El proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo, fue aprobado este miércoles por unanimidad en la Cámara de Diputados. El documento, firmado en 2019, contempla cómo estas conductas afectan especialmente a mujeres y trabajadores informales.
En una votación unánime, la Cámara de Diputados convirtió en ley este miércoles el proyecto que ratifica el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo, firmado en 2019 en Ginebra, Suiza.
La iniciativa había sido enviada por el Poder Ejecutivo e impulsada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias, y con su sanción, Argentina se convierte en el tercer país del mundo en adherir a este Convenio, luego de Uruguay y Fiji.
La presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos) destacó la perspectiva de género en este convenio, que se aprobó justo el día que se cumplen 69 años desde la primera elección con voto femenino en nuestro país.
Siley recordó que en 1951 se instaló el derecho de las mujeres no solo a elegir, sino también a ser elegidas, y recordó a “las 23 diputadas que por primera vez se sentaron en el recinto y las seis primeras senadoras”.
Respecto del Convenio 190, resaltó el compromiso del presidente pero también mencionó que “muchos diputados habían presentado proyectos” en el mismo sentido.
La oficialista explicó que el texto “armoniza” con tratados internacionales, distintas leyes nacionales y el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que “refiere a las condiciones dignas de trabajo”. “Un trabajo sin violencia y acoso es un trabajo decente y digno”, dijo.
Siley apuntó que el Convenio “considera a la violencia como una práctica inaceptable, y la define en un marco de actuación muy amplio, incluyendo no solo a asalariados sino también a aquellos que no tienen trabajo, los que buscan empleo, los pasantes y aprendices”.
También señaló que el documento “hace especial hincapié en que el daño que se produce cuando hay violencia laboral, se produce también por la condición de género”.
Para acceder al texto completo del Convenio 190 de la OIT, haga click aquí.
También por el Frente de Todos, Marisa Uceda dijo que “son conductas que además de ser indeseables, atentan contra los derechos humanos, porque el derecho a un ambiente de trabajo sano y sin violencia es un derecho humano”.
En el mismo sentido, su par Silvana Ginocchio sostuvo que “este es un importantísimo paso para avanzar en leyes específicas sobre trabajo decente, asegurando el derecho a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso”.
El radical Albor Cantard destacó otro aspecto del Convenio, la inversión de la carga de la prueba, ya que “este tipo de circunstancias generalmente se da a puertas cerradas”, lo que genera “una gran dificultad para las víctimas en materia probatoria”.
Según explicó Cantard, “la víctima aportará indicios para que el denunciado o denunciada sea el o la que tenga que demostrar que no ha incurrido en violencia o acoso”.
A su turno, Silvia Lospennato (Pro) destacó que “la puesta de este Convenio en la agenda de la OIT en 2018 y 2019 sin dudas vino de la mano del movimiento de mujeres, con el Mee Too y el Ni Una Menos, donde quedó a la vista la urgencia con la que la OIT tenía que abocarse a la adopción de una norma como esta”.
Lospennato recordó que el expresidente Mauricio Macri integró la comisión de trabajo tripartita de gobierno, sindicatos y trabajadores, y “durante ese proceso siempre el Gobierno argentino trabajó para que se concluyera favorablemente”.
La diputada enfatizó que la violencia y acoso “afectan a varones y mujeres, pero no hay dudas de que hay trabajadores más vulnerables que otros: las mujeres, la comunidad LGBT, las personas con discapacidad, los jóvenes y muy especialmente los trabajadores informales, algo que recoge este Convenio dándoles un piso mínimo de protección”.
Por su parte, Dolores Martínez (UCR-Evolución) subrayó que “el mercado de trabajo discrimina a las mujeres solo por el rol social de cuidadoras que se nos asignó, y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario o el mal trato”.
Graciela Camaño (Consenso Federal) aseguró que este Convenio “no es fruto de un presidente ocasional de un país, sino de un trabajo elevadísimo de expertos y, en el caso de Argentina, de las mujeres sindicalistas y asesoras de dirigentes sindicales que comprometieron sus esfuerzos en este trabajo”.
Por último, Romina Del Plá adelantó el voto afirmativo del Frente de Izquierda al entender que el Convenio “es un herramienta en la cual muchísimas personas, especialmente mujeres y diversidades sexuales, podrán ampararse a la hora de denunciar situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral”.
Sin embargo, aclaró: “De ninguna manera nuestro voto a favor es un cheque en blanco para la OIT o la ONU, organismos que defienden los intereses de los países imperialistas que lo integran y que amparan ataques a los derechos laborales”.
