Un grupo de legisladores que responden a Elisa Carrió se presentaron ante la Justicia para reclamar que la AFIP haya desistido en la querella de la causa Oil Combustibles.
Diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del desistimiento de la querella en la causa -conocida como Oil Combustibles- en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al exadministrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray.
Los legisladores las acusan de los supuestos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.
“Hubo una clara intención de beneficiar económica y judicialmente a estos empresarios, así como también a exfuncionarios públicos como Echegaray”, afirmaron. “La misma AFIP que acosa a los que dan trabajo, encubre a los que defraudan. Es intolerable y tienen que ser investigados y condenados”, agregaron los opositores.
En la denuncia se describen “las relaciones económicas” de la vicepresidenta con López y “cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados”. “Primero el Gobierno nacional envió una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles. Semanas antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Finalmente, un año después Marcó del Pont, desiste de la querellar”, explicó el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López.
Asimismo, la denuncia da cuenta de “los conflictos de interés del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia”. “El presidente se negó a revelar su listado de clientes y tampoco explicó el alcance de sus tareas para ese holding. Se lo pedimos por distintos medios, también se lo requirió la Oficina Anticorrupción, y él se negó a dar respuesta”, agregó López.
La denuncia lleva las firmas de López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.
En el escrito, señalaron que “con fecha 8 de septiembre de 2021, pocos días antes de las elecciones de medio término del día 12 de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya autoridad máxima es Mercedes Marcó del Pont -quien a su vez tiene como jefa política a Cristina Fernández de Kirchner-, desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al Estado Nacional por parte del extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa. La maniobra de defraudación impositiva habría tenido lugar durante los años 2013 a 2015, es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.
“La relación de la familia Kirchner, y en especial de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con el empresario Cristóbal Manuel López ha sido, desde el ascenso del matrimonio Kirchner al poder, una vinculación política y de negocios”, resaltaron.
Y recordaron que tras la ley de moratoria, “armada como traje a medida”, Oil Combustibles “se adhirió a la moratoria que le había facilitado el proyecto de ley enviado por el Sr. Alberto Fernández”. “Luego de ello, y en virtud de haber obtenido un aparente pero ficto barniz de legalidad, la empresa Oil Combustibles efectúa un primer pago de dicha moratoria el día 7 de septiembre de 2021”, mencionaron.
Sin embargo, “al otro día, el 8 de septiembre de 2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cargo de la Sra. Mercedes Marcó del Pont, desiste de la querella y de la reclamación económica, fundamentándose, entre otras cosas, en la ley que Alberto Fernández promovió desde el Poder Ejecutivo”, enfatizaron.
Es tras la decisión de la AFIP de desistir como querellante en la causa Oil Combustibles, en la que el empresario K Cristóbal López está acusado de defraudación por 8 mil millones de pesos.
Tras la decisión de la AFIP de desistir de su rol de querellante y retirar la acusación penal y civil contra los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, por la supuesta defraudación de 8 mil millones de pesos, en la causa conocida como Oil Combustibles, diputados de Juntos por el Cambio adelantaron que denunciarán a la titular del ente recaudador, Mercedes Marcó del Pont.
“Una vergüenza más hecha por Alberto Fernández y Cristina Kirchner días antes de las elecciones por temor a perderlas! Los evasores y defraudadores libres y sin condena, y los argentinos un año y medio presos”, lanzó en su Twitter el legislador Juan Manuel López (CC-ARI), que calificó además a la decisión como “intolerable” y “un crimen”.
El bonaerense agregó que “lo que hizo la AFIP de Marcó del Pont y @alferdez con Cristóbal López y OIL Combustibles puede implicar varios delitos y los vamos a llevar a la Justicia. Encubrimiento, negociaciones incompatibles, tráfico de influencias, incumplimiento de deberes”.
Y fustigó a Fernández, al llamarlo “un presidente lobbista de sus clientes que ahoga a los argentinos con impuestos salva a Cristóbal López, Fabián de Souza y Ricardo Echegaray de una de las grandes estafas argentinas, mientras convierte a Marcó del Pont y a la AFIP en un felpudo de los defraudadores”.
