Dos son los proyectos que se pondrán en tratamiento en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. También se analizará una iniciativa que busca declarar duelo nacional el 18 de julio en homenaje a las víctimas del atentado contra la AMIA.
Con el país paralizado y conmocionado por el caso de Loan Danilo Peña, el menor de cinco años de edad que desapareció en la provincia de Corrientes, el Senado de la Nación comenzará a tratar dos proyectos que tipifican la sustracción y/o comercialización de menores de edad.
Será en el marco de una reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por el libertario Juan Carlos Pagotto, que se llevará a cabo este jueves a las 15 en el Salón Arturo Illia, quien tendrá como desafío reunir el quórum necesario para habilitar el encuentro cerca del final de una semana que tiene escasa actividad en el Senado y legisladores que se encuentran en sus provincias.
Allí se pondrán a consideración dos iniciativas impulsadas por la santafecina radical Carolina Losada que, durante la gestión anterior de Cristina Kirchner, en la Cámara alta no fueron tenidas en cuenta.
La primera ley activaría “prisión de tres (3) a diez (10) años al que reciba y a quien entregue un niño o niña, haya mediado o no precio, promesa de retribución o cualquier otro tipo de contraprestación”. En los fundamentos, la legisladora santafecina plantea: “Debido a la falta de convocatorias a Sesiones Ordinarias de la anterior gestión de este Honorable Senado el dictamen conjunto sobre tipificación de ‘compra’ y ‘venta’ de niños acordado con fecha 19/10/22 (S-404/21, S-1232/22 Y PE-106/22. 06-02-2024) caducó por renovación bienal del cuerpo. Se trata de una problemática sumamente grave y aún sigue siendo una gran deuda para nuestra sociedad”.
En tanto, el segundo proyecto expresa: “El que promoviere, facilitare, incitare, indujere o instigare la corrupción de menores de 18 años con fines delictivos, será reprimido con prisión de 3 a 6 años. La pena será de prisión de 6 a 10 años cuando el niño o adolescente fuera menor de 13 años. Cualquiera fuese la edad del menor, la pena será de reclusión o prisión de 10 a 15 años, cuando mediare engaño, violencia, amenaza, abuso de autoridad o cualquier otro medio de intimidación o coerción, o aprovechándose de una situación de vulnerabilidad, o por pago o promesa remuneratoria, como también si el autor fuera ascendiente, hermano, tutor o persona conviviente o encargado de la educación o guarda”.
Además, la propuesta -firmada también por el radical Pablo Blanco y Guadalupe Tagliaferri (Pro)- deja en claro que las penas se agravarán “de un tercio a la mitad en caso de funcionario público o miembro de fuerza de seguridad, como asimismo en caso de que las conductas delictivas llevadas a cabo por el niño, niña o adolescente fueran de los tipos penales descriptos en la ley de estupefacientes Nº 23.737″.
Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA
Además, la comisión intentará dictaminar la iniciativa que declara “el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional, en homenaje a las víctimas del atentado terrorista perpetrado el 18 de julio de 1994 en la sede de la Asociación Israelita Argentina (AMIA) contra la República Argentina”.
El proyecto en cuestión impone que el 18 de julio “la Bandera Nacional permanecerá izada a media asta en los edificios y lugares públicos” y que “el Ministerio de Educación, mediante el Consejo Federal de Educación, en coordinación con las autoridades educativas de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, dispondrá los medios necesarios a fin de que los establecimientos de educación pública primarios y secundarios de gestión estatal y privada, organicen y desarrollen actividades conmemorativas para dicha fecha”. Otro punto del texto es que se “invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adoptar similares medidas”.
El proyecto cuenta con media sanción de Diputados desde 2023, dentro de un paquete de leyes que la Cámara baja avaló en medio de una sesión y que no fue acompañado por los entonces legisladores Javier Milei y Victoria Villarruel. “A la medianoche votaron un paquete de ocho proyectos que no estaban en la orden del día, por lo que no habiendo sido analizados decidimos con Javier Milei no votarlos a favor”, esgrimió Villarruel como argumento tras la sesión, realizada a inicios de julio pasado.
Días más tarde, el actual jefe de Estado solicitó a la otrora titular de la Cámara baja, Cecilia Moreau, que le cambiaran el voto como afirmativo -en realidad, ello quedó como una observación en el acta por auditoría- para esa ley y para el de eliminación del trámite de fe de vida a los jubilados y pensionados.
