Tras la reunión que el bloque radical del Senado mantuvo con la vicepresidenta electa, Victoria Villarruel, el senador chaqueño Víctor Zimmermann aseguró que serán una “oposición propositiva porque queremos que le vaya bien al presidente, a los gobernadores e intendentes, porque así les irá bien a los argentinos”.

El legislador reveló que le transmitieron a Villarruel varias preguntas sobre el ambicioso paquete de leyes que Javier Milei pretende enviar al Congreso ni bien asuma, pero que la libertaria no les pudo adelantar muchos detalles. 

“Nosotros queremos conocer cuáles son los temas porque hay que estudiarlos. Ver la letra chica para saber qué pretenden, en qué tiempo y lo que quieren hacer”, señaló en declaraciones a Radio Nacional, y agregó que hay que analizar “a dónde van a ajustar, qué es lo que se va a achicar” para cumplir con la promesa de eliminar el déficit fiscal. 

Zimmermann apuntó que “si es una política de shock, obviamente hay que tomar todas las medidas juntas. Si quieren avanzar rápidamente, seguro va a haber declaración de emergencia”. No obstante, habrá que definir “cómo se compensa la caída de recaudación” que ciertas medidas producirían. 

El senador calificó como “amena” la reunión con la vicepresidenta electa, que presidirá la Cámara alta, y quien les contó que es probable que “ingresen proyectos tanto a Diputados como al Senado”. 

El radical insistió que en las iniciativas habrá que ver “qué se hace con el Presupuesto, con la política monetaria, con el acuerdo con el FMI, con la reforma del Estado”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP), se reunió este jueves para avanzar con el proyecto del ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, para modificar la ley de Impuesto a las Ganancias que obtuvo media sanción este martes en Diputados.

Desde el oficialismo avanzaron con la firma, llevada adelante por ellos y el senador Edgardo Kueider (UF) en disidencia, y buscarán que la semana próxima pueda llevarse una sesión en la Cámara alta para convertirlo en ley. Juntos por el Cambio no firmó el dictamen y anunció que no lo va a votar.

La iniciativa fue aprobada este martes con 135 votos a favor del oficialismo, los libertarios, la izquierda y bloques federales; y 103 en contra, de Juntos por el Cambio y los legisladores del interbloque Federal que responden a Juan Schiaretti.

El debate

Una vez comenzado el tratamiento de la modificación del Impuesto a las Ganancias, el titular de la comisión, Ricardo Guerra, resumió los puntos principales del proyecto en revisión: “Corrige un desvío que tenía la ley en la cuarta categoría y establece la fijación de un mínimo no imponible valuado en términos del Salario Mínimo, Vital y Móvil y lo fija en un valor de 1.770.000 pesos”.

En tal sentido, afirmó que “el salario no es ganancia, es una remuneración al trabajo”, y agregó: “Los salarios brutos que se encuentren en 15 mensuales o 180 anuales, hacia abajo dejarán de tributar y quienes perciban un salario por encima de los 1.770.000 pesos abonarán una alícuota entre el 27 y el 35 por ciento”.

Para cerrar su intervención, Guerra manifestó que la ley regirá a partir del 1 de enero del 2024. “Es un avance en la progresividad de un impuesto a los trabajadores en relación de dependencia”, concluyó.

En contraposición, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), planteó interrogantes y preocupaciones, y aseveró: “Desde el anuncio del ministro de Economía lo invitamos a que nos diga a los senadores que debemos defender los intereses de nuestras provincias con el Gobierno federal y como se van a saldar estos fondos que son coparticipables”.

“La pérdida de la recaudación tributaria será de un billón de pesos y si sumamos la quita del IVA, Chaco pierde más de 75 mil millones de pesos”, señaló. “En mi provincia vamos a tener déficit y acá se debió invitar a los gobernadores e intendentes”, indicó.

Del mismo modo, acusó a algunos gobernadores -oficialistas- por apoyar la medida cuando en 2019 “se opusieron y se presentaron en la Justicia”. También, remarcó que “no están comprendidos los monotributistas y los autónomos”.

Por último, aclaró que “el salario no debería pagar Ganancias, pero deben explicar cómo lo van a hacer”, y cerró: “Antes de avanzar sería muy importante invitar a los gobernadores en funciones y electos con el ministro de Economía”.

Luego, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR) se sumó al reclamo de Zimmermann y sostuvo que en su provincia “la caída sería de 20 mil millones de pesos”. “El Ejecutivo emitió un decreto de necesidad y urgencia y creemos que era suficiente porque no sabemos si este ministro/candidato va a seguir en gestión el año que viene”, agregó.

Al igual que el vicepresidente de la comisión, cargó contra los gobernadores provinciales oficialistas: “Tenían una actitud en 2019 y ahora tienen otra. Muchos de los que fueron a la Justicia, ahora van a decir que está bien”, y consideró que “se debe tratar con más tiempo y fuera del marco electoral porque no es el momento oportuno para tratar este proyecto”.

A su turno, la secretaria de la comisión y jefa del bloque de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio, contratacó: “Cuando Massa, quien es mi candidato a presidente y lo será después del 10 de diciembre, presentó el DNU fue su propio espacio el que dijo 'mándalo ahora que lo votamos' y ahora, quiero saber ¿están de acuerdo o no?”.

“Cuando Massa, quien es mi candidato a presidente y lo será después del 10 de diciembre, presentó el DNU fue su propio espacio el que dijo ‘mándalo ahora que lo votamos’ y ahora, quiero saber ¿están de acuerdo o no?”

“Igualmente no importa quien gobierne porque simplemente va a ser una política pública y cuando se envió a la Cámara de Diputados dejo de ser electoralistas”, aseveró Di Tullio. “Hay que tener pudor porque en 2015 ustedes hicieron campaña con que los trabajadores iban a dejar de pagar ganancias y se fueron del gobierno con el doble de los trabajadores pagando”, fustigó contra Blanco y Zimmermann.

En una breve intervención, el senador nacional Juan Carlos Romero (Cambio Federal) anticipó que “votaré en contra porque esto le hace daño a mi provincia”. Además, en línea con JxC sostuvo que Salta “perderá 32.000 millones anuales”.

¿Sesión de la Cámara alta?

El jefe del bloque del Frente Nacional y Popular, José Mayans, dejó abierta la posibilidad de que la modificación de la ley del Impuesto a las Ganancias sea tratada en una sesión convocada para el próximo jueves 28 de septiembre.

Del mismo modo, Mayans expresó: “El problema es la inflación que es tremenda y ustedes hablan como si fueran marcianos porque cuando Cristina Kirchner se fue, el PBI era de 640 mil millones de dólares y cuando se fue Mauricio Macri era de 400 mil millones de dólares”.

Además, añadió: “La relación deuda PBI creció al 99 por ciento, ese esquema fracasó, llegaron a un nivel de endeudamiento brutal y fueron al Fondo Monetario Internacional (FMI), sin pasar por el Congreso, a pedir una plata que Argentina no podía pagar”.

“Venimos a acompañar a los trabajadores, pero ustedes le buscan ‘la quinta pata al gato’”, expresó Mayans, y concluyó: “Firmamos como llegó y queremos llevarlo al recinto la semana que viene. Queremos tratarlo el jueves si es posible”.

