Desde el martes 10 de junio, cuando la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, los diputados y senadores nacionales de Unión por la Patria se abocaron a acompañar a la expresidenta y estuvieron involucrados en las acciones que se llevaron a cabo desde el Partido Justicialista.

Justamente, el PJ Nacional estará a cargo ahora del senador formoseño José Mayans, quien preside el interbloque peronista/kirchnerista en la Cámara alta, y fue como vicepresidente primero en la lista de CFK en octubre pasado. Además, detrás le siguen la senadora Lucía Corpacci, vice segunda, y el diputado Germán Martínez, vice tercero, quien es el titular de la bancada de UP en la Cámara baja.

A propósito de la situación judicial de la exmandataria, la semana pasada y esta -marcada además por dos feriados- hubo reuniones suspendidas en la agenda parlamentaria, mientras que en otras comisiones que sí se realizaron, no presididas por la oposición, legisladores de UP decidieron no asistir. Una excepción de esto fue la Comisión de Agricultura y Ganadería de Diputados, donde se realizó una reunión por el INTA; en tanto, en el Senado la bancada recibió a trabajadores del hospital Garrahan.

En una nueva muestra de unidad peronista desde esa decisión judicial, una importante comitiva de diputados de todas las “tribus” que conviven dentro del bloque de UP partieron este miércoles desde las puertas del Congreso hacia Plaza de Mayo, centro de la marcha convocada para reclamar la libertad de la expresidenta y denunciar su proscripción.

Compañeros y compañeras del bloque de @Diputados_UxP en camino a la 📍Plaza de Mayo.

Con @CFKArgentina siempre.#ArgentinaConCristina🇦🇷 #CristinaLibre pic.twitter.com/7ZwzW3nKnX

— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) June 18, 2025

En la foto difundida por las redes del bloque aparecieron, entre otros, el propio Martínez, Cecilia Moreau, Eduardo Valdés, Carlos Heller, Pablo Carro, Carolina Gaillard, Leopoldo Moreau, Sabrina Selva, Pablo Yedlin, José Glinski, Carlos Castagneto, Ramiro Gutiérrez y Aldo Leiva.

Los senadores hicieron lo propio, fotografiándose frente al Congreso. En el grupo estaban José Mayans, Juliana Di Tullio, Alicia Kirchner, Lucía Corpacci, Juan Manzur, José Neder, Silvina García Larraburu, Martín Doñate y Florencia López entre otros.

En declaraciones radiales, el senador Eduardo “Wado” de Pedro expresó: “Los señores del mal hicieron todo para que Cristina no tenga su 17. Hoy es el 17 de Cristina, hoy se escribe una página en la historia que va a quedar en la memoria de la gente”.

“Cristina es la única voz que tiene fuerza y potencia y que viene advirtiendo que este modelo va a fracasar. Intentaron matarla pero el tiro no salió. Y el tiro del fallo les va a salir por la culata, porque patearon el hormiguero y la gente se va a cansar”, advirtió.

Por su parte, el senador Oscar Parrilli habló de una “mafia judicial” con “funcionarios puestos a dedo por Mauricio Macri”. “Cuando Cristina anunció que sería candidata se despertaron todos los fantasmas. Los jueces de la Corte deben estar muy sucios porque resolvieron en días lo que era para meses y años por lo compleja de la causa”, señaló.

En tanto, su par Juliana Di Tullio afirmó que estarán “en permanente estado de movilización porque el peronismo volvió a nacer a partir de este fallo injusto y arbitrario. Este fallo daña a Cristina y a la Argentina toda”.

"Cristina es inocente y no se puede vivir en un país donde a una expresidenta que gobernó ocho años y le cambió la vida a los argentinos la vuelvan a juzgar por una causa que ya se la había juzgado y había sido declarada inocente", reclamó.

El diputado Máximo Kirchner en la marcha por su madre

Senadores de Unión por la Patria recibieron este miércoles en las oficinas del interbloque a trabajadores, médicos y pacientes del Hospital Garrahan.

“Junto a enfermeros, médicos y cirujanos analizamos la situación de crisis que atraviesa el hospital por el desfinanciamiento continuo por parte del Gobierno nacional, la precariedad laboral y los salarios de pobreza que recibe actualmente el personal del nosocomio”, señalaron a través de un comunicado.

Los legisladores opositores agregaron que “el Garrahan es un emblema de todos los argentinos en materia de salud pediátrica y un orgullo para todos los habitantes de nuestro país”.

La reunión estuvo conducida por Lucía Corpacci, quien preside la Comisión de Salud del Senado y también participó el diputado de UP Pablo Yedlin, titular de la comisión homónima en la Cámara baja e impulsor de un proyecto sobre el tema.

En ese sentido, los senadores asintieron coordinar acciones para que una iniciativa similar sea tratada en paralelo en la Cámara alta. Se trata de una declaración de emergencia pediátrica y de las residencias por el plazo de dos años. En la última sesión en Diputados se pretendía emplazar a las comisiones para su debate, pero el recinto quedó sin quórum.

El interbloque de @Senadores_UxP, conjuntamente con el presidente de la comisión de salud y acción social de la Cámara de Diputados de la Nación, @pyedlin, nos reunimos con representantes del hospital #Garrahan quienes se manifestaron por la difícil situación que atraviesan por… pic.twitter.com/LZ80KZ8wHF

— Lucía Corpacci (@LuciaCorpacci) June 11, 2025

Tras la reunión, la senadora Carolina Moisés resaltó: “Los senadores que representamos provincias alejadas del AMBA valoramos más aún el rol clave para la salud de nuestros niños y niñas que cumple el Garrahan, toda vez que pasan a ser pacientes de alta complejidad o nacen con enfermedades poco frecuentes y terminan derivados a Buenos Aires”.