Por su parte, el jefe del interbloque opositor en Diputados, Mario Negri, publicó: “La AFIP desistió del juicio a Cristóbal López por haberse quedado con más de $8.000.000.000 del impuesto a los combustibles”. Y recordó la moratoria votada el año pasado en el Congreso, al sostener que “para poder hacerlo el kirchnerismo aprobó una ley a escondidas, mientras encerraban y fundían a medio país. El PJ de Córdoba lamentablemente los apoyó”.
“Se siente mucha bronca cuando, a pesar de las pruebas, te gana la impunidad. Muchos de nosotros sabemos las consecuencias personales que nos trajo luchar contra las mafias. Ellos juegan con nuestro desánimo y avanzan. Por eso, hay que ir a votar y decirles #BASTA . Acompáñanos”, escribió la diputada Paula Oliveto (CC-ARI).
En tanto, la legisladora Silvia Lospennato (Pro) comparó: “Vos que no podes ni cambiar el auto le financiaste 8.000 millones de dólares al multimillonario K Cristóbal López. Los diputados del FdT + falsos opositores le votaron la moratoria a medida art. 8, Ley 27.541, y ahora AFIP desistió de su reclamo. Capitalismo de amigos es esto”.
Otro de los mensajes que aparecieron en las redes fue del diputado Waldo Wolff (Pro), quien señaló que “la AFIP desistió de la querella de OIL combustibles que desviaba las retenciones de los contribuyentes para comprar empresas”. “Solo teniendo encuestas nefastas para el oficialismo harían algo así 3 días antes de las PASO y no después”, consideró y completó: “Accionaremos judicialmente. A votar”.
“El progresismo kirchnerista es crear muchos impuestos con la excusa de cobrarle a los ricos, pero no cobrárselos a sus amigos ricos. Ponen el giro a la izquierda y doblan a la derecha”, sostuvo el diputado Alfredo Cornejo (UCR).
Se trata del artículo 11 del proyecto oficial, que recibió 130 votos afirmativos, 121 negativos y una abstención. Quiénes fueron los diputados de la oposición que acompañaron al Frente de Todos.
El artículo del proyecto de moratoria que permite ingresar al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de actividades, definido por la oposición como “cláusula Cristóbal López”, fue aprobado finalmente con 130 votos afirmativos, 121 negativos y una abstención.
Con todos sus diputados presentes en la sesión, el Frente de Todos contó con el acompañamiento de una docena de representantes de la oposición.
Apoyó el polémico artículo el jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, junto a cinco de sus pares: el bonaerense Pablo Ansaloni (Unidad y Equidad Federal), el rionegrino Luis Di Giácomo (Juntos Somos Río Negro) y los misioneros Diego Sartori, Flavia Morales y Ricardo Wellbach (Frente Renovador de la Concordia).
Desde el Interbloque Federal, votaron a favor su titular, Eduardo “Bali” Bucca; el salteño Andrés Zottos; y los cordobeses que responden al gobernador Juan Schiaretti -Carlos Gutiérrez, Claudia Márquez, Alejandra Vigo y Paulo Cassinerio-. Por último, sumó su adhesión Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.
El rechazo provino, además de Juntos por el Cambio, de ocho diputados de otros bloques: los bonaerenses Graciela Camaño y Jorge Sarghini (Consenso Federal); la tucumana Beatriz Ávila (Partido de la Justicia Social); el santacruceño Antonio Carambia (Unidad y Equidad Federal); los santafesinos Enrique Estévez (Socialista) y Luis Contingiani (Fte. Progresista Cívico y Social); Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
La votación arrojó, en consecuencia, una división al interior de las bancadas presididas por Ramón y Bucca: en la primera, seis diputados votaron a favor del artículo 11 y dos en contra, mientras que en la segunda, seis votaron afirmativamente y cuatro, negativamente.
Hubo una sola abstención, de Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal), y dos ausentes, el riojano Felipe Álvarez (Acción Federal) y el jujeño Jorge Rizzotti (UCR), mientras que el chaqueño Gerardo Cipolini, también radical, fue considerado “ausente sin voto”, luego de que no se registrara su voto a pesar de estar conectado a la plataforma Webex.
El proyecto que permite regularizar deudas impositivas, previsionales y aduaneras a todos los contribuyentes recibió 137 votos afirmativos, tres negativos y 113 abstenciones. El interbloque de Negri denunció una “amnistía” al empresario Cristóbal López. El debate pasa al Senado.
