Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dejó sin efecto la aplicación de aranceles generalizados del 15% por parte de Donald Trump y el acuerdo comercial entre Argentina y el país norteamericano, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó la presencia del canciller Pablo Quirno a la Cámara baja para que brinde explicaciones al respecto.

En la iniciativa, el diputado pide saber cuál va a ser la política impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de los beneficios que Argentina iba a otorgar a los productos e inversiones estadounidenses en función del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI); qué estrategias se están considerando para proteger el interés de los exportadores argentinos que se vieron perjudicados por la reversión de aranceles en 1,675 posiciones.

En esa línea, solicita información sobre las medidas que se están tomando por el perjuicio a las empresas argentinas que exportaron con aranceles adicionales durante 2025, estimados en un total mundial de 170,000 millones de dólares. También, las acciones inmediatas que prevé la Cancillería para reconfigurar las relaciones comerciales de Argentina con Estados Unidos y otros mercados.

“Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Este escenario generó una gran preocupación no solo en el ámbito económico, sino también en la percepción de Argentina como un socio comercial de confianza para Estados Unidos”, expresó el santafecino.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fallara en contra de la administración trumpista en rigor de los aumentos arancelarios, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno ante el pleno, donde se le exigen explicaciones sobre la situación del acuerdo entre Argentina y el país norteamericano suscripto en noviembre pasado.

El texto fue avalado por Pablo Farías, santafesino que integra Provincias Unidas, donde enumeraron nueve puntos a explicar por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: evaluación del acuerdo firmado entre ambos países: la política a impulsar por el Ejecutivo sobre los productos; las estrategias a considerar para proteger el interés de los exportadores argentinos; y qué medidas concretas se están tomando por el perjuicio a las empresas argentinas que exportaron con aranceles adicionales durante 2025, entre varios puntos.

En los fundamentos, el diputado Paulón recordó que el gobierno de Milei aceptó, entre otras cosas, eliminar barreras para más de 200 categorías de productos estadounidenses, que incluían químicos, maquinaria y dispositivos médicos. También se otorgaron protecciones en materia de propiedad intelectual y servicios digitales, asegurando que las empresas estadounidenses tuvieran un ambiente de privilegios para operar y competir en el mercado argentino.

“Este aparente esquema de beneficios y oportunidades rápidamente se convirtió en un campo minado de incertidumbre y preocupación”, consignó el santafesino, quien lo relacionó directamente con el fallo de la Corte en rigor de la aplicación del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) por parte de la administración Trump para imponer aranceles porque “carecía de sustento legal, ya que solo el Congreso posee la autoridad para crear impuestos”. “Esta decisión abre una profunda inquietud sobre la validez del acuerdo firmado entre los dos países”, advirtió.

Cuestionó, además, que “esta incertidumbre es claramente acrecentada por la extravagante apuesta del presidente (Javier) Milei de apostar a una alianza coyuntural con el presidente de los Estados Unidos nacida al calor de su afinidad ideológica pero que no resiste a los contrapesos del sistema institucional estadounidense”, y añadió que “la espera por respuestas efectivas se convierte en un constante recordatorio de la fragilidad de los acuerdos internacionales, donde algo que parecía seguro se desmorona ante un fallo judicial”.

Por último, Esteban Paulón señaló que “Argentina aún enfrenta el desafío de tener una inserción internacional inteligente, basada en oportunidades y no en giros sobre ideologizados, sino también de fortalecer su economía en medio de un clima global incierto”. “Es necesario que en esta coyuntura la Cancillería Argentina de respuestas sobre la apuesta fallida y las certidumbres que hay que construirle al complejo exportador argentino para volver a crecer”, concluyó.

Tras participar de un encuentro con especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el diputado nacional Esteban Paulón anticipó que, en caso que el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares se apruebe en el Senado y pase a la Cámara baja, van a "exigir una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares".

En tal sentido, el santafesino señaló que la normativa vigente "es una política de Estado estratégica que asegura la sostenibilidad de todas las actividades productivas a largo plazo, así como la reserva de agua en las zonas periglaciares, los ecosistemas, las economías regionales y el desarrollo del país".

Además, el legislador cuestionó que "la reforma pretende que autoridades provinciales -sin la capacidad técnica del IANIGLA- decidan qué cuerpos de hielo tienen relevancia hídrica, permitiendo actividades extractivas incluso si afectan a otras provincias".

"Esto desnaturaliza el objetivo de conservación de las áreas glaciares y periglaciares. Nosotros no vamos a avalar la desprotección del medioambiente ni los planes extractivistas de este Gobierno", enfatizó.

Por otra parte, Paulón denunció el desfinanciamiento del organismo a cargo del Inventario Nacional de Glaciares y apuntó: "Con esta reforma legal buscan destruir un inventario de más de 10.000 áreas protegidas, transfiriendo facultades técnicas a las provincias y facilitar la exploración minera".

Representantes del Espacio Audiovisual Nacional (EAN) se reunieron este miércoles con diputados de la oposición en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde manifestaron su rechazo a ciertos aspectos de la Reforma Laboral que impactarían en el sector, al tiempo que advirtieron por el futuro del cine argentino.

Durante el encuentro, organizado por el diputado socialista Esteban Paulón, expresaron su posición en contra de algunos puntos del proyecto impulsado por el Gobierno: la derogación del Estatuto del Periodista y las modificaciones que afectarían directamente el funcionamiento del INCAA, la TV Pública y Radio Nacional, organismos que el sector considera “pilares fundamentales para la soberanía cultural y la identidad nacional”.

La jornada contó con la presencia de productores, guionistas y actores, entre ellas las destacadas Alejandra Flechner, Mercedes Morán y Julieta Díaz.

Además, Paulón reafirmó su compromiso de actualizar y relanzar un proyecto de emergencia en la industria audiovisual, presentado originalmente en 2024. “Invito a todos a trabajar en esta iniciativa cuando comience el período parlamentario”, dijo el santafesino, al subrayar la necesidad de generar un marco normativo que proteja a los trabajadores “ante un escenario de alta incertidumbre económica y legal”.

​La reunión concluyó con la lectura de un documento conjunto y testimonios de diversos actores del sector, quienes coincidieron en que la producción audiovisual es una actividad que requiere financiamiento y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Los referentes advirtieron que, sin el apoyo del Estado y un marco regulatorio estable, la industria independiente -que genera miles de puestos de trabajo- corre “un riesgo real de subsistencia frente a los desafíos que plantea el tratamiento de la reforma en el Senado”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en redes que clínicas y hospitales de todo el país podrán adquirir equipamiento médico importado de manera más rápida y sencilla, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema de salud y reducir costos operativos.

Al respecto, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto salió al cruce de la medida y cuestionó: “Ahora el gobierno nacional habilita la importación de equipos médicos usados.  Hace poco habilitaron el ingreso de ropa usada.  Cada día la Argentina se parece a un país africano de segundo orden”.

En el mismo sentido, se manifestó el diputado santafecino Esteban Paulon: “ARGENTINA, DE SEGUNDA MANO. ¿Qué festeja Adorni? Que Argentina será el depósito de los productos de segunda mano del mundo. Maquinaria pesada para minería y el agro, equipamiento médico, vehículos… De puertas abiertas para destruir la industria nacional”.

El funcionario había publicado en su cuenta de “X” que se trata de una medida con “menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”. Las importaciones de equipamiento médico usado estaban limitadas por regulaciones estrictas y largos procesos burocráticos y ahora la posibilidad de acceder a los mismos y en mejores condiciones, tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes.

Mientras continúa avanzando la licitación por la construcción de la Línea F, el jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, salió a responderle al diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón por las críticas que hizo a la gestión de la red de subterráneos del distrito capitalino.

El cruce entre ambos se dio después de que el socialista publicara en su cuenta de X, ex Twitter, el posteo de un usuario en el que se mostraba una estación subterránea de Bruselas, la cuál se veía sumamente limpia, iluminada y ordenada. "Porteños ¿qué nos impide que nuestro subte luzca así?", se preguntó el cibernauta y Paulón no dudó en responder: "El Gobierno de Jorge Macri".

Porteños ¿qué nos impide que nuestro Subte luzca así? https://t.co/7de49DgeTq

— nicotero (@nicolasotero) February 1, 2026

Atento a las declaraciones de Paulón, el jefe de Gabinete porteño salió a recordarle algunos de los principales hitos de la gestión de Macri en materia de transporte subterráneo. "Diputado, el Gobierno de Jorge Macri viene llevando adelante una política sostenida de modernización del Subte de la Ciudad", comenzó diciendo y precisó que "implementó la opción de viajar con cualquier medio de pago, convirtiendo a Buenos Aires en una de las primeras ciudades del continente en ofrecer esta alternativa".

"Ya adjudicó y renovará por completo las formaciones de la Línea B, e incorporará 40 coches nuevos a las Líneas A y C, que entrarán en servicio en 2027", continuó y detalló que "está llevando adelante la puesta en valor y renovación de 48 estaciones de la red de Subte".

Finalmente, Sánchez Zinny concluyó planteando que "este año adjudicará y comenzará las obras de la Línea F, la séptima línea de la red, que contará con estaciones de diseño elipsoidal y plataformas centrales, mejorando la experiencia del usuario. Además, estarán recubiertas con materiales que reducen el ruido, y algunas contarán con iluminación natural".

La senadora nacional Edith Terenzi y el diputado nacional Esteban Paulón escribieron una carta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al presidente de la Nación, Javier Milei, respectivamente, solicitándoles de forma urgente que sume al temario de extraordinarias los proyectos que incorpora la figura de ecocidio al Código Penal.

La nota de la chubutense Terenzi refiere puntualmente a un proyecto de su autoría que entiende la figura de ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente, en violación de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Así, explica que la solicitud “se funda en la grave crisis ambiental que atraviesan la cordillera y el bosque andino patagónico de la provincia de Chubut, como consecuencia de los incendios forestales de gran magnitud que se vienen produciendo y que ya han ocasionado daños irreversibles en los ecosistemas, afectando de manera directa no solo a las comunidades locales, sino también a quienes apuestan por nuestro territorio a través de diversas actividades turísticas, productivas, ganaderas y agropecuarias”.

Terenzi planteó que “estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de herramientas penales adecuadas que permitan la prevención, sanción y reparación de conductas dolosas que generan daños ambientales irreparables. La incorporación de la figura de ecocidio a nuestro sistema jurídico constituye una clara manifestación del compromiso del Estado en la defensa del ambiente como bien jurídico fundamental y derecho humano”.

Por su parte, Paulón le envió su carta al Presidente quien también pide que se incluya de manera urgente en el temario de sesiones extraordinarias los proyectos vinculados a la declaración de la emergencia ambiental y a la incorporación de la figura de ecocidio en el Código Penal, debido a que “la Argentina no cuenta hoy con las herramientas institucionales, presupuestarias ni penales necesarios para enfrentar este tipo de catástrofes y la intervención del Estado Nacional es clave”.

“Esta situación hace imprescindible la intervención activa del Estado nacional, mediante políticas públicas excepcionales, asignación urgente de recursos y una coordinación integral que hoy está ausente”, manifestó.

