La diputada del Frente de Todos afirmó que “la Ley beneficia a millones de argentinos y argentinas” y apuntó contra la gestión de Mauricio Macri porque “le encarecieron los servicios con los tarifazos”.
La diputada nacional Liliana Schwindt (Frente de Todos – Buenos Aires) se refirió al impacto de la Ley de Zona Fría, impulsada por el bloque oficialista, que implica una disminución en las tarifas de entre el 30 y el 50 por ciento para más de 4 millones de familias argentinas, lo cual se ve reflejado en las “facturas de gas de octubre” y cuestionó que esto “responde a una demanda histórica que en los cuatro años del Gobierno macrista no fue atendido”.
“Son más de 90 los municipios bonaerenses que se incorporaron a la Zona Fría en base al mapa bío ambiental”, destacó Schwindt en diálogo por la AM 750, una de las impulsoras del proyecto, y remarcó que “se ven beneficiados 1.2 millones de hogares en la provincia de Buenos Aires. Responde a una demanda histórica que en los cuatro años de macrismo en el gobierno no fue atendido”.
En este sentido, la diputada bonaerense destacó que “se trata de una tarifa diferencial a partir del descuento sobre el consumo del gas de las familias. Este mes se comienza a sentir el impacto en las facturas que comenzaron a llegar, recordemos la fue reglamentada el pasado 5 de agosto”.
La legisladora oficialista puso como ejemplo una factura de la localidad de Olavarría, donde sobre un consumo de 2.712 pesos se bonifica el 30 por ciento ($890,45) y explicó: “Esto impacta en el bolsillo de los argentinos y argentinas, pensemos en un jubilado o jubilada de la mínima que recibe ese beneficio en un 50 por ciento, hablamos de ingresos que se vuelcan al consumo interno y ayudan a la reactivación de la economía. Lo que no se destina a los servicios encarecidos durante el macrismo va a ir al consumo interno”.
También recordó quiénes fueron los diputados y las diputadas macristas que no acompañaron la Ley en la Cámara Baja y los enumeró: “Se abstuvieron Asseff (Pro), Campagnoli (CC) Campos (CC), Crescimbeni (Pro), Flores (CC), Frade (PRO), Ocaña (Pro), Piccolomini (Pro), Quetglas (UCR) Salvador (UCR), Stilman (CC), Torello (Pro) y Wolff (Pro); además Ritondo (presidente del bloque Pro) estuvo ausente de la sesión. Otro que se abstuvo de votar fue Juan Manuel López (CC), diputado porteño y presidente del bloque de la CC, que es actualmente candidato por la provincia de Buenos Aires”.
“Entre los argumentos de aquella noche que usaron para no acompañar la medida escuchamos que íbamos a dejar sin gas a la Argentina porque la gente iba a derrochar por tener servicios tan baratos”, expresó Schwindt y agregó: “También dijeron que se trataba de un beneficio injusto que iban a recibir quienes no lo necesitaban cuando la norma prevé que estos usuarios pueden renunciar al beneficio”.
Por consiguiente, añadió: “Lo cierto es que esos y otros argumentos que escuchamos ese día para justificar su negativa, dejan en claro que se niegan sistemáticamente a darle beneficios al pueblo. Esta ley beneficia a millones de argentinos y argentinas a quienes se les complicaron la vida y le encarecieron los servicios con los tarifazos durante el macrismo”.
“Hablamos de un trabajo del bloque en articulación con otros espacios que permitió redistribuir recursos, ya que como se puede ver en la factura, está la bonificación por zona fría y también la referencia a la Ley 25.564 artículo 75, que implica un descuento que todos y todas pagamos desde 2002 para que la Patagonia accediera a tarifas diferenciales. Luego de la ampliación basada en el mapa bioambiental logramos ampliar ese beneficio a millones de familias argentinas”, concluyó la diputada del Frente de Todos.
El acto en Olavarría por la reglamentación de la ampliación del régimen de una tarifa reducida de gas para zonas frías dejó muchas perlas políticas a menos de un mes de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 12 de septiembre.
Junto al presidente Alberto Fernández, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el presidente de la Cámara baja Sergio Massa, y el ministro del Interior Eduardo “Wado” De Pedro, la diputada nacional Liliana Schwindt hizo uso de la palabra durante el evento.
