A partir de este lunes quedó sin vigencia el programa Compre sin IVA que había impulsado el exministro de Economía, Sergio Massa, y que no fue prorrogado por el presidente de la Nación, Javier Milei, pese a que en Diputados acompañó el proyecto para convertirlo en ley en la sesión del 10 de octubre y que durante su campaña había prometido mantenerlo.

Uno de los que salió a cuestionar dicha medida fue el diputado nacional Daniel Arroyo (Unión por la Patria) quien a través de su red social “X” publicó un video en el que expresó: “El gobierno fue para atrás con la devolución del IVA en los alimentos. Es absurdo, no tiene sentido”.

“Hasta el 31 de diciembre, las personas de menos recursos compraban alimentos y se les devolvía el IVA del 21% hasta 18 mil pesos. La comida tiene que salirle mucho más barato a los que menos tienen”, planteó.

Para Arroyo “se pueden discutir muchas cosas, yo estoy muy lejos de las ideas del Gobierno, muy lejos de este shock y ajuste a lo bestia que se está encarando, pero esto es una cosa de racionalidad, de entender lo mínimo de lo mínimo”.

Así, pidió volver atrás con esta medida y “generemos de vuelta la devolución del 21% del IVA a los que menos tiene y que comer sea más barato para los más pobres en la Argentina”.

De cara a asumir formalmente como presidente de la Nación, el liberal Javier Milei adelantó qué hará con uno de los tantos problemas que tienen los argentinos: Créditos UVA. Al respecto sostuvo: “Acá uno se arregla como puede, se tienen que hacer cargo de la decisión incorrecta que tomaron”.

En una entrevista en el programa “A Dos Voces” por la señal de TN el presidente electo fue consultado por los tenedores de Créditos UVA y planteó: “Tomaron esos créditos en función de un diferencial de tasa de interés. Hubiera entonces tomado otro tipo de crédito con una tasa de interés más alta”.

Los créditos nacieron a finales de 2016, y en este sentido Milei preguntó: “¿El gobierno le puso una pistola en la cabeza para que los tomen? Acá uno se arregla como puede. Si usted toma una decisión incorrecta, usted es el que tiene que hacer cargo de la decisión. Si usted tiene que estar pagando la cuenta de las decisiones de renta-riesgo que tomaron otros individuos, porque alguien lo tiene que pagar”.

“Después, encima el Gobierno como no cumplió las reglas entonces ahí se generó toda una serie de cuestiones”, completó. ¿Quién lo paga? Habitualmente el Estado, con emisión de dinero, con impuesto inflacionario, golpeando a los que menos tienen, a los más vulnerables”, explicó.

El proyecto sobre el sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios logró la media sanción en la Cámara de Diputados el 5 de julio de 2023. Recién el 30 de agosto la iniciativa comenzó a ser tratada en el Senado, que emitió dictamen con modificaciones y disidencias el pasado 21 de septiembre momento a partir del cual la iniciativa quedó encajonada.

Sin embargo, Milei dijo que para compensar la baja en la carga impositiva hará un recorte mayor en otras partes del Estado: “A la gente no se la toca, caerá el ajuste sobre los gastos que hace la política”. En esa línea, confirmó que la eliminación del Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y la reducción del IVA se mantendrán durante su gobierno y ratificó que el ajuste lo va a hacer el Estado y no el sector privado.

Cabe recordar que ambas medidas fueron impulsadas desde la cartera que conduce actualmente Sergio Massa y fueron votadas afirmativamente en el recinto por Milei. En el caso de Ganancias fue sancionada el 28 de septiembre y por el lado de Compre Sin IVA tuvo media sanción de Diputados el 10 de octubre y ocho días después recibió despacho de comisión en el Senado, pero quedó allí estancado y podría naufragar.

