCEP? Fabián ‘Pepín’ Rodríguez Simón, el mismo que hoy está prófugo de la justicia”.
Desde la oposición, Carmen Polledo (Pro – CABA) calificó como “importante” el tratamiento de este proyecto y celebró la manera como pudieron consensuar esa iniciativa. “Todas las grandes capitales del mundo tienen personas en situación de calle, y es en los regímenes totalitarios donde se invisibiliza el tema porque se los expulsa mediante la utilización de mecanismos represivos”, señaló, para contestarle luego a la diputada que la había antecedido.
“Evidentemente desconoce lo que ha sucedido en los barrios desarrollados en CABA. Le quiero contar que cada uno de esos desarrollos de urbanización e integración tienen una ley atrás. Y esa ley atrás fue votada por el Frente para la Victoria en ese momento”, le advirtió. Y tras mencionar el Barrio 31, Padre Mujica, Fraga, Rodrigo Bueno, concluyó: “Realmente me sorprende… Ustedes creen que no hicimos nada, y siguen diciendo que de la nada salió todo esto. Lamento que no se acuerden que ustedes y su fuerza inteligentemente lo acompañaron”.
A la hora de los cierres, Silvia Lospennato (Pro – Buenos Aires) señaló que “la calle no es un lugar para vivir” y aclaró que “no es un eslogan, sino una convicción de todos los que estamos aquí”. Ponderó el consenso alcanzado para avanzar con ese proyecto y aprovechó para destacar las tareas que desarrolla la Ciudad de Buenos Aires para las personas en situación de calle, viendo como “muy positivo que el Estado nacional a través de esta ley destine recursos económicos y humanos para reforzar esta ley para trabajar en forma conjunta y coordinada, respetando el trabajo de las jurisdicciones que tienen una responsabilidad primaria en la materia”.
Abogó también para que la ley de Presupuesto vaya a contemplar los fondos necesarios “para que esta política no sea simplemente una expresión de deseo, sino una política concreta para mejorar los servicios que el Estado pone a disposición de esta población”.
Muy ponderado por sus pares por haber sido el promotor de esta iniciativa, cerró el debate Federico Fagioli, quien agradeció y felicitó a “las compañeras y compañeros de las organizaciones sociales” que vienen trabajando desde hace años en ese proyecto, como así también a los compañeros de su bloque y a Máximo Kirchner que “cuando redactamos este proyecto, nos dijo que era urgente avanzar en el tratamiento de este proyecto, porque es una deuda histórica que tenemos con uno de los sectores más postergados de la Argentina”.
“Para las personas en situación de calle es muy alegre este día -dijo-. Por primera vez las personas en situación de calle se sienten contenidas por el Estado. Este proyecto lo que hace es recuperar la subjetividad de las personas que se encuentran en situación de calle, vuelve a humanizarlas”, dijo, remarcando que esa personas “tienen vulnerados todos sus derechos básicos”.
“Imaginate, si no tenés lo más básico garantizado, ¿cómo podés pensar tu proyección como persona, cómo podés pensar en conseguir un trabajo?”, se preguntó, enumerando a continuación las situaciones de maltrato y humillación que tienen las personas que viven en la calle. “Por eso no estamos hablando de recuperar un techo, sino su humanidad que fue arrebatada, olvidada, ignorada, invisibilizada”, precisó.
Varios referentes del bloque oficialista cuestionaron la decisión de la principal bancada opositora de no bajar al recinto y lo asocian al lobby empresarial contra la ley de etiquetado.
En la previa de una sesión convocada por el oficialismo complicada para alcanzar el quórum, diputados del Frente de Todos cuestionaron la decisión de Juntos por el Cambio de no bajar al recinto y asociaron la decisión al tenor de los proyectos que se tratarán.
“A los diputados y diputadas de Cambiemos les pesa la representación de los poderosos y no la del pueblo. Cuando aparece el lobby de las empresas votan en contra de la gente”, lanzó en diálogo con AM990 la legisladora Vanesa Siley, en relación al proyecto de etiquetado frontal de alimentos.
La oficialista criticó que la bancada opositora “no quiere dar quórum para tratar la ley de etiquetado claro” pero “lo paradójico de esto es que muchos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio habían acompañado el proyecto en las comisiones”. “Distintas empresas alimenticias están haciendo lobby para que no se trate y no tengamos sesión. Aparece el lobby de las empresas y ya no quieren tratar la ley porque van a votar en contra. Esto ya pasó, y es bueno que la sociedad lo sepa: como cuando se trató la equidad en los medios de comunicación, habían estado a favor y después llegó el lobby de Clarín y votaron en contra”, recordó.