“Es aliviador para las familias y genera una enorme esperanza cuando llegan al Garrahan, porque los chicos ya no pueden ser contenidos por el sistema de salud pública provincial y saben que en el hospital contarán con la excelencia médica y de atención en enfermería, el conocimiento y el equipamiento necesarios que le vienen mejorando o salvando la vida a muchos”, agregó.

Ante la inminente decisión de la Corte Suprema de Justicia en la causa Vialidad, la expresidenta Cristina Kirchner encabezó un encuentro con el interbloque de senadores nacionales de Unión por la Patria en la sede del Partido Justicialista, ubicada en Matheu 130.

El encuentro comenzó pasado el mediodía de este martes y duró más de una hora. Del mismo se había conocido el día anterior, cuando se informó que se encontrarían para analizar los proyectos con media sanción de la Cámara de Diputados -sobre jubilaciones y discapacidad- y el endeudamiento tomado por el Gobierno nacional.

En la cabecera de la mesa escoltaron a CFK el jefe del interbloque y presidente del bloque Frente Nacional y Popular, José Mayans, y la titular de la bancada Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio.

Con el correr de las horas, la reunión tomó mayor relevancia, dado que a las 16 de este martes se espera que el máximo tribunal resuelva en torno a la sentencia que le fue dictada a la dos veces expresidenta, condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.

La militancia se declaró en "estado de alerta y movilización", mientras que desde este lunes, día en que CFK habló en la sede del PJ en el marco del aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, se dieron cita en el edificio de Matheu intendentes, legisladores y dirigentes peronistas.

Además, varios gremios convocaron a una reunión de "urgencia" que iba a llevarse a cabo en la sede de SMATA, pero finalmente se trasladará al PJ, para las 16, misma hora que se espera una reunión clave de la Corte Suprema.

Apoyo de la CGT

Bajo el título "La democracia está en peligro", la Confederación General del Trabajo (CGT) respaldó a la expresidenta. "Cualquier fallo que ponga en cuestión las reglas democráticas, no hace más que alterar el normal funcionamiento institucional de la Nación. Nos referimos a causas en las que se observan serias irregularidades, difusión anticipada de medidas a través de los medios y manipulación informativa".

“De este modo, se desvirtúan y desnaturalizan los procesos de investigación y juzgamiento, que deberían ajustarse a derecho y respetar las garantías. Es un procedimiento que ya se ha utilizado en países hermanos, cuyo caso más emblemático fue el del compañero (Inácio) ‘Lula’ Da Silva en Brasil”, señalaron.

Asimismo, los miembros de la central obrera sostuvieron que “es la voluntad popular” la que debe ser “resguardada”, ya que solo los ciudadanos son quienes deben decidir, “a través de elecciones libres”, quiénes serán sus representantes, “sin interferencias de otros poderes” porque es “un acto de soberanía constitucional”.

Por estos motivos, expresaron “profundo repudio a la embestida mediática y política” y le exigieron responsabilidad al Poder Judicial para que actúe “con la integridad que la ley exige y la sociedad le reclama”.

“Sin lugar a dudas, la persecución a los candidatos, ya sea del peronismo o de cualquier otra organización que defienda los intereses nacionales y populares, confirma que la proscripción electoral es una condición necesaria para imponer un modelo económico y social de desigualdad, fragmentación y empobrecimiento de las mayorías”, concluyeron.

El interbloque de senadores de Unión por la Patria salió a rechazar las declaraciones del presidente Javier Milei, quien aseguró que Cristina Kirchner "va a ir presa" y la llamó "presidiaria". "Busca tapar la crisis y la estafa $LIBRA con cárcel a CFK", enfatizaron.

Mediante un comunicado, la bancada que conduce José Mayans señaló que "el presidente Javier Milei se encuentra cada vez más aislado frente a la profunda crisis económica y social que sufre la Argentina. Fiel a su estilo agresivo, pretende desviar la atención de los verdaderos problemas que tiene el pueblo y adelanta una sentencia amenazando de cárcel a la compañera Cristina Fernández de Kirchner".

"Nuevamente somos testigos de otro ataque a la democracia argentina. El jefe de Estado dio a conocer el supuesto futuro judicial de la dos veces presidenta de la Nación mediante información judicial clasificada de un poder que debería ser independiente", advirtieron.

Los senadores evaluaron que "así, Milei dejó al descubierto los verdaderos motivos que lo impulsaron a designar a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto a fin de manipular judicialmente y silenciar políticamente a la presidenta del principal partido de oposición para allanar el camino y profundizar el saqueo y el ajuste".

Durante una entrevista en El Observador, Milei respondió sobre las críticas de CFK al nuevo acuerdo con el FMI y lanzó: "Cristina está nerviosa porque Casación le revocó el recurso y ya sabe que va a ir presa. Ese es el dato”. “Es un actor irrelevante. No me interesa lo que diga la futura presidiaria. Que empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel. O, si le dan la domiciliaria, en la casa que decida recluirse”, agregó.

El principal interbloque opositor opinó que "el presidente destroza la institucionalidad de la República Argentina al desconocer el concepto de la división de poderes, así como el funcionamiento del sistema republicano, y demuestra una vez más su desprecio por la Constitución Nacional".