A su vez, criticó que el Gobierno nacional “lejos de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir estos eventos extremos. El proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026 prevé una reducción cercana al setenta por ciento (70 %) de los recursos destinados a la prevención y combate de incendios forestales en comparación con el ejercicio anterior. Esta decisión no solo resulta irresponsable, sino que vuelve prácticamente inviable cualquier planificación seria de políticas de prevención, debilita a los equipos técnicos y limita severamente la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud”.

CARTA ABIERTA A @JMilei: ANTE LOS INCENDIOS NO MIRE PARA OTRO LADO!

Frente al drama de los incendios, le pedí al Presidente de la Nación que incorpore los proyectos de Declaración de Emergencia presentados, incluyendo el aumento de emergencia para brigadistas y la inclusión del… pic.twitter.com/Koq8mGalHk

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 28, 2026

El diputado nacional Esteban Paulon, junto a su par Pablo Farías, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones y detalles sobre el aterrizaje de un avión norteamericano en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia el pasado 25 de enero.

Los legisladores del bloque Provincias Unidas piden saber cuáles fueron los motivos que llevaron a que la aeronave perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos tipo Boeing C-40 aterrizó en el Aeropuerto “Malvinas Argentinas” y remarcó que “no existió ninguna comunicación del estilo”.

También solicitan la descripción de la nómina de personas que viajaban a bordo, indicando cargos y funciones; cuál fue la agenda oficial desarrollada durante la estadía en la ciudad y qué organismos nacionales, provinciales participaron de la misma.

Además, quieren que se detalle el vínculo que existe con los intereses de carácter logístico, estratégico o militar relacionados con la Antártida Argentina y si existe relación entre el arribo de la aeronave y las recientes decisiones o intervenciones de la administración nacional en el Puerto de Ushuaia.

QUE ONDA EL AVIÓN MISTERIOSO? ✈️

La “visita” del avión norteamericano a la Patagonia argentina nos llena de dudas e inquietudes, sobre todo por el alineamiento del gobierno nacional con @realDonaldTrump y la importancia geopolítica del puerto de Ushuaia.
Por ello presentamos un… pic.twitter.com/WQzx21AWyp

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 27, 2026

A una semana del vencimiento del plazo para que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se aboque a su tratamiento, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar nulo de nulo el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 que reorganiza integralmente la Ley de Inteligencia Nacional. “El DNU de la SIDE tiene que ser declarado nulo de nulidad absoluta”, reiteró el santafesino.

El proyecto de ley fue acompañado por Pablo Farías, Sergio Capozzi y Mónica Frade, quienes consideraron que “el decreto configura en los hechos una nueva Ley de Inteligencia, dictada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin debate parlamentario, sin control democrático y en abierta violación al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.

Del mismo modo, aseguraron que “no se verifica en el caso ninguna circunstancia excepcional que torne imposible el trámite legislativo ordinario”. “La materia regulada es una cuestión de máxima sensibilidad institucional, que exige deliberación pública, consenso democrático y la intervención indelegable del Congreso de la Nación. Gobernar por decreto en este ámbito no sólo es inconstitucional, sino profundamente regresivo en términos de calidad democrática”, señalaron.

El DNU 941/2025 fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, pero ingresó formalmente al Congreso de la Nación el viernes 16 de enero. Si la Bicameral de Trámite Legislativo -a carago de Oscar Zago- no se reúne antes del viernes 30 próximo, la oposición podrá llevarlo al recinto -de cualquiera de las dos cámaras- a partir del comienzo del segundo tramo del período extraordinario que iniciará el lunes 2 de febrero.

Para los integrantes de Provincias Unidas, firmantes del proyecto de ley, este DNU “es grave” porque “habilita expresamente que el personal de inteligencia proceda a la aprehensión de personas en supuestos de flagrancia o por orden judicial”.  Explicaron, en ese sentido, que “esta atribución, expresamente vedada por la legislación vigente hasta ahora, desdibuja peligrosamente la demarcación entre inteligencia y funciones policiales, y supone la creación de una verdadera fuerza de seguridad encubierta o ‘policía secreta’, incompatible con los consensos democráticos construidos desde la recuperación constitucional de 1983”.

El segundo punto considerado grave por los legisladores de la oposición dialoguista es que el decreto faculta a la SIDE a “requerir información a la totalidad de los organismos del Estado nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y crea ámbitos de articulación —la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional— bajo su conducción directa”.

“Este diseño convierte a amplios sectores de la administración pública en proveedores forzosos de información estratégica, sin salvaguardas adecuadas, sin control judicial efectivo y con un riesgo evidente de utilización política de los datos recolectados”, aseveraron. Luego, señalaron que “estas disposiciones implican un retroceso histórico, reabren heridas que la democracia argentina había procurado cerrar y contradicen los principios de separación de funciones y subordinación militar al poder civil”.

Entre varios puntos más que fueron criticados, Paulón concluyó con que “esta normativa entra en franco conflicto con la Ley de Seguridad Interior, en tanto habilita que acciones propias del sistema de inteligencia —carentes de control judicial suficiente y basadas en hipótesis o riesgos futuros— puedan afectar derechos y garantías constitucionales”.

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para invitar a la Comisión del Mercosur a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con competencia específica en el Acuerdo Mercosur–Unión Europea, así como a representantes de la Delegación de la Unión Europea en la República Argentina, a fin de que brinden información precisa y detallada sobre los aspectos centrales del referido Acuerdo que fue incluido en el temario de extraordinarias y será tratado en el mes de febrero.

La convocatoria tiene por objeto: “Facilitar un análisis integral de los beneficios, desafíos y oportunidades que podrían derivarse de su eventual implementación, en el marco de un intercambio institucional necesario entre los Poderes del Estado con competencia en el proceso de aprobación del Acuerdo, con miras a su evaluación, tratamiento y eventual ratificación por parte del Congreso de la Nación”.

Según argumentaron los diputados “el texto del acuerdo que ha sido publicado muy recientemente, incorpora modificaciones con respecto a la versión del acuerdo aprobada en 2019”.

“Consideramos indispensable que los legisladores contemos con información precisa sobre los puntos centrales del acuerdo, necesaria para un análisis profundo y detallado de los beneficios, desafíos y oportunidades derivados del Acuerdo, en el marco de un espacio de diálogo e intercambio institucional, que nos permitirá tomar decisiones fundamentadas y promover un debate informado”, plantearon.

En esa línea, señalaron que “el significativo impacto que este acuerdo puede tener en diversas áreas económicas, sociales y ambientales del país. Asimismo, destacamos el rol central del Congreso de la Nación en la evaluación, discusión y eventual aprobación del mismo, en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales”.

Luego de las múltiples cancelaciones de vuelos de la empresa Flybondi, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que los organismos correspondientes como la Secretaría de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), detallen qué sanciones se han aplicado a la aerolínea, qué compensaciones han recibido los pasajeros y pasajeras y cuestiones vinculadas a empresas subsidiarias que operan otros servicios aeroportuarios.

En la iniciativa pide que se informe para cada uno de los años 2024, 2025 y 2026 (hasta la fecha), la cantidad total de vuelos informados y/o programados por las compañías aéreas que operan bajo el modelo denominado low cost, en particular Flybondi y JetSMART. También, la cantidad de vuelos efectivamente realizados por las mencionadas compañías; la cantidad de vuelos cancelados y reprogramados por dichas compañías, discriminando —en caso de existir dicha información— las causas operativas, técnicas, comerciales o de fuerza mayor.

También, solicita que se informe si la ANAC ha iniciado actuaciones administrativas, procesos de fiscalización, auditorías operativas o aplicado sanciones a la compañía Flybondi y, en caso afirmativo, detalle el tipo de sanción, su fundamento normativo, el estado de cumplimiento y las eventuales medidas correctivas exigidas.

Además, que se detalle la capacidad estimada de transporte de pasajeros por jornada de acuerdo con los vuelos informados y/o programados, en contraste con la cantidad de aeronaves registradas y la cantidad de aeronaves efectivamente operativas durante cada período.

En otro punto, Paulón solicita datos respecto de la existencia o no de registros de reclamos presentados ante organismos de Defensa del Consumidor bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional vinculados a la prestación de servicios de transporte aéreo y, en caso afirmativo, indique la cantidad de reclamos, los principales motivos invocados y los resultados o conclusiones de las actuaciones iniciadas.

En esa línea, agrega si hay registros vinculados a devoluciones dinerarias de pasajes a personas usuarias por parte de dichas compañías y si  durante el año 2025 la compañía Flybondi presentó ante la autoridad competente algún plan destinado a regularizar la prestación de servicios aéreos, indicando las medidas operativas propuestas, eventuales refuerzos de flota o personal y la existencia de planes de resarcimiento o compensación informados a organismos de Defensa del Consumidor u otras autoridades competentes.

El diputado nacional Esteban Paulon sumó un nuevo proyecto a los que ya han presentado otros bloques para que se declare la emergencia ígnea y el daño ambiental en la Patagonia y se les otorgue un bono a brigadistas y bomberos que combate el fuego.

La iniciativa propone la declaración de zona de desastre y emergencia en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén que tiene por finalidad la adopción de medidas y acciones concretas destinadas a promover la recomposición del ambiente en la Región Delta del Paraná afectadas por la sequía y los incendios.

Además, dispone un otorgamiento de un bono mensual extraordinario equivalente al 100% de su salario básico para las y los brigadistas forestales que participen en operativos de combate y control de incendios en el marco de la emergencia declarada, por cada mes en que se encuentren afectados a dichos operativos.

“El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida del Fondo de Compensación Ambiental de la Ley 25.675 para afrontar las acciones de preservación del ambiente y de recomposición ambiental, en el marco de la emergencia y por el plazo dispuesto en el artículo 1º. De ser necesario, se asignará una partida especial adicional de los recursos del Ejercicio 2026”, agrega.

Paulon señaló que “los eventos registrados en distintos puntos de la región patagónica configuran un escenario de desastre que supera las capacidades de respuesta locales y provinciales, haciendo imprescindible la intervención del Estado nacional mediante políticas públicas excepcionales y la asignación de recursos y exige una respuesta inmediata, integral y coordinada”.

En esa línea, pidió atender la “situación crítica” de brigadistas forestales, trabajadores de Parques Nacionales, bomberos voluntarios y agentes de los servicios provinciales de manejo del fuego, quienes se encuentran en la primera línea de contención de incendios, desempeñando tareas de “altísimo riesgo en condiciones laborales precarias, con salarios insuficientes y sin el reconocimiento institucional acorde a la relevancia estratégica de sus funciones”.

La semana pasada, el Gobierno nacional comunicó la disolución total del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), el cual fue creado en la gestión de Patricia Bullrich con la idea de reforzar la lucha contra el crimen organizado en Santa Fe. A través de la Resolución 4/2026 publicada del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, informó la decisión.

En rigor de esta medida del gobierno de Javier Milei, los diputados santafesinos de Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías, presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan al Ministerio y al ARCA los detalles de la disolución. Además, exigen conocer cómo garantizará el Estado argentino el cumplimiento del Programa Global de Contenedores; y qué informes técnicos en causas vinculadas a narcotráfico y delitos conexos realizó el organismo fiscal.

“La derogación anticipada del dispositivo, sin una evaluación pública, objetiva y fundada de su desempeño conforme a parámetros previamente establecidos, configura una decisión de carácter eminentemente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, cuya motivación resulta insuficiente a la luz de los propios considerandos invocados en la Resolución 4/2026”, cuestionaron los integrantes de Provincias Unidas.

