Pasadas las 5 de la madrugada, la Cámara baja convirtió en ley este miércoles el proyecto que modifica la Ley de Alquileres, según las propuestas del oficialismo y aliados.
A 49 días de una media sanción que luego sería modificada en el Senado el 28 de septiembre, la Cámara baja volvió a votar un proyecto de ley de Alquileres. Y en esta oportunidad, a diferencia de lo sucedido el 23 de agosto, sonrió el oficialismo al ver convertida en ley la norma aprobada en la Cámara alta. El resultado se concretó pasadas las 5 de la madrugada, en una votación que concluyó con 128 votos a favor del dictamen de mayoría, 114 votos en contra y cero abstenciones.
El texto aprobado mantiene en 3 años el plazo de los contratos (el tiempo actualmente vigente); los ajustes se podrán realizar con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses.
Se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Éste estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”.
La norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe fijarse en moneda nacional. En esta misma línea, dispone que “toda publicidad, en cualquier medio o plataforma, que incluya precio de locaciones de inmuebles con destino habitacional debe realizarse en moneda nacional”.
Se elimina que se permitan pagos voluntarios anticipados por parte del inquilino, en tanto que los incentivos fiscales se mantienen sin cambios relevantes, salvo uno relacionado al monotributo, al establecer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.
Se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler y que aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados” queden exentas del impuesto al cheque.
Por otra parte, se incorpora que “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.
El debate
Al filo de las 4 de la madrugada, cuando ya se llevaban más de 15 horas de debate, se aceptó alterar el orden del debate y adelantaron la discusión sobre la modificación de la Ley de Alquileres.
Habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Legislación General, Lucas Godoy, quien arrancó diciendo que no hay una relación de igualdad entre las partes involucradas en el contrato de alquiler. “No hay una relación paritaria; la ley debe entonces legislar para equilibrar las condiciones de los contratantes. No estoy hablando de que haya buenos y malos; lo que hay son asimetrías”, señaló.
“La ley vigente ha recibido críticas, no ha sido la mejor; la estamos modificando por eso”, advirtió el diputado salteño, que de todas maneras aclaró que la norma no explica por sí sola la situación del valor de los alquileres; el aumento de los precios de manera exorbitante o la disminución de la oferta de las viviendas de alquiler. Citó al turismo, por ejemplo, para recordar también que deben legislar en torno a los alquileres temporarios, cosa que también pueden regular las provincias, aclaró.
“Hoy tenemos dos posibilidades: o insistimos con la media sanción que se aprobó en Diputados, o aprobamos las modificaciones, que en términos de protección son mejores las modificaciones del Senado”, sostuvo, citando por ejemplo el plazo mínimo de vigencia de 3 años, como así también el tiempo para hacer ajustes, que es de no menos de 6 meses para el caso del Senado y 4 para Diputados.
Citó como central el índice de actualización, teniendo en cuenta que lo aprobado en Diputados “no es un índice, libera la actualización”. “Ese sí es un gran problema para los inquilinos”, consideró.
Destacó también los incentivos fiscales que son similares en los dos dictámenes, aclaró.
A continuación fundamentó el dictamen de minoría el diputado del Pro Pablo Tonelli, quien consideró que la ley original 27.551 particularmente perjudicó a los inquilinos, por cuanto “provocó una enorme retracción de viviendas para alquilar. Al momento de sancionarse la ley, la oferta oscilaba entre unas 7 mil y 8 mil unidades de oferta; hoy en día la oferta se ha reducido a bastante menos de mil. Hoy por hoy está en el orden de las 500 unidades. Esto es evidente que perjudica a los inquilinos y dada la escasez de la oferta les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”.
Así las cosas, consideró que el resultado negativo se debe a “la alteración del equilibrio entre las partes”. “Y la verdad es que hay que concluir que la Ley 27.551 alteró ese equilibrio y con la intención de proteger a los inquilinos, los terminó perjudicando”, dijo, para hablar luego de las modificaciones que comenzaron a proponer para cambiar la ley. Primero, en el plazo de locación, que siempre había sido de 2 años y lo elevó a 3. “Además de extender tal vez excesivamente el plazo mínimo del contrato, prohibió los ajustes por períodos inferiores a un año. Y además, estableció la obligatoriedad de que esos ajustes se hicieran por un único índice de actualización, lo que produjo una enorme merma en la rentabilidad de los localizadores. Por supuesto, la consecuencia fue un retiro de la oferta”.
“En agosto pasado logramos una media sanción que en su momento nos dejó satisfechos”, señaló Tonelli, detallando lo que establecía el dictamen de minoría. Sin embargo, el Senado modificó ese proyecto, a su juicio asemejando la ley a la que había fracasado. “El Senado insiste en esa fórmula”, advirtió, citando como lo peor del caso que se establece un único índice de actualización que a su juicio será peor, porque estará por detrás de la inflación, del aumento de los precios y del aumento de los salarios.
“Esto va a afectar la rentabilidad de los locadores, y ya hemos visto lo que pasa cuando esto sucede”.
De acuerdo con el artículo 81 de la Constitución hay dos posibilidades: insistir con la sanción originaria, la otra aceptar las modificaciones del Senado, que entendió sería volver a la ley 27.551 con “mínimos maquillajes”, por lo cual no habría que esperar demasiado. “Lo razonable, lo sensato entonces, si queremos un resultado distinto y volver a una situación de normalidad y que la oferta se amplíe, es entonces que insistamos en nuestra sanción, que es lo que propiciamos en nuestro interbloque”, concluyó.
Para la diputada Romina del Plá, ninguno de los dos dictámenes resuelve el problema, y reclamó en cambio una solución integral que pasa por un plan de construcción de viviendas, con cuotas baratas. “Si no se da eso: la construcción de nuevas viviendas, el loteo de más tierras, vamos a tener siempre un cuello de botella cada vez mayor”, estimó. Recordó que en la sesión del 23 de agosto habían acompañado el dictamen del oficialismo, en tanto que ahora harían lo mismo con el dictamen que viene del Senado, sabiendo que no soluciona el problema, pero es el mal menor.
Por su parte, el oficialista Itai Hagman sostuvo que “hubo una campaña fuerte para establecer que la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas en el mercado inmobiliario”. Al respecto contó que había estado leyendo un informe de la Fundación Ebert, sobre el estado de los alquileres en nuestra región y Europa, que deja claro que “la idea de que tener una ley de alquileres es un invento exótico de la Argentina es absolutamente falsa. Por acá tenemos un liberalismo bastante ignorante que en vez de mirar lo que se hace en el mundo proponen en la Argentina lo contrario”.
Según Hagman, en la ciudad de Buenos Aires la oferta de alquileres creció hasta el primer trimestre del año 2022, y la caída empieza en el segundo trimestre de 2022, mucho después de la sanción de la Ley de Alquileres. Es mucho más razonable pensar que tiene que ver con la situación macroeconómica y efectivamente con la incertidumbre que se generó con las expectativas de un cambio normativo”. Concluyó entonces que decir que la culpa del problema es que el Congreso sancionó una ley “es una posición interesada, que claramente no podría beneficiar a los inquilinos que se quite la regulación”.
A su turno, Alejandro Cacace aclaró que la situación de la Argentina con países como Alemania es muy distinta por ejemplo por la situación inflacionaria. “En un país que tiene estabilidad y no tiene inflación, no habría absolutamente ningún problema en tener contratos de 3 años, inclusive más largos. Lo que pasa es que acá tenemos 12% de inflación y acelerándose, cuando uno fija por 3 años el contrato y no puede actualizarlos, esa incertidumbre hace que los propietarios retiren las propiedades, vendan las propiedades, las pasen al alquiler temporario o traten de hacer actualizaciones más frecuentes”, explicó.
