En medio de la fuerte crisis económica que atraviesa el país, los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires rechazaron el crecimiento de la pobreza a nivel nacional, dado a que según informó el INDEC durante la primera parte del año la pobreza alcanzó el 40,1% y la indigencia llegó al 9,3%.

De acuerdo a las cifras oficiales, se trata de un fuerte incremento de la pobreza si se tiene en cuenta el 36,5% registrado en el mismo período del 2022; en tanto, el nivel de indigencia pasó del 8,8% al 9,3% en los últimos 12 meses.

Atento a esta situación, el jefe del bloque Vamos Juntos (VJ), Diego García Vilas, se preguntó: “¿cuántas alertas más necesitamos? Es ahora y es para siempre”; mientras que el presidente del Pro Capital, Claudio Romero (VJ), aseveró que este es “el resultado del peor Gobierno de la historia: 18,5 millones de argentinos en situación de pobreza. Me duele que 6 de cada 10 niños sean pobres. Con Patricia Bullrich otra Argentina es posible”.

Por su parte, Gimena Villafruela (VJ) indicó que “dato mata relato: 18,6 millones de personas en el país son pobres. En 25 días tenemos la oportunidad de volver a ser un país ordenado” y que Darío Nieto (VJ) precisó que “llegaron prometiendo asado. Se van con 18,6 millones de argentinos pobres”.

Además, Daniel Del Sol (VJ) opinó que “este Gobierno kirchnerista será recordado históricamente como el de la inflación y pobreza descontrolada. Destruyeron a la Argentina. Con Bullrich esto se acaba” y que Natalia Fidel (VJ) destacó que “con Alberto Fernández como presidente 2,2 millones de argentinos más son pobres. Vivimos en un país con 40,1% de pobreza (y 56,2% de pobreza infantil). Y el dato refleja la realidad del primer semestre del año, que no incluye el salto devaluatorio e inflacionario post PASO. La situación es dramática”.

A su turno, María Sol Méndez (VJ) señaló: “se ríe de nosotros. El verdadero responsable de que el 40,1% de los argentinos sea pobre, Sergio Massa. El actual candidato a presidente, de las cuales sus únicas medidas son el ‘plan platita’ para seguir empobreciendo a los argentinos y llevar al país a una hiperinflación”.

En tanto el candidato a jefe de Gobierno por La Libertad Avanza (LLA) y mano derecha de Javier Milei, Ramiro Marra, advirtió que “hoy el 56,2% de los niños se van a ir a dormir sin comer. Son todos cómplices”.

Sobre esa misma línea, el trotskista Gabriel Solano (FIT) afirmó que “40,1% es la cifra de pobreza en Argentina. Massa es incapaz de solucionar el hambre y la pobreza, lo muestra su mandato como ministro de economía. Los trabajadores y la izquierda tenemos que ganar las calles para enfrentar el ajuste de hoy y lo que se viene”.

“Comparado con el mismo periodo del 2022, la pobreza creció del 36.5% al 40.1%. Se debe a la política deliberada de reducción de salarios y jubilaciones vía la inflación. Con Massa la distribución del ingreso fue al revés: de los trabajadores al capital”, completó.

Este viernes a las 10, se presentará en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña el “Complemento de Ingresos Porteño Universal” (CIPU), un proyecto de ley del diputado Matías Barroetaveña para terminar con la indigencia en la Ciudad.

Los números de la indigencia de la Ciudad durante el 2022 marcaron que hay 254.000 personas en situación de vulnerabilidad en materia alimentaria. Esto representa un 8,3% del total de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, se convierte en fundamental la intervención del Estado en sus diferentes niveles para hacer frente a este panorama. El programa Ciudadanía Porteña ha sido desfinanciado en los últimos años y en 2022 terminó subejecutado.

“Es indispensable la creación de un programa que garantice que ningún porteño o porteña caiga por debajo de la línea de indigencia”, expresó el diputado Matías Barroetaveña.

El evento contará con la presencia de diputados y senadores nacionales del bloque Frente de Todos como Mariano Recalde e Itai Hagman; así como también legisladores porteños y dirigentes del peronismo de la ciudad.

La novedad que incorpora el programa frente a otros existentes es que dicha transferencia monetaria es variable y busca cubrir la brecha entre el valor de la canasta alimentaria para la familia y los ingresos que las mismas reciben, ya sea por fuentes laborales como asistencias sociales de nación y ciudad.

