Promediando la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia de Diputados que se conformó este miércoles por la mañana, un legislador del bloque Unión por la Patria hizo un llamativo pedido a la presidencia del Cuerpo para que pongan más sillas en las comisiones.

Se trata del cordobés Pablo Carro quien ponderó: “Está hermosa la modificación que se ha hecho en las salas, realmente muy lindas, las pantallas excelentes”, pero planteó: “Ahora, no veo sillas para los asesores”.

Carro explicó que “el trabajo en comisiones es un trabajo en el que los asesores hacen el grueso, nosotros más bien ponemos la cara y los asesores laburan mucho”, y planteó: “Verlos parados me produce cierta incomodidad”.

“Esta tarde tenemos otras comisiones y hagamos un esfuerzo entre todos los bloques para que se puedan colocar sillas y los asesores puedan estar un poquito más cómodos”, solicitó el cordobés lo que le valió el aplauso de sus pares.

La titular de la comisión, la fueguina Carolina Yutrovic le respondió: “La primera tarea de la comisión va a ser una nota de pedido a la presidencia de la Cámara para que se incorporen más sillas y tengan más comodidad los trabajadores de la comisión”.

En medio de una ola de despidos masivos y de cierre de instituciones, el diputado nacional de UP y secretario de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), Hugo Yasky, apuntó contra el Gobierno y adelantó: “Lo vamos a llevar a la justicia porque es absolutamente injustificada esta medida”.

El legislador se hizo presente en la protesta de los empleados de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional.

“Estamos acompañando a los compañeros de ATE frente a esta brutal ola de despidos. Es algo que además de denunciarlo en la OIT lo vamos a llevar a la justicia porque es absolutamente injustificada esta medida”, anticipó Yasky.

A su vez, planteó: “No son ñoquis, son empleados que hace años los conocemos porque muchas veces tuvimos que venir al ministerio de trabajo a tramitar gestiones que tienen que ver con cuestiones gremiales y estos empleados trabajaron siempre con distintos gobiernos. Esto es una medida para destruir al movimiento obrero”.

“No es cese de contrato, son despidos de gente que tiene hasta 15 o 20 años de antigüedad, eso es un verso. Lo que quieren hacer es destruir el Estado, degradar el Ministerio de Trabajo para que un empleado de Techínt maneje los conflictos sindicales, prohibir a los trabajadores poder desempeñarse en sus tareas y convertir este país en un país donde los trabajadores vamos a ser esclavos. Nunca pensé que en democracia iba a haber este espectáculo”, señaló el sindicalista.

Al ser consultado por la prensa sobre la presencia policial, expresó: “Los operativos policiales son absolutamente injustificados porque estas son protestas pacíficas. Este es un Estado gendarme, represivo. Esta gente que se llena la boca de que quiere que el Estado se achique, acá tenemos un Estado represivo que quiere con la intimidación impedir que los trabajadores hagan presencia en lugar de trabajo”.

“Estamos convencidos que hay que ir a un paro nacional, estamos en tratativas con los compañeros de la CGT. Las dos CTA ya resolvieron convocar a un paro nacional. Las condiciones están dadas para el paro nacional. Todos los trabajadores tenemos que demostrar que no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a dejar llevar por delante”, anunció.

La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley de compromiso con el derecho a la educación que apunta a “una perspectiva integral, a reforzar el financiamiento y fortalecer programas educativos, cuestión imprescindible en momentos en que el gobierno de los (Javier) Milei, (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, accionan para la destrucción de la Educación pública”.

“En acuerdo con diputadas y diputados desde el bloque Unión por la Patria, planteamos la urgencia de establecer lineamientos concretos para que el estado nacional junto a las provincias asegure el cumplimiento del derecho reconocido por la Constitución, que hoy está en riesgo”, explicó Osuna.

Entre los puntos principales, la iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, con aportes de sectores concentrados de la economía que han tenido enormes tasas de ganancias tales como exportadores de granos, grandes empresas de economía del conocimiento y del sector financiero. Dicho Fondo complementará las partidas regulares del presupuesto anual para educación.

El proyecto ratifica la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial Docente. Y al mismo tiempo referencia la Formación docente inicial y continua. Además, en el nivel obligatorio, se norma la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, una meta ya acordada en el Consejo Federal de Educación “hoy en riesgo de cumplimiento”. Asimismo, se propone garantizar el boleto gratuito en el transporte público para estudiantes y docentes.

La iniciativa asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos. Por su parte, en materia de infraestructura, la ley asegura recursos para un plan de nuevas obras, completamiento de las que están en curso y mantenimiento y mejoras edilicias.

En el capítulo sobre el nivel superior, se garantiza el pleno funcionamiento de las universidades nacionales, incluyendo las recientemente creadas, con una fórmula de actualización presupuestaria periódica para atender las exigencias de la formación de las y los profesionales de nuestro país. El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y convenios bilaterales con las provincias.

