Luego de que el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunciara que endurecerá el acceso a los planes sociales, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano presentó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración mediante el cual buscará repudiar la propuesta de “una reforma laboral para terminar con lo que él y los empresarios llaman ‘la industria del juicio’ y el anuncio de quita de planes sociales”.

En los fundamentos de la iniciativa, el trotskista aseveró que “Larreta anunció que va a recortar la ayuda alimentaria, Ciudadanía Porteña, a las familias que no pueden acceder a trabajar o estudiar” y consideró que “en medio de la campaña electoral Larreta, igual que todos los políticos capitalistas, desde Patricia Bullrich, Javier Milei o Cristina Fernández de Kircher, han salido a atacar a los que menos tienen”.

“Los responsables de la desocupación, del hambre y la pobreza, que crece en todo el país y la ciudad, echan la culpa a las víctimas de sus políticas de ajustes, quitando el único sustento que tiene una familia para poder comer. No quieren generar trabajo solo quieren ajustar”, insistió. Al mismo tiempo que recordó que “en Juntos por el Cambio cuando fueron Gobierno Nacional y actualmente en la Ciudad aplican una política que destruye la fuente de empleo y genera mayor precarización laboral”.

Sobre esa misma línea, Solano planteó que “disputando el apoyo de los empresarios y el FMI, Larreta no sé privó de plantear que es necesario una reforma laboral porque los trabajadores tendrían muchos derechos” e insistió en que “para crear trabajo no  hay sacar ninguna ayuda alimentaria, se debería generar a partir de la urbanización real de las villas.  A partir de obra público y construcción de escuelas, jardines y hospitales que faltan en muchos barrios.  Nada de eso ocurre se prioriza realizar negocios con la tierra y espacio público desalojando y expulsando trabajadores de la Ciudad”.

“El Gobierno de la Ciudad tampoco tiene el interés en la formación y capacitación de nadie.  Es el responsable de la falta de vacantes y de la deserción escolar y el derrumbe de la educación que es total. Con escuelas que no pudieron funcionar en plena ola de calor por falta de agua y ahora están contaminadas con ratas.  El motivo de este anuncio es replicar el ajuste que se aplica en todo el país en la ciudad y disputar apoyo de empresarios y el FMI”, cerró el legislador.

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y precandidato a presidente de la Nación por Juntos por el Cambio (JxC), Horacio Rodríguez Larreta, anunció este martes que endurecerá los requisitos para acceder a planes sociales en el distrito capitalino y aseguró que en caso de ser electo presidente prevee extender la medida a todo el país.

En ese sentido, el alcalde porteño informó que los beneficiarios deberán asistir a capacitaciones y conseguir trabajo para no perder la asistencia estatal.

“Venimos viendo un aumento de los planes, pero por otro lado la pobreza no baja. Cada vez hay más planes y cada vez hay más probres. Entonces, la conclusión es muy clara: así como están, los planes no funcionan”, aseguró Rodríguez Larreta. Al mismo tiempo que advirtió que los planes “no están mejorando las concidiones de vida de los que los reciben y, lo peor de todo, no se vinculan al trabajo. Peor todavía: hoy hay gente que decide no tomar un empleo formal porque, si no, pierde el plan. Justo al revés”.

Frente al escenario descrito, cuestionó: “Acá todos hablan de convertir los planes en trabajo, pero ninguno o muy pocos dicen efectivamente cómo hacerlo (…) Nuestra propuesta es concreta: los planes sociales tienen que ser directos, tienen que ser temporales y deben incluir una contraprestación para que quienes los reciban puedan vivir cada día mejor”.

Para graficar la situación se refirió al programa Ciudadanía Porteña, el cual”va directo del Estado al beneficiario. No tenemos intermediarios. Y también incluimos algunas contraprestaciones, como mandar a los hijos a la escuela. Pero vamos a hacer más”. Por lo que explicó que se buscará dotar a los beneficiarios de “herramientas” que les permitan conseguir un empleo. “Hoy queremos presentar una nueva medida para limitar la temporalidad del plan, para que sea una ayuda en la emergencia, pero que nunca desincentive la búsqueda y conseguir un trabajo”, continuó.

