Ante las versiones que anticipan un pronto fallo adverso para la expresidenta Cristina Kirchner por parte de la Cámara de Casación, que debe decidir si ratifica la condena en su contra en la causa Vialidad, los senadores nacionales de Unión por la Patria emitieron un duro comunicado con críticas a la Justicia, el macrismo y el Gobierno actual, al que adhirió también el bloque de UP de diputados.

"La justicia colonizada desde hace tiempo por el macrismo acaba de dar una nueva muestra de parcialidad manifiesta, al orquestar otra maniobra para proscribir en eventuales pugnas electorales a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner", sostuvieron.

Desde la bancada que conduce José Mayans señalaron que notas periodísticas en distintos medios, publicadas este domingo, "dan cuenta que la Cámara de Casación Penal dejó trascender que piensa ratificar la condena de seis años contra la exmandataria en la amañada causa por la obra pública durante su gestión".

"Este hecho es claramente alarmante, arbitrario y fuera de todo respeto por las garantías procesales, sobre porque todavía la propia afectada ni siquiera fue notificada. Se trata de otra clara maniobra de la guerra jurídica (también conocida como lawfare, iniciada durante el macrismo) con la que se busca sacar de carrera a la compañera Cristina Fernández de Kirchner y disciplinar a toda la dirigencia política y social del campo popular, que intente frenar las políticas de ajuste y de entrega del Gobierno actual", apuntaron.

También consideraron que "el acuerdo Macri-Milei para aprobar en el Congreso la llamada ley de ficha limpia (que impede la participación electoral de cualquier persona que tenga alguna causa por corrupción) conforma el otro brazo de esta maniobra de pinzas política, mediática y judicial, que tiene un solo objetivo: proscribir a Cristina Fernández de Kirchner. Es inconcebible para la vida de la democracia que ocurran hechos como los mencionados".

"Todo esto sucede en un contexto en el que el programa de gobierno consiste en el desfinanciamiento de la educación y salud públicas; así como el desfinanciamiento del sistema de inversión pública y de las cajas previsionales provinciales; en que además se dolarizan los servicios públicos a niveles impagables para la ciudadanía. Todo ese programa ha traído como consecuencia que los niveles de pobreza alcancen al 52,9 por ciento de la población, llevando el sufrimiento a millones de argentinos y argentinas", enumeraron.

Además, cuestionaron que "a ello, se sumó el acto de Parque Lezama, cargado de odio y resentimiento por parte del presidente y sin ningín tipo de esperanza para el pueblo argentino, en que Milei envió un mensaje a la justicia para mandar a la cárcel a CFK".

"Así, el jefe de Estado intentó, además, remontar la caída estrepitosa de su imagen y de sus políticas públicas de empobrecimiento y de entrega, de las que fue advertido por periodistas y encuestadores", agregaron.

Los legisladores resaltaron que "basta recordar que la nueva gestión envió oro de las reservas a Inglaterra, para que vaya saber qué versiones, y estableció un último acuerdo con el Reino Unido de Gran Bretaña, en que la Argentina nada recibe a cambio, mientras continúa la ocupación de nuestras Islas Malvinas. Así como el incremento escandaloso de la deuda pública. Otras claras muestras del desprecio por la defensa de los intereses nacionales que se emana desde la Casa Rosada".

"Se trata de un gobierno sin concepción federal y sin concepción republicana. Otra prueba de ello es el intento de habilitar un canje de deuda mediante el decreto 846/2024, sin pasar por el control del Congreso de la Nación, que viola la Constitución Nacional y las normativas vigentes", criticaron.

Finalmente, los senadores repudiaron "este tipo de maniobras y exigimos que se terminen, de una vez por todas, situaciones como las denunciadas que afectan de plano la libertad de las personas, la vida en democracia y el Estado de derecho". "Queremos que se haga Justicia y que se respeten las garantías constitucionales. Esto que está ocurriendo queda absolutamente en las antípodas de lo que significa impartir justicia", enfatizaron.

Senadores y diputados de Unión por la Patria recibieron a representantes de los trabajadores de la empresa argentina de telecomunicaciones ARSAT, quienes reclamaron el pago de salarios adeudados al personal y denunciaron el vaciamiento por parte del Gobierno nacional.

Del encuentro realizado en el salón de reuniones que posee el interbloque opositor en la Cámara alta, participaron los senadores Oscar Parrilli, Eugenia Duré, Florencia López, Fernando Rejal, Marcelo Lewandowski, Alicia Kirchner, María Teresa González y Silvia Sapag; y los diputados Hugo Yasky, Daniel Gollán, Pablo Carro, Julia Strada y Lorena Pokoik.