Osuna apuntó: “El presidente destruye y achica al Estado y niega su obligación como garante del derecho a la educación y lo pone en peligro”

“La precarización de docentes con la pérdida del poder adquisitivo, y no convocar a la inscripción de las becas Progresar generan daño al sistema educativo y a las personas como un tiro artero y dañino. Ya basta de regodeo frente al dolor que está provocando este gobierno nacional. Es por eso urgente restablecer por ley el compromiso con el financiamiento al Derecho a la Educación”, remarcó la diputada entrerriana.

“No fueron 30 mil”, afirmó el pasado 24 de marzo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el marco de conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, por lo que el senador nacional Sergio “Oso” Leavy (UP – Salta) presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio de protección contra el negacionismo.

La iniciativa propone la protección de los derechos humanos reconocidos y garantizados constitucional y convencionalmente. Así, aclara que “las disposiciones de la ley serán obligatorias para todos los agentes y funcionarios que se desempeñan laboralmente en los poderes y organismos del Estado”.

“Queda terminantemente prohibido a todo el personal que se desempeña en los poderes y organismos desarrollar toda acción y omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. También exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos”.

También propone la modificación del Código Penal para que el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad sean reprimidos con prisión de un mes a un año e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de cinco años. Además, establece una multa de 100 a 1000 unidades fijas que serán calculadas por el valor de las unidades de medida arancelaria PJN.

En ese sentido, propone una sanción a los medios de comunicación que también difundan o reproduzcan expresiones negacionistas con una multa que va del 0,1% al 10% de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.

Durante la sesión de este jueves en el Senado, la vicejefa del bloque Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, anticipó el rechazo al mega DNU 70/23 y advirtió que “si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación”.

En su intervención, la mendocina argumentó que el mega DNU es “inconstitucional, no solo por arrogarse el Ejecutivo facultades del Legislativo propio del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y formal el artículo 99 inc. 3”.

“La norma fundamental no deja dudas en establecer cuáles son los requisitos sustanciales y formales que necesita un DNU para ser constitucional y ese es el rol de control que tiene el Congreso de la Nación a la hora de evaluar los DNU emitidos por el Ejecutivo Nacional”, planteó la mendocina y procedió a leer los tres requisitos que plantea la Constitución. Así, manifestó: “Si el Ejecutivo estuvo de acuerdo con la norma Constitucional han sido violadas todas las normas sustanciales que deben regir el DNU”, y aclaró: “Básicamente estamos ante un abuso atroz de derecho del Poder Ejecutivo Nacional”.

La senadora kirchnerista reiteró que el artículo 75 le veda al Ejecutivo la posibilidad de legislar. “Hay algo mucho más grave, nunca ningún presidente ha esgrimido o intentado legislar con una magnitud como vivimos el 20 de diciembre de 2023”, denunció y planteó: “Ninguno de los 72 senadores ni de los 257 diputados puede negar que el Ejecutivo se arrogó facultades legislativas”.

Fernández Sagasti remarcó que el DNU 70 interviene 300 leyes y sostuvo que, sumado a la Ley ómnibus, es “un cambio constitucional porque quieren que la Argentina se rija por la Constitución Nacional de 1853 derogando las políticas de conquistas”. También señaló que “no respeta” la excepcionalidad de necesidad y urgencia. “Todos los requisitos sustanciales que pide el 99 inc. 3 para que el DNU sea constitucional han sido vedados por lo que el DNU no solo es inconstitucional, sino que es nula”.

La mendocina también remarcó que “todo el camino que tiene que hacer un decreto de 366 artículos y que interviene en 300 normas, debe tener dictámenes técnicos, jurídicos”, y chicaneó: “Parece que salió de un repollo”. Además, denunció que hay una “falsedad ideológica” porque aparece la firma de la canciller Diana Mondino, pero sostuvo que “ella estaba en París según una nota de Cancillería, por ende, firmó una secretaria arrogándose facultades que no le corresponden. Eso es un delito”.

“No hay ninguna necesidad y urgencia en muchos temas. Este DNU es inconstitucional, el Ejecutivo se está arrogando de facultades, es un tercio de lo que quiere hacer por DNU y si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación. Estamos dispuestos a discutir cada título y desde las provincias podemos aportar a mejorar lo que quiere impulsar”, remató Fernández Sagasti.

El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo Hernández (UP – Tierra del Fuego) rechazó el DNU 70/23 al calificarlo como “inconstitucional por donde se lo mire” y alertó que “si pasa va a provocar un daño irreparable a la democracia y a la división de poderes”, por lo que reclamó al Congreso su urgente tratamiento para intentar construir una mayoría parlamentaria para derogarlo en ambas cámaras.

“Desde el bloque presentamos un documento a los gobernadores patagónicos, en el que solicitamos al gobierno que los debates y discusiones entre Nación y Provincias se den a través de los órganos institucionales consagrados en la Constitución Nacional, incluyendo al Congreso Nacional por supuesto”, contó el fueguino.