Por Carolina Ramos
Tras un debate atravesado por acusaciones de la oposición sobre una supuesta “amnistía” a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de moratoria impositiva, previsional y aduanera, que alcanzará las deudas de todos los contribuyentes vencidas al 31 de julio.
La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19 recibió 137 votos afirmativos -del Frente de Todos y los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo-, tres negativos y 113 abstenciones, de Juntos por el Cambio. Los tres votos en contra fueron de Luis Juez (Pro), Nicolás Del Caño (PTS) y Romina Del Plá (PO).
El proyecto, que ahora fue girado al Senado, permitirá regularizar con la AFIP una deuda total de 534.000 millones de pesos, con planes de pago de hasta 60 o 120 cuotas, según el caso, y una tasa de interés inicial del 2% mensual, menor a la de la moratoria vigente desde diciembre.
Si bien todos los bloques de la oposición coincidieron en que “nunca una moratoria estuvo tan justificada” como en el actual contexto, buena parte de la discusión se centró en el artículo 11, que permite adherir al régimen a empresas declaradas en estado de quiebra sin continuidad de la explotación.
Juntos por el Cambio denunció un “traje a medida” para OIL Combustibles, la empresa de López y De Souza, empresarios ligados a la familia Kirchner, mientras que desde el bloque “lavagnista”, Jorge Sarghini coincidió en que “no hay ningún fundamento para que los quebrados estén adentro de la moratoria”.
El cierre del debate, cerca de las 23, estuvo a cargo de un encendido Máximo Kirchner, quien le respondió a quienes denunciaron un “plan de impunidad” al recordar que Mauricio Macri asumió como presidente procesado por escuchas ilegales y luego fue sobreseído, y ahora se investiga espionaje ilícito durante su gestión.
El jefe del bloque del Frente de Todos también apuntó al blanqueo de capitales de familiares de funcionarios y la deuda del Correo Argentino. Y tuvo un párrafo aparte para el viaje de Macri a Francia: ironizó que “tiene todo el derecho de viajar por el mundo con su familia” y que “está haciendo lo que le gusta: turismo”, mientras que la vicepresidenta Cristina Kirchner “viajaba (a Cuba) porque tenía a su hija enferma”.
El proyecto aprobado amplía el universo de contribuyentes alcanzados originalmente en la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, incluyendo a todas las personas humanas y jurídicas, esto es, pymes, monotributistas, trabajadores autónomos, cooperativas, asociaciones civiles sin fines de lucro, clubes de barrio y también grandes empresas.
“Esta moratoria ampliada con menor tasa interés está pensada para que las empresas que están volviendo a la actividad puedan sobrevivir, y las que todavía no retomaron su actividad tengan un horizonte mucho más claro en lo fiscal”, explicó el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller.
La futura ley permitirá incluir deudas vencidas hasta el 31 de julio de 2020 -el proyecto original establecía hasta el 30 de junio, pero el plazo se amplió-. Se podrá adherir al régimen hasta el 31 de octubre y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Solo quedarán afuera las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART (Aseguradoras de Riesgos de Trabajo).
A pedido de la oposición, se otorgará un “premio” a contribuyentes cumplidores. “Los beneficios no tienen la dimensión que pretendemos, más bien suenan a pobres, pero no dejan de señalar un aspecto que, creemos, es de estricta justicia”, admitió al respecto el radical Luis Pastori.
En nombre de Juntos por el Cambio, Pastori reconoció que “esta moratoria es una necesidad imperiosa para tantos contribuyentes que por efecto de la cuarentena prolongada que va a cumplir 150 días, se ven en serias dificultades para cumplir no solamente con sus obligaciones fiscales, sino también para con proveedores, compromisos bancarios y pago de sueldos”.
Sin embargo, definió el artículo 11 como “la cláusula Cristóbal López” y advirtió que “con esta ley, la AFIP va a estar renunciando a cobrar 100 millones de dólares” en lo inmediato. “Si a esto agregamos que se incorporan a la moratoria los impuestos a combustibles, juego, apuestas online, la verdad que si no es un traje a medida, que alguien diga exactamente qué es”, sugirió.