Al cierre del encuentro, Parrilli señaló que los trabajadores de ARSAT “están pasando por una situación muy grave, no solamente desde el punto de vista salarial, sino también porque se está desmantelando y desguazando la empresa”. “El Gobierno nacional está poniendo en riesgo el funcionamiento de una empresa estatal que es superavitaria y tiene ganancias”, resaltó.

Para el neuquino, “esta locura del Gobierno de destruir todo lo que pertenece al Estado se encarna en esta política, precisamente, de destrucción de ARSAT. Eso es lo que los compañeros trabajadores nos han venido a plantear en el seno del bloque”.

Por su parte, Duré expresó que “ARSAT es soberanía nacional, por lo cual esta lucha de los trabajadores es de todos”. “Desde hace nueve meses venimos batallando contra un Gobierno nacional que lo único que pretende es desmantelar todas las empresas del Estado”, cuestionó.

También, la senadora fueguina destacó lo que significa la referida empresa en relación a las telecomunicaciones para todas las provincias del país y dijo: “Desde el interbloque Unión por la Patria vamos a hacer todo lo necesario para que el Estado nacional dé respuesta a esta gran empresa”.

A su turno, López apuntó contra el Gobierno nacional porque “ataca a los trabajadores, a la ciencia, la tecnología, a la educación, y lo que está haciendo con la empresa estatal es una muestra más de ese accionar". “Desde el peronismo vamos a trabajar en las leyes que sean necesarias para que a los trabajadores se les pague el salario que corresponde con los fondos que ellos mismos generan”, aseguró la riojana.

Y agregó: “ARSAT es una empresa que anda muy bien, que gana muchos recursos en dólares, y no es justo que el Gobierno esté desviando sus fondos en cuestiones que nada tienen que ver con la soberanía nacional ni con lo que la empresa representa para las telecomunicaciones”.

En tanto, el secretario general de FOETRA, Claudio Marín, se refirió a que la acción sindical llevada a cabo este miércoles en las puertas del Congreso se organizó “en defensa de la fuente de trabajo” y también en protección “de un proyecto de telecomunicaciones nacional, necesario para el desarrollo del país y de la integración del territorio”. “ARSAT -prosiguió- es soberanía y un salto en la brecha digital”.

“Estamos sufriendo una situación muy difícil, no solamente por el desmantelamiento de la compañía, también se deben salarios atrasados, que rebajan el sueldo real de los trabajadores en un 50 por ciento. Reclamamos que el pago se efectivice porque ARSAT es superavitaria y el dinero para los salarios está”, precisó el dirigente sindical.

Diego Freyberg, integrante de la comisión interna de ARSAT por el gremio FOETRA, comentó que los trabajadores se movilizaron al Congreso “en reclamo del pago de los salarios adeudados”. “Desde el cambio de Gobierno, en diciembre de 2023, estamos cobrando la mitad del sueldo”, detalló. “Por otro lado, estamos denunciando el vaciamiento en la empresa, están frenando todos los proyectos de desarrollo tecnológico, los están desfinanciando”, afirmó.

“ARSAT es una empresa estratégica de alta tecnología que tiene los recursos para pagar los sueldos. No depende del Tesoro Nacional para pagar los sueldos, sólo depende de una decisión política tanto para pagar los salarios como para continuar los proyectos de desarrollo tecnológico que venimos realizando desde hace tantos años”, explicó el delegado de los empleados de la compañía.

ARSAT es una empresa estatal argentina que administra los satélites ARSAT 1 y ARSAT 2, puestos en órbita en 2014 y 2015, respectivamente, hecho que colocó a la República Argentina entre los ocho únicos países en el mundo que construyen y operan satélites geoestacionarios (y en el segundo del continente junto con los Estados Unidos).

En la previa de la sesión en el Senado en la que se tratarán los proyectos impulsados por el Gobierno, trabajadores de empresas que se proponen privatizar acercaron más de 100 mil firmas en contra de la ley Bases y fueron recibidos por senadores de Unión por la Patria. 

La entrega de las adhesiones se realizó este martes en la puerta del Senado, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. “Junto a ellos ratificamos nuestro compromiso de cuidar el patrimonio del Estado y el trabajo de miles de argentinos y argentinas”, expresaron los legisladores opositores. 

