En negociaciones a contrarreloj, el oficialismo quiero una ley en beneficio para las personas en situación de calle que tenga un amplio consenso. Podría haber cambios que se plasmen en el recinto. En comisión, Juntos por el Cambio marcó diferencias en la iniciativa. Se aorobaría y pasaría al Senado.
El Frente de Todos logró incluir en el orden de temas a tratar en la sesión maratónica del próximo martes 26 un tema que hace meses viene trabajando el diputado del FdT Federico Fagioli con varias organizaciones sociales y se trata de un tema muy sensible como las personas en situación de calle.
Dicha iniciativa parecía a priori que tendría un total apoyo de todos los bloques parlamentarios, ya que en su tratamiento en el mes de junio pasado participaron por videoconferencia los ministros de Desarrollo Social de varias provincias gobernadas por JxC y la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, en julio, cuando se realizó el encuentro para firmar el dictamen, Juntos por el Cambio advirtió varias diferencias y evitó firmar el dictamen de mayoría y marcó disidencias.
Un proyecto de ley que propone crear una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle obtuvo el visto bueno del plenario de comisiones de Derechos Humanos y Garantías y de Acción Social y Salud Pública de la Cámara baja.
Pero no todo es color de rosa, ya que el FdT tendrá que hacer un mayor esfuerzo para que la oposición acompañe esta iniciativa.
Divergencias en Comisión
Tras el debate de casi dos horas en la Comisión de Derechos Humanos que preside el diputado Hugo Yasky (FdT), la diputada porteña Carmen Polledo (JxC) fijó la postura crítica de ese interbloque al proyecto.
En ese sentido, Polledo consideró que “hay voluntad entre el oficialismo y nosotros para encontrar puntos de acuerdo para poder votar oportunamente todos juntos”.
Las críticas de Juntos por el Cambio
Luego detallar los programas implementados por el Gobierno porteño en la materia y señalar que JxC “está de acuerdo con el espíritu en general del proyecto”, remarcó: “Tenemos algunas diferencias en varios puntos que nos parecen relevantes”.
En primer lugar, señaló que “debe ser precisada la categoría por la cual se establece que una persona está en situación de calle, ya que la extensión prevista -según como está redactado el artículo 4- incluye a los que viven en los barrios populares, en instituciones o que no tienen seguridad en un futuro inmediato. Se propone eliminar el inciso C del artículo 4”, dijo.
Polledo, en el artículo 5, marcó que “no en todos los casos hay una vulneración de derechos o una ausencia del Estado” cuando una persona está en situación de calle.
Asimismo, consideró que “en el artículo 8 se habilita el uso indebido del espacio público a impedir que el Estado pueda intervenir para liberar cualquier ocupación”.
“Al tener inmunidad, la ocupación se transformaría en una apropiación del espacio público. Este artículo es gravísimo porque invita a incentivar las tomas de espacios públicos con diversas finalidades”, apuntó.
También pidió “incorporar una guía para dar respuestas a una intervención cuando esas personas sean niños, niñas o adolescentes”.
Otra de las críticas fue que “se podría implementar un sistema en paralelo sobre la misma temática que responda a dos autoridades distintas y eso en la práctica sería poco beneficioso, ya que habría una autoridad nacional y otra local”.
Por otra parte, señaló que “los derechos que en este proyecto de ley dicen reconocerle a las personas en situación de calle ya están reconocidos en convenciones con rango constitucional y por eso esta iniciativa tiene mucho de impacto publicitario, porque no es de buena técnica legislativa, legislar lo que ya está vigente”.
La iniciativa
El proyecto, elaborado con aportes de organizaciones sociales como Proyecto 7, Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y Nuestramérica, propone la creación, en el Ministerio de Desarrollo Social, de una coordinación interministerial que aplique políticas transversales de salud, vivienda y trabajo para la gente en situación de calle.
La iniciativa prevé, además, la articulación con áreas y programas específicos de los ministerios de Salud, de Desarrollo Territorial y Hábitat y de las Mujeres, Géneros y Diversidad, además del Sedronar.
También estipula la creación de un sistema de atención móvil en todo el país y una “red nacional de centros de integración social” con formación y capacitación en oficios.
Situacion-de-Calle-DictamenLa iniciativa es impulsada por el diputado oficialista Federico Fagioli en conjunto con organizaciones sociales que participaron de un acto en el Salón de Pasos Perdidos.
Con la presencia del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, se presentó este jueves en el Salón de Pasos Perdidos un proyecto de “ley nacional para personas en situación de calle y familias sin techo”, impulsado por el diputado oficialista Federico Fagioli, bajo la consigna “La calle no es un lugar para vivir”.
La iniciativa fue redactada en conjunto con las organizaciones sociales Proyecto Siete, el MTE (Movimiento de Trabajadores Excluidos) y el Movimiento Popular Nuestra América.
“Es muy importante el proyecto de Fagioli porque apunta a atender la problemática de la gente en situación de calle, que hoy son familias; no solo tenemos personas en situación de calle, sino familias que se han quedado sin alquiler, que han perdido changas, y hoy están en la calle”, lamentó Arroyo.
En diálogo con Diputados TV, el funcionario explicó que “el proyecto crea un programa para generar centros de integración comunitaria donde las familias puedan estar, con acompañamiento por parte del Estado en términos de financiamiento, de apoyo y de escolarización de los chicos”.
Por su parte, Fagioli expresó que “nuestro gobierno está construyendo un Estado presente, un Estado que acompaña a los más vulnerables”.
El legislador advirtió que “hoy no hay un número cuantificable” de personas en situación de calle “porque no hay un censo que las registre”.
“Cuando podamos hacer ese censo nos va a dar la posibilidad de saber de cuánta población estamos hablando para empezar a diseñar las políticas necesarias para empezar a resolver esta problemática. No podemos seguir sosteniendo que en Argentina haya familias enteras que no tengan absolutamente ningún derecho”, planteó.
El proyecto establece una serie de derechos para las personas en situación de calle o en riesgo de serlo, como por ejemplo el derecho a la dignidad personal e integridad física; a la identidad personal; y al acceso a servicios, infraestructura y espacios públicos.
También se menciona el derecho al acceso pleno a los servicios socioasistenciales, de salud y de apoyo para la obtención de un trabajo digno; y al acceso a una vivienda digna.
En ese marco, la iniciativa fija cuáles son los deberes del Estado y encomienda al Ministerio de Desarrollo Social, que será la autoridad de aplicación, la realización de un relevamiento nacional en conjunto con el INDEC para determinar cuántas personas y familias atraviesan esta situación.
Además, se propone la creación de una red de centros de integración social, y se suspende por dos años la ejecución de las sentencias judiciales cuyo objeto sea el desalojo de inmuebles con destino de vivienda, siempre que el litigio se haya producido por el incumplimiento de la obligación de pago en un contrato de locación.