Y continuó: “A estos diputados y diputadas de Cambiemos les pesa no la representatividad que deben ejercer sentados en sus bancas, sino la representatividad de los poderosos y de los poderes concentrados. Cuando aparece el lobby de las empresas votan en contra de la gente”.
“Es muy importante la ley para nuestra sociedad porque no solo da claridad a los consumidores y consumidoras sobre los productos que va a consumir, tiene sujetos especialmente protegidos que son los niños, niñas y adolescentes. Porque se va a evitar vender estos productos que le hacen mal a la salud que a veces ni tienen elementos naturales, no se van a poder vender en los colegios. Uno es libre si tiene información, si puede elegir, si te mienten o te dibujan la realidad difícilmente puedas elegir”, agregó.
Además, Siley mencionó los proyectos relacionados a trabajadores viñateros y frutales, votados por unanimidad en el Senado y la iniciativa sobre protección de los derechos de personas en situación de calle.
“Son leyes que apuntan a mejorar la vida de los que más nos necesitan como Estado; los trabajadores y trabajadoras necesitan del rol del estado para equilibrar las desigualdades sociales, ese es el poder del Estado”, concluyó.
En declaraciones a la misma radio, la diputada Florencia Lampreabe sostuvo que “cuando la oposición nuevamente impide que se trate etiquetado empezás a sospechar si no hay condicionamientos”. “La ley de etiquetado es una ley fundamental para el interés de los argentinos, acceder a información clara de lo que están comiendo. Son derechos de las personas”, enfatizó.
Sobre la postura de JxC, la oficialista señaló que “cuando la oposición nuevamente impide que se trate etiquetado empezás a sospechar si no hay condicionamientos de la gran industria alimentaria que les impide dar este debate de cara a la gente”. Y respecto a la iniciativa destacó que “no es prohibir alimentos ni decirle a nadie cómo debe alimentarse. Se trata de proveer información clara. Hoy tenemos un problema de salud pública”.
Otro de los legisladores que salió a cuestionar la postura de la principal bancada opositora fue Federico Fagioli, impulsor del proyecto sobre personas en situación de calle, quien en diálogo con Radio 10 consideró que “la sesión corre riesgo porque JxC está mostrando nuevamente la hilacha”.
“Queda en claro para quiénes juegan. Además se iba a tratar la ley para personas en situación de calle. Ellos salen a decir que apoyan la ley pero después boicotean la sesión”, remarcó. En tanto, sobre etiquetado frontal de alimentos, apuntó que el proyecto “tiene media sanción del Senado, estamos pronto a que pierda su vigencia, necesitamos que salga pronto”.
En alusión a la postura y los argumentos de una parte de Juntos por el Cambio para oponerse a la ley expresó que “ellos dicen que bajaría el consumo, es muy flojo. El tema es que son las empresas las que les terminan financiando la campaña”.
Por su parte, en declaraciones a radio El Destape, el diputado Itaí Hagman calificó a la actitud de JxC como “muy irresponsable”. “La verdad que la actitud de JxC sorprendió, porque hoy se tratan una serie de leyes que benefician directamente a la población y no implican enormes polémicas; pero de pronto salen a decir que no van a dar quorum”.
Sobre las razones de la oposición para poner en duda la sesión, el legislador indicó: “No sabemos si es porque hay un lobby de la industria que está en contra de la ley que opera a través de JxC, o si es una actitud en función del escenario electoral”.
Se sumó a las críticas la diputada nacional y vicepresidenta del Bloque del Frente de Todos Cecilia Moreau quien en declaraciones por la AM1030 afirmó: “Veo esto con mucha confusión por parte de las declaraciones de la oposición, en primer lugar tuvieron un arrebato, en si Vidal, de querer conducir algo después de que perdió la provincia de Buenos Aires, planteo que quería ser presidenta de la Cámara con (Elisa) Carrió y aparecieron personajes nefastos para la Argentina. Además, cuando consiguieron el Congreso fue para retroceder derechos de los argentinos o sacarnos derechos o generar problemas como lo que hicieron cuando nos endeudaron con el Fondo y fueron cómplices al no pasarlo por Congreso. Parte de la estrategia es de su jefe político que no es Larreta, ni Vidal, es Mauricio Macri que necesita de alguna manera tener una herramienta para tener negocios como hizo en dictadura y en democracia”.
