Tras 24 reuniones y la declaración de 65 testigos, la Comisión de Juicio Político informó que los cuatro miembros del máximo tribunal de justicia tienen hasta el 2 de noviembre para realizar su descargo o asistir presencialmente a la reunión convocada para el 7 del mismo mes.
A cargo de Carolina Gaillard, la Comisión de Juicio Político informó los cargos provisorios contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia (el presidente Horacio Rosatti; el vicepresidente Carlos Rosenkrantz; Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti) tras 24 reuniones en lo que va del año.
Tras ser notificados, los jueces del máximo tribunal de justicia disponen hasta el jueves 2 de noviembre para realizar su descargo o asistir personalmente a la reunión prevista para el martes 7 de noviembre. Gaillard anticipó que “la comisión analizará el descargo de los ministros de la Corte, y en función de eso dictaminará en el mes de noviembre”.
Hasta el momento hubo 24 reuniones de la Comisión de Juicio Político -se prevé al menos una más-, donde declararon un total de 65 personas en base a las 14 iniciativas contra los miembros de la Corte Suprema por “posible mal desempeño de sus funciones”, “manifiesta parcialidad”, “arbitrariedad”, “desvío y abuso de poder a la hora de emitir sus fallos”, entre otras irregularidades denunciadas.
El proceso comenzó el 26 de enero con la admisibilidad de los pedidos, y después se inició la etapa de investigación, donde se organizaron los pedidos de juicio político a partir de la producción de pruebas en los fallos del dos por uno que benefició a genocidas, el de coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el de la reforma del Consejo de la Magistratura, por las irregularidades denunciadas en la Obra Social del Poder Judicial de la Nación y abuso de poder.
Una vez que los jueces realicen su descargo, la Comisión de Juicio Político podrá emitir el dictamen y llevarlo al recinto donde necesitará que dos tercios de los presentes voten afirmativamente. Según, la titular de la comisión, está previsto que el dictamen sea en noviembre.
La Comisión de Juicio Político inició el proceso de investigación contra la Corte Suprema a partir de los fallos del “dos por uno”, que benefició a condenados de la última dictadura militar; por el de la coparticipación que le devolvió fondos a la Ciudad de Buenos Aires; por la reforma del Consejo de la Magistratura; y por irregularidades denunciadas en la administración de la Obra Social del Poder Judicial.
La primera causa investigada fue la del denominado “fallo dos por uno”, en la que se denunció que los miembros de la Corte Suprema favorecieron a los imputados o condenados por genocidio y crímenes de lesa humanidad.
A partir de lo que se conoció como el fallo Muiña, acusado por su actividad en el centro de detención clandestino del Hospital Posadas, fue el primer beneficiado, y la jurisprudencia creada motivó que decenas de represores también solicitaran una condonación de sus penas.
Los cargos por mal desempeño en esta causa fueron atribuidos al titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, y al vicepresidente Carlos Rosenkrantz. Entre las acusaciones al presidente se destacaron: haber omitido el análisis de admisibilidad legal para la aplicación de la regla del 2×1 para delitos de lesa humanidad, con relación al fallo “Muiña”; haber legitimado una maniobra que priorizó el tratamiento caso motivado por intereses ajenos a la justicia; y haber violado deberes y pautas de comportamiento ético previstas en la Ley Nacional 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”.
Mientras que a Rosenkrantz se lo acusó por: promover acciones dilatorias en la causa “Schiffrin”, con el objeto de ejercer una injerencia indebida en la jueza Highton de Nolasco para priorizar el tratamiento del caso “Muiña”; abandonar los deberes funcionales que surgen de la Acordada 42/08 de creación Unidad de Superintendencia para delitos de Lesa Humanidad (Comisión Interpoderes), desvirtuando el rol institucional y afectando de desprestigio y mala reputación al Poder Judicial de la Nación; y por no excusarse de intervenir en las causas “Aredez” y “Burgos”, en virtud de la relación de larga data que une al magistrado con la familia Blaquier, en una clara violación al principio de imparcialidad.