También señalaron que resulta “preocupante” que “los supuestos resultados positivos alcanzados por el esquema de coordinación aparecen paradójicamente utilizados como justificación para su disolución”.

En el final, afirmaron que “no quedan en claro entonces las motivaciones que son tenidas en cuenta para tamaña decisión puesto que la lógica, y en base a lo esgrimido por el propio Ministerio de Seguridad, indicaría que es una política pública a profundizar ya sea para continuar con los resultados positivos o mejorarlos pero nunca eliminar algo que funciona bien -y menos aún en áreas tan sensibles como son el narcotráfico, la narcocriminalidad y la vida de los rosarinos”.

En la misma línea, la diputada camporista Florencia Carignano presentó un proyecto de resolución con el mismo espíritu y apuntó que “la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico constituyen responsabilidades indelegables del Estado Nacional y que cualquier modificación de los dispositivos federales en territorio provincial debe fundarse en criterios objetivos, evaluaciones de impacto y garantías de continuidad operativa, a fin de evitar retrocesos que pongan en riesgo la integridad de la población”.

Tras la liberación de presos políticos en Venezuela, el diputado nacional Esteban Paulon (Provincias Unidas) presentó un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, a fin de que brinde un informe verbal sobre la política exterior adoptada por el Poder Ejecutivo en relación a los recientes acontecimientos ocurridos y a las gestiones iniciadas para la libertad del gendarme Nahuel Gallo.

En la iniciativa, Paulon solicita que el funcionario explique los fundamentos jurídicos y políticos del comunicado oficial de la Cancillería argentina del pasado 3 de enero en el cual el Gobierno nacional expresó su respaldo a las acciones militares llevadas a cabo por los Estados Unidos en territorio venezolano.

En esa línea, exige saber el estado actual de las gestiones diplomáticas, consulares y políticas realizadas por el Ejecutivo, en forma bilateral o a través de mecanismos multilaterales, con el objeto de obtener la liberación inmediata del ciudadano argentino Nahuel Gallo “detenido ilegalmente en Venezuela desde el 2024”.

Además, pide saber la posición adoptada por la Argentina en el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), incluyendo las razones por las cuales se opuso a una declaración regional de condena al uso unilateral de la fuerza.

También que explique la evaluación del Ejecutivo sobre los riesgos que las acciones militares, las injerencias externas y los precedentes de administración o control extranjero sobre Estados soberanos, así como la invocación de doctrinas de seguridad, lucha contra el narcotráfico o el “narcoterrorismo” como justificación para el uso unilateral de la fuerza, pueden implicar para la paz regional, la protección de los derechos humanos y la soberanía de los Estados latinoamericanos.

POR QUÉ NO LIBERAN A NAHUEL GALLO?

Presenté un pedido de interpelación al Canciller @pabloquirno para que brinde explicaciones sobre la posición argentina frente a la invasión en Venezuela y el estado de las gestiones para la libertad del Gendarme Nahuel Gallo, detenido… pic.twitter.com/Ws98ZMVHkJ

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 9, 2026

Después de conocer el contenido de la reforma laboral y su ingreso temprano en Mesa de Entradas del Senado, el diputado nacional Esteban Paulón intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que retiren el proyecto de ley y sea ingresado por la Cámara baja. “Incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA”, señaló el legislador de Provincias Unidas.

Para el diputado santafesino esto fue un “mal arranque” porque consideró en la carta documento que la Cámara de Senadores “no puede ser cámara de origen para el tratamiento primario de tal proyecto puesto que el mismo posee materias -impositiva- que es competencia expresa de la Cámara de Diputados”. En ese sentido, Paulón invocó los artículos 52 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

MAL ARRANQUE: LA REFORMA LABORAL DEBE IR A DIPUTADOS

Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR
El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de… pic.twitter.com/cNHntL7SNR

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) December 11, 2025

Por tanto, aseveró que “la maniobra de presentar el proyecto en el Senado de la Nación en lugar de Diputados demuestra que no es interés del Poder Ejecutivo Nacional darle tratamiento urgente a la pretendida reforma laboral sino sólo sumar escollos, dimes y diretes legislativos que no contribuyen en nada al debate parlamentario”. En resumen, para Esteban Paulón “es humo”.

También cargó que el ingreso por Senado solo responde al “capricho” de Patricia Bullrich de “capitalizar” su posible aprobación. Luego, siguió: “Si de verdad quieren dar los debates que dicen querer dar, deben respetar a este Congreso de la Nación y utilizar los canales interpoderes que supimos construir a pesar de las diferencias políticas”.

La intimación del santafesino fue dirigida al jefe de Gabinete y a la titular del Senado para que en el plazo perentorio e improrrogable de 24 horas el proyecto de ley sea retirado de la Cámara alta e ingresado por Mesa de Entradas de la Cámaras de Diputados.

En el Senado reclamaron por lo mismo

Temprano, la senadora jujeña Carolina Moisés advirtió que “la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados”.

Luego, remarcó que “cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”. De todos modos, en la Cámara alta Villarruel ya convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo martes a las 11 con los jefes de todos los bloques en virtud del inicio del debate.

LA CONSTITUCIÓN NO SE NEGOCIA.

El proyecto de Reforma Laboral NO puede entrar por @SenadoArgentina.

El Gobierno ingresó hoy un proyecto que incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias y derogaciones de leyes tributarias.

¿Y saben qué? Eso viola la Constitución. El artículo… pic.twitter.com/FQzlMOX1QY

— Carolina Moises (@CarolinaMoises) December 11, 2025

Un dato saliente respecto de los proyectos presentados en lo que va del año lo da el hecho de que la mayoría de los rubros en ambas cámaras están encabezados por senadores y diputados que concluyen este año sus mandatos. Al menos así sucedió hasta el mes de octubre, que es donde parlamentario.com ha hecho este corte parcial para reseñar quiénes son los legisladores más prolíficos del año en cada uno de los rubros.

Recordemos, a los efectos estadísticos, que este medio hace esos informes, para su Índice de Calidad Legislativa, contabilizando el período legislativo que va desde marzo a febrero, por lo que el que refiere la actividad del presente año concluye recién en febrero de 2026. Esto es, restan contabilizar 40 días para los diputados y senadores que ya concluyeron sus mandatos y el resto del verano para todos.

Lo cierto es que las senadoras kirchneristas Silvina García Larraburu y Eugenia Duré, cuyos mandatos concluyeron el 9 de diciembre, encabezaron en materia de proyectos de ley y de resolución, respectivamente. Lo mismo sucede con los proyectos de declaración, donde figuró el ahora exsenador radical Víctor Zimmermann. En cuanto a los proyectos de resolución, quien encabeza es la senadora fueguina Cristina López, quien renovó su mandato el pasado 26 de octubre.

En cuanto a la Cámara baja, en proyectos de ley figura primero, al mes de octubre, el exdiputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño. Otro diputado (MC), Gerardo Milman, es el que más proyectos de declaración presentó, mientras que el socialista Esteban Paulón figura al tope en proyectos de comunicación.

A continuación, detallamos los diez primeros diputados y senadores en cada uno de los rubros, al 31 de octubre:

CÁMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Proyectos de Declaración

Proyectos de Comunicación

Proyectos de Resolución

CÁMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Proyectos de Declaración

Proyectos de Resolución

FUENTE: ÍNDIDE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein ratificaron un pedido de informes a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, respecto de la utilización de fondos públicos por parte de funcionarios de la SIDE para viajar a Bakú, Azerbaiyán, cuando corrió en Fórmula 1 el piloto argentino Franco Colapinto.

“CON LA TUYA A LA F1. Sobre el viaje de funcionarios de la SIDE a Bakú, Azerbaiyán, para ver a Colapinto con fondos públicos. Hay sospechas de que se destinaron $19M de fondos públicos al tour”, escribió Paulon.

En la nota que habían enviado al titular de la comisión, argumentan que el pasado 24 de septiembre del corriente año se publicó una nota en el medio Clarín titulada “La orden de Karina Milei y la fascinación de la política por la Fórmula 1”. En el cuerpo de la nota, afirman que “funcionarios argentinos de la SIDE viajaron a una cumbre de servicios secretos a un país de Asia Central (…) cuyo trayecto incluyó un cruce por el Mar Caspio para una escala en la ciudad de Bakú (…) donde el domingo se corrió una carrera de Fórmula 1. Podría generar un fuerte ruido en la administración nacional donde se condena el gasto innecesario”.

Al respecto, los diputados resaltaron que la nota “cuenta de la existencia de un viaje oficial por parte de funcionarios públicos que incluyó un destino cercano, pero por fuera del objeto del mismo, y con el solo motivo de participar como espectadores de una carrera de automovilismo”.

“De comprobarse el viaje, constituirían la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y/o peculado tipificados en el Código Penal”, y denunciaron y sumaron que “un área tan sensible como es la inteligencia nacional a lo cual se le suma una compleja situación económica financiera de nuestro país, con recortes y vetos en áreas sociales justificados por el Gobierno en el “equilibrio fiscal”, estos hechos ameritan la apertura de una investigación que tenga por objeto confirmar o desecha la posible comisión de delitos”.

Ante el incremento del más del 38% de casos de personas con sífilis en el país, el diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto de ley para que se garanticen preservativos y pruebas rápidas gratuitas, campañas masivas para testearse y tratamiento inmediato.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2024 se reportaron 36.917 diagnósticos de esta infección de transmisión sexual y la tendencia sigue en aumento este año. El crecimiento afecta principalmente a jóvenes y significa un desafío urgente para el sistema de salud. En lo que va de 2025, se notificaron 36.702 casos en las primeras 44 semanas. Este registro equivale a un aumento del 38,5% respecto de 2022.

El proyecto del diputado santafecino propone que el Ministerio de Salud coordine acciones interjurisdiccionales e interprogramáticas para asegurar intervenciones integrales de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento específicas para la sífilis, evitando duplicidades y aprovechando las estructuras sanitarias existentes.

CON MILEI, LA SÍFILIS Y LAS ITS AVANZAN

Con +20 % de casos este año, especialmente en jóvenes de 15 a 39 años y bebés naciendo con secuelas evitables, el gobierno AUSENTE.

Hoy presenté un proyecto de ley para garantizar:
✅preservativos y pruebas rápidas gratuitas… pic.twitter.com/N0SwcM1wtF

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 26, 2025

Entre las acciones de prevención señala el fortalecimiento de las ESI en todos los niveles educativos; distribución gratuita, continua y masiva de preservativos y lubricantes; tamizaje universal y gratuito de sífilis durante el embarazo y el tamizaje neonatal de sífilis en todos los recién nacidos; tratamiento inmediato, gratuito y oportuno con penicilina benzatínica conforme a las guías nacionales, entre otras.

Además, propone la implementación de campañas nacionales permanentes, sistemáticas y basadas en evidencia de difusión, educación y sensibilización sobre la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual.

“Dispónese que el presupuesto asignado al Programa 22 - Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra de la jurisdicción 80, Ministerio de Salud de la Nación, para el ejercicio en curso, será actualizado mediante la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, correspondiente al período transcurrido desde el 1 de enero del 2024 a la fecha de sanción de esta ley”, establece,

En esa línea, plantea una distribución de partidas presupuestarias específicas al cumplimiento de los objetivos de esta ley una reasignación presupuestaria equivalente al 0,5 % de los incentivos fiscales otorgados anualmente en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) — Ley 27.742. “Dicha reasignación no afectará la vigencia ni los beneficios del régimen original. Los fondos serán ejecutados exclusivamente para las acciones establecidas en los Artículos 3 y 4 de la presente”, aclara.

Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara un acuerdo comercial bilateral con Argentina el jueves de la semana pasada, diputados socialistas expresaron una profunda preocupación y pidieron al Gobierno nacional a que todo tipo de acuerdo internacional pase por el Congreso de la Nación.

Desde el espacio, señalaron que el texto difundido por la Casa Blanca “refleja asimetrías evidentes y compromisos unilaterales por parte de nuestro país, otorgando acceso preferencial a productos estadounidenses en sectores sensibles –industria farmacéutica, química, maquinaria, tecnología, automotriz y agroindustria- sin recibir beneficios equivalentes”.

“El acuerdo afecta a la industria nacional, debilita sectores estratégicos de la región centro y se consolida un modelo de inserción internacional primarizado y dependiente, centrado en exportar materias primas a cambio de importar bienes de alto valor agregado”, alertaron.

El Partido Socialista advirtió que “rumbo responde más a alineamientos ideológicos externos que no representan una política de Estado, sino expresan afinidades personales de los presidentes Trump y Milei”, y denunciaron que “no hay en ello una evaluación real de los intereses argentinos y se comprometerán inversiones estratégicas y la soberanía regulatoria del país”.

“Reclamamos que todo acuerdo internacional sea público, remitido al Congreso de la Nación y debatido con transparencia, acompañando estudios de impacto productivo, laboral y ambiental”, plantearon.

En ese sentido, reafirmaron que “la integración internacional debe promover trabajo argentino, industria nacional y desarrollo sostenible, no dependencia ni pérdida de capacidades productivas”, al tiempo que exhortaron al Gobierno Nacional a revisar este entendimiento y a priorizar los intereses permanentes de la Nación por encima de cualquier alineamiento coyuntural.

Desde el @ps_argentina expresamos nuestra preocupación por el acuerdo Trump-Milei y sus consecuencias para la soberanía y la actividad económica de nuestro país. https://t.co/uwVQIFCGUP

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 16, 2025

A puro baile y zumba, los candidatos al Senado de la Nación, Esteban Paulón y Daniela Soldano, y a la Cámara de Diputados, Alejandro Katz, Diana Maffia y Gabriel Puricelli, encabezaron el acto de cierre de campaña de Movimiento Ciudadano este miércoles.

Luego de una recorrida por distintos espacios de la Ciudad, y en un macro realizado en la Plaza Houssay, Paulón expresó: "Este es un movimiento que llegó para quedarse. Recorrimos barrios, escuelas y acompañamos las marchas de los sectores que sintieron sus derechos avasallados", y destacó la importancia de participar activamente: "El voto útil", dijo, "es el que representa de la mejor manera las ideas de la ciudadanía".

Por su parte, Katz, editor, ensayista y docente que encabeza la lista de candidatos a Diputados, aseguró que “la diversidad y variedad de propósitos e ideas que son parte de nuestra campaña están fundamentados en los principios que nos representan: libertad, justicia e igualdad".

También, resaltó el “acompañamiento de una parte significativa de la sociedad que no quiere más opciones polares, ni compromisos extremos", en un contexto crítico de nuestro país. "Hace 13 años que Argentina no crece, no se puede optar por quienes produjeron esta situación. El año próximo el PBI va a ser 15% menor de lo que era hace 13 años", concluyó.

También participaron del cierre de campaña la diputada nacional Mónica Fein; la presidenta de la Federación Argentina LGBT+ y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, Maria Rachid; la Dirigente Socialista y abogada defensora de los derechos de las mujeres, María Elena Barbagelata; entre otros referentes sociales y políticos.

Los diputados santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un pedido de informes ante el Poder Ejecutivo de la Nación para conocer la situación funcional, académica y laboral de Alejandro Ciro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias. Desde el espacio socialista mencionaron la posible existencia de incompatibilidades por acumulación de cargos, percepción simultánea de haberes públicos y posibles incumplimientos a la Ley de Ética Pública (25.188).

La presentación del proyecto de resolución se da en la antesala a la presentación del funcionario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender el texto de la “ley de leyes” el próximo miércoles 29 de octubre a las 14.30. Asimismo, el Gobierno nacional promulgó, pero sin aplicación la Ley de Financiamiento Universitario insistida por el Congreso de la Nación con más de los dos tercios en ambas cámaras.

Así las cosas, la iniciativa exige información detallada respecto a los cargos ocupados por Álvarez en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA); exigen saber si actualmente se encuentra con licencia, especificando tipo de licencia, fecha de otorgamiento, normativa aplicable y efectos sobre la percepción de haberes; y conocer si ha percibido remuneraciones de dichas instituciones durante los años 2024 y 2025.

Por otro lado, le exigen al Ejecutivo que indique si Álvarez ha mantenido vínculos laborales o contractuales vigentes con el Senado, especificando si continúa revistando en planta permanente, si ha solicitado licencia por cargo de mayor jerarquía, o en qué carácter y bajo qué condiciones con o sin goce de haberes. También solicitaron información respecto a cuáles son los ingresos actuales y las fuentes de remuneración del funcionario.

En otro ítem, pidieron que se detalle sobre si tomó intervención la Oficina Anticorrupción (OA), la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) o la Procuración del Tesoro de la Nación en la evaluación de eventuales incompatibilidades por acumulación de cargos y posible vulneración de los deberes y pautas de comportamiento ético, y, en particular, acerca de toda denuncia o expediente que hubiera tramitado con posterioridad a la designación de Álvarez en el marco del ejercicio de las funciones, remita los dictámenes o actuaciones producidas.

Por su labor en la UNLaM, la UBA y el Senado, Paulón y Fein señalaron que Alejandro Álvarez
“hasta 2023 percibía al menos tres remuneraciones provenientes del Estado nacional”. “La normativa vigente prohíbe la acumulación de cargos públicos remunerados, salvo en los casos expresamente exceptuados y bajo estrictas condiciones: ausencia de superposición horaria, cumplimiento íntegro de los horarios oficiales y límite máximo de 10 horas diarias de labor. Además, las excepciones son excluyentes entre sí”, señalaron.

El diputado socialista Esteban Paulón ya había intimado a funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo por la no publicación de las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y de Financiamiento Universitario, anticipando que realizaría una denuncia penal por incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad. Les había apuntado originalmente al presidente Javier Milei, Guillermo Francos, Mario Lugones, a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos creer cómo este gobierno se las ingenia para no cumplir ninguna ley y de la cual dependen miles de familias, profesionales, niños y niñas de todo el país que necesitan atención”, dijo entonces el santafesino de Encuentro Federal que también aseveró: “Son insensibles y autoritarios”.

Publicadas ambas leyes, pero suspendidas por el Poder Ejecutivo a instancias de que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento, Paulón sumó a su presentación a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, como así también al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ampliando la denuncia con una figura más que es la de malversación de caudales públicos, anticipó a parlamentario.com.

“Hacemos ampliación sobre la denuncia de la Emergencia en Discapacidad”, aclaró el diputado socialista.

Un grupo destacado de intelectuales, artistas y profesionales firmó una carta pública en respaldo al Movimiento Ciudadano, el nuevo espacio político encabezado por Alejandro Katz (candidato a diputado) y Esteban Paulón (candidato a senador) por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El texto, firmado por figuras como Claudia Piñeiro, Oscar Oszlak, Hilda Sabato, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Vicente Palermo, Mariano Llinás, Juan Gabriel Tokatlian, Natalia Volosin,Gerardo Aboy Carlés, Pablo Avelluto, Raquel San Martín, Federico Merke, Marta Oyhanarte, Hugo Vezzetti, Oscar Cetrángolo, Guillermo Rozenwurcel, Alejandro Tantanian, Silvia Finocchio, Flavia Pittella, Gabriel Levinas, Diana Wechsler, Graciela Fernández Meijide, entre otros, señala que el Movimiento Ciudadano representa “la conjunción entre la sociedad civil y la experiencia política”, y que su propósito es “mejorar la calidad de la representación y el nivel del debate parlamentario”.

Los firmantes destacan que el Movimiento Ciudadano se identifica con una cultura política basada en los valores de libertad, justicia e igualdad, y promueve “una economía de mercado dinámica y competitiva, regulada por un Estado inteligente que evite los abusos, distribuya oportunidades y proteja a los más débiles”. En esa línea, reivindican “las tradiciones del socialismo democrático, actualizadas para hacer frente a los problemas del mundo contemporáneo y a los desafíos del futuro”.

La carta subraya que el Movimiento Ciudadano “no ofrece promesas vacías ni utopías destructivas, sino proyectos y programas, imaginación política y conocimiento técnico, voluntad política y racionalidad en los instrumentos y las acciones”.

Finalmente, los firmantes destacan especialmente las trayectorias de Esteban Paulón y Alejandro Katz, a quienes describen como “la síntesis entre el compromiso ciudadano, la experiencia de gestión y la coherencia programática que la Argentina necesita”.

El comunicado concluye con un llamado explícito al electorado de la Ciudad de Buenos Aires: “Por todo ello, el próximo 26 de octubre, nuestro voto en CABA será para Esteban Paulón y Alejandro Katz”.

En una reedición del caso que involucró al diputado libertario José Luis Espert, una diputada también oficialista y también candidata para estas elecciones (en su caso a senadora), se encuentra complicada judicialmente a tal punto que diputados opositores piden directamente su salida.

Se trata de la rionegrina Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza y candidata a senadora nacional para este domingo, quien está envuelta en una serie de graves denuncias que han generado un fuerte escándalo político.

Según informaciones periodísticas, estuvo detenida en Estados Unidos en dos ocasiones: en 2001, por obstrucción de la justicia en Miami; y en 2002, habría sido arrestada en el aeropuerto de Sarasota (Florida) por haber intentado ingresar 15 kilos de cocaína junto a dos cómplices y 50.000 dólares sin justificar. Según se publicó los últimos días, fue por tráfico de drogas y estuvo presa varios meses, razón por la cual tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Punto de contacto con José Luis Espert, se la vincula con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido por narcotráfico y lavado de dinero. Machado declaró que Ciccarelli era “el chofer” y “el que le hace los mandados” a Villaverde, según publicó ElDestape.com.

Tiene acusaciones también por una causa por venta irregular de terrenos en Las Grutas, todo lo cual ha desatado reacciones similares a las registradas con Espert, en la Cámara baja.

Facundo Manes presentó un proyecto para excluir a Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados y exigió su renuncia a la candidatura a senadora nacional por Río Negro. “Tenemos que construir transversalmente un “no pasarán” al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”, señaló el neurocientífico, que manifestó también su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñaski, amenazado por Villaverde, y dijo: “No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-Estado”.

El periodista presentó en el canal A24 un informe en el que denunciaba la vinculación de Villaverde con un Fred Machado y datos de su causa en Estados Unidos. En ese contexto, recibió un mensaje por WhatsApp de la legisladora, que le decía: “Que Dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia”.

Juan Martín, candidato del Pro en Río Negro, también exigió que se baje su candidatura y fue denunciado por Villaverde por calumnias e injurias.