Entre los solicitantes estuvieron trabajadores de Radio Nacional, TV Pública, Agencia Télam, Correo Argentino y Aerolíneas Argentinas. Según trascendió, la aerolínea de bandera podría ser quitada del listado por el oficialismo. 

La ley de Bases prevé la privatización de nueve empresas en total: Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.

Luego del avance de los dictámenes de la ley de Bases y el paquete fiscal en el Senado, el kirchnerista Oscar Parrilli afirmó que los 33 integrantes de Unión por la Patria votarán en contra de las leyes impulsadas por el Gobierno y que en esto "no hay quiebre" en el bloque.

"No es por un capricho o porque queremos que le vaya mal a (Javier) Milei, sino porque estas medidas que se están implementando y se proponen (en la ley Bases) ya se ejecutaron en Argentina. Todo esto ya se implementó y ya fracasó", expresó.

Además, el legislador cuestionó que ahora "están los mismos actores: (Federico) Sturzenegger, la gente de (Domingo) Cavallo y (Luis) Caputo", y sumó la cuestión de "la economía bimonetaria, la deuda y los acuerdos con el FMI".

El neuquino aseguró que ellos estarían dispuestos a debatir "una ley de incentivo para las inversiones, pero que proteja los intereses del Estado; estamos dispuestos a discutir el rol de las empresas públicas y cuáles pueden incorporar capitales privados, una modernización de las relaciones laborales, una ley de blanqueo y una ley de reforma impositiva", pero no como plantea la ley Bases, donde "cambian hasta lo que anda bien" como la Ley de Hidrocarburos, apuntó.

El senador cristinista alertó que con el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones, las empresas multinacionales "se van a llevar los recursos naturales de una manera ostentosa y obscena y no traer los dólares". "El capital viene no porque le bajes las leyes laborales o los impuestos, viene si hay negocio, si hay plata. La mayor inversión minera fue en la época de Néstor y Cristina (Kirchner)", agregó.

En declaraciones a Radio Con Vos, el opositor coincidió con el radical Martín Lousteau: "La lectura de él fue muy parecida a la nuestra. Es verdad que todas las modificaciones que le habían introducido son cosméticas, son pavadas. Nosotros queremos ver el dictamen de Lousteau, si hay cosas razonables estamos dispuestos a apoyarlas".

Sobre el presidente Javier Milei, Parrilli opinó que "es un ideólogo, no sabe de economía, en realidad lo que hace es relatar ciertas teorías". "Nos entretiene, con esos temas del viaje, parece que fuera Alicia en el país de las maravillas, viajando por el mundo, que salta, baila, se enoja con un presidente, nos distrae, pero lo más grave es foto del Llao Llao, son los grupos empresarios que nos están esquilmando y como buitres robándose todo lo que pueden del Estado". "Si llega el momento y fracasa, (Milei) le va a echar la culpa a la gente", advirtió.

Por otra parte, respecto de la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema, ante la posibilidad de que Unión por la Patria acompañe ese pliego, el legislador contestó: "No lo hemos analizado. No es solo Lijo, son dos, todavía no ha ingresado, cuando ingrese lo veremos".

En el arranque del debate de la ley de Bases en el Senado, y además en la previa del paro general, representantes sindicales de todos los sectores se reunieron este martes con senadores de Unión por la Patria y pidieron ser escuchados en las comisiones.

Según anticipó la jefa de Unidad Ciudadana -uno de los dos bloques del principal interbloque opositor-, Juliana Di Tullio, pedirán mediante una nota que se convoque al plenario a representantes de las centrales obreras y también de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Para el próximo jueves está previsto un paro general de la CGT y una de las consignas es el rechazo a la ley de Bases que impulsa el Gobierno y que contiene un capítulo sobre reforma laboral.

Si bien Di Tullio no aclaró para qué día esperaban que se los invite a las comisiones, a la salida del encuentro con los senadores de UP, el líder cegetista Héctor Daer sostuvo que aguardaban asistir la próxima semana. Según los planes del oficialismo, la semana siguiente quieren ya dar la discusión en el recinto.

Al respecto, el presidente del interbloque UP, José Mayans, comentó que en el encuentro del que participaron representantes de la CGT, la CTA de los Trabajadores, la CTA Autónoma y de distintas organizaciones sindicales se analizó “el tratamiento de la Ley Base y del Paquete Fiscal y cómo afectan al trabajo en la República Argentina y al sistema previsional”.

También, los sindicalistas expresaron preocupación por la reforma del impuesto a las Ganancias, que puede volver a impactar sobre una masa de trabajadores que se habían beneficiado con la eliminación del pago de la cuarta categoría. “Para nosotros el salario no es ganancia y no la vamos a acompañar, como ya ocurrió en diciembre pasado”, explicó el formoseño.