Respecto a la viabilidad de la propuesta, el autor sostuvo que la misma representa el 2,8% del presupuesto de la Ciudad para 2023. “El Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta tuvo un superávit de aproximadamente $130 mil millones en 2022, más que suficiente para la cobertura del programa”, concluyó Barroetaveña.

Finalmente arranca el debate en comisiones del proyecto de ley que implementa el refuerzo de ingresos. La iniciativa que establece un beneficio equivalente a la canasta básica alimentaria, será discutida a partir de este mediodía en un plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, que presiden Juliana Di Tullio y Ricardo Guerra, respectivamente.

Será en el Salón Arturo Illia del Senado, a partir de las 12, justo en momentos en que el presidente y su ministro de Economía buscan definir cómo se pagará el bono para los sectores más vulnerables, que será de $45.000.

El proyecto de la presidenta del bloque Unidad Cívica de la Cámara alta busca el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad, que prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44% para el 2023. El proyecto es de Juliana Di Tullio y también lleva la firma del jefe del interbloque FdT, el formoseño José Mayans.

La iniciativa crea una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022. Es así que la asignación será equivalente al valor de dicha canasta, monto que según establece el proyecto podrá actualizarse de modo trimestral.

Además, con el proyecto “se prevé que alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”.

“Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria”, argumenta la iniciativa.

Por otro lado, estima que tendrá un costo fiscal del 0.09 % del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 % durante el año siguiente. Además, cabe destacar que el beneficiario deberá realizar controles de salud acreditados anualmente de acuerdo a su género y edad a modo de contraprestación.

El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas. En este sentido, el proyecto promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica. Así se apuesta a que la situación de vulnerabilidad se revierta y deje de ser necesario el ingreso.

El proyecto establece que sea ANSeS la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSeS hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.

El proyecto recibió aportes de dirigentes sociales, además se trabajó en su elaboración junto a diputados y senadores, y fue acordado con el Poder Ejecutivo Nacional a través de la ANSeS y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Entre los argumentos plantea que “el país atraviesa una coyuntura de extrema complejidad” y señala que es “producto de la herencia de cuatro años de un gobierno que sobreestimó sus capacidades, a la vez que subestimó de manera sistemática las necesidades de los grupos más vulnerables”.

En esa línea, vuelve a apuntar contra la gestión anterior señalando que “en 2015 la desocupación era del 5,9% y terminó en 2019 en 8,9%. En diciembre de 2015, tomando los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) para evitar discusiones inconducentes, la pobreza era del 30% y la indigencia afectaba al 4,5% de la población”.

“Luego de la gestión de Mauricio Macri esos valores terminaron hacia fines de 2019 en 39,8% y 8,4%, respectivamente el salario cayó un 51% producto de la devaluación del gobierno anterior”, suma y critica el acuerdo con el FMI porque “se terminó de hipotecar de manera ilegítima el futuro del país, condicionando de manera severa las posibilidades de la economía”.

El diputado nacional Federico Fagioli (FdT) reiteró la “preocupación” de su espacio, el Frente Patria Grande, por la demora en la instrumentación de una prestación extraordinaria para las personas en situación de indigencia, tal como fue previsto en el DNU 576/22 que estableció el “dólar soja” durante septiembre.

“Esperamos que se resuelva en lo inmediato y urgente la situación de más de cuatro millones de argentinos que están en indigencia. Hasta el día de hoy ese compromiso no se ha cumplido”, advirtió el oficialista.

En declaraciones a radio Futurock, el legislador reveló que hay “rumores” sobre que desde el Gobierno “lo van a largar la semana que viene”. Pero, “todavía no sabemos los requisitos o cómo las personas se van a tener que anotar”, agregó y anticipó: “Si no sucede nos vamos a juntar a evaluar qué vamos a hacer”.

Cabe recordar que esta medida fue uno de los argumentos para que el Frente Patria Grande, liderado por Juan Grabois, no se fuera del Frente de Todos. El otro se basó en la conmoción que se había generado con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Por otra parte, Fagioli se refirió a la aprobación de la prórroga de la Ley del ReNaBaP, y destacó que “fue una discusión en la que logramos construir un consenso nacional” porque se trata de “una política que viene siendo eficiente y transversal, y que ha funcionado y resuelto muchos problemas de los vecinos”.

