Diputados del bloque de Unión por la Patria celebraron a través de las redes la caía de la sesión de este jueves en la Cámara baja que iba a tratar el proyecto de ficha limpia y apuntaron que solo era para “proscribir a CFK”.

El diputado Leopoldo Moreau expresó: “Hoy se frustró el intento mafioso de Macri de darle a sus jueces amigos de Comodoro Py la facultad de decidir a quién le dan ficha limpia o a quien se la ensucian para proscribirlo. En democracia deciden los votos de los ciudadanos y no los votos de los jueces amigos”.

En el mismo sentido, Vanesa Siley señaló: “Nuevamente el Pro, la Libertad Avanza, la UCR y aliados no consiguieron quórum para la media sanción de la denominada ‘ficha limpia’, un proyecto que pretende restringir la voluntad popular proscribiendo a la principal líder de la oposición: Cristina Fernández de Kirchner”.

Hugo Yasky compartió un video de expresión en minoría del diputado de la CC Juan Manuel López: “En menos de 1 minuto un diputado del opooficialismo realiza una confesión de parte para dejar en claro que el proyecto ‘ficha limpia’ con justicia corrupta sólo tiene un objetivo: proscribir a Cristina”.

¿Vieron que lo de ficha limpia era solo para proscribir a @CFKArgentina y por el cagazo de que les gane de vuelta? Si no me crees, acá te lo deja clarito @JuanmaLopezAR pic.twitter.com/kEOAqxW98R

— Tomás Ledesma (@tomiledesmaok) November 28, 2024

“Hoy se cayó Ficha Limpia, una iniciativa del Departamento de Estado para el exterminio político de los líderes populares en América Latina. Mientras te distraen con estas boludeces ilegales, los verdaderos corruptos, como el Toto Caputo y Macri, siguen robándose el país”, disparó Rodolfo Tailhade.

El dictamen de UxP sobre ficha limpia es realmente serio y no se sube al tren de la proscripción.

Si van a hablar, que sea con dictamen en mano y leído. De paso, la fundamentación es muy buena. A los periodistas les recomiendo que la lean también.

Proponemos que:
1) Los… pic.twitter.com/t3SOEWidRP

— Julia Strada (@Juli_Strada) November 28, 2024

Luego de que el Gobierno Nacional decidiera poner a la venta más de 300 inmuebles en todo el país, el diputado nacional Eduardo Toniolli (UP) presentó un proyecto de ley para impedir la enajenación de aquellos que resulten estratégicos para la actividad ferroviaria, por considerarlos “un recurso disponible para la conectividad y el desarrollo integral de la Argentina”.

El diputado de UP afirmó: “Hay que detener el ferrocidio”. Por ello, la iniciativa propone que sea el Congreso Nacional el que disponga cualquier eventual desafectación, mediante una ley especial.

“A la política de degradación planificada del transporte ferroviario que viene llevando adelante el gobierno de Milei desde su asunción -que incluye desinversión, falta de mantenimiento, suspensión de licitaciones, recorte de frecuencias y cierre de servicios-, ahora se le suma esta pretensión de rematar terrenos e inmuebles públicos claves para el transporte y la movilidad de los argentinos”, señaló Toniolli en declaraciones a la prensa.

El diputado santafecino explicó que algunas de esas instalaciones están plenamente operativas, “como un sector de vías activas en Pergamino, o los talleres de Mendoza y de Alta Córdoba”, y amplió: “Otros terrenos, como los de la estación Belgrano de Santa Fe, no están en uso para la actividad ferroviaria, pero de venderse sin un criterio mínimo de preservación, la ciudad perdería para siempre la posibilidad de recuperar sus trenes metropolitanos de pasajeros e incluso el acceso ferroviario a su puerto”.

La iniciativa define como “activos estratégicos de la Nación” a los bienes inmuebles del Estado Nacional destinados a la prestación de servicios ferroviarios de pasajeros y de cargas, incluyendo “líneas principales, ramales secundarios y terciarios, estaciones, franjas de terreno lindero de las trazas, playas, patios de maniobra y clasificación, cocheras y talleres”. La figura abarca tanto a los bienes en uso, cómo a aquellos que están inactivos, pero son potencialmente útiles para la prestación del servicio ferroviario.

“Esta no es la primera vez en nuestra historia reciente que se intenta avanzar con el remate de tierras ferroviarias, de hecho, la administración Macri realizó operaciones similares que después fueron objetadas por la Auditoría General de la Nación”, detalló Toniolli.

El diputado de UP remató señalando que “con un hombre de IRSA y de Eduardo Elsztain a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, el objetivo del Gobierno Nacional es evidente: liberar tierras para desarrollos inmobiliarios, sin que medie ninguna planificación estatal y sin tener en cuenta las necesidades de los centros urbanos en los que se emplazan esos terrenos, entre ellas las de movilidad y transporte”.

La diputada nacional Natalia Zaracho (UP) presentó un proyecto de modificación a la Ley 22.362 (Ley de Marcas), a fin de garantizar el derecho al trabajo de los trabajadores de la venta ambulante y las ferias.

El proyecto responde a “un histórico reclamo de un sector perseguido y criminalizado bajo el marco de una normativa que los excluye y vulnera”. Legisladores, representantes del poder judicial y representantes de la economía popular destacaron la importancia de esta reforma que llega en un contexto de “creciente precariedad laboral, donde cada vez más familias recurren a la venta ambulante como única forma de subsistencia”.

En el acto de presentación en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, Zaracho sostuvo: “Nosotros tenemos que seguir impulsando estas leyes, una agenda que tenga que ver con estas reivindicaciones y con lo que soñamos que es la transformación y el reconocimiento de los trabajos de la economía popular”.

El proyecto es acompañado por los diputados de UP Paula Penacca, Cecilia Moreau, Blanca Osuna, Eduardo Toniolli, Mónica Macha, Roxana Monzón y ItaÍ Hagman.

Fernando Vaimbrand, presidente de la Federación de Trabajadores en Espacios Públicos (UTEP) orador en la jornada manifestó: “Tenemos que sufrir la utilización de leyes como herramienta de castigo a nuestra actividad laboral, cuando nosotros lo que buscamos diariamente es poder subsistir”, y agregó “Creamos este proyecto para poder proyectar a futuro que nuestros derechos no sean más vulnerados como vienen siendo y sean garantizados porque trabajar es un derecho”.

¿Qué plantea la modificación? El proyecto introduce dos cambios fundamentales en la Ley de Marcas. La despenalización de la venta de productos que imitan marcas registradas, donde se establece que no será punible la comercialización de productos que imitan logos o marcas registradas cuando sea evidente que no se trata de productos originales. Esto se determina por factores como el lugar de venta, el precio y la calidad del producto, siempre que no exista confusión en el consumidor. Además, esta despenalización se aplica exclusivamente cuando la venta se realiza con fines de subsistencia; y, por otro lado, la prohibición del decomiso y destrucción de mercadería, es decir, prohíbe que las fuerzas de seguridad decomisen o destruyan la mercadería.

El presidente de la Nación, Javier Milei, endureció su enojo hacia la ex canciller Diana Mondino y afirmó que la exfuncionaria cometió un "error imperdonable, le costó el puesto a los 30 minutos", y anticipó que va a sumariar y echar a todos los responsables del voto argentino contra el bloqueo de los Estados Unidos a Cuba.

Durante una entrevista que tuvo con su pareja, Amalia "Yuyito" González, el mandatario expresó: "Monitoreamos las redes todo el tiempo, porque cuando aparece un problema se puede resolver muy rápido. Por ejemplo, el imperdonable error que tuvo Mondino el otro día le costó su puesto en 30 minutos".

"Yo había definido que mi alineamiento en el mundo era con EEUU e Israel, nosotros teníamos que estar ahí, no en otro lado", señaló Milei y fue más lejos al anticipar que "ahora estamos haciendo un trabajo en donde todos los responsables de esto van a ser sumariados".

A raíz de sus dichos, el diputado nacional Eduardo Valdes (UP) le pidió a Milei que “rectifique sus agravios sobre el personal diplomático argentino por haber promovido el voto de Argentina en Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba”.

“QUIENES HICIERON ESTO SOLO HAN CUMPLIDO CON LA LEY 24.871 de 1997, gestión Carlos Menem. En su artículo primero, párrafo segundo, la ley prohíbe votar un bloqueo económico o político a cualquier país del mundo”, le recordó Valdés.

Señor presidente @JMilei , con mi mayor respeto le pido que rectifique sus agravios sobre el personal diplomático argentino por haber promovido el voto de Argentina en Naciones Unidas en contra del bloqueo a Cuba. QUIENES HICIERON ESTO SOLO HAN CUMPLIDO CON LA LEY 24.871 de 1997,… pic.twitter.com/fUNRKcUpNH

— Eduardo Valdés (@eduardofvaldes) November 4, 2024

El senador nacional Mariano Recalde (Unión por la Patria) presentó un proyecto de declaración repudiando el cierre del Hospital Nacional de Salud Mental “Lic. Laura Bonaparte” que impulsó el Gobierno Nacional.

El proyecto denuncia que el cierre de los servicios de internación y de guardia significa el “abandono de pacientes de salud mental” e “indican que el objetivo del Gobierno Nacional es el cierre definitivo del Hospital, dejando sin tratamiento a miles de pacientes en salud mental, tanto adultos, como jóvenes y niños”.

A su vez, el proyecto detalla que “la problemática que aborda del Hospital Nacional Laura Bonaparte resulta fundamental en los tiempos actuales en que la salud mental y las adicciones exigen no solo el mantenimiento de una institución como ésta sino los máximos esfuerzos por dar respuesta, contención y un camino de recuperación a las personas que lo necesiten”.

Al respecto, el senador nacional declaró que “cerrar un hospital de un día para el otro nunca se ha visto en democracia”.  “Este es un paso más en esta idea que dijo Milei explícitamente, que es un topo que viene a destruir todo lo público, que viene a destruir el Estado desde adentro”, aseguró Recalde.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) presentó un proyecto en el Congreso mediante el cual solicita al Poder Ejecutivo "que en forma urgente arbitre los medios a su alcance a fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 77, 78, 79 y 80 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley 26.522) a fin de garantizar, a través de la TV Pública, el derecho de acceso universal en todo el territorio nacional, a la transmisión de los partidos de la Selección Argentina de fútbol por las Eliminatorias".

“Con gran sorpresa pudimos observar que el pasado 5 de septiembre de 2024 la Televisión Pública no transmitió en vivo el partido oficial que la selección argentina de futbol disputó contra Chile por las Eliminatorias para clasificar al mundial 2026, y por tal motivo una importante cantidad de compatriotas no pudo ver dicho evento deportivo”, argumentó Valdés en el proyecto y sumó: “Las razones aludidas por el canal público es que no lograron acuerdos comerciales con las empresas Torneos TyC Sports y Telefe".

Luego, el diputado remarcó que la TV Pública “es la única emisora que llega a todos los hogares en todo el territorio nacional y que puede verse gratuitamente sin necesidad de contar con servicios de TV por cable o satelital. Por eso, al privar de la posibilidad de ver los partidos oficiales de la selección argentina en forma gratuita a aquellos compatriotas que no pueden, o no quieren, abonar una señal de cable, el gobierno nacional está incumpliendo con la ley, en este caso la 26.522".

En tanto, Valdés recordó que "una situación similar ocurrió en 2023" lo cual "motivó al jefe de gabinete de ministros, Agustín Rossi, de conformidad con la ley de medios, a emitir la Resolución 228/2023 en la cual se declaró como "acontecimientos futbolísticos de interés relevante" a los partidos de la Selección Argentina que se disputaron durante el año 2023, lo cual obligó a su efectiva transmisión.

La diputada nacional Agustina Propato (UP) presentó un proyecto de ley que busca imponer mayores restricciones al Poder Ejecutivo en la venta de bienes inmuebles del Estado, con el objetivo de “proteger el patrimonio nacional, los bienes que hacen al patrimonio del sistema de defensa, del Ejército, de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina”.

La propuesta legislativa establece que cualquier intento de transferencia de dominio de un bien estatal, ya sea a entidades públicas, privadas o mixtas, deberá contar con una autorización expresa del Congreso Nacional.

Propato enfatiza que esta iniciativa surge como respuesta a la “manifiesta intención” del actual gobierno, liderado por el presidente Javier Milei, de “liquidar y destruir el patrimonio nacional que constituye el Estado”. Según la diputada, el proyecto tiene como objetivo evitar que el Ejecutivo disponga de los bienes del Estado sin el control parlamentario adecuado, resguardando así los intereses soberanos del país.

La propuesta responde a la “fuerte preocupación transmitida por las fuerzas, por el destino del Regimiento de los Patricios, Campo Hípico, Remonta, Veterinaria y Fabricaciones Militares”.

El proyecto de ley se fundamenta en el artículo 75, inciso 5, de la Constitución Nacional, que otorga al Congreso la atribución de legislar sobre los bienes de dominio público y privado del Estado. “En un contexto donde abunda la preocupación por las políticas de desmantelamiento del gobierno nacional, este proyecto busca establecer normativamente que sea el Congreso, en representación del pueblo argentino, quien en última instancia autorice la transferencia de bienes inmuebles del Estado”, declaró Propato.

Además, la propuesta contempla que cualquier operación de venta, enajenación o donación de bienes estatales, independientemente del tipo de adquirente, deberá ser aprobada por el Congreso. Esto incluye tanto las transferencias a título oneroso como las que se realicen a título gratuito.