“Estamos con una sesión muy compleja y rara, volvemos a la presencialidad total de la Cámara, pese a que tenemos diputados con Covid–19, y aquellos que decían sesionar en forma presencial en medio de la pandemia hoy no quieren venir“, criticó la legisladora oficialista y detalló: “Son 4 proyectos muy claros que tienen que ver con la vida de la gente. Son la ley de etiquetado frontal de alimentos en donde aquellos alimentos que tengan excesos de azúcares, de sodio, de grasas o cafeína van a tener un octógono negro que advierta, no es que se retiran alimentos ni es contra las industrias. El otro proyecto tiene que ver con un régimen previsional a todos los trabajadores viñateros en la región de cuyo y otro que crea un programa de atención a personas en situación de calle”.
Además, agregó: “Los proyectos fueron tratados en Comisiones donde se realiza el trabajo más fuerte y luego vienen al recinto. Yo creo que hay especulación electoral y, por otro lado, creo que el proyecto de etiqueta frontal dice que lo acompañan y no lo hacen porque me parece que muchos tienen presiones de algunas empresas que creen que se verán afectadas y terminan conduciendo a los grupos empresariales”.
“Es un proyecto que tiene que ver con una mezquindad grande que no lo quieran tratar, porque cuando hablamos de alimentación y de la calidad, hablamos de prevenir enfermedades que hoy son en Argentina un gran problema como diabetes tipo 2, colesterol”, indicó Moreau y concluyó: “Es un proyecto que fue trabajado en Comisión con el Ministerio de Salud, de Cancillería, con profesionales de salud, las Cámaras de Industrias vinieron. Esa media sanción del Senado, donde obtuvo 70 votos, en el plenario de Comisiones de Diputados tuvo 96 firmas acompañando la sanción sin modificaciones, de los cuales había mas de 20 radicales y que ahora no quieran sesionar”.
Presente en ese país para supervisar la situación, el diputado dnacional del Frente de Todos sostuvo que “no se puede tapar lo que está sucediendo” allí.
En el marco de la crisis desatada en Colombia, el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli viajó a ese país junto a su compañera de bancada Daniela Vilar, para supervisar la situación de los derechos humanos.
“No se están respetando los derechos humanos y por lo que hemos hablado con organismos, hay muchos desaparecidos, muertos por represión, abusos sexuales por parte de las fuerzas”, contó en diálogo con FM La Patriada.
“Están viviendo una situación de pobreza extrema con una población muy desigual”, contó el diputado en diálogo con el programa Nobleza Hormiga. En la misma línea, Fagioli subrayó: “En el norte hay gente extremadamente rica y en el sur mucha pobreza. Son 20 años de un proceso neoliberal con mucha violencia”.
También apuntó que “uno de los pedidos que nos hacían compañeros jóvenes es que tiene que haber un proceso de suspender la Copa América, que no se haga en Colombia. No se puede tapar lo que está sucediendo”. Recordemos que la Conmebol designó a Colombia y Argentina para organizar el torneo ecuménico para este año.
En cuanto a la situación de censura que se ha denunciado en ese país, el diputado dijo que “son mecanismos para intentar tapar lo que pasa”. “Está el poder económico del lado del Gobierno, la justicia y los medios de comunicación que juegan siempre para el lado de los poderosos”, enfatizó y remarcó: “Hay un intento de ocultamiento muy fuerte y ese es la razón por la que viajamos, para poder visibilizar lo que está sucediendo, que haya un proceso de diálogo y de paz y se escuchen las demandas del pueblo”.
Sobre el cierre de la nota, descartó que “El proceso venezolano no tiene nada que ver, es un intento de estigmatización de los países que no responden a modelos neoliberales”, argumentó. “Acá hay un proceso de muchos años de injusticia social”.
Además, trazó un parangón entre el expresidente argentino Mauricio Macri y el mandatario colombiano Iván Duque. Destacó el vínculo entre ambos y apuntó: “Macri está destinado por su práctica, política e ideología a ser parte de un proceso de avanzada de la derecha aunque sea mediante la violencia”.
Los legisladores oficialistas llegaron a Colombia para interiorizarse sobre la situación de ese país, donde continúan las manifestaciones contra el gobierno.