La denuncia fue realizada ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría. También solicitaron ser querellantes en la causa. Así lo comunicó la titular de la Cámara alta a través de sus redes sociales quien afirmó que “la Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.
Tal como lo había anticipado la presidenta del Senado, Victoria Villarruel, presentó este viernes la denuncia contra quienes fueron partícipes de los graves incidentes y destrozos en los alrededores del Congreso de la Nación durante el tratamiento de la ley bases y el paquete fiscal.
La denuncia recayó ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría. También presentó una solicitud para ser querellante. El escrito presentado por la autoridad máxima de la Cámara alta solicita que se indague sobre las acciones violentas y si las mismas fueron planificadas para “obstaculizar la sesión en curso”. Además, apunta a que se investigue a qué organizaciones sociales, gremiales o partidos políticos pertenecen los agresores.
Los posibles delitos que se le imputan a los detenidos y sus organizaciones podrían subsumirse dentro de los tipos penales de daño agravado, (art. 184 inc. 1, 4 y 5 CP), estrago doloso (art 186 inc. 3° CP), intimidación pública (art. 211 CP), incitación a la violencia colectiva (art. 212 CP), organización o pertenencia a agrupaciones que tengan por objeto imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor (art. 213bis), delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional (art 226 C.P) y perturbación del orden en sesiones de cuerpos legislativos (art.241 CP).
Presentamos hoy ante el Juzgado de la Jueza Servini de Cubría nuestra denuncia y la solicitud para ser querellantes por los daños sufridos en los edificios históricos del Senado de la Nación hace 2 días. Se terminó el país de los violentos. Quién comete un delito, debe responder. pic.twitter.com/SKpEwWm0jK
— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) June 14, 2024
Villarruel lo había adelantado en su cuenta de “X”: “Desde el Senado vamos a denunciar a los delincuentes que ayer atentaron contra las instituciones de la democracia”.
La vicepresidenta remarcó: “Vamos a hacerles pagar todos los daños materiales dirigidos hacia los edificios históricos y veredas del Congreso Nacional2, y advirtió: “La Argentina de la sedición y la anarquía terminó”.
La investigación está en manos del fiscal Carlos Stornelli quien pidió prisión preventiva para los 35 detenidos y solicitó que sean indagados por delitos contra los poderes públicos y el orden constitucional, atentado contra la autoridad agravada, daños, incitación a la violencia colectiva, intimidación pública y perturbación del orden en sesiones parlamentarias, entre otros.
DOCUMENTACIÓN QUERELLA 14.06.2024 PJN QUERELLA PRESENTADA 14.06.24Por Diego Armesto. Un análisis de las repercusiones generadas por la decisión de un grupo de senadores de apartarse de la bancada oficialista del Senado.
El bloque oficialista del Senado se fracturó, cuatro legisladores tomaron la decisión de abandonar el interbloque Frente de Todos y sumarse de esta forma a la Senadora Alejandra Vigo (Hacemos por Córdoba) en una nueva bancada que se llamará Unidad Federal.
Una de las primeras consecuencias que se observan, es que Cristina Kirchner y, especialmente el peronismo pierden de manera definitiva el control de la Cámara alta, ya que desde el 2019 el kirchnerismo mantuvo siempre la primer minoría del cuerpo, como también el peronismo lo hizo desde 1983 gobernó la Cámara alta.
Esta situación tiene consecuencias institucionales importantes, ya que al abandonar el interbloque (creado para obtener un sitial en el Consejo de la Magistratura), debemos saber que de los 35 miembros que poseía actualmente, esta situación lleva en la actualidad que cuente con tan solo 31 senadores, lejos del número mágico del “quorum”.
Pero ahondando un poco más, en la actualidad el Frente Nacional y Popular posee 19 Senadores y, el bloque Unidad Ciudadana 12 integrantes, es decir, se configura una nueva realidad en el Senado Nacional, no sólo en referencia a la realidad política reinante, sino que además pone a la política frente a la disyuntiva de cumplir con el mandato de hacer respetar las reglas institucionales del cuerpo, en atención a la distribución de las autoridades del mismo.