En tanto, Araujo Hernández acusó al gobierno nacional de recurrir “sistemáticamente a prácticas extorsivas”, por lo que señaló que “hoy no hay diálogo político, lo vemos en la Cámara de Diputados. Solo vemos extorsiones en todos los niveles”.

En esa línea, recordó que este jueves se reunió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía y cuestionó que “de todos los funcionarios del gobierno invitados para explicarlo, no se presentó ninguno; no dio la cara ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni ningún otro funcionario del Gobierno nacional convocado”.

“La falta de diálogo el gobierno la reemplaza con presiones mediante la no transferencia de recursos a las provincias, socavando el federalismo. Así vemos como avanzan en la suspensión de la obra pública, la retención de los fondos fiduciarios o fondos específicos creados por leyes específicas, como en Fondo de Incentivo Docente (FONID), las trasferencias al transporte, las reformas tarifarias, los recortes a la ciencia, la intención de privatizar empresas públicas, la modificación de leyes socioambientales, la ley de Bosques, entre otras”, manifestó.

Para el diputado opositor “en el DNU están justificadas todas estas medidas que atentan contra las actividades económicas que sustentan el desarrollo de las provincias patagónicas, como ser nuestra promoción industrial por la vía de la apertura indiscriminada de importaciones, la pesca y la explotación de hidrocarburos”.

Con respecto a los hidrocarburos, indicó que “el gobierno viene utilizando políticamente YPF para cerrar negocios con empresas extranjeras para beneficiarlos con retirar la empresa nacional de áreas emblemáticas en la producción de recursos convencionales, como por ejemplo, en la Cuenca del Golfo San Jorge que cubre porciones de Chubut y Santa Cruz”.

“El derecho constitucional argentino, en lo que respecta al formato de estado federal, se apoya en que las provincias son preexistentes a la Nación”, recordó y resaltó que “el gobierno debe respetar los recursos y los fondos que le corresponden por derecho a los territorios provinciales que hayan surgidos de acuerdos o leyes específicas”.

El legislador de UP explicó que “la Nación tiene sentido jurídico como sumatoria de las provincias que la componen”, y, en ese sentido, señaló que “no puede un gobierno de turno eliminar transferencias creadas en fondos específicos que se recaudan por medio de impuestos cobrados a todos los argentinos con destino a las provincias y retenerlos en su tesorería. Es literalmente un robo. No lo seria, a los sumos, si al menos eliminara los impuestos que todos los argentinos pagan para que existan estos fondos”.

“En nuestro documento también solicitamos a nuestros gobernadores patagónicos que consideren cómo la situación económica creada por este gobierno afecta negativamente la ocupación turística que cayó sensiblemente en los últimos meses, tanto en turismo nacional como internacional”, comentó.

Por último, el diputado Koky Araujo dijo que “creemos que el gobierno nacional tiene una actitud pusilánime y mendicante respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Queremos ver mayor determinación en el gobierno nacional en la defensa y el sostenimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas, tanto en el discurso como en los hechos”.

De cara a la convocatoria a gobernadores para este viernes en Casa Rosada a fin de iniciar los pasos para firmar el Pacto de Mayo que anunció ante la Asamblea Legislativa, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) sostuvo que “el verdadero pacto hay que hacerlo en el Congreso”.

A través de su red social “X” el legislador explicó: “No para darle gobernabilidad al gobierno, sino para darle gobernabilidad a la sociedad frente al caos al que, precisamente, la está empujando el gobierno”.

Moreau detalló que el pacto parlamentario “debe tener carácter productivo, redistributivo y protectivo de los derechos básicos que consagra la Constitución: los derechos a la salud, educación. a la alimentación, a la vivienda y a los derechos laborales”.

“El primer paso es el inmediato rechazo del DNU. Después de los ataques autoritarios de Milei a la libertad de expresión y las descalificaciones al sistema institucional ¿a quién se le puede ocurrir delegarle facultades legislativas?”, preguntó.

Por ello, el diputado opositor insistió en que “el pacto democrático en el Parlamento debe avanzar ya mismo en puntos de encuentro entre distintos bloques que nos permitan sancionar una nueva fórmula previsional, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la actualización de las partidas destinadas a las Universidades Nacionales para evitar su cierre, la puesta en marcha de un urgente programa alimentario y un nuevo régimen en materia de alquileres. Ya hay varios proyectos en estas materias de distintos bloques que permitirían coincidir en un solo texto”.

“También debemos asumir el compromiso de no avalar privatizaciones arbitrarias de empresas públicas y retener para el Congreso las facultades de intervenir y decidir en materia de endeudamiento externo”, manifestó y cerró: “Este es el único pacto viable para sostener la democracia y la soberanía”.

La senadora nacional Lucía Corpacci (UP – Catamarca) cuestionó al oficialismo por la quita de subsidios al transporte y apuntó: “Estuvieron entretenidos todo este tiempo con la Ley Ómnibus, pero el Gobierno nunca tuvo interés real de que salga”.