Con respecto a la reforma del Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema restituyó una norma derogada y declaró inconstitucional una ley de 2006, arrogándose facultades legislativas para modificar la integración y composición del órgano de control de magistrados, encargado de seleccionar y remover jueces.
Además, del presidente y vicepresidente, se formularon cargos contra Juan Carlos Maqueda por: atribuirse el manejo de los recursos del Poder Judicial en violación de la Constitución Nacional; apropiarse de funciones que la reforma constitucional le había quitado; interrumpir el proceso parlamentario tendiente a establecer un diseño con equilibrio representativo entre los estamentos del Consejo de la Magistratura; y dictar una sentencia con múltiples arbitrariedades con el objetivo de cooptar el Consejo de la Magistratura.
También, se los acusa de falta de sigilo y prudencia en el dictado de sentencias judiciales de gravedad institucional; inmiscuir en facultades del Congreso de la Nación para manipular la conformación del Consejo de la Magistratura a través de fallos y acordadas; y por haber favorecido a Juntos por el Cambio en la composición del Consejo de la Magistratura.
En la causa “Coparticipación” se investigan las irregularidades del fallo de la Corte Suprema que dispuso en diciembre de 2022 para que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2,95% de la masa de impuestos coparticipables, en el marco de la disputa entre ambas administraciones por el porcentaje correcto.
En este caso, los cargos formulados fueron para los cuatro integrantes del máximo tribunal y se los investigó por: Haber vulnerado el derecho de defensa del Estado Nacional, desarrollando la actividad jurisdiccional con notoria inobservancia a las reglas básicas del debido proceso; arrogarse facultades legislativas, violando el sistema de organización federal y la división de poderes; y dictar una sentencia cautelar arbitraria a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, omitido la ponderación de prueba relevante y decisiva para la resolución del caso con la finalidad de dotar de recursos financieros al entonces candidato opositor a la Presidencia.
Luego del fallo de la coparticipación, se hicieron virales una serie de conversaciones entre el director general de la Vocalía, Silvio Robles,y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, por lo que se acusó a la Corte por “no haberse excusado en la causa cuando era su obligación a efectos de evitar la sospecha y el cuestionamiento de imparcialidad, en atención a los vínculos de íntima confianza”.
El diputado del FdT se mostró esperanzado de que la vicepresidenta revierta su decisión de no ser candidata y le pidió al peronismo que “salga de la zona de confort” por esperar todo de ella.
En la previa de una nueva reunión de Comisión de Juicio Político, el diputado nacional Daniel Gollán (FdT – Buenos Aires) arremetió contra el máximo tribunal de justicia y afirmó que “son una manga de ladrones”.
En esa línea, el diputado oficialista expresó: “Uno no puede creer lo que escucha sobre la corrupción de la Corte Suprema de Justicia en la obra social”. “Durante 15 años la Corte Suprema tenía que supervisar la obra social en la que se robaban miles y miles de millones de pesos a la vista de todo el mundo y sin dar prestaciones como corresponde. Esa gente es la que nos juzga a nosotros”, aseveró.
En diálogo con AM 750, Gollán agregó: “Había informes de todos los años del auditor, y dijo que no hay control y que se estaban robando todo”. Del mismo modo, enfatizó: “El auditor decía pasa esto y no puedo hacer porque la Corte tiene el privilegio de controlarse a sí misma”.
Consultado por el anuncio de la vicepresidenta Cristina Kirchner, el exministro de Salud de la Nación (2015) sostuvo que “nada se termina, hasta que se termina y me parece que, mas allá de la carta, uno la interpreta que a la dirigencia le está faltando mucho para estar a la altura y le demanda todo a ella”.
“Interpreté que ella dice ¿ustedes qué? ¿dónde están? Animémonos a pelear”, señaló. A su vez, advirtió: “Hace rato que deberíamos tener una estructura capaz de defender a la patria más allá de Cristina, pero ella es la líder”.
En tal sentido, manifestó que “hay que salir de la zona de confort y salir a la calle para movilizarse porque es lo único que puede cambiar la ecuación”.
“En este caso para que no proscriban al peronismo y necesitamos a un pueblo consciente de lo que ocurre con CFK”, siguió.