Cerró el debate la diputada del Frente de Todos Paula Penacca consideró que durante la discusión se instalaron “falacias” tales como que “el mercado de alquileres funcionaba bien y esta ley lo rompió”. Recordó la cantidad de votos con la que se aprobó en su momento la Ley Lipovetzky, que vino a resolver una “situación de abuso”. También rechazó el concepto de que “el mercado resuelve todo” e insistió en que “la ley no es el problema”.
“Este problema empieza cuando en el año 2018 se llega a una devaluación anual de 100% y por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar. Y esto lo dice Reporte Inmobiliario, que no es un pasquín kirchnerista”, y citó un texto que hablaba de una recuperación del mercado inmobiliario en 2021.
“Hay una última falacia, que es un contrato libre entre iguales; ni es un contrato libre, ni es entre dos partes, porque en el medio están las inmobiliarias y que esta desigualdad es manifiesta, porque las personas que tienen que buscar donde vivir, no pueden elegir no alquilar”, explicó.
El diputado del FdT advirtió que el programa que impulsa la oposición “no es nuevo y nunca funcionó en la Argentina”, y pidió profundizar el camino que impulsa este presupuesto.
En su intervención en el debate por el Presupuesto 2023, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman destacó el camino propuesto por el proyecto presentado desde el Ejecutivo, de perseguir el objetivo de que “el ahorro fiscal no recaiga en ninguna política pública que garantiza en la Argentina derechos fundamentales”, y consideró que el programa de “de ajuste drástico de la inversion publica” de la oposición “ya se probó en la Argentina y nunca funcionó”.
El diputado subrayó en primer lugar que el presupuesto se discute, efectivamente, “en un contexto de restricciones, tanto macroeconómicas por desequilibrios básicos, como también por restricciones que emanan del acuerdo que la Argentina firmó, y que la mayoría de este cuerpo acompañó con el FMI, que nos pone determinadas metas fiscales, monetarias, y demás a cumplir”.
Y señaló que, si bien estas restricciones existen, la manera de cumplir esas metas no las define el FMI, las define el Congreso: “Y por eso nos tomamos muy en serio el trabajo de analizar cada una de las partidas que envió el PEN, de realizar modificaciones en áreas muy sensibles, con un norte, con un objetivo. Que es que el ahorro fiscal no recaiga e ninguna política publica que garantiza en la Argentina derechos fundamentales. Ese fue el horizonte de trabajo de la Comisión”.
En este sentido, se refirió a “los datos falsos” que circularon en los últimos días en el debate público, y mostró graficos en los que señalaba una comparación entre las inversiones proyectadas en los presupuestos 2015, 2019 y 2023: “En la Argentina de cada 100 pesos que se destinaban a salud publica en el Presupuesto 2015, en el 2019 se destinaban 83, y en el 23 vamos a destinar 92. En Educación en el 2019, de esos 100, se proyectaban 66 y en el 2023 vamos a destinar 82. En Obra Publica en el 2019 se destinaron 49 y en el 2023 vamos a destinar 63”, enumeró.
Para el legislador, estos gráficos “en forma de V corta” que tienen los indicadores de inversión publica en la Argentina “son el mejor gráfico de lo que ha pasado en los últimos años”, y que el único indicador donde vemos una V corta invertida “es en gasto de pago de intereses de deuda, donde de cada 100 pesos que se destinaban en 2015, en el 2019 se destinaron 237 y en el 2023 se van a destinar 116”.
“Creo que estos datos nos tienen que hacer tomar conciencia de lo que ha pasado en la Argentina en los últimos, y que efectivamente no hemos logrado todavía revertir toda la caída que sufrimos, pero estamos en una dirección”, agregó.
Asimismo, se refirió al articulado en el proyecto respecto a incluir al Poder Judicial en el pago del Impuesto a las Ganancias, y señaló: “Cuando uno habla de equilibrar las cuentas publicas, hay muchas maneras para hacerlo, una discusión es en qué vamos a ahorrar más plata, y en este presupuesto se ahorra fundamentalmente en subsidios energéticos; la otra discusión es cómo hacemos para mejorar la progresividad de la recaudación. En este sentido, que tengamos la posibilidad de incorporar que los magistrados y los funcionarios del Poder Judicial paguen impuestos a las ganancias es una manera de equilibrar las cuentas mirando el lado de los ingresos. Es una manera de resolver parte del problema fiscal que tenemos, pero también algo que es una ofensa simbólica para la mayoría de los argentinos, que vive como una gran desigualdad injustificable que existan privilegios como los que todavía existen en la Argentina de que haya un sector minoritario que no le caben las generales de la ley, que es pagar los impuestos que paga cualquier ciudadano”.
Por otra parte, hizo una referencia sobre la discusión de política económica que trasciende el presupuesto: “Tenemos un debate en la sociedad argentina muy explicito sobre modelos de país, modelos económicos. Creo que tenemos un debate que, a diferencia de años anteriores, es un debate mas sincero. Hoy muchos dirigentes de la oposición dicen con menos vergüenza que país se imaginan”, señaló Hagman, en referencia a la presentación del nuevo libro del expresidentes Mauricio Macri de este lunes.
Por esto, sostuvo que “ya nadie nos va a acusar de hacer una campaña del miedo si yo digo que el programa que se ofrece a la Argentina es de privatización y desguace de empresas publicas, de ajuste drástico de la inversion publica, de achicamiento del Estado, de apertura económica indiscriminada, de terminar con cualquier tipo de protección a la industria nacional, de hacer una reforma que elimine derechos laborales, de hacer una reforma previsional que impide que un montón de adultos mayores que trabajaron toda su vida pero no lo hicieron dentro del sector formal puedan jubilarse, de hacer una reforma fiscal que retrotraiga y le quite presión tributaria a los sectores de mayor poder adquisitivo, de reprimir la protesta social; todo eso esta escrito y publicado. No es una campaña del miedo, eso sincera un debate”.
Y que, en todo caso, “lo llamativo es que se presente es programa como una novedad, como si eso nunca se hubiera aplicado en nuestro país. Es el programa que llevó a la peor crisis economica y politica probablemnte de nuestra historia que fue la crisis del 2001”.
“Justamente frente a ese fracaso sistemático de ese programa en la Argentina, también se conformó nuestro espacio político, tratando de reparar, de tomar un camino de producción y empleo, de retomar y poner como objetivo la distribución del ingreso, de recuperar parcialmente capacidad estatales que habían sido podadas, de aun de manera insuficiente reducir significativamente la pobreza y la indigencia en nuestro país. Por supuesto que si hoy tenemos ese debate también tiene que ver con falencias propias”, agregó.
Respecto a estas falencias, el diputado admitió que a pesar de que “la Argentina se viene recuperando de manera sostenida en términos de actividad, y de empleo, y de que hay una recuperación muy significativa en términos de ganancias de las empresas, y que sin embargo eso no ha ido acompañado de una manera similar en los salarios y en los ingresos. Y ahí está nuestra deuda pendiente. Yo creo que este presupuesto tiene que ser el punto de partida para una política económica que se proponga revertir como primer objetivo en el corto plazo esa situación. Por eso quiero decir que es muy importante que no nos dejemos llevar por los cantos de sirena, que nos quieren convencer que si hacemos los deberes que un sector del poder económico quiere, vamos a conseguir esos resultados. Nunca paso eso en la Argentina”.
Por esto, para el legislador, lo primero que tenemos que hacer es “clausurar la posibilidad” de intentar estabilizar la economía argentina por vía de la devaluación: “Hoy una devaluación en la Argentina no haría otra cosa que hundir la economía, que empobrecer mas a la población y bajar los ingresos. No podemos hacer propio ningún discurso que apele intereses que son ajenos a los del pueblo argentino. No es cierto que las demandas salaria van a provocar inflación, no es cierto que no tenemos que hacer política social para que el Estado le llegue con transferencias directas a los sectores excluidos en la Argentina, necesitamos más de esas políticas, no menos”, concluyó.