A su vez, el diputado Esteban Paulón pidió que Villaverde sea excluida de la presidencia de Comisión de Energía. “Los vínculos de la candidata libertaria y diputada Lorena Villaverde con la trama narco de Machado, y sus amenazas a Nicolás Wiñaski la inhabilitan para seguir al frente de la Comisión de Energía. Como miembro de esa comisión pido su remoción inmediata!”, posteó en la red social X.

Por su parte, la diputada Villaverde negó todas las acusaciones y afirmó tener “ficha limpia”. Además, se realizó una rinoscopía para demostrar que nunca consumió drogas, y atribuyó las denuncias a una estrategia del kirchnerismo para desacreditar a los libertarios.

A tres días del vencimiento del plazo de promulgación, el diputado nacional Esteban Paulón intimó a los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo y advirtió que, si el Gobierno nacional no publica el lunes las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y de Financiamiento Universitario, procederá a realizar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes y abuso de la autoridad.

La carta documento estuvo dirigida a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos creer cómo este gobierno se las ingenia para no cumplir ninguna ley y de la cual dependen miles de familias, profesionales, niños y niñas de todo el país que necesitan atención”, condicionó el santafesino de Encuentro Federal que también aseveró: “Son insensibles y autoritarios”.

“No vamos a tolerar la autocracia de (Javier) Milei. Tienen que cumplir las leyes”, alertó el legislador. En esa línea, lanzó una nueva advertencia dirigida a Balcarce 50: “De no hacerlo el lunes próximo, avanzaremos con las acciones legales en la misma línea que iniciamos las denuncias por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el sector Discapacidad”.

VENCIDO EL PLAZO, PUBLIQUEN LAS LEYES!

Hoy venció el plazo para publicar las leyes Nro. 27.795 y 27.796 de financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (#Garrahan).
Intimamos a la Sec Legal y Técnica y al Director del Boletín Oficinal a su URGENTE publicación.
Caso… pic.twitter.com/9jrsmhbDfR

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 17, 2025

Las leyes a las que se refiere son la Emergencia Sanitaria en el área de Pediatría del Hospital Garrahan que rechazó el veto de Milei por 181 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 62 en el Senado el pasado 2 de octubre en la última sesión ordinaria. Con la misma magnitud de consenso legislativo, se insistió el Financiamiento Universitario: 174 avales en la Cámara baja; y 61 en la alta.

Según corroboró parlamentario.com, el Senado comunicó las dos iniciativas al Poder Ejecutivo el lunes 6 de octubre -la sesión ordinaria había sido el jueves 2- y, teniendo en cuenta el feriado del viernes 10, el último día del plazo para la publicación en el Boletín Oficial, en efecto, es el próximo lunes 20 de octubre.

Así las cosas, si el Gobierno nacional no cumpliese con la norma, el diputado santafesino realizará la tercera denuncia penal contra el presidente Javier Milei. Las dos anteriores fueron, una el verano pasado, en el marco de la difusión de la criptomoneda $LIBRA a través de un posteo en X; y la otra, por la promulgación sin aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, insistida ampliamente por las dos cámaras del Congreso de la Nación.

La explicación de Agost Carreño 

En sintonía con lo expuesto por Paulón, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, también de Encuentro Federal, explicó que “cuando el Congreso insiste en una ley, el debate político ha terminado. Lo que resta es cumplir el procedimiento constitucional”. Luego, sostuvo que “no puede dejarse en manos del Ejecutivo la posibilidad de neutralizar la voluntad popular expresada a través del Parlamento”.

“Este mismo año, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, y tras la insistencia con más de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, sobre el filo de los diez días, dictó el decreto 681/2025”, mencionó el cordobés, quien cuestionó que “en su primer artículo dispuso la promulgación, pero en el segundo decidió suspender su aplicación”.

Por último, añadió que la maniobra del Gobierno nacional “fue una suerte de ‘promulgación con veto encubierto’”, la catalogó de ser “una decisión que contradice frontalmente la letra y el espíritu del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que exige promulgación plena e inmediata”. Finalmente aseveró que “ese antecedente no solo vulneró derechos concretos — miles de familias aún esperan la efectiva vigencia de esa norma — sino que además desnaturalizó el equilibrio entre poderes”.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de ley que propone establecer el debate obligatorio entre los principales candidatos legislativos en cada distrito del país, ampliando así la normativa vigente que actualmente solo contempla la instancia presidencial. La iniciativa, acompañada por la diputada Mónica Fein, apunta a que el intercambio de ideas sea un requisito también para quienes aspiran a integrar el Congreso.

La propuesta modifica varios artículos del Código Nacional Electoral para incluir la obligación de realizar debates públicos entre los dos primeros candidatos o candidatas de cada lista oficializada para diputados y senadores. En caso de incumplimiento, las agrupaciones perderían los espacios de publicidad audiovisual previstos por la ley, y el lugar asignado en el debate permanecería vacío para visibilizar su ausencia.

El texto también dispone que la Cámara Nacional Electoral coordine la organización de los debates, defina los temas —con la colaboración de universidades y organizaciones de la sociedad civil— y garantice su transmisión a través de medios públicos, provinciales y comunitarios.

El proyecto fija su aplicación para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, con el objetivo de “fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la deliberación democrática”.

En los fundamentos, Paulón destaca que “el debate público es un instrumento esencial en toda democracia moderna” y que su extensión a los comicios legislativos “permitirá a la ciudadanía conocer las propuestas de quienes buscan representar sus intereses en el Congreso”. También subraya que la medida favorecerá la paridad de género, al exigir la participación de los dos primeros integrantes de cada lista, garantizando así presencia equitativa de varones y mujeres.

“El debate no es una solución mágica, pero sí un mecanismo eficaz para fortalecer el vínculo entre representantes y representados”, concluye el texto presentado por el legislador santafesino.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución con el objetivo de interpelar al titular de ARCA, Juan Pazo, a los fines de explicar la medida tomada a través de las resoluciones 184 y 185 del 2025, respecto a las autorizaciones a través de DDJJ con retenciones del 0% y sus consecuencias en los productores agrarios.

“Esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el gobierno pretende sostener e incluso afecta al Presupuesto 2026 presentado por el mismo hace unos días atrás -y también apalancado en un discurso también de tono electoral realizado a través de cadena nacional- para ser debatido por el Congreso de la Nación”, señaló el legislador santafesino en los fundamentos del proyecto de resolución.

La iniciativa acompañada, también, por Mónica Fein busca que el funcionario explique cuáles fueron las medidas tomadas por el área de su dependencia para garantizar que la producción declarada exista al momento de la presentación de las DDJJ respectivas, ello de acuerdo a la Ley Martínez Raymonda; y Cómo se garantiza que los efectos positivos de la retención del 0% alcancen a los productores de nuestro país en base a ser los generadores de la riqueza a través del aprovechamiento del suelo nacional.

Respecto a la medida del Gobierno nacional, cuestionó que “duró 72 horas y no estaba dirigida a los productores, sino que fue un preacuerdo entre quienes concentran el negocio del sector; unos pocos amigos del gobierno de Javier Milei”. Luego, detalló que la fugaz eliminación fue un anuncio “que permitió que las grandes cerealeras presentaran DDJJ de compromisos de exportación y obteniendo una ganancia extraordinaria de $1.600 millones de dólares”.

Criticó, además, que la medida equivalente al 0.23% del PBI pondera “un valor superior al necesario para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad, salud o el sistema universitario”, y aseguró que los únicos dólares que ingresaron al país fueron los $7.000 millones de las agroexportadoras, usados para “calmar la corrida cambiaria” y darle aire al ministro de Economía, Luis Caputo, para “seguir timbeando”.

Finalmente, Paulón aclaró que está a favor de eliminar las retenciones, pero explicó que "esto debe hacerse en el marco de una reforma tributaria integral que posibilite previsibilidad en el sector, contemplando a pequeños y medianos productores".

El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la demora en la publicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el pasado 4 de septiembre tras revertir el veto presidencial. La presentación judicial también incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y al director del Boletín Oficial, Walter González.

“La ley está vigente desde que el Congreso insistió con su sanción, pero el Ejecutivo sigue sin publicarla en el Boletín Oficial. Pasaron más de diez días hábiles y los beneficiarios no tienen información sobre cómo y cuándo se van a implementar los cobros. Es vergonzoso”, expresó Paulón, quien calificó la situación como un “delito” y acusó al Gobierno de “jugar con la angustia de las personas”.

La Ley 27.739, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2027, fue aprobada con amplio consenso: 172 votos a favor en Diputados y 63 en el Senado. La normativa garantiza la actualización automática de aranceles para prestaciones del Plan Incluir Salud, pensiones no contributivas y subsidios para centros terapéuticos. Sin su publicación, el Ejecutivo no puede girar las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.

Paulón, acompañado por la diputada Mónica Fein, advirtió que el incumplimiento del Ejecutivo podría incluso configurar abandono de persona. “Se ve una desorientación política en el presidente y falta de registro social. Tiene que empezar a poner los pies sobre la tierra porque la gente la está pasando mal y las personas no son un número en una tabla de Excel”, sostuvo el legislador.

Desde el Gobierno, Guillermo Francos reconoció que la ley será promulgada, pero advirtió que no se aplicará hasta definir el financiamiento. “Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, cuestionó el funcionario, en una declaración que fue duramente criticada por los denunciantes.

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y exige que la Justicia actúe con celeridad ante lo que consideran una “crueldad política” que afecta a más de dos millones de personas con discapacidad y sus familias.

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal – Santa Fe) presentó un proyecto para derogar el Decreto 396/2025, que transformó al Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad dentro de la Secretaría de Obras Públicas y disolvió el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), fusionándolo con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

La iniciativa, acompañada por la diputada Mónica Fein, denuncia que la medida vulnera la autonomía técnica y operativa de organismos con más de 50 años de trayectoria.

Según los fundamentos del proyecto, el INA desempeña un rol central en el desarrollo de políticas hídricas, con reconocimiento internacional y capacidad de autofinanciamiento. Su degradación institucional comprometería tareas como el monitoreo de calidad de agua, el desarrollo de sistemas de alerta hidrológica y la articulación con organismos públicos y privados. El INPRES, por su parte, es responsable del monitoreo sísmico en todo el país y de la elaboración de normativas antisísmicas, especialmente en regiones de alta actividad telúrica.

Los legisladores advierten que la reorganización por decreto carece de justificación técnica y no garantiza que las funciones de ambos organismos puedan ser asumidas con igual eficacia desde estructuras centralizadas. Además, señalan que la medida se inscribe en una política de desfinanciamiento del sistema científico nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei, y que excede las facultades delegadas por el Congreso.

El proyecto subraya que la pérdida de autonomía operativa y financiera amenaza cientos de empleos y debilita la capacidad del Estado para intervenir en áreas estratégicas. Por ello, se reclama la restitución del estatus legal de los organismos y la preservación de sus capacidades técnicas como activos fundamentales para el desarrollo nacional.

En medio de la polémica por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que derivaron en su inmediata remoción del cargo, el diputado socialista Esteban Paulón impulsó la creación de una Comisión Investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados.

El proyecto, acompañado por las diputadas Margarita Stolbizer, Mónica Frade, Sabrina Selva y Mónica Fein, busca esclarecer un presunto esquema de corrupción que, según el propio Spagnuolo, involucraría negociados con laboratorios y derivaría en el pago de coimas con “porcentajes y nombres propios”.

