La última encuesta nacional de Management & Fit realizada entre el 11 y el 22 de mayo refleja un clima social marcado por el malestar económico y una creciente insatisfacción con el rumbo del Gobierno. Con un 58,1% de desaprobación frente a un 37,9% de aprobación, la gestión de Javier Milei alcanza su mayor diferencial negativo desde el inicio del mandato, consolidando una tendencia de deterioro en la evaluación pública.

El estudio, basado en 2.600 casos a nivel nacional, confirma que la economía sigue siendo el eje estructurante de las percepciones sociales. La evaluación negativa de la situación del país alcanza el 57%, mientras que apenas el 18,2% la considera positiva, en ambos casos con incrementos respecto del mes anterior que refuerzan la polarización.

En este contexto, la inflación se mantiene como el principal problema señalado por los ciudadanos, con el 24,7% de las menciones, aunque en descenso, seguida por la corrupción (18,6%) y la desocupación (15,8%), esta última en leve crecimiento.  La centralidad de los factores económicos también se replica a nivel personal: el 23,6% menciona la dificultad para llegar a fin de mes como su principal preocupación, dentro de un conjunto de problemas económicos que concentran más del 70% de las respuestas.

La mirada a futuro tampoco logra disipar el pesimismo. Si bien el 35,3% cree que la situación del país mejorará en el próximo año, la expectativa negativa viene en ascenso y alcanza el 46%, superando ampliamente a las visiones optimistas.  En paralelo, los sentimientos predominantes frente a la situación nacional siguen siendo mayoritariamente negativos: preocupación y desconfianza encabezan las respuestas, seguidas por la tristeza, y duplican ampliamente a las emociones positivas.

Otro dato relevante es el impacto de la crisis en la vida cotidiana. Más de la mitad de los hogares (54,4%) declara tener dificultades para cubrir sus gastos y un 84,2% afirma haber modificado sus hábitos de consumo en el último año, principalmente postergando compras no esenciales o reduciendo gastos en alimentos y recreación.  Además, casi uno de cada cuatro encuestados (22,7%) sostiene que ya no puede afrontar su situación económica actual.

En el plano político, el relevamiento muestra una sociedad dividida respecto al rumbo a seguir. Aunque un 41,6% optaría por la continuidad del Gobierno —en muchos casos con cambios—, una mayoría del 55% se inclina por un cambio total de políticas y de equipo de gestión, proporción que viene en aumento.

El informe también indaga en episodios puntuales que impactan en la percepción pública. El caso del vocero presidencial Manuel Adorni aparece como un factor de tensión: el 59,2% considera que debería renunciar y casi el 70% afirma que hechos de corrupción o irregularidades disminuyen su confianza en el Gobierno.  Asimismo, un 57,4% rechaza las restricciones a periodistas en la Casa Rosada, lo que sugiere un costo político en términos de percepción institucional.

Aun así, ciertas iniciativas oficiales mantienen niveles elevados de apoyo. La implementación de “Ficha Limpia” alcanza un 77,8% de acuerdo, seguida por la boleta única (72,8%) y la eliminación de las PASO (58,2%), mostrando que existe margen para consensos en materia de reformas políticas.

En síntesis, el estudio de Management & Fit describe un escenario de desgaste creciente para el Gobierno, con indicadores económicos que siguen marcando el pulso del humor social.

Hay una preocupación entre la población adulta y es la falta de empleo. Los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) lo acompañan: en el primer trimestre del 2025, en Argentina la tasa de desocupación aumentó un 7,9% en comparación al 2024. No hay dudas de que, entre las crisis económicas locales y la revolución digital, el mundo del trabajo es hoy sinónimo de cambio constante.

Frente a la demanda de nuevas habilidades y la obsolescencia acelerada de los conocimientos, es imposible no preguntarnos cómo hacer para que la población adulta se mantenga competitiva y acceda a mejores oportunidades. Un reciente estudio realizado por la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral, en colaboración con el Centro de Estudios sobre Educación No Formal de la Universidad Nacional de Rosario, aporta una respuesta: la educación no formal, con su flexibilidad y adaptabilidad, es clave para la reconversión de los profesionales.