Itai Hagman sostuvo que esa iniciativa que él impulsa permitiría ampliar la cobertura social para los adultos.
Poco después de que la vicepresidenta Cristina Kirchner se mostrara a favor de la posibilidad e impulsar una suerte de salario básico universal, el autor de esa iniciativa, el diputado oficialista Itai Hagman dio detalles del proyecto.
“¿Por qué necesitamos un “Salario Básico Universal”, o como @CFKArgentina dijo hace unas horas un “Ingreso Universal Básico”?”, se preguntó Itai Hagman en las redes sociales y saliío a explicarlo.
“En Argentina hay millones de personas que se rompen el lomo laburando diariamente, sin embargo no todas tienen un empleo formal con un ingreso estable que les garantice condiciones mínimas de vida. Se estima que ese universo ronda los 7,5 millones de personas”, comentó.
Agregó que “somos un país pionero en garantizar los derechos a quienes quedan excluidos por el mercado laboral. Así lo hacemos con las moratorias de las jubilaciones en la tercera edad y con la AUH durante la niñez. El Salario Básico Universal permitiría ampliar esta cobertura en la adultez”.
Hagman puntualizó que “nuestro país tiene políticas de transferencias de ingresos dispersas y superpuestas. Se mezclan políticas de ingresos con otras de apoyo al empleo en la economía popular, ambas necesarias. Un Ingreso Universal permitiría transparentarlas, diferenciarlas y hacerlas más eficientes”.
Agregó que “un Salario Básico Universal equivalente a la Canasta Básica Alimentaria individual es condición necesaria para un mejor mercado de trabajo. Es casi imposible formarse o insertarse laboralmente desde la indigencia, sin condiciones mínimas de vida garantizadas”.
“Como todo proyecto, está en permanente construcción. Pero nos mueve la convicción de que en una economía cada vez más concentrada, en donde los de arriba cada vez tienen más y los de abajo menos, tomar medidas audaces es la salida. El Salario Básico Universal es justicia social”, apuntó el legislador.
La tasa de empleo es alta, pero la informalidad sigue siendo tan elevada que inquieta. Casi tanto como la falta de dólares, por un drenaje que le impedirá al BCRA cumplir las metas del Fondo y desvela a las autoridades. De todo eso habló Cristina en un discurso en el que volvió a marcar agenda.
Por José Angel Di Mauro
Una buena noticia entre tantas malas y muy malas: la desocupación se ubicó en el 7% al cierre del primer trimestre de este año: 3,2 puntos menos que en igual período de 2021. Y la tasa de empleo alcanzó el récord del 43,3%, según datos del INDEC. En números concretos, los desocupados suman alrededor de un millón y medio, 700 mil menos que a comienzos del año pasado, cuando -vale recordar- estábamos todavía en pandemia. Pero la ocupación ya supera el nivel de los años anteriores a la pandemia. Hasta aquí la parte llena del vaso.
Ahora la otra, cruda y preocupante: un 80% del incremento del empleo verificado a lo largo del último año correspondió a asalariados informales. Podrá decirse que este dato representa la vuelta al empleo (informal) de aquellos que lo perdieron cuando arrancó la pandemia, pero lo cierto es que la masa de trabajadores que no aportan al sistema jubilatorio es cada vez mayor. Alrededor de 8 millones de personas trabajan en la economía informal: entre un 35 y un 45% del total de esa tasa récord de empleo, según quien lo mida. Una bomba de tiempo. Una más.
La cifra de habitantes de nuestro país que reciben planes sociales asciende a 1.300.000 personas, según destacó Cristina Fernández de Kirchner sobre el final de su extenso discurso en Avellaneda, donde volvió a dejar en claro que no se siente parte de un gobierno que a su juicio ha fracasado, tiene rumbo de colisión y al que no obstante sigue dándole “recomendaciones”. “Hay algo que va a haber que revisar, porque con esta desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, dijo tres días antes de que se conociera ese dato oficialmente. Porque hay que reconocerlo: Cristina está súper informada acerca de esta administración, con datos que recibe de manera continua.
Fue ese tramo de su mensaje en el que reclamó que el Estado nacional recupere “el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Dos días después se mostró junto a un intendente ultra K: el de Pehuajó, Pablo Zurro, de quien dijo que se acercó hasta el Senado para entregarle una propuesta “para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. Dijo que también se lo había enviado al ministro de Desarrollo Social de la Nación. Ese proyecto no existe como tal; se limita al compromiso del municipio a pagarles a los beneficiarios un adicional mensual, a cambio de asignarles tareas o capacitaciones. El municipio tiene la potestad de controlar el cumplimiento de las pautas dictadas por ellos mismos. Vino justo para adecuar al discurso vicepresidencial. El objetivo parece claro y es el de liquidar el poder creciente de las organizaciones sociales.
Fiel a su estilo, la vicepresidenta no necesitó decir a quién específicamente se refería. El Movimiento Evita, que maneja buena parte de los planes que reparte el Gobierno nacional, acusó recibo. También el presidente Alberto Fernández, para quien esa poderosa agrupación es una suerte de contrapeso frente a La Cámpora. Puede decirse que el Evita -que administra 130.000 planes Potenciar Trabajo, una caja de unos $2.860 millones mensuales- y la CGT son los dos sostenes reales que le quedan al presidente de la Nación. Sobre todo para evitar que la calle termine de desestabilizarlo.
A la calle le teme la vicepresidenta, que ha visto con recelo lo sucedido en países como Chile, Colombia, Perú y ahora Ecuador, con multitudes soliviantadas. Es la génesis de sus dichos del Día de la Bandera: si las políticas sociales están tercerizadas, no será el Estado el que pueda administrar esos ánimos. Y ya se sabe también que con la izquierda -que maneja miles de planes- no es mucho lo que se puede negociar. Una inquietud compartida con los gremios, inquietos ante el crecimiento de los “autoconvocados”.
Una alternativa para los planes sociales ven en la ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal. Tal es el nombre del proyecto del diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, que presentó el pasado 4 de mayo. Se trata de una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos. En caso de convertirse en ley, el monto a percibir sería igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto informada por el INDEC.
El proyecto cuenta con la adhesión de buena parte del oficialismo; vale decir que no tiene la anuencia general de esa bancada. Sobre todo cuando es rechazada desde Economía, donde se preguntan qué parte no entendió el resto del oficialismo sobre reducir el déficit.
Pero la iniciativa va ganando espacio en el seno del Frente de Todos, sobre todo el alineado con la vicepresidenta. En la provincia de Buenos Aires la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez asimiló las declaraciones de la CFK con el salario básico universal. “Las políticas sociales deben ser de acceso universal y no tienen que estar condicionadas por ninguna organización”, afirmó, remarcando que “es una discusión de presente y de futuro acerca de ir avanzando hacia el salario básico universal y otros programas que nos permitan abordar la complejidad de este momento”. En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien sin ambages dijo que “llegó la hora de debatir el salario universal”, y que es “unánime” entre los intendentes la idea de “la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”.
“Hay problemas estructurales que tiene la Argentina que requieren de un consenso democrático tendiente a resolverlos: el salario universal va en esa dirección y por eso es impostergable su debate”, resumió el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.
