Fue en una reunión informativa de la Comisión de Legislación del Trabajo, donde hubo numerosos invitados que incluyeron la experiencia internacional. Muchas voces a favor, las dudas planteadas y el cuestionamiento de la UIA.
En el marco de una reunión informativa, arrancó este martes en la Cámara de Diputados el debate de la reducción de la jornada laboral, que tiene como base siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo.
Fue el primer encuentro desarrollado en el seno de la Comisión de Legislación del Trabajo, cuya presidenta, Vanesa Siley (FdT) aclaró en el inicio de la reunión que este será el primer encuentro, pero no el último, e informó que “la CGT va a estar presente en la próxima reunión y también algunas cámaras empresariales que nos pidieron participar”.
“Esta discusión es para modificar una norma que data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada laboral en Argentina, de 48 horas semanales”, señaló la oficialista y dijo entonces que se trata de “modernizar y actualizar la legislación laboral, que cumpliría dentro de cinco años 100 años”. “Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral”, expresó.
Al comparar lo que ocurre en otros países, detalló que “hoy acaba de tener dictamen en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de México y está próximo a pasar a recinto; en Chile se discutió en abril de 2023 y se convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador fue en el año 1983 que se redujo a 40 horas”.
Por otra parte, en Reino Unido hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo “solicitaron tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días”. De acuerdo con los resultados, “se ve notablemente incrementada la productividad, una baja en el ausentismo, baja en accidentes laborales, lo que trae como consecuencia la baja de un costo”, destacó. Y añadió que además apunta a “mejorar la calidad de vida no solamente en términos físicos, sino de salud mental”. “Todavía no se ha encontrado en todas las experiencias del mundo ningún aspecto negativo”, sumó.
Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia Ormachea (FdT) resaltó que “hace 100 años que no se discute sobre el tema de la jornada” y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante los avances tecnológicos y después de la pandemia “era necesario sentarse y pensar en este derecho”. “Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina”, apuntó.
La dirigente de La Bancaria defendió que “es una medida que tiene que ver con mirar la calidad de vida de los trabajadores, mejorar la salud de los mismos”. “Un horario de trabajo que pueda ser mejor compaginado con la vida personal”, remarcó y aclaró que “esta ley, como cualquier otra, no es que viene a prometer cantidad de puestos de trabajo. Esta ley lo que sí va a hacer es una mejor distribución del trabajo y, por supuesto, en algunos sectores de la economía, creación de puestos”.
Al subrayar el aspecto clave de que “este avance no implique una reducción en el salario”, la oficialista afirmó que “las experiencias que se han llevado adelante demuestran que para el lado de las empresas hay menos ausentismo, menos accidentes, la gente trabaja de otra manera y rinde”. Por último pidió, sacarse “la mirada desde lo partidario para que esto se convierta en una ley que mejore la vida de todos”.
El primer expositor en hablar fue Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, quien argumentó que reducir la jornada laboral contribuye “en la responsabilidad familiar compartida” entre hombres y mujeres, al tiempo de recordar que “la pelea por la jornada laboral es constitutiva del movimiento sindical; está en el ADN de nuestras organizaciones esta pelea”.
“Tenemos internacionalmente experiencia, pero la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región”, manifestó y aseguró que “no es una cuestión que se nos ocurre ahora”, sino que “se está aplicando y discutiendo en todo el mundo”. Para el líder de la Asociación de Agentes de Propaganda Médica, “indudablemente es tiempo de avanzar y profundizar nosotros en este tema” porque esta medida está “directamente relacionada con la salud y la seguridad en el trabajo”, además de generar una “mayor igualdad en esta sociedad”.
En contra de la propuesta, Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), preguntó a los legisladores: “Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales”.
A continuación, Claudio Marín, secretario general FOETRA y gremial de la CTA de los trabajadores, solicitó que se separe la cuestión del “tiempo de trabajo” de la “productividad” porque “sino parece que la productividad depende del tiempo que una persona esté a disposición de su empleador”, por lo que remarcó que “ese no es el único elemento ni tampoco se le puede llamar productividad”.