Schwindt, quien es una de las diputadas del Frente de Todos que impulsó esta iniciativa y encabezó la lucha contra los aumentos de tarifas durante el gobierno de Mauricio Macri, consideró que “esta ley es posible porque nuestro jefe de bloque Máximo Kirchner tuvo la comprensión y sensibilidad para entender la problemática y llevarla adelante para dar una respuesta a una demanda histórica”.
“Con esta ley de tarifa diferencial del gas estamos haciendo justicia social primero para los que más lo necesitan, pero también incluimos a parte de la clase media y jubilados de zonas donde el clima es realmente frío en parte del año y se necesita prender la estufa, lo que es un derecho porque es una zona desfavorable”, remarcó.
Ante la presencia del legislador mendocino José Luis Ramón -quien protagonizó la lucha por esta ley con una frazada-, la diputada del Frente de Todos manifestó: “Ahora, estas zonas van a tener una tarifa justa y razonable”.
De campaña
En otra parte de su discurso, Schwindt subrayó: “Nosotros vamos a hacer todo el esfuerzo posible para sumar dos senadores más para que usted pueda señor gobernador -Axel Kicillof- gobernar con libertad y tranquilidad y no ser extorsionado por la oposición”.
“Todos los del Frente de Todos estamos muy orgullosos del empresariado. No solo de la gran industria que es en esta zona Loma Negra sino también de las pymes. No tenemos ningún problema ideológico con el campo. Nuestra región es agrícola ganadera”, agregó.
Y concluyó: “Vamos a defender al sector porque queremos el desarrollo y el crecimiento del agro”.
La iniciativa, consensuada con bloques de la oposición, propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que se sumarían a la Patagonia. Son lo que se denominan “zonas frías”.
Con la firma del jefe del bloque oficialista, Máximo Kirchner, se presentó este jueves en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de tarifas diferenciales de gas para más de tres millones de personas, que amplía el beneficio que actualmente rige para la región patagónica.
La iniciativa propone subsidiar el gas a toda la provincia de Mendoza, parte de San Luis y San Juan y 54 municipios bonaerenses, que por sus bajas temperaturas se consideran “zonas frías”.
El proyecto fue fruto de un trabajo en conjunto con la oposición, por el cual se unificaron propuestas de los diputados Liliana Schwindt (Frente de Todos), José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Consenso Federal).
La presentación formal, realizada en el Salón de Honor, fue encabezada por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, y participaron la titular de la ANSES, Fernanda Raverta, y las diputadas Cecilia Moreau, Cristina Álvarez Roríguez y Jimena López, además de los autores de los proyectos.
Massa destacó que la iniciativa “implica llevar alivio a los usuarios y usuarias de gas y eso genera un impacto directo en el bolsillo”.
Por su parte, Máximo Kirchner explicó que el proyecto significa “un cambio de paradigma en relación a lo que se hizo en cuatro años del gobierno de Juntos por el Cambio con las tarifas”.
“Quienes desconocen la realidad de la Argentina y hablaban de veredas calefaccionadas o de que los argentinos y argentinas malgastaban el gas le hicieron un gran daño al poder adquisitivo de nuestro pueblo”, agregó.
El oficialista explicó que “lo que (los usuarios) no destinen al gas, lo van a usar para mejorar sus calefactores, que en las zonas más frías además tienen más uso porque la temporada de bajas temperaturas dura más tiempo”.
Para Kirchner, “este proyecto está en línea con el compromiso que asumimos en 2019 junto con el presidente: buscar alternativas para, de a poco y a pesar de la pandemia, en un contexto complejo donde muchos han perdido a seres queridos, ir avanzando y salir del infierno en el que nos dejaron”.
“Es muy saludable que lo hagamos de manera conjunta con otros bloques y vamos a darle tratamiento lo más pronto posible porque es en beneficio de nuestra gente”, concluyó el titular de la bancada oficialista.
El proyecto da respuesta a una demanda histórica por parte de asociaciones de defensa de usuarios y consumidores de las provincias de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y 54 municipios de la provincia de Buenos Aires que se suman al beneficio que ya tiene la región patagónica.
Lo que se establece es una disminución de entre el 30% y el 50% sobre las facturas de gas de usuarios residenciales, dependiendo de la situación de mayor o menor vulnerabilidad -se tomaron quienes están comprendidos en el decreto presidencial 311/20-.
En las nuevas localidades, la rebaja del 50% abarcará a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo; titulares de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; y monotributistas sociales.
El beneficio también comprende a jubilados y pensionados; trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles; y monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en cuatro veces el SMVM.