Los diputados nacionales del Frente de Todos Daniela Vilar y Federico Fagioli viajaron a Bogotá, Colombia, para interiorizarse sobre la crítica situación que atraviesa ese país por las sucesivas manifestaciones contra la reforma tributaria del gobierno.
“Nuestro objetivo es promover acciones de cooperación que apunten a superar esta situación y conocer los avances en materia de implementación del Acuerdo de Paz firmado en 2016”, expresó Vilar.
Durante su estadía, los legisladores mantendrán reuniones con organizaciones sociales, políticas, indígenas, académicas y de derechos humanos.
“Aprendimos de Néstor y Cristina que el dolor de nuestros países hermanos no puede resultarnos indiferente. Vamos a trabajar siempre con los países de Latinoamérica para impulsar procesos de paz y convivencia democrática”, destacó la diputada bonaerense.
Por su parte, Fagioli valoró la importancia de estar en Bogotá “para promover acciones de cooperación y solidaridad que contribuyan a superar la difícil situación del pueblo colombiano”.
En el marco de la agenda que llevan adelante, los legisladores se reunieron por la tarde con Camilo González Posso, presidente del Instituto de estudios para la Paz y el Desarrollo (IndePaz).
Desde el organismo a cargo de González Posso se realiza un seguimiento continuo de los Acuerdos de Paz en Colombia. “Ante una catástrofe social sin precedentes y una situación extrema de violencia institucional, la labor de las organizaciones es fundamental”, explicó Vilar.
Según comentaron los diputados, desde el Instituto plantearon la necesidad de que “las autoridades abandonen el camino de la represión y la violencia” y “abran una negociación honesta para dar respuesta a las legítimas demandas sociales”.
“Frente al incremento de la violencia institucional, coincidimos en la importancia de abonar a esos espacios para que alojen y resuelvan las demandas legítimas del pueblo colombiano”, agregó Fagioli.
Fue en un plenario de las comisiones de Diputados. El proyecto fue presentado por el diputado Fagioli y recibió el respaldo del ministro Daniel Arroyo. Plantea medidas para garantizar derechos de personas en situación de calle.
Un proyecto de ley que busca garantizar derechos básicos de las personas en situación de calle y familias sin techo, bajo el lema “La calle no es un lugar para vivir”, comenzó a ser debatido este martes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde recibió un fuerte apoyo de funcionarios nacionales.
La iniciativa, presentada por el diputado Federico Fagioli (Frente de Todos) en conjunto con organizaciones sociales, fue tratada en una reunión informativa de las comisiones de Derechos Humanos y de Salud, donde participó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo.
También respaldaron el proyecto la secretaria de Inclusión Social, Laura Alonso; la secretaria del SEDRONAR, Gabriela Torres; y por las organizaciones sociales lo hicieron Constanza Guillén (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Horacio Ávila (Proyecto Siete) y Vanesa Escobar (Nuestra América).
El debate continuará en las próximas semanas y desde la oposición manifestaron voluntad de avanzar en consensos, más allá de algunos cruces políticos que se dieron en el plenario por la situación de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires y la ejecución del RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares).
Al comienzo de la reunión virtual, Fagioli defendió su proyecto, que fue presentado el año pasado y que volvió a cobrar impulso el 11 de marzo con un acto en el Salón de Pasos Perdidos, que contó con la presencia de Arroyo.
El legislador explicó que el objetivo es “entender esta problemática, diagnosticarla, analizarla, saber cuál es el problema real que tenemos en Argentina, y a partir de ahí generar las herramientas necesarias para poder desarrollar políticas”.
“Yo soy un militante de hace muchos años por los sectores más postergados, en particular de las personas en situación de calle”, relató Fagioli, de 30 años, que vive en un asentamiento surgido de una toma en la zona Sur de la provincia de Buenos Aires.
El oficialista consideró “fundamental que en Argentina dejemos de mirar para el costado y nos hagamos cargo de esta problemática, que está a la vista de todos”, y agregó que a las personas en situación de calle “se les han vulnerado todos los derechos humanos y constitucionales”.
Fagioli puntualizó que el proyecto, que consta de cinco capítulos, define qué se entiende por “personas en situación de calle”, y fija al Ministerio de Desarrollo Social como autoridad de aplicación de la ley.