Así, definió a la productividad como “lo que se puede lograr en la producción a partir de aplicar determinadas técnicas, herramientas y capacitación requiere una inversión por el lado patronal para poder lograr una productividad que no necesariamente tiene que ver con la extensión de la jornada ni la carga del trabajo”.
“Cuando los sindicatos formamos parte de la organización del trabajo, cuando el propietario invierte la productividad y eso no quiere decir que haya que trabajar de más. O sea, lograr mayores resultados no implica una relación directa con la cantidad de tiempo que dure una jornada de trabajo porque hay otros elementos en el medio a tener en cuenta porque si no estamos haciendo una discusión pobre”, señaló el secretario de FOETRA.
En tanto, planteó que “la reducción de la jornada no tiene por qué tener un correlato automático con una caída de la productividad porque eso no es productividad, es tener menos carga que puede redundar en una mejora en la productividad al final de la jornada. Es absolutamente necesario que el Congreso pueda llevar adelante una normativa general donde los sindicatos podamos discutir en cada ámbito la implementación sobre la base de una ley que motiva, dispara y da un marco necesario”.
A su turno, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de Julio”, expresó que “el trabajo es fundamental para ordenar una sociedad, pero el trabajo con derechos”. “Son derechos humanos consagrados en tratados internacionales con jerarquía constitucional”, afirmó.
En relación a las causas porque las que se mostró a favor de la reducción de la jornada de trabajo, explicó que “si hubo un síntoma de reducir las jornadas fue la salud de los laburantes”, y amplió: “Luego de ver la salud deplorable de los trabajadores que eran de 16 y 17 horas, vino la reducción”, a principios de siglo XX.
“Estamos discutiendo intereses objetivos, pero el trabajador discute por mejores condiciones de trabajo y de vida y la regulación es fundamental para que exista un capitalismo sustentable”, concluyó.
El otro integrante de la Corriente de Abogados Laboralistas “7 de julio”,
Luis Padín, mencionó que “la disminución de la jornada laboral debe ser sin pérdida y que reparta el trabajo existente”. En tal sentido, sostuvo que “la creación de derechos ni la destrucción no genera empleo”.
A su vez, destacó que “los operativos pilotos demuestran que la reducción de las aumentan la productividad y reducen el ausentismo”. Finalmente advirtió que “no debe ser aceptado que el convenio colectivo perfore derechos de los trabajadores en distintos contextos”.
La secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, contó que en dicho país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. “La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas”, precisó.
“Desde las comisiones obreras defendemos la reducción del tiempo de trabajo por muchas razones que ya se han apuntado. Tiene comprobado efectos positivos, tanto para las empresas como los trabajadores, es la parte más importante. Además, da respuesta a las necesidades manifestadas por los propios trabajadores y da una autonomía. Racionaliza los tiempos, hay que pensar en los usos del tiempo más allá del trabajo, en forma global como escuela, televisión, fútbol”, detalló Faciaben.
A su vez, afirmó que España es uno de los países donde los trabajadores tienen una jornada para comer de 2 horas y donde las personas “más trabajan a partir de las seis de la tarde, o evitar trabajos nocturnos o a contra turno”. “Facilita y equilibra la vida laboral y personal, la corresponsabilidad entre progenitores, también puede reducir la dualidad de los mercados de trabajo donde los hombres tienen jornadas muy largas y horas extras mientras que las mujeres tienen horas reducidas, ayuda a las empresas a dar puestos de trabajo, reduce el ausentismo y las faltas en el trabajo, también impacta en la sustentabilidad del ambiente al reducir los desplazamientos y tiene impactos positivos en la salud física y mental”, enumeró.
“Puede llevar a mejoras de la productividad por todas las ventajas y la calidad del empleo y el salario, son factores positivos que permiten más ese ser más productivo”, destacó y advirtió que reducir la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, que sea una negociación mediante acuerdos, no debe ser “una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición”, no se debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas porque “no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales”.
Pablo Anino, editor de la sección economía de La Izquierda Diario, colaboró en el proyecto que presentó el diputado nacional Nicolás Del Caño (FIT) y expresó: “es tratar esto porque contrapone a la agenda de la ultraderecha”, como así también agregó que “los salarios se cayeron el gobierno de Mauricio Macri y por la devaluación de Sergio Massa y el FMI”.