“El futuro es capacitación y trabajo. Por eso estamos sumando a los planes dos nuevas condiciones: la primera es la capacitación para conseguir un trabajo. Vamos a ofrecer cursos de capacitación orientados a las demandas actuales y concretas del mundo laboral y esta capacitación va a ser obligatoria. Tienen que cumplir, como mínimo, 40 horas de capcatiación por año. El que no lo cumple, pierde el programa”, aseveró Larreta.

Mientras que en relación con la segunda contraprestación, el alcalde porteño explicó que “tiene que ver con conseguir un trabajo. Desde el Gobierno vamos a acercarles a los beneficiarios ofertas relacionadas a sus intereses, a sus conocimientos y al curso que hayan tomado. Por eso, ir a las entrevistas y aceptar los trabajos va a ser obligatorio. Si hay más de dos ausencias sin justificación a entrevistas laborales o si se rechazan más de dos ofertas, pierden el programa. Es al revés que hoy. Hoy si aceptan el plan pierden el programa”.

“Tenemos que cambiar esa lógica, porque el plan social tiene que ser un incentivo para aceptar un trabajo. La política social tiene que ser un puente desde donde estamos hacia donde queremos estar”, remarcó.

Tras realizar el anuncio a nivel local, el precandidato a presidente manifestó: “tenemos que dar el debate para que esta medida que estamos tomando en la Ciudad sea nacional, para que a nivel nacional los planes sean directos, temporales e incluyan contraprestaciones. Y yo me comprometo acá a que, si me eligen presidente, el 10 de diciembre termino con la intermediación de los planes sociales, termino con organizaciones sociales que lucran y que hacen política con las necesidades de los que menos tienen”.

“También voy a exigir las contraprestaciones correspondientes y a llevar este sistema a todo el país. Insisto en que la única manera de salir adelante es trabajando, esa es la mejor política social”, completó.

Este viernes a las 10, se presentará en el Salón Juan Domingo Perón de la Legislatura porteña el “Complemento de Ingresos Porteño Universal” (CIPU), un proyecto de ley del diputado Matías Barroetaveña para terminar con la indigencia en la Ciudad.

Los números de la indigencia de la Ciudad durante el 2022 marcaron que hay 254.000 personas en situación de vulnerabilidad en materia alimentaria. Esto representa un 8,3% del total de la población de la Ciudad de Buenos Aires.

En este contexto, se convierte en fundamental la intervención del Estado en sus diferentes niveles para hacer frente a este panorama. El programa Ciudadanía Porteña ha sido desfinanciado en los últimos años y en 2022 terminó subejecutado.

“Es indispensable la creación de un programa que garantice que ningún porteño o porteña caiga por debajo de la línea de indigencia”, expresó el diputado Matías Barroetaveña.

El evento contará con la presencia de diputados y senadores nacionales del bloque Frente de Todos como Mariano Recalde e Itai Hagman; así como también legisladores porteños y dirigentes del peronismo de la ciudad.

La novedad que incorpora el programa frente a otros existentes es que dicha transferencia monetaria es variable y busca cubrir la brecha entre el valor de la canasta alimentaria para la familia y los ingresos que las mismas reciben, ya sea por fuentes laborales como asistencias sociales de nación y ciudad.

Respecto a la viabilidad de la propuesta, el autor sostuvo que la misma representa el 2,8% del presupuesto de la Ciudad para 2023. “El Gobierno de (Horacio Rodríguez) Larreta tuvo un superávit de aproximadamente $130 mil millones en 2022, más que suficiente para la cobertura del programa”, concluyó Barroetaveña.

Luego de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires publicara un Decreto a través del cual se declaró la incompatibilidad del programa “Ciudadanía porteña” con varios planes sociales, los diputados del Frente de Todos (FdT) presentaron en la Legislatura porteña un pedido de informes para obtener detalles acerca de la medida.

En ese sentido, los opositores buscarán conocer “los motivos por los que el Gobierno de la Ciudad decidió la incompatibilidad del programa Ciudadanía Porteña con subsistemas no contributivos y de planes, programas o subsidios sociales, nacionales, provinciales, municipales y/o del Gobierno porteño” y le exigirán al Ejecutivo local que informe “si se tiene planificado modificar otros requisitos o compatibilidad de programas que ejecuta la Ciudad y que otorgan derechos, algún tipo de asistencia y/o beneficio a las personas con vulnerabilidad social”.