En el comunicado, donde se formaliza la nueva bancada sus integrantes entienden que existe “la necesidad de construir una alternativa dentro del senado de la Nación que responda a las necesidades de nuestros territorios y que representen a los ciudadanos que nos eligieron por el voto popular” para continuar diciendo que “El actual contexto social, económico y político que atravesamos genera nuevas realidades y demandas. Por ello, tenemos la responsabilidad de debatir, trabajar, pensar nuevas estrategias y legislar en un espacio que aporte una mirada verdaderamente federal poniendo el foco en las problemáticas diarias que atraviesan nuestras provincias, entre ellas la pobreza y el hambre que castigan a nuestros pueblos”.
El Senado de la Nación en su Reglamento establece en su art. 55 que “dos o más senadores pueden organizarse en bloques de acuerdo a sus afinidades políticas. Cuando un partido político o una alianza electoral existente con anterioridad a la elección de los senadores tiene solo un representante en la Cámara, puede asimismo actuar como bloque”.
En este sentido, la dinámica política conlleva indefectiblemente a la aparición de nuevos bloques, pero a nuestro entender desvirtúan y rompen la relación representante-representado, estos movimiento afectan también el sistema institucional, por cuanto los partidos políticos, instituciones fundamental del sistema democrática (Art. 38 CN) son esenciales al momento de conformar los mismos y, esto, solo produce una nueva crisis, no solo en los bloques políticos desnaturalizan su función, sino que además profundiza y hacen mayor la crisis de representación.
El autor es abogado constitucionalista, profesor de Derecho Constitucional en la UBA.
La diputada Sabrina Ajmechet presentó un proyecto de ley expresando “preocupación” por el “uso indebido” de las redes sociales de la Cámara de Senadores.
La diputada nacional Sabrina Ajmechet (Pro – Ciudad de Buenos Aires) presentó un proyecto de ley expresando su “preocupación y profundo repudio” a la utilización de la cuenta oficial de la Cámara de Senadores para desmentir una noticia falsa que trascendió este jueves sobre un acuerdo entre el presidente y la vicepresidenta para subir el dólar turista.
“La Dirección de Comunicación del Senado de la Nación, comunica que en la reunión de ayer mantenida entre el presidente de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados y la presidenta de este Cuerpo no se abordaron ninguno de los temas desarrollados en la falsa noticia”, expresó el mensaje publicado en la cuenta oficial del Senado en Twitter.
En ese contexto, Ajmechet sostuvo: “El Senado de la Nación y sus cuentas oficiales representan a todos los argentinos: es preocupante que lo usen para expresar posiciones partidarias”, y sumó: “Diputados de JxC expresamos nuestro repudio ante este atropello institucional. Dejen de mezclar Estado/gobierno/partido”.
En la iniciativa expresa “su preocupación y profundo repudio por el uso indebido de las cuentas oficiales de redes sociales del Senado de la Nación con el objeto de desmentir información publicada por el medio de comunicación ‘Infobae’ titulada ‘Alberto Fernández y Cristina Kirchner se reunieron en olivos para acordar la suba del dólar tarjeta’, tildando la misma de ‘FAKE NEWS TOTAL’”.
El proyecto lleva la firma de los diputados Waldo Wolf, Alberto Asseff, Gerardo Milman, Fernando Iglesias, Graciela Ocaña, Alejandro Finocchiaro, Dina Rezinovsky y Soledad Carrizo.
La iniciativa proveniente de la Cámara baja fortalece el sistema del sector con una serie de beneficios tarifarios, condiciones laborales y otras prestaciones. Su tratamiento fue sobre tablas.
En el inicio de la sesión de este miércoles, la Cámara alta votó la incorporación para su tratamiento sobre tablas del proyecto de ley de Fortalecimiento del Sistema de los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, venido en revisión de la Cámara de Diputados. Tenía una significación especial aprobar esta iniciativa precisamente este miércoles, día en el que los bomberos voluntarios festejan su día.
Ese tramo inicial de la sesión contó con la presencia de Ricardo Arenas, presidente del Consejo Nacional de los Bomberos Voluntarios de la República Argentina, especialmente invitado por la presidenta del Cuerpo.
El senador Carlos Caserio fue el miembro informante de un proyecto que incluye, destacó, a mil cuarteles y a casi 45 mil efectivos. Tras resaltar el reconocimiento que merecen los cuerpos de bomberos voluntarios “por todo lo que permanentemente hacen por el bien común, el senador cordobés detalló los alcances de la iniciativa, que fue aprobada de manera unánime.