Con más críticas contra la Corte, enfatizó que “debemos terminar con esto de que avasallan el Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo y que el sistema federal se meta con las provincias”. Del mismo modo, añadió: “Hay que salir a defender lo que el peronismo hizo siempre, tenemos que salir a la calle a defender a CFK y en la defensa a ella, está la defensa a la patria”.
Por último, habló sobre el acto del peronismo para el 25 de mayo y anunció que “voy a pedir que termine la proscripción de Cristina porque si logramos que se baje, la podemos tener de candidata”. Para terminar, afirmó que “en el 2019 ganamos porque ella tomó una decisión política”.
El jurista del Pro sostuvo que el oficialismo lleva adelante el enjuiciamiento a los miembros del máximo tribunal de justicia para “distraer de la inflación, la inseguridad y el narcotráfico”.
El diputado nacional Pablo Tonelli (Pro – CABA) habló sobre la séptima reunión de Comisión de Juicio Político y se refirió a la ausencia del fiscal Carlos Stornelli: “Al oficialismo le importa hostigarlo para contribuir al show, si no le mandaran las preguntas por escrito”.
Además, el jurista del Pro expresó: “El reglamento de la comisión tiene una jerarquía normativa similar a la de un club de barrio”, y agregó: “La jerarquía normativa de una ley está mucho más por encima del reglamento. Es un invento que hay rango constitucional. Es un disparate, me hacen reír”.
En declaraciones a FM La Patriada, el diputado opositor amplió: “El oficialismo cita gente para contribuir al espectáculo”. Así también, advirtió: “Soy crítico y no lo veo nada bien, se citan testigos sin saber para qué. Citaron testigos por ser parientes del presidente del Colegio de Abogados”.
Al respecto, recordó lo dicho por la diputada oficialista Vanesa Siley sobre la cantidad de testigos a declarar y explicó: “Hay 131 testigos, a cuatro o cinco por semana, vamos a tardar años”. “Estos testigos no aportan nada”, señaló.
En la misma línea, manifestó que el juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia “es un ejercicio de distracción para entretenernos con esto y no hablar de inflación, inseguridad y el narcotráfico”. “Este juicio político no apunta a reformar nada, solo apunta a perseguir a los jueces de la Corte”, enfatizó.
A su vez, relató que este miércoles será presentada la denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla. “Hoy se presenta la denuncia en el Consejo de la Magistratura contra el juez porque según el oficialismo mintió bajo juramento”.
En el cierre, expresó: “Nadie explicó, ni probó nada sobre el tráfico de influencias”, y cerró: “El oficialismo está llevando esto sin rumbo definido”.
Este jueves la Comisión de Juicio Político mantuvo una reunión de asesores. El próximo encuentro será el martes a las 13 al que fueron citados cuatro testigos.
Tal como había deslizado el encuentro pasado la presidenta de la Comisión de Juicio Político, la entrerriana Ana Carolina Gaillard (FdT), se llevó a cabo este jueves una reunión de asesores del oficialismo y de la oposición -sin la presencia de diputados, salvo la presidenta de la comisión- para “definir cuestiones procedimentales” de cara a la segunda audiencia para la participación de testigos en el marco de la etapa de recolección de pruebas del proceso de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Según informó un miembro de la comisión a parlamentario.com, “se cursaron las citaciones” al fiscal Carlos Stornelli, la fiscal María Laura Roteta, Sergio Napoli de la Secretaría Judicial N°4 CSJN y el exsenador y exintegrante del Consejo de la Magistratura, Mario Cimadevilla, quien estuvo ausente la reunión del jueves pasado.
Los cuatro deberán presentarse el próximo martes 7 de marzo a las 13 en la Sala 1 del Anexo de Diputados. Gaillard había aclarado que “no van a ser más de 4 o 5 testigos” con el objetivo de “no dilatar tanto la audiencia como ocurrió hoy para que sea algo productivo y poder llevar con lucidez la jornada”.