El salario básico universal puede poner también en apuros a una oposición en estado deliberativo. Porque sería incómodo aparecer oponiéndose a una alternativa de ese tipo si realmente viniera a reemplazar el festival de planes vigente. Máxime cuando se recuerda que fue Elisa Carrió la inspiradora de la AUH. En 1997, quien todavía militaba en el radicalismo impulsó junto a la también diputada nacional Elisa Carca el proyecto de Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI). Una propuesta que representaba un cambio en los modelos focalizados de asistencia social y se enmarcaba en los regímenes de renta básica universal, en este caso para todos los niños y niñas menores de 18 años, sin focalizar respecto de la situación laboral o socioeconómica de sus familias. Ningún oficialismo se animó a avanzar con esa iniciativa, hasta que en 2009 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó impulsando algo similar a través de un DNU, creando la Asignación Universal por Hijo.
¿Por qué impulsó esa administración semejante iniciativa? Porque la oposición, que acababa de propinarle en las elecciones del 28 de junio de 2009 la primera derrota al kirchnerismo, ya hablaba de reflotar esa propuesta para llevarla al Congreso. Con la nueva composición de ambas cámaras que se constituirían recién en diciembre, podrían imponerla por ley, y hubiera sido muy antipático para el gobierno de CFK vetarla. Por eso la implementó con otro nombre y por decreto, a pesar de contar todavía con mayoría en ambas cámaras: no tuvo que compartir la autoría con nadie.
Algunos se ilusionan con la posibilidad de que el salario básico universal pueda ser para el oficialismo una tabla de salvación similar a la que constituyó la AUH para Cristina hace trece años.
Pero con una inflación ya por arriba del 70%, necesitará mucho más que una buena ley este gobierno para sobreponerse. Sobre todo cuando el pronóstico es muy grave pues el BCRA no ha podido hacerse de dólares en la mejor parte del año para conseguirlo, con una liquidación de cereales récord.
Es que el drenaje sigue siendo intenso, sobre todo en materia de energía. Para el mes en curso se gastaron 2.000 millones de dólares y para julio harán falta 2.400 millones solo en importaciones de energía. En mayo, el drenaje de dólares fue de 7.800 millones: 1.600 en energía y 6.200 en otras importaciones.
La vicepresidenta calificó ese cuadro inquietante como “festival de importaciones”. De eso debe haber hablado en la reunión de más de dos horas que compartió el viernes con el economista Carlos Melconian. Más allá del genuino interés de Cristina de explorar alternativas para sortear la grave crisis económica, esa reunión estuvo destinada a mostrarla precisamente preocupada por buscar alternativas aun en quienes no comparten su pensamiento. Incomodar de paso -y sobre todo- a Martín Guzmán y Alberto Fernández; y mostrarla ajena a esta gestión. Como si no fuera parte del mismo gobierno, mal que le pese a la portavoz Gabriela Cerruti.
Proponen instaurar una contraprestación para desocupados y trabajadores de bajos ingresos por un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria.
Diputados del Frente de Todos presentaron el proyecto de Salario Básico Universal. La propuesta impulsada por Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli busca instaurar una contraprestación para desocupados y trabajadores de bajos ingresos por un monto igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria.
“Hay millones de personas que trabajan, sin tener un empleo formal, que no tienen garantizadas las condiciones más básicas de vida. Este fenómeno no pasa solo en Argentina, es mundial, y es consecuencia de las transformaciones en el mundo del trabajo y de la creciente concentración de la riqueza. El salario básico universal es una respuesta concreta que nos permite ser audaces para pensar el futuro”, dijo al respecto el diputado y economista Itai Hagman, referente del Frente Patria Grande de Juan Grabois.
Natalia Zaracho, cartonera y diputada nacional consideró que “hoy no se reconoce como debería el valor del esfuerzo de millones de trabajadores de la economía popular y de las tareas del cuidado. Esta medida podría eliminar la indigencia y garantizar que todo el mundo tenga, al menos, un plato de comida cada día. Sería un avance muy importante”.
Finalmente, Federico Fagioli, diputado nacional también por el Frente Patria Grande agregó “¿En qué momento naturalizamos tanta desigualdad? Necesitamos políticas redistributivas. Un Salario Básico Universal que equivalga al valor de una Canasta Básica Alimentaria no sólo nos permitiría terminar con la indigencia, sino también avanzar hacia la justicia social”.
El proyecto fue presentado este martes en la Sala 2 del Anexo C del Congreso de la Nación, con la participación del diputado nacional del Movimiento Evita Leonardo Grosso.
2083-D-2022-2Legisladores que no apoyaron el acuerdo con el Fondo Monetario se pronunciaron a favor de la iniciativa impulsada por senadores del Frente de Todos para pagar la deuda con plata fugada.
Los diputados nacionales alineados con Juan Grabois se manifestaron este lunes de acuerdo con el proyecto del bloque de senadores para crear un “Fondo Nacional para la cancelación de la deuda con el FMI”.
El diputado Itai Hagman tuiteó: “Muy buena iniciativa del bloque de @senadores_todos. La deuda con el FMI no puede pagarse a costa de quienes viven de su trabajo. Es fundamental que el mayor esfuerzo provenga de quienes se enriquecieron y fugaron capitales”.
Para Federico Fagioli graficó su apoyo así: “Excelente iniciativa de @senadores_todos. La estafa consolidada entre el macrismo y el #fmi, tienen que pagarla los que la fugaron. El pueblo no puede sufrir más#.
“Una gran iniciativa de Senadores/as del Frente de Todos. Que paguen los que salieron bien parados de esta crisis, se la fugaron y siguen haciéndolo a costa del hambre del pueblo”, expresó la diputada Natalia Zaracho.
Desde la provincia de Buenos Aires, el senador provincial Omar Plaini expresó su “apoyo absoluto” al proyecto de ley del bloque de senadores del Frente de todos, “esperando un pronto tratamiento de la iniciativa legislativa”.
El diputado del Frente de Todos dijo sobre Martín Guzmán: “No es el peor ministro de Economía del mundo, tuvimos peores”.
Miembro del frente Patria Grande, el diputado nacional Itai Hagman es uno de los que abstuvo a la hora de votar el acuerdo con el FMI, y sobre el mismo advirtió que “las alternativas concretas era que salga este acuerdo con el FMI o ir a un escenario de mora o default. Nadie quería la cesación de pagos”.
“Sentimos que es un acuerdo en el que el FMI no se hace cargo del mal que le hizo a la Argentina. El crédito fue de un monto extraordinario y el Fondo tenía que asumir esa responsabilidad; y tenemos serias dudas de qué implicancias va a tener para la vida de la Argentina”, aseguró Hagman.
En diálogo con CNN Radio, el diputado comentó que “es un problema cerrar un acuerdo con el Fondo sin que haya debate en la coalición a la que pertenecés. Y no lo hubo. No es un tema técnico. Este es un problema de funcionamiento de la coalición de gobierno”.
“Hay un sólo área del gobierno que está tomando decisiones”, deslizó Hagman. En relación a esto, reflexionó que “hay un problema de funcionamiento de la coalición del Frente de Todos que va más allá incluso del acuerdo con el FMI. Eso debemos repensar: ¿cómo funciona un gobierno de coalición?”.
A la hora de hablar de Martín Guzmán, dejó en claro que “no es el peor ministro de Economía del mundo, tuvimos peores. Tengo mucho respeto; tuvo aciertos pero hubo una subestimación del tema inflación”.
Retomando la cuestión de la votación del acuerdo con el Fondo, Hagman aseguró que “ninguno de los que votó en contra o se abstuvo es partidario del default ni subestima los problemas que eso implicaría. Por eso nuestra actuación no buscó que el desenlace sea una Argentina en default”.
El diputado señaló además que “Argentina tomó un crédito sin precedentes en la historia del FMI. El Fondo, violando sus propios convenios, siguió girando plata a pesar de que no estaba posibilitado para hacerlo porque el programa económico no se cumplía”.
Así lo confirmaron en el marco de una conferencia de prensa en la que aclararon que sí se mantendrán dentro del Frente de Todos.