"Nuestro interbloque advirtió días atrás la inseguridad jurídica que genera la aprobación de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, del cual se desconocen montos, plazos y consecuencias para la política económica argentina. Una vez más, rechazamos un acuerdo de estas características por tratarse de un endeudamiento que busca ser ordenador de las relaciones exteriores y disciplinador de las relaciones internas", afirmaron.

Los legisladores sostuvieron que ellos fueron "claros" en que no van a "acompañar ni reconocer ningún acuerdo que no tenga el debido tratamiento del Congreso de la Nación y que no respete la Constitución Nacional y las leyes vigentes en relación a una nueva toma de deuda por parte del Poder Ejecutivo con el FMI".

"Con estas maniobras, Milei intenta ganar tiempo y tapar el escándalo por la estafa internacional con la criptomoneda $LIBRA y las denuncias abiertas en su contra en distintos países, que lo muestran como un estafador y corrupto", cargaron y concluyeron: "La realidad no se puede tapar, el pueblo argentino ya sabe de la calidad moral y de los verdaderos intereses que el presidente defiende".

Un día ocurrió: las internas dentro de Unión por la Patria en el Senado tuvieron sus consecuencias y cuatro senadores decidieron conformar un nuevo bloque, que igualmente continuará dentro del interbloque, el cual es la primera mayoría en la Cámara alta con 34 miembros.

Bajo la decisión de abordar una agenda federal, reclamo que también tiene un grupo de senadores del otro lado del Congreso, el puntano Fernando Salino, la jujeña Carolina Moisés, el catamarqueño Guillermo Andrada y el riojano Jesús Rejal integraron el nuevo espacio nombrado “Convicción Federal”.

UP estaba conformado hasta ahora por los bloques Frente Nacional y Popular, a cargo de José Mayans, y del cual eran parte Andrada y Rejal; y el de Unidad Ciudadana, comandado por Juliana Di Tullio, en el que estaban hasta este miércoles Moisés y Salino.

Ahora, el principal interbloque opositor, conducido por Mayans, está conformado por el FNyP, UC y Convicción Federal, al que sus creadores calificaron como “una nueva expresión” dentro de UP.

Mediante un comunicado, los senadores aseguraron que con este nuevo bloque “se refuerza la estrategia de apertura y debate interno” y “los miembros formarán parte de las decisiones sobre los temas estratégicos, sumando voces en oposición al Gobierno nacional, y dando mayor visibilidad a la problemática e intereses de sus provincias en lo que corresponde a la participación política, posición sobre proyectos específicos y la agenda legislativa del Senado de la Nación”.

“La visión federal es una necesidad urgente que se viene reclamando fuertemente desde diversos sectores del peronismo y hoy se expresa legislativamente en este nuevo bloque”, remataron, en alusión al pedido de que se aborde una agenda amplia y no sólo comandada desde Buenos Aires, como consideran impulsa la presidenta del PJ Nacional, Cristina Kirchner.

El bloque estará presidido por Salino, del riñón del exgobernador Alberto Rodríguez Saá, mientras que Moisés será vicepresidenta. La jujeña se había desmarcado de su bloque en una serie de votaciones. La última fue en la Ley Antimafias, mientras que una de las más recordadas fue el capítulo del RIGI en la Ley de Bases, que también votó a favor Andrada, quien responde al gobernador de su provincia, el catamarqueño Raúl Jalil, quien está cada vez más alineado con Casa Rosada. En cuanto a Rejal pertenece al entorno del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien le disputó a CFK la presidencia del PJ, aunque luego su lista fue rechazada por la justicia.

Uno de los últimos episodios que también dio muestras de la rebeldía contra la presidenta del peronismo fue que Moisés decidió presentar su propio espacio para las elecciones legislativas locales, ante la oposición a la intervención del PJ en esa provincia.

A través de una carta dirigida a la directora del FMI, Kristalina Georgieva, senadores de Unión por la Patria rechazaron la firma de un nuevo acuerdo del organismo con el gobierno argentino, el cual -consideraron- “sólo serviría para financiar la campaña del presidente Milei” y tendrá “consecuencias desastrosas” para el país.

La misiva, también destinada a todo el directorio y staff del FMI, arranca: “Atento al dictado del DNU 179/25 por medio del cual el Poder Ejecutivo Nacional se autoriza a sí mismo a contraer un nuevo endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, los senadores y senadoras de Unión por la Patria queremos hacerles llegar nuestra posición contraria a la suscripción del mismo”.

“Desde el punto de vista jurídico, denunciamos que dicho DNU es incompatible con la legislación vigente, ya que contradice nuestra Constitución Nacional”, aseguraron en la nota firmada por los legisladores José Mayans, Anabel Fernández Sagasti y Juliana Di Tullio, tridente que conduce la bancada de UP en la Cámara alta.

En ese sentido, indicaron que el decreto “tampoco cumple con la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece que ‘todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizado con el Fondo Monetario Internacional, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley del honorable Congreso de la Nación que lo apruebe expresamente’ en su artículo 2”.

“De esta manera violatoria de la institucionalidad, se intenta, tal como se hizo con el acuerdo stand by de 2018 con el gobierno de (Mauricio) Macri, cerrar un acuerdo sospechoso, ya que en el DNU mencionado no se establecen ni montos, ni condiciones financieras y, mucho menos, las condicionalidades y metas que ese organismo le fija a la Argentina, que quedan así cubiertas de un manto de secreto inentendible, a menos que sean de una gravedad tal que impliquen la entrega de activos estratégicos de la Nación Argentina o que establezcan medidas de ajuste todavía más brutales de las hoy el gobierno de Milei está implementando”, enfatizaron.