“Se han hechos obras de infraestructura tremenda; construcción de espacios socio-comunitarios, escuelas, jardines”, señaló, sobre la implementación de la norma desde 2018.

Sin embargo, el diputado dijo tener “algunas diferencias en cómo lleva la Ciudad de Buenos Aires adelante este proceso” y ejemplificó que “el edificio educativo que se hizo en la Villa 31 generó después que muchos vecinos no pudieran tener agua”. No obstante, aclaró: “Saludo a cualquier gobierno que decida invertir en barrios populares”.

Por eso, Fagioli resaltó que es fundamental “la integración de los vecinos en la planificación de qué obras se deben hacer”.

En el marco del debate del proyecto de ley de Presupuesto 2023, el diputado oficialista Itaí Hagman expresó que tiene “expectativas de que logremos que sea algo razonable” y que no se busque un ahorro en “partidas sensibles”, porque eso sería “ir en contra de la naturaleza de nuestro Gobierno”.

“Es un presupuesto de contingencia, con muchas restricciones”, reconoció, dado que “hay un acuerdo firmado con el FMI que te pone una meta fiscal”. Y recordó que él no acompañó ese acuerdo.

El porteño consideró que “el debate tiene que ser cómo se cumplen esas metas” de modo de “buscar la manera para que la forma de cumplir esas metas en ningún caso implique que el ahorro pase por alguna política social, educativa, de salud”. Y sí, en cambio, por “el ahorro de subsidios a partir de la segmentación de tarifas”, del cual se mostró a favor; y mejorando la recaudación.

El referente del Frente Patria Grande, liderado por el dirigente Juan Grabois, insistió con la necesidad de un anuncio urgente sobre “una política de refuerzo para los sectores que están en extrema vulnerabilidad, en indigencia, y no reciben ninguna ayuda del Estado actualmente”.

“El compromiso está, pero estamos a 6 de octubre y no se anuncia, y nos preocupa. Lo que nos dicen desde el Poder Ejecutivo es que la decisión política está”, señaló y apuntó que ese refuerzo “se va a financiar con parte de lo que se recaudó por las liquidaciones a partir del dólar soja”.

En diálogo con radio Futurock, continuó: “Ese proceso cerró el 30 de septiembre, con lo cual lo que queda ahora es implementarlo. Estamos esperando que se implemente. Debería ocurrir en lo inmediato. Nos preocupa que no se haya hecho hasta ahora pero no queremos pensar que hay una decisión de rever el compromiso”.

“El dólar soja no me agrada para nada, es una concesión a los sectores que más tienen. Pero entre eso y una devaluación, obviamente se busca evitar la devaluación”, sumó.

Al recordar que él junto a dos de sus pares estuvieron por retirarse del bloque oficialista, a raíz de estos reclamos, Hagman reafirmó la pertenencia porque “el Frente de Todos sigue siendo, con todos sus defectos y problemas, la única herramienta que tenemos para defender los intereses de los sectores populares y para evitar que la derecha vuelva a gobernar en Argentina”.

“Decidimos no avanzar con la idea de armar un bloque propio por ese compromiso que nos dieron, y ahora es momento de implementarlo”, remarcó, y defendió que “no es una demanda corporativa de un sector, sino que es una necesidad”.

Por otra parte, el legislador evitó tomar una postura sobre una eventual eliminación de las elecciones PASO ya que “es un debate de trascendidos, porque nadie hizo ninguna propuesta formal”. “Hasta que no haya una propuesta concreta, con fundamentos, estamos debatiendo sobre un rumor”, insistió.

Para el diputado, “siempre es válido debatir cuál es el mejor sistema electoral” e incluso se puede “hacer un balance de cómo funcionaron las primarias”, pero sentenció: “No tengo una posición tomada, cerrada, sobre si la forma de resolver es eliminándolas o modificándolas”.

La tasa de pobreza se ubicó en 36,5% en la Argentina al cierre del primer semestre de 2022, equivalente a 17,3 millones de personas, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció sobre el tema a través de su cuenta de Twitter, hablando de una baja de la pobreza, pero advirtiendo sobre el crecimiento de la indigencia.