“No cuente con nosotros para votar un acuerdo que prolonga la dependencia sin resolver los problemas sociales más básicos”, concluye un extenso comunicado difundido por el Frente Patria Grande que tiene letra de Juan Grabois y que se conoció este miércoles bien temprano, en el marco de una conferencia de prensa de la que tomó parte el citado dirigente, junto a los diputados nacionales Itai Hagman, Natalia Zaracho y Federico Fagioli, de la que también participaron la diputada porteña Ofelia Fernández, y dirigentes de ese espacio.
En el encuentro celebrado en el JJ Circuito Cultural, ubicado en Jean Jaures 347 se celebró una conferencia de prensa con el fin de difundir la postura que adoptarían los tres diputados miembros de ese espacio en la sesión prevista para esta semana. No había muchas dudas al respecto, si se tiene en cuenta que el hashtag difundido con la convocatoria era este: #LaDeudaEsConElPueblo
El mensaje citado al principio, que refiere a la actitud que mostrarán esos tres diputados del Frente de Todos en la sesión en la que se tratará el acuerdo con el FMI, está dirigido al presidente Alberto Fernández, al que le aclaran que “cuenta con nosotros para conservar la unidad en la diversidad; hacer frente a las amenazas de una oposición destructiva e irresponsable; colaborar con honestidad y esfuerzo en las políticas populares del gobierno; luchar por la recuperación del dinero malversado y fugado… pero no cuente con nosotros para apoyar medidas que rechazamos explícitamente desde el día 1 y contradicen las convicciones de este espacio”.
En el comunicado difundido detallan que se sumaron al Frente de Todos en su momento ante la convicción de que “derrotar a Macri” requería “una coalición amplísima y la piedra angular de esa hazaña era necesariamente Cristina por encarnar a la principal fuerza de oposición a las políticas neoliberales. Defenderla era la llave para dejar atrás aquel nefasto gobierno. Finalmente, en 2019, con el esfuerzo de todos, construimos la coalición más amplia de la historia política argentina: desde Pino Solanas hasta Sergio Massa”.
Pero sostienen que “cuando asumió el gobierno por el que tanto luchamos, el equipo económico definió otro camino. Vimos con preocupación el error estratégico que se estaba cometiendo. Lo planteamos puertas adentro y puertas afuera. Otra vez la trampa de ‘los buenos modales’ y la amnesia histórica. No se impugnó el incumplimiento manifiesto del propio estatuto del Fondo ni se denunció formalmente la estafa. Empezamos perdiendo porque aceptamos negociar dentro de las ‘reglas’ que el propio FMI impone pero viola.
“El acuerdo al que llegó el Poder Ejecutivo es consecuencia del mencionado error estratégico y el error estratégico deriva de una concepción tecnocrática, despolitizada y ahistórica sobre el Fondo. El Fondo no es un organismo multilateral neutral, sino una herramienta para la hegemonía geopolítica y financiera”, sostienen en el comunicado en el que refieren que “si hacemos una lectura ligera del proyecto de ley, podríamos ver un resultado razonable, mejor al obtenido por otros países”, pero aclaran que “nosotros lo vemos de un modo completamente distinto. Vamos a pagar una estafa sin obtener concesiones significativas de los estafadores. No obtuvimos ni quita de capital ni de intereses como habíamos planteado muchos integrantes de la coalición sin que estas demandas se pusieran sobre la mesa de negociación. Tampoco se obtuvo lo que sí planteó el equipo negociador: la extensión de plazos, y la eliminación de sobretasas”. Advierten además que “con este acuerdo, la Argentina tampoco sale de la zona de vulnerabilidad financiera. Seguimos teniendo la famosa espada de Damocles sobre la cabeza. De eso se tratan las revisiones trimestrales que nos impusieron. En una economía global altamente convulsionada, con metas tan estrictas, al FMI no le van a faltar excusas para enviarnos al default. Es una pistola sobre las sienes de la Argentina. No van a dudar en apretar el gatillo cuando les convenga. Valga recordar que Damocles tenía esa espada por sus tratos con un tirano. El FMI es un tirano que se impone a la fuerza”.
Se trata de legisladores que rechazan el acuerdo con el Fondo y que originalmente formaban parte de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
La discusión en torno al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional entre oficialismo y oposición es tal que no amerita descuidar ningún detalle. Todo vale a la hora de evitar que al oficialismo le pase como el año pasado con el Presupuesto, malogrado por el tono de un discurso inoportuno en el momento más inadecuado; o en el caso de la oposición, que ausencias inesperadas le hagan perder votaciones.
Atento a todos los detalles, la mira hoy no está puesta solo en la votación trascendental que se dará el viernes en horas de la madrugada, o bien antes del mediodía, sino en lo más inmediato por venir: el dictamen de mayoría que saldrá del plenario de comisiones que discutirá el proyecto. Es que sobre ese tema la oposición se propone impulsar un dictamen propio y al cabo de la reunión de este domingo mostraron sus cartas al advertir sobre la paridad que existe en el plenario de Presupuesto y Finanzas. Así las cosas, señalaron voceros del espacio opositor, que el oficialismo no deberá tener fugas si quiere imponer el texto que envió el ministro Martín Guzmán.
En efecto, el plenario que analizará el proyecto de la deuda cuenta con 39 firmas del Frente de Todos; 38 de Juntos por el Cambio (20 PRO, 12 UCR, 3 Evolución y 3 CC); 2 firmas del interbloque Federal y una firma de Provincias Unidas (el diputado Diego Sartori, de Misiones).
A propósito de las fugas que no deberá tener el oficialismo, un repaso de los nombres de los miembros del Frente de Todos permite observar que hay al menos dos diputados que tendrían fuertes reparos hacia el acuerdo y que -de hecho- difícilmente lo voten en el recinto. Uno es el camporista Marcos Cleri y otro el economista Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, al que decididamente se lo sabe contrario al acuerdo. Ambos serán relevados, como así también un par más que tendrían problemas para estar en tiempo y forma en el plenario esta semana.
Todos ellos serán reemplazados por otros diputados convencidos de votar el acuerdo, tal cual dio a entender el domingo por la noche el presidente del bloque oficialista, Germán Martínez. Interrogado sobre ese tema puntual, el legislador santafesino admitió esa posibilidad y la relativizó: “Yo integré por un día la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos para poder aprobar el Protocolo de Sesiones Remotas, allá en el arranque de la pandemia; yo participé un día como integrante de la Comisión de Salud para poder aprobar el dictamen de la ley de VIH, la ley de cannabis y cáñamo industrial -recordó-. Es normal que haya ese tipo de cambios”.
“Tienen que ver muchas veces con la logística propia de participación de los diputados y diputadas”, detalló, agregando que “además hay un montón de diputados y diputadas que quieren colaborar para que este proyecto salga, que tenga las firmas suficientes, así que iremos haciendo los ajustes en función de eso… Pero no tiene que ver con ningún criterio de orientación política”.
Como sea, los cambios se conocerán este mismo lunes y consistirán en relevos de los dos legisladores citados y tal vez también quienes no han podido llegar el domingo, para evitar sorpresas inoportunas a la hora del dictamen, cuestión en la que se sabe que estará atento JxC.
El legislador oficialista calificó como “calamidad” la deuda con el FMI. Además, habló sobre las diferencias dentro del Gobierno, anunció que volverán a impulsar la ley de envases y apuntó contra la oposición.
Las negociaciones con el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo trajeron una marea de opiniones, uno de ellos fue el diputado nacional Itaí Hagman (FdT – Ciudad de Buenos Aires) que sostuvo: “Nosotros no consideramos que exista un buen acuerdo, porque la situación de deberle al FMI 45.000 millones de dólares en sí mismo es una calamidad que hace que todas las soluciones sean malas”. Además, anunció que están trabajando en modificaciones para impulsar, nuevamente, la ley de envases y defendió la idea de un salario universal. A su vez, apuntó contra la oposición por rechazar el Presupuesto 2022.