Los senadores aseveraron que “el FMI debería considerar las consecuencias que se generarían a partir de la firma de un nuevo acuerdo de Facilidades Extendidas en estas condiciones, y, por ende, sus directivos y funcionarios deberán hacerse cargo de las responsabilidades que se deriven del mismo”.

A su vez, anticiparon que “de continuar por este camino”, Unión por la Patria “no reconocerá este acuerdo, ni esta deuda, ni los compromisos contraídos, por violar nuestra Constitución Nacional y las leyes vigentes”.

“Entendemos que se estarían vulnerando nuevamente las condiciones de excepcionalidad, como ya sucedió en el acuerdo stand by de 2018, puesto que, con este nuevo endeudamiento, casi se triplicaría la cuota que le corresponde a nuestro país, con los costos adicionales en cargos y comisiones que ello implica”, señalaron.

Y pronosticaron: “Si bien el DNU establece que los fondos frescos que el FMI pudiera aportar sólo deberían utilizarse para pagar los vencimientos con ese organismo y reforzar las reservas internacionales del Banco Central, el destino de los mismos será, en definitiva, el de financiar la salida de capitales. En suma, el FMI estaría suscribiendo un nuevo acuerdo que implicaría el incumplimiento del artículo VI de su propio Estatuto, como ya lo hizo en 2018”.

“El gobierno argentino se encuentra desesperado por la falta de dólares”, sostuvieron y, en ese sentido, observaron que “ante la caída de reservas de los últimos días, con salida de capitales y con un contexto mundial sumamente incierto, sólo el rescate del FMI les permitiría continuar con esta política económica de atraso cambiario”.

Los opositores recordaron que el acuerdo de 2018 “fue utilizado por el presidente Macri para financiar su campaña electoral, con el resultado por todos conocido. Por eso, les solicitamos que tengan en consideración aquella situación a efectos de evitar que la misma se repita y que, por lo tanto, no suscriban un nuevo acuerdo que sólo serviría para financiar la campaña del presidente Milei (que dicho sea paso ya ha encontrado, a través de la estafa con criptomonedas, una novedosa forma de contar con fondos para sus pretensiones electorales) porque está en juego la vida de millones de argentinos sometidos al hambre, la miseria y la exclusión social”.

“Argentina habrá pagado hacia fines de 2025, por intereses, cargos y comisiones a ese organismo, aproximadamente unos 15.000 millones de dólares, por aquel acuerdo fallido de 2018 y todo ha empeorado desde entonces; la inflación se aceleró, la pobreza y la indigencia crecieron, la producción se redujo y las cuentas externas tampoco mejoraron”, cuestionaron.

Los senadores K expresaron: “Sabemos que este esquema económico va a durar poco tiempo más, ya que más temprano que tarde la corrección cambiaria se hará impostergable. Y también, que el pueblo argentino, que ya viene resistiendo el duro ajuste al que es sometido, seguirá por este camino de rebeldía cada vez con más fuerza, por más represión que intenten aplicar”.

“Las naciones integrantes del FMI, sus directivos y sus funcionarios técnicos, deben tomar nota y deben hacerse cargo de que en estas condiciones es evidente la inviabilidad del cumplimiento de acuerdos de estas características fraudulentas”, sugirieron.

Además, advirtieron que esta deuda “podrá ser calificada como deuda odiosa en su más amplia acepción” y “por lo tanto sujeta a un default selectivo de la Nación Argentina, habida cuenta de que se conocen de antemano las consecuencias desastrosas que tendrá”.

“Insistimos en que la aplicación de las mismas recetas basadas en políticas de ajuste, atrasos cambiarios y especulación financiera permanente, sólo traerán los mismos resultados negativos”, resaltaron y concluyeron: “Firmar un nuevo acuerdo en una clara violación de la legislación vigente en la Argentina, no sólo acarreará su absoluta nulidad sino que, como fuerza política, no reconoceremos como válida y sujeta a obligaciones por parte del Estado argentino”.

Luego que la vicepresidenta Victoria Villarruel dispusiera una prórroga en el congelamiento de las dietas de los senadores, la neuquina Silvia Sapag lamentó que "el poder político, que representa al pueblo y a las provincias, siempre está cuestionado", y comparó: "¿Cuánto ganan los cortesanos, cuánto gana el Poder Judicial? Nunca está en cuestión y sus sueldos están entre 30 y 50 millones de pesos".

La legisladora del interbloque Unión por la Patria afirmó que fueron "consultados" ante la decisión que iba a tomar Presidencia, pero Villarruel "siempre trata de dejarnos mal parados, donde propios y ajenos nos están puteando", dijo.

Para Sapag, la titular del Senado "tiene las atribuciones para determinar cuál es el honorario del senador y ella dice que no está dentro de sus facultades". "Todo este año la vicepresidenta se negaba a tomar decisiones y resulta que en el decreto que saca dice 'en uso de las facultades que le son propias'. Y claro, esto Cristina Kirchner ya lo hizo en la pandemia", señaló, al recordar el congelamiento de dietas en el arranque de la gestión del Frente de Todos.

En declaraciones radiales, la senadora K apuntó que el jefe de la bancada, José Mayans, presentó un proyecto para "ponernos en un plano de igualdad con los otros poderes", sin embargo no se debatió, porque "han clausurado el Congreso".