Además prevén obtener información sobre la cantidad de personas que se verían afectadas por esta incompatibilidad; los procedimientos y cómo se llevará a cabo la baja del programa Ciudadanía Porteña al detectarse incompatibilidades; y las “políticas públicas el Gobierno de la Ciudad planea realizar para que las personas que están alcanzadas por los programas que serían incompatibles con Ciudadanía Porteña, puedan acceder a mayores ingresos para disminuir la desigualdad” en el distrito.

En los fundamentos de la iniciativa, los legisladores explicaron que “el programa Ciudadanía Porteña Con Todo Derecho brinda un refuerzo alimentario a los hogares con vulnerabilidad social, que fue creado por la Ley Nº 1878 de la Ciudad de Buenos Aires y comenzó a funcionar en noviembre de 2005” e indicó que “el subsidio se entrega a través de una tarjeta magnética precargada, emitida por el Banco Ciudad y Cabal, que se utiliza únicamente para la adquisición de alimentos, productos de limpieza e higiene personal, útiles escolares y combustible para cocinar”.

“Este mes mediante la resolución 246/2022 de la ANSES el Gobierno de Alberto Fernández eliminar las incompatibilidades de la Asignación Universal por Hijo con otros programas del mismo tipo que existan en otras jurisdicciones”, precisaron y consideraron que “los programas que benefician a millones de personas no son un plan social sino un derecho otorgado por el Estado a personas y familias en situación de vulnerabilidad social. Considerando los niveles de desigualdad social en la Ciudad, quitar la compatibilidad de programas que aminoran la misma, es de suma preocupación”.

Sobre esa misma línea, los peronistas detallaron que “según un relevamiento del CEM (Centro de Estudios Metropolitanos) conformado por la Universidad Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Universidad Nacional de Hurlingham, realizado en Junio del 2022, a la desigualdad histórica entre el norte y el sur de la Ciudad, se le sumó en los últimos años una profundización de las diferencias entre ambos sectores de la Ciudad. Por ejemplo, durante el 2020 los hogares más ricos recibieron 8,3 más ingresos que los hogares más pobres. En 2015, esa diferencia era de 6,7”.

Asimismo recordaron que “el mismo informe sostiene que la zona sur presenta los peores indicadores en la materia: 24% de los ocupados son empleados informales, un problema que casi no afecta a los trabajadores de zona norte (9%). Otra vez, los jóvenes del sur son los más afectados: 60% de ellos trabaja de manera informal y resaltaron que el informe señala que “más de la mitad de los hogares de la zona sur, conformada por los barrios de La Boca, Villa Soldati y Villa Lugano, entre otros, tienen ingresos inferiores a los necesarios para cubrir los gastos de la canasta básica por lo que se encuentran en situación de pobreza”.

A su vez afirmaron que “si se toma como referencia el género, el ingreso promedio de una mujer joven de zona sur fue de 17 mil pesos versus 83 mil pesos que recibió un varón adulto de zona norte” y destacaron que “las diferencias socioeconómicas se trasladan también a los indicadores de mortalidad infantil. La media de la Ciudad es de 7,1 cada mil nacidos vivos. En la Comuna 4, ubicada al sur, ese número crece hasta 9,8, mientras que en las comunas 1 (donde está ubicado el Barrio 31) y la 7 (donde está la villa 1-11-14) la mortalidad infantil es de 8,8 y 8,9, respectivamente”.

“Es importante contar con información concreta sobre los efectos que puede conllevar para miles de familias que perciben Ciudadanía Porteña y otros derechos otorgados por otras jurisdicciones y el mismo Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, sentenciaron.

El proyecto lleva la firma de Laura Velasco, Javier Andrade, Matías Barroetaveña, María Bielli, Lucía Cámpora, Maia Daer, Ofelia Fernández, Claudio Ferreño, Berenice Iañez, Juan Pablo Modarelli, Victoria Montenegro, Claudio Morresi, Claudia Neira, Juan Pablo O’Dezaille, Cecilia Segura, Manuel Socías, Magdalena Tiesso, Juan Manuel Valdés y Franco Vitali (FdT).

