Por pedido del Frente de Todos, el expediente que convertiría en ley el cambio en el Presupuesto nacional para incluir al AMBA en la ayuda al transporte escolar volvió a comisión. Se votó a mano alzada.
Uno de los efectos de la pandemia de coronavirus es la suspensión de las clases presenciales y con ello la falta de ingresos para el sector del servicio de transporte escolar, que recibió su ayuda el año pasado pero este año la situación es más compleja porque el monto asignado para la asistencia a este rubro fue mal incluida en el Presupuesto nacional, al olvidarse incluir al Área Metropolitana de Buenos Aires.
Por eso, el Ministerio de Transporte y el de Educación pidieron a Diputados que modifique la ley de Presupuesto nacional, lo que avanzó semanas atrás y ahora era el turno en la Cámara alta, pero recibió un freno abrupto e inesperado ya que estaba todo listo para ser sancionado y convertido en ley dicha corrección.
En el inicio de la sesión, el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayans, pidió una moción de orden para que el expediente 171/21 vuelva a comisión para que tenga “un mejor estudio en la comisión”, a pesar de que ya había cumplido con ese trámite legislativo.
Esto provocó la reacción de la senadora de Juntos por el Cambio, Silvia Elías de Pérez, quien manifestó: “Le pedimos al oficialismo que recapacite sobre la situación porque estas minipymes, empresas familiares, están en una situación desesperante porque el año pasado se hizo este fondo de 600 millones de pesos, pero como había sido asignado al Ministerio de Educación nunca se transfirió”.
Y continuó: “Entonces -este año- se lo puso en el Presupuesto nacional y erróneamente figura dentro de los fondos que son para el interior y eso es otro fondo para el transporte del interior que no tiene nada que ver y ya lo discutiremos a la brevedad”.
La senadora tucumana planteó que “es lógico que quieran incluir al AMBA como lo pidió el Ministerio y Diputados lo corrigió, por eso no puede ser que lo demoren y pedimos que no demos más vueltas porque es desesperante la situación de los transportistas y no se puede pagar a nadie”.
Luego de la corta intervención de la legisladora opositora, Mayans mantuvo la moción de orden y se votó a mano alzada, por lo que el proyecto de ley que tiene media sanción de Diputados volvió a la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el cordobés Carlos Caserio, con la promesa de Mayans de que “lo van a trabajar”.
Qué dice el proyecto
La modificación al Presupuesto busca garantizar la asistencia a transportistas escolares de la región del AMBA.
Dicha norma establece una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Según la impulsora de esta modificación, la diputada María Luján Rey (Pro), al hablar actualmente solo del “interior del país”, podrían quedar excluidos en el reparto de fondos los transportistas de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.
La Cámara alta se reúne desde las 14.47. Sesiona con un amplio temario y convertirá en ley varios proyectos esperados. También, el Frente de Todos ratificará el último DNU sobre restricciones.
Con una infrecuente demora en el Senado en cuanto al inicio de la sesión, la Cámara alta arrancó su sesión de este jueves con 47 minutos de atraso, en una sesión especial en la que se convertirá en ley el cupo de inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero y, por otro lado, el proyecto que reduce las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas.
Además, el Frente de Todos impondrá su mayoría para ratificar el último DNU del presidente Alberto Fernández referido a las restricciones por la pandemia.
Al comenzar, el Senado ratificará las sesiones virtuales por 60 días más. Luego, se debatirá el proyecto de ley venido en revisión de Diputados por el cual se impulsa una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, denominado zona fría.
La disminución en las tarifas contemplaría a 3 millones de usuarios de municipios bonaerenses y de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Jujuy y Salta, que se suman a las zonas históricas beneficiarias del derecho como las provincias patagónicas, el sur mendocino y la Puna.
Otro de los asuntos incluidos en el Plan de Labor es una iniciativa, también aprobada en Diputados, sobre inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
Asimismo, fue incluido en la sesión especial el tratamiento del dictamen emitido por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo sobre el último decreto del Poder Ejecutivo que estableció nuevas medidas sanitarias, vigentes hasta el próximo 25 de junio, para mitigar la segunda ola de coronavirus.
A pedido del oficialismo se retiró del temario una iniciativa que aclara que el beneficio del Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros alcanzará a los transportistas escolares del AMBA, además de los del interior del país, debido a la crisis que padece ese sector debido a la pandemia de coronavirus.
La cita para los senadores nacionales será el próximo jueves 24 a las 14. La Cámara alta volverá a sesionar con un temario amplio en el que convertirá en ley varios proyectos esperados.
La Cámara de Senadores sesionará este jueves 24 a partir de las 14 en forme mixta -presencial y virtual- como lo hace desde el inicio de la pandemia de coronavirus y tratará variados temas en el orden del día.