La modificación al Impuesto a las Ganancias

La propuesta busca que se elimine la cuarta categoría de Ganancias y sólo pagarán el impuesto los mayores ingresos, cuyo valor esté por encima de 15 salarios mínimos, vitales y móviles, actualmente equivalente a $1.770.000 -nuevo mínimo imponible-, que se irá actualizando.

De este modo, se prevé que el tributo alcanzará a 90 mil contribuyentes (actualmente lo pagan 700 mil), que representan un 0,88% de los trabajadores registrados en Argentina. Entre quienes seguirán pagando se encuentran CEO’s, puestos calificados, cargos políticos y jubilaciones de privilegio.

Además de mantener el beneficio de deducción del 22% para zona desfavorable, la iniciativa crea el denominado “impuesto cedular” para los mayores ingresos, que va a entrar en vigencia a partir de enero de 2024, y tendrá una escala progresiva con alícuotas que oscilan entre el 27% y 35%.

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El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) presentó un proyecto para que el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, se presente en la Cámara alta para explicar la compensación de la caída de la coparticipación al eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias y la devolución del IVA.

De igual manera, manifestó su preocupación sobre el impacto a los fondos de las provincias y los municipios. “Más allá de compartir que el salario no es ganancia y que venimos sosteniendo que debería eliminarse; este no es un tema menor y debe ser analizado con mucha responsabilidad, consultando a gobernadores e intendentes que serán afectados de manera directa”, expresó el senador radical.

“Estamos ante una medida electoralista, casi un manotazo de ahogado, que no puede decidirse unilateralmente. Sobran antecedentes de judicialización de medidas caprichosas que tuvieron altos costos para el pueblo argentino”, señaló el senador respecto a las medidas impulsadas por el ministro Massa.

A su vez, agregó que “el ministro y su equipo económico tienen la responsabilidad de explicarle a quienes representamos a las provincias, de qué manera va a compensar esta quita de recursos”.

En el caso de su provincia, Zimmermann explicó que “al día de hoy serían unos 25.000 millones de pesos que dejaría de recibir en 2024, solo de Ganancias”, y agregó: “Esto merece conocer la opinión de quienes este domingo competirán por la gobernación y las intendencias porque serán los que sufrirán las consecuencias”.

Por último, señaló que “el esquema impositivo es muy complejo y aquellos que son coparticipables afectan a provincias y municipios, las leyes que los coparticipan fueron pensadas para que ningún funcionario que ocupe circunstancialmente el #PEN pueda quitar discrecionalmente los recursos”.

El senador nacional y vicepresidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el radical Víctor Zimmermann (Chaco), se refirió a los dos dictámenes que se emitieron este miércoles sobre la modificación a la Ley de Alquileres y consideró que “el gran problema es la inflación” por lo que “una ley no puede resolver el impacto negativo que están teniendo los índices inflacionarios sobre los alquileres”. En esa línea, bregó para que se convoque en un tiempo “rápido” a labor parlamentaria para poder sesionar. También adelantó su postura sobre los proyectos enviados por el ministro de Economía, Sergio Massa.

En diálogo por la AM 990, el radical repasó: “Nosotros, después de dar el debate con invitados de representantes de propietarios, inquilinos, desarrolladores inmobiliarios, vinieron todos de diferentes lugares del país, se hizo un trabajo muy interesante en las comisiones, al terminar la presencia de los invitados pedimos que se pase a la firma la media sanción de Diputados que modifica la actual ley”.

“Cabe recordar que la actual ley no beneficia ni a propietarios ni a inquilinos, es una ley que perjudica a todo el sector porque lo que hay que saber que el gran problema de los alquileres o la falta de viviendas en Argentina tiene que ver con el gran problema de la inflación, el cepo al dólar y de las cuestiones económicas. No se puede con una ley resolver el impacto negativo que están teniendo los índices inflacionarios que de alguna manera entorpece todo”, señaló Zimmermann.

En esa línea, reiteró: “Nosotros queríamos sacar la ley posible en el corto plazo porque mucha gente está esperando qué va a pasar y es algo que nos pidieron todo de darle la mayor celeridad posible porque hay muchos contratos pendientes de la firma”.

“Esas modificaciones les cuidaban esa certidumbre a tantos inquilinos y a tanta gente en el país, bueno esto no fue posible. El oficialismo me pidió la semana pasada un cuarto intermedio que retomamos en el día de ayer y finalmente ayer sacaron un dictamen de mayoría modificando la ley lo que significa que va a volver a Diputados”, alertó.

Respecto de la indexación, explicó que la ley actual establece un promedio entre el RIPTE y el IPC: “La media sanción de Diputados establece que se tienen que poner de acuerdo entre las partes y tienen la posibilidad de elegir los distintos índices que publica el INDEC”, y comparó: “El dictamen de mayoría del Senado lo que hace es modificar ese índice y toman un promedio teniendo en cuenta la variación de los últimos 12 meses de la inflación y del incremento del salario es un índice combinado que lo llaman Coeficiente de la Casa Propia y actualmente la actualización es una vez al año que eso genera un problema”.

“La actual ley perjudica tanto a propietarios como a los inquilinos, esto pasa en la práctica y nos dijeron todos. Lo que había que encontrar era un equilibrio en la media sanción o de la modificación de la ley y por eso a nosotros nos parecía apropiado que se actualice cada cuatro meses y que se puedan poner de acuerdo entre las partes sobre el índice a utilizar”, planteó el chaqueño.

Sobre los alquileres temporarios contó que “hay un acuerdo que se firmó un dictamen en la Comisión de Turismo se hizo un acuerdo entre un proyecto de la senadora oficialista Ianni y de la radical Juri. Estará para tratamiento en el futuro y espero se pueda reglamentar el tema de alquileres temporarios que no está reglamentado”.

En tanto, lamentó que “en el Senado hace muchísimo tiempo que no estamos tratando temas importantes que la gente necesita, tuvimos pocas sesiones y las últimas dos fueron sesiones especiales que, como el oficialismo tiene la mayoría o creía tener la mayoría las últimas dos veces hicieron una convocatoria en donde ponen solo los temas y convoca porque tienen los números. En la práctica convocaron a las últimas dos sesiones, pero fracasaron porque no tiene los números porque no se ponen temas importantes, sino que los principales temas tenían que ver con la designación de la jueza Ana María Figueroa”.

Así bregó: “Espero que hacia adelante se convoque a la labor parlamentaria como debe ser y se sesione con temas de interés de cada bloque y en el recinto se votará o no. Espero que en el tiempo rápido y prudencial se convoque a la labor parlamentaria y se traten temas importantes para los argentinos que están pendiente de tratamiento en el Senado”.

Por último, al ser consultado sobre su postura respecto del paquete de medidas que envió Sergio Massa afirmó: “Solo tenemos la letra chica y cuando se habla del paquete de medidas tiene que pasar primero por Diputados porque cuestiones impositivas tienen que pasar por ahí. Primero tenemos que ver qué pasa ahí”.