En una entrevista con diario El Cronista, al ser consultado por el acuerdo con el FMI el diputado manifestó: “Para que haya un acuerdo hacen falta dos, como para bailar el tango. Esto es una obviedad, pero puede no haber acuerdo por falta de voluntad o intransigencia del FMI. No depende solo de la voluntad del Gobierno argentino. Entonces, de ninguna manera se puede descartar ese escenario. Alguien puede decir que es preferible firmar cualquier cosa. Si uno tiene principios para negociar, hay barreras que no está dispuestas a cruzar. Entonces, puede no haber acuerdo”
“El Gobierno no está dispuesto a hacer un acuerdo que suponga ajuste de gastos”, resaltó y agregó: “Está dispuesto a reducir el déficit fiscal, por vía del crecimiento económico, que mejore la recaudación; no vía ajuste. Si el FMI pone como condición ineludible para que haya acuerdo una política de ajuste, como hizo en el acuerdo stand by que firmó (Mauricio) Macri, la Argentina no va a aceptar eso. Y no lo va a aceptar porque dinamitaría la posibilidad de recuperar la economía argentina y la posibilidad de pagarle al Fondo. Si la Argentina no se recupera, tampoco va a pagar la deuda”.
En ese sentido, aclaró: “Tampoco diría que haya ‘un buen acuerdo’, porque nosotros no consideramos que exista un buen acuerdo, porque la situación de deberle al FMI 45.000 millones de dólares en sí mismo es una calamidad que hace que todas las soluciones sean malas”, y apuntó: “Reivindicamos la negociación, pero no festejamos reestructurar una deuda de más de 100.000 dólares que tomó el gobierno anterior de manera irresponsable. Y lo digo en relación a los debates de estos días sobre la responsabilidad de endeudamiento, quién tiene la culpa. Primero la discusión era quién había endeudado más y ahora dicen que la culpa de la deuda con el FMI la tiene Cristina (Kirchner). Hay un nivel de delirio. Aparte, el propio macrismo, cuando asumió, dijo que no iba a volver al Fondo, porque era una de las acusaciones por parte de la oposición al gobierno de Macri”.
Respecto del Plan Plurianual que había anunciado el presidente Alberto Fernández para el 6 de diciembre pasado y de su tratamiento junto con el acuerdo con el Fondo afirmó: “Lo hizo en base a una expectativa de que para esa fecha iba a haber un entendimiento con el Fondo. Evidentemente no la hay. El propio ministro de Economía ha salido a plantear en los últimos días, con mayor claridad, cuáles son las desavenencias que existen. Eso es lógico. No vamos a discutir un plan plurianual que no tiene acuerdo con el FMI. La demora tiene que ver con que las negociaciones están en un momento más complicado y el Gobierno está negociando con mucha firmeza, lo que para mí es una buena noticia. Me preocuparía que la negociación sea fácil. Si la negociación es fácil, seguramente es porque estás haciendo una negociación que es bastante ventajosa para la otra parte”.
“Sería bueno que haya un acuerdo lo antes posible. Pero habla de que el Gobierno no está dispuesto a aceptar cualquier condicionamiento”, remarcó.
En relación a las críticas que el Gobierno recibe por parte de la oposición que le exige un programa económico, el legislador respaldó: “Es un Gobierno que tiene una apuesta muy fuerte a la industria, no casualmente es el sector que más se ha recuperado. Incluso, hoy está niveles superiores a la época del Gobierno de Macri”.
“Es un Gobierno que, si bien alienta las exportaciones, a la vez tiene una política de protección del mercado interno; no cree en la apertura de la economía de manera descontrolada y sin regulaciones para atraer inversiones. Es un Gobierno que cree que el Estado tiene un rol importante para alentar el proceso de desarrollo. Es un Gobierno consciente del problema de abusar del endeudamiento de moneda extranjera; que se puso como meta una recuperación de los ingresos reales”, enumeró y cuestionó: “Sería bueno conocer qué opina la oposición, qué propuesta tiene la oposición sobre política económica, sobre el acuerdo con el Fondo, sobre cómo hay que manejar el problema de la deuda… Es muy fácil decir ‘acá no hay un plan’ y no ofrecer ninguna alternativa”.
En ese contexto, recordó el rechazo al Presupuesto 2022 y advirtió que “es grave que no se haya sancionado” porque “deja un precedente muy negativo”. “En nombre de no darle discrecionalidad al Poder Ejecutivo, dejar sin presupuesto, le otorga más discrecionalidad, no menos. Por eso es raro lo que hizo la oposición. Nosotros no pretendíamos que voten a favor. Pero una cosa es no votar un presupuesto y otra es dejar al Gobierno sin presupuesto. No tenemos muchos antecedentes, salvo el de 2010. Me preocupa que se construya ese escenario, que es que la oposición asuma un rol de obstruir”, criticó Hagman.
Por otro lado, el economista adelantó que se están incorporando modificaciones a la ley de envases y que se volverá a impulsar el proyecto y precisó que las mismas se deben a “algunos planteos para darle un mayor rol a las provincias, y para darle mayor claridad la forma en que se calcula la tasa ambiental. Hay algunas modificaciones, pero el espíritu de la ley es el mismo. Es generar un desincentivo para el uso de los envases más contaminantes y un mecanismo de financiamiento para un sistema de reciclado, con inclusión social”.
Por último, manifestó que dentro del bloque del Frente de Todos “hay distintas posturas sobre un montón de temas. Entre ellos, el del Fondo. Somos un gobierno de coalición, con una diversidad de opiniones. Es natural que haya matices. Los matices tienen que ver con preocupaciones genuinas”.
En materia de labor legislativa opinó que “la prioridad tiene que ver con las leyes que permitan el proceso de recuperación económica. El objetivo de recuperar el ingreso se logró en algunos sectores de madera bastante modesta. Lo que necesitamos es que el proceso de recuperación se sostenga. Hay un montón de leyes que plantea el Ejecutivo, vinculadas al fomento de sectores productivos, a incentivo para inversiones y demás. Creo que a eso hay que sumarle algunas políticas más agresivas en materia de ingresos”.
Por ese motivo, avizoró que “tenemos la idea de un salario universal. En la Argentina tenemos un universo muy grande de población que en edad laborable que no tiene ingresos fijos asegurados, porque no tiene ni empleo formal o una actividad por cuenta propia que sea lo suficientemente estable”. “Planteamos que el sistema de seguridad social nacional, que logró que toda la población de niñez y adulto mayor tenga algún tipo de cobertura casi universal, llegue también a la población de entre 18 y 65 años, y que no tiene ingresos fijos asegurados. A eso le llamamos salario universal, que en su versión máxima puede cubrir hasta 10 millones de personas”, precisó Hagman.
El legislador oficialista utilizó su cuenta de Twitter para referirse al tema y lanzó un hilo de críticas hacia la gestión de Mauricio Macri y al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
Tras publicarse el informe del Fondo Monetario Internacional sobre el crédito que otorgó al gobierno de Mauricio Macri, el diputado nacional Itaí Hagman (Frente de Todos) manifestó su opinión a través de su cuenta de Twitter y cuestionó: “El préstamo que iba a dar estabilidad generó más desconfianza y el Gobierno que nos iba a integrar terminó aislándonos del mundo. La crisis se profundizó y el primer acuerdo se fue casi todo en fuga de capitales”.