Según la convocatoria firmada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los temas que estan incluidos en la sesión son: ley de cupo laboral trans; prórroga del DNU que establece las medidas restrictivas por la emergencia Covid-19; la reducción de la tarifa de gas para los residentes en las denominadas zonas frías del país; y la modificación de la ley de Presupuesto Nacional para ayuda a los transportistas escolares.
En primer término, los legisladores tratarán el Decreto Parlamentario 8/21 que hoy firmó la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para mantener la actividad semipresencial en la Cámara alta en el contexto de la pandemia de coronavirus Covid-19.
Ese decreto prorroga el trabajo a través de videoconferencia por dos meses, hasta fines de agosto.
Zona Fría
Luego, los senadores debatirán el proyecto de ley venido en revisión de Diputados por el cual se impulsa una reducción en las tarifas de gas para municipios donde se registran bajas temperaturas, denominado Zona Fría.
La disminución en las tarifas contemplaría a 3 millones de usuarios de municipios bonaerenses y de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, San Juan, San Luis, Jujuy y Salta en los que se registran bajas temperaturas, que se suman a las zonas históricas beneficiarias de esos derechos como las provincias patagónicas, el sur mendocino y la Puna.
Además, reduce en alrededor del 50 por ciento las tarifas a los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, de pensiones no contributivas y jubilados -hasta cuatro salarios mínimos-, del monotributo social, usuarios que perciben seguro de desempleo y empleados de casas particulares.
También podrán tener este beneficio quienes estén exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza o los que tengan una pensión vitalicia como veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
Respecto del resto de los usuarios residenciales de esas zonas, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas correspondiente.
El proyecto prorroga por 10 años el Fondo Fiduciario de Consumos Residenciales de Gas (artículo 75, Ley 25.565) y aumenta la cantidad de departamentos y localidades de todo el país de temperaturas bajas comprendidos en este beneficio.
Ley de Cupo Laboral Trans
Otro de los asuntos incluidos en el Plan de Labor es una iniciativa, también aprobada en Diputados, sobre inclusión laboral para la población trans, travesti y transgénero, donde se establece que el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes.
DNU Emergencia Covid-19
Asimismo, fue incluido en la sesión especial el tratamiento del dictamen emitido por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo sobre el último decreto del Poder Ejecutivo que estableció nuevas medidas sanitarias, vigentes hasta el próximo 25 de junio, para mitigar la segunda ola de coronavirus.
Finalmente, los senadores discutirán una iniciativa, ya sancionada en la Cámara baja, que aumenta el Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros para ser destinado a los transportistas escolares, debido a la crisis que padece ese sector debido a la pandemia de coronavirus.
DPP-30-21Sin embargo, la iniciativa, que suma a CABA a los beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público, despertó las voces de legisladores del interior del país que reclamaron por la inequidad entre sus provincias y la Ciudad.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado se reunió este miércoles de forma virtual para debatir un proyecto que rectifica el artículo 73 sobre ayuda para transportistas escolares de la Ley de Presupuesto Nacional. Aunque la comisión firmó dictamen, la iniciativa que agrega a la Ciudad de Buenos Aires a la lista de beneficiarios del Fondo de Compensación al Transporte Público -originalmente destinado sólo al interior- abrió el debate de la inequidad entre la Capital Federal y las provincias.
Aunque Oscar Parrilli (Frente de Todos-Neuquén), que no integra la comisión, se manifestó a favor, intervino para advertir: “Distribuir igual entre desiguales no es justo. En eso se comete una injusticia. Y yo creo que el transporte escolar en el interior del país y en la Ciudad de Buenos Aires es totalmente desigual. En primer lugar porque en la Ciudad de Buenos Aires hay transporte de subterráneos, hay transporte de colectivos, hay transporte de tren, hay transportes de taxis abundantes y obviamente también está el transporte escolar”.
El legislador neuquino continuó con su crítica al considerar que “desde el Estado Nacional estamos haciendo el esfuerzo en darle también a CABA, que es la ciudad que más plata recibe del fondo nacional”. A continuación, arrojó el dato de que “casi el 70% de los gastos del fondo nacional” se destinan a la Ciudad.
“A mi me gustaría que se le pida al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a ver qué aporta, porque no aporta absolutamente nada. Y además, también recordemos que los costos de transporte, no solamente escolar sino transporte en general, en el interior son mucho más caros que en la Ciudad de Buenos Aires”, lanzó el senador oficialista.
El reclamo de Parrilli abrió la puerta a las críticas de otros senadores de provincias del interior. “Es absolutamente injusta la distribución del esquema de los subsidios de transporte”, “no es equitativo, ni siquiera es justo”, denunció José Mayans, titular del oficialismo en la Cámara alta. El formoseño pidió “darle más al que más necesita”.
