Por María José Lubertino. La abogada y especialista en derecho ambiental advierte la importancia de modificar radicalmente el sistema por el cual producimos y alimentamos a nuestra población.
Cuando asumió el actual Gobierno planteó como uno de sus objetivos prioritarios la “lucha contra el hambre” en el marco de una sociedad en la que la pobreza monetaria continuaba incrementándose, con particular afectación de los sectores más vulnerabilidades y con grave impacto especialmente en las infancias. Este objetivo prioritario coincide con uno de los Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, el “Hambre cero”, a los que la Argentina adhiere. Hay inseguridad alimentaria cuando las personas afrontan incertidumbres sobre su capacidad para obtener alimentos y se han visto obligadas a reducir la calidad o la cantidad de alimentos que consumen debido a la falta de recursos. Hay inseguridad alimentaria grave cuando se han quedado sin alimentos, han experimentado hambre y, en las situaciones más extremas, han pasado varios días sin comer, lo cual pone su salud y bienestar en grave riesgo.
La inseguridad alimentaria entre 0 y 17 años alcanzó al 30,1% en 2019 y dentro de esta una situación de inseguridad alimentaria severa afecta al 14%. La estabilización en los indicadores de inseguridad alimentaria en la infancia y adolescencia responde al sostenido incremento de la protección social y la asistencia alimentaria directa y gratuita en comedores escolares y comunitarios. En 2019 un 42,2% de población de entre 0 y 17 años accede la Asignación Universal por Hijo u otros planes sociales y casi un 40% a asistencia alimentaria gratuita (Observatorio de la Deuda Social, UCA).
El modelo agroindustrial dominante es un modelo violatorio entre otros derechos humanos del derecho a una alimentación adecuada y el derecho a la salud, que genera además enfermedades crónicas no transmisibles. Plantea que es necesario producir de esta manera para alimentar al mundo y ni siquiera alimenta a nuestra propia población. Recientemente se aprobó la Ley de emergencia alimentaria y nutricional como prueba acabada de ello.
El derecho a una alimentación adecuada es el derecho a tener acceso de una manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Tiene cuatro componentes: 1) disponibilidad: que haya alimentos suficientes para satisfacer las necesidades de toda la población, 2) accesibilidad, tanto física como económica, es decir que los alimentos puedan trasladarse desde donde se producen a donde deben ser consumidos, 3) adecuación cuantitativa -o sea, cantidad suficiente para todes y cada une-, cualitativa -alimentos libres de sustancias nocivas que puedan dañar nuestra salud- y cultural -que se corresponda con nuestras tradiciones como comensales- y 4) sustentabilidad: que nuestra posibilidad de alimentarnos no ponga en riesgo la posibilidad de las generaciones futuras de generar y consumir alimentos.
El modelo agroindustrial dominante en Argentina se caracteriza por la producción extractiva de monocultivos; los agronegocios basados en transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos, destinados a la exportación para alimentar ganado en otros países; ganadería industrializada; una cadena de intermediación y comercialización concentrada y el consumo de alimentos como meras mercancías. Este modelo genera contaminación del suelo, del aire, del agua, de la fauna silvestre y de los alimentos; deforesta y destruye selvas; implica pérdida de biodiversidad e inundaciones; desplaza campesinos/as y pueblos originarios; genera un éxodo rural y hacinamiento urbano, entre otras.
Otro modelo es necesario, urgente y posible. Desde muchas experiencias en los territorios crece un modelo alternativo a pasos acelerados, que llamamos genéricamente agroecología, y que supone una forma vivir y producir alimentos en armonía con la naturaleza de la que somos parte. Se rescatan los saberes de los pueblos originarios y de las campesinas/os, pescadores/as y pastores/as artesanales.
La soberanía alimentaria es un paradigma introducido por La Vía Campesina, organización internacional que nuclea a más de 200 millones de trabajadores/as de la tierra de todo el mundo; que es antitético, contrapuesto y superador del modelo agroindustrial dominante.