Asimismo, se crea una “mesa interministerial” para abordar integralmente la problemática; se enumeran cuáles son los derechos y garantías de las personas y familias sin techo, así como los deberes del Estado; y se suspenden por dos años los desalojos como medida de emergencia.
Entre las propuestas, figura la realización de un censo coordinado entre el Ministerio de Desarrollo Social, el INDEC y organizaciones sociales para poder tener un diagnóstico unificado e integral de la situación real, que se actualice anualmente.
También se propone la creación de una casilla del Correo Argentino que funcione como domicilio real donde recibir el DNI y la ayuda asistencial; y fundamentalmente la creación de centros de integración social, “que no sean simplemente para dormir sino que tengan un abordaje interdisciplinario”, indicó Fagioli.
Otras de las medidas que figuran en el proyecto son la creación de un línea telefónica de asistencia y un plan de capacitación para los funcionarios públicos que intervengan en esta problemática.
Arroyo destacó que el proyecto es “superador” de las herramientas que existen en la actualidad ya que “va a permitir generar una política pública integral” sobre la temática, y además “es bien significativo para el tema más crítico de nuestro país, que es la extrema pobreza y las personas en situación de calle”.
El titular de la cartera de Desarrollo Social remarcó la importancia de la articulación tanto entre los distintos ministerios como entre jurisdicciones, y señaló que el relevamiento “nos va a dar una metodología única que hoy no tenemos para tener un estado de situación general”.
“Claramente la situación se ha agravado, no solo en términos de números”, lamentó Arroyo, al observar que ya no solo hay personas en situación de calle, sino familias enteras, y a eso se suma el invierno que se avecina. “Pobreza con frío es la peor situación”, dijo.
Arroyo también elogió la creación de centros de integración social, aunque aclaró que a la hora de implementar la ley “la diferencia entre palabra y hecho es el presupuesto”.
A continuación, Laura Alonso, secretaria de Inclusión Social, consideró “sustancial que se pueda dar visibilidad en la agenda pública a la problemática que ocupa al segmento más castigado, más excluido a la sociedad”, para “que deje de ser parte del paisaje habitual” de las ciudades.
Alonso sostuvo que el proyecto de Fagioli permitirá “dar ese paso superador de las intervenciones que se vienen dando, que más bien tienen una lógica de administrar el problema y no transformar el fondo”.
Por el SEDRONAR, Gabriela Torres coincidió en la necesidad de primero diagnosticar el problema, y aclaró que “no quiere decir que todas las personas que están en situación de calle tengan problemas de consumo”.
La funcionaria explicó que los consumos problemáticos tienen que ver con “calmar el malestar del vivir” y “no se empieza un tratamiento por sacar la sustancia, sino por reconstituir esa vida”.
También participó de la reunión Constanza Guillén, del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), quien advirtió que “la pandemia puso más a la vista un problema que viene de hace muchísimos años”.
Guillén opinó que más allá de los números, “hay que humanizar un poco más la discusión” y habló de los niños que son separados de sus padres, así como del “nivel de violencia” que deben afrontar estas familias y la marginación de las personas trans.
A su vez, Horacio Ávila, de la organización Proyecto Siete -compuesta por personas en situación de calle- sostuvo que “es una oportunidad de hacernos cargo de algo que viene sucediendo hace mucho tiempo”, sobre todo posteriormente a la crisis de 2001.
“A partir del caso de la niña M. hemos escuchado a infinidad de periodistas hablando de las personas en situación de calle. Nosotros estamos organizados desde hace muchos años, evaluamos nuestra problemática desde la experiencia de vida conjuntamente con profesionales”, comentó.
Además, dijo que “hay antecedentes de leyes parecidas” como la 3.706 de la Ciudad de Buenos Aires, sancionada en 2010, y agregó que en ese distrito funcionan cuatro centros de integración.
Por último, Vanesa Escobar, de Nuestra América, señaló que se busca un abordaje integral entre los ministerios de Desarrollo Social, Desarrollo Territorial y Hábitat, y Mujeres, Género y Diversidad porque “no es solamente un problema de falta de vivienda, sino que atraviesa toda la vida de las personas”.
Escobar describió la situación que atraviesan estas personas y habló de segundas y hasta terceras generaciones en situación de calle. “Si hay voluntad política de cambiar las cosas, no hay una problemática estructural que permanezca para siempre”, opinó.
El diputado nacional del FdT se refirió a su proyecto de ley para personas en situación de calle y criticó al Gobierno de la Ciudad.