En tanto, informó que “junto a 27 senadores presentamos un proyecto en donde invitamos al ministro de Economía a que venga a contar cómo va a reemplazar estos cientos de millones que pierde de recaudación con el impuesto a las ganancias como también la devolución del IVA y todos esos impuestos son coparticipables y los gobernadores van a perder palta”.

“Yo si estoy de acuerdo en sacar el impuesto a las ganancias a la cuarta categoría porque el salario no es ganancia”, afirmó, pero señaló que “en este contexto en donde se va a sacar dinero a las provincias argentinas de miles de millones de pesos y se dice que se va a reemplazar con el impuesto país o con el aumento al consumo, algo que es difícil que sea, entonces tenemos interrogantes y queremos que nos explique”.

Como se había acordado en la primera reunión, la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por Ricardo Guerra (FNyP) recibió este miércoles a expositores para ampliar el proyecto de ley que pretende solucionar a la situación de alrededor de 100 mil deudores de créditos UVA.

En esta primera ronda de expositores, la Cámara alta recibió a un grupo de damnificados: Claudia Pilo, Leonardo Miranda, Paola Gutiérrez (integrantes del Colectivo Hipotecados UVA), Mara Eddine , Cristian Rubio, Luz D’Angelo, Mariela González y José Bernardo Díaz (abogados y damnificados).

Para este jueves 7 de septiembre a las 14, están convocados Mariano Beltrani, subgerente General de Estudios Económicos y Gestión de Riesgos del Banco Provincia y Marcelo Mazzón, director Ejecutivo de la Asociación de Bancos Públicos y Privados (ABAPPRA).

Los expositores

Los miembros del Colectivo Hipotecados UVA expusieron ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para relatar “las dificultades personales” de cada damnificado. Por otro lado, los abogados que representaron a la agrupación en cuestión plantearon una serie de modificaciones al proyecto de ley que establece la creación del “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” y que tiene media sanción de la Cámara baja.

En primer lugar, Claudia Pilo expresó que “el expresidente Mauricio Macri lanzó estos créditos y alentó a las familias a embarcarse en esta nefasta estafa a 30 años”. Además, consideró que el Banco Central de la República Argentina “promocionaba esta estafa”.

Tras recordar el spot publicitario de la promoción de los créditos UVA en 2018, Pilo añadió que “la situación empezó en 2018 y se agravó en la pandemia. Aumentó un 1400 por ciento”. “La inflación se acumula en las cuotas y al capital que debemos y esto detonó la relación cuota – ingreso”, señaló.

“Esto es un verdadero saqueo financiero porque hemos sumado horas de trabajo, restado calidad de vida y a duras penas hemos pagado cuotas, y nuestra deuda se agiganta mes a mes”, relató la expositora quien agregó: “Contenemos a damnificados con problemas de salud por la preocupación y a quienes no pueden pagar y somos acosados por los bancos”.

Con relación al proyecto, manifestó que “la media sanción de Diputados no oyó nuestras sugerencias respecto a que no incluye a todo el universo hipotecado y solo se centra en el pago de las cuotas”. “Los beneficios son siempre para el sistema financiero”, aseveró.

Por otro lado, advirtió que “no planteamos no pagar o que pague el Estado como hemos escuchado de quienes pretenden deslegitimar nuestro reclamo. Solo proponemos que los bancos ganen un poco menos porque la perversa política la pagamos los damnificados”. “Podemos perder nuestras casas mientras los bancos siguen teniendo ganancias escandalosas”, afirmó Claudia Pilo.

En segundo lugar, Mara Amín Eddine relató que “viajé 160 kilómetros y vienen conmigo las familias de Chivilcoy”, y añadió entre lágrimas: “Confíe en el gobierno de ese momento porque hablaban de estabilidad y freno a la inflación y después le creí al actual gobierno (presidencia de Alberto Fernández) que se sacaba fotos con el cartel ‘usura uva’, pero hace 5 años que no duermo bien”.

“Me faltan 25 años de ese crédito, saqué 2.900.000 pesos y mi deuda llega a casi 40 millones y fue para comprar mi casa, no para hacer un negocio”, enfatizó. Del mismo modo, sostuvo que “las cuotas iniciaron en 17.000 (2018) y el lunes próximo serán de 250.000 pesos”.

Asimismo, agregó: “Hacemos malabares para pagar las cuotas y somos personas que no duermen por miedo a que nos quiten o rematen las casa porque primero pagamos la cuota, después planificamos el mes”. “No queremos que nos regalen la casa, queremos poder pagarla con dignidad”, remarcó Eddine.

En el final, relató la triste historia de un integrante de la asociación Hipotecados UVA que fue diagnosticado con cáncer. “Estamos dejando la vida en este crédito”, cerró la mujer.

A su turno, Paola Gutiérrez leyó una carta sobre la historia de María Isabel Batalla de Rio Grande en Tierra del Fuego: “Salí sorteada para obtener mi departamento del Pro.Cre.Ar que era financiado a criterio UVA y era de 1.500.000. Hoy tengo una deuda de 11 millones y medio”.

“Soy empleada de limpieza y mi esposo cobra una jubilación mínima. Les pido que revean este crédito y piensen en la gente que piensa en el sueño de la casa propia”, finalizó la carta.

Las modificaciones propuestas por los letrados

El primer abogado en exponer fue el doctor Cristian Rubio quien, en representación de las familias de Tierra del Fuego, explicó: “Entendemos que el sistema UVA desnaturalizó las prestaciones y desde 1991 – con la Ley de Convertibilidad- tenemos una prohibición de indemnizar deudas”.

Del mismo modo, amplió: “Con la llamada pesificación asimétrica, posterior al fin de la convertibilidad, se dicta un DNU que dio la posibilidad de indexar deudas y aplicar dos índices”, y agregó: “Las entidades bancarias están autorizadas a cobrar deudas y el sistema UVA generó una doble imposición”.

“La cuota está sujeta a dos imposiciones (intereses). La Unidad por Metro Cuadrado y el Coeficiente de Estabilización de Referencia”, afirmó Rubio. “Los bancos convirtieron una deuda de dinero en una deuda de valor, pero la gente no recibió dólares ni viviendas, recibió pesos”.

En tal sentido, definió que “la actualización pasa por dos índices de actualización, el de UVA y el sistema de indexación”. “Esto cuestionamos judicialmente porque hay un viraje regresivo en materia legislativa y están involucrados derechos constitucionales reconocidos”.

Al término de la exposición, el titular de Presupuesto y Hacienda, el senador Guerra pidió solicitudes de créditos para ser estudiadas por la doble actualización de precios.

Luego, el abogado José Bernardo Díaz, representante de familias de Misiones, agregó que “entraron en perjuicio los derechos a la vivienda y el derecho al consumidor”, y amplió que “todo nexo requiere equilibrio del consumidor frente a los prestadores de servicio”.

A su vez, aseveró que “en el banco nadie explicó nada, pero te hacían firmar formularios y formularios, nadie nos sentó y nos dio una charla previa y el propio Estado incentivó a tomar el crédito”.