“Vamos a bajar el gasto público para mantener el equilibrio fiscal. Las bajas de impuestos siempre favorecen a la gente. Nosotros vamos a una hipótesis de déficit financiero cero, pero vamos a ajustar más el gasto público en otro lado”, explicó y señaló: “La Argentina está al borde de la peor crisis de su historia. Tiene lo peor de la crisis de Alfonsín, o sea, la chance de la hiperinflación. Tiene lo peor de la crisis del Rodrigazo del 75, y tiene indicadores sociales peores que los que teníamos en el 2001. El ajuste va a venir de todas maneras. Entonces, la pregunta es, ¿quién hace el ajuste? Históricamente, la política hizo que el ajuste lo pague el sector privado. Esta vez el ajuste lo va a tener que pagar la política. Va a recaer sobre el Estado, no sobre el sector privado”.

También afirmó que “se va a pagar la deuda, lo que significa que se va a hacer el ajuste sobre las partidas del Estado”.

Por otro lado, sobre el Juicio Político a la Corte Suprema de Justicia que impulsó el oficialismo dijo que si no lo baja el actual gobierno, lo hará él y confirmó que su propuesta es que “sea absolutamente independiente” y que para eso quieren “que existan partidas que permitan que la Justicia tenga financiamiento autónomo”.

“Estamos en contra de la persecución de la Corte, con lo cual nosotros no vamos a perseguir a la Corte. De hecho, me manifesté en contra de lo que estaba haciendo kirchnerismo”, indicó el libertario.

En este sentido, explicó: “Lo que quiero es una Corte Suprema que sea absolutamente independiente. Nuestro ministro de Justicia, Cunéo Libarona, está comprometido a llevar a cabo una reforma que profundice y que le dé independencia al Poder Judicial”.

Sobre las tarifas, evaluó que “hay un atraso” y que, por ejemplo, en el caso del transporte “la tarifa está cubriendo cerca del 17% del costo”, pero como la propuesta es “eliminar el impuesto a las ganancias reinvertidas”, el valor actual del boleto pasaría de “$56 a $80”. También garantizó que “para aquellos que están caídos del sistema y que la variación de los salarios no les impacta porque están fuera del sistema, va a haber tarifa social o un criterio social de contención”.

Respecto de la coparticipación y los giros a las provincias anticipó que va a sentarse “a hablar con los gobernadores y se resolverá”, pero garantizó que “ninguna partida de las que se están tocando impactan sobre los argentinos de bien”.

En la que se anticipa como la última sesión antes de las elecciones generales, este martes a partir de las 12 la Cámara de Diputados se reunirá para tratar una decena de proyectos entre los que se destaca la modificación de la Ley de Alquileres.

Ese es el último tema que figura en el temario previsto para este martes, y si bien no se ha definido aún el orden de debate, muy probablemente sea dejado para el final, por cuanto las partes que confontarán en este tema deberán garantizarse la presencia de todos sus miembros hasta entonces, habida cuenta de que la definición será voto a voto, a ver si prevalece la propuesta original aprobada por la Cámara baja, o la modificación del Senado, promovida por el oficialismo.

La mayor atención mediática tratará de volcarla el oficialismo en el programa “Compra Sin IVA”, que en el orden de la convocatoria a la sesión figura en segundo lugar, y está claro que el interés del Frente de Todos será que se lleve la centralidad del debate, al menos en su tramo principal.

También se tratarán el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL), como así también el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030; la creación de las universidades nacionales de la Cuenca del Salado -en Cañuelas-, Juan Laureano Ortiz -en Paraná- y la de Saladillo; el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor; Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital (con las modificaciones del Senado); y la creación del programa Argentina Inclusiva.

Final abierto para la modificación de Alquileres

Volvamos al tema que genera la principal expectativa y que es la modificación de la Ley de Alquileres, que vuelve con cambios introducidos en el Senado. Modificaciones que fueron avaladas por el oficialismo en las comisiones que el miércoles pasados le dieron a las mismas dictamen de mayoría, y ahora los cálculos están puestos en determinar cuál de las dos propuestas prevalecerá en definitiva, para convertirse en ley.

La propuesta del Senado establece mantener el plazo vigente actualmente de tres años en los contratos; proponer que los aumentos sean semestrales; y fijar un nuevo índice para la actualización a partir del coeficiente “Casa Propia”, utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

La oposición defenderá la iniciativa que se aprobó el 23 de agosto, la cual propone devolver el plazo de los contratos a dos años, permitir ajustes cada 4 meses y dejar librado al acuerdo de las partes la actualización de los alquileres con la opción de tres métodos: Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y el Índice de Salarios (IS).