En ese sentido advierte que a la Agencia de Administración de Bienes del Estado se le otorgó públicamente mandato para "avanzar en la puesta en marcha de los procedimientos administrativos correspondientes para la venta de centenares de inmuebles pertenecientes al Estado nacional".

La legisladora nacional destacó también la importancia de “transparentar e involucrar a todas las expresiones políticas”, en decisiones que afectan al patrimonio del país, especialmente en la venta de tierras e inmuebles estratégicos para la defensa de los derechos soberanos de la Nación.

“Los legisladores tenemos la responsabilidad de velar por los intereses de nuestro pueblo, y ello implica que debemos encumbrar como principio rector el de preservación del patrimonio nacional. No podemos permitir que nuestra patria caiga nuevamente en la senda de la dilapidación”, concluyó.

Ante la nueva reglamentación del turismo estudiantil, la diputada santacruceña Ana María Ianni (UP) elevó un pedido de informes al Gobierno Nacional para obtener información sobre el nuevo Reglamento de Turismo Estudiantil porque “no podemos permitir que nuevamente los estudiantes se vean expuestos a posibles estafas y que el Estado mire para otro lado”.

La iniciativa busca aclarar ciertos aspectos para “llevar tranquilidad tanto a los operadores turísticos como a las familias que contratan los viajes”. El proyecto de resolución fue presentado en la Cámara baja con el acompañamiento de un nutrido número de legisladores nacionales.

La misma se basa en la preocupación que generan para el sector turístico estudiantil las nuevas reglamentaciones relacionadas a los viajes de estudios y a los viajes de egresados, como así también, las cuestiones relacionadas a las garantías que tienen los turistas-usuarios o sus representantes legales en los casos de incumplimiento contractual, teniendo en cuenta el esfuerzo económico que realizan las familias para que estos viajes se puedan concretar.

“La normativa es confusa”, manifestó Ianni y cuestionó: “Hemos retrocedido muchos años dejando otra vez a la deriva a un sector tan sensible como es el que trabaja con estudiantes, donde todos sabemos de las estafas e incumplimientos que hemos sufrido con los viajes de egresados tiempo atrás”.

En esa línea, explicó: “Es un tema por el que toda la sociedad pidió al Estado una intervención para controlar y garantizar el cumplimiento efectivo de los contratos, algo que se había logrado con la implementación del Fondo Fiduciario conocido como ‘Cuota Cero’ y otra serie de requisitos que debían cumplir las agencias y los coordinadores a cargo de los grupos de menores en viaje, un tema muy delicado dado que con la nueva reglamentación se han eliminado una serie de exigencias que eran mandatarias para ocupar ese rol”.

En la iniciativa argumenta que con la desregulación que impulsa el Estado nacional para el sector turístico estudiantil, “no hay seguridad ni tranquilidad de que no se presenten inconvenientes y, en caso de ocurrir, de que se pueda asumir de manera rápida y ágil una solución a los consumidores”. Asimismo, con la nueva normativa los viajes podrían encarecerse ya que no se sabe quién asumirá el costo de la contratación del seguro de caución.

En este sentido el documento pide precisiones acerca de los mecanismos de acción, prevención y fiscalización de la autoridad de aplicación, requisitos y alcance para formalizar los certificados habilitantes, aspectos sobre la garantía y seguros en caso de incumplimiento, requisitos para los coordinadores de los grupos, entre otra serie de preguntas.

“El objetivo es alertar a tiempo para no tener que lamentar después inconvenientes que podrían haberse evitado”, aseguró Ianni.

En el cierre de bloques durante el debate por la nueva movilidad jubilatoria en la sesión de este jueves del Senado, el jefe de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, protagonizó un divertido cruce con la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, a quien le recordó la ocurrente frase sobre el presidente Javier Milei y la relación con la secretaria presidencial, su hermana Karina Milei: “Él es un jamoncito”.

El formoseño, comenzó alertando que el tema sobre movilidad jubilatoria tiene preocupado a “7 millones de personas”, y chicaneó: “Esto trataron los degenerados fiscales de los diputados que pusieron los votos para tratar el proyecto”.

“No dilatemos más esto porque la situación de estos 7 millones de personas es de emergencia. Sin embargo, acá se utilizó la técnica dilatoria de que había que analizarlo en comisión. Nosotros sabemos bien este tema, no hacía falta que venga tanta gente a explicarlo y, como dijo Lousteau, después de dos meses estamos tratando el proyecto tarde”, exigió el formoseño.

Así, apuntó contra el Jefe de Estado: “Cuando vos llegás al Gobierno con un discurso, el otro tema es cuando tenes que enfrentar la realidad y te das cuenta que todo lo que dijiste en el discurso que es relato, hoy recién algunos empiezan a entender al Gobierno. Íntimamente pienso que el presidente no entendía nada del tema del Estado”.

“Le pusieron dos economistas atrás que le vendieron un plan. Un plan que ya se ha aplicado en el país, no es algo nuevo. Estos mismos que fracasaron en el BCRA y en la economía, como Milei no tenía equipo lo compraron que, ya aplicaron este programa. Le vendieron que era lo nuevo. (Federico) Sturzenegger en el Banco Central hizo estragos, se lo advertí acá”, alertó.

Así, disparó contra el ministro de Economía: “(Luis) Caputo mintió de mañana, tarde y noche. Toda la previsión que dijo no era cierto. El plan económico de estas personas fue un desastre para el país porque la bicicleta financiera que instalaron aumentó en más de 100 mil millones la deuda argentina (…) Esto es algo que van a tener que revisar porque ellos deben pensar que no cometieron errores porque son nuevos, ustedes son nuevos porque están hace 6 meses en la política, pero Caputo, Sturzenegger son rapaces porque hace rato están, ustedes son de cuarta para ellos y no están entendiendo lo que están haciendo. Esta película ya la vimos”.

“Esto no es ningún programa económico, lo único que tienen es devaluación y déficit cero. ¿Ustedes están mirando los números de la economía argentina? ¿lo están estudiando? Yo se lo advertí cuando estaba el grupo de Macri que defendía esas políticas que llevaron a la ruina al país”, cuestionó Mayans.

El titular del bloque UP señaló que “el PBI cayó 3.58% en el primer semestre está previsto una caída superior al 5% y 7.5% en pandemia. Es estrepitosa la caída, sube la pobreza, la indigencia, revísenlo porque el programa económico no está funcionando. Perdimos 630 mil puestos de trabajo en 7 meses, pasamos de 5.7 de desocupación y tenemos dos dígitos de desocupación. Así aumenta la pobreza, la indigencia, aumenta el problema en el sistema previsional”.

“Este es un programa económico que le faltan dos patas: inversión y el consumo. El plan económico era devaluación. ¿Cuál fue el tema? El verso de Milei que decía 17 mil puntos de inflación ¿de dónde? ¿cómo hace sus cálculos?”, criticó.

En ese momento, Mayans señaló que “él –Milei- cree que entiende más de economía que los 20 zorros que tiene atrás como Caputo, Cavallo, que forman parte de un clan”, y chicaneó entre risas: “Él es un pobrecito, es un jamoncito, diría la vicepresidenta”, recordando la frase de la vicepresidenta respecto de su vínculo con Milei y su hermana Karina.

Sonriente y con la mirada fija, Villarruel le respondió: “Gracias, gracias por el favor señor Mayans… Gracias Mayans por traerme a colación”. “A mí me gustó el adjetivo calificativo”, respondió Mayans entre risas, a lo que la titular del Cuerpo replicó risueña: “Gracias Mayans, es un amigo”. “Tenemos que profundizar la amistad… y también dijo…”, remató Mayans que aprovechó para poner el dedo en la llaga de la interna oficialista.

Así, remarcó que Argentina “es el país más caro de Latinoamérica” porque “esta liberación que generaron de la economía provocó abusos en los servicios, medicamentos, alimentos, transferencia de recursos del sector laboral a estos externamente ricos. En julio 9.500 millones de dólares aumentó la deuda externa y en siete meses 81 mil millones”.

Por último, criticó el Pacto de Mayo: “Es vergonzoso el pacto que firmaron los gobernadores, son una manga de chupamedias”, y, retomando brevemente el tema de la sesión señaló: “Los jubilados son el 50% del estado que Milei quiere destruir y dijo que era un topo, un Terminator”.

Antes de darle la palabra a Ezequiel Atauche, jefe de bloque de La Libertad Avanza, Villarruel lo saludó a Mayans: "Gracias por su incendiario discurso".

El diputado nacional Pablo Todero (UP – Neuquén) presentó un proyecto de ley para que, tal como indica la Constitución, el Congreso sea quien autorice la venta de inmuebles propiedad del Estado Nacional.

El opositor explicó que actualmente la toma de decisiones en la venta o transferencia de terrenos, campos e inmuebles en general pasa únicamente por el Poder Ejecutivo a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), pese a que la Constitución establece que compete al Congreso “disponer del uso y de la enajenación de las tierras de propiedad nacional”.

Todero afirmó que “necesitamos que el Congreso cumpla con sus funciones. Hoy la venta y cesión de terrenos del Estado dependen de la voluntad de dos funcionarios de turno, cuando desde 1853 está explícitamente establecido que le compete al Parlamento. Si queremos calidad institucional, y evitar suspicacias o negocios ocultos con los bienes del Estado, cumplamos con el mandato constitucional”.

“La voz de los municipios es muy importante respecto a qué uso se les da a los inmuebles del Estado Nacional. En el interior del país sabemos bien el impacto que tienen los terrenos de ferrocarriles o el Ejército y cómo impactan las decisiones sobre ellos. Por eso, es fundamental que su voz sea tenida en cuenta”, agregó el legislador peronista.

La iniciativa también establece una mayoría parlamentaria especial para la venta de inmuebles que estén ubicados en Zonas de Frontera, así como la imposibilidad que aquellos que hubieran sido cedidos en el uso a favor de empresas públicas u organismos descentralizados formen parte de los bienes a privatizarse.

Al cumplirse 100 años de la Masacre de Napalpí ocurrido en Chaco un 19 de julio de 1924 la senadora nacional Nora Del Valle Giménez (UP – Salta) presentó dos iniciativas al respecto y contó que “este trágico hecho tuvo como saldo la muerte de alrededor de 1000 personas, entre familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, que realizaban una huelga para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos”.

La primera de las iniciativas, propone instituir el 19 de julio de cada año como el “Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí” en reconocimiento a la memoria de las víctimas del genocidio perpetrado contra los pueblos originario.

Además, establece que el Poder Ejecutivo deberá implementar actividades de publicidad, difusión y concientización relativas al “Día Nacional de Conmemoración de la Masacre de Napalpí”.

En cuanto a la segunda, expresa beneplácito al cumplirse 2 años de la histórica sentencia en el juicio por la verdad por la Masacre de Napalpí, que declaró la responsabilidad el Estado Nacional Argentino en la planificación, ejecución, y encubrimiento de la Masacre de Napalpí, considerada como un crimen de lesa humanidad, en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.

En medio de la crisis presupuestaria que atraviesan las universidades públicas y a la espera que en Diputados se aboquen en el recinto por los temas educativos en el mes de agosto, el diputado nacional Pablo Carro (UP – Córdoba) presentó un proyecto para actualizar las partidas del Presupuesto de los servicios de radio y tv de la Universidad Nacional de Córdoba.

La iniciativa contó con el respaldo de diputados coterráneos de diferentes bloques: Gabriela Brouwer de Koning (UCR), Juan Fernando Brügge (HCF), Soledad Carrizo (UCR), Natalia de la Sota (HCF), y Gabriela Estévez (UP).

El proyecto dispone una ampliación de la partida presupuestaria correspondiente al Presupuesto Nacional del ejercicio 2024 destinada a cubrir los gastos corrientes de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (SRT UNC), en virtud de la desactualización presupuestaria y la situación de emergencia que atraviesa los referidos multimedios público. “El Poder Ejecutivo Nacional destinará a los SRT UNC $ 2.651.024.000 como Transferencias Corrientes del Tesoro Nacional”, establece.

Presenté un proyecto acompañado por las y los diputados @gabiestevezok, @juanfbrugge , @MSoleCarrizo, @NataliaDLSok y @GabrielaBrouwer para actualizar el presupuesto de los SRT a partir de la inflación acumulada del 271,5% (Jun 23 - jun 24). 👇 pic.twitter.com/4HWELlWB06

— Pablo Carro (@PabloCarroOk) July 19, 2024

“Los SRT constituyen el principal grupo de medios públicos del interior de Argentina, con una audiencia distribuida en seis provincias, e históricamente han formado parte de las políticas públicas de comunicación como referentes universitarios en la materia”, fundamentó y precisó: “Ya finalizando el año 2023, las y los trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba comenzaron a alertarnos de una situación de profunda inestabilidad”.

Carro recordó que “el 27 de febrero del corriente año el Consejo Superior de la UNC aprobó un plan para ‘adecuar, reconvertir y reorganizar la estructura y funcionamiento de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) a los efectos de su continuidad y sostenibilidad’. A principios de julio de 2024, según nos informan fuentes sindicales del sector, más de 60 trabajadores/as adhirieron al primer programa de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas”.

Legisladores de los bloques Unión por la Patria, Frente de Izquierda y Partido Socialista se reunieron con quienes estuvieron privados de su libertad tras haber participado de la movilización contra la Ley Bases el pasado 12 de junio.

Además, este viernes por la mañana llevaron a cabo un festival solidario y se concentraron en Plaza de Mayo para exigir la liberación de Daniela Calarco y Roberto Gómez, detenidos que todavía están en penales de máxima seguridad y “por el cese de toda persecución penal y el cierre de las causas y por la defensa de los espacios de memoria y los DDHH”.