En diálogo por la AM 990, la catamarqueña expresó “preocupación y angustia” por la situación del país y se refirió a la quita de subsidios: “Lo primero que hay que tener en claro es que cuando se habla de la quita de subsidios a las provincias y gobernadores, en realidad el subsidio se lo sacan a los ciudadanos. Los subsidios tienen un fin específico que es que el gobernador puede utilizar ese dinero para otra cosa que no era el fin al que estaba destinado. Lo que lo pagan son los ciudadanos”.

“Es muy preocupante lo que está pasando desde la falta de respeto por la Constitución, por las normas, por el reglamento del Senado por el tema del DNU y de la Cámara de Diputados. La verdad es que el DNU debiera estar tratándose. Nunca se vio un DNU de esta magnitud que mandó el gobierno, jamás se vio”, alertó.

Corpacci señaló: “No puede en un DNU un todo o nada donde quiere trata de modificar, derogar más de 70 leyes que, además, son leyes que impactan en nuestra vida cotidiana por ejemplo la privatización de las empresas ¿creen que funcionen bien?”, y apuntó: “Estuvieron entretenidos todo este tiempo con la ley ómnibus, pero creo que el gobierno nunca tuvo interés real de que salga”.

Respecto de los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las transferencias discrecionales a las provincias, la catamarqueña manifestó: “Ellos quieren hacerle creer a la ciudadanía que los gobernadores se quedan con la plata, esa es la campaña que están intentando instalar”.

“El ciudadano tiene que saber que no son partidas para la casa de nadie, son partidas para que los docentes compensen el salario a nivel nacional, es para las partidas docentes, para las provincias impacta enormemente”, aclaró.

En tanto, cargó contra los libertarios: “Yo creo que esta gente cree que no está en una democracia, creen que puede tener un gobierno unipersonal sin control y hacer lo que quieran, pero eso no es así. Muchos legisladores seguros les dijeron que iban a acompañar, pero pusieron un límite”, y sumó: “Las cosas que yo escuche que este presidente les dijo a los gobernadores me preguntaba ¿hasta cuándo van aguantar?”.

Por otro lado, la senadora opositora se refirió al posteo en la cuesta oficial de Javier Milei en la que está caracterizado como el personaje de Terminator y apunta contra los gobernadores y legisladores: “Es tremenda la imagen que subió apuntando a los gobernadores, pero también la lista de quiénes son los leales y quiénes son los traidores, es algo nunca visto desde presidencia. La justicia debería intervenir porque eso fue una amenaza tremenda”.

“Los libertarios y algunos sectores del Pro y la UCR se la pasaron acusando a nuestro espacio político de no respetar las instituciones, ahora jamás nunca dijimos que los vamos a extorsionar, ni asfixiar, son cosas graves como es tan grave la postura internacional, a mí me preocupa mucho”, criticó Corpacci.

Por último, se refirió al pedido de sesión en el Senado por parte de su bloque y la reciente denuncia contra la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, por no atender esa solicitud: “Todos los plazos para tratar el DNU están vencidos por eso los diputados o senadores deben llamar como cumplir su deber de funcionario público a una sesión para tratarla, sobre todo en la gravedad y magnitud que tiene derogando leyes, desregulando todo, privatizando y vender empresas del Estado. Esta semana vamos presentar otra nota y vamos a dejar en claro que esta incumpliendo”.

“Yo ahora espero que nos empiecen a apuntar personalmente y el propio presidente empiece a marcar cuestiones de nuestra vida personal, porque creo que eso va a venir en la Argentina, pero a mí no me interesa”, fueron los dichos del diputado nacional Nicolás Massot durante una entrevista radial respecto de lo que sucederá a aquellos que voten en contra de la ley ómnibus en el recinto y afirmó que está dispuesto a sostener sus convicciones y a poner límites, aunque eso provoque que el oficialismo apele a una especie de suelta de “carpetazos” para afectar la imagen pública de los legisladores.

Alertado por estas declaraciones, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que es “gravísimo” lo que preanuncia el miembro de Hacemos Coalición Federal.

“Carpetazos y difamaciones sobre los legisladores nacionales de acuerdo a sus posicionamientos respecto a la ley ómnibus”, indicó Martínez y señaló que “es una irresponsabilidad que el oficialismo pretenda sesionar en este contexto de amenazas y aprietes. También, es irresponsable que otros bloques se lo permitan”.

El titular del bloque de Unión por la Patria en la cámara de Diputados, Germán Martínez (Santa Fe), advirtió que “el que traiciona una vez, lo hace dos veces”, al referirse a los tres legisladores tucumanos que abandonaron la bancada para acompañar el proyecto de la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei.

“Este miércoles por la tarde, durante el acto de la CGT, apareció un dictamen visado firmado por las autoridades de las comisiones. Ellos firmaron el dictamen a las 2 de la mañana y apareció casi 14 horas después. Eso ratifica lo que decíamos que estaban firmando el dictamen sin tener el texto definitivo. Ninguno de los 55 diputados que firmaron el de mayoría conocían lo que estaban firmando. Eso es un tema grave desde lo institucional y desde lo político”, comentó en diálogo por Radio 10.