En la misma línea, Luciano Laspina (Pro) enfatizó que “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
“Ya de por sí las moratorias son moralmente discutibles, pero lo que no se justifica es la señal que le estamos dando a los contribuyentes de que el Congreso, ante un caso de una empresa que se queda con la plata de los argentinos, defrauda al Estado y quiebra de forma fraudulenta, está dispuesto a darle un salvavidas”, consideró.
Desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López advirtió que Cristóbal “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador” de Santa Cruz y recordó los nexos entre ambos, investigados en distintas causas judiciales.
Otro diputado que levantó críticas fue Sarghini (Consenso Federal), quien recordó que ya en diciembre, cuando se sancionó la primera moratoria con la Ley de Solidaridad Social, “se excluyeron aquellas empresas que estaban en quiebra y que no tenían continuidad en la explotación, porque era por causas previas” a la pandemia.
“¿Cuál es la razón de que cuando se amplía el universo (de contribuyentes) se traen los quebrados que nada tienen que ver con la crisis de la pandemia? ¿Qué cambió? La única respuesta que recibimos de la titular de la AFIP (Mercedes Marcó del Pont) fue ‘yo como recaudadora quiero a todos’. Es un tanto pobre esa respuesta”, cuestionó.
Desde el oficialismo, el santacruceño Pablo González aclaró que “esta ley no tiene nombre propio”. “Yo diría que salvo que las 4.600 empresas que están en condiciones de ingresar en esta ley se llamen Cristóbal López, no podemos ponerle ese nombre a una ley que busca resolver los problemas que tenemos en la Argentina”, aseguró.
Su par Darío Martínez también consideró que “es un error mirar esto como una ley a medida, una ley con nombre y apellido”, y ejemplificó: “Sería un error decir que esta ley es para que Jorge Macri pueda resolver su situación fiscal por la causa 15.690, de 2016; sería un error ponerle ese nombre. Sería un error decir que esta ley tiene el nombre de Gianfranco Macri, que también va a poder ingresar para regularizar la deuda fiscal que tiene por otra causa, pero es un error tomarlo desde allí”.
Martínez destacó que “esta ley le calza a todo el entramado socioeconómico que se vio perjudicado en los últimos cuatro años y ahora vio agravada su situación por la pandemia. Es una herramienta que va a servir para proteger el empleo y la producción”.
Por el Frente de Izquierda, Romina Del Plá advirtió que la moratoria “implica una transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los capitalistas” y “es una orientación de subsidios al capital, con recursos que no se están colocando en un reforzamiento del sistema de salud y en sostener a los que no tienen ingresos”.
El diputado de la Coalición Cívica sostuvo que la moratoria “es para una empresa del poder”, en alusión a OIL Combustibles.
Juan Manuel López, diputado de la Coalición Cívica, reiteró en la sesión de este viernes que la moratoria ampliada es “un traje a medida para dos empresarios en particular, Cristóbal López y Fabián De Souza, que son empresarios ligados desde hace muchos años al viejo poder y al poder actual”.
El “lilito” consideró “inédito” que se permita ingresar a la moratoria a empresas en quiebra. “Ojalá algún abogado, juez u operador jurídico me explique quién se va a hacer cargo del pago de las cuotas, si esa empresa no existe más”, dijo.
Luego recordó que Cristóbal López “era un empresario menor que hizo su fortuna gracias al expresidente Néstor Kirchner cuando era gobernador, habilitando casinos y bingos en cada pueblo de esa provincia”.
El diputado señaló que el holding fue creciendo hasta tener “casinos en La Florida, Estados Unidos” y se expandió también al rubro del petróleo, donde López tuvo “una causa por sobornos por la compra de Petrobras”.
López advirtió sobre el trato que el canal C5N, también del grupo, le otorgó a la oposición desde que en 2004 se supo que “este empresario tenía áreas petroleras concesionadas en el norte de Santa Cruz cuando no tenía experiencia en la materia”.
Luego, en 2008, se realizó la famosa denuncia de Elisa Carrió por asociación ilícita contra Néstor Kirchner, el exministro Julio De Vido y Cristóbal López, entre otros, “por cómo fue concesionado el casino en la Ciudad de Buenos Aires”.
Tras insistir en que la moratoria “es para una empresa del poder”, OIL Combustibles, López advirtió que el impuesto a los combustibles “no lo evadía, se lo robaba, e iba -por ejemplo- a la empresa M&S, de su holding”, donde la encargada del área legal era Romina Mercado, sobrina de Kirchner.