La iniciativa plantea que la comisión tenga amplias facultades: desde pedir informes a organismos públicos y privados, recibir denuncias y convocar a funcionarios, hasta recurrir a organismos internacionales especializados en lucha contra la corrupción. El cuerpo legislativo tendría tres meses de trabajo para emitir un informe final, con la posibilidad de denunciar penalmente a los responsables si se detectan delitos.

El proyecto fundamenta que, lejos de haber promovido una denuncia formal, el presidente Javier Milei se limitó a desplazar a Spagnuolo en la madrugada del 21 de agosto, lo que —según los autores de la propuesta— constituye “una confirmación indirecta de la veracidad de lo ventilado”.

Entre los funcionarios que la oposición considera clave citar figuran la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Salud, Mario Iván Lugones; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

De aprobarse la resolución, cada bloque designará representantes para integrar la comisión, que deberá constituirse en el plazo de una semana. Su misión será desentrañar un escándalo que ya salpica al corazón del Poder Ejecutivo y que promete abrir un frente de alta tensión política en el Congreso.

El socialista Esteban Paulón confirmó que competirá como candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las elecciones de octubre: “Lo hago con la convicción de siempre: defender los derechos, la democracia y construir un país con verdadera libertad. Junto a todas estas personas que me acompañan, provenientes de los sectores más diversos de la sociedad civil, somos capaces de planificar y ofrecer una alternativa honesta y plural. Es posible generar un proyecto de futuro para Argentina y que éste tenga su inicio en la ciudad de Buenos Aires”.

El anuncio se realizó en un multitudinario encuentro del cual  participaron diversos actores. Durante la actividad, Paulón señaló con firmeza: “Quiero que los valores que compartimos en este movimiento ciudadano se transformen en una acción política y eso comienza hoy. Nuestros valores son los que hacen temblar a los de arriba, haciendo que el presidente y su gente solo puedan concentrarse en atacarnos”.

Será candidato por Encuentro Ciudadano es un proyecto político que se presenta con la intención de “recuperar lo mejor de nuestra historia democrática y construir un futuro  con libertad, igualdad y fraternidad como banderas”.

El rubro empresarial, industrial y PyMe hizo su aporte: Henan Ons, dueño de una empresa de La Matanza, desafió a “repensar en este ámbito progresista cómo contener e impulsar a la industria. Con el gobierno anterior terminamos muy mal y éste actual no conoce a la industria. Nuestro sector no se reduce a más o menos aranceles, más o menos proteccionismo, es mucho más complejo. Tenemos que encontrar una solución superadora”.

En ese sentido, Anahí Tagliani, empresaria PyME puso de manifiesto que “si hay algo que aprendí en estos años es que el empresario tiene que salir de la gestión diaria, tiene que participar, hacer visible la situación. Estoy acá porque quiero que estemos bien y que mis hijos no se vayan del país”.  Juan Valle, miembro de la Comisión Interna del INTI, sostuvo que ”todo lo que este gobierno no entiende, lo destruye”, al tiempo que destacó la importancia del desarrollo tecnológico nacional y la necesidad de que “no todo sean importaciones”.

Durante el encuentro, representantes de diversos sectores expresaron sus miedos y los desafíos a los cuales se enfrentan, como la escritora Claudia Piñeyro quien dio cuenta de la preocupante situación de la cultura en el contexto actual. “Necesitamos unidad en la diversidad”, sintetizó por su parte Norma Lezana, secretaria general de la Asociación Civil y Gremial del Hospital Garrahan.

La filósofa Diana Maffía, en tanto, hizo una profunda reflexión acerca de la importancia que el espacio le ofrece a la apertura al diálogo y al debate, considerando que "es muy difícil ser joven en este momento. Los desafíos parecen que no pasan por cómo progresar sino por no retroceder, y es desesperante. En este espacio todavía nos interesa el diálogo”.

“Esteban siempre está. En este momento donde nuestros derechos están sumamente en riesgo, tenemos su apoyo”, expresó Guadalupe Bargiela, del colectivo de personas con discapacidad.

“De repente aparece una figura como la de Esteban y para las juventudes, que estamos totalmente descreídas, hoy nos llena de esperanza. Es importante que sea él, una persona que camine el territorio y no la vea desde afuera”, concluyó el artista Giovi Novello.

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) opinó este viernes que "La Libertad Avanza no es anticasta, es el perfeccionamiento de los métodos de la casta", al referirse a las negociaciones por el cierre de listas en distintas provincias y cómo eso podría impactar en la votación en el Congreso de los eventuales vetos a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad.

En ese sentido, el legislador rechazó que el Gobierno "use la angustia de millones de jubilados y la expectativa que generaron las leyes que se aprobaron para estar especulando con eso, para ver si canjea lugares en listas a cambio que les blinden los vetos".

El santafesino enumeró un paquete de temas que "son fundamentales" para que avancen durante agosto. Además de los vetos, entre los pendientes enumeró la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario, el veto a la emergencia en Bahía Blanca y los proyectos de los gobernadores sobre reparto de fondos.

Pero también señaló que "hay al menos seis decretos delegados que nos parecen de una extrema gravedad y vamos a promover una sesión para derogarlos. Algunos se han resuelto en la Justicia, pero vemos que son flagrantes y abiertamente inconstitucionales".

"Son varios temas en poco tiempo, porque nos metemos en la dinámica electoral y sabemos que después se complica reunir quórum", agregó en declaraciones a radio Splendid.

Por otra parte, Paulón se refirió al pedido de informes que presentó para conocer si se utilizaron recursos públicos para la asistencia del presidente Javier Milei al evento "La Derecha Fest", realizado en Córdoba.

"Un evento que debiera ser de interés público, porque está el presidente usando recursos públicos, termina teniendo un apagón informativo, periodistas expulsados, y control total sobre lo que se sabe o no de lo que ocurrió ahí dentro", resaltó.

El diputado socialista aseguró que buscan conocer "cuánto se gastó" y "en qué marco legal el presidente puede disponer de recursos públicos para ir a un evento privado y arancelado, que es una de las costumbres del presidente".

Además, sostuvo que existe una "doble vara en el discurso del Gobierno cuando habla de recursos" respecto de "si un gobierno municipal contrata a un artista popular, algo que debe costar menos que el avión que usó Milei para ir a Córdoba".

"Fue un evento donde el contenido dista mucho del interés colectivo. Un evento donde se volvió a insultar, a degradar a los adversarios políticos. Hubo una expresión muy violenta a la vicepresidenta, persona con la que no tengo ninguna empatía ni vínculo, pero someter al escarnio público a una persona en una pantalla para que la insulten, no corresponde, y habla de cuál es el nivel del debate político al cual nos quiere llevar el Gobierno", completó.

En otro tramo de la entrevista, el santafesino criticó la respuesta del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las declaraciones del próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. “Adorni no sólo no conoce la normativa y la legislación argentina sino tampoco la legislación internacional. Habría que hacerle leer la Convención de Viena, que es de principio del siglo XX, donde se establecen las condiciones para que una persona pueda ser embajadora y representar a un país en otro país”, dijo, y añadió: “Parte de eso tiene que ver con evitar la injerencia en asuntos internos”.

También, al reclamar que Milei no le acepte el plácet, Paulón expresó: “Tiene todas las facultades para hacerlo, agarra un teléfono, ya que es tan amigo, lo llama a Donald (Trump), a Mar-a-Lago, y le dice ‘manda otro, porque este es la pifió ya’”.

Tras la difusión de imágenes con el jefe de Estado saltando frente a una multitud, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Secretaría General de la Presidencia de la Nación para solicitar conocimiento detallado si Javier Milei, además de participar en “La Derecha Fest” cumplió con agenda oficial en Córdoba capital.

En otros dos puntos, exigió información respecto a la integración de las comitivas, incluyendo personal de seguridad afectado; el detalle de los recursos públicos afectados a la realización del viaje y participación en la actividad; y también en qué marco legal pretende ampararse para disponer y destinar recursos públicos para la participación del presidente y su comitiva en un evento de carácter privado con fines particulares ajenos al interés general.

“Desde el inicio de su mandato, no se han documentado viajes presidenciales en ocasión de inauguraciones o lanzamientos de obras públicas, ni reuniones institucionales con gobernadores, actores del sector productivo o representantes de la sociedad civil. A la fecha, el presidente ha visitado solamente 12 de los 24 distritos del país”, advirtió el diputado socialista en los fundamentos del texto que también acompañó Mónica Fein.

Paulón y Fein encabezaron el pedido de informes respecto a la presencia de Milei en Córdoba.

Del mismo modo, Paulón aseveró que “en 2025 solo se destaca esta actividad, y la realizada en el marco de la inauguración de un templo evangelista, Portal del Cielo, del pastor evangélico Jorge Ledesma, actividad de carácter privado y también arancelada, realizada en Resistencia, provincia de Chaco”.

Luego, cuestionó que “se han registrado al menos 26 visitas al exterior, abarcando 14 países. Una proporción significativa de estos traslados responde a una agenda de carácter personal. Esto, pese a lo señalado en los sucesivos informes del jefe de Gabinete (Guillermo Francos), en los que se intenta presentar como ‘oficiales’ viajes que no revisten tal carácter: Silicon Valley, Madrid, Florida, República Checa, Washington, son solo algunos ejemplos”.

“Claro que, se trate de agenda privada u oficial, el costo de estos traslados y sus correspondientes estadías es solventado por todas y todos los argentinos”, advirtió el socialista santafesino, que, además, señaló que “el viaje a Madrid en mayo de 2024, realizado con motivo de la presentación de un libro de autoría del presidente, tuvo un costo superior a los USD 92.000 que solventamos los argentinos, según información oficial”.

En el final del proyecto de ley presentado, Esteban Paulón concluyó: “Luego de algunas primeras giras realizadas en líneas comerciales, el presidente ha optado por la contratación de vuelos privados o la utilización de aeronaves oficiales, lo que ha incrementado significativamente los costos operativos de cada desplazamiento”.

A pocos días de comenzar el receso invernal, la Comisión de Mujeres y Diversidad fue la única que se reunió esta semana en Diputados, para aprobar los proyectos de repudio contra los ataques homofóbicos que sufrió el diputado nacional Esteban Paulón en un programa de streaming libertario. También estuvieron presentes Julia Mengolini, para hablar de la violencia simbólica en redes, y Raúl Zaffaroni, quien se refirió a la condena contra Cristina Kirchner.

Durante los primeros minutos de la reunión, la presidenta de la comisión, Mónica Macha, puso a consideración la moción para que Paulón pase a ocupar el cargo de vicepresidente primero. La misma fue aceptada por unanimidad. Varios de los presentes destacaron el 15° aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario sancionada el 15 de julio del 2010.

Antes de pasar a la firma los proyectos de resolución y declaración del temario, Macha señaló que el encuentro “toma como eje la situación de violencia política dirigida hacia mujeres y diversidades”. Habló, además, de un análisis parlamentario vinculado a la “violencia en entorno digital”, y comenzó el encuentro con un contundente mensaje: “Estamos en un momento de una democracia muy lesionada”.