Los temas económicos

Con un dictamen de mayoría y otro de minoría, el programa “Compra Sin IVA” propone el reintegro de una proporción de las operaciones de consumidores finales definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR).

También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El programa está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

También avanzarán con la propuesta para declarar de interés público nacional la licuefacción de gas natural con destino a la exportación de Gas Natural Licuado, con el objetivo de desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. El proyecto necesita contar con el dictamen correspondiente, que alcanzará este martes en el marco de un plenario realizado a partir de las 15.30.

Además, se propone la creación de un Régimen de Promoción de grandes proyectos que comprende el transporte del gas natural destinado a la producción de GNL, su licuefacción, almacenaje y transporte; y su comercialización y exportación. Serán beneficiarios quienes presenten proyectos dentro de los primeros 3 años de su sanción (prorrogables por otros tres por la autoridad de aplicación).

También, otorgará beneficios fiscales a proyectos que comprometan como mínimo una determinada inversión y una capacidad mínima de producción de toneladas de GNL por año.

Se establece un “compromiso de estabilidad fiscal y regulatoria” y garantizará un porcentaje de libre aplicación de las divisas obtenidas por las exportaciones de GNL durante treinta años y estabilidad regulatoria cambiaria para el pago de deudas financieras.

También garantizará el transporte y suministro del gas natural para el proyecto e incluye la posibilidad de acceder a autorización de exportación en firme de GNL 365 por 30 años.

Como contrapartida, demanda requisitos de integración de contenido nacional y contribución al desarrollo local que van escalando periódicamente, como condición de mantenimiento de los beneficios. El objetivo es lograr que los proyectos, a medida del paso del tiempo, vayan incorporando bienes e insumos producidos localmente.

También está el proyecto que prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.

Asimismo promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo, establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

El Plan Nacional Ciencia 2030 busca ser ley

La iniciativa tiene media sanción de la Cámara alta desde el 27 de octubre del 2022 y prevé agendas estratégicas, territoriales, transversales y de cambio institucional, y plantea 10 desafíos nacionales para la próxima década.

El plan presenta los procesos centrales de su formulación e implementación en virtud de un conjunto de agendas agrupadas en cuatro clases, según ámbitos territoriales y temáticos de incumbencia: Agendas Estratégicas, Agendas Territoriales, Agendas Transversales y Agenda de Cambio Institucional.

Según el dictamen, se desarrollarán “Diez Desafíos Nacionales”, que serán políticas específicas de alcance nacional que expresan los temas estratégicos que requieren de conocimiento científico y tecnológico. Ellos son: erradicar la pobreza y reducir la desigualdad y la vulnerabilidad socioambiental; impulsar la bioeconomía y la biotecnología para incrementar la producción sostenible y alcanzar la soberanía alimentaria; y contribuir al diseño de políticas para fortalecer la democracia y ampliar los derechos ciudadanos.

También, los de construir una educación inclusiva y de calidad para el desarrollo nacional; lograr una salud accesible, equitativa y de calidad; desarrollar los sectores espaciales, aeronáutico, de las telecomunicaciones y de la industria para la defensa; y fortalecer la investigación marítima, la soberanía y el uso sostenible de los bienes del Mar Argentino.

Completan los desafíos, promover la industria informática y de las tecnologías de la información para la innovación productiva y la transformación digital; potenciar la transición al desarrollo sostenible; y fomentar y consolidar un sendero para la transición energética.

El Plan 2030 presenta Agendas Territoriales Integradoras de Ciencia, Tecnología e Innovación (ATI-CTI) para cada una de las 24 jurisdicciones, que expresan las prioridades y estrategias de intervención.

Las Agendas Transversales buscan consolidar la base científica y tecnológica para potenciar la capacidad de respuesta tanto a los Desafíos Nacionales como de las Agendas Territoriales. Estas se orientan a la promoción general del conocimiento, la aplicación de tecnologías a la investigación, desarrollo e innovación, la consideración de los aportes de las ciencias sociales y humanas, la promoción de una ciudadanía y cultura científica, la sostenibilidad y la incorporación de la perspectiva de género.