El diputado nacional Federico Fagioli (FdT-Buenos Aires) hizo referencia este viernes al proyecto de “ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo”, tras el secuestro y posterior rescate de M. que puso al descubierto la problemática. “La situación de calle terrible”, afirmó y enfatizó que “lo que le pasó a M. no debería haber pasado nunca”.
“El proyecto yo lo presenté a mitad del año pasado, ahora el 11 de marzo lo presenté formalmente en la Cámara de Diputados junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación”, indicó el legislador nacional en alusión a su iniciativa de consigna “La calle no es un lugar para vivir”.
En cuanto al Gobierno de Larreta, el referente del movimiento Nuestra América denunció, en diálogo con radio AM750, que “el Gobierno de la Ciudad reconoce que hay 1.300 personas en situación de calle y nosotros en 2019 cuando realizamos un censo nos dio que hay más de 7.000. Que sólo hay 1.000 niños y niñas. Entonces para nosotros es muy grande la responsabilidad que tiene”.
Agregó que “hay espacio, hay lugares físicos, tienen recursos para poder desarrollarlo, podrían llevar adelante un montón de políticas que no lo están haciendo”.
El oficialista aclaró que “para nosotros no hay que esperar que sucedan hechos terribles como el del otro día, porque es una problemática que está, uno camina por la Ciudad de Buenos Aires y se cruza en todas las esquinas a una familia o una persona en situación de calle”.
Fagioli pidió la “ visibilización de la problemática, por eso la creación de un registro, la creación de una red nacional de centros que aborden la problemática de forma integral, hay que romper con la lógica de los paradores en donde las personas entran a las ocho de la noche y se van a las seis de la mañana” y aclaró que se necesitan “24 horas”. Esos puntos están incluídos en el proyecto de ley, que también contempla “la creación de una línea telefónica nacional gratuita para reportar estas situaciones” y “acompañar con un móvil”.
“Hay que dejar de mirar para el costado”. “Hay que abordar la problemática del acceso a la vivienda en todos sus puntos como la falta de trabajo, de educación…”, concluyó el diputado bonaerense.
En consonancia, la diputada del Frente de Todos (FdT) Lorena Pokoik impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de resolución a través del cual buscará obtener precisiones acerca de qué asistencia estatal recibió la nena que vivía en situación de calle junto a su madre.
La iniciativa es impulsada por el diputado oficialista Federico Fagioli en conjunto con organizaciones sociales que participaron de un acto en el Salón de Pasos Perdidos.
Con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se presentó este jueves en el Salón de Pasos Perdidos un proyecto de “ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo”, impulsado por el diputado oficialista Federico Fagioli, bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”.
La iniciativa fue redactada en conjunto con las organizaciones sociales Proyecto Siete, el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y el Movimiento Popular Nuestra América.
“Es muy importante el proyecto de Fagioli porque apunta a atender la problemática de la gente en situación de calle, que hoy son familias; no solo tenemos personas en situación de calle, sino familias que se han quedado sin alquiler, que han perdido changas, y hoy están en la calle”, lamentó Arroyo.
En diálogo con Diputados TV, el funcionario explicó que “el proyecto crea un programa para generar centros de integración comunitaria donde las familias puedan estar, con acompañamiento por parte del Estado en términos de financiamiento, de apoyo y de escolarización de los chicos”.
Por su parte, Fagioli expresó que “nuestro gobierno está construyendo un Estado presente, un Estado que acompaña a los más vulnerables”.
El legislador advirtió que “hoy no hay un número cuantificable” de personas en situación de calle “porque no hay un censo que las registre”.
“Cuando podamos hacer ese censo nos va a dar la posibilidad de saber de cuánta población estamos hablando para empezar a diseñar las políticas necesarias para empezar a resolver esta problemática. No podemos seguir sosteniendo que en Argentina haya familias enteras que no tengan absolutamente ningún derecho”, planteó.
El proyecto establece una serie de derechos para las personas en situación de calle o en riesgo de serlo, como por ejemplo el derecho a la dignidad personal e integridad física; a la identidad personal; y al acceso a servicios, infraestructura y espacios públicos.
También se menciona el derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y al acceso a una vivienda digna.
En ese marco, la iniciativa fija cuáles son los deberes del Estado y encomienda al Ministerio de Desarrollo Social, que será la autoridad de aplicación, la realización de un relevamiento nacional en conjunto con el INDEC para determinar cuántas personas y familias atraviesan esta situación.