La educación no formal, enfocada en la construcción de competencias laborales y profesionales es una alternativa estratégica, complementaria y expansiva hacia sectores sociales emergentes. La participación de los actores y su involucramiento en el proceso de formación permanente y de capacitación aseguran su acceso a mejores condiciones de vida, tanto en el plano simbólico como material. Es de alta relevancia que las organizaciones gremiales, universidades, organizaciones intermedias de la sociedad civil, empresas públicas y privadas e incluso ciudadanos particulares fomenten, diseñen, organicen y sostengan propuestas de educación no formal en el marco del amplísimo abanico de problemáticas que son susceptibles de ser abordadas dentro de esta perspectiva. En esta comunicación nos interesa subrayar la importancia que tendría -como parte de las políticas públicas- un estímulo a la generación de propuestas de educación no formal en relación a la formación, profundización y acrecentamiento de competencias para la empleabilidad y el trabajo.

Es innegable que el alcance de la educación no formal corre en paralelo con el crecimiento de la educación a distancia. La aceleración tecnológica, los cambios en los perfiles de empleabilidad y las nuevas dinámicas productivas exigen una constante actualización de habilidades y competencias frente a las nuevas modalidades de comunicación y construcción de lazos sociales. Aggiornando siempre a los ciclos de innovación tecnológica, la educación no formal apunta hacia la actualización socio-ocupacional en un contexto que es volátil. La flexibilidad horaria, el enfoque práctico y la posibilidad de especialización evidencian que la educación no formal no solo responde a lo que las personas necesitan aprender sino también a cómo y cuándo pueden hacerlo. Es una gran oportunidad a la hora de promover la inclusión social, el fortalecimiento del capital humano y el desarrollo económico sostenible del país.

Según el filósofo argentino Nicolas Casullo, la cultura fue mudando desde la solidez de estructuras y roles hacia pautas cada vez más líquidas, produciendo un quiebre y consecuentemente, flexibilizando conocimientos, saberes, tiempos, espacios y vínculos. Este efecto se ve en los resultados del último informe de la Cámara y el Centro de Estudios sobre Educación No Formal[1]. A partir de la respuesta de más de mil participantes, se da cuenta de que los alumnos valoran su flexibilidad y su ubicuidad. Además, los cursos son aprovechados por personas con diferentes niveles educativos, edades y situaciones laborales.

Esta ductilidad no solo hace que el aprendizaje sea pertinente, sino que lo vuelve compatible con las exigencias de la vida cotidiana. La mejora de las condiciones de vida se ve también en los resultados de las encuestas: más de la mitad de los participantes reportaron haber accedido a un nuevo empleo o progresando dentro de su puesto actual.

Uno de los datos más relevantes es que el 78.5% de los participantes son mujeres. Desde una perspectiva de género, se demuestra que la educación no formal ofrece un espacio propicio para la formación de ellas en contextos de desigualdad estructural. Así, esta sobrerrepresentación femenina merece ser analizada no sólo como fenómeno descriptivo, sino también como una oportunidad de empoderamiento profesional y reducción de brechas.

La educación no formal ha demostrado ser una herramienta efectiva para el desarrollo individual y la formación para el empleo. Es perentorio que las políticas públicas y las organizaciones de la sociedad civil aúnen esfuerzos en una sinergia orientada a la promoción y desarrollo de esta práctica social de alto impacto para hoy y para las generaciones venideras.

Carla Brambilla es codirectora del Centro de Estudios sobre Educación No Formal. Instituto de Investigaciones “Profesor Adolfo Prieto”. Facultad de Humanidades y Artes. Universidad Nacional de Rosario.

* Junto a Hernán Martini, director de la Cámara Argentina para la Formación Profesional y Capacitación Laboral.

[1] Martini, H., & Brambilla, C. (2025). Impacto de la educación no formal en la formación profesional y el empleo.

Por José Angel Di Mauro

Una buena noticia entre tantas malas y muy malas: la desocupación se ubicó en el 7% al cierre del primer trimestre de este año: 3,2 puntos menos que en igual período de 2021. Y la tasa de empleo alcanzó el récord del 43,3%, según datos del INDEC. En números concretos, los desocupados suman alrededor de un millón y medio, 700 mil menos que a comienzos del año pasado, cuando -vale recordar- estábamos todavía en pandemia. Pero la ocupación ya supera el nivel de los años anteriores a la pandemia. Hasta aquí la parte llena del vaso.