Así mismo, repudiaron enérgicamente las amenazas que recibieron agrupaciones musicales que participaron del evento, que surgieron luego de un re tweet del vocero presidencial, Manuel Adorni, de una nota del diario La Capital que se refería al festival como “show en contra de Milei”.

En tanto explicaron que las consignas “piden por la liberación de los 2 detenidos, Roberto y Daniela, y por el no desmantelamiento de los espacios de memoria. Esa agitación contra nuestros reclamos replicada por el vocero presidencial generó una escalada de odio que termina en una amenaza de muerte. Por lo que pedimos que tanto el diario La Capital como el vocero se retracten y se investiguen esas amenazas”.

“Exigimos una vez más libertad para Daniela y Roberto, así como también el cierre de todas las causas de los 33 detenidos”, cerraron.

Participaron por el bloque FIT los diputados nacionales Nicolás Del Caño, Vanina Biasi Mónica Schlottauer, Cristian Castillo y Alejandro Vilca.

Por UP Sergio Palazzo, Mónica Macha, Carlos Castagneto, Cecilia Moreau, Carolina Yutrovic, Natalia Zaracho, Juan Marino, Paula Penacca, Lorena Pokoik, Ana María Ianni, Pablo Carro, Leila Chaher, Sabrina Selva, Gabriela Estévez y Magdalena Mastaler. Se sumaron del bloque socialista los santafecinos Esteban Paulón y Mónica Fein.

El diputado nacional Carlos Cisneros (UP – Tucumán) se refirió a la aprobación de la Ley Bases y planteó que “es innecesario el DNU”, al tiempo que señaló que la restitución del Impuesto a las Ganancias “permite que se judicialice”.

En diálogo por radio Mitre, el tucumano habló sobre el cruce que tuvo con Martín Menem: “Como Presidente de la Cámara tendría que haberse pronunciado públicamente por las represiones a los diputados. Él debería actuar como Presidente del Cuerpo porque a él lo elegimos nosotros”, y agregó: “Entendemos que es oficialista, pero creemos que como presidente del Cuerpo debería haber tenido otra actitud, pedirle explicaciones a la ministra Patricia Bullrich porque el ataque a los diputados fue injustificado.

“Creo que él estigmatiza y hace poner en una posición incómoda cuando hace aparecer como que los diputados nacionales lo único que les interesa es ir a cobrar un sueldo con aumento. No conozco ningún diputado que le haya ido a pedir un aumento a Martín Menem eso es de anti política, no le hace bien”, cuestionó y analizó: “Si se hubiese establecido un diálogo desde el primer momento dentro de la Cámara con diputados nacionales de los distintos bloques tal vez esta Ley Bases hubiese salido antes, no hubiese sido necesario el DNU 73 y también las cosas hubiesen surgido de forma más espontánea”.

Cisneros aclaró: “No hay ningún bloque ni nadie que integre el club del helicóptero de los 257 diputados. Hay matices, posturas, firmezas, vehemencia, pero a todos les interesan que las medidas salgan y que no se perjudique a trabajadores ni jubilados y que al país le vaya bien”.

Al ser consultado por el impacto de Ganancias expresó: “Nos mata. Más de un 80% va a pagar impuesto a las ganancias. Yo escuchaba que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, va a judicializar. Yo creo que hay una zona gris que también nosotros la estamos analizando”.

Así, indicó: “Tenemos un equipo de abogados, desde Gustavo Ciampa, y Enrique Strega y el estudio Recalde, donde están analizando si los trabajadores bancarios judicializan porque nosotros entendemos que la cuarta categoría ya no existía más”.

El diputado de UP agregó: “Se creó un nuevo impuesto, pero con el rechazo del Senado, se debería haber dejado como estaba, como estaba, sin pagar tributo a los ingresos. Ahora, la Cámara de Diputados, a pesar del rechazo, creó un nuevo impuesto y eso permite que esto se judicialice”.

Por otro lado, expuso: “Nosotros el viernes tuvimos el cierre del Congreso Nacional del Gremio, el 51 Congreso, y el Congreso nos habilitó para hacer todas las gestiones necesarias, judiciales, gremiales y políticas, para evitar que este impuesto se lleve una parte importante del salario de los trabajadores bancarios”.

También comentó: “Estaba escuchando en el corte que hoy aumenta la nafta. Las cosas siguen aumentando. Nosotros esperamos que, ya que hay ley base, nos parece innecesario el DNU, y que también con todo, porque era la panacea, era como que, si salía la ley base, se empezaban a solucionar todos los problemas. Ahora gobiernen y traten de solucionar los problemas”. “Deroguemos el DNU porque es una superpoblación de facultades que no le hacen bien a la democracia. Nos parece innecesario el DNU, vamos a insistir para derogarlo porque no tiene razón de ser porque tienen la Ley Bases, el Gobierno no tiene excusas ahora”, cerró.

El diputado nacional y Secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo (UP), planteó en la sesión de este jueves que darle facultades legislativas a Javier Milei es igual que “darle una ametralladora con mira telescópica a un asesino serial”.

En su intervención, Palazzo apuntó: “Estamos tratando un par de leyes propuestas por el co-gobierno del Pro con la LLA. Digo co-gobierno porque gobiernan dos fuerzas presidenciales en el país.  Los integrantes del Pro, Patricia Bullrich y Luis Petri, y el presiente Milei y (Victoria) Villarruel”.

“Digo co-gobierno porque esta es la ley que le preparó Sturzenegger a Bullrich. Quizás por eso les costó tanto a los miembros de la LLA haber podido explicar a sus funcionarios y legisladores esta ley porque no es propia”, denunció.

Palazzo describió: “Es una ley teñida de actos de corrupción porque secuestraron el dictamen de mayoría de la primera ley, se lo robaron, se lo llevaron a un departamento en Recoleta para hacerle modificaciones de lo que ya habían votado. Fue integrantes de bloques que acompañan a la ley bases los que denunciaron carpetazos”.

Así, manifestó que “hubo una profunda extorsión a los gobernadores de las provincias a quienes les sacaron fondos a través de distintas barbaridades jurídicas y burocráticas que hizo el gobierno para luego ponerlos de rodillas y cambien la obra de una rotonda por la dignidad del pueblo y tengan que venir a votarles una ley con la nariz tapada”.

Respecto de la Reforma Laboral, la consideró como “regresiva” porque “pone los beneficios en el sector empresario y la quita de derechos a los trabajadores, pone en situación de despido cuando haya huelga, limita el derecho a huelga, pone a los trabajadores en situación en el marco del Código Civil y no del Contrato de Trabajo; sigue permitiendo el fraude laboral”.

“Tiene una delegación de facultades hacia alguien que en principio dice que viene del más allá a salvarnos del apocalipsis, que luego dice que es un tipo que viene a destruir el Estado y que luego dice que como economista aconseja pagar dólares de forma ilegal”, enumeró.

“Le damos facultades extraordinarias a un presidente que no tiene ni el equilibrio emocional ni la capacidad suficiente de la templanza para conducir los destinos del país. Es como darle una ametralladora con un cargador automático y mira telescópica a un asesino serial, eso es lo que están votando con la delegación de funciones”, comparó.

Para el diputado de UP el capítulo de Ganancias es “una inconstitucionalidad están generando un tributo con el voto de una sola cámara, no solo es ilegítimo, ilegal, anticonstitucional”.

“Son tan mentirosos que siguen diciendo que es 1.800.000 el minino no imponible, con la eliminación de la deducción del artículo 26 inciso X, Y y Z, con la eliminación del artículo 27, del punto 4 al 8 del artículo 82, con la eliminación del artículo 110 y 111 les privan a los trabajadores de que puedan deducir hasta 103.000 pesos de las 25 deducciones que se podían hacer.

Además de haberle mentido a los patagónicos en el Senado para que le acompañen la ley y hoy pierdan el 22% de incremento de las asignaciones y en el mínimo no imponible o los beneficios que tenían petroleros”, cerró.

El diputado nacional Eduardo Valdés (UP) se refirió al tratamiento de la Ley Bases y el paquete fiscal en Diputados luego de su aprobación con cambios en el Senado y señaló que “subir Ganancias a los trabajadores y bajar bienes personales a los empresarios es una canallada”.

De cara a la sesión de este jueves pedida por el oficialismo, Valdés planteó: “Ningún diputado puede decir que no sabe a quién le va a dar facultades extraordinarias, porque dijo todo que odia al Estado. Le van a dar las herramientas para que destruya al Estado tal como lo dijo. Subir Ganancias a los trabajadores y bajar bienes personales a los empresarios es una canallada”.

“Creo que esto ocurre porque el anti peronismo puede todo, porque no tiene ninguna justificación lo que están haciendo algunos sectores políticos. Los mismos que pidieron por la educación pública y por los ingresos de los jubilados, son los que van a votar y dar facultades inéditas al presidente para que haga lo inverso", aseguró.

En diálogo con Radio Provincia, el diputado del bloque UP indicó que, de aprobarse las iniciativas, va de suyo una posterior judicialización: "Ganancias y bienes personales fue rechazado por el Senado, no podrían tener validez. Los trabajadores a los que les descuenten ganancias van a tener todo el derecho de ir a la Justicia. Todos los constitucionalistas coinciden en eso, desde Gil Domínguez hasta Antonio Hernández. También Eduardo Barcesat. Se expresaron desde todos los signos políticos para expresar que es inconstitucional. Es la Justicia la que debe juzgar la constitucionalidad de los actos”.

Consultado por la votación en el recinto, Valdés se mostró confiado en lograr la unidad del bloque peronista para el rechazo: "Confío en que Unión por la Patria va a votar en contra en con sus 99 votos".

En tanto, se refirió a la posición de los llamados "bloques dadores de gobernabilidad" o "dialoguistas": "Hay algo muy grave: la UCR y Hacemos Coalición Federal saben que el Presidente no les va a cumplir ningún acuerdo".

Finalmente, Valdés aseguró que "Patricia Bullrich quiso transformar el día de movilización popular contra la ley bases en otra cosa con sus acusaciones de terrorismo y golpismo”, y agregó: "La decisión de la jueza Sevini de Cubría de liberar a gran parte de los detenidos da por tierra la versión del gobierno y del fiscal Stornelli. Bullrich estaba en la sala de situación monitoreando todo y dio la orden de reprimir a diputados opositores. Los diputados estábamos pacíficamente en la movilización, como hacemos siempre, para sacarnos una foto con el Congreso de fondo. Y la Prefectura avanzó sobre nosotros. ¿Está preparada para actuar en manifestaciones cuando todo lo que hace es cuidar la seguridad de las costas?".

El diputado nacional Roberto Mirabella (UP – Santa Fe) mantuvo un encuentro con el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (COCIR) en donde plantearon la problemática que está presentando el sector ante las nuevas modalidades de comercialización.

De la reunión participaron la presidenta del Colegio, Gabriela Ortiz de Urbina; el vicepresidente Patricio Arpini; el Coordinador de Relaciones Institucionales, Javier Poncet; y el vicepresidente de Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina (CoFeCi) Andrés Gariboldi.

El COCIR cuenta actualmente con 2500 profesionales y se compromete firmemente a jerarquizar la profesión. Esta institución promueve un control ético del ejercicio profesional, difundiendo y aportando conocimientos específicos a la comunidad de corredores.

Luego del encuentro, Mirabella expresó: “Mantuvimos una charla donde se remarcó la problemática que se está presentando ante nuevas modalidades de comercialización. Esta radica principalmente en el uso indebido de la profesión, con situaciones que pueden terminar en estafa”.

“También compartimos la creciente preocupación en torno al lavado de dinero, principalmente proveniente de la narcocriminalidad y que está presente en el mercado inmobiliario”, comentó el legislador opositor.

Por último, el santafecino sostuvo: “Es primordial trabajar en conjunto, generando nuevas herramientas y así alcanzar un sistema regulatorio y de control para que el corretaje inmobiliario sea mucho más transparente, seguro y profesional”.

La diputada nacional Roxana Monzón (UP) presentó un proyecto de declaración para expresar preocupación ante la evaluación crítica sobre la situación del país realizada por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Volker Turk.

El proyecto en cuestión fue acompañado por más de 40 diputados del bloque quienes coincidieron en alertar sobre “los efectos negativos de las medidas implementadas por el Ejecutivo en materia de género, garantías para necesidades básicas, acceso a la Justicia, Agenda 2030 y libertad de expresión”.

Entre los fundamentos, hace hincapié en el discurso de apertura de la 56a sesión del organismo, donde el encargado de velar por derechos humanos de la ONU mencionó el caso argentino y exhortó al Gobierno a poner las libertades fundamentales “en el centro de su política” y construir “una sociedad más unida e inclusiva”.

“En Argentina, las recientes medidas propuestas y adoptadas corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos. Estos incluyen recortes al gasto público que afectan particularmente a los más marginados, el cierre anunciado de instituciones estatales dedicadas a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia, y una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030ʺ, expresó Turk.

Asimismo, hizo saber su preocupación respecto al “derecho a la reunión pacífica y la libertad de expresión”, en un contexto marcado por la “repudiable violencia policial ejercida durante las manifestaciones contra la Ley de Bases del pasado 12 de junio que incluyó agresiones físicas a diputados nacionales y la detención de más de 30 personas que sin pruebas contundentes, fueron privadas durante varios días de su libertad. Todo ello, mientras el Ejecutivo Nacional acusó a quienes se movilizaban de terroristas y de impulsar un golpe de Estado”.

Por este motivo, desde UP instan al Gobierno nacional a retomar el “sendero tradicional de la política argentina la cual es reconocida hace más de 40 años en el mundo por su defensa activa de los derechos humanos, la democracia, la agenda de género y diversidades, el multilateralismo, el medio ambiente y la paz”.