Además, se propone la creación de una red de centros de integración social, y se suspende por dos años la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda, siempre que el litigio se haya producido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación.
El diputado kirchnerista contó la situación vivida en Bolivia la noche del viernes. Finalmente recuperó su libertad y pudo ingresar al país al que fue para participar como veedor electoral.
Luego de la lamentable y confusa situación vivida la noche del viernes junto a los diputados Leonardo Grosso y Paula Penacca, con los que viajó a Bolivia para participar este domingo como veedores de las elecciones, el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli pudo ingresar al país, tras recuperar su libertad.
En declaraciones formuladas a radio AM 750, el legislador kirchnerista afirmó que “me intentaron secuestrar. Me quisieron meter a una camioneta que no estaba identificada para llevarme a un lugar que no nos querían decir”.
“Además, golpearon a un compañero diplomático que no estaba cuidando”, agregó, afirmando que quisieron sacarlo del país “haciéndome firmar una declaración donde decía que yo había cometido delitos de lesa humanidad”.
Según detalló el propio legislador, junto a sus compañeros de bloque llegaron el viernes a Cochabamba, donde hicieron el trasbordo hacia La Paz y en el aeropuerto de El Alto fue donde se vivió la grave situación. El diputado denunció que el ministro Arturo Murillo “nos envió fuerzas de seguridad para impedirnos el paso”.
El Gobierno argentino intervino a través de Cancillería y la embajada argentina en Bolivia, tras lo cual el diputado recuperó la libertad y pudo ingresar finalmente al país, junto al resto de los veedores.
En sus declaraciones, Fagioli sostuvo que “el Gobierno de facto da a entender que están dispuestos a cualquier cosa”, y atribuyó lo vivido a que “ven un apoyo muy masivo al MAS (el partido de Evo Morales) y no quieren que haya veedores internacionales”.
Asimismo advirtió su preocupación porque este domingo “pueda haber fraude o que no reconozcan los resultados”.
El presidente de la Nación, Alberto Fernández, expresó su preocupación por la situación. En su cuenta de Twitter, señaló: “Legisladores argentinos fueron maltratados al llegar a La Paz para cumplir con sus tareas de veedores de las elecciones del próximo domingo. Es directa responsabilidad del gobierno de facto de @JeanineAnez preservar la integridad de la delegación argentina”.
Así lo denunció el bloque de diputados del Frente de Todos pasada la medianoche tras los graves incidentes vividos por tres de sus miembros.
A través de un duro comunicado, el bloque de diputados nacionales del Frente de Todos que conduce Máximo Kirchner exigió “la inmediata liberación del diputado (Federico) Fagioli” al Gobierno boliviano, al que sin miramientos esa bancada calificó de “dictadura”.
“Exigimos a la dictadura de Jeanine Añez la inmediata liberación del diputado Fagioli, que garantice la seguridad de los integrantes de la delegación y que permita que realicen la tarea de verificación electoral para la que fueron invitados”, señalaron a través de un comunicado.
En el mismo informan que “una delegación de legisladoras y legisladores argentinos fue invitada por la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, para participar como veedores en las elecciones del domingo”.
Los legisladores tramitaron su certificado como veedores de acompañamiento electoral internacional y contaban con toda la documentación migratoria en regla, pero fueron retenidos al llegar a La Paz. El comunicado señala a continuación que “el diputado nacional Federico Fagioli fue detenido ilegalmente y no hay garantías sobre la seguridad de la delegación argentina”.
Se trata de Leonardo Grosso, Paula Penacca y Federico Fagioli, quienes viajaron para ser veedores en las elecciones de este domingo. Fagioli fue detenido por la policía.
“No nos dejan ingresar a Bolivia. Acusan al diputado Fagioli de haber cometido crímenes de lesa humanidad”, denunció este viernes por la noche la diputada Paula Penacca a través de su cuenta de Twitter.
Tanto ella, como Federico Fagioli y el diputado Leonardo Grosso viajaron al vecino país para oficiar de veedores internacionales representando a la República Argentina en las elecciones de este domingo en el Estado Plurinacional de Bolivia.
La legisladora de La Cámpora tuiteó luego que “la policía boliviana arremete con armas y una orden donde acusan al diputado Federico Fagioli de haber cometido de lesa humanidad. Solo para evitar que cumplamos con nuestro rol de veedores”, denunció.