Otros beneficiarios serán los usuarios que perciben un seguro de desempleo; electrodependientes; usuarios incorporados al Régimen de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares; usuarios exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza; y veteranos de guerra que perciban una pensión vitalicia.
En tanto, el resto de los usuarios residenciales de las zonas incorporadas accederá a la reducción del 30% de la tarifa de gas.
Además, se incluye a la garrafa para las mismas regiones, provincias, departamentos, municipios y partidos que se incorporan al beneficio.
Además de la Patagonia, quedarán comprendidos:
El oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto de José Luis Ramón a pesar de que el tema viene siendo debatido con especialistas en la Comisión de Defensa del Consumidor, que preside Diego Mestre.
Tras una reunión con escándalo que incluyó gritos y denuncias cruzadas, el oficialismo firmó dictamen favorable de un proyecto del jefe del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón, para crear una comisión bicameral que trabaje sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor.
El despacho se firmó en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Mayda Cresto (Frente de Todos), que en varias oportunidades perdió el control de la reunión y tuvo problemas para ordenar el uso de la palabra, por inconvenientes técnicos.
Dado que el proyecto de Ramón no fue girado a la propia Comisión de Defensa del Consumidor, Juntos por el Cambio imploró que la iniciativa volviera a asesores hasta tanto Presidencia se pronuncie sobre una nota que envió Diego Mestre (UCR), presidente de ese cuerpo, solicitando la ampliación del giro.
Mestre advirtió que el tema viene siendo discutido en su comisión con la participación de especialistas y asociaciones de consumidores, e informó que ya llevan tres reuniones informativas, e incluso para este jueves se espera la cuarta.
Sin embargo, el Frente de Todos decidió avanzar con el proyecto y desoyó el planteo de la oposición, aunque aceptó modificar la redacción para dejar aclarado que la nueva bicameral no implicará gastos ni mayor presupuesto, sobre todo en plena emergencia sanitaria.
Fue Liliana Schwindt -y no Ramón, autor del proyecto- quien receptó la propuesta de Juntos por el Cambio, realizada por Pablo Tonelli (Pro).
Según la redacción final, la bicameral “funcionará con el apoyo administrativo de las comisiones permanentes y no erogará nuevos gastos al presupuesto vigente del Congreso Nacional”.
La futura comisión se denominará “de Actualización y Consolidación de la Legislación en Defensa de los Consumidores” y trabajará durante 90 días, con la conducción de un presidente, un vice y dos secretarios.
“Es necesario que el Congreso dicte un Código que resuma todas las disposiciones que a lo largo de muchos años se dieron, sobre todo a partir de la Constitución de 1994 y la aplicación de su artículo 42”, explicó Ramón, conectado a la reunión desde un auto en la ruta.
Por su parte, Mestre dijo estar “sorprendido” por la poca anticipación con la que se convocó a la reunión y denunció que “es inentendible que ahora quieran crear una bicameral, una nueva estructura” en medio de la crisis por la pandemia.
“Es una falta de respeto lo que están haciendo. No sigamos avanzando en esta ilegalidad manifiesta”, pidió, al sostener que “la competencia de la Comisión de Defensa del Consumidor es casualmente lo que hace a la protección de los derechos de los consumidores”.
En el mismo sentido, Carmen Polledo (Pro) sugirió que “la motivación para crear esta bicameral no pareciera radicar en cuestiones normativas, sino presupuestarias”, y “significará, como mínimo, 12 millones de pesos”. “Los Códigos se están trabajando, y muy bien, en la comisión respectiva. No hay ninguna necesidad de crear una bicameral más allá de la de crear estructuras y gastos”, insistió.
En tono enardecido, Silvia Lospennato denunció que el proyecto “es absolutamente violatorio de nuestro propio reglamento”, justamente en la comisión que debe “interpretarlo y cuidarlo”.
“Las funciones ya existen, hay 31 diputados designados en una comisión que está trabajando con proyectos de distintos bloques, que pasaron por dos años de debate como mínimo”, enfatizó.
Y cuestionó: “¡¿Es posible que en medio de una pandemia sigamos dándole letra a los agoreros de la antipolítica, creando cargos, gastando el dinero de los contribuyentes, para formar innecesariamente una bicameral que replique las funciones que ya tiene una comisión permanente?!”.