“Ayer el FMI afirmó que el programa económico de Macri fracasó y que el endeudamiento se usó principalmente para la fuga de capitales. Ya se habló mucho (yo mismo también) sobre lo sucedido, pero me interesa particularmente compartir algunas conclusiones de esta carta”, comenzó el posteo.
Por consiguiente, precisó que “es llamativo cómo, a pesar del fracaso de las premisas económicas de Macri (similar a las de los ‘90, cuyo fracaso en 2001 recordamos hace pocos días), hay un sector de la política que insiste en que la liberalización de la economía es la solución a los problemas argentinos”.
Por otro lado, apuntó contra el exministro de Economía Nicolás Dujovne: “En su tweet afirma que el préstamo del FMI se explica principalmente por la sequía y la crisis turca de 2018. Sin embargo, omite decir que ya en 2016 y 2017 fuimos el país emergente que más deuda tomó en el mundo. ¿Por qué?”.
“Para ellos el problema de Argentina era que estábamos aislados al mundo (y por eso escaseaban divisas), que la inflación era resultado de la emisión monetaria y el déficit fiscal, y que las inversiones no venían por inseguridad jurídica y altos impuestos. ¿Les suena familiar?”, agregó Hagman.
En ese sentido, señaló: “Ante este diagnóstico decidieron: *Levantar el cepo y devaluar (decían que los precios estaban atados al dólar blue). *Pagar a los Buitres para “volver al mundo” *Liberar importaciones *Desregular la entrada y salida de capitales *Bajar retenciones y bienes personales *Tarifazos”.
“Las consecuencias de estas políticas fueron las contrarias: la “lluvia de inversiones” nunca llegó y, al contrario, la inflación llegó el 40% en 2016. Al abrir las importaciones descontroladamente y desregular el sistema financiero, Argentina siguió perdiendo dólares diariamente”, enumeró.
En ese contexto, se preguntó: “¿Qué hizo Macri ante esta situación? ¿Revaluar sus políticas?”, y respondió: “No. Insistió con las mismas, pero apoyándose en un furioso endeudamiento externo para planchar el tipo de cambio y sostener la bicicleta financiera, la cual ofrecía los retornos más elevados del mundo”.
“En 2017 la fuga de capitales fue de 22.000 millones de dólares y la deuda en moneda extranjera aumentó en 32 mil millones de dólares. La fragilidad externa del país se había duplicado. Por eso, en 2018, cuando llega la crisis de Turquía, Argentina ya estaba muy expuesta”, recordó el legislador oficialista.
Y siguió: “Cuando los capitales especulativos se retiraron, liderados por JP Morgan, el entonces presidente del Banco Central Federico Sturzenegger les garantizó dólares a 20 pesos. Llegó a vender en una semana 5.300 millones de dólares a ese precio”. “A los pocos días el dólar ya valía $25. Es decir, perdimos un montón de reservas y la devaluación ocurrió igual. Esto disparó el caos. En este marco Macri tomó la decisión de anunciar un acuerdo con el FMI para salir de la crisis. Para fin de año el dólar ya estaba en $38”, criticó.
En tanto, remarcó que “esto es un dato fundamental para comprender la responsabilidad del FMI al entregar el préstamo a la Argentina. ¿Acaso no estaban al tanto de la sistemática fuga de divisas durante el Gobierno de Macri? Suena extraño que se sorprendan con los resultados de su préstamo”.
“Lo que siguió ya lo sabemos: el préstamo que iba a dar estabilidad generó más desconfianza y el Gobierno que nos iba a integrar terminó aislándonos del mundo. La crisis se profundizó y el primer acuerdo se fue casi todo en fuga de capitales. Pero el FMI y Macri insistieron…”, calificó el diputado del Frente de Todos.
En ese sentido, relató que “hicieron un segundo acuerdo que desembolsaba el dinero antes de las elecciones de 2019 y pedía ir más rápido al equilibrio fiscal. La economía profundizó todavía más su recesión: la inflación llegó a 54%, el poder adquisitivo del salario cayó un 18% y la pobreza subió 10 puntos”.
“Desde el acuerdo con el FMI firmado en junio 2018 hasta julio 2019 (antes de las PASO) el FMI desembolsó USD 45.000 millones. El 60% se fue en fuga de capitales, lo que estaba expresamente prohibido por el estatuto del propio FMI. Todos permitieron que pasara. Es decir, la política del equilibrio fiscal vía ajuste, de la liberalización de la economía y todo lo que insisten proponernos como receta nueva fue exactamente lo que probó Macri en sus 4 años y nos llevó a este fracaso que reconoce el FMI. Una crisis autoinfligida”, subrayó.
En sus últimos tuits, apuntó: “¿Saben quiénes no perdieron? Las grandes fortunas, que se hicieron todavía más ricas y pudieron llevarse el dinero fuera del país a costa de endeudar a todas las familias argentinas. Esos son los intereses que Juntos por el Cambio representa hoy en la Argentina”.
“La carta del FMI nos dio la razón, sí. Sin embargo, no perdamos de vista la responsabilidad del Fondo que, como bien dice Nicolás Dujovne, hipotecó el futuro del país por una apuesta internacional a la política del Gobierno de Macri”, reiteró y aseguró: “No me interesa hacer un repaso histórico para decir “teníamos razón” sino para evitar que vengan nuevas (o viejas) caras a vendernos las mismas recetas que ya fracasaron siempre. Para que tampoco el Fondo nos diga que la receta estuvo bien pero que fallaron “los objetivos”.
Y concluyó: “Por último, es fundamental investigar la deuda argentina y la fuga de capitales para que estos ciclos de mega endeudamiento no vuelvan a repetirse y que podamos construir un futuro sustentable para todos y todas”.
Ante las críticas de la oposición, el diputado Itai Hagman dio los argumentos a favor del proyecto y advirtió que “se instaló un discurso que distorsiona los debates”.
El diputado nacional Itai Hagman (FdT – CABA) defendió el proyecto de ley de envases ante las críticas de la oposición y aseveró que el objetivo del mismo es puramente ambiental.
El legislador del Frente de Todos señaló que la ley no busca recaudar, sino impactar en la gestión de residuos. “Una manera de resolver el problema es desincentivando el uso de estos envases”, declaró por Radio Del Plata, para luego condenar el hecho de que Argentina importe basura reciclada de otros países cuando cuenta con la capacidad de abastecer la industria propia.
Con respecto al cobro de un gravamen, el diputado aseguró que en realidad se trata de una tasa que varía según el tipo de material, es decir, que aumenta de acuerdo al tipo de envase. “La tasa va a ser mucho más baja que el 3%. Eso se planteó en la ley como un techo”, explicó Hagman, y culminó: “Ojalá no recaudemos nada, porque eso quiere decir que la industria va a usar envases reciclables”.
De esta forma, el diputado hizo hincapié en que el proyecto de ley de envases persigue una finalidad totalmente ambiental ya que busca reducir la utilización de elementos no reciclables. En este sentido, cuestionó a la oposición dado que considera que lo plantearon desde una perspectiva equivocada: “se instaló un discurso que distorsiona los debates”, finalizó.
Leandro Santoro y Ofelia Fernández (FdT) se reunieron con diputados nacionales y otros dirigentes de ese espacio se reunieron de manera virtual para debatir la situación actual del Gobierno porteño y cómo hacerle frente a su propuesta electoral.
Con la mirada puesta sobre las elecciones que se llevarán a cabo en todo el país, los legisladores del Frente de Todos (FdT) Leandro Santoro y Ofelia Fernández se reunieron con el diputado nacional la CIudad Itai Hagman, en el marco de un encuentro virtual en donde debatieron sobre el situación actual del Gobierno local y qué alternativas construir de cara a los comicios.
La charla fue organizada por el Frente Patria Grande CABA y coordinada por la directora del Observatorio de Género y Políticas Públicas Victoria Freire.