Por su parte, Leonardo Grosso, diputado del Frente de Todos y referente del Movimiento Evita, publicó un video en el que muestra forcejeos con las fuerzas de seguridad y dice: “Así nos trata la dictadura de Jeanine Añez en Bolivia. Más de 60 efectivos armados y sin identificación detuvieron ilegalmente al diputado Federico Fagioli y golpearon a un diplomático argentino que nos acompañaba”.
El diputado Grosso agregó que “estamos autorizados por el propio gobierno boliviano para ser veedores internacionales y no nos dejan entrar, nos detienen, nos golpean. Es inentendible lo que está pasando”.
En otro posteo de su cuenta de Twitter, Grosso aclaró que esos tres legisaldores fueron invitados por la presidenta del Senado de Bolivia, Eva Copa, como veedores de acompañamiento electoral internacional para las elecciones del domingo. Al llegar, pasamos el Aeropuerto de Cochabamba sin ningún problema, pero cuando llegamos a La Paz nos detuvieron”.
A través de un comunicado, el diputado Federico Fagioli publicó en sus redes sociales que Migraciones lo retuvo ilegalmente al momento de arribar al aeropuerto de El Alto. “Pedimos solidaridad con la situación y, sobre todo, responsabilidad a la hora de impartir informaciones al respecto. Los organismos que corresponden están trabajando”.
Y luego consideró que este “es otro claro ejemplo de la avanzada de la derecha sobre las democracias en nuestro continente. Insistimos en que nos permitan acompañar los comicios para asegurar su transparencia y denunciar todo acto que viole los ddhh del pueblo boliviano y vivir según su constitución”.
Según un comunicado difundido por el diputado Grosso antes de viajar, detallaba que la función de los veedores internacionales es participar en la apertura del acto electoral en los distintos sitios de votación, recorrer centros de votación y estar presentes para el cierre de los comicios. Luego se instalarían en el Centro de Operaciones Electorales para observar el proceso de carga de datos y difusión de los resultados.
El bonaerense del Frente de Todos se habría contagiado de su par Walter Correa.
El diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli recibió el alta médica tras haberse contagiado de coronavirus durante una reunión con su par Walter Correa, quien también se recuperó.
“Habiendo cumplido todos los protocolos indicados, el martes me dieron el alta. Cumplí los 21 días de aislamiento, porque ni bien me enteré que una persona con la que tuve contacto estuvo con síntomas, me aislé preventivamente. Después me hicieron el hisopado”, contó el legislador del Frente de Todos.
En diálogo con AM 550, Fagioli agregó: “Estuve con Walter Correa, así que sospecho que me contagié de él. Dos días después de esa reunión en mi despacho, él empezó con síntomas, por lo que me aislé preventivamente”.
En ese sentido, comentó que no tuvo síntomas durante el aislamiento al que debió someterse.
El legislador oficialista no presenta síntomas y participó este jueves de la sesión, de manera remota. En su Twitter aseguró que donará plasma sanguíneo.
Tras el caso de Walter Correa, otro diputado nacional del Frente de Todos fue diagnosticado con Covid-19: se trata del bonaerense Federico Fagioli. Así lo informó este jueves el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, quien le agradeció participar de la sesión de manera remota.
“(Fagioli) es portador de Covid-19 como otros tantos argentinos y, a pesar de eso, hoy está participando de la sesión remota. Es un ejemplo a seguir”, sostuvo Massa.
Minutos después, a través de su Twitter, el legislador reveló que no presentó síntomas y afirmó estar “en muy buen estado de salud”. “Quiero llevar tranquilidad a mis compañeros y compañeras. Me estoy cuidando y realizando todo el protocolo correspondiente”, dijo y aseguró que donará plasma sanguíneo.
“Tenemos que seguir cuidándonos entre todos y todas. En pocos días ya tendré el alta”, agregó y dedicó un mensaje a los profesionales de la salud: “A los médicos y médicas, a los enfermeros y enfermeras mi saludo, mi abrazo y mi reconocimiento”.
Finalmente, expresó: “Y a los imprescindibles en este momento, a los compañeros y compañeras que todos los días y las noches están poniendo el cuerpo para enfrentar un momento tan difícil como este. A ellos y ellas, decirles que la solidaridad y el compromiso harán más justo el país. No hay dudas”.