El Convenio -que entrará en vigor el 25 de junio de 2021- considera a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo como una “violación o abuso de los derechos humanos” incompatible con la igualdad y el concepto de trabajo decente, enmarcando la situación dentro de los derechos fundamentales.
Asimismo, reconoce la incidencia negativa de la violencia laboral en la calidad de los servicios públicos y privados, a la vez que la considera incompatible con la promoción de empresas sostenibles, dado que afecta no solo las relaciones de trabajo, sino también la reputación de las empresas y la productividad.
Se define como “violencia y acoso” en el mundo del trabajo a “un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida, que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de causar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye la violencia y el acoso por razón de género”.
También considera como un factor de riesgo a los estereotipos de género y contempla la incidencia que la violencia doméstica tiene en el empleo.
En la sesión también se convirtieron en ley un conjunto de acuerdos internacionales, entre ellos uno firmado entre Argentina y la República Popular de China para instalar un centro cultural chino en el país, que fue suscrito en la ciudad de Beijing el 17 de mayo de 2017.
Además, se sancionó un convenio de coproducción cinematográfica entre Argentina y el Estado de Israel, suscrito en la ciudad de Jerusalén el 28 de abril de 2014; y un acuerdo de cooperación técnica entre Argentina y la República de Kenia, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 14 de marzo de 2017.
También se aprobó un acuerdo de sede con el Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná; y el protocolo de 1997, denominado MARPOL, que enmienda el Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, adoptado en Londres, Reino Unido.
Fue durante un plenario de comisiones del Senado, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores. La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, defendió el proyecto enviado por el Ejecutivo.
En un plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Previsión Social, que se reunió de manera remota, obtuvo dictamen favorable el proyecto de ley enviado por el Gobierno para ratificar el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre violencia y acoso en el ámbito laboral.
Tras un debate de dos horas, que terminó con una fuerte discusión entre oficialistas y opositores, el Frente de Todos avanzó con el dictamen, con la compañía de Julio Cobos (UCR), Lucila Crexell (Movimiento Neuquino), Julio Martínez (UCR), Gladys González (Pro) y Guadalupe Tagliaferri (Pro).
En tanto, Juan Carlos Romero (Interbloque Federal), Martín Lousteau (UCR) y Esteban Bullrich (Pro) decidieron que se “levantaban de la comisión”, molestos con la intervención que tuvo en el final el jefe de la bancada oficialista, José Mayans.
Gómez Alcorta destacó las disposiciones del Convenio 190
Encargada de defender la iniciativa, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, expuso en el comienzo de la videoconferencia y aseguró que “las disposiciones de este convenio son prioritarias para la agenda de la erradicación de la violencia por cuestiones de género” y que se enmarca en la normativa internacional sobre derechos humanos.
La funcionaria sostuvo que este instrumento “no colisiona” con otros tratados internacionales avalados por Argentina, y subrayó que “define el alcance concreto de las obligaciones estatales en esta materia”.
“La violencia laboral por motivos de género discrimina a las mujeres y obstaculiza su acceso al empleo, su contratación y su permanencia: muchas veces está vinculada a la maternidad, la edad o la apariencia física”, señaló.
Para Gómez Alcorta, el convenio es “un aporte efectivamente insoslayable” para la cartera que ella conduce, y se trata del “primer tratado internacional que aborda de una manera específica y exhaustiva la violencia y el acoso en el ámbito laboral; a la vez que desarrolla el alcance de las obligaciones que al respecto tiene tanto el Estado como los particulares. Es un instrumento muy novedoso“.
La ministra valoró que el documento “insta a los Estados a adoptar un enfoque inclusivo, integrado, que tenga en cuenta especialmente las consideraciones de género y que aborde las causas subyacentes”. “La OIT reconoce que la violencia laboral constituye una afectación a los derechos, que perjudica el modo en que se van a llevar las tareas”, agregó.
Finalmente, celebró “la rapidez de la convocatoria a las comisiones” y remarcó que aspiraba a “que se apruebe prontamente”, ya que “una vez ratificado, hay un proceso internacional vinculado al convenio, que también intentaremos que se apure, porque eso nos abre, nos habilita, una agenda de trabajo tanto a nivel normativo como a nivel de políticas públicas”.
El debate y el pedido para que se trate en sesión virtual
Durante la discusión, el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera (FdT), expresó que “al mundo del trabajo le falta empatía”. “Este convenio establece definiciones, ámbitos de aplicación, principios, políticas preventivas, formación y sensibilización para que puedan establecerse tipos de controles y recursos de reparación que permitan ejercer el derecho que toda persona tiene a trabajar libre de violencia o acoso”, enfatizó.