El proyecto es acompañado con las firmas de los diputados Ana Ianni, Blanca Osuna, Diego Giuliano, Victoria Tolosa Paz, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Gabriela Pedrali, Natalia Chacur Zabala, Jorge Romero, Carlos “Kaky” González, Mario Manrique, Brenda Vargas Matyi, Sabrina Selva, Silvana Ginocchio, Daniel Gollan, Pablo Todero, Andrea Freites, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdes, Julio Pereyra, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Leopoldo Moreau, Cecilia Moreau, Lorena Pokoik, Ricardo Herrera, Hernán Pérez Araujo, María Luisa Montoto, Juan Pedrini, Martín Soria, Micaela Moran, Mónica Litza, Eugenia Alianiello, Nancy Sand, Aldo Leiva, Ariel Rauschenberger, Ernesto Ali, Martín Aveiro, María Luisa Chomiak e Hilda Aguirre.

La senadora nacional Juliana di Tullio (UP) se refirió a la reciente aprobación de la ley Bases en la Cámara alta y apuntó contra el oficialismo: “Consiguieron dictamen porque nos robaron senadores en cada una de las comisiones”.

En diálogo por Radio 10, la bonaerense expresó: “La Ley Bases necesitaba de este escenario inventado, (Patricia) Bullrich siempre necesita infiltrados”, y apuntó: “En la plaza el miércoles estaba una parte importante del pueblo argentino expresándose en contra de esta ley y de pronto aparecen los infiltrados de siempre, que nadie sabe quiénes son, que nadie los detiene”.

En relación a las personas que aún permanecen detenidas, la senadora aseguró: “La gente que está reclamando no incendia autos ni bicicletas, ese no es el pueblo2, y pidió que “investigue otro fiscal, porque nada puede salir bien de la dupla Stornelli-Bullrich. Esto no está ajeno a las acusaciones de ´golpistas´ que recibimos los senadores opositores. No podemos olvidarnos que Stornelli es un fiscal que espió ilegalmente y estuvo en rebeldía con la Justicia. Si quieren que les creamos y que se sepa la verdad, entonces corran a Stornelli”.

Di Tullio también criticó las prebendas otorgadas a ciertos senadores: “Llegaron con prebendas que se publicaron en el Boletín Oficial. A una senadora con una Embajada en París y a otro con un cargo en una hidroeléctrica. No está bien, no es normal. Hay que volver a poner las cosas en su lugar".

La senadora subrayó que su bloque actuó con integridad: “Nuestro bloque priorizó el sentido de la Patria y la no disolución nacional. Consiguieron dictamen porque nos robaron senadores en cada una de las comisiones. No es todo lo mismo, quiero que quede claro que hay 33 senadores y senadoras que hicimos lo que teníamos que hacer. Le dijimos no a la Ley de Bases, no somos lo mismo que Camau (Espínola) o (Edgardo) Kueider”.

Además, destacó el papel del peronismo: “La gente espera del peronismo que la representemos, la defendamos y seamos la oposición que el pueblo se merece”, y cerró: “Todos tenemos voluntad de cambio, quienes estamos vivos tenemos voluntad de cambio. Pero ese cambio no se expresa en dejar de comer cuatro veces por día, ni en dejar de ser clase media para pasar a ser pobre. No poder pagar tarifas, quedarse sin remedios, sin laburo. No creo que la gente haya votado eso”.

El senador nacional Daniel Bensusán (UP – La Pampa) presentó un proyecto solicitando informes al Poder Ejecutivo Nacional sobre las políticas alimentarias, luego del escándalo del hallazgo de mercaderías ocultas y con fechas de vencimientos cercanas destinadas a comedores sociales.

Según detalló, el pasado 22 de mayo tomó estado público la existencia de al menos dos galpones, uno en Villa Martelli -provincia de Buenos Aires- y el otro en Tafí Viejo -Tucumán- con miles de toneladas de alimentos, destinados a cubrir la demanda de sectores vulnerables de la sociedad, adquiridos durante la gestión anterior, pero que hasta el momento no habían sido repartidos a pesar de los reclamos de distintas organizaciones en este sentido.

El legislador manifestó su preocupación por que “dada la crisis económica, que aumentó la cantidad de familias pobres e indigentes de la Argentina, es grave que exista semejante cantidad de alimentos acopiados, cuyas fechas de vencimientos están próximas, en algunos casos, sin que lleguen a sus destinatarios”.

“Todo esto tiene un costado perverso o de absoluta incapacidad de gestionar políticas públicas, porque con todas las medidas que recaen sobre las familias de menos recursos económicos y la clase media argentina, es obvio que aumentarán como ya lo demuestran estudios serios, los niveles de pobreza y de indigencia. No prever esto es condenar al sufrimiento a más de la mitad de los argentinos”, criticó el senador.

Además, sostuvo que “si bien está en proceso judicial la investigación, nos llama la atención que en la primera inspección judicial ya se hayan encontrado faltantes de mercaderías entre lo que decía tener el Ministerio de Capital Humano y las cantidades existentes en realidad. La principal sospecha es que tal vez lo que falte es material que podría haber estado vencido ya”.

“Nos preocupa el nivel de desconocimiento expresado por funcionarios del área. Es inconcebible que, a seis meses de asumir la gestión, no sepan detalles elementales de la existencia de esa mercadería, y sin un plan de distribución”, agregó.

La iniciativa de Bensusán pregunta por la cantidad de mercadería que se encuentra en ambos depósitos y las fechas de vencimiento de los productos; las razones por las cuales se ha recortado la entrega de alimentos a comedores y merenderos, y las razones del acopio prolongado de mercadería por vencer, teniendo en cuenta que la Ley N° 27.701 prorrogó la Emergencia Alimentaria hasta el 31 de diciembre del año 2025.

También solicita que se informe el plan de políticas públicas del Ministerio de Capital Humano para dar cumplimiento de los programas alimentarios que se encuentran vigentes; el detalle del procedimiento administrativo que debe seguirse para concretar la entrega de alimentos, y el destino final de los mismos. “En este sentido, precise si se entregan a comedores, merenderos, otras instituciones sociales, provincias y/o municipios”, expresó el legislador.

En el pedido de informes también pide que se comunique de qué manera se ha dado respuesta en materia alimentaria durante las emergencias climáticas sufridas por la localidad de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires en diciembre de 2023 y de la provincia de Corrientes en enero de 2024.

Finaliza requiere que se detalle la cantidad de notas recibidas por municipios, gobiernos provinciales y entidades sociales, solicitando asistencia en materia alimentaria, y la respuesta a las mismas por el Ministerio de Capital Humano.

Finalmente, solicita que se indique cuál es el criterio que se utilizará para la distribución de la mercadería en cuestión a las provincias, los motivos por los que se dispuso a la fundación CONIN como intermediaria y responsable de la logística de distribución, y los detalles del convenio suscripto a tales efectos.

El proyecto de Bensusán se suma al pedido de interpelación a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, presentado por el bloque de Unión por la Patria que incluye firma del pampeano. Allí se pide la presencia de la funcionaria para que “brinde las explicaciones correspondientes”.

Luego de la media sanción al proyecto que establece una nueva movilidad jubilatoria, el presidente de la Nación, Javier Milei, había acusado al diputado nacional Máximo Kirchner (UP) de impulsar una “trampa legislativa” y este viernes le salió a responder: “Es una demostración de pereza intelectual”.

"Que el Presidente nombre a alguien es una anécdota, no me cambia nada, me da lo mismo. Es una demostración de la pereza intelectual, tratar de utilizar el apellido para decir 'el kirchnerismo hizo esto o lo otro'", planteó Kirchner en declaraciones a AM750.

El diputado culpó al actual gobierno por la caída del poder adquisitivo de los jubilados: “No hay que ser muy lúcido para darse cuenta que los jubilados tienen un grave problema y vienen perdiendo de manera dramática desde que asumió Milei”, sentenció.

“Se dio una síntesis del proyecto de (Martín) Tetaz y bienvenido sea por los jubilados y jubiladas. Cada uno, desde su motivo, desde su óptica, mira la realidad y actúa en consecuencia. Más cuando pertenece a una fuerza como a la que pertenezco”, sumó.

Kirchner se refirió a la decisión de Milei de vetar todo lo que atente contra el equilibrio fiscal y, si bien reconoció que “el presidente tiene la capacidad de veto”, dijo que “habrá una parte de la sociedad que va a saber que hubo esfuerzo por defender los ingresos de los jubilados”. “Creo que se encendió una luz de esperanza para entender que tenemos que tener acuerdos de bases. Y sí, después discutir. Pero por lo menos fue un paso y un poquito de esperanza para quienes han trabajado toda la vida”, afirmó.

El referente de La Cámpora trató a Milei de conservador y dijo que muestra su verdadera identidad cuando se corren las luces y la actuación: "“Sus ideas son viejas. Están expresadas por una persona que tiene las características que tiene. Creo que la sociedad deberá ver y entender que significa que se llame enemigo del Estado. Creo que es correcto discutir el rol del Estado. Y con los desafíos de pensar un futuro mejor. Ahora, destruirlo, no sé. Si yo fuera una persona que va a invertir en Argentina, quisiera tener un Estado presente y previsible”, opinó.

“Acá este tipo de políticas en la Argentina se aplicaron y de una manera cruel entre 1976 y 1983. No voy a hablar del carácter inhumano, cruel, desaparecedor, torturador, apropiador de niños, de la dictadura. ¿De la parte económica, qué resistencia tuvo para llevar adelante su plan económico? La poca que hubo, la poca que quedó fue barrida, torturada, expulsada, exiliada y sin embargo fracasaron las ideas”, planteó el diputado bonaerense.

En esa línea, manifestó: “De hecho, cuando Cristina (Fernández de Kirchner) saca su documento, había un dato: en 1983, con la inflación que recibe el gobierno de Alfonsín, con la deuda y cómo multiplica la deuda la dictadura, obviamente que muchas veces se aborda más por el lado de lo que fue el genocidio, la tortura, la violación de mujeres, un desastre. En la parte humana, hicieron un desastre. Ahora en lo económico, otro desastre”.

De cara al tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, Kirchner sostuvo: “Tenemos que sacar el RIGI de este proyecto y discutir un régimen de inversiones entre todas las fuerzas políticas”, y alertó: “El problema es que si esto se aprueba en 3 años si el pueblo argentino decide dar marcha atrás no vamos a poder porque van a definir tribunales extranjeros”.

“Creo que también el empresariado nacional debería mirar con atención esto y expresarse en un sentido porque la verdad que aparte uno conoce diferentes proyectos”, expresó y explicó: “Chevron funcionó y fue, digamos, uno de los aceleradores de la producción en Vaca Muerta, podría decir allá al costadito de Perito Moreno, en Santa Cruz, la producción de oro y plata, o lo que es Cerro Vanguardia también desde el año 97 y con participación del Estado, están sacando, digamos, minerales en la Argentina hace 27 años y en asociación con el Estado y funciona, funciona. Hay que tener la inteligencia suficiente y salir de molduras que nos conducen a fracasos”.

En otro tramo de la entrevista, apuntó contra Mauricio Macri a quien calificó de ser “responsable y tendría que tener más humildad en vez de ver qué cuota o parte del gobierno puede manotear para hacer daño o negocios”.

“Tratan de abusarse de las condiciones en las que quedó Argentina después de la fiesta del endeudamiento de la que Macri”, criticó y apuntó: “El ministro de economía de Milei es el ministro de economía de Macri. La ministra de seguridad de Milei es la ministra de Seguridad de Macri. Entonces que dé la cara, porque después no vaya a ser que me lo presenten en 60 días como un salvador”.

“Macri es el máximo responsable de la situación que tiene nuestro país hoy y por eso ni siquiera pudo presentarse en una elección. Entonces tendría que tener más humildad, entender que sus ideas no son tan buenas como dice y tratar de sacar la Argentina adelante en vez de ver qué cuota o parte del gobierno puede manotear para hacer daño o negocios”, ratificó el b

La diputada nacional Blanca Osuna (Unión por la Patria – Entre Ríos) presentó un proyecto de resolución para declarar de interés el trabajo realizado por la Fundación “Estrellas Amarillas” y repudiar los dichos del diputado libertario Beltrán Benedit.

La iniciativa destaca “el trabajo social, cultural y de concientización” llevado a cabo por la fundación que “cuenta con una trayectoria de 20 años, y posibilitó contribuir desde la memoria a tener mejores prácticas viales y sancionar leyes de prevención como Ley 27.714 de alcohol cero y Ley 27.214 de promoción de la educación vial”.

También propone declarar de interés el Tercer Congreso Nacional de Estrellas Amarillas que se realizó entre el 24 y el 26 de abril pasado en la localidad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.

Además, repudia y acompaña el comunicado de dicha fundación por las declaraciones efectuadas por el diputado entrerriano Benedit adjetivando la labor de la fundación como “expresión pagana”.

En el proyecto destaca que la fundación “no solo concientiza, educa y presenta proyectos, sino que realizan acciones integrales, trabajando a la par con otras Organizaciones No Gubernamentales, o del Estado”.

Presenté un Proyecto que declara de interés la labor social, cultural y de concientización de la Fundación Estrellas Amarillas. Y expresa repudio por las declaraciones efectuadas al respecto por el Diputado Beltrán Benedit. @EstrellasPampa pic.twitter.com/M6BzSEfj6j

— Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) June 7, 2024

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) planteó una cuestión de privilegio en la sesión de este martes en la Cámara baja contra el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a quien le solicitó que “reciba y se vincule” con la comunidad de las personas con discapacidad.