“En esta crisis, el lomo lo ponen los deudores, por eso pido que espetemos la Constitución Nacional y el plexo normativo que nos ampara porque tenemos sustento jurídico para obtener soluciones y exigimos principio de igualdad ante la ley, ya que los deudores de Pro.Cre.Ar tienen mejores tratamientos que deudores UVA”, señaló.

A su turno, la abogada mendocina Luz D’Angelo propuso que la RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) “sea retroactiva hacia agosto del 2019”. “Instó a esta modificación por razones de equidad para no beneficiar a una parte en perjuicio de otra”, destacó.

“Una damnificada pidió 680.000 pesos y equivalían a 26.000 UVAs, pagó 58 cuotas y ya alcanzó 13.000 UVAs, pero sigue debiendo más del total inicial, y el banco ganó más de 12.000 uvas”, relató. Del mismo modo, añadió que “el banco ya adquirió más de 4.000.000 de pesos en ganancias", con esa sola clienta.

Luz D’Angelo propuso que la RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables) “sea retroactiva hacia agosto del 2019”.

También, Mariela González, al igual que Rubio, explicó el aumento de la deuda y a través de la presentación de diapositivas, afirmó que “aumenta a razón de un millón de pesos por mes los créditos tomados en los bancos Galicia, Supervielle y Provincia".

En esa línea, aseveró que las entidades “no informaron sobre las UVAs al momento de contratar”. Al igual que otros expositores, remarcó que “este crédito era para las compras de viviendas, no para obtener ganancias”, y añadió: “Recomiendo establecer un retroactivo para agosto de 2019”.

Finalmente, otro damnificado, Leonardo Miranda, consideró que “no es agradable venir a desnudar necesidades” porque “no hicimos negocio, y con esfuerzo buscamos que nuestras familias tengan techo y lugar para vivir”, indicó.

Además, relató que “hemos modificado aspectos de nuestra vida como dejar de salir, cambio de escuela y actividad deportiva”, y cerró: “La deuda inicial era de 40 sueldos, ahora es de 100 sueldos y en un año, si esto sigue así será de 150 sueldos”. “Que paguen los responsables de la inflación, que son las grandes corporaciones”, concluyó.

Concluidas las exposiciones, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, comunicó que el debate pasa a un cuarto intermedio y continuará este jueves a las 14.00 con funcionarios bancarios.

La media sanción de Diputados

El proyecto que propone la creación del “Sistema de Integral de Cobertura y Promoción de Créditos Hipotecarios” llegó al Senado con media sanción de la Cámara de Diputados, y establece que la cuota a pagar por el deudor hipotecario se determinará por el coeficiente de variación salarial, tomando como referencia el RIPTE (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables). En los meses que el RIPTE se encuentre por arriba del IPC (inflación), pagarán siempre el índice más bajo.

Del mismo modo, la iniciativa anticipa que la cuota a abonar no deberá superar el 30% de los ingresos de los deudores, ni podrá extender la duración del crédito más del 25% del plazo originalmente pactado. Para los créditos ya otorgados, el cómputo será retroactivo al primero de enero de 2023.

Así las cosas, quedará establecido que quienes estén alcanzados por el impuesto a las Ganancias podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos, mientras que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente. El mecanismo para esta posibilidad deberá ser determinado por el Banco Central.

Se prevé que en caso de que el deudor se encuentre en cese laboral, el Fondo que se crea se hará cargo de hasta tres cuotas, mientras que las posteriores serán refinanciadas por acuerdo de partes.

Este Fondo se llamará “Fondo Fiduciario de Compensación y Promoción Hipotecario (FFCPH)” y buscará cubrir descalces entre salario y UVA/UVI. El texto indica que “las entidades financieras deberán integrar el FFCPH con un aporte mensual que determinará el Banco Central con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera”.

El FFCPH se integrará también con las primas que aporten los tomadores de nuevos créditos promovidos. No obstante, la participación en el FFCPH será voluntaria por parte de los tomadores de créditos.

El Fondo también se financiará del rendimiento de sus inversiones y aportes de organismos multilaterales -entre otros-, pero se aclara que no recibirá aporte corriente alguno por parte del Tesoro ni del Banco Central, ni tampoco de los deudores.

La diferencia entre la cuota calculada en base a salarios y la calculada en base a UVA/UVI será compensada a los bancos por el FFCPH. Si la cuota calculada por salarios resulta mayor a la calculada por UVA/UVI, prevalecerá la más baja.

Se establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares, entre otros puntos.

La Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado reunió el quórum necesario este miércoles y mantuvo un encuentro en el Salón Illia en el que ratificó a sus autoridades. También pautaron días y horarios para trabajar en lo que resta del año legislativo.

Así, su presidencia quedó en manos de la rionegrina Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), la vicepresidencia seguirá siendo conducida por el radical chaqueño Víctor Zimmerman, mientras que en el puesto de secretaria fue ratificada la neuquina Silvia Sapag (Unidad Ciudadana).

Por el oficialismo, habló la senadora bonaerense Juliana Di Tullio quien expresó: “Queremos ratificar a las tres autoridades que venían trabajando más que bien y seriamente”, y sumó: “Usted tiene la suerte de tener un vicepresidente que la acompaña muy bien”, dirigiéndose hacia García Larraburu en referencia a Zimmermann

Así y entre risas, chicaneó: “Yo no me voy a meter en la interna de Chaco, pero a mi me parece muy buena esta mesa de conducción”. También explicó que “falta la senadora Silvia Sapag varada en Neuquén pero que también tenemos la intención de ratificar”.

Por el lado opositor hizo uso de la palabra el catamarqueño Flavio Fama quien manifestó: “Desde el interbloque de JxC queremos proponen la continuidad de las autoridades de la comisión”.

“Creo que hemos tenido un muy buen año de trabajo el año pasado con buenos resultados en un ámbito cordial en donde hemos podido sacar adelante proyectos importantes como el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchos proyectos que son importantes para el desarrollo del país, para la ciencia y desde el bloque respetamos los acuerdos que tenemos dentro de la cámara y ratificamos la propuesta de la senadora Di Tullio”, cerró.

Luego se expresó la presidenta electa de la comisión: “En momentos tan complejos, y sobre todo este año que es un año tan particular, encontrarnos hoy aquí senadores tanto del oficialismo como de la oposición, militantes de la ciencia y tecnología que hemos entendido que estas son materias trascendentales para el desarrollo de la patria y hemos demostrado el año pasado y el anterior que podemos trabajar, disentir, pero siempre en un marco de respeto y priorizando lo más importante que es el desarrollo científico y tecnológico de nuestro país y dando lugar en esta comisión a que puedan venir las autoridades nacionales”.

Así, la rionegrina recordó que el año pasado tuvieron la presencia en más de cuatro oportunidades del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, el presidente de la CONAE, la presidenta del CONICET.

“Hemos tenido un trabajo conjunto”, destacó y agradeció a Zimmerman porque “esto lo hacemos junto”, y también a la secretaria Sapag a quien le mandó “un cariño grande” y contó que está con una afección por lo que esta pronto a ser operada. “También agradezco por haberme dado la posibilidad de renovarme la confianza para presidir la comisión”, sumó. Extendió su agradecimiento a los asesores de todos los senadores porque “han trabajado de una forma mancomunada”.