Además de Mayans y Di Tullio, de la reunión participaron la presidenta del bloque Unidad Ciudadana, la senadora tucumana Sandra Mendoza; su comprovinciano Juan Manzur, el porteño Mariano Recalde, el bonaerense Eduardo “Wado” de Pedro, el chaqueño Antonio Rodas, los santiagueños José Neder y Gerardo Montenegro, la rionegrina Silvina García Larraburu, el riojano Fernando Rejal, el sanjuanino Sergio Uñac y el neuquino Oscar Parrilli.

Por la CGT dijeron presente Héctor Daer, Carlos Acuña, Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Cristian Jerónimo y Jorge Sola. En tanto, por la CTA de los Trabajadores hicieron lo propio Hugo Yasky, Rodrigo Borras y Edgardo Llano; y por la CTA-Autónoma Hugo Godoy, entre otros.

Los sindicalistas expresaron también su preocupación por la precarización laboral, que sostuvieron que se pretende presentar como modernización laboral, así como de la pérdida del poder adquisitivo del salario como consecuencia de la devaluación del 120 por ciento aplicada por el Gobierno al asumir y la inflación acumulada que alcanza al 90 por ciento desde diciembre pasado.

Otro elemento que genera intranquilidad en las filas sindicales es el aumento de la desocupación, como ocurre en gremios como la UOCRA como consecuencia de la paralización de la inversión y la obra pública en todo el país.

En el encuentro, los referentes de las tres centrales obreras se comprometieron a conversar con los dirigentes de las distintas organizaciones sindicales de las provincias para unificar el discurso y la acción frente a la embestida legislativa del Gobierno.

Luego de la polémica en el Senado por el aumento de dietas, el interbloque de Unión por la Patria presentó un pedido de sesión para el próximo 2 de mayo, con la intención de debatir sobre un proyecto de ley que pone un tope máximo a los sueldos de funcionarios públicos de los tres poderes, órganos extrapoderes, organismos descentralizados y empresas y sociedades del Estado. 

La iniciativa fue presentada en marzo pasado por el formoseño José Mayans pero, al igual que el resto del temario, no posee dictamen de comisión, con lo cual requeriría de dos tercios de los votos para su tratamiento sobre tablas. 

Además, la solicitud incluye proyectos referidos a la situación presupuestaria de las universidades nacionales. Uno de ellos busca declarar la emergencia durante 2024 y elevar la inversión pública en el sistema universitario hacia 5,8 billones de pesos para este año. 

La otra iniciativa propone un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la educación universitaria, para llevar al 1,4% del PBI en 2032. 

Finalmente, el tercer tema tiene que ver con anular los aumentos de las tarifas de electricidad dispuestos por el Gobierno nacional en febrero, a través de la resolución 7/2024, y reglamentar el precio de la adquisición de la energía por parte de las distribuidoras de energía a CAMESA S.A. 

“El tratamiento urgente de estos proyectos se motiva por la acuciante situación económica por la que están atravesando gran parte de los habitantes de la Argentina, siendo necesaria la intervención de este Cuerpo para paliar cuanto menos en parte la misma”, sostuvieron en el pedido. 

Desde el interbloque de senadores de Unión por la Patria se refirieron este viernes a la visita a la Argentina de la jefa del Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Laura Richardson, y defendieron la Estación Espacial china instalada en Neuquén, al tiempo que pidieron no tener una relación "sumisa" con el país norteamericano.

A través de un comunicado, los legisladores de la principal bancada opositora remarcaron que la generala "será bienvenida a nuestro país en calidad de representante militar y, a todas luces, diplomática de EE.UU. siempre y cuando los intereses argentinos sean respetados y contemplados por sus funcionarios en igual jerarquía a los estadounidenses".

"Observamos con alerta la agenda dispuesta para su visita oficial, así como los dichos expresados por el embajador estadounidense en Argentina, Marc Stanley, en relación a la Estación de Espacio Lejano ubicada en la provincia de Neuquén y su posible uso militar por parte de las Fuerzas Armadas chinas", señalaron.

En ese sentido, desde el bloque kirchnerista/peronista sostuvieron que "históricamente Argentina ha propiciado la articulación de proyectos de cooperación científico-tecnológica de índole pacífica con terceros Estados, en pos de cumplir con nuestros objetivos de desarrollo socioeconómico soberano. Esto incluye necesariamente al sector espacial argentino".

