La Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado, presidida por el oficialista Francisco Paoltroni (Formosa), mantuvo una jornada de reuniones este miércoles donde debatió once proyectos con la presencia de especialistas en el área que profundizaron cada proyecto: una decena referidos a materia internacional y el restante que instituye el Día Nacional de la Iglesias Evangélicas y Protestantes, el cual cuenta con media sanción de Diputados.

Minutos después, en el Salón Arturo Illia se reunió de forma conjunta con la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a cargo del libertario Ezequiel Atauche (Jujuy), y le dieron tratamiento a un acuerdo con la República Popular China sobre cooperación para la prevención y lucha contra el tráfico ilícito y la restitución de bienes culturales transferidos, apropiados, importados o exportados en forma ilícita, suscripto en Buenos Aires en noviembre de 2019.

Al respecto, Luis del Solar Dorrego, de la Dirección General de Asuntos Ambientales de la Cancillería, destacó que el proyecto tenía que ver con “el tráfico ilegal de bienes culturales, que es una industria enorme, a tal punto que se habla de 10 mil millones de dólares, compitiendo con el tráfico de drogas y de personas”, el cual apunta a “la cooperación para defender el patrimonio cultural de cada país parte de este convenio”.

“El objetivo principal del acuerdo, es defender el patrimonio cultural de cada país. Se busca impedir el ingreso ilegal de bienes que han sido robados o sustraídos”, explicó.

Foto: Comunicación Senado

Los once proyectos de Relaciones Exteriores

El primer expediente a tratar fue el proyecto que aprueba la convención relativa a la organización internacional de ayudas a la navegación marítima, celebrada en París – Rep. francesa -, el 27 de enero de 2021. Al respecto, Érica Lucero consejera de Cancillería explicó que “este convenio es de larga data la actividad que se viene llevando a cabo y a pesar de ser tareas muy técnicas que consisten en poner balizamiento, faros y ayudar y contribuir a la seguridad de la navegación, esto es muy importante porque tiene un impacto en mejorar la eficiencia del desplazamiento de buques, en términos económicos y evitar accidentes”.

“Este tipo de cuestiones Argentina está involucrada en esta organización que nace en 1957, pero hasta ahora había tenido carácter de informar. Era una asociación internacional que engloba a la mayoría de los Estados, pero no tenía encuadre jurídico de naturaleza de un organismo internacional. Se propone con esta nueva convención es darle un estatus a este trabajo que se viene haciendo hace años y un cuadro normativo más robusto”, explayó Lucero y agregó: “Con la ayuda del Congreso, la Argentina puede ser el país que se convierta y facilite la entrada en vigencia del convenio que es importante para la seguridad de navegación”.

Sobre el proyecto que aprueba el acuerdo sobre la implantación de las disposiciones del protocolo de Torremolinos de 1993 relativo al convenio internacional de Torremolinos para la seguridad de los buques pesqueros 1977, celebrado en la Ciudad del Cabo – Rep. de Sudáfrica-, el 11 de octubre de 2012, la consejera explicó: “Es en el ámbito de la Organización Marítima Internacional. El objetivo que persigue es, por un lado, proveer un marco de seguridad y protección a los trabajadores pesqueros que trabajan habitualmente en las embarcaciones y, por otro lado, a través de este convenio se busca contribuir a la lucha contra la pesca ilegal no reglamentada que es uno de los flagelos más sensibles que afectan a los océanos”.

“Se busca a través de este convenido brindar un marco de protección y cobertura para las embarcaciones pesqueras que contribuyan a su seguridad porque son muchos días los que pasan los trabajadores pesqueros a bordo y la responsabilidad principal que le cabe controlar que se respeten las disposiciones le compete al Estado de Pabellón Nacional. También se busca dar un marco de uniformidad a la mayoría de los estados para que cumplan estándares de protección a los empleados pesqueros”, expandió.

A su turno Gabriel Taboada, funcionario del Servicio Exterior de la Nación de Cancillería, explicó los puntos centrales del proyecto que establece el convenio para la represión de actos ilícitos relacionados con la aviación civil internacional, celebrado en la ciudad de Beijing -República Popular China- el 10 de septiembre de 2010- y señaló: “Las penas de estos delitos tienen que ser severas. Esta es una convención de Naciones Unidas que se encuentra dentro de un paquete de 19 convenciones focalizadas en la lucha contra el terrorismo. Es muy importante que, la Argentina que ya ha adherido a 14 de estas 19 convenciones, también adhiera a esta”.

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La directora Asistencia Jurídica Internacional, Aldana Rohr, explicó el proyecto que aprueba el tratado con la República de Serbia sobre asistencia jurídica mutua en materia penal, suscripto en la Ciudad de Belgrado, el día 14 de octubre de 2019; y el tratado con la República de Cuba sobre asistencia jurídica mutua en materia penal.

“La regulación en materia penal mutua con Cuba y Serbia se van a regir por nuestra ley nacional de cooperación jurídica internacional que prevé el procedimiento para la tramitación de solicitud de asistencia jurídica”, sostuvo Rohr y afirmó: “La importancia de tener tratados con un país extranjero radica en tener reglas claras que permitan prever cuál es el procedimiento que se le va a asignar al trámite de extradición”.

Al debatirse las iniciativas que aprueban el tratado sobre traslado de personas condenadas o sujetas a medidas de seguridad con la República italiana, suscripto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 8 de mayo de 2017; y el tratado con Ucrania sobre traslado de personas sentenciadas, suscripto en Buenos Aires el 6 de agosto de 2018, Rohr destacó: “Es importante recordar, que en el instituto de Traslado de Persona Condenada, siempre es necesario que medie el consentimiento de la persona a ser trasladada”.

Por último, se analizó un proyecto de ley que aprueba el tratado de extradición con la República Popular China, celebrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aries, el 10 de mayo de 2013; otro con la República de Polonia, suscripto el 5 de diciembre de 2019; y el último con la República de Costa Rica, suscrito el 21 de marzo de 2019.

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