Valdes manifestó que Francos “hereda un borrador de decreto que desregula las prestaciones para las personas con discapacidad”. En un párrafo aparte, agradeció a los diputados de La Libertad Avanza Guillermo Montenegro y Lilia Lemoine que llevaron a los integrantes de la Comisión de Discapacidad a poder hablar con el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Español.

“La autoridad hoy ha cambiado y este decreto o borrador que está causando mucho malestar en las familias de las personas con discapacidad, porque pretende desregular las prestaciones y una de las grandes cualidades que tiene el sistema único de prestaciones es que la persona con discapacidad más humilde recibe la misma calidad de prestación que aquella persona acaudala económicamente”, alertó Valdés.

En tanto, señaló que “esto está sintetizado en la Ley 24.901 que se pretende modificar fue llevada adelante en el año 1997 durante el gobierno de Carlos Menem que tanto el presidente Javier Milei admira”, y solicitó que “la protejan a la Ley que tiene que ver con una comunidad que el 12% de la población argentina son personas con discapacidad, otro tema es poder acceder al certificado único de discapacidad”.

“El pedido al jefe de Gabinete es que no tome ninguna decisión sobre ese decreto sin hablar ates con las distintas organizaciones de las personas con discapacidad, le pedimos que reciba y se vincule con la comunidad de las personas con discapacidad”, cerró.

El diputado nacional Roberto Mirabella (UP – Santa Fe) participó de una reunión en el CONICET, junto al rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), el director del INTI Rosario, autoridades de institutos de investigación pertenecientes a la UNR y demás legisladores representantes de la provincia.

En el encuentro se dialogó sobre “la grave situación” que está atravesando la institución en cuanto al recorte presupuestario impuesto por el Gobierno Nacional “atentando contra su óptimo funcionamiento”.

Mirabella expresó con preocupación: “Esta crisis que hoy atraviesa la agencia, no la sufre solamente la academia, ya que debemos tener en cuenta que más del 50% de sus profesionales se incorporan directamente al sector privado–productivo”, y resaltó “Por lo tanto, estas medidas que en principio afectan o detienen el correcto funcionamiento de la academia, repercuten directamente en el sector productivo del país, del cual necesitamos su mejor rendimiento”.

Además, haciendo referencia a la crítica coyuntura actual, dijo que desde el CONICET manifestaron que “la cooperación internacional por el momento se encuentra sin interlocutor, el proyecto ‘Equipar Ciencia’ está detenido, se redujeron sustancialmente las becas de Doctorados, detuvieron proyectos en los que se venía trabajando, se cortaron  insumos importados que deben adquirirse para  las investigaciones, y se cancelaron todas las suscripciones a revistas académicas a la cual tenían acceso las universidades y el sector científico”.

Por otro lado, el diputado santafecino remarcó positivamente la presencia en la reunión de distintos actores e instituciones que apoyan los reclamos del CONICET como la Federación Industrial de Santa Fe y la Universidad Nacional de Rosario como “muestra de la integración y sinergia con otros sectores en esta crítica coyuntura”.

Mirabella concluyó: “Todas estas decisiones del Gobierno Nacional atentan contra el modelo productivo de nuestro país. El crecimiento de Argentina se encuentra en el modelo científico productivo del interior, no en Plaza de Mayo”.

Senadores patagónicos de Unión por la Patria solicitaron a sus pares de los distintos espacios políticos de la región que rechacen en general y en particular los proyectos del Gobierno de ley Bases y el paquete fiscal, ya que “no existe un solo artículo y/o capítulo que beneficie a las provincias del sur argentino”.

A través de un comunicado, indicaron que la ley Bases “es un avasallamiento al federalismo que tendrá consecuencias nocivas para nuestras provincias”, mientras que paquete fiscal “atenta contra el desarrollo soberano de nuestra industria; a la vez incorpora el impuesto a las ganancias a la zona patagónica”.

“Defender a la Patagonia es oponerse a la totalidad de los proyectos de ley del Gobierno que lleva adelante el presidente Javier Milei. No se puede justificar el voto en general, lavar culpas votando luego contra algún artículo en particular, ya que si se aprueba en general y se rechaza en particular no van a tener ningún efecto los cambios que se propongan. En Diputados insistirán en el texto original y se aprobará por mayoría simple”, plantearon.

A su vez, cuestionaron: “Decir que la norma ‘no es tan mala’ porque se logra mantener el fondo de zona fría para el valor del gas en los hogares de la Patagonia es una falacia”, y alertaron que “el voto en general, otorga en el artículo 1° la delegación de facultades al presidente Javier Milei para implementar tarifazos entre otras cosas”.

“La Ley Bases destruye la política de hidrocarburos promoviendo el desabastecimiento y la fuga absoluta de recursos. Paraliza la obra pública iniciada (como rutas, universidades, cloacas, agua, energía, viviendas, etc.) y anula definitivamente el inicio de cualquier obra nueva proyectada. Habilita la privatización de la ciencia y la tecnología, el cierre del Conicet, del INTA y disuelve el Fondo de Promoción a la Innovación”, precisaron.

Asimismo, señalaron que “permite la privatización de empresas estatales claves como Aerolíneas Argentinas -que impacta en la compleja interconectividad de la Patagonia y afecta el turismo, además de poner en riesgo incontables fuentes laborales- y la minera YCRT, que pondría en crisis toda la cuenca carbonífera de Río Turbio y afectaría la generación de energía para la nación. Como así también, nuestros medios públicos de comunicación como Radio Nacional y la Televisión Pública que llegan con su contenido a cada rincón de la Argentina ejerciendo soberanía comunicacional”.

También plantearon que “condena a la sociedad argentina y a nuestras provincias con más aumentos de medicamentos, elimina derechos laborales, destruye y manda a la quiebra a las pymes, la industria y el comercio”.

“Concediendo las facultades delegadas, el Poder Ejecutivo queda habilitado para disponer de los fondos fiduciarios que manejan el presupuesto ambiental promoviendo la desregulación de los recursos naturales de la Patagonia y la soberanía de nuestro país, lo que impactará negativamente en la preservación de los bosques, glaciares, y ecosistemas”, advirtieron.

Respecto de la implementación del RIGI (Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones) manifestaron que “permite la apertura indiscriminada de importaciones sin costo alguno, no se les condiciona, ni tienen ningún tipo de obligación en contratar empresas argentinas para proveerse de insumos, permite no tributar en el país y fomenta la fuga de divisas”.

“Todo esto tiene un solo resultado, la destrucción de nuestra industria nacional. A la vez atenta y se contradice con la ley de Promoción Industrial de Tierra del Fuego AIAS, la que a su vez puede ser modificada y/o eliminada por la incorporación del articulo 111 al Paquete Fiscal”, advirtieron.

Por último, coincidieron en mantener este bloque de unidad y “articular conjuntamente en el territorio para sentar una posición unánime en defensa de la agenda patagónica”. Además, solicitaron a gobernadores, intendentes y jefes comunales de la región que “rechacen de pleno esta ley que solo sembrará hambre y desidia a nuestra Patagonia”.

El comunicado es suscripto por María Eugenia Duré (TDF), Cristina López (TDF), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Carlos Linares (Chubut), Silvina García Larraburu (Río Negro), Martín Doñate  (Río Negro), Silvia Sapag (Neuquén) Oscar Parrilli (Neuquén) y Daniel Bensusan (La Pampa).

En medio de la sesión especial de la Cámara de Diputados de carácter “maratónica”, el jefe del bloque UP, el santafecino Germán Martínez, solicitó que se vote una moción de emplazamiento a comisiones por el tema del financiamiento de universidades, FONID y jubilaciones, pero el pedido fue desestimado por el titular de la Cámara, Martín Menem.

Martínez se basó en los términos del artículo 106 del reglamento interno de la Cámara para que “podamos avanzar en el emplazamiento a las comisiones que tienen giro alrededor de tres proyectos que venimos insistiendo hace un tiempo. El tema del financiamiento a las universidades, el FONID y la movilidad jubilatoria”.

“En uso de la facultad que tiene este Cuerpo es que solicito que se emplace a las comisiones de Educación y de Presupuesto”, planteó y procedió a leer la cantidad de proyectos sobre universidades, FONID y movilidad. Respecto de este último, señaló: “Sobre la movilidad de los haberes jubilatorios destacamos que ya se avanzó en la Comisión de Previsión y Seguridad Social, falta aún el tratamiento en la Comisión de Presupuesto”.

A continuación, Martínez explicó un cronograma tentativo para que se vote: “Próximo día jueves está convocada la comisión de educación en una reunión informativa respecto al tema universidades y han incorporado a solicitud de los bloques algunos expedientes. Pedimos que el martes 7 de mayo a las 12 horas la Comisión de Educación realice una reunión informativa sobre el FONID, el miércoles 8 a las 12 que la Comisión de Presupuesto realice una informativa sobre la movilidad de los haberes jubilatorios, el martes 14 de la otra semana a las 14 la Comisión de Educación firme dictamen por universidades y FONID y el jueves 16 a las 12 horas la Comisión de Presupuesto para firmar dictamen de haberes jubilatorios y a las 16 para firma de dictamen de FONID y universidades”.

En contraposición, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el libertario José Luis Espert, expresó que “la moción que plantea Martínez es abstracta porque ya está citada a reunión de comisión para el miércoles 8 de mayor a las 16. Así que no hay ninguna necesidad de ningún emplazamiento en esta Cámara por el día de hoy”.

Martínez recogió el guante y le aclaró que lo que están proponiendo es un cronograma de trabajo que va “desde la informativa al momento del dictamen”. “No es la primera vez que se hace en la Cámara y ha permitido, en los casos donde había demoras en convocatorias, que se pueda avanzar al respecto. Hay fecha de inicio y finalización de los tratamientos”, planteó.

Luego, el diputado nacional Alejandro Finocchiaro (Pro – Buenos Aires) le consultó a Martínez si también emplazó a la Comisión de Educación y agregó que “habíamos llegado que convocaba para este jueves para tratar expedientes relativos solamente a financiamiento universitario, ningún otro tema. Los demás temas los podemos ir tratando a medida que avanzamos en comisión porque el jueves voy a plantear un cronograma de trabajo para tratar financiamiento universitario”.

Por su parte Espert volvió a tomar la palabra y le aclaró que hasta tanto no tengan los dictámenes de la evaluación del costo fiscal de la Oficina de Presupuesto del Congreso sobre las mejoras en movilidad jubilatoria de los cuatro dictámenes la Comisión de Presupuesto “no se va a mover, no veo la necesidad de adelantar nada porque ya hay una convocatoria”.

El diputado neuquino Osvaldo Llancafilo (MPN) remarcó que “no se puede desfinanciar la universidad pública, fue un error que cometió el Gobierno. Estamos de acuerdo en que el presupuesto universitario se pueda actualizar por IPC, pero no nos vamos a prestar a ese juego político partidario de algunos que pretendieron utilizar la marcha de miles de argentinos en beneficio de la educación pública tratando de sacar una ventaja política”.

La radical Danya Tavela planteó: “Si queremos avanzar en la solución del tema, hay que respetar las reglas de juego pautadas”, por lo que explicó que en las reuniones informativas tienen previsto avanzar y convocar a autoridades del Ejecutivo porque “al tema del presupuesto universitario hay que tratarlo en serio, no es un arrebato que podemos resolver en cinco minutos en una votación exprés. Espero tener un dictamen de consenso, transversal, inter partidario, que nos involucre a todos”.

La entrerriana Blanca Osuna “no es un tema que surgió de un día para el otro. La iniciativa de tener una sesión para poder en definitiva definir días y horarios para que la comisión convocara. Nos preocupa que se enfoque el tema teniendo tanto el financiamiento como el FONID para tener una mirad integran del sistema. Hay más de 20 proyectos presentados de ambos temas”.

En tanto, la diputada de izquierda Romina Del Plá alertó que los temas planteados son “de enorme urgencia” y que “no pueden ser sometidos a una demora eterna. Nos parece que el cronograma presentado es más acelerado y acertado”.

Finocchiaro insistió en que “en el reglamento de la Cámara quien pone el temario es el presiente consensuando con las demás fuerzas políticas. La realidad es que se vino trabajando, convocamos a los rectores, a los estudiantes. Después de la marcha hablamos con distintos sectores y acordamos hacer una convocatoria para tratar solamente financiamiento universitario. Por supuesto que quedan temas por tratar y los vamos a ir trabajando, pero al acuerdo que llegamos consensuadamente fue que este jueves se trataba financiamiento universitario”.

“El kirchnerismo tiene que acostumbrarse es que hay una nueva realidad y que el consenso no lo necesita siempre para ser mayoría”, remató.

De forma breve, el diputado Hugo Yasky (UP) alertó que “en las provincias hay una cantidad de conflictos planteados por la rebaja salarial docente, estamos pidiendo que los temas se traten y no se cajoneen y si hay acuerdos que sean con todos”.

Sin embargo, a fin de apurar los trámites del tratamiento del paquete fiscal, Martín Menem le aclaró al jefe del bloque UP: “el emplazamiento no es una moción de orden del artículo 127 que son las únicas que desplazan cualquier tema en cuestión y este tema no está entre los solicitados para la sesión, no está habilitado”.

Promediando la reunión de la Comisión de Defensa del Consumidor, del usuario y de la competencia de Diputados que se conformó este miércoles por la mañana, un legislador del bloque Unión por la Patria hizo un llamativo pedido a la presidencia del Cuerpo para que pongan más sillas en las comisiones.