Ahora la otra, cruda y preocupante: un 80% del incremento del empleo verificado a lo largo del último año correspondió a asalariados informales. Podrá decirse que este dato representa la vuelta al empleo (informal) de aquellos que lo perdieron cuando arrancó la pandemia, pero lo cierto es que la masa de trabajadores que no aportan al sistema jubilatorio es cada vez mayor. Alrededor de 8 millones de personas trabajan en la economía informal: entre un 35 y un 45% del total de esa tasa récord de empleo, según quien lo mida. Una bomba de tiempo. Una más.

La cifra de habitantes de nuestro país que reciben planes sociales asciende a 1.300.000 personas, según destacó Cristina Fernández de Kirchner sobre el final de su extenso discurso en Avellaneda, donde volvió a dejar en claro que no se siente parte de un gobierno que a su juicio ha fracasado, tiene rumbo de colisión y al que no obstante sigue dándole “recomendaciones”. “Hay algo que va a haber que revisar, porque con esta desocupación del 7% deberíamos tener menos planes sociales”, dijo tres días antes de que se conociera ese dato oficialmente. Porque hay que reconocerlo: Cristina está súper informada acerca de esta administración, con datos que recibe de manera continua.

Fue ese tramo de su mensaje en el que reclamó que el Estado nacional recupere “el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales, que no pueden seguir tercerizadas”. Dos días después se mostró junto a un intendente ultra K: el de Pehuajó, Pablo Zurro, de quien dijo que se acercó hasta el Senado para entregarle una propuesta “para transformar los planes sociales que hay en esa ciudad en trabajo”. Dijo que también se lo había enviado al ministro de Desarrollo Social de la Nación. Ese proyecto no existe como tal; se limita al compromiso del municipio a pagarles a los beneficiarios un adicional mensual, a cambio de asignarles tareas o capacitaciones. El municipio tiene la potestad de controlar el cumplimiento de las pautas dictadas por ellos mismos. Vino justo para adecuar al discurso vicepresidencial. El objetivo parece claro y es el de liquidar el poder creciente de las organizaciones sociales.

Fiel a su estilo, la vicepresidenta no necesitó decir a quién específicamente se refería. El Movimiento Evita, que maneja buena parte de los planes que reparte el Gobierno nacional, acusó recibo. También el presidente Alberto Fernández, para quien esa poderosa agrupación es una suerte de contrapeso frente a La Cámpora. Puede decirse que el Evita -que administra 130.000 planes Potenciar Trabajo, una caja de unos $2.860 millones mensuales- y la CGT son los dos sostenes reales que le quedan al presidente de la Nación. Sobre todo para evitar que la calle termine de desestabilizarlo.

A la calle le teme la vicepresidenta, que ha visto con recelo lo sucedido en países como Chile, Colombia, Perú y ahora Ecuador, con multitudes soliviantadas. Es la génesis de sus dichos del Día de la Bandera: si las políticas sociales están tercerizadas, no será el Estado el que pueda administrar esos ánimos. Y ya se sabe también que con la izquierda -que maneja miles de planes- no es mucho lo que se puede negociar. Una inquietud compartida con los gremios, inquietos ante el crecimiento de los “autoconvocados”.

Una alternativa para los planes sociales ven en la ampliación del Sistema de Seguridad Social mediante el Salario Básico Universal. Tal es el nombre del proyecto del diputado nacional del Frente de Todos Itai Hagman, cercano a Juan Grabois, que presentó el pasado 4 de mayo. Se trata de una prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores de bajos ingresos. En caso de convertirse en ley, el monto a percibir sería igual al valor de la Canasta Básica Alimentaria de un adulto informada por el INDEC.

El proyecto cuenta con la adhesión de buena parte del oficialismo; vale decir que no tiene la anuencia general de esa bancada. Sobre todo cuando es rechazada desde Economía, donde se preguntan qué parte no entendió el resto del oficialismo sobre reducir el déficit.

Pero la iniciativa va ganando espacio en el seno del Frente de Todos, sobre todo el alineado con la vicepresidenta. En la provincia de Buenos Aires la ministra de Gobierno, Cristina Alvarez Rodríguez asimiló las declaraciones de la CFK con el salario básico universal. “Las políticas sociales deben ser de acceso universal y no tienen que estar condicionadas por ninguna organización”, afirmó, remarcando que “es una discusión de presente y de futuro acerca de ir avanzando hacia el salario básico universal y otros programas que nos permitan abordar la complejidad de este momento”. En el mismo sentido se pronunció el jefe de Gabinete bonaerense, Martín Insaurralde, quien sin ambages dijo que “llegó la hora de debatir el salario universal”, y que es “unánime” entre los intendentes la idea de “la descentralización del control de los planes sociales en los municipios”.