Se va creando lentamente una Red Nacional de Municipios y comunidades que fomentan la agroecología (RENAMA), a partir de las luchas de sus propias comunidades locales. Se ha constituido un Foro agrario con todas las organizaciones campesinas y algunas urbanas, que elaboró un programa agrario popular y soberano con 21 puntos de propuestas de políticas públicas.
En este contexto, Vicentin es un actor clave en el actual sistema agroalimentario argentino. En 2015 ocupó el puesto número 6 entre las empresas de más facturación en el país. Exporta aproximadamente el 10% de los cereales, oleaginosas y subproductos de la agricultura industrial. A través de empresas propias y participación en otras, se dedica a la molienda de soja transgénica; a la producción de carnes, leches, algodón; proceso industrial de curtido de cueros. Involucra directamente a más de 4.000 trabajadores/as y 70.000 productores/as agropecuarios. Hoy, en concurso, con deudas por más de 99.000 millones de pesos con 1.895 personas físicas y jurídicas. Está denunciada ante la UIF por maniobras fraudulentas que permitieron fuga de capitales triangulando con empresas off shore.
Desde la “Red de Defensoras del Ambiente y el Buen Vivir” nos expresamos decididamente a favor del salvataje de la Empresa Vicentin. Respaldamos la intervención estatal e incluso el debate parlamentario para su expropiación y reconversión a una empresa estatal o a alguna forma mixta o cooperativa para garantizar las fuentes de trabajo, y el cobro de los escandalosos créditos irregularmente otorgados. Pero al mismo tiempo queremos que esta empresa inicie un camino de transición para nuestro país. Esta acción permitirá incidir en la regulación del mercado de commodities agroindustriales. Pero es necesaria su transformación radical, ya que esta empresa y su entramado son emblema del modelo agroalimentario dominante, que genera degradación, contaminación, muerte y que avanza en la mercantilización y privatización de nuestros bienes comunes. Es necesario un plan de reingeniería de negocios de ese grupo económico para priorizar la compra pública de alimentos producidos por la agricultura familiar, campesina e indígena; poner sus instalaciones de logística, distribución y comercialización al servicio de la economía social; utilizar su infraestructura para producir cereales y harinas para el mercado interno abaratando precios desacoplándolos de los precios internacionales y garantizando el abastecimiento de todo lo que el propio Estado compra para abastecer escuelas, comedores y hospitales.
Este puede ser un paso hacia la construcción de un modelo transicional si se avanza en un pacto ecosocial. Modelo que incluya la consolidación de un ordenamiento territorial que contemple los distintos usos del suelo, respetando los ecosistemas nativos y descentralizando no solo la producción sino también la comercialización. Un sistema agroalimentario soberano debe primero alimentar adecuadamente a nuestra población, y si hay excedente compartir con otros pueblos. En vez de estar anclada su producción intensiva en determinadas regiones con un antieconómico e insustentable extenso transporte de alimentos de una punta a la otra de la Argentina, generar sistemas de producción local con arraigo al territorio para abastecimiento local, y el contacto directo de productor/a a comensal, a un precio justo, y con acceso a un alimento sano.
Debe poder re-pensarse la relación de los territorios con quienes ancestralmente habitan en ellos y con quienes trabajan la tierra. Recuperar el agua como un bien común al servicio de la vida y un derecho humano, no mercancía privatizada o privatizable. Las organizaciones sociales, de la agricultura familiar, campesina e indígena, de la economía popular y movimientos ecologistas y feministas tendremos que hacer toda la presión posible para que efectivamente el salvaje de Vicentin no sea sólo una “caja” sino que se ponga al servicio de la soberanía alimentaria.
Muchas de las dificultades en la actual situación de pandemia en la que estamos inmersos se vinculan con la inequidad territorial que lleva a millones de personas a vivir en centros urbanos y su doloroso correlato de migración rural y despoblamiento del campo y de localidades pequeñas y medianas. Abordar la crisis civilizatoria es el camino. Debemos transformar radicalmente el actual modelo insustentable de mal desarrollo productivo. La intervención de la empresa Vicentin es una acción que puede ser direccionada inteligentemente en este sentido.