“¡¿Qué hay detrás de este proyecto? ¿Cuál es el compromiso que no conocemos con el diputado Ramón para crear esta bicameral?!”, deslizó Lospennato, y no solo advirtió que la nueva bicameral será integrada por los mismos que actualmente integran la comisión, sino que además denunció un intento de correr a Mestre para que el debate lo encabece un oficialista.
En respuesta a las críticas, Schwindt consideró que “hacer una bicameral para tratar los Códigos que hay no es vaciar una comisión”, y recordó que trabajará solo durante 90 días, además de sostener que “no estamos violando ningún reglamento”.
Sobre los fondos, ironizó: “No le vamos a sacar el presupuesto a (Daniel) Arroyo para crear esta bicameral. Sale de nuestro presupuesto”.
“Estuvieron cuatro años gobernando para hacer el Código que querían hacer, ¿por qué no lo hicieron? Permítannos hacer al Frente de Todos el Código que nosotros queremos”, lanzó.
A su vez, el propio Ramón salió a responderle a Lospennato y a otros diputados que pusieron en duda los verdaderos motivos de la aprobación de este proyecto: “Hay que limpiarse la boca antes de hablar mal de otro colega que está haciendo su trabajo, tratando de inducir que esto trae aparejada una negociación”.
El oficialista Rodolfo Tailhade sumó pimienta a la discusión y cuestionó que Juntos por el Cambio hable de “austeridad” cuando esa gestión “permitió la fuga de 86.000 millones de dólares en cuatro años”, a la vez que “quieren reivindicar los derechos de usuarios de consumidores cuando arrasaron con ellos” con los “tarifazos”.
Con la participación de dos expertos, la comisión homónima comenzó a tratar el tema en base a un proyecto de Alfredo Cornejo (UCR) y otro del oficialismo.
La Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside Diego Mestre (UCR) avanzó este jueves en el debate sobre un nuevo Código de Defensa del Consumidor, con la participación de dos expertos en la materia.
“El Código de Defensa del Consumidor es muy importante para todos los argentinos. La Ley de Defensa del Consumidor se sancionó en 1993, fue una ley de vanguardia para ese momento, pero ya tiene 27 años, y si bien se ha ido modificando y ha tenido algunos parches, es un buen momento para resistematizar todo lo que hace a los derechos de los consumidores”, introdujo Mestre.
El legislador recordó que el año pasado se realizaron reuniones informativas sobre el tema en el Senado, pero los proyectos no prosperaron, y este año se presentaron dos iniciativas en la Cámara baja, una perteneciente a Alfredo Cornejo (UCR) y otra al bloque del Frente de Todos.
“Estamos ante una gran oportunidad para avanzar y están dadas las condiciones para eso”, garantizó el cordobés.
Destacó que el proyecto de Cornejo, que tomó como antecedente el programa Justicia 2020 de la anterior gestión, “se adecúa a los parámetros de los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, los tratados de derechos humanos” y distintas leyes.
También resaltó que contiene “algunos aspectos que hacen a la cotidianeidad de los consumidores”, como el acceso a la información, la contratación electrónica y el problema del sobreendeudamiento.
Uno de los invitados al encuentro virtual fue Gonzalo Sozzo, especialista en Derecho de Daños, doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y docente de la Universidad Nacional del Litoral.
Sozzo explicó que la Ley 24.240 fue de “primera generación”, y ahora el Código de Defensa del Consumidor “colocaría a la Argentina en la vanguardia porque se trata de una normativa de tercera generación, porque trata temas de actualidad, como los portales de venta, las técnicas de financiamiento sofisticadas, el sobreendeudamiento de los consumidores, las nuevas técnicas de marketing y la protección de consumidores hiper-vulnerables”.
Además, el doctor mencionó que en el proyecto de Cornejo el derecho de los consumidores “tiene puntos de contacto con el derecho alimentario, el derecho ambiental, los derechos humanos y la perspectiva de género”.
También señaló que “prácticamente la mitad del articulado está dedicada a la efectiva implementación de los derechos del consumidor”, y afirmó que “fue construido en base un amplísimo consenso teórico”.
La segunda expositora fue Belén Japaze, doctora en Derecho de la Universidad de Salamanca, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán y co-autora del proyecto de ley que retomó Cornejo.
“Es indudable la preocupación global por el sobreendeudamiento de los consumidores, no solo en el contexto de excepción que vivimos por la pandemia sino por la dinámica propia del mercado en tiempos de normalidad, y esto lo asumieron países con economías estables”, aseguró Japaze.