Asimismo, consideró que el tratado “resulta un ordenamiento y una herramienta federal que nos permite avanzar para arribar a políticas públicas comunes, con el objetivo de llegar a cada rincón de nuestro de país”.
A su turno, Norma Durango (FdT) aportó datos del Ministerio de Trabajo, precisamente del primer trimestre de 2019, los cuales afirman que en ese período “del 62% a 65%” de los denunciantes por esta problemática fueron mujeres. “En un 86% denunciaron violencia psicológica, en un 8% violencia sexual y en un 6% violencia física, y en su gran mayoría de parte de varones”, detalló.
La titular de la Banca de la Mujer resaltó que “este convenio es importantísimo porque son múltiples los obstáculos que enfrentamos las mujeres en los ámbitos laborales y que afectan nuestro desarrollo profesional, pero también personal”.
Por su parte, el salteño Juan Carlos Romero se manifestó a favor del proyecto, pero opinó que su debate en el recinto “debe quedar a la espera de que las sesiones se normalicen”, porque la temática “está afuera de lo comprendido en la resolución presidencial”. “Considero valioso el proyecto, voy a acompañar el dictamen, pero con la salvedad de que participaré de la votación en el recinto una vez que termine el tema de la pandemia”, manifestó, aunque finalmente no terminó acompañándolo.
En contraposición, Magdalena Solari Quintana, del monobloque Misiones, pidió que los presidentes de ambas comisiones -Jorge Taiana (RR.EE.) y Daniel Lovera (Trabajo)- revisen con los presidentes de bloques la posibilidad de incluir el tema en una próxima sesión.
“Tiene que ser una señal muy clara que los derechos de género, los derechos humanos, tienen que estar dentro de lo que tenemos que atender los legisladores como parte de la pandemia”, argumentó y dijo que no coincidía con Romero. “No podemos dejar esto esperando a que el Covid-19 pase o no pase”, insistió.
En tanto, Guadalupe Tagliaferri (Pro) ponderó el “consenso” por el cual se llegó a este convenio, que “no fue por arte de magia, no fue basado en chicanas. Fue producto de infinitas reuniones a lo largo del mundo entero, con todos los gobiernos, todos los sindicatos y organizaciones de mujeres”.
En ese sentido, señaló que el instrumento “nos plantea el desafío de cómo queremos llegar a hacerlo concreto. De ahora en más tenemos que convertirlo en modificaciones normativas buscando consensos y diálogo”.
El Convenio 190 de la OIT fue aprobado en la Conferencia Internacional del Trabajo que se realizó en Ginebra el 21 de junio de 2019 por representantes de gobiernos, sindicatos y empresas de los 187 países miembros del organismo. La norma proporciona un marco claro para la adopción de medidas y brinda la posibilidad de forjar un futuro del trabajo sobre la base de la dignidad y el respeto, exento de violencia y acoso.
En los argumentos del proyecto que envió el Gobierno se destacó que “el convenio se enmarca en la normativa internacional de Protección de los Derechos Humanos”. “El Estado deberá adoptar de acuerdo con la situación y legislación nacional y previa consulta tripartita, un enfoque inclusivo e integrado que tenga en cuenta las consideraciones de género para prevenir la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”, se resaltó.
Se trata del proyecto del Ejecutivo para ratificar el Convenio 190 de la OIT, que ingresó la semana pasada al Senado.
Tres gremios legislativos que integran la CGT pidieron el “pronto tratamiento y aprobación” de la ley para ratificar el Convenio 190 de la Organización Mundial del Trabajo (OIT), contra la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Se trata del proyecto que el Poder Ejecutivo envió la semana pasada al Senado y que fue anunciado por el propio presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa del 1ro. de marzo.
En un comunicado conjunto, Norberto Di Próspero (APL), Martín Roig (UPCN) y José Rodríguez (APES) celebraron el envío del proyecto y sostuvieron que “responde a un gran anhelo de nuestras trabajadoras y trabajadores del país y el mundo”.
Los gremios destacaron que el Convenio, aprobado en la OIT en 2019, “es, sin lugar a dudas, un gran logro del movimiento obrero y sobre todo de las mujeres sindicalistas, que fueron las que dieron origen a la discusión de terminar con la violencia y el acoso en el mundo del trabajo”.
Además, explicaron que “es la primera norma internacional” que aborda estos temas, “identificando a la violencia en todas sus formas”.
Por último, instaron a ambas Cámaras a aprobar con celeridad la ley, “colocando a la Argentina una vez más ante el mundo de la vanguardia en la conquista de derechos y protección de la clase trabajadora”.