En esa línea, el santafecino cuestionó: “Eso habla a las claras de cómo se están llevando las políticas parlamentarias del gobierno y también la escasa personalidad de aquellos que han firmado el dictamen de mayoría para, de mínima imponer, generar las condiciones para que las cosas que se estaban negociando se digan en voz alta en el plenario. Fue una actitud vergonzosa de la LLA y también del resto de los diputados que firmaron ese dictamen”.

“El tema de la zona fría estaba presente en el texto con limitaciones profundas. En el medio de la noche habían negociado que seguía vigente, pero después cuando salió el dictamen seguía originalmente. Ese es una cuestión de mala fe parlamentaria porque si haces una negociación con alguien para que saquen tal tema, pero después sigue apareciendo es porque te obligan a firmar algo y resulta a ser que eso sigue sin solucionarse. Detrás de todo esto hay un montón de pequeños temas cotidianos que van a ser profundamente dañados por la ley ómnibus”, denunció.

Martínez criticó al oficialismo porque “decían que iban a sesionar el fin de semana y no es así, eso es por el desorden que provocó la negociación política para tener la firma del dictamen. Necesitan ordenar el texto y reestablecer las mesas de negociación política con los mismos que lo acompañaron el otro día porque no cumplieron con la palabra”. “Necesitan tiempo para repasar las mayorías en cada artículo”.

“El artículo 1 que delega facultades quedó igual, pero acortaron el plazo a un año con posibilidad de prorrogarse un año más a través del Congreso. El problema es el volumen de las facultades que se delegan”, informó y avizoró: “Va a haber un fuertísimo debate. Se me hace que algunos artículos van a caer”.

El santafecino apuntó: “La vocación de extorsión que ejerce Milei, su ministro y su referente son infinitas, están todo el tiempo buscando extorsionar a distintos sectores de la política, lo hacen todo el tiempo con agresiones, con aprietes, con insultos, después está la actitud de uno de dejarse apretar y extorsionar y avasallar por los insultos de otro”

“Espero que pongan toda la cabeza en ver cómo evitan que este tema sea aprobado más allá de lo expresaron en el dictamen. Algo se rompió en el día después de las amenazas de Caputo y que lo digan en voz alta”, analizó Martínez respecto de los dichos del ministro de Economía y las respuestas de los jefes de bloques opositores que salieron a responderle y que, previamente, habían acompañado el dictamen de mayoría.

El mensaje a los diputados de Jaldo

Al ser consultado por los tres diputados tucumanos -Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández- que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, que también firmaron el despacho del oficialismo y rompieron con el bloque UP, Martínez dijo: “El que traiciona una vez, lo hace dos veces. Hay que estar atentos”.

“Este jueves, este viernes, este fin de semana se van a empezar a trascender las razones por las cuales cada uno se sumó al dictamen. Después cada uno le pondrá el nombre que quiera, pero te aseguro que detrás hay cosas concretas como recursos y aprietes a las provincias”, subrayó Martínez.

El diputado nacional trazó un paralelismo con lo sucedido durante la votación de “la 125”, el proyecto que establecía un esquema de retenciones móviles en 2008. Y deslizó una sugerencia.

“Nuestro bloque parlamentario perdió 19 diputados nacionales, fue una sangría terrible. En una reunión con representantes de la Unión Europea, que tienen sistemas parlamentarios muy duros, varios de ellos no entendían cómo a ese diputado no se le saca la banca”, sostuvo Martínez.

Consultado acerca de si lo sucedido con los diputados tucumanos se podría replicar con otras provincias del bloque, respondió que Unión por la Patria trabaja en un plan contención.

“Yo desearía que no, y todo nuestro bloque trabaja para que no. Viví con mucho dolor lo que pasó el otro día a la noche porque cuando hay un diputado que ha sido electo con la boleta de nuestro espacio político y que ocupan lugares de relevancia en las comisiones es porque uno presume que tiene un compromiso colectivo muy fuerte. Hay vínculos que se rompen cuando estas cosas pasan porque cuesta confiar”, concluyó.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) se refirió al debate por la ley ómnibus impulsada por el oficialismo y cuestionó: “Es notorio que los funcionarios que vinieron no escribieron esta ley”, al tiempo que denunció que La Libertad Avanza “juega de espaldas al Congreso, quieren que sea un mero trámite y así no es, se van a llevar una sorpresa”.

El legislador opositor adelantó que su bloque “va a votar en contra, estamos unidos los 102 diputados, es por eso que decidieron ocupar nuestros lugares en las comisiones”. En tanto, resaltó: “De todos modos, he escuchado voces muy críticas de los diputados que ocuparon el lugar que nos correspondía en las comisiones en el debate sobre el proyecto”, y anticipó: “La ley ómnibus que para mí es una continuidad de ese DNU, no va a ser aprobada”.