“Somos las herramientas para que los proyectos se traten, se aprueben. El año pasado tuvimos más de 17 reuniones. Era importante convocar a la comisión porque mañana o a más tardar el martes de la semana siguiente ya desarrollando la primera reunión de asesores para darle tratamiento a todos los proyectos que han ingresado de marzo hasta ahora y poder estar al día como el año pasado que tuvimos un desarrollo impecable y dimos tratamiento en tiempo y forma a todos los proyectos”, resaltó.

En esa línea, la oficialista recordó que hubo “proyectos importantes que se aprobaron” y enumeró: la ley de Promoción del Desarrollo y Producción de la tecnología moderna y la nanotecnología, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 2030 que “es un antes y un después para el desarrollo federal de la ciencia y tecnología”.

A su turno, el radical agradeció a sus pares por “ratificar la confianza” e hizo suyas las palabras de los demás senadores. “Hemos trabajado muy a gusto”, ponderó y agregó: “Es una enorme satisfacción seguir trabajando juntos y espero que este año sea fructífero a pesar del panorama electoral a pesar de que nos tiene ocupado, espero que podamos tener el tiempo necesario para debatir las cosas que faltan”.

“Pongamos fecha y hora para avanzar con ciencia y técnica que hace falta en el país”, cerró el chaqueño.

En el día de la vuelta a la actividad en las comisiones del Senado, la única comisión que tenía previsto analizar este miércoles un proyecto era la de Presupuesto y Hacienda. Nada menos que el que establece un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos y que cuenta con media sanción de Diputados.

Se esperaba entonces un rápido dictamen, para incluir la cuestión en una próxima sesión; sin embargo eso no sucedió.

En primer lugar, la comisión pasó a ratificar a sus autoridades: el riojano Ricardo Guerra seguirá siendo presidente; el radical chaqueño Víctor Zimmermann vice; y la bonaerense Juliana di Tullio secretaria. Tras ello, Guerra señaló que correspondía tratar el proyecto que crea un régimen simplificado para pequeños contribuyentes tecnológicos (mono-tech) y un régimen cambiario para pequeños contribuyentes tecnológicos. “Pero lo vamos a continuar analizando… Vamos a pasar a cuarto intermedio para en una reunión posterior tratarlo”, dijo el senador oficialista.

A continuación, intervino el vicepresidente Zimmermann, quien coincidió en que “es importante poder seguir debatiéndolo, porque es un tema trascendente; pero tenemos algunas diferencias e interrogantes, fundamentalmente desde el punto de vista cambiario, algún artículo específico que le da una preferencia a quienes están en el mono-tech, que no tienen que cumplir con cambiar los dólares y crea una cuenta especial”.

“Creo que hay ahí una inequidad con respecto al resto”, observó Zimmermann, que comentó que había recibido un documento firmado por la industria del software, donde varias cámaras empresariales de todo el país hacían “varios planteos”. “Están muy preocupados y no coinciden con el proyecto como está”, remarcó.

Asimismo sostuvo que se trata de “cuestiones centrales”, pero también pidió el giro del proyecto a la Comisión de Ciencia y Tecnología. “Porque nosotros debatimos mucho y votamos casi por  unanimidad el Programa de Desarrollo de Ciencia y Técnica 2030, que habla de crear 400 mil puestos genuinos en el sector. Y este documento cree que el mono-tech como está va en contra de cómo está el esquema de la planificación de ciencia y técnica”.

En ese marco, sugirió que podían invitar al ministro Daniel Filmus, “que ha tenido la deferencia de venir tantas veces, y a cada uno de los que integran el sector, para que vengan a fundamentar, para sacar el mejor proyecto”.

Cabe recordar que durante el tratamiento de este proyecto en Diputados, el oficialismo se resistió a convocar a las cámaras del sector, con la intención de lograr un tratamiento más rápido. Al cabo, el proyecto fue aprobado con un bajo nivel de votos: 111 positivos, 11 negativos y 85 abstenciones.

El proyecto

El régimen se encuentra destinado a los pequeños contribuyentes que realicen actividades relativas a la economía del conocimiento, y a aquellos que efectúen cualquier tipo de prestación de servicios, siempre que estas actividades sean realizadas en el país, pero su utilización o explotación efectiva se lleve a cabo en el exterior.

También quedan comprendidos en este nuevo régimen los ingresos derivados por el ejercicio de “eSports” o deportes electrónicos, entendiendo por tales a las muy difundidas competiciones organizadas a nivel profesional, multijugador y de diferentes disciplinas de videojuegos con acceso desde diferentes dispositivos y plataformas de forma online u offline.

Según el texto, serán considerados “Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” las personas humanas residentes en el país que obtengan ingresos brutos por las actividades anteriormente referenciadas, en los 12 meses calendario inmediatos anteriores a la fecha de adhesión al “Mono-Tech”, inferiores o iguales a un equivalente de 30.000 dólares.

De acuerdo a la escala, estarán comprendidos en la categoría D quienes registren ingresos hasta 10 mil dólares anuales; en la F quienes registren entre 10 mil y 20 mil dólares anuales; y en la H quienes tengan hasta 30 mil dólares anuales de ingresos.

Asimismo, se señala que el “Mono-Tech” facilitará “la operatoria fiscal de los contribuyentes alcanzados toda vez que sustituye e integra en un solo pago, de corresponder, el Impuesto a las Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado y los Recursos de la Seguridad Social; y para el caso en el que el contribuyente se encuentre comprendido por otras actividades en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS), se establecen disposiciones tendientes a la compatibilización de uno con otro”.

Además, el texto propone un Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos que posibilite que estos sujetos se encuentren exceptuados de la obligación de liquidar las divisas percibidas por las actividades alcanzadas por la medida en el Mercado Libre de Cambios (MLC).

La grieta de la política que se advierte en muchos planos y también en Juntos por el Cambio en algunos distritos, se verificó este miércoles en el Senado. Allí, luego de que el interbloque Juntos por el Cambio pidiera una sesión especial para el próximo jueves 13 de abril, un grupo de senadores radicales presentaron su propio pedido, sumando un solo proyecto: el de alcohol cero, que viene con media sanción de la Cámara baja y que el pedido oficial original no había incluido en su solicitud.

El pedido de Juntos por el Cambio incluía todos los proyectos de la sesión fallida del jueves 30 de marzo, menos alcohol cero.

A las pocas horas, los senadores radicales Víctor Zimmermann (Chaco), Flavio Fama (Catamarca), Mercedes Valenzuela (Corrientes), Daniel Kroneberger (La Pampa), Pablo Daniel Blanco (Tierra del Fuego) y Mario Fiad (Jujuy), solicitaron una sesión para el jueves 13 de abril a las 14, para el tratamiento del proyecto de ley venido en revisión por el que se modifica la Ley de Tránsito, sobre alcoholemia cero para la conducción de vehículos.

Claramente esa iniciativa había sido excluida de la convocatoria original, cuyas primeras dos firmas corresponden a dos mendocinos: Alfredo Cornejo, presidente del interbloque JxC, y Mariana Juri, y ya se sabe, como se mostró en Diputados, que los radicales mendocinos no estaban a favor del proyecto de alcohol cero.