"Los tres poderes del Estado son tan importantes como cualquiera de cada uno de ellos, entonces que todos ganen igual", agregó la vicepresidenta de la Cámara alta y lamentó las críticas hacia los legisladores sobre que "no hacemos nada, y somos al final quienes le estamos poniendo freno a este Gobierno".

Ante las versiones que anticipan un pronto fallo adverso para la expresidenta Cristina Kirchner por parte de la Cámara de Casación, que debe decidir si ratifica la condena en su contra en la causa Vialidad, los senadores nacionales de Unión por la Patria emitieron un duro comunicado con críticas a la Justicia, el macrismo y el Gobierno actual, al que adhirió también el bloque de UP de diputados.

"La justicia colonizada desde hace tiempo por el macrismo acaba de dar una nueva muestra de parcialidad manifiesta, al orquestar otra maniobra para proscribir en eventuales pugnas electorales a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner", sostuvieron.

Desde la bancada que conduce José Mayans señalaron que notas periodísticas en distintos medios, publicadas este domingo, "dan cuenta que la Cámara de Casación Penal dejó trascender que piensa ratificar la condena de seis años contra la exmandataria en la amañada causa por la obra pública durante su gestión".

"Este hecho es claramente alarmante, arbitrario y fuera de todo respeto por las garantías procesales, sobre porque todavía la propia afectada ni siquiera fue notificada. Se trata de otra clara maniobra de la guerra jurídica (también conocida como lawfare, iniciada durante el macrismo) con la que se busca sacar de carrera a la compañera Cristina Fernández de Kirchner y disciplinar a toda la dirigencia política y social del campo popular, que intente frenar las políticas de ajuste y de entrega del Gobierno actual", apuntaron.

También consideraron que "el acuerdo Macri-Milei para aprobar en el Congreso la llamada ley de ficha limpia (que impede la participación electoral de cualquier persona que tenga alguna causa por corrupción) conforma el otro brazo de esta maniobra de pinzas política, mediática y judicial, que tiene un solo objetivo: proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Es inconcebible para la vida de la democracia que ocurran hechos como los mencionados".

"Todo esto sucede en un contexto en el que el programa de gobierno consiste en el desfinanciamiento de la educación y salud públicas; así como el desfinanciamiento del sistema de inversión pública y de las cajas previsionales provinciales; en que además se dolarizan los servicios públicos a niveles impagables para la ciudadanía. Todo ese programa ha traído como consecuencia que los niveles de pobreza alcancen al 52,9 por ciento de la población, llevando el sufrimiento a millones de argentinos y argentinas", enumeraron.

Además, cuestionaron que "a ello, se sumó el acto de Parque Lezama, cargado de odio y resentimiento por parte del presidente y sin ningín tipo de esperanza para el pueblo argentino, en que Milei envió un mensaje a la justicia para mandar a la cárcel a CFK".

"Así, el jefe de Estado intentó, además, remontar la caída estrepitosa de su imagen y de sus políticas públicas de empobrecimiento y de entrega, de las que fue advertido por periodistas y encuestadores", agregaron.

Los legisladores resaltaron que "basta recordar que la nueva gestión envió oro de las reservas a Inglaterra, para que vaya saber qué versiones, y estableció un último acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña, en que la Argentina nada recibe a cambio, mientras continúa la ocupación de nuestras Islas Malvinas. Así como el incremento escandaloso de la deuda pública. Otras claras muestras del desprecio por la defensa de los intereses nacionales que se emana desde la Casa Rosada".

"Se trata de un gobierno sin concepción federal y sin concepción republicana. Otra prueba de ello es el intento de habilitar un canje de deuda mediante el decreto 846/2024, sin pasar por el control del Congreso de la Nación, que viola la Constitución Nacional y las normativas vigentes", criticaron.

Finalmente, los senadores repudiaron "este tipo de maniobras y exigimos que se terminen, de una vez por todas, situaciones como las denunciadas que afectan de plano la libertad de las personas, la vida en democracia y el Estado de derecho". "Queremos que se haga Justicia y que se respeten las garantías constitucionales. Esto que está ocurriendo queda absolutamente en las antípodas de lo que significa impartir justicia", enfatizaron.

Senadores y diputados de Unión por la Patria recibieron a representantes de los trabajadores de la empresa argentina de telecomunicaciones ARSAT, quienes reclamaron el pago de salarios adeudados al personal y denunciaron el vaciamiento por parte del Gobierno nacional.

Del encuentro realizado en el salón de reuniones que posee el interbloque opositor en la Cámara alta, participaron los senadores Oscar Parrilli, Eugenia Duré, Florencia López, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Alicia Kirchner, María Teresa González y Silvia Sapag; y los diputados Hugo Yasky, Daniel Gollán, Pablo Carro, Julia Strada y Lorena Pokoik.

Al cierre del encuentro, Parrilli señaló que los trabajadores de ARSAT “están pasando por una situación muy grave, no solamente desde el punto de vista salarial, sino también porque se está desmantelando y desguazando la empresa”. “El Gobierno nacional está poniendo en riesgo el funcionamiento de una empresa estatal que es superavitaria y tiene ganancias”, resaltó.

Para el neuquino, “esta locura del Gobierno de destruir todo lo que pertenece al Estado se encarna en esta política, precisamente, de destrucción de ARSAT. Eso es lo que los compañeros trabajadores nos han venido a plantear en el seno del bloque”.