La experta remarcó la “impostergable necesidad de un abordaje de la problemática en nuestro país”, y aunque aclaró que “no se resuelve con un dispositivo legislativo, es un punto de partida necesario”.
Japaze definió al sobreendeudamiento como “la grave dificultad para afrontar el cumplimiento de las obligaciones contraídas en situación de pronta exigibilidad, aunque no necesariamente deudas vencidas”.
En ese sentido, apuntó que el proyecto “no solo consagra un principio y prevé un catálogo de deberes, sino que deja establecido que todas aquellas consecuencias adversas que se deriven de créditos que se hubieran otorgado en infracción de estos deberes han de ser soportadas total o parcialmente por los dadores del crédito”.
Al finalizar las exposiciones, la vicepresidenta de la comisión, Liliana Schwindt (Frente de Todos), destacó que “tenemos un gobierno que está pensando en los usuarios y consumidores”.
“En la apertura de sesiones ordinarias el presidente habló de los consumidores y ya había pensado en llevar adelante determinadas acciones, pero vino la pandemia y fuimos viendo sobre la marcha muchas cuestiones”, dijo, y al respecto mencionó la declaración de la telefonía celular, internet y la televisión por cable como servicios públicos.
En tanto, José Luis Ramón (Unidad Federal para el Desarrollo) fue crítico del proyecto de Juntos por el Cambio y advirtió que no solo “no existe consenso”, sino que ya durante el debate en el Senado numerosas asociaciones de consumidores señalaron que “violenta seriamente la operatividad del artículo 42 de la Constitución”.
“Muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios. Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio”, remarcó Liliana Schwindt.
En el marco de la pandemia del coronavirus, la diputada Liliana Schwindt (Frente de Todos) presentó un proyecto de ley para suspender los intereses punitorios por el uso de tarjetas de crédito que no sean emitidas por bancos -o el Banco Central- desde el 1ro de mayo y hasta que finalice la cuarentena.
“Por la crisis, muchas personas debieron recurrir al endeudamiento para comprar alimentos y pagar los servicios. Estamos en pandemia y debe primar la necesidad sobre el negocio”, explicó la legisladora.
Schwindt expresó que “lo que buscamos es justamente proteger a millones de consumidores que todavía no están bancarizados y deben recurrir a entidades financieras”.
Además, la diputada aseguró que “de no concretarse esta propuesta, no sólo se seguiría desprotegiendo a los usuarios financieros de esas tarjetas, sino que se los dejaría absolutamente indefensos ante los abusos de los proveedores de servicios financieros no formales, por no tener ninguna herramienta eficaz ni autoridad de aplicación precisa para reclamar”.
En caso de aprobarse el proyecto presentado por la diputada oficialista Liliana Schwindt, los abonos de esos servicios pasarían a ser tarifas públicas.
A través de un proyecto de ley, la diputada nacional Liliana Schwindt propone declarar “servicio público, esencial, estratégico y un derecho humano” al servicio de telefonía móvil e Internet, en todas sus modalidades y prestaciones.
A partir de ello, el Poder Ejecutivo Nacional establecerá una prestación básica obligatoria que deberá brindarse en condiciones de igualdad a todos los usuarios. La misma será parte integrante de todo contrato entre la compañía prestadora del servicio y el usuario, señala la iniciativa, según la cual el Gobierno deberá garantizar el servicio universal de telefonía móvil e internet que deberá presentar a todos los usuarios, asegurando su acceso en condiciones de calidad, asequibilidad y “a precios justos y razonables, con independencia de su localización geográfica”.
En los fundamentos, la diputada del Frente de Todos argumenta la razón de esta ley en la situación que hoy “viven millones de argentinos en medio de la emergencia sanitaria dictada mediante el Decreto N° 260/20, el cual dispuso por el plazo de un año la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley N° 27.541, en virtud de la pandemia”.
“Si bien la telefonía fija es un servicio público, este carácter no ha alcanzado a la telefonía móvil e Internet, aunque sin que existan fundamentos de fondo para diferenciarla de la primera, constatándose además que muchas personas que no cuentan con telefonía fija, han tenido en la telefonía móvil e internet una posibilidad de acceder a la comunicación, aunque a un costo muy elevado”, señala Liliana Schwindt.