“Nosotros planteamos que, además de la reducción de la jornada, que nadie ganes menos de la canasta básica, sin flexibilidad y sin bajas de salarios”, señaló Anino, y añadió: “Bajo estas condiciones, esto debe ir con una lucha del sector trabajador”.
Del mismo modo, remarcó que “reivindicamos la lucha mediante una discusión en el Congreso”, pero advirtió que “las centrales sindicales defienden corporativamente los derechos en un país donde hay trabajadores informales y desocupados”.
A su vez, consideró que, en caso de darse la reducción de la jornada de trabajo, “en las 12.000 grandes del país, se podrían generar 1,1 millón de nuevos trabajadores”. “Esto mejoraría las condiciones de vida de la clase trabajadora porque el trabajo bajo el capitalismo es sometido a la explotación”, cerró.
El cierre del tramo destinado a oradores invitados correspondió a la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos, quien adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo en tal sentido que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas “se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad”, y que a partir de fijar ese máximo de horas “fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor distribución de las horas máximas a los efectos de adecuar cada sector.
la funcionaria señaló que “si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social”.
El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que “veo que los países de mayor índice Gini que son los que están reduciendo el horario laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca”, y afirmó que “no es un tema ideológico porque lo discute la derecha inglesa”.
Asimismo, planteó que “las empresas más importantes fueron al calor de esos derechos laborales y los líderes del mundo se lo están debatiendo y se lo están planteando”. “Argentina tiene prestigios en el mundo con los derechos humanos y laborales”, indicó.
“El mundo está planteando nuevos desafíos y hay menos fuentes de trabajo. Ojalá esta reducción permita que se tomen otros trabajadores que quedaron fuera del mercado de trabajo. Bienvenido este debate”, cerró Valdés.
Desde la oposición, el diputado Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar “a favor de la reducción”, y explicó que “los datos de Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constantemente a reducir”.
Sin embargo, propuso que “se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada”. “No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos”, señaló.
Del mismo modo, planteó: “Hay sectores que no tienen sentido por ejemplo en tareas de cuidados y una serie de empleos, donde la norma no puede ser de carácter general”. A su vez, añadió: “Los incentivos son el camino correcto y el Estado debe llevar ese experimento que son de participación voluntaria”.
“El conjunto de regulaciones puede tener un impacto, pero estaría bueno crear condiciones para que las empresas exploren modos alternativos o que puedan elegir cumplir 10 horas en 4 días porque el mercado de trabajo no es homogéneo”, concluyó.
En el cierre, Daniel Arroyo (FdT) agregó: “Tenemos la necesidad de reducir la jornada de trabajo, luego tratar el tema de la informalidad -que son el 40 por ciento de los que trabajan- y el tercer tema es el tema de los ingresos”, pero aclaró: “Celebro que trabajemos ordenadamente”.
Luego, la diputada María Rosa Martínez (FdT) le respondió a Tetaz respecto a los incentivos que propuso en su intervención y le recordó el tratamiento del proyecto del Empleo MiPyME: “Reducir tareas de cuidado es mejorar la calidad de las horas de trabajo y estamos discutiendo en un país con productividad”, añadió.
El diputado nacional Hugo Yasky afirmó que “nos preocupa resolver la informalidad”, y dejó abierta una posibilidad que contemple una solución que pase por el Congreso: “Estamos trabajando con un proyecto que tiene un objetivo ambicioso, informalidad cero”.
“Sabemos que va a generar resistencias de los sectores empresarios, pero nos va a permitir poner en debate un tema que se utiliza como argumento para postergar avances en la legislación laboral”, explicó respecto la iniciativa en la que se encuentran trabajando desde su bloque.
Para terminar, manifestó que “queremos que la gente trabaje menos para que viva mejor y que viva menos alienado”. “Europa demostró que no hay impacta positivamente en la productividad, es un avance para el sector empresario y la vida es eso que pasa mientras que uno está ocupado haciendo otras cosas”, concluyó.
Finalmente, la presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, dio por terminada la reunión y anticipó que habrá más reuniones informativas con nuevos expositores.