La oposición también se sumó al reclamo. Victor Zimmermann (UCR-Chaco) expuso: “Los 600 millones de pesos que teníamos para el interior ahora se van a repartir para todo el país, por lo tanto va a haber seguramente un criterio de distribución diferente”. El legislador chaqueño consideró que el nuevo proyecto “cambia el espíritu” original de la creación del Fondo de Compensación al Transporte Público.
Silvia Elías de Pérez (UCR-Tucumán) coincidió con sus colegas pero recordó que “la clave está en que verdaderamente se destrabe de una vez por todas los fondos que tienen que ir destinados a esto”. “En el 2020, los 600 millones no se repartieron a nada y en lo que va del 2021 tampoco se ha entregado ni un peso”, explicó la tucumana.
María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos-Santa Fe), por su lado, propuso la creación de una subcomisión de trabajo para discutir la cuestión de la equidad de los subsidios al transporte.
El presidente de la comisión, el senador Carlos Caserio (Frente de Todos-Córdoba) sostuvo: “Estimo que estos 600 millones nunca fueron ejecutados. Por lo menos en la provincia de Córdoba no llegó ni un peso”. Sin embargo, aplacó la iniciativa de sus colegas de proponer modificaciones al considerar: “Me parece no sería lo más atinado que vuelva a Diputados porque veo una demanda intensa del sector”.
En contraparte, el senador Julio Martínez (UCR-La Rioja) consideró que el subsidio “debe ser para todos” y le recriminó a sus compañeros que un planteo similar no se les ocurriría, por ejemplo, con el IFE. “A nadie se le puede caber en la cabeza decir ‘le vamos a dar los del interior pero los de la capital no, porque la capital tiene plata’”, expuso. El legislador opositor concluyó insistiendo en su postura de que todo el país debería recibir la ayuda: “Sea de donde sea, sea de la ciudad más rica o sea de las zonas más pobres, pero les corresponde”.
Para cerrar el tema, Caserio propuso: “Si a ustedes les parece, vamos a pasar el dictamen a la firma. Creo que hay un consenso de que no se puede demorar más con el transporte escolar, más allá de la situación que se amerite”.
La iniciativa fue presentada por la legisladora María Luján Rey (Pro). El proyecto propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.
En los argumentos se recordó que este Fondo fue incorporado especialmente, durante 2020, para el auxilio económico del sector. “Sin embargo, al poner en marcha la distribución de las partidas fue la misma redacción de ese artículo, la que impidió y aún impide la distribución de esos fondos, hacia sus destinatarios”, se explicó.
En ese sentido, la modificación busca “la distribución justa y homogénea entre todos los transportistas escolares de todo el país”, máxime si se considera que “en estas dos jurisdicciones es donde se desenvuelven la mayor parte de los integrantes de ese sector, y que es en esas jurisdicciones donde la recesión escolar por la pandemia fue más profunda y extensa”.
La iniciativa, votada en la Cámara de Diputados, modifica un artículo del Presupuesto Nacional de modo de facilitar la distribución del fondo destinado a auxiliar a este sector.
La Cámara de Diputados aprobó por 216 votos positivos, uno negativo y dos abstenciones, un proyecto que busca garantizar la asistencia a transportistas escolares de la región del AMBA, a través de la modificación de un artículo del Presupuesto Nacional.
La iniciativa, presentada por la legisladora María Luján Rey (Pro), propone una nueva redacción para el artículo 73 del Presupuesto, de modo que se establezca que el Fondo de Compensación al Transporte Público -estimado en 600 millones de pesos- sea distribuido en “todo el territorio nacional, tanto del interior del país como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Actualmente, la letra de la ley habla solamente del “interior del país”. Por ello, en los fundamentos del proyecto se señaló que esa expresión termina “excluyendo a los transportistas escolares tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como a sus pares del AMBA, violentando el principio de igualdad”.
En los argumentos se recordó que este Fondo fue incorporado especialmente, durante 2020, para el auxilio económico del sector. “Sin embargo, al poner en marcha la distribución de las partidas fue la misma redacción de ese artículo, la que impidió y aún impide la distribución de esos fondos, hacia sus destinatarios”, se explicó.
En ese sentido, la modificación busca “la distribución justa y homogénea entre todos los transportistas escolares de todo el país”, máxime si se considera que “en estas dos jurisdicciones es donde se desenvuelven la mayor parte de los integrantes de ese sector, y que es en esas jurisdicciones donde la recesión escolar por la pandemia fue más profunda y extensa”.
El proyecto indica que la ley será de orden público y la autoridad de aplicación será el Ministerio de Transporte de la Nación.
La Comisión de Tránsito y Transporte avanzó con un proyecto de ley para extender por el plazo de dos años el recambio de esos vehículos, aunque deberán cumplir con la VTV para seguir funcionando.