Al principio del encuentro, Hagman afirmó que “el Gobierno de la Ciudad destinó poco y nada de recursos para acompañar económicamente a los porteños y porteñas en el marco de la pandemia, eso habla del modelo de Ciudad para pocos que encarna” e indicó que “los porteños del campo nacional y popular de la Ciudad de Buenos Aires, y del Frente de Todos en particular, tenemos una gran responsabilidad. Porque no solo estamos discutiendo el modelo de ciudad, también estamos discutiendo con la derecha nacional que hace de nuestra ciudad su cuna”.
“No se puede construir una alternativa porteña por fuera de la política nacional, porque aparte sería imposible querer municipalizar el debate en la Ciudad, pero tampoco se puede construir siendo una sucursal de una fuerza nacional. Hay que pensar desde nuestra especificidad”, aseveró Hagman.
Mientras que Ofelia Fernández aprovechó su intervención para hablar sobre la importancia de construir una alternativa basada en las agendas emergentes del feminismo y el ambientalismo. “No es casual que el trabajo de salud más feminizado sea el más precarizado. Acompañar a la lucha por la profesionalización de los enfermeros y enfermeras es una de las tareas principales que debemos tomar en la Ciudad”, señaló.
La joven también aprovechó para interpelar a la política “cuando le preguntan a un dirigente político por la juventud en general responde que se está derechizando o que solo quieren ir a fiestas clandestinas. Es difícil poder interpelar con esa línea, tenemos que volver a convocar a recuperar el futuro”, afirmó.
A la vez que Santoro se preguntó “¿qué hacer para ganarle a Larreta? armar un proyecto social alternativo que se exprese en un amplio movimiento social, hay que construir un modelo distinto de sociedad con un eje en el bien común” y destacó que “nuestra alternativa tiene que construir una utopía que funcione como relevo del actual Gobierno, que no critique meramente lo que se hace mal, sino que construya un nuevo paradigma”.
“Hay que construir un modelo de Ciudad distinto que tiene que tener un denominador común: lo verde, la defensa medioambiental. Pero no ser solamente lo verde, eso tiene que ser la columna vertebral sobre la que tenemos que dar respuesta a todos los problemas planteados en la ciudad de Buenos Aires”, completó.
Cabe señalar que el evento contó con la participación de 600 personas a través de la plataforma virtual de zoom y Youtube.
El diputado oficialista celebró las cifras de recaudación del denominado “impuesto a la riqueza” y cargó contra las personas que se niegan a pagarlo.
“El aporte solidario y extraordinario ayuda a reactivar la economía en un contexto muy duro”, destacó el diputado Itai Hagman (Frente de Todos) al celebrar los datos preliminares que indican que ya se recaudaron 223.000 millones de pesos gracias a la ley sancionada por el Congreso el año pasado.
Según se conoció, unas 10.000 personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos pagaron el tributo que fue dispuesto por única vez con destinos específicos, en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia.
Esos recursos extraordinarios serán destinados a financiar la política sanitaria (20%), subsidiar a las pymes para sostener los puestos de trabajo (20%), inyectar recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión energética (25%).
Al respecto, Hagman destacó que estos ingresos ayudan a “acelerar el proceso de reactivación económica después de tres años muy duros” para los argentinos.
“La mala noticia es que 220 personas alcanzadas por este aporte iniciaron acciones legales para no pagarlo y estimamos que debe haber unas 2.000 personas aproximadamente que no se presentaron ante los tribunales por el momento, pero tampoco presentaron sus papeles ante la AFIP”, agregó el economista.
En declaraciones a radio Continental, el legislador recordó que el universo total estimado implicaba entre 12.000 y 13.000 personas. “Aspirábamos a llegar a los 300.000 millones de pesos de recaudación, en función del universo estimado. Hasta ahora han presentado las declaraciones juradas y realizado sus primeros aportes unas 10.000 personas”, dijo.
“Es lamentable que tengamos en Argentina personas con semejantes patrimonios que pertenecen al sector más encumbrado de la sociedad y que en un contexto de crisis tan grave como este, producto de una pandemia que afecta al mundo entero, no estén dispuestos a ceder el 2 o el 3% de su patrimonio, según la situación, para tratar de ayudar a mitigar los efectos de esta crisis global”, indicó Hagman.
Por último, el legislador porteño destacó que se seguirá trabajando desde el Estado con las herramientas legales correspondientes “para que todos los alcanzados por la norma votada en el Congreso hagan su aporte y de esta manera Argentina cuente con la mayor cantidad de recursos posibles para asistir a la población y a las pequeñas empresas”.
Un diputado del Frente de Todos presentó un proyecto para que el Congreso se encolumne en la campaña internacional que apunta a ese objetivo.
El diputado nacional por el Frente de Todos Itai Hagman presentó un proyecto para que el Congreso Nacional respalde la campaña internacional que pide la liberación de patentes de tecnología, medicamentos y vacunas para prevenir y tratar el Covid-19.
“En marzo de 2020 se declaró al coronavirus pandemia, el mundo entero se paró, todos estábamos muy asustados por la velocidad de transmisión del virus; sin embargo en la segunda mitad del año empezamos a tener esperanza: se anunciaban vacunas nuevas para terminar esta pesadilla. Pero lo que parecía el fin de la pandemia fue una muestra de la continuidad del peor capitalismo salvaje”, advirtió el legislador del oficialismo.
En ese sentido remarcó que “en vez de encontrarnos con la cooperación internacional necesaria para derrotar al virus, nos encontramos en una disputa por las escasas vacunas que hay, que obviamente ganan quienes más recursos tienen”. Así, agregó, “los países ricos compran vacunas que en algunos casos quintuplican su población, y los países más pobres tienen enormes dificultades para acceder a ellas. Se amplifica aún más la desigualdad”.
“Que a esta altura se mantengan la propiedad intelectual en hallazgos científicos para frenar el coronavirus es inmoral e inhumano y debe terminar ya mismo”, remarcó Itai Hagman.
Ese es el fundamento de la presentación de su proyecto para “sumar al Congreso a este grito internacional por la liberación de las patentes de las vacunas. Es falso lo que esgrimen quienes se oponen, que las patentes son necesarias para que haya competencia y por ende más investigación. De hecho, Médicos Sin Fronteras reveló una investigación en la que demuestra la enorme cantidad de dinero que invirtieron los Estados Nacionales en el desarrollo de las vacunas. The Guardian publicó un artículo que muestra que en el caso de la AstraZeneca la inversión estatal fue del 97%”, agregó el economista.
El proyecto propone acompañar la campaña impulsada por India y Sudáfrica en la Organización Mundial de Comercio (OMC), de la cual participan otro centenar de países entre los que se encuentra Argentina. Actualmente existe una disposición, desde 2001, por la cual la OMC permite liberar las patentes en caso de crisis sanitaria a los países de la cual hizo uso Brasil en 2009 con un medicamento para tratar el HIV. Sin embargo, Hagman considera que “eso no es suficiente hoy, se requiere una cooperación y resolución internacional para suspender la propiedad intelectual de medicamentos y vacunas para tratar y prevenir el coronavirus en todo el mundo”. Recordó Hagman que la propuesta es impulsada también por organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional, Human Rights Watch , ONUSIDA y Médicos sin Fronteras.
Es promovida además, añadió, por entidades científicas importantes como la Revista Nature y numerosos líderes mundiales, incluyendo el propio papa Francisco.
La médica generalista de la Ciudad de Buenos Aires Estefania Cioffi apoyó la iniciativa señalando que “los médicos y médicas estamos dando todo hace un año para evitar que muera gente por el coronavirus, pero si no se socializan los avances científicos contra el Covid-19 lo que podemos hacer es limitado. Es fundamental que se liberen las patentes ya”.