La Agenda de Cambio Institucional atiende a las modalidades de planificación referidas a la formación de recursos humanos, la gestión del conocimiento, la articulación multiactoral, la federalización y la internacionalización.

En cuanto a la inversión total en investigación y desarrollo, se proyecta que pasará del 0,52% del PBI en el año 2020 al 0,85% en el año 2025 y al 1,70% en el año 2030.

La creación de 3 universidades

En cuanto a la creación de nuevas universidades, se completará este martes el cronograma de ocho que esta administración se había puesto como objetivo. Una de las iniciativas fue presentada por el diputado opositor Emiliano Yacobitti (Evolución Radical), que propone establecer a la Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires.

También, está el proyecto de la diputada nacional María Rosa Martínez (FdT – Buenos Aires), quien propuso construir la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas.

Del mismo modo, se busca la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos. El lugar ya funciona como facultad y es impulsada por la diputada Blanca Osuna.

Los demás proyectos

En el temario también figura la creación del Programa Argentina Inclusiva que tuvo dictamen en noviembre del año pasado y es fruto de la unificación de ocho iniciativas, que propone un Régimen de Capacitación en Discapacidad en la Función Pública.

Promueve la capacitación y formación obligatoria, permanente y actualizada de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. También busca la difusión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, incorporar la perspectiva de discapacidad desde el modelo social.

La Autoridad de Aplicación, que será elegida por el Poder Ejecutivo, creará la Mesa de Coordinación Administrativa del Programa Argentina Inclusiva, establecer, conjuntamente con los órganos de implementación, las directrices y los lineamientos mínimos de los contenidos curriculares de la capacitación; monitorear los datos estadísticos a los fines de facilitar la verificación y el cumplimiento de las capacitaciones y desarrollar indicadores anuales de evaluación; implementar campañas de difusión y de concientización.

El proyecto que incorpora la violencia digital como una modalidad dentro de la Ley de Protección Integral a las Mujeres (N°26.485) -que había recibido la media sanción el pasado 5 de julio- fue aprobado en el Senado, pero recibió modificaciones por haber omitido la definición “participación política” en su redacción, por lo que volvió a Diputados.

La iniciativa está inspirada en la “Ley Olimpia”, una normativa mexicana que aborda los delitos que violan la intimidad de las mujeres a través de medios digitales, y que se sancionó en ese país a partir del activismo de Olimpia Coral Melo -quien estuvo presente en el palco-, víctima de difusión de material con contenido sexual, sin su consentimiento, por parte de una expareja.

En el artículo 6 de la 26.485 se incorpora la modalidad de “violencia digital o telemática” definida como “toda conducta, acción u omisión en contra de la mujer basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar”.

Otra de las iniciativas promovidas los últimos días por el ministro/candidato Sergio Massa comenzará a debatirse en Diputados este jueves, con la presencia de tres funcionarios nacionales.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), da inicio así a partir de las 11 de la mañana al debate del proyecto que crea el Programa “Compra Sin IVA”.

Fueron invitados el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel.

El proyecto propicia reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

¿Quiénes son estas personas alcanzadas por el beneficio? Aquellos que  perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

El proyecto establece como finalidad la de mejorar el ingreso disponible y consecuentemente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

El proyecto lleva las firmas del ministro Massa, como así también las del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y considera que los impuestos indirectos tienen un alto impacto en quienes destinan al consumo la mayor proporción de su ingreso. De ahí que la propuesta busque disminuir ese efecto, teniendo en cuenta que se trata de sectores de menores ingresos, atenuando claramente la regresividad del sistema.

“Es esencial que esta medida se complemente con una mayor transparencia y formalidad del sistema, previendo entonces la utilización de medios de pago como tarjetas de débito o crédito, así como la posibilidad de incorporar otras formas de pago”, señala el proyecto, que invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.

El proyecto consta de 9 artículos y prevé como exclusiones para aquellas personas que estarían alcanzadas por el beneficio cuando se verifique que perciben otros ingresos que estén gravados en el impuesto a las Ganancias, o estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

La AFIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario y/o su grupo familiar.