Se trata del cordobés Pablo Carro quien ponderó: “Está hermosa la modificación que se ha hecho en las salas, realmente muy lindas, las pantallas excelentes”, pero planteó: “Ahora, no veo sillas para los asesores”.

Carro explicó que “el trabajo en comisiones es un trabajo en el que los asesores hacen el grueso, nosotros más bien ponemos la cara y los asesores laburan mucho”, y planteó: “Verlos parados me produce cierta incomodidad”.

“Esta tarde tenemos otras comisiones y hagamos un esfuerzo entre todos los bloques para que se puedan colocar sillas y los asesores puedan estar un poquito más cómodos”, solicitó el cordobés lo que le valió el aplauso de sus pares.

La titular de la comisión, la fueguina Carolina Yutrovic le respondió: “La primera tarea de la comisión va a ser una nota de pedido a la presidencia de la Cámara para que se incorporen más sillas y tengan más comodidad los trabajadores de la comisión”.

En medio de una ola de despidos masivos y de cierre de instituciones, el diputado nacional de UP y secretario de la CTA (Central de Trabajadores de la Argentina), Hugo Yasky, apuntó contra el Gobierno y adelantó: “Lo vamos a llevar a la justicia porque es absolutamente injustificada esta medida”.

El legislador se hizo presente en la protesta de los empleados de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional.

“Estamos acompañando a los compañeros de ATE frente a esta brutal ola de despidos. Es algo que además de denunciarlo en la OIT lo vamos a llevar a la justicia porque es absolutamente injustificada esta medida”, anticipó Yasky.

A su vez, planteó: “No son ñoquis, son empleados que hace años los conocemos porque muchas veces tuvimos que venir al ministerio de trabajo a tramitar gestiones que tienen que ver con cuestiones gremiales y estos empleados trabajaron siempre con distintos gobiernos. Esto es una medida para destruir al movimiento obrero”.

“No es cese de contrato, son despidos de gente que tiene hasta 15 o 20 años de antigüedad, eso es un verso. Lo que quieren hacer es destruir el Estado, degradar el Ministerio de Trabajo para que un empleado de Techínt maneje los conflictos sindicales, prohibir a los trabajadores poder desempeñarse en sus tareas y convertir este país en un país donde los trabajadores vamos a ser esclavos. Nunca pensé que en democracia iba a haber este espectáculo”, señaló el sindicalista.

Al ser consultado por la prensa sobre la presencia policial, expresó: “Los operativos policiales son absolutamente injustificados porque estas son protestas pacíficas. Este es un Estado gendarme, represivo. Esta gente que se llena la boca de que quiere que el Estado se achique, acá tenemos un Estado represivo que quiere con la intimidación impedir que los trabajadores hagan presencia en lugar de trabajo”.

“Estamos convencidos que hay que ir a un paro nacional, estamos en tratativas con los compañeros de la CGT. Las dos CTA ya resolvieron convocar a un paro nacional. Las condiciones están dadas para el paro nacional. Todos los trabajadores tenemos que demostrar que no nos vamos a arrodillar ni nos vamos a dejar llevar por delante”, anunció.

La diputada nacional Blanca Osuna (UP – Entre Ríos) presentó un proyecto de ley de compromiso con el derecho a la educación que apunta a “una perspectiva integral, a reforzar el financiamiento y fortalecer programas educativos, cuestión imprescindible en momentos en que el gobierno de los (Javier) Milei, (Mauricio) Macri, (Luis) Caputo, accionan para la destrucción de la Educación pública”.

"En acuerdo con diputadas y diputados desde el bloque Unión por la Patria, planteamos la urgencia de establecer lineamientos concretos para que el estado nacional junto a las provincias asegure el cumplimiento del derecho reconocido por la Constitución, que hoy está en riesgo”, explicó Osuna.

Entre los puntos principales, la iniciativa crea el Fondo Nacional para el Sostenimiento del Derecho a la Educación, con aportes de sectores concentrados de la economía que han tenido enormes tasas de ganancias tales como exportadores de granos, grandes empresas de economía del conocimiento y del sector financiero. Dicho Fondo complementará las partidas regulares del presupuesto anual para educación.

El proyecto ratifica la vigencia del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el Programa de Compensación Salarial Docente. Y al mismo tiempo referencia la Formación docente inicial y continua. Además, en el nivel obligatorio, se norma la extensión de la jornada escolar en las escuelas primarias, una meta ya acordada en el Consejo Federal de Educación “hoy en riesgo de cumplimiento”. Asimismo, se propone garantizar el boleto gratuito en el transporte público para estudiantes y docentes.

La iniciativa asegura recursos para becas Progresar, libros, dispositivos tecnológicos y conectividad en los establecimientos. Por su parte, en materia de infraestructura, la ley asegura recursos para un plan de nuevas obras, completamiento de las que están en curso y mantenimiento y mejoras edilicias.

En el capítulo sobre el nivel superior, se garantiza el pleno funcionamiento de las universidades nacionales, incluyendo las recientemente creadas, con una fórmula de actualización presupuestaria periódica para atender las exigencias de la formación de las y los profesionales de nuestro país. El proyecto propone la creación de una Comisión Bicameral de seguimiento y convenios bilaterales con las provincias.

Osuna apuntó: “El presidente destruye y achica al Estado y niega su obligación como garante del derecho a la educación y lo pone en peligro”

"La precarización de docentes con la pérdida del poder adquisitivo, y no convocar a la inscripción de las becas Progresar generan daño al sistema educativo y a las personas como un tiro artero y dañino. Ya basta de regodeo frente al dolor que está provocando este gobierno nacional. Es por eso urgente restablecer por ley el compromiso con el financiamiento al Derecho a la Educación”, remarcó la diputada entrerriana.

“No fueron 30 mil”, afirmó el pasado 24 de marzo la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, en el marco de conmemorar el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, por lo que el senador nacional Sergio “Oso” Leavy (UP – Salta) presentó un proyecto de ley para crear un marco regulatorio de protección contra el negacionismo.

La iniciativa propone la protección de los derechos humanos reconocidos y garantizados constitucional y convencionalmente. Así, aclara que “las disposiciones de la ley serán obligatorias para todos los agentes y funcionarios que se desempeñan laboralmente en los poderes y organismos del Estado”.

“Queda terminantemente prohibido a todo el personal que se desempeña en los poderes y organismos desarrollar toda acción y omisión que suponga exteriorizar por cualquier medio declaraciones públicas tendientes a reivindicar, justificar, negar, relativizar los delitos cometidos por hechos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y actos de terrorismo de Estado. También exponer manifestaciones notorias, elogiando, celebrando, minimizando, justificando o aprobando a los autores responsables de los delitos”.

También propone la modificación del Código Penal para que el negacionismo de los delitos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad sean reprimidos con prisión de un mes a un año e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de cinco años. Además, establece una multa de 100 a 1000 unidades fijas que serán calculadas por el valor de las unidades de medida arancelaria PJN.

En ese sentido, propone una sanción a los medios de comunicación que también difundan o reproduzcan expresiones negacionistas con una multa que va del 0,1% al 10% de la facturación de publicidad obtenida en el mes anterior a la comisión del hecho.

Durante la sesión de este jueves en el Senado, la vicejefa del bloque Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, anticipó el rechazo al mega DNU 70/23 y advirtió que “si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación”.

En su intervención, la mendocina argumentó que el mega DNU es “inconstitucional, no solo por arrogarse el Ejecutivo facultades del Legislativo propio del artículo 75 de la Constitución Nacional, sino también porque viola y vicia en lo sustancial y formal el artículo 99 inc. 3”.

“La norma fundamental no deja dudas en establecer cuáles son los requisitos sustanciales y formales que necesita un DNU para ser constitucional y ese es el rol de control que tiene el Congreso de la Nación a la hora de evaluar los DNU emitidos por el Ejecutivo Nacional”, planteó la mendocina y procedió a leer los tres requisitos que plantea la Constitución. Así, manifestó: “Si el Ejecutivo estuvo de acuerdo con la norma Constitucional han sido violadas todas las normas sustanciales que deben regir el DNU”, y aclaró: “Básicamente estamos ante un abuso atroz de derecho del Poder Ejecutivo Nacional”.

La senadora kirchnerista reiteró que el artículo 75 le veda al Ejecutivo la posibilidad de legislar. “Hay algo mucho más grave, nunca ningún presidente ha esgrimido o intentado legislar con una magnitud como vivimos el 20 de diciembre de 2023”, denunció y planteó: “Ninguno de los 72 senadores ni de los 257 diputados puede negar que el Ejecutivo se arrogó facultades legislativas”.

Fernández Sagasti remarcó que el DNU 70 interviene 300 leyes y sostuvo que, sumado a la Ley ómnibus, es “un cambio constitucional porque quieren que la Argentina se rija por la Constitución Nacional de 1853 derogando las políticas de conquistas”. También señaló que “no respeta” la excepcionalidad de necesidad y urgencia. “Todos los requisitos sustanciales que pide el 99 inc. 3 para que el DNU sea constitucional han sido vedados por lo que el DNU no solo es inconstitucional, sino que es nula”.

La mendocina también remarcó que “todo el camino que tiene que hacer un decreto de 366 artículos y que interviene en 300 normas, debe tener dictámenes técnicos, jurídicos”, y chicaneó: “Parece que salió de un repollo”. Además, denunció que hay una “falsedad ideológica” porque aparece la firma de la canciller Diana Mondino, pero sostuvo que “ella estaba en París según una nota de Cancillería, por ende, firmó una secretaria arrogándose facultades que no le corresponden. Eso es un delito”.

“No hay ninguna necesidad y urgencia en muchos temas. Este DNU es inconstitucional, el Ejecutivo se está arrogando de facultades, es un tercio de lo que quiere hacer por DNU y si permitimos que esto avance vamos a tener que cerrar el Congreso de la Nación. Estamos dispuestos a discutir cada título y desde las provincias podemos aportar a mejorar lo que quiere impulsar”, remató Fernández Sagasti.

El diputado nacional Jorge “Koky” Araujo Hernández (UP – Tierra del Fuego) rechazó el DNU 70/23 al calificarlo como “inconstitucional por donde se lo mire” y alertó que “si pasa va a provocar un daño irreparable a la democracia y a la división de poderes”, por lo que reclamó al Congreso su urgente tratamiento para intentar construir una mayoría parlamentaria para derogarlo en ambas cámaras.

“Desde el bloque presentamos un documento a los gobernadores patagónicos, en el que solicitamos al gobierno que los debates y discusiones entre Nación y Provincias se den a través de los órganos institucionales consagrados en la Constitución Nacional, incluyendo al Congreso Nacional por supuesto”, contó el fueguino.

En tanto, Araujo Hernández acusó al gobierno nacional de recurrir “sistemáticamente a prácticas extorsivas”, por lo que señaló que “hoy no hay diálogo político, lo vemos en la Cámara de Diputados. Solo vemos extorsiones en todos los niveles”.

En esa línea, recordó que este jueves se reunió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo para tratar el mega DNU 70/23 de desregulación de la economía y cuestionó que “de todos los funcionarios del gobierno invitados para explicarlo, no se presentó ninguno; no dio la cara ni el ministro de Economía, Luis Caputo, ni el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, ni ningún otro funcionario del Gobierno nacional convocado”.

“La falta de diálogo el gobierno la reemplaza con presiones mediante la no transferencia de recursos a las provincias, socavando el federalismo. Así vemos como avanzan en la suspensión de la obra pública, la retención de los fondos fiduciarios o fondos específicos creados por leyes específicas, como en Fondo de Incentivo Docente (FONID), las trasferencias al transporte, las reformas tarifarias, los recortes a la ciencia, la intención de privatizar empresas públicas, la modificación de leyes socioambientales, la ley de Bosques, entre otras”, manifestó.

Para el diputado opositor “en el DNU están justificadas todas estas medidas que atentan contra las actividades económicas que sustentan el desarrollo de las provincias patagónicas, como ser nuestra promoción industrial por la vía de la apertura indiscriminada de importaciones, la pesca y la explotación de hidrocarburos”.

Con respecto a los hidrocarburos, indicó que “el gobierno viene utilizando políticamente YPF para cerrar negocios con empresas extranjeras para beneficiarlos con retirar la empresa nacional de áreas emblemáticas en la producción de recursos convencionales, como por ejemplo, en la Cuenca del Golfo San Jorge que cubre porciones de Chubut y Santa Cruz”.

“El derecho constitucional argentino, en lo que respecta al formato de estado federal, se apoya en que las provincias son preexistentes a la Nación”, recordó y resaltó que “el gobierno debe respetar los recursos y los fondos que le corresponden por derecho a los territorios provinciales que hayan surgidos de acuerdos o leyes específicas”.

El legislador de UP explicó que “la Nación tiene sentido jurídico como sumatoria de las provincias que la componen”, y, en ese sentido, señaló que “no puede un gobierno de turno eliminar transferencias creadas en fondos específicos que se recaudan por medio de impuestos cobrados a todos los argentinos con destino a las provincias y retenerlos en su tesorería. Es literalmente un robo. No lo seria, a los sumos, si al menos eliminara los impuestos que todos los argentinos pagan para que existan estos fondos”.

“En nuestro documento también solicitamos a nuestros gobernadores patagónicos que consideren cómo la situación económica creada por este gobierno afecta negativamente la ocupación turística que cayó sensiblemente en los últimos meses, tanto en turismo nacional como internacional”, comentó.

Por último, el diputado Koky Araujo dijo que “creemos que el gobierno nacional tiene una actitud pusilánime y mendicante respecto al reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas. Queremos ver mayor determinación en el gobierno nacional en la defensa y el sostenimiento del reclamo de soberanía sobre las Islas, tanto en el discurso como en los hechos”.