“Hay problemas estructurales que tiene la Argentina que requieren de un consenso democrático tendiente a resolverlos: el salario universal va en esa dirección y por eso es impostergable su debate”, resumió el intendente de Lomas de Zamora en uso de licencia.

El salario básico universal puede poner también en apuros a una oposición en estado deliberativo. Porque sería incómodo aparecer oponiéndose a una alternativa de ese tipo si realmente viniera a reemplazar el festival de planes vigente. Máxime cuando se recuerda que fue Elisa Carrió la inspiradora de la AUH. En 1997, quien todavía militaba en el radicalismo impulsó junto a la también diputada nacional Elisa Carca el proyecto de Ingreso Ciudadano para la Niñez (INCINI). Una propuesta que representaba un cambio en los modelos focalizados de asistencia social y se enmarcaba en los regímenes de renta básica universal, en este caso para todos los niños y niñas menores de 18 años, sin focalizar respecto de la situación laboral o socioeconómica de sus familias. Ningún oficialismo se animó a avanzar con esa iniciativa, hasta que en 2009 el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó impulsando algo similar a través de un DNU, creando la Asignación Universal por Hijo.

¿Por qué impulsó esa administración semejante iniciativa? Porque la oposición, que acababa de propinarle en las elecciones del 28 de junio de 2009 la primera derrota al kirchnerismo, ya hablaba de reflotar esa propuesta para llevarla al Congreso. Con la nueva composición de ambas cámaras que se constituirían recién en diciembre, podrían imponerla por ley, y hubiera sido muy antipático para el gobierno de CFK vetarla. Por eso la implementó con otro nombre y por decreto, a pesar de contar todavía con mayoría en ambas cámaras: no tuvo que compartir la autoría con nadie.

Algunos se ilusionan con la posibilidad de que el salario básico universal pueda ser para el oficialismo una tabla de salvación similar a la que constituyó la AUH para Cristina hace trece años.

Pero con una inflación ya por arriba del 70%, necesitará mucho más que una buena ley este gobierno para sobreponerse. Sobre todo cuando el pronóstico es muy grave pues el BCRA no ha podido hacerse de dólares en la mejor parte del año para conseguirlo, con una liquidación de cereales récord.

Es que el drenaje sigue siendo intenso, sobre todo en materia de energía. Para el mes en curso se gastaron 2.000 millones de dólares y para julio harán falta 2.400 millones solo en importaciones de energía. En mayo, el drenaje de dólares fue de 7.800 millones: 1.600 en energía y 6.200 en otras importaciones.

La vicepresidenta calificó ese cuadro inquietante como “festival de importaciones”. De eso debe haber hablado en la reunión de más de dos horas que compartió el viernes con el economista Carlos Melconian. Más allá del genuino interés de Cristina de explorar alternativas para sortear la grave crisis económica, esa reunión estuvo destinada a mostrarla precisamente preocupada por buscar alternativas aun en quienes no comparten su pensamiento. Incomodar de paso -y sobre todo- a Martín Guzmán y Alberto Fernández; y mostrarla ajena a esta gestión. Como si no fuera parte del mismo gobierno, mal que le pese a la portavoz Gabriela Cerruti.

El diputado cordobés Pablo Carro (Frente de Todos) consideró este viernes que “la marca de la desocupación por debajo de los 10 puntos es una buena noticia para todos y todas”.

Tras el informe del Indec que indicó que la tasa de desocupación bajó el 3,5 por ciento en relación al mismo trimestre del año anterior (13,1%) y 0,6% menor a la del trimestre anterior (10,2%) siendo ahora de 9,6%, Carro reflexionó: “Si bien es un número que sigue siendo alto, hay que tomar en cuenta que las causas de su incremento”.

En ese sentido, marcó como los orígenes del desempleo “el desastre económico que nos dejó el Gobierno de (Mauricio) Macri, sumado a la pandemia”.

Al realizar un análisis de la situación económica, manifestó que los índices muestran una “recuperación lenta, pero sostenida”.

Y apuntó también a que el índice inflacionario “viene bajando mes a mes”.

Por eso, Carro vaticinó que "este año los salarios le van a ganar a la inflación".

"Entiendo que estamos en el camino correcto y que los datos son alentadores”, concluyó.