Las iniciativas dictaminadas contemplaron un repudio contra los agravios del diputado oficialista José Luis Espert contra Florencia Kirchner en la Cumbre de Comunicación Política en la UCA, impulsado por Florencia Carignano (Unión por la Patria) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Y también, los rechazos a lo ocurrido en el programa “La Misa” que conduce el libertario Daniel Parisini (Gordo Dan) y las acusaciones de pedofilia contra Paulón. Los textos fueron impulsados por Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Cecilia Moreau (Unión por la Patria).

“Un indigno y un cobarde”

La primera en tomar la palabra fue la santafesina Florencia Carignano, quien se refirió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de ser “un indigno y un cobarde”. En relación a los insultos que Espert lanzó contra la hija de la expresidenta de la Nación, consideró que “atacar a los hijos es de cobarde”.

Respecto a las problemáticas que engloban esta situación, la legisladora camporista señaló que “se cruzaron límites muy peligrosos”, y advirtió: “No se extrañen de la violencia en la calle”, para luego remarcar que “Espert es un cobarde y una persona que vive generando violencia. Él y los medios libertarios generan violencia y es replicado por diputados acá”.

Expresando solidaridad con su compañero de bancada, Oscar Agost Carreño afirmó que “se volvió a ese fantasma que usa este gobierno de unir a la pedofilia con la orientación sexual”, y coincidió con la diputada preopinante: “Estamos cruzando un límite que no podemos permitirlo”.

En referencia al aparato de comunicación libertario, el cordobés explicó que “esto no es casual, es un mecanismo efectivo de comunicación para decir cosas y tapar otras cosas”. “Las redes sociales son una cloaca y los trolls necesitan la validación constante”, añadió.

En tono reflexivo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro sintetizó: “Ayer le tocó a Paulón, mañana me puede pasar a mí o a cualquier otro diputado y no podemos pasarlo por alto”. Se refirió a lo ocurrido como un “claro acto de violencia discursiva y violencia simbólica que se inscribe en una matriz de discursos de odio”.

Además, Ferraro, impulsor de un proyecto de declaración que reunió medio centenar de firmas, indicó que “no podemos habilitar la idea de que la libertad de expresión vale a cualquier precio” porque “se agraviaron principios consagrados en nuestra Constitución”.

El diputado socialista Esteban Paulón fue blanco de ataques homofóbicos perpetrados por vocalistas afines al Gobierno nacional el día después de la sesión especial que resolvió el emplazamiento de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan.

Esteban Paulón recibió este martes el enfático respaldo de sus pares. (FOTO: HCDN)

“Estos ataques de los que fui eje o víctima no son contra mí porque pensaba en qué pasa con esas personas de la comunidad LGTBIQ+ que no tienen el apoyo que tengo yo”, señaló el santafesino luego de agradecer los mensajes de apoyo y la solidaridad de sus pares en la Cámara de Diputados.

Expresó, además, que estos “comunicadores afines al gobierno, primero lo expresaron en redes y después lo llevaron al streaming”. Respecto a las acusaciones de pedofilia, Paulón afirmó que “esto fue orquestado”, y añadió: “Pienso en esos pibes y pibas que no tuvieron esa posibilidad de apoyo”.

Sobre los proyectos de ley, afirmó: “Me parece importante que la Cámara se exprese”, evalúo que “el deterioro del debate público no le hace bien a nadie” y confirmó que irá a ratificar la denuncia penal este viernes: “Corresponde que la Justicia alguna vez diga algo para ordenar el debate público”.

Hostigamiento en redes sociales

En la misma línea que lo sucedido con Paulón, la periodista Julia Mengolini dio detalles del hostigamiento que recibe en redes sociales por las cuentas trolls: “Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde la más alta de las esferas; soy blanco de recortes de todo tipo y campañas de las que forman los trolls y los grandes medios de comunicación”. “Esto absolutamente siniestro”, sintetizó.

Luego detalló que “armaron videos pornográficos con Inteligencia Artificial en las que me acusan de tener relaciones incestuosas con mi hermano”, y apuntó contra Javier Milei: “El presidente de la Nación tuiteó 93 tuits contra mi persona y me llegan cientos de mensajes a partir de esta campaña en concreto”.

Julia Mengolini asistió a Diputados acompañada por una custodia.

Por último, remarcó: “No es una idea y no es una conspiración: es el presidente de la Nación quien tuitea cosas de este tenor”, y cerró: “Queremos sentar un precedente jurídico y vamos a denunciar a Javier Milei, Lilia Lemoine, Santiago Oría y al Gordo Dan”. En el final, relató que se le asignó custodia por la cantidad de amenazas que ha recibido.

A través de una videollamada, la periodista Nancy Pazos planteó el concepto de “ciberacoso”, al cual definió de ser “doloroso y tiene un objetivo que es callarnos, estigmatizar y segregar”. “Esto ha pasado un montón de veces y cuando viene de lo más alto del poder, perturba y mucho”, cuestionó al Poder Ejecutivo Nacional.

En tal sentido, agregó que “en términos públicos esto es muy terrible porque todavía no lo está viendo el propio presidente”. Añadió, en ese punto, que “no le hace bien a él y este acoso es apabullante”. Para culminar, reiteró que “este accionar tiene un objetivo y lo logra realmente porque meterse con cosas tan calumniantes es un punto de quiebre”.

El fallo contra Cristina Kirchner

El tercer tema debatido en esta reunión estuvo vinculado al fallo de la Corte Suprema y la condena contra Cristina Kirchner. El expositor invitado fue Raúl Zaffaroni, exjuez del máximo tribunal de justicia, quien se refirió a la actualidad como “momento de crisis institucional y crisis política”.

Referido a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, Zaffaroni afirmó que “es un caso de lawfare”, y explicó que “la sentencia en primera instancia y de Casación responde al modelo de ‘casos sobornos’ como el de Correa en Ecuador”.

Después, señaló que “por primera vez, en un régimen formalmente democrático, se altera el concepto mismo de la política”, y amplió que “el arte de gobierno se transformó en una táctica de elegir al enemigo a atacar y manejarse en el esquema amigo-enemigo”.

Marisa Herrera, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UBA, analizó que los ataques en redes sociales “no es casualidad, es causalidad”; mencionó un sistema para “perseguir a las mujeres peronistas”, y sobre el fallo contra CFK indicó que “este proceso judicial es un proceso político”.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja tratará este martes, a partir de las 15.30, distintos proyectos de resolución que repudian las agresiones contra el diputado socialista Esteban Paulón durante un programa del streaming Carajo, cuya cara principal es la de Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", militante libertario.

El temario incluye iniciativas encabezadas por Oscar Agost Carreño, acompañado en este caso por todos los compañeros de Paulón en el bloque Encuentro Federal; otro por la vicejefa de Unión por la Patria, Cecilia Moreau; y otro que lleva la firma de más de 40 diputados de diferentes bloques, liderado por el cívico Maximiliano Ferraro.

El texto firmado por legisladores de la Coalición Cívica, UP, EF, Democracia para Siempre, Frente de Izquierda, UCR, Pro y Por Santa Cruz expresa "su más enérgico repudio a las manifestaciones realizadas en el programa 'La Misa' del canal de streaming 'Carajo', difundido el día 2 de julio de 2025, en el cual, atacando al diputado nacional Esteban Paulón, se lo acusó falsamente del aberrante delito de pedofilia por su orientación sexual, y donde también indicaron como 'verdadero' el hecho de haberle deseado el SIDA al legislador, en un acto de discriminación, discurso de odio y estigmatización contra su persona y contra todas las que integran el colectivo LGBTQIA+".

Además, en el proyecto se exhorta "a todas las fuerzas políticas y autoridades institucionales a rechazar de forma categórica este tipo de expresiones, que atentan contra la convivencia democrática, los principios de igualdad y dignidad humana, la libertad individual y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".

Por otra parte, se debatirán dos proyectos de declaración presentados por Florencia Carignano (UP) y Mónica Frade (CC) que plantean repudiar "los dichos misóginos sobre Florencia Kirchner, expresados por el diputado José Luis Espert, en el marco de la 'Cumbre de Comunicación Política de la UCA' llevada a cabo el 11 de junio de 2025".

El pasado 11 de junio, un día después que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Espert participó de ese evento, donde recordó un tuit suyo de 2012 dirigido a la hija del exmatrimonio presidencial: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?".

Además, a la reunión citada en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, asistirán especialistas, juristas, periodistas y personas afectadas "a fin de abordar la situación de la violencia política contra las mujeres y las diversidades en nuestro país y las consecuencias jurídicas, sociales y mediáticas que conlleva", se informó en la convocatoria de la comisión presidida por Mónica Macha (UP).

A partir de los ataques discursivos que recibió el diputado nacional Esteban Paulón en un programa partidario afín al Gobierno nacional, Maximiliano Ferraro encabezó un proyecto de repudio en contra de las falsas acusaciones del “aberrante” delito de pedofilia por su orientación sexual. La iniciativa contemplo el aval de todos los bloques de la oposición.

El pasado 2 de julio, la mesa de vocalistas del programa La Misa atacó el discurso del santafesino en el recinto y luego, los integrantes presentes indicaron como “verdadero” el hecho de haberle deseado el SIDA al legislador, en un acto de discriminación, discurso de odio y estigmatización contra su persona y contra todas las que integran el colectivo LGBTQIA+.

El texto, además, exige “exhortar a todas las fuerzas políticas y autoridades institucionales a rechazar de forma categórica este tipo de expresiones, que atentan contra la convivencia democrática, los principios de igualdad y dignidad humana, la libertad individual y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

NO ES UN ATAQUE PERSONAL. ES UN ATAQUE A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS

Quiero expresar mi enorme agradecimiento y abrazo a las y los colegas que desde todos los bloques (menos LLA) se solidarizaron antes los ataques recibidos.
Ni odio, ni miedo. Democracia y libertad. https://t.co/UXdvwi5vtg

— Esteban Paulón 🌈 (@EstebanPaulon) July 4, 2025

A las firmas de la Coalición Cívica se sumaron la de los integrantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, la Unión Cívica Radical y el Pro, con las rúbricas de Silvia Lospennato y Álvaro González.

A través de X, el diputado Paulón manifestó que se trató de “un ataque a los valores democráticos”. Y luego, agregó: “Quiero expresar mi enorme agradecimiento y abrazo a las y los colegas que desde todos los bloques (menos LLA) se solidarizaron antes los ataques recibidos. Ni odio, ni miedo. Democracia y libertad”.

Horas antes, se cruzó con la diputada mileísta Lilia Lemoine, a quien le respondió: “Se ve que tu primer contacto con el Congreso fue hace un año y medio. Hace 13 años existe la Ley de Identidad de Género, conquista de familias y profesionales, para acompañar a niños y adolescentes”. “Increíble que no sepas, no estudies, desinformes y ataques con prejuicios”, remarcó el santafesino.

Luego que en el stream libertario Carajo cargaran contra el diputado socialista Esteban Paulón, con burlas hacia su abierta y declarada homosexualidad, su par Maximiliano Ferraro se solidarizó y advirtió por el avance del "discurso de odio" hacia la comunidad LGBT.

"NO ES GRACIOSO. ES PELIGROSO. En un programa del stream favorito del presidente se volvió a vincular la homosexualidad con la pedofilia. Se le puso nombre y apellido, y se hizo con total impunidad, amparado por el poder político y la banalización del odio", señaló Ferraro.

El presidente del partido de la Coalición Cívica advirtió que lo sucedido "es un mensaje deliberado que busca estigmatizar, sembrar miedo y reforzar prejuicios tan antiguos como violentos: como asociar a las personas LGBT con el SIDA, con la pedofilia o con una amenaza para la sociedad".