De cara a la convocatoria a gobernadores para este viernes en Casa Rosada a fin de iniciar los pasos para firmar el Pacto de Mayo que anunció ante la Asamblea Legislativa, el diputado nacional Leopoldo Moreau (Unión por la Patria) sostuvo que “el verdadero pacto hay que hacerlo en el Congreso”.

A través de su red social “X” el legislador explicó: “No para darle gobernabilidad al gobierno, sino para darle gobernabilidad a la sociedad frente al caos al que, precisamente, la está empujando el gobierno”.

Moreau detalló que el pacto parlamentario “debe tener carácter productivo, redistributivo y protectivo de los derechos básicos que consagra la Constitución: los derechos a la salud, educación. a la alimentación, a la vivienda y a los derechos laborales”.

“El primer paso es el inmediato rechazo del DNU. Después de los ataques autoritarios de Milei a la libertad de expresión y las descalificaciones al sistema institucional ¿a quién se le puede ocurrir delegarle facultades legislativas?”, preguntó.

Por ello, el diputado opositor insistió en que “el pacto democrático en el Parlamento debe avanzar ya mismo en puntos de encuentro entre distintos bloques que nos permitan sancionar una nueva fórmula previsional, el restablecimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente, la actualización de las partidas destinadas a las Universidades Nacionales para evitar su cierre, la puesta en marcha de un urgente programa alimentario y un nuevo régimen en materia de alquileres. Ya hay varios proyectos en estas materias de distintos bloques que permitirían coincidir en un solo texto”.

“También debemos asumir el compromiso de no avalar privatizaciones arbitrarias de empresas públicas y retener para el Congreso las facultades de intervenir y decidir en materia de endeudamiento externo”, manifestó y cerró: “Este es el único pacto viable para sostener la democracia y la soberanía”.

La senadora nacional Lucía Corpacci (UP – Catamarca) cuestionó al oficialismo por la quita de subsidios al transporte y apuntó: “Estuvieron entretenidos todo este tiempo con la Ley Ómnibus, pero el Gobierno nunca tuvo interés real de que salga”.

En diálogo por la AM 990, la catamarqueña expresó “preocupación y angustia” por la situación del país y se refirió a la quita de subsidios: “Lo primero que hay que tener en claro es que cuando se habla de la quita de subsidios a las provincias y gobernadores, en realidad el subsidio se lo sacan a los ciudadanos. Los subsidios tienen un fin específico que es que el gobernador puede utilizar ese dinero para otra cosa que no era el fin al que estaba destinado. Lo que lo pagan son los ciudadanos”.

“Es muy preocupante lo que está pasando desde la falta de respeto por la Constitución, por las normas, por el reglamento del Senado por el tema del DNU y de la Cámara de Diputados. La verdad es que el DNU debiera estar tratándose. Nunca se vio un DNU de esta magnitud que mandó el gobierno, jamás se vio”, alertó.

Corpacci señaló: “No puede en un DNU un todo o nada donde quiere trata de modificar, derogar más de 70 leyes que, además, son leyes que impactan en nuestra vida cotidiana por ejemplo la privatización de las empresas ¿creen que funcionen bien?”, y apuntó: “Estuvieron entretenidos todo este tiempo con la ley ómnibus, pero creo que el gobierno nunca tuvo interés real de que salga”.

Respecto de los dichos del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las transferencias discrecionales a las provincias, la catamarqueña manifestó: “Ellos quieren hacerle creer a la ciudadanía que los gobernadores se quedan con la plata, esa es la campaña que están intentando instalar”.

“El ciudadano tiene que saber que no son partidas para la casa de nadie, son partidas para que los docentes compensen el salario a nivel nacional, es para las partidas docentes, para las provincias impacta enormemente”, aclaró.

En tanto, cargó contra los libertarios: “Yo creo que esta gente cree que no está en una democracia, creen que puede tener un gobierno unipersonal sin control y hacer lo que quieran, pero eso no es así. Muchos legisladores seguros les dijeron que iban a acompañar, pero pusieron un límite”, y sumó: “Las cosas que yo escuche que este presidente les dijo a los gobernadores me preguntaba ¿hasta cuándo van aguantar?”.

Por otro lado, la senadora opositora se refirió al posteo en la cuesta oficial de Javier Milei en la que está caracterizado como el personaje de Terminator y apunta contra los gobernadores y legisladores: “Es tremenda la imagen que subió apuntando a los gobernadores, pero también la lista de quiénes son los leales y quiénes son los traidores, es algo nunca visto desde presidencia. La justicia debería intervenir porque eso fue una amenaza tremenda”.

“Los libertarios y algunos sectores del Pro y la UCR se la pasaron acusando a nuestro espacio político de no respetar las instituciones, ahora jamás nunca dijimos que los vamos a extorsionar, ni asfixiar, son cosas graves como es tan grave la postura internacional, a mí me preocupa mucho”, criticó Corpacci.

Por último, se refirió al pedido de sesión en el Senado por parte de su bloque y la reciente denuncia contra la titular del Cuerpo, Victoria Villarruel, por no atender esa solicitud: “Todos los plazos para tratar el DNU están vencidos por eso los diputados o senadores deben llamar como cumplir su deber de funcionario público a una sesión para tratarla, sobre todo en la gravedad y magnitud que tiene derogando leyes, desregulando todo, privatizando y vender empresas del Estado. Esta semana vamos presentar otra nota y vamos a dejar en claro que esta incumpliendo”.

“Yo ahora espero que nos empiecen a apuntar personalmente y el propio presidente empiece a marcar cuestiones de nuestra vida personal, porque creo que eso va a venir en la Argentina, pero a mí no me interesa”, fueron los dichos del diputado nacional Nicolás Massot durante una entrevista radial respecto de lo que sucederá a aquellos que voten en contra de la ley ómnibus en el recinto y afirmó que está dispuesto a sostener sus convicciones y a poner límites, aunque eso provoque que el oficialismo apele a una especie de suelta de “carpetazos” para afectar la imagen pública de los legisladores.

Alertado por estas declaraciones, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que es “gravísimo” lo que preanuncia el miembro de Hacemos Coalición Federal.

“Carpetazos y difamaciones sobre los legisladores nacionales de acuerdo a sus posicionamientos respecto a la ley ómnibus”, indicó Martínez y señaló que “es una irresponsabilidad que el oficialismo pretenda sesionar en este contexto de amenazas y aprietes. También, es irresponsable que otros bloques se lo permitan”.

El titular del bloque de Unión por la Patria en la cámara de Diputados, Germán Martínez (Santa Fe), advirtió que "el que traiciona una vez, lo hace dos veces", al referirse a los tres legisladores tucumanos que abandonaron la bancada para acompañar el proyecto de la ley ómnibus del gobierno de Javier Milei.

“Este miércoles por la tarde, durante el acto de la CGT, apareció un dictamen visado firmado por las autoridades de las comisiones. Ellos firmaron el dictamen a las 2 de la mañana y apareció casi 14 horas después. Eso ratifica lo que decíamos que estaban firmando el dictamen sin tener el texto definitivo. Ninguno de los 55 diputados que firmaron el de mayoría conocían lo que estaban firmando. Eso es un tema grave desde lo institucional y desde lo político”, comentó en diálogo por Radio 10.

En esa línea, el santafecino cuestionó: “Eso habla a las claras de cómo se están llevando las políticas parlamentarias del gobierno y también la escasa personalidad de aquellos que han firmado el dictamen de mayoría para, de mínima imponer, generar las condiciones para que las cosas que se estaban negociando se digan en voz alta en el plenario. Fue una actitud vergonzosa de la LLA y también del resto de los diputados que firmaron ese dictamen”.

“El tema de la zona fría estaba presente en el texto con limitaciones profundas. En el medio de la noche habían negociado que seguía vigente, pero después cuando salió el dictamen seguía originalmente. Ese es una cuestión de mala fe parlamentaria porque si haces una negociación con alguien para que saquen tal tema, pero después sigue apareciendo es porque te obligan a firmar algo y resulta a ser que eso sigue sin solucionarse. Detrás de todo esto hay un montón de pequeños temas cotidianos que van a ser profundamente dañados por la ley ómnibus”, denunció.

Martínez criticó al oficialismo porque “decían que iban a sesionar el fin de semana y no es así, eso es por el desorden que provocó la negociación política para tener la firma del dictamen. Necesitan ordenar el texto y reestablecer las mesas de negociación política con los mismos que lo acompañaron el otro día porque no cumplieron con la palabra”. “Necesitan tiempo para repasar las mayorías en cada artículo”.

“El artículo 1 que delega facultades quedó igual, pero acortaron el plazo a un año con posibilidad de prorrogarse un año más a través del Congreso. El problema es el volumen de las facultades que se delegan”, informó y avizoró: “Va a haber un fuertísimo debate. Se me hace que algunos artículos van a caer”.

El santafecino apuntó: “La vocación de extorsión que ejerce Milei, su ministro y su referente son infinitas, están todo el tiempo buscando extorsionar a distintos sectores de la política, lo hacen todo el tiempo con agresiones, con aprietes, con insultos, después está la actitud de uno de dejarse apretar y extorsionar y avasallar por los insultos de otro”

“Espero que pongan toda la cabeza en ver cómo evitan que este tema sea aprobado más allá de lo expresaron en el dictamen. Algo se rompió en el día después de las amenazas de Caputo y que lo digan en voz alta”, analizó Martínez respecto de los dichos del ministro de Economía y las respuestas de los jefes de bloques opositores que salieron a responderle y que, previamente, habían acompañado el dictamen de mayoría.

El mensaje a los diputados de Jaldo

Al ser consultado por los tres diputados tucumanos -Agustín Fernández, Gladys Medina y Elia Fernández- que responden al gobernador Osvaldo Jaldo, que también firmaron el despacho del oficialismo y rompieron con el bloque UP, Martínez dijo: "El que traiciona una vez, lo hace dos veces. Hay que estar atentos”.

"Este jueves, este viernes, este fin de semana se van a empezar a trascender las razones por las cuales cada uno se sumó al dictamen. Después cada uno le pondrá el nombre que quiera, pero te aseguro que detrás hay cosas concretas como recursos y aprietes a las provincias", subrayó Martínez.

El diputado nacional trazó un paralelismo con lo sucedido durante la votación de "la 125", el proyecto que establecía un esquema de retenciones móviles en 2008. Y deslizó una sugerencia.

"Nuestro bloque parlamentario perdió 19 diputados nacionales, fue una sangría terrible. En una reunión con representantes de la Unión Europea, que tienen sistemas parlamentarios muy duros, varios de ellos no entendían cómo a ese diputado no se le saca la banca", sostuvo Martínez.

Consultado acerca de si lo sucedido con los diputados tucumanos se podría replicar con otras provincias del bloque, respondió que Unión por la Patria trabaja en un plan contención.

"Yo desearía que no, y todo nuestro bloque trabaja para que no. Viví con mucho dolor lo que pasó el otro día a la noche porque cuando hay un diputado que ha sido electo con la boleta de nuestro espacio político y que ocupan lugares de relevancia en las comisiones es porque uno presume que tiene un compromiso colectivo muy fuerte. Hay vínculos que se rompen cuando estas cosas pasan porque cuesta confiar", concluyó.

El diputado nacional Eduardo Valdés (Unión por la Patria) se refirió al debate por la ley ómnibus impulsada por el oficialismo y cuestionó: “Es notorio que los funcionarios que vinieron no escribieron esta ley”, al tiempo que denunció que La Libertad Avanza “juega de espaldas al Congreso, quieren que sea un mero trámite y así no es, se van a llevar una sorpresa”.

El legislador opositor adelantó que su bloque “va a votar en contra, estamos unidos los 102 diputados, es por eso que decidieron ocupar nuestros lugares en las comisiones”. En tanto, resaltó: “De todos modos, he escuchado voces muy críticas de los diputados que ocuparon el lugar que nos correspondía en las comisiones en el debate sobre el proyecto”, y anticipó: “La ley ómnibus que para mí es una continuidad de ese DNU, no va a ser aprobada".

Entrevistado en Radio Provincia, Valdés expresó: "El lunes convocaron a las comisiones para escuchar a la sociedad civil, espero que vengan a expresarse todas las voces de los sectores afectados, la cultura, los farmacéuticos, el presidente del Colegio Público de Abogados, Ricardo Gil Lavedra, que realizó fuertes críticas" sobre este punto sostuvo: "No encontré ningún constitucionalista, piense o no como yo, que diga que esta ley está dentro del marco del Derecho".

Sobre el cierre, el dirigente peronista fue consultado por la posibilidad de una visita del Papa Francisco a la Argentina: "Lo mejor que le puede pasar a nuestro país es que venga el Papa, sobre todo en estos momentos, a mi entender es quien predica contra el descarte de jóvenes y viejos. Plantea mirar hacia los más humildes y vulnerables en su prédica de Justicia Social, me parece muy importante escuchar su voz".

El diputado nacional Leopoldo Moreau (UP) hizo uso de la palabra en el plenario de comisiones de Diputados en el tratamiento de la ley ómnibus posterior a la exposición breve de los tres funcionarios que asistieron a explicar el texto y cuestionó: “No han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo”.

“No tuvimos un funcionamiento muy ordenado al principio de este plenario. Desde que escuchamos a un funcionario que no sabíamos qué función tenía y ni siquiera su apellido, hasta la introducción de la filosofía del Derecho que poco tiene que ver con el tratamiento específico de lo que vamos a tratar acá”, criticó.