Además, “desde esa empresa le alquilaban los hoteles” a la familia presidencial, siendo Mercado “la presidenta del directorio de Hotesur”, señaló el diputado López.
Para el diputado de Juntos por el Cambio, “la señal” que el Congreso está dando es que “está dispuesto a darle un salvavidas” a las empresas quebradas de modo fraudulento.
El diputado Luciano Laspina (Pro) denunció este viernes que “dentro de la ley de moratoria hay otra ley de amnistía” para las empresas en quiebra que podrán ingresar al régimen, y advirtió que el Congreso, con la sanción de esta norma, “está dispuesto a darle un salvavidas” a esas compañías.
En primer lugar, Laspina reconoció que “nunca estuvo más justificada que hoy una moratoria” dada la emergencia sanitaria por la pandemia, ya que “las empresas van para cinco meses de imposibilidad de facturar y es imposible no darles una mano en estas circunstancias”.
Asimismo, destacó la decisión de “complementar la moratoria con una reforma temporaria a la Ley de Quiebras”, aprobada en el recinto también este viernes, dado que “la moratoria da auxilio a la mochila con el fisco pero también había que dar una respuesta a las deudas privadas de las empresas”.
Sin embargo, alertó que Juntos por el Cambio tiene “diferencias insalvables” con la propuesta del oficialismo, porque “hay otra ley dentro de esta ley, que es una ley de amnistía para empresas que han utilizado el dinero de los argentinos en beneficio propio con un criterio de expansión de sus propios negocios”.
“Ya de por sí las moratorias son moralmente discutibles, pero lo que no se justifica es la señal que le estamos dando a los contribuyentes de que el Congreso, ante un caso de una empresa que se queda con la plata de los argentinos, defrauda al Estado y quiebra de forma fraudulenta, está dispuesto a darle un salvavidas”, consideró.
Además, Laspina subrayó que “aunque este traje a medida le calce perfecto a una empresa en particular”, en referencia a OIL Combustibles, “es un traje a medida que le puede encajar en el futuro a otras, y esto es tanto o más grave que la impunidad que estamos consagrando”.
Por último, el santafesino insistió en que “nunca en ninguna moratoria” se permitió el ingreso de “empresas quebradas sin continuidad de actividades”.
La Cámara baja sesionará desde las 15. La ampliación presupuestaria, que ya cuenta con dictamen, quedó para la semana que viene.
Por primera vez en mucho tiempo, la Cámara de Diputados sesionará un viernes. Será para aprobar dos proyectos vinculados a la pandemia del Covid-19: la moratoria impositiva, previsional y aduanera propuesta por el Poder Ejecutivo, y una reforma al proceso de concursos y quiebras.
La sesión virtual fue convocada para las 15 y quedó afuera del temario el proyecto de ampliación presupuestaria, que a pesar de haber conseguido dictamen favorable se tratará la semana próxima en una nueva sesión.
El proyecto de moratoria apunta a ampliar el régimen actualmente vigente con la Ley de Solidaridad Social, alcanzando a todos los contribuyentes -tanto personas humanas como jurídicas- y apuntando a regularizar una deuda total de 534.000 millones de pesos, según datos de la AFIP.
La iniciativa establece que se podrán regularizar deudas contraídas hasta el 30 de junio, se podrá adherir al régimen hasta el mes de octubre y los primeros pagos serán a mediados de noviembre, con un plan que llega hasta 120 cuotas.
Juntos por el Cambio se opuso en la Comisión de Presupuesto el dictamen del oficialismo, en rechazo a la decisión de incorporar a empresas en proceso de quiebra y a la posibilidad de incluir el impuesto al juego y a los combustibles. El interbloque presidido por Mario Negri denunció una “amnistía” para OIL Combustibles, la empresa de Cristóbal López y Fabián De Souza.
Sin embargo, el oficialismo avanzó con el proyecto, con el acompañamiento de representantes del Interbloque Federal y de Unidad Federal para el Desarrollo, por lo que espera reunir los votos para aprobar la iniciativa en el recinto y girarla al Senado.