Por su parte, Duré expresó que “ARSAT es soberanía nacional, por lo cual esta lucha de los trabajadores es de todos”. “Desde hace nueve meses venimos batallando contra un Gobierno nacional que lo único que pretende es desmantelar todas las empresas del Estado”, cuestionó.

También, la senadora fueguina destacó lo que significa la referida empresa en relación a las telecomunicaciones para todas las provincias del país y dijo: “Desde el interbloque Unión por la Patria vamos a hacer todo lo necesario para que el Estado nacional dé respuesta a esta gran empresa”.

A su turno, López apuntó contra el Gobierno nacional porque “ataca a los trabajadores, a la ciencia, la tecnología, a la educación, y lo que está haciendo con la empresa estatal es una muestra más de ese accionar". “Desde el peronismo vamos a trabajar en las leyes que sean necesarias para que a los trabajadores se les pague el salario que corresponde con los fondos que ellos mismos generan”, aseguró la riojana.

Y agregó: “ARSAT es una empresa que anda muy bien, que gana muchos recursos en dólares, y no es justo que el Gobierno esté desviando sus fondos en cuestiones que nada tienen que ver con la soberanía nacional ni con lo que la empresa representa para las telecomunicaciones”.

En tanto, el secretario general de FOETRA, Claudio Marín, se refirió a que la acción sindical llevada a cabo este miércoles en las puertas del Congreso se organizó “en defensa de la fuente de trabajo” y también en protección “de un proyecto de telecomunicaciones nacional, necesario para el desarrollo del país y de la integración del territorio”. “ARSAT -prosiguió- es soberanía y un salto en la brecha digital”.

“Estamos sufriendo una situación muy difícil, no solamente por el desmantelamiento de la compañía, también se deben salarios atrasados, que rebajan el sueldo real de los trabajadores en un 50 por ciento. Reclamamos que el pago se efectivice porque ARSAT es superavitaria y el dinero para los salarios está”, precisó el dirigente sindical.

Diego Freyberg, integrante de la comisión interna de ARSAT por el gremio FOETRA, comentó que los trabajadores se movilizaron al Congreso “en reclamo del pago de los salarios adeudados”. “Desde el cambio de Gobierno, en diciembre de 2023, estamos cobrando la mitad del sueldo”, detalló. “Por otro lado, estamos denunciando el vaciamiento en la empresa, están frenando todos los proyectos de desarrollo tecnológico, los están desfinanciando”, afirmó.

“ARSAT es una empresa estratégica de alta tecnología que tiene los recursos para pagar los sueldos. No depende del Tesoro Nacional para pagar los sueldos, sólo depende de una decisión política tanto para pagar los salarios como para continuar los proyectos de desarrollo tecnológico que venimos realizando desde hace tantos años”, explicó el delegado de los empleados de la compañía.

ARSAT es una empresa estatal argentina que administra los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, puestos en órbita en 2014 y 2015, respectivamente, hecho que colocó a la República Argentina entre los ocho únicos países en el mundo que construyen y operan satélites geoestacionarios (y en el segundo del continente junto con los Estados Unidos).

En la previa de la sesión en el Senado en la que se tratarán los proyectos impulsados por el Gobierno, trabajadores de empresas que se proponen privatizar acercaron más de 100 mil firmas en contra de la ley Bases y fueron recibidos por senadores de Unión por la Patria. 

La entrega de las adhesiones se realizó este martes en la puerta del Senado, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. “Junto a ellos ratificamos nuestro compromiso de cuidar el patrimonio del Estado y el trabajo de miles de argentinos y argentinas”, expresaron los legisladores opositores. 

Entre los solicitantes estuvieron trabajadores de Radio Nacional, TV Pública, Agencia Télam, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. Según trascendió, la aerolínea de bandera podría ser quitada del listado por el oficialismo. 

La ley de Bases prevé la privatización de nueve empresas en total: Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Luego del avance de los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado, el kirchnerista Oscar Parrilli afirmó que los 33 integrantes de Unión por la Patria votarán en contra de las leyes impulsadas por el Gobierno y que en esto "no hay quiebre" en el bloque.

"No es por un capricho o porque queremos que le vaya mal a (Javier) Milei, sino porque estas medidas que se están implementando y se proponen (en la ley Bases) ya se ejecutaron en Argentina. Todo esto ya se implementó y ya fracasó", expresó.

Además, el legislador cuestionó que ahora "están los mismos actores: (Federico) Sturzenegger, la gente de (Domingo) Cavallo y (Luis) Caputo", y sumó la cuestión de "la economía bimonetaria, la deuda y los acuerdos con el FMI".

El neuquino aseguró que ellos estarían dispuestos a debatir "una ley de incentivo para las inversiones, pero que proteja los intereses del Estado; estamos dispuestos a discutir el rol de las empresas públicas y cuáles pueden incorporar capitales privados, una modernización de las relaciones laborales, una ley de blanqueo y una ley de reforma impositiva", pero no como plantea la ley Bases, donde "cambian hasta lo que anda bien" como la Ley de Hidrocarburos, apuntó.

El senador cristinista alertó que con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, las empresas multinacionales "se van a llevar los recursos naturales de una manera ostentosa y obscena y no traer los dólares". "El capital viene no porque le bajes las leyes laborales o los impuestos, viene si hay negocio, si hay plata. La mayor inversión minera fue en la época de Néstor y Cristina (Kirchner)", agregó.

