La Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el senador riojano Ricardo Guerra (Frente Nacional y Popular) se reunió este martes en el Salón Illia para tratar en primer lugar el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo que establece otorgar un beneficio extraordinario a los familiares de víctimas de la represión de los días 19 y 20 de diciembre de 2001.

El presidente de la comisión abrió el encuentro explicando la iniciativa y destacó que “el Estado accionó de manera represiva” en esa ocasión y fueron 39 las personas que “perdieron la vida y hubo un saldo de más de un centenar de heridos”.

Explicó que “el proyecto establece “un beneficio extraordinario, a percibir por única vez, en concepto de indemnización, para los herederos y las herederas o derechohabientes de las personas que fallecieron como consecuencia de la represión desplegada por el Estado, en las manifestaciones de protesta ocurridas, en todo el territorio nacional, los días 19 y 20 de diciembre de 2001, en el marco del estado de sitio declarado mediante el Decreto N°1678 del 19 de diciembre de 2001; y también para las personas que sufrieron lesiones gravísimas en las mismas circunstancias o, en su caso, para sus herederos y herederas o derechohabientes”.

El vicepresidente de la comisión, el senador por Chaco Víctor Zimmermann (UCR), manifestó que “compartimos los fundamentos y vamos a acompañar el proyecto porque es una reparación que mucha gente está esperando, que debemos votar por unanimidad y lo antes posible”.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti (Unidad Ciudadana), defendió la iniciativa y consideró que “es una reparación por única vez a los derechohabientes de las personas que fallecieron, sobrevivientes y a las personas con lesiones gravísimas que fueron víctimas de la represión estatal ocurrida en diciembre de 2001 y tiene carácter de bien propio”.

Por otra parte, se acordó que vuelvan a comisión, para ampliar el debate y sumar opiniones de expertos, seis proyectos que refieren a asignaciones específicas para industrias culturales y bibliotecas populares presentados por las senadoras Cristina López Valverde (Frente Nacional y Popular) y Teresa González (Frente Nacional y Popular), por Silvia Sapag (Unidad Ciudadana), María Inés Pilatti Vergara (Frente Nacional y Popular), Fernández Sagasti, Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro), el senador por La Pampa Daniel Kroneberger (UCR) y la senadora por La Pampa María Victoria Huala (Pro).

Por último, se trató y pasó para la firma el proyecto de comunicación de la jujeña Silvia del Rosario Giacoppo (UCR), que solicita informes sobre diversos puntos relacionados con el Impuesto Mínimo de Impuestos Internos aplicable a los cigarrillos.

La Cámara alta retomó este miércoles la actividad, y la primera comisión en reunirse fue la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside el cordobés Carlos Caserio. Fue para tratar uno de los proyectos incluidos por el Poder Ejecutivo en el temario de extraordinarias: la iniciativa para ratificar el Consenso Fiscal 2020, firmado el pasado 4 de diciembre por el presidente Alberto Fernández y 21 de los 24 gobernadores. Tanto La Pampa como San Luis no suscribieron el documento, dado que no lo habían hecho en el Consenso Fiscal de 2017, pero sí esta vez expresaron su apoyo. En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, no adhirió.

La reunión, que fue bastante breve -duró menos de media hora- se inició con bastante puntualidad, a las 11.05, con la palabra del presidente de la comisión, que detalló las características de la iniciativa. “Este es uno de los tantos consensos fiscales que venimos desarrollando en los últimos años, que por distintas razones se van modificando”, expresó Caserio al inicio. “Determinadas circunstancias que fue viviendo el país, las distintas crisis han hecho que esto se vaya modificando”, insistió.

A continuación, el misionero Maurice Closs fue sumamente breve y tan solo sugirió “acompañar” la iniciativa, “porque todas las provincias y la Nación necesitan este consenso fiscal”, mientras que el presidente del bloque Frente de Todos, José Mayans, habló de estabilizar las cuentas públicas a nivel nacional y provincial.