En esa línea, Moreau apuntó: “Algo que no ocurrió jamás en la historia argentina y de este Parlamento que el abordaje de un decreto de necesidad y urgencia y la propia ley ómnibus suman casi mil artículos y reforman artículos constitucionales, códigos de fondo, el código penal, leyes que han formado parte de consensos base que han constituido la democracia”.

“Es un hecho que merece un abordaje de otra naturaleza con participación de todas las comisiones involucradas”, reclamó.

El diputado opositor sostuvo que “en ninguna de las crisis que se vivió se dio una respuesta institucional de esta naturaleza y la verdad es que la democracia tuvo crisis. Cuando el presidente Milei dice que tuvo la peor herencia de la historia, falta a la verdad porque la verdad es que el Dr. Alfonsín podría decir lo mismo con una violación sistemática de los derechos humanos y, también, recibió un país con una inflación que rondaba el 4 mil por ciento, con una crisis económica terrible. Esa también era una herencia difícil y no se resolvió dándole al presidente Alfonsín la suma del poder público, sino que se resolvió a través del consenso político”.

“Menem también podría decir que recibió una situación de crisis económica, no institucional y se votó, y acá está presente el Dr. Barra que mucho tuvo que ver con la reforma del Estado y él recordará, que esa ley de reforma no tuvo ni de cerca el alcance que se pretende a la que hoy estamos discutiendo”, recordó.

Además, recordó que “después se volvió a otra crisis que también resolvió la política que fue la del 2001 que se desbarrancó del intento de seguir con la convertibilidad, que se prolongó por la tozudez de un gobierno de De la Rúa”, y lanzó: “Que no tuvo el coraje de cambiar esa política y, por el contrario, se dejó asesorar por los mismos que asesoran hoy a Milei”.

“La política le dio libertad, sufragio, democracia a los argentinos y en los momentos graves de crisis le dio las herramientas para resolverlas y ahora nos vienen a plantear una herramienta que esta fuera de las instituciones y quieren imponer un estado de excepción, ponerse por encima de las normas constitucionales porque necesitan los instrumentos para callar la protesta social”, denunció.

En tanto, resaltó: “Nosotros no vamos a tolerar a 40 años de la democracia que en nombre de una crisis que no es tan grande como la que dimensionan para buscar este resultado, nosotros no lo vamos a permitir de ninguna manera que las reformas del Código penal nos lleven al pasado, que se reinstale el estado de sitio”, y exigió saber “quiénes han redactado estas normas porque ahí si están violando gravemente su deber respecto a la constitución están diagramando un estado represivo para sostener una política económica . No hay márgenes para dictaditas militares ni estados policiales como algunos en el Gobierno quieren”.

“¿Cómo se pretende que el Congreso delegue todas estas responsabilidades en las irresponsabilidades de quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo?”, preguntó críticamente.

Por último, solicitó que retiren el DNU porque “es un desatino y esta ley ómnibus es la repetición de este desatino por mil y no tiene ninguna razón de ser”, y reiteró: “Quienes hoy están aquí que no han sabido explicar ni el ABC de lo que se está proponiendo. Busquen consenso y discutamos tema por tema no estamos dispuestos a ceder el poder que el pueblo le dio al Parlamento argentino”.

“El presidente tiene que elegir si quiere ser virrey de una colonia o presidente de la Argentina y tiene que empezar a respetar el principio de división de poderes. Tiene un programa político que apunta en la dirección de ser colonia. Esto no es un plan económico sino de negocios”, concluyó.

A partir de este lunes quedó sin vigencia el programa Compre sin IVA que había impulsado el exministro de Economía, Sergio Massa, y que no fue prorrogado por el presidente de la Nación, Javier Milei, pese a que en Diputados acompañó el proyecto para convertirlo en ley en la sesión del 10 de octubre y que durante su campaña había prometido mantenerlo.

Uno de los que salió a cuestionar dicha medida fue el diputado nacional Daniel Arroyo (Unión por la Patria) quien a través de su red social “X” publicó un video en el que expresó: “El gobierno fue para atrás con la devolución del IVA en los alimentos. Es absurdo, no tiene sentido”.

“Hasta el 31 de diciembre, las personas de menos recursos compraban alimentos y se les devolvía el IVA del 21% hasta 18 mil pesos. La comida tiene que salirle mucho más barato a los que menos tienen”, planteó.

Para Arroyo “se pueden discutir muchas cosas, yo estoy muy lejos de las ideas del Gobierno, muy lejos de este shock y ajuste a lo bestia que se está encarando, pero esto es una cosa de racionalidad, de entender lo mínimo de lo mínimo”.

Así, pidió volver atrás con esta medida y “generemos de vuelta la devolución del 21% del IVA a los que menos tiene y que comer sea más barato para los más pobres en la Argentina”.

Fuerte rechazo despertó el mega proyecto de ley ómnibus que el Ejecutivo envió este miércoles al Congreso con más de 600 artículos, uno de ellos fue el del diputado nacional Daniel Arroyo (Unión por la Patria) quien comparó la “mega ley” con “una tesis universitaria donde escribió todo lo que le parece”, y alertó que “el problema principal es que le otorga la suma del poder público al presidente de la Nación”, y adelantó que votará en contra de la ley y del DNU en caso de llegar al recinto.

En diálogo por la AM 990, el diputado opositor manifestó: “La ley tiene un problema central y es que concentra toda la suma del poder público en el presidente. La ley establece que hay emergencia prácticamente en todo, que tiene capacidad legislativa el presidente por la emergencia hasta 31 de diciembre de 2025 y lo puede prorrogar dos años más hay un problema central es que esto está por fuera de la caja democrática”.

“Uno puede discutir si tal contenido es mejor o peor, si es más mercado o menos mercado, si la política pública es buena o mala, pero no puede suceder que toda la concentración de la suma del poder en democracia lo tenga el presidente de la Nación por cuatro años si se apruebe la ley”, advirtió.

El legislador opositor explicó: “Luego viene el tratamiento específico es una ley que habla de todo, que básicamente incorpora todos los temas entiendo que ya hay que conformas las comisiones por lo menos la de Asuntos Constitucionales, Legislación General, Presupuesto y Hacienda, RR.EE, más otras varias como Educación, Salud, y ahí empezar a tratarse, pero el problema central es que le otorga la suma del poder público al presidente de la Nación”.

“Primero vino el decreto que tienen que tratarse en la Bicameral con sus 18 legisladores y espero se constituya ya, es un decreto inconstitucional porque en esencia modifica y deroga 300 leyes, desregula la actividad económica general a cuenta de necesidad y urgencia, tiene que venir al recinto y yo voy a votar en contra. En el caso de la ley hay que tratarse en cada cámara por separado y conformar las comisiones”, anticipó y reiteró: “Más allá del contenido que son también muy preocupantes, pero la suma del poder público al presidente no funciona así la democracia”.

Arroyo planteó: “Claramente hay que frenarlo. Hay muchas presentaciones de amparo ante la justicia porque el decreto empieza a ponerse en vigencia desde mañana viernes y seguramente la justicia va a tomar medidas”.

“No hay nadie que crea que el decreto es constitucional, ningún especialista entiende que el decreto sea constitucional y entiendo que la justicia va la venia al amparo y a parar el decreto. A la ley hay que votarlo en contra porque no es solo el tema de las reuniones de pedir permiso y el retroceso que eso implica, elimina la movilidad jubilatoria y van a tener aumentos de acuerdo a lo que el gobierno defina y ya dijo que van a bajar 5 puntos el déficit y para eso licuan el ingreso de los jubilados porque no tiene de otra manera cumplir con la meta fiscal y genera cambios profundos de que el país se vuelva a endeudar sin pasar por el Congreso y volver a tomar nueva deuda”, alertó.

También señaló que “utiliza el fondo de garantía de sustentabilidad que es el fondo de los jubilados se lo pasa al Tesoro Nacional, da la posibilidad de privatizar 46 empresas y varios puntos más”.

“Verdaderamente es algo no racional presentar una ley como esta”, cuestionó y planteó: “Lo racional sería salir de esta de la suma del poder público y después presentar diferentes leyes con distintos temas que se puedan tratar en el Congreso y que consiga la mayoría parlamentaria para aprobarlo”, y chicaneó: “Una mega ley que mete todo es más una tesis universitaria donde escribió todo lo que le parece de cómo debería funcionar la economía y la sociedad que una ley o un decreto”.

El diputado de UP insistió: “El núcleo del problema es que plantea ‘usted presidente haga lo que le parece durante los próximos 4 años y haga de legislador y olvídese del Congreso’. También hay cuestiones brutales como autorizar a una reunión de más de tres personas, la Ley de los mil días, la Ley de Bosques”.

“En el tema electoral lo que define es que todo es por circunscripción uninominal. Independientemente de cada punto el núcleo del problema se le está dando la potestad al presidente de que haga lo que quiera y eso está por fuera de la caja democrática y no se puede permitir”, cuestionó.

Arroyo cerró: “La ley ómnibus tiene que tratarse en Congreso y si este paquete se mantiene así yo voy a votar en contra. Antes el gobierno sacó un DNU derogando 300 leyes y modificando todo, ese decreto empieza en vigencia mañana y la forma de pararlo es que la justicia lo frene y el otro camino es que el Congreso conforme la Bicameral y lo rechace el propio recinto”.

La diputada nacional y exministra de Desarrollo Social Victoria Tolosa Paz (UP) respaldó la movilización hacia Tribunales y planteó que “el Ejecutivo no se puede llevar puesta la labor parlamentaria y el rol del Congreso Nacional”.

En diálogo por la AM 990, Tolosa Paz expresó: “Tomó fuerza la postura de nuestra querida CGT, donde no solo es una marcha que expresa en la mayoría del conjunto de hombres y mujeres afectados por este decretazo impuesto por Javier Milei, sino el pedido importante y la presentación que hicieron de inconstitucionalidad de la norma que para el presidente tiene que empezar a regir la vida de los argentinos”.

“Hay un montón de presentaciones judiciales, esta quizás para nosotros quienes defendemos el rol del sindicalismo en el país y la defensa de los derechos de los trabajadores era una medida necesaria y como legisladores nacionales tuvimos el honor de conversar con toda la CGT en el marco de lo que nos toca para el tratamiento de la Bicameral y las normas que vamos a tener que mirar en el pedido de extraordinarias”, agregó.

Además, sostuvo: “Cada uno puede tener distintas posiciones respecto del acompañamiento o no de la CGT. Nosotros como legisladores nacionales no solo acompañamos el pedido de inconstitucionalidad, sino que nos comprometemos a ponerle voz a la defensa férrea de los derechos de los trabajadores en el recinto que es lo que nos toca”.

“La labor parlamentaria también es un lugar de lucha que nosotros tenemos por delante y compromiso con quienes nos votaron. Muchos se están arrepintiendo con este decretazo de esta magnitud. No hay sector de la economía formal, informal que se ven perjudicados se ven diariamente en el aumento de precios, apertura de la economía, liberación de importaciones, devaluación afectó la vida de todos, esto es lo más importante”, planteó.

Para la diputada opositora: “La mejor respuesta es la lucha, la presentación de inconstitucionalidad en la justicia y nuestra tarea como diputados”, y resaltó que “la bicameral va a ser clave al igual que nuestra postura como bloque en defensa de los derechos de los trabajadores”.

“Milei tiene que saber que la República tiene tres poderes y son claves enmarcados en la Constitución y el Ejecutivo no se puede llevar puesta la labor parlamentaria y el rol del Congreso Nacional. Las cuestiones de forma han sido violadas. Este decretazo tiene que ser revisado y se arroba cuestiones legislativas. Si hay que modificar leyes tiene que ser de cara al Parlamento y eso se vio cuando Milei habló contra el Congreso y se quiere llevar puestas las competencias del Congreso”, cerró.

El titular del bloque oficialista en la Cámara baja y precandidato a renovar su banca por Santa Fe, Germán Martínez, destacó que el ministro de Economía y postulante presidencial Sergio Massa "es el líder que Argentina necesita", al realizar una recorrida por los departamentos de San Justo y General Obligado.

"Nuestro país tiene enormes desafíos para vivir mejor y sin dudas Sergio Massa es el líder que Argentina necesita", aseguró Martínez al recorrer el centro norte santafesino, en una visita que incluyó localidades como Gobernador Crespo, San Martín Norte, Malabrigo y Reconquista, según consignaron fuentes partidarias.

“Con Sergio Massa presidente tenemos una enorme oportunidad, por su capacidad de gestión y porque sabe hacerse cargo de los problemas y de buscarle soluciones", valoró el legislador y agregó: “La Argentina que viene ofrece enormes oportunidades y Sergio Massa es el más capacitado para administrarlas".

Además, señaló: “Tenemos una gran cantidad de desafíos como el energético y otros temas como la conectividad, la integración regional con mercados que no solamente pueden consumir lo que nosotros producimos, sino que pueden requerir los recursos humanos valiosos que tiene la provincia de Santa Fe. No tenemos que regalarles el país a los que quieren que sea para pocos”.

Luego, se reunió con pequeños productores, emprendedores rurales y el presidente comunal de San Martín Norte Juan Testa. En Reconquista, compartió un acto con el intendente Enrique Vallejos, su compañera de lista de diputados nacionales Patricia Petean; la candidata a senadora por el departamento, Soledad Zalazar; los candidatos a concejales Haydeé Vargas, y Javier Machado; y los actuales concejales Gustavo López y Adolfo Fito Maggio.

En tanto, en su visita a Malabrigo, Martínez recorrió instituciones junto a los candidatos provinciales Luciano Galiani (intendente), Luis Carlos Nardin y Ainelen Mercedes Bugnon (concejales).