Por otra parte, se tratará en la sesión la declaración de la emergencia para procesos de concursos preventivos y quiebras hasta el 31 de diciembre de 2020. El tema se discutirá previamente, a las 11, en la Comisión de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), donde la aspiración es lograr una redacción unificada entre múltiples proyectos.
Al responder a Juntos por el Cambio, defendió el proyecto enviado este jueves al Congreso y apuntó al macrismo por el blanqueo de capitales. También habló sobre la Oficina Anticorrupción.
Al responder distintas preguntas del interbloque Juntos por el Cambio, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, defendió la reforma judicial y negó que la moratoria sea “un traje a medida” de OIL Combustibles, a la vez que habló de la crisis en Venezuela y del rol de la Oficina Anticorrupción.
En primer lugar, Cafiero le contestó a Jorge Enriquez (Pro), quien se preguntó “por qué no continúan implementando el Código Procesal Penal que inaugura el sistema acusatorio” en lugar de impulsar una reforma judicial.
“La reforma procesal penal la frenó el macrismo en 2015 y se fue sin hacerla”, retrucó Cafiero, y aseguró que la iniciativa que el Ejecutivo envió al Senado “apunta a acercar y hacer más accesible la Justicia a los ciudadanos que así lo reclaman”, a través de un nuevo fuero federal penal.
Por otra parte, el funcionario respondió a un interrogante de Graciela Ocaña (Confianza Pública) sobre la decisión de la Oficina Anticorrupción (OA), presidida por Félix Crous, de retirarse de la querella en causas de corrupción que afectan a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Cafiero sostuvo que la OA “no debió ser querellante” porque “el Ministerio Público Fiscal ya era querellante”, lo que derivaba en una “sobre-representación”.
Además, informó que en la anterior gestión, la OA, entonces encabezada por Laura Alonso, “desistió de 44 querellas”, y observó que este organismo “debería cumplir un rol preventivo de transparencia que no se cumplió”.
Por el contrario, destacó que este gobierno le otorgó “mayores herramientas de autonomía”. “No tuvimos que cambiar la normativa para poder designar a Félix Crous, un fiscal probo con un currículum que no necesita nuestra defensa”.
El jefe de Gabinete cargó nuevamente contra Alonso: “En esos lugares no tiene que ir alguien que esté enamorado del presidente, sino alguien que haga bien su tarea”.
En otro orden, se refirió a la moratoria universal y a la advertencia de Juntos por el Cambio acerca de que es “un traje a medida” de OIL Combustibles, la empresa en quiebra de Cristóbal López y Fabián De Souza.
“Me suena mucho más un traje a medida cuando se votó en este Congreso una ley de blanqueo de capitales con el compromiso de que no sea utilizado para familiares de funcionarios y el mismo presidente lo modificó con decreto. Ahí la institucionalidad parece que falló”, redobló la apuesta Cafiero.
Respecto de otra cuestión planteada por Juan Manuel López (Coalición Cívica) sobre la posibilidad de presentar declaraciones juradas de intereses y el presunto vínculo del presidente Alberto Fernández con el Grupo Indalo, señaló que “hoy todos los funcionarios presentan su declaración jurada”.
“La verdad es que el gobierno anterior estuvo plagado de conflictos de intereses”, recordó.
Por último, sobre la situación de Venezuela, opinó que “el camino apropiado para salir de la crisis está en manos de los propios venezolanos, que este año tienen elecciones y no necesitan que desde acá les digamos lo que tienen que hacer”.
Cafiero dijo esperar que las elecciones sean “independientes” y “se desarrollen con total paz”. “Nadie está ajeno a la crisis en Venezuela, pero que nos arroguemos nosotros la potestad de definir el destino de los venezolanos es una arrogancia que no nos corresponde”, repitió.
Finalmente, sentenció que “Argentina no va a promover ningún golpe de Estado ni a reconocer gobiernos auto-asignados”.
La diputada cuestionó que el titular de Presupuesto y Hacienda no haya respondido las preguntas de Luciano Laspina sobre Oil Combustibles.
La diputada nacional de Confianza Pública Graciela Ocaña cuestionó las repuestas del presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, a la nota enviada por su par Luciano Laspina, para que informara sobre la situación de la empresa Oil Combustibles ante el proyecto de moratoria, y aseguró que “es una vergüenza que no haya respondido ninguno de los puntos que se le consultaron de manera debida y solo haya versado en evasivas y sofismas para ocultar información”.