“Todos nosotros tenemos el orgullo de poder cumplir con estas demandas para quienes han desarrollado esta noble tarea”, resaltó Caserio al finalizar su discurso, en el que presentó al voluntariado argentino como “un ejemplo para el mundo”.
A su turno, el senador radical Julio Martínez resaltó la vocación de quienes se suman a los cuerpos de bomberos, a quienes definió como “quienes nos cuidan”. Agregó que el sistema de bomberos voluntarios a nivel nacional “yo diría que es una de las pocas políticas de Estado que hay, que pasan los gobiernos y esa política continúa”.
En primer lugar, el proyecto crea un régimen tarifario especial de servicios públicos, por el cual se les reconocerá a las entidades de bomberos la totalidad de la facturación de los servicios de energía eléctrica, gas, telefonía fija y móvil, y TIC’s, que se encuentren bajo jurisdicción nacional.
“Los entes reguladores y las empresas prestadoras deben garantizar la calidad y las condiciones del servicio público”, reza el texto.
También se estipulan prestaciones a bomberos que padezcan accidentes, en materia de tratamientos de rehabilitación, medicamentos y prótesis. Más específicamente, en asistencia médica y farmacéutica, prótesis y ortopedia, rehabilitación, traslados y servicio funerario.
En el mismo sentido, ante una incapacidad laboral temporaria, mientras dure ese período o hasta transcurridos 24 meses, el damnificado percibirá una prestación de pago mensual, de cuantía igual al valor mensual del ingreso base.
Las indemnizaciones serán abonadas al accidentado y/o a sus derechohabientes por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Por otra parte, las entidades quedarán exentas del pago de contribuciones patronales con destino a la seguridad social; y se reducirá a cero la alícuota del IVA para las compras realizadas.
Es de uso y costumbre que el jefe de Gabinete entregue las respuestas a las preguntas hechas por los legisladores previamente a su presentación en el recinto, que en este caso será este jueves.
El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, elevó su informe escrito a la Cámara alta, en el marco de la sesión informativa especial prevista para este jueves a las 14.
A lo largo de 1.160 respuestas elaboradas por la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil, Cafiero detalló la marcha del Gobierno nacional y las principales iniciativas del Poder Ejecutivo para paliar los efectos de la segunda ola de Covid-19.
En el documento, de más de 1.000 páginas, se destaca el nuevo paquete de medidas con una inversión adicional de $480.000 millones (1,3% del PIB), por encima de la prevista en el Presupuesto 2021.
Los ingresos necesarios para financiar estas políticas surgen del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas —que ya supera los $230.000 millones— y de la mayor recaudación producto de la recuperación del nivel de actividad económica.
Entre las medidas de asistencia social y productiva, se subraya en el informe la extensión y ampliación del Programa de Recuperación Productiva (REPRO) a los sectores críticos y al sector salud, incorporando también a las y los monotributistas y autónomos del sector gastronómico. En abril, esta asistencia alcanzó a más de 13.000 empresas y 330.000 trabajadores y trabajadoras, con una inversión de más de $5.000 millones.
Por otro lado, en mayo se incrementó el monto del salario complementario para los sectores críticos y de salud (de $18.000 a $22.000 por trabajador/a) y se eximió del pago de contribuciones patronales a empresas de sectores críticos. También se amplió la definición de estos sectores para incorporar al comercio que fue afectado por las últimas restricciones de movilidad. A esto se suma la eximición del pago de Ganancias para quienes perciban hasta $150.000 de ingreso o reciban hasta 8 jubilaciones mínimas, medida que alcanza a 1.267.000 personas.
En simultáneo, se profundizaron y fortalecieron programas sociales ya existentes. En ese sentido, se extendió el alcance de Potenciar Trabajo y Progresar. En el último mes, se amplió un 60% el universo de la Tarjeta Alimentar, que pasó de 1,6 millones de niños y niñas, a cerca de 4,2 millones. Además, se otorgó un bono extraordinario a jubilados en abril y mayo y se extendió el Plan 1.000 días.
En esta línea, se diseñaron medidas focalizadas en aquellas zonas con mayor riesgo epidemiológico, entre ellas, el bono a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo/a y monotributistas de las categorías A y B que perciben asignaciones familiares, destinado a la población del AMBA.