Pasados a penas cinco minutos de iniciada la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado para comenzar el tratamiento del proyecto de Presupuesto 2023, el vicepresidente de la misma, el radical Víctor Zimmermann, reclamó la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa.

En primer lugar, celebró empezar el debate a la iniciativa que viene con media sanción de Diputados porque “se trata de la estimación de recursos y fijación de gastos para el programa del Poder Ejecutivo para el año 2023 donde están comprendidas todas las políticas públicas para el país”.

“Yo necesito hacer un requerimiento en nombre de mi interbloque porque, a pesar de los importantes funcionarios que están en la mesa y que van a participar del debate, nosotros hicimos un planteo por escrito por que nos parece que es muy importante que esté en esta reunión iniciando la jornada el ministro de Economía, Sergio Massa; y el presidente del Banco Central; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, porque este proyecto contiene una enrome cantidad de gastos para el tema de  políticas sociales y nos hubiese gustado que están ellos. Mi provincia tiene un alto índice de pobreza y marginalidad creemos que es muy importante.”, explicó el radical.

No obstante, sostuvo: “Vamos a escuchar con mucha atención a estos funcionarios, vamos a hacer preguntas en relación a este tema, pero no quería dejar pasar lo que consideramos desde el Senado que sería muy importante la presencia del ministro de Economía y demás funcionarios”.

De la vereda de enfrente, la vicejefa del bloque Frente de Todos, Anabel Fernández Sagasti, remarcó que “estamos con el amplio gabinete de Economía para que puedan evacuar todas las dudas los senadores”.

“Hablé personalmente con el ministro -Massa- hoy especialmente no podía venir, pero se comprometió, como vemos acá, que todo su gabinete está dispuesto a responder todas las preguntas”, contó.

El interbloque Juntos por el Cambio reclamó formalmente este martes la presencia del ministro de Economía. Lo hizo a través de una nota dirigida a la presidenta del Cuerpo, Cristina Kirchner; el secretario Parlamentario, Marcelo Fuentes, y el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Ricardo Guerra, en la que hicieron hincapié en la necesidad de que Sergio Massa asista al Senado igual que lo hizo el pasado 28 de septiembre a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados.

“La práctica democrática requiere un fuerte compromiso con la deliberación parlamentaria y la deliberación pública, y en este marco no puede dejar de soslayarse la importancia que posee esta Honorable Cámara como fuente de representación de las provincias”, señalan en la nota, en la que reclaman también la asistencia de la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

En medio de la polémica que comenzó a generarse desde que se instaló la idea de eliminar las PASO y se profundizó estos días con la presentación de un proyecto por parte de bloques aliados al oficialismo, el senador nacional Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) se refirió al respecto y sostuvo que “no sería beneficioso sacarlas antes de una elección”.

En diálogo por la AM 990, el chaqueño consideró que si las elecciones Primarias no se hacen “se volverá a elegir candidatos como era antes”, por lo que remarcó que “las PASO vinieron a reemplazar a las internas solo que antes votaban los afiliados ahora elige candidatos la ciudadanía”.

“Se podría decir que habría una ventaja comparativa por antigüedad entre UCR y Pro, pero son escenarios de la política”, opinó y sumó: “Igualmente no estoy seguro que no se hagan las PASO, no sería beneficioso sacarlas antes de una elección”, pero dejó abierta una posibilidad de volver a discutir el tema más adelante: “Quizás discutir para 2025”.

Por otro lado, consultado por la interna dentro del interbloque, Zimmermann manifestó: “En política uno debe construir y ganar elecciones para hacer transformaciones. Creo que la columna vertebral debe ser nuestro partido y de ahí todos los que quieran deben acompañarnos”.

“Las transformaciones se hacen de abajo hacia arriba. Necesitas abrir las manos e integrar la mayor cantidad de gente para ganar elecciones”, opinó y agregó: “Entre Juntos y ojalá se pueda agregar la participación de otros espacios y ampliar la base desde el punto de vista electoral”.

En ese sentido, fue preguntado por la posibilidad de que el bloque Pro sume a José Luis Espert o a Javier Milei: “No puedo darte una respuesta categórica, pero creo que primero tenemos que armar un programa”, y lanzó: “Algunos medios tiran cosas rimbombantes que después no suceden”.

“Me gustaría que el actual Gobierno empiece a mejorar la situación económica y social”, bregó el radical y siguió: “Nosotros tenemos que traer, el año que viene, un programa mejor para que la gente nos vote y así lograr transformación”.

Sobre la sesión de este jueves, Zimmermann destacó que fue “una de las mejores sesiones que tuvimos. Desde que recuerdo sin tantos agravios, buscamos salidas, hicimos modificaciones y votamos las leyes casi parecidas”.

“El oficialismo asumió compromisos de modificaciones futuras y tratamientos de otros proyectos”, ponderó y consideró que “debería ser normal una sesión así en el ámbito legislativo. Ojalá sea el inicio”.

La Cámara alta abrió las puertas del recinto este jueves para dar ingreso a los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo, que deberán ahora analizar los senadores nacionales. 

Puntualmente se trata de los pliegos de embajadores en Venezuela y Honduras. Los designados son Oscar Alberto Laborde y Pablo Vilas, respectivamente. 

En la breve reunión, el senador Víctor Zimmermann pidió preferencia para el tratamiento de un proyecto para actualizar las escalas de monotributistas (de un año a seis meses). 

Como uno de los miembros informantes de la oposición actuó el chaqueño Víctor Zimmermann, quien es además vicepresidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, y compartió el tiempo con su par Martín Lousteau.

Arrancó el senador radical destacando “la enorme responsabilidad que ha demostrado la oposición en Diputados para evitar un colapso inmediato, como hicimos en otro momento de la historia los radicales, cuando tuvimos que negociar con el Fondo Monetario, inaugurando este período democrático, con una crisis económica del 433%, sin reservas y una enorme deuda externa, y nos pusimos a trabajar”.

“¿Por qué esta mención a Diputados? Porque el proyecto aprobado por la Cámara de origen difiere sustancialmente del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”, dijo, aclarando que lo que estaban discutiendo no es una refinanciación, sino un proyecto de un solo artículo que versa sobre la posibilidad de aprobarle al Gobierno una operación de crédito público. Su aprobación, remarcó, “permitiría cumplir con los vencimientos y evitar el default. Es decir, la cuestión central que debemos decidir esta tarde es ‘default sí o default no’, con todo lo que eso implicaría entrar en mora y no pagar”.

“Entrar en default sería por ejemplo no tener créditos internacionales, no tener acceso a los organismos bilaterales de crédito; aumento de la emisión monetaria para poder financiar el déficit del gasto público”, enumeró.

Zimmermann agregó que “lo que vamos a hacer hoy en base a nuestras facultades institucionales es autorizar un nuevo préstamo para refinanciar 40 mil millones de deuda, y 4.500 quedarían de libre disponibilidad, para refuerzo presupuestario, como reconoció el ministro de Economía el lunes en este mismo Senado”.