“Obviamente también tiene que haber una coordinación entre el Gobierno nacional y las provincias para ver cómo se puede potenciar el desarrollo de las provincias, para que cada una pueda generar un crecimiento de la economía que repercute en la creación del empleo”, apuntó el formoseño, que agregó luego que “estos pactos fiscales tienden a eso: a ver cómo resolvemos los problemas económicos del país, que son varios”. Y enumeró: el problema de la deuda externa, la deuda de las provincias, las cajas y también una unificación en el tema tributario, que es lo que reclama también el sector privado, apuntó.

Para Mayans, “el pacto tiende a tener un comportamiento responsable como para que el sector privado no esté presionado en ese sentido. Este es un acuerdo que hacen los gobernadores con el Poder Ejecutivo, que tiende a ver cómo se repara el esquema económico del país”.

Finalmente el presidente del bloque oficialista apuntó que “estamos acompañando ese acuerdo que se ha hecho y viendo el comportamiento que tenemos en esta emergencia sanitaria, buscando salidas para poder comenzar a tener el crecimiento económico que va a llevar al crecimiento del país”. Así las cosas, anunció el acompañamiento del proyecto.

El primer representante de la oposición en hablar fue el radical chaqueño Víctor Zimmerman, quien coincidió en que “este Pacto Fiscal tiene uno de los objetivos recuperar la recaudación, tras un escenario como el que fue la pandemia”. Pero observó que “en estos sucesivos pactos fiscales, lo que estamos haciendo es abandonando un criterio de reducción de impuestos. Mi preocupación tiene que ver con que no hay ninguna recomendación respecto del comportamiento del gasto, sobre todo teniendo en cuenta que este es un año electoral”.

Así las cosas, Zimmerman dijo que le parecía que “tendríamos que hacer una recomendación al respecto”, y expresó su deseo porque en algún momento los funcionarios pudieran expresar cuál es el criterio para manejar esos mayores recursos. “Ojalá se pueda hablar de la calidad del gasto y hacer algunas recomendaciones, por ejemplo para fortalecer el sistema sanitario; garantizar todo lo que tiene que ver con la cuestión educativa y obviamente el gasto social”, señaló.

Poner el foco, además, en “cómo se gastarían los recursos, para no incurrir en problemas del pasado como el incremento del gasto improductivo”.

A continuación, otro radical, el riojano Julio Martínez, observó que durante los cuatro años del Gobierno de Cambiemos la mayoría de las provincias “han tenido superávit. Cuando llegamos, 14 no podían pagar los aguinaldos, y 17 en déficit. Cuando terminamos, la mayoría estaban en equilibrio y bien. Debemos avanzar sobre lo bueno y lo malo de cada gobierno para poder sustentar la relación Nación – Provincias en adelante”.

Al concluir, se refirió a un caso particular, el de su provincia. Señaló que el actual gobernador riojano fue durante 12 años intendente, y por eso pensaron que cambiaría la relación con los municipios, pero aseguró que no es así. Lo dijo por el caso puntual del municipio de la capital riojana, que pertenece a Juntos por el Cambio y aseguró que sufre de parte del Gobierno provincial una situación de “asfixia”, y fue más lejos al señalar que “el gobernador se transformó en un municipio paralelo, que paraliza las acciones del municipio”.

A su turno, la senadora santacruceña Ana María Ianni abogó por suscribir ese acuerdo “luego de un año tan duro como 2020, lleno de imponderables, en un marco de emergencia económica, social y sanitaria. Creo que ha habido muchos esfuerzos por parte del Gobierno nacional, las provincias y de muchos municipios, que aun en su baja recaudación resignaron ese poco o mucho al servicio de los comercios, no solo con la prórroga de vencimientos, sino también con la condonación de deudas”.

A continuación, José Mayans solicitó pasar el dictamen a la firma, a la espera de ver cuándo se le podrá dar tratamiento en el recinto, mientras que Carlos Caserio destacó que “el consenso es una cosa muy significativa en un momento muy complejo de la economía mundial, y argentina, y el hecho de que se pongan de acuerdo los gobernadores con el presidente es realmente una herramienta significativa”, en el marco de “una pandemia que no se fue y que no sabemos cuándo se va a ir”.