La iniciativa es impulsada por el diputado oficialista Federico Fagioli en conjunto con organizaciones sociales que participaron de un acto en el Salón de Pasos Perdidos.
Con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se presentó este jueves en el Salón de Pasos Perdidos un proyecto de “ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo”, impulsado por el diputado oficialista Federico Fagioli, bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”.
La iniciativa fue redactada en conjunto con las organizaciones sociales Proyecto Siete, el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y el Movimiento Popular Nuestra América.
“Es muy importante el proyecto de Fagioli porque apunta a atender la problemática de la gente en situación de calle, que hoy son familias; no solo tenemos personas en situación de calle, sino familias que se han quedado sin alquiler, que han perdido changas, y hoy están en la calle”, lamentó Arroyo.
En diálogo con Diputados TV, el funcionario explicó que “el proyecto crea un programa para generar centros de integración comunitaria donde las familias puedan estar, con acompañamiento por parte del Estado en términos de financiamiento, de apoyo y de escolarización de los chicos”.
Por su parte, Fagioli expresó que “nuestro gobierno está construyendo un Estado presente, un Estado que acompaña a los más vulnerables”.
El legislador advirtió que “hoy no hay un número cuantificable” de personas en situación de calle “porque no hay un censo que las registre”.
“Cuando podamos hacer ese censo nos va a dar la posibilidad de saber de cuánta población estamos hablando para empezar a diseñar las políticas necesarias para empezar a resolver esta problemática. No podemos seguir sosteniendo que en Argentina haya familias enteras que no tengan absolutamente ningún derecho”, planteó.
El proyecto establece una serie de derechos para las personas en situación de calle o en riesgo de serlo, como por ejemplo el derecho a la dignidad personal e integridad física; a la identidad personal; y al acceso a servicios, infraestructura y espacios públicos.
También se menciona el derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y al acceso a una vivienda digna.
En ese marco, la iniciativa fija cuáles son los deberes del Estado y encomienda al Ministerio de Desarrollo Social, que será la autoridad de aplicación, la realización de un relevamiento nacional en conjunto con el INDEC para determinar cuántas personas y familias atraviesan esta situación.
Además, se propone la creación de una red de centros de integración social, y se suspende por dos años la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda, siempre que el litigio se haya producido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación.