La legisladora de origen massista advierte que “conductas oligopólicas, tarifarias, contratos abusivos, cambios unilaterales en las prestaciones del servicio, baja calidad del mismo, falta de inversión, acceso inequitativo al servicio y discriminación en las tarifas, son algunos de los conflictos que ha suscitado la falta de regulación del servicio de telefonía móvil e internet y su mantenimiento en la esfera del derecho privado”. A su juicio, la pandemia “ha demostrado la importancia de que estos servicios sean declarados un servicio público esencial, estratégico y sean considerados un derecho humano dado que la educación, el trabajo, las relaciones familiares y humanas son efectuadas, en medio del aislamiento social, preventivo y obligatorio vigente, a través de la utilización de distintos medios tecnológicos de comunicación, ya sea efectuándose llamadas telefónicas o móviles, videoconferencias, mensajes de texto, redes sociales,, etc.”.
En la sesión de este jueves juraron Liliana Schwindt, en reemplazo de Felipe Solá; y Adriana Cáceres, en lugar de Guillermo Montenegro.
Al comienzo de la sesión extraordinaria de este jueves juraron como diputadas Liliana Schwindt y Adriana Cáceres, quienes a comienzo de febrero fueron avaladas para asumir gracias a un fallo judicial.
La Cámara Nacional Electoral rechazó días atrás las apelaciones efectuadas por Marcelo “Oso” Díaz (GEN) y Marcelo del Sol (Pro).
La decisión determinó que los reemplazos se realicen por el corrimiento natural de la lista y no por aplicación de la Ley de Paridad, sancionada después de las elecciones de 2017.
De esta manera, ambas legisladoras, en representación de la provincia de Buenos Aires, tendrán mandato hasta 2021.
Schwindt, quien reemplazará a Felipe Solá -que renunció para asumir como canciller-, fue candidata en el quinto lugar en la lista del massismo de 2017.
En tanto, Cáceres, que ocupará el lugar que dejó Guillermo Montenegro al consagrarse intendente de Mar del Plata, había ocupado el 16° lugar en la lista de Cambiemos de 2017.
Adriana Cáceres y Liliana Schwindt asumirán en lugar del intendente de Mar del Plata y el canciller, respectivamente.
La Cámara Nacional Electoral (CNE) falló este martes a favor de dos mujeres en reemplazo de dos hombres que renunciaron a sus bancas para ocupar otros cargos. Se trata del canciller Felipe Solá y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, quienes serán relevados en la Cámara de Diputados por Liliana Schwindt y Adriana Cáceres, respectivamente.
Dado que las dos autoridades del tribunal, Alberto Dalla Vía (presidente) y Santiago Corcuera (vicepresidente) tuvieron diferentes criterios, se convocó al juez Guillermo Antelo para terciar en el fallo, que inclinó la balanza a favor de las dos mujeres.
De esta manera, en sintonía con los casos ya resueltos, el reemplazo se realizará por corrimiento natural de la lista y no por aplicación de la Ley de Paridad, que fue sancionada después de las elecciones de 2017.
En el caso de Solá, en la lista presentada ese año por el frente 1País le seguían José Ignacio De Mendiguren, Liliana Schwindt, Jorge Sarghini y Marcelo “Oso” Díaz, en ese orden. Sarghini ya juró como diputado en reemplazo del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y Díaz reclamaba asumir, pero la CNE resolvió a favor de la dirigente de Olavarría.
Por su parte, Cáceres había ocupado el lugar número 16 de la lista de Cambiemos, seguida por Marcelo Osmar Del Sol, quien con el mismo argumento de Díaz pretendía suplantar a Montenegro.
“Fueron varios meses de lucha para defender la banca que por derecho me corresponde. Hoy la Justicia lo vuelve a ratificar. Voy a trabajar con mucha responsabilidad y compromiso por todas y todos los bonaerenses, sin olvidarme nunca de mis vecinas y vecinos de Pilar”, expresó Cáceres, secretaria general del Pro en ese distrito.
Cuando Cáceres y Schwindt asuman se completará la composición de la Cámara baja, que hoy está con 255 miembros. La primera integrará, por supuesto, el bloque Pro, mientras que la segunda irá al Frente de Todos, que mantendrá de esa forma 119 integrantes.
Ahora la CNE deberá resolver el reemplazo de Elisa Carrió, cuya renuncia se hará efectiva en marzo. Si el tribunal mantiene este criterio, asumiría un hombre, José Luis Patiño, quien integrará el Pro junto a Cáceres. Con esas dos incorporaciones, el bloque de Cristian Ritondo tendrá 52 diputados, y la Coalición Cívica perderá un escaño.