"En ese marco, a partir del 2012 se impulsaron una serie de acuerdos interinstitucionales entre la China Satellite Launch and Tracking Control General (CLTC) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), incluyendo posteriormente a la provincia de Neuquén para el establecimiento de la Estación de Espacio Lejano. Los mismos tienen como corolario el Acuerdo de Cooperación entre China y Argentina firmado en 2014 que cuenta con la debida aprobación del Congreso Nacional mediante la Ley N°27.123/15", recordaron.

Sobre este tema, mencionaron que "su uso estrictamente pacífico fue incluso ratificado mediante un Protocolo Adicional por parte de la excanciller Susana Malcorra en 2016, durante la presidencia de Mauricio Macri. El mismo estableció que la Estación 'se implementará exclusivamente con miras al uso civil en el campo de la ciencia y la tecnología, y la información resultante de sus investigaciones de ninguna manera podrá ser utilizada con propósitos militares'".

En el texto, los senadores enfatizaron entonces que "es claro que la instalación de la Estación Espacial en conjunto con la República Popular China resulta de una decisión esencialmente soberana, que persigue fines estrictamente pacíficos y no de carácter militar, a la vez que abre nuevas oportunidades de conocimiento y cooperación para la comunidad científica argentina. Condiciones similares operan para la Estación DS3 Malargüe, construida y utilizada por la Agencia Espacial Europea en la provincia de Mendoza en el año 2012". "De manera tal que la solicitud de inspección de la base por parte del embajador resulta parcial y sesgada", subrayaron.

La bancada conducida por José Mayans acusó que "la política exterior sobreideologizada y dogmática ejecutada por el presidente Javier Milei y la canciller Diana Mondino prevé la adopción irrestricta de la agenda de defensa, seguridad e inteligencia de Estados Unidos, a cambio de apoyo económico y financiero en organismos internacionales y fondos de inversión donde Estados Unidos tiene fuerte injerencia".

"Esto nos somete a involucrarnos en conflictos extrarregionales entre dos grandes potencias como lo son Estados Unidos y la República Popular de China, en fuerte detrimento de los intereses nacionales y de los principios de política exterior argentina que históricamente han velado por la paz, la neutralidad y la no intromisión en asuntos externos", advirtieron los legisladores.

Por eso, consideraron que "las decisiones del Gobierno ponen en riesgo la seguridad nacional y provocan tensiones con importantes aliados en agendas comerciales y diplomáticas de interés para Argentina, como la causa Malvinas. La cesión de soberanía a cambio de apoyo económico o financiero no solo es poco efectiva, sino también indigno".

"Nuestro país supo sostener relaciones maduras de mutuo beneficio con los Estados Unidos entre 2003 y 2015, periodo donde el comercio e inversión vieron su auge", indicaron en referencia a los gobiernos kirchneristas.

Y concluyeron: "El siglo XXI deberá ser aquel que ponga fin a la imposición de agendas unilaterales que menoscaben la soberanía política y económica de los Estados. Las relaciones argentino-estadounidenses no pueden ser de sumisión sino que deben diseñarse bajo el concepto del beneficio mutuo, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y la soberanía política en la ejecución de la política exterior".

Con la intención de apurar la conformación de la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, en medio de la polémica por el mega DNU de desregulación de la economía, el interbloque de Unión por la Patria en el Congreso ya presentó a sus integrantes para formar parte de la comisión.

Desde el peronismo/kirchnerismo presentaron cuatro nombres, pero en el oficialismo la intención es que este espacio tenga tres lugares. De acuerdo a la mayoría que se constituyó en la sesión preparatoria -entre La Libertad Avanza y todos los bloques opositores menos UP-, cuando se le dio la facultad a la vicepresidenta de conformar las comisiones, el reparto sería: tres para UP, uno para LLA, uno para la UCR, uno para el Pro, uno para Cambio Federal y el restante para un partido provincial.

El interbloque que comanda José Mayans envió igualmente cuatro nombres, los de la formoseña María Teresa González y el porteño Mariano Recalde, por el bloque Frente Nacional y Popular; y los de la mendocina Anabel Fernández Sagasti y la neuquina Silvia Sapag, por el bloque Unidad Ciudadana.

En la Cámara de Diputados, donde se adoptó otro criterio de reparto (D´hondt por bloques), Unión por la Patria también reclama tener cuatro lugares. La bicameral está compuesta por ocho diputados y ocho senadores, teniendo el presidente voto doble en caso de empate, por eso también será clave para el oficialismo quién la comande.