Asimismo, advirtió que “se incluye por primera vez a personas con quiebras decretadas dentro de la posibilidad de ingresar a una moratoria. Es la primera vez que el Congreso lo realiza y evidentemente es un artículo puesto a la medida de Cristóbal López”.
“Bajo la premisa de la búsqueda de consensos y el debate parlamentario, el Presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda ignoró las consultas realizadas con el objetivo de conocer las respuestas de la AFIP sobre Oil Combustibles acerca del pedido de avenimiento efectuado por la empresa de Cristóbal López y las razones para incorporar firmas quebradas sin continuidad de actividades entre los beneficiarios de la moratoria”, señaló Ocaña.
En ese sentido, subrayó que “rechazamos que sea una crítica política ni mediática como señalaron, es un pedido de información porque queremos leyes transparentes, que les digan la verdad a los argentinos y dejen de esconderse en excusas para cubrir corruptos”.
Al respecto, Ocaña, presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que brinde detalles sobre la situación de Oil Combustibles ante la AFIP y aseguró que “el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo habilitaría a la firma de López lograr el avenimiento, obligando a renunciar al organismo a cobrar sus acreencias de manera inminente y postergando innecesariamente su cobro a través de un plan de cuotas a diez años. No corresponde que el Congreso dicte una ley a medida de Cristóbal”.
A través de un proyecto de resolución acompañado por los diputados Luciano Laspina, Facundo Suárez Lastra, Paula Oliveto, Pablo Torello y Carmen Polledo, la legisladora nacional del interbloque Juntos por el Cambio dijo que “si bien este proyecto se presentó como una medida positiva, llamativamente se incluyeron ciertas facilidades que estaban excluidas de la moratoria anterior, permitiendo que empresarios endeudados con la AFIP que tienen causas judiciales en trámite, obtengan beneficios fiscales y penales”.
Además, sostuvo que “desde Juntos por el Cambio tenemos proyectos que van en el mismo sentido, nos parece imprescindible porque hay que palear las consecuencias económicas de la cuarentena y todavía no hemos visto todo el resultado de lo que va a sufrir la economía en nuestro país” y añadió que en toda moratoria siempre hay un perjudicado que es aquel que cumplió en tiempo y forma por eso proponemos que haya un premio para el contribuyente cumplidor”.
El escrito presentado advierte también que “resulta preocupante que se premie a aquellos que se apropiaron de fondos que pertenecen al Estado, otorgándoles facilidades de pago y, además, suspensión de las acciones penales” y agrega que “este proyecto permite la suspensión de la acción penal tributaria respecto de quienes estén imputados por delitos en materia tributaria, cuando se acojan al plan de facilidades”.
La Comisión de Presupuesto se reunirá este martes a las 11 y el Frente de Todos aspira a tratar esta semana el proyecto en sesión especial. Juntos por el Cambio sugiere modificaciones.
El Frente de Todos buscará firmar este martes el dictamen favorable al proyecto de ley de moratoria ampliada enviado por el Poder Ejecutivo en el contexto de la pandemia del Covid-19. Será en una reunión virtual de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, convocada para las 11.
La intención del oficialismo es tratar esta misma semana -posiblemente el jueves- el proyecto en sesión virtual, para luego girarlo al Senado. Se espera una aprobación por amplia mayoría en el recinto, aunque Juntos por el Cambio buscará imprimirle algunas modificaciones al texto original.
El interbloque presidido por Mario Negri tenía prevista una videoconferencia para este lunes a última hora, con el fin de definir la postura que llevarán a la discusión. La bancada podría presentar un dictamen propio si el oficialismo no acepta cambios en algunos artículos.
El debate comenzó el jueves pasado con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quien destacó que la nueva moratoria alcanzará una deuda total de 534.000 millones de pesos, contraída tanto por personas humanas como por empresas en el marco de la emergencia sanitaria.
La nueva moratoria apunta a incorporar a aquellos que no accedieron al régimen establecido en la Ley de Solidaridad Social, sancionada en diciembre. Permitirá incluir deudas vencidas hasta el 30 de junio de 2020 y la primera cuota vencerá el 16 de noviembre. Se podrá adherir, según el proyecto, hasta el 31 de octubre.