Entrevistado en Radio Provincia, Valdés expresó: “El lunes convocaron a las comisiones para escuchar a la sociedad civil, espero que vengan a expresarse todas las voces de los sectores afectados, la cultura, los farmacéuticos, el presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra, que realizó fuertes críticas” sobre este punto sostuvo: “No encontré ningún constitucionalista, piense o no como yo, que diga que esta ley está dentro del marco del Derecho”.

Sobre el cierre, el dirigente peronista fue consultado por la posibilidad de una visita del Papa Francisco a la Argentina: “Lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que venga el Papa, sobre todo en estos momentos, a mi entender es quien predica contra el descarte de jóvenes y viejos. Plantea mirar hacia los más humildes y vulnerables en su prédica de Justicia Social, me parece muy importante escuchar su voz”.

El diputado nacional Leopoldo Moreau (UP) hizo uso de la palabra en el plenario de comisiones de Diputados en el tratamiento de la ley ómnibus posterior a la exposición breve de los tres funcionarios que asistieron a explicar el texto y cuestionó: “No han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo”.

“No tuvimos un funcionamiento muy ordenado al principio de este plenario. Desde que escuchamos a un funcionario que no sabíamos qué función tenía y ni siquiera su apellido, hasta la introducción de la filosofía del Derecho que poco tiene que ver con el tratamiento específico de lo que vamos a tratar acá”, criticó.

En esa línea, Moreau apuntó: “Algo que no ocurrió jamás en la historia argentina y de este Parlamento que el abordaje de un decreto de necesidad y urgencia y la propia ley ómnibus suman casi mil artículos y reforman artículos constitucionales, códigos de fondo, el código penal, leyes que han formado parte de consensos base que han constituido la democracia”.

“Es un hecho que merece un abordaje de otra naturaleza con participación de todas las comisiones involucradas”, reclamó.

El diputado opositor sostuvo que “en ninguna de las crisis que se vivió se dio una respuesta institucional de esta naturaleza y la verdad es que la democracia tuvo crisis. Cuando el presidente Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad porque la verdad es que el Dr. Alfonsín podría decir lo mismo con una violación sistemática de los derechos humanos y, también, recibió un país con una inflación que rondaba el 4 mil por ciento, con una crisis económica terrible. Esa también era una herencia difícil y no se resolvió dándole al presidente Alfonsín la suma del poder público, sino que se resolvió a través del consenso político”.

“Menem también podría decir que recibió una situación de crisis económica, no institucional y se votó, y acá está presente el Dr. Barra que mucho tuvo que ver con la reforma del Estado y él recordará, que esa ley de reforma no tuvo ni de cerca el alcance que se pretende a la que hoy estamos discutiendo”, recordó.

Además, recordó que “después se volvió a otra crisis que también resolvió la política que fue la del 2001 que se desbarrancó del intento de seguir con la convertibilidad, que se prolongó por la tozudez de un gobierno de De la Rúa”, y lanzó: “Que no tuvo el coraje de cambiar esa política y, por el contrario, se dejó asesorar por los mismos que asesoran hoy a Milei”.

“La política le dio libertad, sufragio, democracia a los argentinos y en los momentos graves de crisis le dio las herramientas para resolverlas y ahora nos vienen a plantear una herramienta que esta fuera de las instituciones y quieren imponer un estado de excepción, ponerse por encima de las normas constitucionales porque necesitan los instrumentos para callar la protesta social”, denunció.

En tanto, resaltó: “Nosotros no vamos a tolerar a 40 años de la democracia que en nombre de una crisis que no es tan grande como la que dimensionan para buscar este resultado, nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera que las reformas del Código penal nos lleven al pasado, que se reinstale el estado de sitio”, y exigió saber “quiénes han redactado estas normas porque ahí si están violando gravemente su deber respecto a la constitución están diagramando un estado represivo para sostener una política económica . No hay márgenes para dictaditas militares ni estados policiales como algunos en el Gobierno quieren”.

“¿Cómo se pretende que el Congreso delegue todas estas responsabilidades en las irresponsabilidades de quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo?”, preguntó críticamente.

Por último, solicitó que retiren el DNU porque “es un desatino y esta ley ómnibus es la repetición de este desatino por mil y no tiene ninguna razón de ser”, y reiteró: “Quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo. Busquen consenso y discutamos tema por tema no estamos dispuestos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento argentino”.

“El presidente tiene que elegir si quiere ser virrey de una colonia o presidente de la Argentina y tiene que empezar a respetar el principio de división de poderes. Tiene un programa político que apunta en la dirección de ser colonia. Esto no es un plan económico sino de negocios”, concluyó.

A partir de este lunes quedó sin vigencia el programa Compre sin IVA que había impulsado el exministro de Economía, Sergio Massa, y que no fue prorrogado por el presidente de la Nación, Javier Milei, pese a que en Diputados acompañó el proyecto para convertirlo en ley en la sesión del 10 de octubre y que durante su campaña había prometido mantenerlo.