“El Indec publica hoy datos sobre el descenso de la pobreza del 37,3% al 36,5% en el primer semestre del 2022. Sin embargo en el mismo período la indigencia aumentó del 8,2% al 8,8%, esto evidencia el impacto del fuerte aumento en los precios de los alimentos”, escribió la vicepresidenta.

Asimismo señaló que “está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”.

Por otra parte señaló que “el Ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”.

Vale destacar que ese 8,8% registrado representa a 5.300.000 personas.

Los datos más duros revelan que más de la mitad de los chicos de 14 años -el 50,9%- vive en la pobreza, y el 12,7% está en la indigencia.

La senadora nacional y titular del bloque Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, presentó un proyecto de ley de Refuerzo de Ingresos para reducir la indigencia “garantizando el acceso a una adecuada alimentación de las personas que se encuentren en situación de extrema vulnerabilidad”, que prevé un costo fiscal del 0,09% del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44% para el 2023. El proyecto también lleva la firma del jefe del interbloque FdT, el formoseño José Mayans.

La iniciativa crea una prestación monetaria mensual para las personas que están actualmente bajo la línea de indigencia debido a que no alcanzan la canasta básica alimentaria de un adulto, estipulada por INDEC en $15.057 al mes de junio de 2022. Es así que la asignación será equivalente al valor de dicha canasta, monto que según establece el proyecto podrá actualizarse de modo trimestral.

Además, con el proyecto “se prevé que alcance a 1 millón 700 mil adultos que estarían en condiciones de acceder al refuerzo. Este universo comprende al grupo de personas adultas que, además de no tener trabajo registrado, no perciben ninguna prestación, jubilación, ni plan social y no cuentan con ningún bien”.

“Podrán inscribirse las mujeres de entre 25 y 59 años y varones de entre 25 y 64. Así se busca cubrir a la franja etaria que no está alcanzada por otros programas sociales entendiendo que las personas que quedan por fuera de ese rango pueden acceder a AUH y Progresar o ya han cumplido la edad jubilatoria y por lo tanto se presume que tienen cubierta la canasta básica alimentaria”, argumenta la iniciativa.

Por otro lado, estima que tendrá un costo fiscal del 0.09 % del PBI para lo que resta del 2022 y 0,44 % durante el año siguiente . Además, cabe destacar que el beneficiario deberá realizar controles de salud acreditados anualmente de acuerdo a su género y edad a modo de contraprestación. 

El beneficio será de carácter temporal y se otorgará por un año con la posibilidad de renovación en cuanto se pueda verificar que las condiciones de vida de la persona siguen siendo las mismas. En este sentido, el proyecto promueve la incorporación de los beneficiarios al trabajo formal a través de la articulación con empresas y sectores de la actividad económica. Así se apuesta a que la situación de vulnerabilidad se revierta y deje de ser necesario el ingreso.

El proyecto establece que sea ANSES la autoridad de aplicación, creando a este fin el Registro Nacional de Refuerzo de Ingresos (ReNaRi) que tendrá a su cargo la inscripción. Posteriormente ANSES hará el cruzamiento de datos para definir quiénes podrán acceder.

El proyecto recibió aportes de dirigentes sociales, además se trabajó en su elaboración junto a diputados y senadores, y fue acordado con el Poder Ejecutivo Nacional a través de la ANSES y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Entre los argumentos plantea que “el país atraviesa una coyuntura de extrema complejidad” y señala que es “producto de la herencia de cuatro años de un gobierno que sobreestimó sus capacidades, a la vez que subestimó de manera sistemática las necesidades de los grupos más vulnerables”.

En esa línea, vuelve a apuntar contra la gestión anterior señalando que “en 2015 la desocupación era del 5,9% y terminó en 2019 en 8,9%. En diciembre de 2015, tomando los datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (UCA) para evitar discusiones inconducentes, la pobreza era del 30% y la indigencia afectaba al 4,5% de la población”.

“Luego de la gestión de Mauricio Macri esos valores terminaron hacia fines de 2019 en 39,8% y 8,4%, respectivamente el salario cayó un 51% producto de la devaluación del gobierno anterior”, suma y critica el acuerdo con el FMI porque “se terminó de hipotecar de manera ilegítima el futuro del país, condicionando de manera severa las posibilidades de la economía”.