Habrá una tasa de interés fija del 2% mensual hasta enero de 2021 -más baja que la de la moratoria vigente-, y a partir de ese momento habrá una tasa variable en pesos, es decir, se reformularán los planes ya ingresados.
Dependiendo del tamaño de las empresas e individuos que adhieran, podrán regularizar sus deudas en hasta 96 o 120 cuotas para las obligaciones tributarias y aduaneras. En el caso de los compromisos de la seguridad social, los plazos serán de hasta 48 o 60 cuotas. Quedarán afuera solo las deudas vinculadas a las obras sociales y a las ART.
Las objeciones de Juntos por el Cambio se concentran en al menos dos aspectos: el proyecto permite el ingreso al régimen a empresas que resuelvan su situación de quiebra en 90 días; e incluye la posibilidad de regularizar deudas originadas por el juego y el impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC).
Desde la principal bancada opositora advierten que con estas reformas podrían verse beneficiados los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, propietarios de la petrolera OIL Combustibles, que se encuentra en proceso de quiebra y que retuvo cifras millonarias por ese impuesto, en una maniobra que investiga la Justicia.
Asimismo, desde Juntos por el Cambio piden incorporar un “premio” a los contribuyentes cumplidores, entre otras cuestiones.
0002-PE-2020Senadores de Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal presentaron un pedido de informes. Advierten sobre el riesgo de una “búsqueda de impunidad”.
La oposición en el Senado ya encendió luces de alarma sobre el proyecto de ley de moratoria universal que este jueves comenzó a ser tratado en la Cámara de Diputados con la presencia del ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.
Integrantes de Juntos por el Cambio y del Interbloque Federal presentaron un pedido de informes al Poder Ejecutivo para “entender si este proyecto de ley no es más que otro paso en la búsqueda de impunidad de quienes han saqueado al pueblo argentino”.
En la iniciativa, encabezada por Laura Rodríguez Machado (Pro), los senadores advierten que “el proyecto establece tres modificaciones polémicas a la moratoria original: la incorporación de deudas por impuesto a los combustibles líquidos, la adaptación de los sujetos con quiebra decretada y la inclusión expresa de la posibilidad de suspensión de la acción penal tributaria y aduanera en curso para autores, coautores y partícipes necesarios de los delitos de evasión que estuvieran en trámite ante el pago total o definitivo de la deuda”.
Según entienden, gracias a estas modificaciones, la petrolera OIL Combustibles, de Cristóbal López y Fabián de Souza, podría resultar beneficiada con la nueva moratoria.
“Estas modificaciones están hechas a la medida de los titulares de la empresa OIL Combustibles S.A., que durante los años previos al gobierno de Cambiemos se habrían apropiado indebidamente de aproximadamente 900 millones de dólares, causa que en la actualidad se tramita ante la Justicia Federal, y de exfuncionarios de la AFIP, incluida su máxima autoridad, Ricardo Echegaray, imputados por defraudación contra la administración pública”, advirtieron los legisladores.
Por esa razón, advirtieron que el proyecto oficial “no es solo una ampliación de la moratoria, sino que incorpora cláusulas de exculpación que impedirían al Poder Judicial avanzar en consagrar justicia en causas de corrupción y evasión”.
En el pedido de informes, solicitaron al Ejecutivo detalles sobre el monto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (ITC) declarado por los sujetos obligados, el monto ingresado y el monto adeudado, además del monto actual de deudas exigibles por ese impuesto.
En ese sentido, se solicita el CUIT y la denominación social de los deudores, indicando el monto adeudado por cada uno y por qué importe podrían adherir al nuevo plan.
Además de Rodríguez Machado, firmaron el proyecto Luis Naidenoff -jefe del interbloque Juntos por el Cambio-, Pablo Blanco, Pedro Braillard Poccard, Oscar Castillo. Alfredo De Angeli, Silvia Elías de Pérez, Mario Fiad, Silvia Giacoppo, Stela Maris Olalla, Humberto Schiavoni, Pamela Verasay, Víctor Zimmermann, Roberto Basualdo y Belén Tapia.
Desde el Interbloque Parlamentario Federal, suscribieron su titular, Juan Carlos Romero, y los senadores Clara Vega y Carlos Reutemann.