Uno de los que salió a cuestionar dicha medida fue el diputado nacional Daniel Arroyo (Unión por la Patria) quien a través de su red social “X” publicó un video en el que expresó: “El gobierno fue para atrás con la devolución del IVA en los alimentos. Es absurdo, no tiene sentido”.

“Hasta el 31 de diciembre, las personas de menos recursos compraban alimentos y se les devolvía el IVA del 21% hasta 18 mil pesos. La comida tiene que salirle mucho más barato a los que menos tienen”, planteó.

Para Arroyo “se pueden discutir muchas cosas, yo estoy muy lejos de las ideas del Gobierno, muy lejos de este shock y ajuste a lo bestia que se está encarando, pero esto es una cosa de racionalidad, de entender lo mínimo de lo mínimo”.

Así, pidió volver atrás con esta medida y “generemos de vuelta la devolución del 21% del IVA a los que menos tiene y que comer sea más barato para los más pobres en la Argentina”.

Fuerte rechazo despertó el mega proyecto de ley ómnibus que el Ejecutivo envió este miércoles al Congreso con más de 600 artículos, uno de ellos fue el del diputado nacional Daniel Arroyo (Unión por la Patria) quien comparó la “mega ley” con “una tesis universitaria donde escribió todo lo que le parece”, y alertó que “el problema principal es que le otorga la suma del poder público al presidente de la Nación”, y adelantó que votará en contra de la ley y del DNU en caso de llegar al recinto.

En diálogo por la AM 990, el diputado opositor manifestó: “La ley tiene un problema central y es que concentra toda la suma del poder público en el presidente. La ley establece que hay emergencia prácticamente en todo, que tiene capacidad legislativa el presidente por la emergencia hasta 31 de diciembre de 2025 y lo puede prorrogar dos años más hay un problema central es que esto está por fuera de la caja democrática”.

“Uno puede discutir si tal contenido es mejor o peor, si es más mercado o menos mercado, si la política pública es buena o mala, pero no puede suceder que toda la concentración de la suma del poder en democracia lo tenga el presidente de la Nación por cuatro años si se apruebe la ley”, advirtió.

El legislador opositor explicó: “Luego viene el tratamiento específico es una ley que habla de todo, que básicamente incorpora todos los temas entiendo que ya hay que conformas las comisiones por lo menos la de Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, RR.EE, más otras varias como Educación, Salud, y ahí empezar a tratarse, pero el problema central es que le otorga la suma del poder público al presidente de la Nación”.

“Primero vino el decreto que tienen que tratarse en la Bicameral con sus 18 legisladores y espero se constituya ya, es un decreto inconstitucional porque en esencia modifica y deroga 300 leyes, desregula la actividad económica general a cuenta de necesidad y urgencia, tiene que venir al recinto y yo voy a votar en contra. En el caso de la ley hay que tratarse en cada cámara por separado y conformar las comisiones”, anticipó y reiteró: “Más allá del contenido que son también muy preocupantes, pero la suma del poder público al presidente no funciona así la democracia”.

Arroyo planteó: “Claramente hay que frenarlo. Hay muchas presentaciones de amparo ante la justicia porque el decreto empieza a ponerse en vigencia desde mañana viernes y seguramente la justicia va a tomar medidas”.

“No hay nadie que crea que el decreto es constitucional, ningún especialista entiende que el decreto sea constitucional y entiendo que la justicia va la venia al amparo y a parar el decreto. A la ley hay que votarlo en contra porque no es solo el tema de las reuniones de pedir permiso y el retroceso que eso implica, elimina la movilidad jubilatoria y van a tener aumentos de acuerdo a lo que el gobierno defina y ya dijo que van a bajar 5 puntos el déficit y para eso licuan el ingreso de los jubilados porque no tiene de otra manera cumplir con la meta fiscal y genera cambios profundos de que el país se vuelva a endeudar sin pasar por el Congreso y volver a tomar nueva deuda”, alertó.

También señaló que “utiliza el fondo de garantía de sustentabilidad que es el fondo de los jubilados se lo pasa al Tesoro Nacional, da la posibilidad de privatizar 46 empresas y varios puntos más”.

“Verdaderamente es algo no racional presentar una ley como esta”, cuestionó y planteó: “Lo racional sería salir de esta de la suma del poder público y después presentar diferentes leyes con distintos temas que se puedan tratar en el Congreso y que consiga la mayoría parlamentaria para aprobarlo”, y chicaneó: “Una mega ley que mete todo es más una tesis universitaria donde escribió todo lo que le parece de cómo debería funcionar la economía y la sociedad que una ley o un decreto”.

El diputado de UP insistió: “El núcleo del problema es que plantea ‘usted presidente haga lo que le parece durante los próximos 4 años y haga de legislador y olvídese del Congreso’. También hay cuestiones brutales como autorizar a una reunión de más de tres personas, la Ley de los mil días, la Ley de Bosques”.

“En el tema electoral lo que define es que todo es por circunscripción uninominal. Independientemente de cada punto el núcleo del problema se le está dando la potestad al presidente de que haga lo que quiera y eso está por fuera de la caja democrática y no se puede permitir”, cuestionó.