La legisladora porteña del PTS en el Frente de Izquierda Alejandrina Barry, acompañada por la diputada nacional Myriam Bregman, presentaron un proyecto para que la Legislatura repudie el plan del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la ministra de Educación Soledad Acuña, para eliminar el adicional por hijo del programa Ciudadanía Porteña a las familias de alumnos y alumnas que tengan menos del 85 % de presentismo.

Al respecto, Barry aseguró que “para fomentar la presencia de las y los chicos en las aulas, el Gobierno porteño debería empezar por cumplir la sentencia judicial que lo obliga a otorgar vacantes escolares y becas estudiantiles a quien lo necesite. Algo que no ha garantizado. Al contrario de querer solucionar estos graves problemas, el oficialismo pretende castigar a los sectores más humildes quitándoles hasta el derecho a cobrar un plan social”.

Asimismo, la diputada del Frente de Izquierda confirmó: “Trabajé como operadora social veinte años con niños y niñas en la villa 21 – 24. Si los pibes faltan a la escuela es por problemas económicos, porque no tienen vacantes, porque no tienen zapatillas, les faltan útiles o sus mamás tienen que hacer changas en los horarios que pueden. Estas son las preocupaciones de las familias”. Y agregó: “La medida se da en un contexto de ataque por parte del gobierno nacional a los movimientos sociales”.

Para finalizar, Barry concluyó: “Son altos los niveles de depresión en la adolescencia y en niños y niñas de hasta 10 años, una situación crítica que dejó la pandemia en la juventud. Cómo esto no va a afectar en el presentismo de los y las chicas. Estos problemas hay que encararlos con equipos interdisciplinarios, no con punitivismo”.

Debido a las dificultades económicas que atraviesan las familias por el incremento de la inflación y la recesión económica debido a la pandemia por el Covid 19, la legisladora de la UCR-Ev Manuela Thourte impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto para que el Gobierno porteño le otorgue un “ingreso de emergencia complementario” a los beneficiarios del programa Ciudadanía Porteña.

Al respecto de su iniciativa, la radical explicó que dicho programa “es pionero en la Ciudad y en la Argentina en el reconocimiento de derechos a las personas en contexto de vulnerabilidad social a través del otorgamiento de una transferencia de ingresos condicionada”.

En los fundamentos del proyecto -que también lleva las firmas de Ariel Álvarez Palma e Inés Gorbea- recordó que el programa se implementa desde fines de 2005 y tiene como objetivo “contribuir con la disminución de la desigualdad en la ciudad de Buenos Aires, asegurando la superación de la indigencia y reduciendo significativamente la cantidad de hogares en situación de pobreza”.

Al mismo tiempo que señaló que Ciudadanía Porteña busca “establecer un mecanismo automático, transparente, objetivo y directo de transferencia de ingresos a los hogares que no alcanzan a cubrir sus necesidades básicas, independientemente de su inserción en el mercado de trabajo”.

Además, Thourte precisó que “es necesario comprender que una de las consecuencias principales de las medidas de aislamiento social es la pérdida de ingresos de parte de los trabajadores de la economía informal; esta situación afecta principalmente a los hogares que están en situación de vulnerabilidad económica” y recordó que “el Gobierno nacional ha emitido un decreto, el 310/2020, mediante el cual otorga un ‘Ingreso Familiar de Emergencia’ como una prestación monetaria no contributiva de carácter excepcional”, aunque este excluye a los inscriptos en el programa Ciudadanía Porteña. Debido a esta situación, los radicales plantearon la posibilidad “de generar un ingreso excepcional por única vez en abril permitiría que las 97.633 personas que cuentan con Ciudadanía Porteña como su fuente de ingreso segura puedan transitar esta situación de excepcionalidad con un refuerzo económico que les permitirá cubrir sus necesidades básicas” y concluyeron señalando que “del total de personas, 23.741 tienen entre 0 y 14 años, por lo tanto esta erogación tiene un fuerte impacto en el cuidado y protección de los derechos de los niños y adolescentes que viven en la Ciudad”.