Previsiblemente la mayor atención está puesta en la presencia o ausencia de Carlos Stornelli. Su citación fue decidida y votada la semana pasada luego de que el juez Sebastián Ramos dijera que su fallo sobre la causa de los chats entre Silvio Robles y Marcelo D’Alessandro se había basado en el dictamen de ese fiscal.
En su dictamen, Stornelli consideró que “convalidar en este estadio embrionario un eventual avance de este proceso solo y exclusivamente a partir de elementos que, conforme se investiga, habrían sido obtenidos fruto de una actividad delictiva, colisiona con los más básicos e irrenunciables principios constitucionales, y teñiría de ilegal cuanto se actuare en consecuencia”.
La pregunta del millón es si particularmente él se presentará ante los diputados. Al respecto se refirió la diputada Carolina Gaillard a través de un hilo de tuits en los que planteó que jueces y fiscales tienen la obligación de comparecer a dar testimonio. “Si no lo hicieren se remitirán los antecedentes a los organismos que ejerzan autoridad disciplinaria sobre ellos, en ese caso el Consejo de la Magistratura de la Nación o el Min Publico Fiscal sin perjuicio de las responsabilidades penales y políticas que la comisión entienda correspondan.
En la primera audiencia testificaron los jueces Alejo Ramos Padilla y Sebastián Ramos. También lo hicieron Sergio Rubén Romero, subdirector de Gestión Interna y Habilitación, dependiente de la Secretaría General de Administración; Cristian Abritta, extitular de la Secretaría Judicial N°5; Alejandro Daniel Rodríguez, Secretaría de Juicios Originarios; Adriana Norma Valinotti, vocalía de Rosatti; Silenio Rómulo Cárdenas Ponce Ruiz, de la Secretaría Judicial N°2; y Roberto Miguel Ángel Saggese, vocalía de Rosatti.
El diputado del FdT consideró que la Corte Suprema “no tiene un organismo que revise sus aptitudes” y afirmó que “está diseñada para defender los intereses económicos de los poderes facticos”.
El diputado nacional Carlos Heller (FdT – CABA) opinó este martes sobre el juicio político a la Corte Suprema de Justicia y afirmó que “es un disparate presentarlo como un ataque a la democracia”.
En tal sentido, el legislador expresó: “El paso del tiempo genera deterioros. Un juez de cualquier instancia es nombrado y se queda de por vida”. Sin embargo, aclaró: “Presidentes, vicepresidentes, gobernadores, diputados y senadores son elegidos cada tantos años y puestos en juicio de valor de la sociedad que los vota, en cambio los miembros del Poder judicial, no tienen un organismo donde sean revisadas sus aptitudes”.
En declaraciones a AM 530, Heller afirmó que el juicio político es “la única instancia que tiene prevista la Constitución junto al Consejo de la Magistratura para analizar el funcionamiento del organismo”.
Por otro lado, el diputado oficialista se mostró realista y manifestó que “es muy poco probable que puedan reunirse los dos tercios en el recinto” para avanzar con el juicio político a los miembros de la Corte Suprema, puntualmente contra el presidente Horacio Rosatti.
Consultado por las movilizaciones que se realizarán los próximos días en favor del avance del juicio político, Heller consideró: “Para que se conmuevan estos muchachos (miembros de la CSJN) debemos salir como cuando salimos a festejar el mundial”, y agregó: “Ellos tienen el respaldo de la corporación mediática y los poderes facticos. Uno ve la tele y observa que hay una batalla desigual”.
“Me parece bien la movilización exigiendo el debate público”, señaló Heller quien, además, cuestionó a los medios de comunicación: “Se muestran las cosas al revés de cómo son y la gente se confunde. Es un desafío grande que debemos intentar y transitar”.
En el cierre, el diputado sostuvo que el Poder Judicial “no declaró inconstitucional a los decretos del expresidente Mauricio Macri”, en alusión a la derogación de la Ley de Medios Audiovisuales.
En esa línea, remarcó cuando en 2020 la Justicia derogó el decreto que designaba a los servicios de telecomunicaciones como “esenciales” y cerró: “La Corte Suprema está diseñada para ser garante de los que tienen intereses económicos grandes”.