Aclaró el senador chaqueño que refinanciar la deuda con el FMI “es una condición necesaria, pero insuficiente en sí mismo, porque la deuda con el Fondo es solo el 12% de la deuda total de la Argentina”.

A continuación, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara alta planteó las dudas que persisten en el espacio opositor. Por ejemplo, cuando hablamos de reducir el déficit fiscal hasta llegar al equilibrio en el 2025. Puntualizó en ese sentido que eso se puede lograr mejorando la recaudación, pero también aumentando impuestos o las retenciones, ante lo cual advirtió que “no estamos en condiciones de seguir aumentando impuestos en la Argentina. La presión fiscal es muy alta”.

Por eso dijo que las alternativas son atacar los gastos del Estado, los gastos superfluos, fijar prioridades, o “simplemente dejar que esta alta inflación se encargue de licuar el gasto público que tenemos. De ser así, los jubilados se verán cada vez más complicados para llegar a fin de mes”.

Habló del objetivo de tener una tasa de interés real positiva como algo bueno para tener ahorro en pesos y que la gente no vaya al dólar. “Pero ante este espiral inflacionario, aumento de combustibles, readecuación de tarifas, tipo de cambio que sigue la inflación… ¿cómo piensan lograrlo?”, preguntó. Y recordó que la inflación prevista en el programa presentado ante el Fondo oscila entre 38 y 48%, pero advirtió que “ya hoy el interanual mayorista nos da 52%, y el interanual en alimentos 80%. ¿Cómo piensan cumplirlo? ¿Cómo piensan bajar la inflación para no tener más pobreza y marginalidad?”.

En otro pasaje de su exposición, Víctor Zimmermann sumó a sus dudas la pregunta de si el Gobierno va a mandar un nuevo presupuesto al Congreso “para que sepamos cuáles son los compromisos asumidos y cumplir con el memorando económico financiero que dice que debería estar reformulado el presupuesto 2022 al 15 de abril de este año”.

Preguntó también si el oficialismo cree que ante las inconsistencias observadas en el memorándum con el Fondo no debería reformularse en un período corto de tiempo.

Con todo, concluyó adelantando el apoyo de su bancada y señalando que “a pesar de esas y otras dudas, debo destacar la jornada de trabajo que tuvimos el lunes con funcionarios nacionales, con casi 5 horas de intercambio, con preguntas que tuvieron respuestas, algunas, otras no, pero fue caracterizada por la cordialidad, la firmeza y búsqueda de soluciones a tantos problemas graves que tenemos”.

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR) consideró que el resultado electoral de las PASO está asociado a “la confirmación de una situación que venimos señalando desde hace meses y que los oficialismos prefirieron ignorar”, y por eso “disimulando los problemas no se engaña a la gente”. Además, advirtió que “la crisis socioeconómica requiere de medidas urgentes”.

“La crisis que enfrentamos requieren medidas concretas, tenemos que acompañar a nuestros productores y emprendedores con medidas que les permitan crecer, desarrollarse, generar empleo”, aseguró el radical.
En ese sentido, cuestionó una vez más el cepo a la exportación de carne: “Seguimos perdiendo mercados, no ingresan divisas, se pierden empleos en los frigoríficos, los productores no pueden vender esos animales que no se consumen en el mercado interno. El perjuicio es enorme”.

El legislador de Juntos por el Cambio resaltó que "nadie puede decir que desde la oposición no hemos acompañado a la gestión nacional y provincial; hemos dado las herramientas que requirieron para hacer frente a la pandemia”.

“Con esas herramientas, en lugar de acompañar a la sociedad en momentos tan difíciles, destruyeron la economía, cerraron las escuelas, gestionaron mal las vacunas, hacían fiestas en Olivos y vacunaban a militantes, familiares y amigos, solo por mencionar algunas de las barbaridades que nos enteramos”, agregó.

Por otra parte, el chaqueño reclamó que la CGT y UIA "coincidieron en la necesidad de reconvertir los planes sociales, sin embargo el proyecto que presentamos con amplio apoyo de senadores de todo el país no fue tratado todavía”.

“No digo que nuestras propuestas deban convertirse en ley, pero el oficialismo debe abrir la posibilidad de debatir los proyectos que necesita nuestro país, enriquecerlo, modificarlo si hace falta y dejar de lado la agenda de la vicepresidente, que solo busca salvarse de sus causas judiciales”, aseveró.

En esa línea, sostuvo que es un “testigo privilegiado de la degradación institucional argentina”, al referirse a la “falta de debate de los problemas reales que afectan a nuestro país, con un oficialismo enfocado en la agenda personal de Cristina Kirchner y su obsesión de avanzar sobre la Justicia”.

Finalmente, Zimmermann confesó que espera que “el gobernador (Jorge "Coqui") Capitanich entienda esta situación y atienda los reclamos de docentes, personal de salud y seguridad, de una sociedad que está harta de los cortes de rutas y calles, porque a pesar de que sus errores nos beneficien electoralmente, hay un pueblo que sufre”.

El senador nacional Víctor Zimmermann (UCR- provincia de Chaco), impulsó un proyecto de ley para la “reconversión de los planes sociales hacia el trabajo genuino en el sector privado”, lo que permitirá “el saneamiento de las cuentas públicas, dará promoción a las Pymes y al crecimiento de la actividad económica”, el cual ya tomó estado parlamentario y cuenta con el acompañamiento de 16 senadores de todo el país.

El legislador radical explicó que se busca “un marco legal de promoción e inserción laboral de beneficiarios de programas y planes sociales”, mediante la “articulación, coordinación, continuidad y fiscalización de esas ayudas económicas y los estímulos ofrecidos a los empleadores”, no obstante, el proyecto propone que “quienes se incorporen como nuevos empleados en los términos y condiciones de esta ley, durante un plazo de hasta treinta y seis (36) meses contado desde el inicio de la relación laboral, continuarán percibiendo dichos planes y/o programas nacionales”.

Para lograr ese propósito, se establecerán “pautas de regulación, ampliando la población objetivo, teniendo en cuenta la estructura empresarial de la Nación, con especial atención en las MiPymes. Además, cuenta con un esquema de capacitación e incentivos fiscales”.

“Sabemos que los anhelos individuales de los argentinos respecto al empleo encuentran obstáculos históricos difíciles de sortear, agravado a causa de la pandemia”, sostuvo Zimmermann y ratificó que “en este marco es importante la presencia del Estado como articulador fundamental para posibilitar el acceso de los sectores sociales afectados por el desempleo”.

En suma, el senador chaqueño afirmó que “con este proyecto pretendemos aportar una herramienta más, para incentivar desde el Estado la formalización plena de personas al mundo laboral, y por supuesto, alentar a la creación de nuevos puestos de trabajo”, y agregó que “ésta propuesta posibilitará la reconversión de los planes y programas sociales en trabajo formal, como así también la disminución paulatina de las ayudas sociales a cargo del Estado, debido a la inserción en el mercado laboral de miles de desempleados”.