El informe también da cuenta de la continuidad en el fortalecimiento del Sistema de Salud, para el que se estima una inversión de $144.000 millones que incluye la compra de vacunas por $72.000 millones, el bono por 3 meses de $6.550 para 700.000 trabajadores y trabajadoras de la salud y $36.000 millones de reducción de contribuciones patronales y del impuesto a los créditos y débitos bancarios para las empresas del sector, entre otras partidas.
Otras políticas implementadas para contener los efectos de la pandemia tienen que ver con el refuerzo de las partidas presupuestarias para asistir a los sectores de Cultura y Turismo en más de $4.700 millones.
El informe presentado es el más extenso realizado ante el Senado en la historia de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
En su primera reunión del año, la Cámara alta ratificó el decreto que extiende el sistema remoto hasta mayo. Hubo un solo voto en contra, pero varias ausencias notorias.
En su primera reunión del año, el Senado prorrogó por 60 días la realización de sesiones virtuales, un mecanismo que se instaló en el marco de la pandemia de coronavirus.
Con 61 votos a favor y la sola oposición de la radical Pamela Verasay, el pleno ratificó por sexta vez la continuidad del sistema remoto, dispuesta por un decreto de Presidencia, firmado esta vez por la presidenta provisional de la Cámara, Claudia Ledesma Abdala de Zamora. De hecho, la santiagueña fue la que presidió esta sesión en lugar de la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En ese pasaje de la sesión se notó la ausencia de varios opositores, que se negaron a seguir avalando la virtualidad y se levantaron para no votar, en un intento de no exponer al resto de la oposición. Estos fueron los senadores Martín Lousteau, Guadalupe Tagliaferry, Eduardo Costa, Gladys González, Juan Carlos Romero y Esteban Bullrich. Sí se quedó y votó en contra la mendocina Verasay.
La medida extiende hasta mayo “la realización de sesiones del H. Senado de la Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de modo excepcional”, y aclara que el plazo podrá renovarse nuevamente “en tanto persista la situación de emergencia sanitaria”.
De todos modos, se especifica que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, en calidad de mayoría y primera minoría, podrán contar con seis senadores presentes cada uno en el recinto durante las sesiones, mientras que al interbloque Parlamentario Federal le corresponderán dos como segunda minoría, y uno a los bloques restantes.
“La incorporación de los miembros previstos para los distintos bloques políticos no obsta a la posibilidad de rotación de todos aquellos senadores que quieran participar presencialmente, siempre y cuando se mantenga la cantidad máxima permitida simultáneamente”, agrega el decreto.
En nombre del oficialismo habló el chubutense Mario Pais, quien estacó que la virtualidad posibilitó funcionar al Senado en tiempos de pandemia, y recordó la presentación que oportunamente la titular del cuerpo hizo ante la Corte Suprema de Justicia. “Es así que hoy tenemos un sistema mixto”, destacó Pais, aclarando que a partir de ahora se elevará la presencia de legisladores presentes, pero manteniendo a la mayoría fuera del recinto. De hecho, él hablaba en esa condición.
“Este DP se ha dictado por un plazo de 60 días y seguramente deberá ser prorrogado”, anticipó el legislador, vislumbrando una segunda ola “que tenemos que esperar con disciplina social y con el cumplimiento de las normas”.
A continuación, el senador Humberto Schiavoni anticipó que el bloque Juntos por el Cambio esta vez acompañaría la medida.
Al celebrarse este lunes el Día Internacional de la Mujer, la Cámara alta emitió una resolución exceptuando a su personal femenino de cumplir sus tareas laborales.
La Secretaría Administrativa del Senado de la Nación emitió una resolución a través de la cual libera a su personal femenino de cumplir sus funciones laborales este lunes si desean participar en cambio de las actividades previstas por la conmemoración de un nuevo Día de la Mujer.
De tal manera, exceptúan del control biométrico a las agentes que decidan participar de las actividades previstas para este 8 de marzo, como así también exceptúan del trabajo conectado remoto a aquellas trabajadoras que también deseen tomar parte de esas actividades.
En los considerandos de la resolución, el Senado señala que es deber de esa administración “garantizar la participación en dichas actividades a todas las agentes trabajadoras con el fin de promover y apoyar su lucha”.