En declaraciones a Radio Con Vos, el opositor coincidió con el radical Martín Lousteau: "La lectura de él fue muy parecida a la nuestra. Es verdad que todas las modificaciones que le habían introducido son cosméticas, son pavadas. Nosotros queremos ver el dictamen de Lousteau, si hay cosas razonables estamos dispuestos a apoyarlas".

Sobre el presidente Javier Milei, Parrilli opinó que "es un ideólogo, no sabe de economía, en realidad lo que hace es relatar ciertas teorías". "Nos entretiene, con esos temas del viaje, parece que fuera Alicia en el país de las maravillas, viajando por el mundo, que salta, baila, se enoja con un presidente, nos distrae, pero lo más grave es foto del Llao Llao, son los grupos empresarios que nos están esquilmando y como buitres robándose todo lo que pueden del Estado". "Si llega el momento y fracasa, (Milei) le va a echar la culpa a la gente", advirtió.

Por otra parte, respecto de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, ante la posibilidad de que Unión por la Patria acompañe ese pliego, el legislador contestó: "No lo hemos analizado. No es solo Lijo, son dos, todavía no ha ingresado, cuando ingrese lo veremos".

En el arranque del debate de la ley de Bases en el Senado, y además en la previa del paro general, representantes sindicales de todos los sectores se reunieron este martes con senadores de Unión por la Patria y pidieron ser escuchados en las comisiones.

Según anticipó la jefa de Unidad Ciudadana -uno de los dos bloques del principal interbloque opositor-, Juliana Di Tullio, pedirán mediante una nota que se convoque al plenario a representantes de las centrales obreras y también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el próximo jueves está previsto un paro general de la CGT y una de las consignas es el rechazo a la ley de Bases que impulsa el Gobierno y que contiene un capítulo sobre reforma laboral.

Si bien Di Tullio no aclaró para qué día esperaban que se los invite a las comisiones, a la salida del encuentro con los senadores de UP, el líder cegetista Héctor Daer sostuvo que aguardaban asistir la próxima semana. Según los planes del oficialismo, la semana siguiente quieren ya dar la discusión en el recinto.

Al respecto, el presidente del interbloque UP, José Mayans, comentó que en el encuentro del que participaron representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y de distintas organizaciones sindicales se analizó “el tratamiento de la Ley Base y del Paquete Fiscal y cómo afectan al trabajo en la República Argentina y al sistema previsional”.

También, los sindicalistas expresaron preocupación por la reforma del impuesto a las Ganancias, que puede volver a impactar sobre una masa de trabajadores que se habían beneficiado con la eliminación del pago de la cuarta categoría. “Para nosotros el salario no es ganancia y no la vamos a acompañar, como ya ocurrió en diciembre pasado”, explicó el formoseño.

Además de Mayans y Di Tullio, de la reunión participaron la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, la senadora tucumana Sandra Mendoza; su comprovinciano Juan Manzur, el porteño Mariano Recalde, el bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, el chaqueño Antonio Rodas, los santiagueños José Neder y Gerardo Montenegro, la rionegrina Silvina García Larraburu, el riojano Fernando Rejal, el sanjuanino Sergio Uñac y el neuquino Oscar Parrilli.

Por la CGT dijeron presente Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Cristian Jerónimo y Jorge Sola. En tanto, por la CTA de los Trabajadores hicieron lo propio Hugo Yasky, Rodrigo Borras y Edgardo Llano; y por la CTA-Autónoma Hugo Godoy, entre otros.

Los sindicalistas expresaron también su preocupación por la precarización laboral, que sostuvieron que se pretende presentar como modernización laboral, así como de la pérdida del poder adquisitivo del salario como consecuencia de la devaluación del 120 por ciento aplicada por el Gobierno al asumir y la inflación acumulada que alcanza al 90 por ciento desde diciembre pasado.

Otro elemento que genera intranquilidad en las filas sindicales es el aumento de la desocupación, como ocurre en gremios como la UOCRA como consecuencia de la paralización de la inversión y la obra pública en todo el país.

En el encuentro, los referentes de las tres centrales obreras se comprometieron a conversar con los dirigentes de las distintas organizaciones sindicales de las provincias para unificar el discurso y la acción frente a la embestida legislativa del Gobierno.

Luego de la polémica en el Senado por el aumento de dietas, el interbloque de Unión por la Patria presentó un pedido de sesión para el próximo 2 de mayo, con la intención de debatir sobre un proyecto de ley que pone un tope máximo a los sueldos de funcionarios públicos de los tres poderes, órganos extrapoderes, organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. 

La iniciativa fue presentada en marzo pasado por el formoseño José Mayans pero, al igual que el resto del temario, no posee dictamen de comisión, con lo cual requeriría de dos tercios de los votos para su tratamiento sobre tablas. 

Además, la solicitud incluye proyectos referidos a la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Uno de ellos busca declarar la emergencia durante 2024 y elevar la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones de pesos para este año. 

La otra iniciativa propone un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032. 

Finalmente, el tercer tema tiene que ver con anular los aumentos de las tarifas de electricidad dispuestos por el Gobierno nacional en febrero, a través de la resolución 7/2024, y reglamentar el precio de la adquisición de la energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A. 

“El tratamiento urgente de estos proyectos se motiva por la acuciante situación económica por la que están atravesando gran parte de los habitantes de la Argentina, siendo necesaria la intervención de este Cuerpo para paliar cuanto menos en parte la misma”, sostuvieron en el pedido. 