Finalmente, Zimmermann sostiene que “esta propuesta la hacemos en respuesta a las demandas de muchos chaqueños que nos plantean la necesidad de recuperar la dignidad del trabajo y de emprendedores que requieren de un impulso para la generación de empleo genuino”.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este miércoles de forma virtual para debatir un  proyecto que rectifica el artículo 73 sobre ayuda para transportistas escolares de la Ley de Presupuesto Nacional. Aunque la comisión firmó dictamen, la iniciativa que agrega a la Ciudad de Buenos Aires a la lista de beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público -originalmente destinado sólo al interior- abrió el debate de la inequidad entre la Capital Federal y las provincias.

Aunque Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que no integra la comisión, se manifestó a favor, intervino para advertir:  “Distribuir igual entre desiguales no es justo. En eso se comete una injusticia. Y yo creo que el transporte escolar en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente desigual. En primer lugar porque en la Ciudad de Buenos Aires hay transporte de subterráneos, hay transporte de colectivos, hay transporte de tren, hay transportes de taxis abundantes y obviamente también está el transporte escolar”.

El legislador neuquino continuó con su crítica al considerar que “desde el Estado Nacional estamos haciendo el esfuerzo en darle también a CABA, que es la ciudad que más plata recibe del fondo nacional”.  A continuación, arrojó el dato de que “casi el 70% de los gastos del fondo nacional” se destinan a la Ciudad.

“A mi me gustaría que se le pida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver qué aporta, porque no aporta absolutamente nada. Y además, también recordemos que los costos de transporte, no solamente escolar sino transporte en general, en el interior son mucho más caros que en la Ciudad de Buenos Aires”, lanzó el senador oficialista.

El reclamo de Parrilli abrió la puerta a las críticas de otros senadores de provincias del interior. “Es absolutamente injusta la distribución del esquema de los subsidios de transporte”, “no es equitativo, ni siquiera es justo”, denunció José Mayans, titular del oficialismo en la Cámara alta. El formoseño pidió “darle más al que más necesita”.

La oposición también se sumó al reclamo. Victor Zimmermann (UCR-Chaco) expuso: “Los 600 millones de pesos que teníamos para el interior ahora se van a repartir para todo el país, por lo tanto va a haber seguramente un criterio de distribución diferente”. El legislador chaqueño consideró que el nuevo proyecto “cambia el espíritu” original de la creación del Fondo de Compensación al Transporte Público.

Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) coincidió con sus colegas pero recordó que “la clave está en que verdaderamente se destrabe de una vez por todas los fondos que tienen que ir destinados a esto”. “En el 2020, los 600 millones no se repartieron a nada y en lo que va del 2021 tampoco se ha entregado ni un peso”, explicó la tucumana.

María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), por su lado, propuso la creación de una subcomisión de trabajo para discutir la cuestión de la equidad de los subsidios al transporte.

El presidente de la comisión, el senador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) sostuvo: “Estimo que estos 600 millones nunca fueron ejecutados. Por lo menos en la provincia de Córdoba no llegó ni un peso”. Sin embargo, aplacó la iniciativa de sus colegas de proponer modificaciones al considerar:  “Me parece no sería lo más atinado que vuelva a Diputados porque veo una demanda intensa del sector”. 

En contraparte, el senador Julio Martínez (UCR-La Rioja) consideró que el subsidio “debe ser para todos” y le recriminó a sus compañeros que un planteo similar no se les ocurriría, por ejemplo, con el IFE. “A nadie se le puede caber en la cabeza decir ‘le vamos a dar los del interior pero los de la capital no, porque la capital tiene plata’”, expuso. El legislador opositor concluyó insistiendo en su postura de que todo el país debería recibir la ayuda: “Sea de donde sea, sea de la ciudad más rica o sea de las zonas más pobres, pero les corresponde”.

Para cerrar el tema, Caserio propuso: “Si a ustedes les parece, vamos a pasar el dictamen a la firma. Creo que hay un consenso de que no se puede demorar más con el transporte escolar, más allá de la situación que se amerite”.

El proyecto

La iniciativa fue presentada por la legisladora María Luján Rey (Pro). El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.

En los argumentos se recordó que este Fondo fue incorporado especialmente, durante 2020, para el auxilio económico del sector. “Sin embargo, al poner en marcha la distribución de las partidas fue la misma redacción de ese artículo, la que impidió y aún impide la distribución de esos fondos, hacia sus destinatarios”, se explicó.

En ese sentido, la modificación busca “la distribución justa y homogénea entre todos los transportistas escolares de todo el país”, máxime si se considera que “en estas dos jurisdicciones es donde se desenvuelven la mayor parte de los integrantes de ese sector, y que es en esas jurisdicciones donde la recesión escolar por la pandemia fue más profunda y extensa”.

El senador radical Víctor Zimmermann anunció el acompañamiento de Juntos por el Cambio en general y en particular, a excepción de tres artículos, a los que querían introducir modificaciones que “creemos pueden ser superadoras”. En su discurso dividió el proyecto en varias partes, detallando puntillosamente cada una para expresar el acompañamiento de su sector.

Al llegar a lo que definió como el tercer escenario, que tiene que ver con la reprogramación de las deudas allí habló del artículo 11del capítulo VI de los créditos de la ANSeS. “Creo que esta es una gran medida, porque tiende una mano a los que menos tienen y fundamentalmente a aquellos que están endeudados con la ANSeS”, y en ese artículo se especifica la no capitalización de los intereses y una reprogramación de deuda muy interesante que compartimos y vamos a votar afirmativamente.

Luego mencionó el artículo 8°, que tiene que ver con la Reparación Histórica impulsada por la gestión anterior, de devolver el 15% a las provincias. “Creo que en este caso el Gobierno nacional debiera hacer un esfuerzo mayor para ayudar a nuestros gobernadores y a nuestros intendentes, que si bien no están en esta ley, pero seguramente que si los gobernadores reprograman bien su deuda pública, también podrán ayudar a nuestros intendentes”, dijo, pidiéndole al Gobierno federal “si puede subsidiar una parte de la tasa, para que la tasa no sea mayor al 15%, y también si pueden ampliar el plazo”.

“Este es el aporte que queremos hacer y le pedimos al Gobierno nacional un esfuerzo para que ayude a nuestros gobernadores”, agregó.

Tras detallar la última parte en la que dividió al proyecto, destacó la creación de un fondo fiduciario público de  más de 100 mil millones de pesos, destacando que ese fondo tiene que tener una rentabilidad. “Por supuesto que nos parece una medida responsable que queremos acompañar”, señaló, para detenerse luego en el artículo 15 que crea un comité ejecutivo que tiene representación del Ministerio de Economía, como así también legislativa, a través de diputados y senadores, “a nosotros nos parece conveniente que en ese escenario, porque la actividad económica se genera en las provincias argentinas, nos parece apropiado que se pueda agregar en ese comité ejecutivo la representación de los gobernadores y de nuestros intendentes”.

El último agregado era en artículo 17 para “establecer con más claridad cuáles son los criterios que nosotros pensamos deberían estar en las inversiones estratégicas, que tienen que ver con el concepto de regionalización y el de las pymes y la ciencias y la técnica”.

A la hora de votar, el miembro informante del oficialismo, Daniel Lovera, anunció que no aceptaban las modificaciones a los artículos 8, 15 y 17, por lo que Juntos por el Cambio votó en contra esos puntos en particular.