Arroyo cerró: “La ley ómnibus tiene que tratarse en Congreso y si este paquete se mantiene así yo voy a votar en contra. Antes el gobierno sacó un DNU derogando 300 leyes y modificando todo, ese decreto empieza en vigencia mañana y la forma de pararlo es que la justicia lo frene y el otro camino es que el Congreso conforme la Bicameral y lo rechace el propio recinto”.

La diputada nacional y exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz (UP) respaldó la movilización hacia Tribunales y planteó que “el Ejecutivo no se puede llevar puesta la labor parlamentaria y el rol del Congreso Nacional”.

En diálogo por la AM 990, Tolosa Paz expresó: “Tomó fuerza la postura de nuestra querida CGT, donde no solo es una marcha que expresa en la mayoría del conjunto de hombres y mujeres afectados por este decretazo impuesto por Javier Milei, sino el pedido importante y la presentación que hicieron de inconstitucionalidad de la norma que para el presidente tiene que empezar a regir la vida de los argentinos”.

“Hay un montón de presentaciones judiciales, esta quizás para nosotros quienes defendemos el rol del sindicalismo en el país y la defensa de los derechos de los trabajadores era una medida necesaria y como legisladores nacionales tuvimos el honor de conversar con toda la CGT en el marco de lo que nos toca para el tratamiento de la Bicameral y las normas que vamos a tener que mirar en el pedido de extraordinarias”, agregó.

Además, sostuvo: “Cada uno puede tener distintas posiciones respecto del acompañamiento o no de la CGT. Nosotros como legisladores nacionales no solo acompañamos el pedido de inconstitucionalidad, sino que nos comprometemos a ponerle voz a la defensa férrea de los derechos de los trabajadores en el recinto que es lo que nos toca”.

“La labor parlamentaria también es un lugar de lucha que nosotros tenemos por delante y compromiso con quienes nos votaron. Muchos se están arrepintiendo con este decretazo de esta magnitud. No hay sector de la economía formal, informal que se ven perjudicados se ven diariamente en el aumento de precios, apertura de la economía, liberación de importaciones, devaluación afectó la vida de todos, esto es lo más importante”, planteó.

Para la diputada opositora: “La mejor respuesta es la lucha, la presentación de inconstitucionalidad en la justicia y nuestra tarea como diputados”, y resaltó que “la bicameral va a ser clave al igual que nuestra postura como bloque en defensa de los derechos de los trabajadores”.

“Milei tiene que saber que la República tiene tres poderes y son claves enmarcados en la Constitución y el Ejecutivo no se puede llevar puesta la labor parlamentaria y el rol del Congreso Nacional. Las cuestiones de forma han sido violadas. Este decretazo tiene que ser revisado y se arroba cuestiones legislativas. Si hay que modificar leyes tiene que ser de cara al Parlamento y eso se vio cuando Milei habló contra el Congreso y se quiere llevar puestas las competencias del Congreso”, cerró.

El titular del bloque oficialista en la Cámara baja y precandidato a renovar su banca por Santa Fe, Germán Martínez, destacó que el ministro de Economía y postulante presidencial Sergio Massa “es el líder que Argentina necesita”, al realizar una recorrida por los departamentos de San Justo y General Obligado.

“Nuestro país tiene enormes desafíos para vivir mejor y sin dudas Sergio Massa es el líder que Argentina necesita”, aseguró Martínez al recorrer el centro norte santafesino, en una visita que incluyó localidades como Gobernador Crespo, San Martín Norte, Malabrigo y Reconquista, según consignaron fuentes partidarias.

“Con Sergio Massa presidente tenemos una enorme oportunidad, por su capacidad de gestión y porque sabe hacerse cargo de los problemas y de buscarle soluciones”, valoró el legislador y agregó: “La Argentina que viene ofrece enormes oportunidades y Sergio Massa es el más capacitado para administrarlas”.

Además, señaló: “Tenemos una gran cantidad de desafíos como el energético y otros temas como la conectividad, la integración regional con mercados que no solamente pueden consumir lo que nosotros producimos, sino que pueden requerir los recursos humanos valiosos que tiene la provincia de Santa Fe. No tenemos que regalarles el país a los que quieren que sea para pocos”.

Luego, se reunió con pequeños productores, emprendedores rurales y el presidente comunal de San Martín Norte Juan Testa. En Reconquista, compartió un acto con el intendente Enrique Vallejos, su compañera de lista de diputados nacionales Patricia Petean; la candidata a senadora por el departamento, Soledad Zalazar; los candidatos a concejales Haydeé Vargas, y Javier Machado; y los actuales concejales Gustavo López y Adolfo Fito Maggio.

En tanto, en su visita a Malabrigo, Martínez recorrió instituciones junto a los candidatos provinciales Luciano Galiani (intendente), Luis Carlos Nardin y Ainelen Mercedes Bugnon (concejales).