Desde el interbloque de senadores de Unión por la Patria se refirieron este viernes a la visita a la Argentina de la jefa del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Laura Richardson, y defendieron la Estación Espacial china instalada en Neuquén, al tiempo que pidieron no tener una relación "sumisa" con el país norteamericano.

A través de un comunicado, los legisladores de la principal bancada opositora remarcaron que la generala "será bienvenida a nuestro país en calidad de representante militar y, a todas luces, diplomática de EE.UU. siempre y cuando los intereses argentinos sean respetados y contemplados por sus funcionarios en igual jerarquía a los estadounidenses".

"Observamos con alerta la agenda dispuesta para su visita oficial, así como los dichos expresados por el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, en relación a la Estación de Espacio Lejano ubicada en la provincia de Neuquén y su posible uso militar por parte de las Fuerzas Armadas chinas", señalaron.

En ese sentido, desde el bloque kirchnerista/peronista sostuvieron que "históricamente Argentina ha propiciado la articulación de proyectos de cooperación científico-tecnológica de índole pacífica con terceros Estados, en pos de cumplir con nuestros objetivos de desarrollo socioeconómico soberano. Esto incluye necesariamente al sector espacial argentino".

"En ese marco, a partir del 2012 se impulsaron una serie de acuerdos interinstitucionales entre la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), incluyendo posteriormente a la provincia de Neuquén para el establecimiento de la Estación de Espacio Lejano. Los mismos tienen como corolario el Acuerdo de Cooperación entre China y Argentina firmado en 2014 que cuenta con la debida aprobación del Congreso Nacional mediante la Ley N°27.123/15", recordaron.

Sobre este tema, mencionaron que "su uso estrictamente pacífico fue incluso ratificado mediante un Protocolo Adicional por parte de la excanciller Susana Malcorra en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. El mismo estableció que la Estación 'se implementará exclusivamente con miras al uso civil en el campo de la ciencia y la tecnología, y la información resultante de sus investigaciones de ninguna manera podrá ser utilizada con propósitos militares'".

En el texto, los senadores enfatizaron entonces que "es claro que la instalación de la Estación Espacial en conjunto con la República Popular China resulta de una decisión esencialmente soberana, que persigue fines estrictamente pacíficos y no de carácter militar, a la vez que abre nuevas oportunidades de conocimiento y cooperación para la comunidad científica argentina. Condiciones similares operan para la Estación DS3 Malargüe, construida y utilizada por la Agencia Espacial Europea en la provincia de Mendoza en el año 2012". "De manera tal que la solicitud de inspección de la base por parte del embajador resulta parcial y sesgada", subrayaron.

La bancada conducida por José Mayans acusó que "la política exterior sobreideologizada y dogmática ejecutada por el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino prevé la adopción irrestricta de la agenda de defensa, seguridad e inteligencia de Estados Unidos, a cambio de apoyo económico y financiero en organismos internacionales y fondos de inversión donde Estados Unidos tiene fuerte injerencia".

"Esto nos somete a involucrarnos en conflictos extrarregionales entre dos grandes potencias como lo son Estados Unidos y la República Popular de China, en fuerte detrimento de los intereses nacionales y de los principios de política exterior argentina que históricamente han velado por la paz, la neutralidad y la no intromisión en asuntos externos", advirtieron los legisladores.

Por eso, consideraron que "las decisiones del Gobierno ponen en riesgo la seguridad nacional y provocan tensiones con importantes aliados en agendas comerciales y diplomáticas de interés para Argentina, como la causa Malvinas. La cesión de soberanía a cambio de apoyo económico o financiero no solo es poco efectiva, sino también indigno".

"Nuestro país supo sostener relaciones maduras de mutuo beneficio con los Estados Unidos entre 2003 y 2015, periodo donde el comercio e inversión vieron su auge", indicaron en referencia a los gobiernos kirchneristas.

Y concluyeron: "El siglo XXI deberá ser aquel que ponga fin a la imposición de agendas unilaterales que menoscaben la soberanía política y económica de los Estados. Las relaciones argentino-estadounidenses no pueden ser de sumisión sino que deben diseñarse bajo el concepto del beneficio mutuo, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la soberanía política en la ejecución de la política exterior".

Con la intención de apurar la conformación de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en medio de la polémica por el mega DNU de desregulación de la economía, el interbloque de Unión por la Patria en el Congreso ya presentó a sus integrantes para formar parte de la comisión.

Desde el peronismo/kirchnerismo presentaron cuatro nombres, pero en el oficialismo la intención es que este espacio tenga tres lugares. De acuerdo a la mayoría que se constituyó en la sesión preparatoria -entre La Libertad Avanza y todos los bloques opositores menos UP-, cuando se le dio la facultad a la vicepresidenta de conformar las comisiones, el reparto sería: tres para UP, uno para LLA, uno para la UCR, uno para el Pro, uno para Cambio Federal y el restante para un partido provincial.

El interbloque que comanda José Mayans envió igualmente cuatro nombres, los de la formoseña María Teresa González y el porteño Mariano Recalde, por el bloque Frente Nacional y Popular; y los de la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la neuquina Silvia Sapag, por el bloque Unidad Ciudadana.

En la Cámara de Diputados, donde se adoptó otro criterio de reparto (D´hondt por bloques), Unión por la Patria también reclama tener cuatro lugares. La bicameral está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, teniendo el presidente voto doble en caso de empate, por eso también será clave para el oficialismo quién la comande.