A raíz de la crisis económica que viene golpeando al país y la Ciudad, la Comisión de Tránsito y Transporte, presidida por la oficialista Cristina García (VJ), firmó el dictamen favorable sobre un proyecto de ley que prevé incorporar una cláusula transitoria en el Código de Tránsito y Transporte para extender la vigencia de los micros escolares por un plazo de dos años
Es que las unidades de esa modalidad específica de transporte, que abarca a estudiantes de escuelas de gestión estatal o privada, deben ser renovadas tras cumplir los 20 años de antigüedad, además de ser sometidas anualmente a revisión técnica vehicular, según lo dispuesto por el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad.
Atento a la crisis del sector -casi paralizado por la suspensión de clases presenciales en las escuelas-, se busca aprobar en la Legislatura una “disposición transitoria, de manera excepcional” para que durante los años 2021 y 2022 no rija este requisito de recambio de autobuses, aunque manteniendo la obligatoriedad de la VTV anual.
La medida fue impulsada por la propia García, quien en los fundamentos de la misma señaló que “el servicio de transporte de escolares representa un papel fundamental en la movilidad de los alumnos y alumnas tanto para los institutos de educación de gestión pública como privada” y recordó que “para prestar el servicio como transporte escolar, los vehículos no pueden superar los veinte años de antigüedad, con la excepción de una prórroga por dos años en el caso de que no alcancen a renovar el vehículo en ese plazo debiendo para ello cumplir y cumplimentar los requisitos de verificación técnica establecidos”.
“Los titulares de las habilitaciones que vencen en estos años han encontrado dificultades para la renovación material de sus vehículos. De no realizar alguna medida excepcional, se agudizaría el problema económico para todos aquellos que no puedan cambiar el modelo durante el año siguiente”, completó.
Cabe destacar que el proyecto también lleva la firma del vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Agustín Forchieri (VJ); el jefe del bloque Vamos Juntos, Diego García Vilas; y los diputados Facundo Del Gaiso, Daniel Del Sol (VJ), Roy Cortina (PS) y Marcelo Guouman (UCR-Ev).
Representantes de esa actividad junto a legisladores nacionales buscan soluciones a la crisis que atraviesa el sector.
La Mesa Nacional de Transportistas Escolares, junto a diputados nacionales que integran la Comisión de Transporte, mantuvieron una reunión con el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, a quien le manifestaron su preocupación por la crisis que está atravesando el sector como consecuencia de la inactividad, ante la suspensión de clases debido al aislamiento preventivo, social y obligatorio decretado desde el inicio de la pandemia. En ese marco le presentaron un petitorio para buscar soluciones a la situación que atraviesan más de 10.000 transportistas escolares en todo el país.
Esta mesa de diálogo surge de una serie de encuentros que fueron impulsados por los diputados de Juntos por el Cambio desde principios de mayo, con representantes y trabajadores del sector de todas las provincias y localidades, siendo el primer encuentro el 1 de mayo con transportistas escolares de la localidad de Pilar.
Del encuentro con el ministro participaron los diputados nacionales de Juntos por el Cambio José Cano, presidente de la Comisión de Transporte; María Luján Rey, vicepresidenta 2da de la comisión; Adriana Cáceres, Ingrid Jetter, Soher El Sukaria y el diputado nacional de Frente de la Concordia Misionero Diego Sartori.
“Hace casi 100 días que los transportistas escolares no pueden trabajar por la inactividad como consecuencia de la pandemia, dejando a miles de familias de todo el país sin su principal de fuente de ingreso. Por eso es importante que hayamos logrado avanzar en este primer canal de diálogo con el ministro, donde tenemos que buscar soluciones juntos a los trabajadores que están pasando por esta crisis que golpea muy fuerte el bolsillo”, sostuvo la diputada nacional Adriana Cáceres.
La diputada nacional María Luján Rey declaró que resulta “imprescindible que de manera urgente se encuentre la forma de dar respuesta inmediata a uno de los sectores más afectados por la cuarentena. Los transportistas escolares llevan meses sin poder trabajar y detrás de cada uno de ellos hay una familia a la que no le llega el plato de comida diaria”.
En el petitorio presentado por la Mesa Nacional de Transportistas al ministro, se le solicita asistencia económica mensual con plazo hasta 90 días posteriores al comienzo de clases con normalidad, siendo la misma del valor de la canasta básica familiar. Además, se le pide a las autoridades provinciales y municipales la exención de patentes de vehículos habilitados, Ingresos Brutos y/o tasas vinculados a la actividad. También se solicita la suspensión de ejecuciones y ejecuciones prendarias y de secuestro de vehículos afectados al Servicio de Transporte Escolar obtenidos mediante planes de ahorro y/o financiados mediante créditos bancarios que no están contemplados en el Decreto Nacional Nº319/2020.