"No es humor. No es provocación. No es libertad de expresión. Es discurso de odio. Y merece un repudio absoluto. No todo vale", enfatizó el legislador, que concluyó: "Mañana puedo ser yo. Mañana puede ser cualquier otro. Elijo no callar. Elijo no convalidar. Mi solidaridad con @EstebanPaulon".

El episodio fue mencionado por Paulón en la última sesión en la Cámara baja, cuando anunció que iniciará acciones legales contra "un asiduo participante del stream Carajo". En tanto, este viernes publicó en sus redes lo sucedido con el mensaje: "Hasta acá llegué. Basta de odio".

Hasta acá llegué. Basta de odio. pic.twitter.com/ewlUSKiIeY

— Esteban Paulón 🌈 (@EstebanPaulon) July 4, 2025

La comprovinciana y correligionaria de Paulón, Mónica Fein, repudió también "los ataques contra @EstebanPaulon y contra todo el colectivo LGBTIQ+. La homofobia no es libertad de expresión, es violencia. No vamos a naturalizar el odio. Vamos a seguir defendiendo la igualdad, el respeto y los derechos conquistados".

Además, aseguró que desde el bloque Encuentro Federal, que ambos integran, "repudiamos las agresiones que viene recibiendo @EstebanPaulon. No vamos a naturalizar la violencia, ni a callarnos frente al odio. Esteban trabaja todos los días por la igualdad y el respeto, y cuenta y contará con todo nuestro apoyo".

Entre los mensajes de apoyo, el radical Julio Cobos señaló que "el discurso oficial siembra odio y lo propaga y en algún momento ni ellos van a poder controlarlo. No. No está bien, está mal y hay que pararlo y condenarlo. Mi solidaridad con vos, Esteban, frente a esta violenta canallada".

"Por mucho que lo intenten, no van a pasar. Toda mi solidaridad con el diputado @EstebanPaulon. Es imperioso que todxs salgamos a repudiar con fuerza estos mensajes de odio, estigmatizantes y violentos que el aparato comunicacional del Gobierno insiste en promover. La sociedad argentina es diversa, solidaria e inclusiva. Aunque lo sigan intentando, el odio en Argentina no va a ser norma", escribió en la red social X la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau.

Comunicado del EF contra "los sicarios digitales del Gobierno"

Este viernes, los rechazos por lo sucedido y el apoyo a Paulón comenzaron a replicarse rápidamente. Entre ellos, el bloque del cual forma parte emitió un comunicado. "Repudiamos el ataque al diputado Paulón por parte de los sicarios digitales del Gobierno. Desde el bloque Encuentro Federal repudiamos las agresiones verbales que sufrió nuestro compañero, el diputado Esteban Paulón, por parte de jóvenes tuiteros que integran el partido de gobierno", lanzaron desde la bancada que preside Miguel Pichetto.

En ese sentido, relataron que "durante la emisión del programa La Misa en el streaming Carajo, varios tuiteros que participan del ciclo realizaron fuertes y falaces acusaciones contra el diputado Paulón".

"No vamos a naturalizar la violencia, ni a callarnos frente al odio. Esteban trabaja todos los días por la igualdad y el respeto por la diversidad, y cuenta y contará con todo nuestro apoyo", aseveraron y anunciaron que presentaron un proyecto de repudio "por los dichos en el programa que conduce el Gordo Dan", al tiempo que respaldan "a Esteban en las presentaciones que haga en la Justicia".

Algún día, muy pronto, volveremos a vivir en un país donde este tipo de expresiones merezcan el repudio y rechazo de todos y todas. Un país donde el odio no sea moneda corriente.
Mi solidaridad con @EstebanPaulon ante estos odiadores permanentes con poder momentáneo. https://t.co/VY3kGIZK3V

— Eugenia Alianiello (@eugealia) July 4, 2025

Te banco fuerte @EstebanPaulon, acá estamos!

— Florencia Carignano (@florcarignanook) July 4, 2025

La diputada nacional Mónica Frade, acompañada por sus pares Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Carolina Gaillard, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar la remoción de la diputada María Emilia Orozco como integrante —y presidenta— de la Comisión de Libertad de Expresión. La iniciativa se fundamenta en el “incumplimiento de sus obligaciones” al frente de la comisión, lo que habría obstaculizado su normal funcionamiento.

Según el texto, la comisión no se reúne desde el 12 de septiembre de 2024, a pesar de múltiples pedidos formales de convocatoria realizados por distintos legisladores durante los últimos diez meses. Entre las solicitudes documentadas se cuentan al menos siete notas dirigidas a Orozco entre agosto de 2024 y junio de 2025, además de un pedido formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que intervenga en la situación.

“El comportamiento inapropiado de la legisladora impide el funcionamiento normal de una comisión clave para la defensa de la libertad de expresión en el país”, señala el proyecto, que invoca el artículo 107 del Reglamento de la Cámara para justificar la remoción.

Los firmantes advierten que la falta de actividad de la comisión afecta directamente el tratamiento de proyectos vinculados a derechos fundamentales y al control institucional. “No se trata de una diferencia política, sino de una parálisis institucional que debe ser corregida”, argumentan.

La iniciativa fue anticipada este miércoles en el recinto por el diputado socialista Esteban Paulón, quien reiteró la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno de todas las comisiones parlamentarias, especialmente aquellas vinculadas a derechos y garantías.

En el marco de las presentaciones de cuestiones de privilegio, el diputado Esteban Paulón enumeró la catarata de insultos que lanzó el presidente de la Nación, particularmente contra una serie de periodistas, entre los que mencionó a María O’Donnell, Julia Mengolini y Romina Manguel, razón por la cual anticipó que pedirán la remoción de la diputada libertaria Emilia Orozco de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.

Paulón consideró inaceptable que esa comisión no esté reunida “defendiendo a los que estén siendo atacados, dándoles voz, acompañándolos porque la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, sino de la democracia”.

Así las cosas, consideró que “esta comisión tiene que reunirse, hay que cambiar la p residencia”, por eso dijo que eso impulsará junto a las diputadas Mónica Frade, Christian Castillo y Carolina Gaillard.

“Hemos llegado a un punto complejo”, insistió, asegurando que “la descalificación no puede ser el medio en que dialoguemos o intentemos dialogar en el debate democrático. No podemos mirar para otro lado y admitir este tipo de actitudes”.

Asimismo anticipó que presentará personalmente una denuncia contra “un asiduo participante del streaming Carajo”. No lo mencionó con nombre y apellido, pero dijo que es alguien que no registra pago de impuestos desde hace tiempo, “pero evidentemente tiene algunos ingresos”. Se trata de alguien que “hace unos días inició una campaña en su cuenta en la que me acusa por mi orientación sexual, por ser gay, de pedófilo, y me desea ‘sida para vos’. Un ataque inadmisible, no por mí, que soy diputado y me puedo defender, sino por las miles de personas que leyendo esa publicación sienten que sus vidas no valen”.

Luego de que Javier Milei haya gritado “muerte al socialismo” en el Madrid Economic Forum, el diputado nacional Esteban Paulon (Encuentro Federal) denunció penalmente al presidente de la Nación. “Vuelve a atacar a quienes piensan distinto y debe ser responsable por sus dichos y hacerse cargo de cualquier acto que pudiera derivar de su instigación a la violencia y el delito”, cargó.

La denuncia hecha por el socialista santafesino es una ampliación de la que realizó el 23 de enero pasado, y tiene por objeto incorporar hechos recientes que refuerzan, agravan y consolidan el patrón de violencia institucional, simbólica y política denunciado oportunamente.

En el relato de los hechos presentados, Paulon se refirió sobre los exabruptos del presidente de la Nación y planteó: “Esta expresión, pronunciada con total intencionalidad y en medio de vítores del público presente, fue inmediatamente replicada por medios oficiales del gobierno nacional, y reproducida en redes sociales institucionales, dotándola de una entidad estatal que excede el ámbito de la opinión personal”.

“Las declaraciones públicas del presidente de la Nación podrían encuadrar en el delito de incitación al odio previsto en el artículo 3 de la Ley 23.592, que sanciona a quienes por cualquier medio alienten o inciten a la persecución u odio contra una persona o grupo de personas por motivos de ideología o ideas políticas”, cargó el legislador socialista.

Ante lo expuesto por el diputado de Encuentro Federal, solicita que “se tenga por presente esta ampliación; la incorporación al expediente en curso; la investigación de los delitos previstos en el articulo 3 de la Ley 23.592, los artículos 149 bis, 211, 212 y 248 del Código Penal; la disposición de las diligencias probatorias para la constatación de los hechos denunciados; y la adopción de las medidas pertinentes para prevenir la reiteración de conductas”.

Bien temprano un diputado que dio la nota en la sesión de este miércoles fue Esteban Paulón, que llegó al recinto portando una máscara de El Eternauta.

Portaba también un cartel que decía: “Juan -en referencia a Juan Salvo, el nombre del personaje principal de la obra de Oesterheld- la ciencia, las universidades, el Garrahan y los feminismos funcionan”. Una referencia a una de las frases emblemáticas de la serie de Netflix: “Lo viejo funciona”.

En medio de las campañas electorales en la Ciudad de Buenos Aires donde uno de los candidatos a legislador porteño es nada más ni nada menos que el propio vocero presidencial Manuel Adorni, el diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto de ley para regular la publicidad de actos del Gobierno prohibiendo su uso con fines electorales o proselitistas.

La iniciativa plantea: “Se encuentra absolutamente prohibida toda comunicación, divulgación o difusión de actos de gobierno o de campañas institucionales que suponga la promoción personal de autoridades o funcionarios/as públicos/as a través de cualquier tipo de asociación directa entre estos/as y los anuncios o mensajes oficiales”.

Entre otras restricciones, los mensajes no podrán: “Exhibir ni contener nombres, símbolos, imágenes, firmas o voces que aludan, mencionen, reproduzcan o identifiquen a funcionarios de gobierno o precandidatos o candidatos a cargos públicos electivos, ya sea en el orden nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal”.

Tampoco podrán “destacar logros de la gestión u objetivos alcanzados por el gobierno, u otros mensajes que supongan la finalidad de aceptación por parte de la ciudadanía; promover intereses particulares de funcionarios/as de gobierno o de cualquier agrupación política; promover campañas de desprestigio a personas, colectivos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil o sectores opositores o críticos al gobierno”.

Además, no podrán incluir “cualquier referencia, en forma directa o indirecta, a la campaña electoral de la agrupación política de gobierno, o en su caso, partidos que la integren, ya sea en el orden nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal; contener orientación partidaria, cualquier otro elemento identificable o punto de similitud conceptual, gráfica y/o visual con alguna agrupación política, de modo tal que pueda inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por aquélla”.

BASTA DE AVIVADAS DEL PARTIDO DEL ESTADO

Después del raid de anuncios del candidato @madorni (solo detenido hoy por la vergüenza generada) presentamos un proyecto para impedir anuncios de funcionarios/candidatos nacionales en campaña cualquiera sea el cargo al que se postulen pic.twitter.com/DA9XookLKC

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 15, 2025

“No pueden promover o difundir mensajes que favorezcan, por acción u omisión, de manera directa o indirecta, explícita o implícita, la discriminación, exclusión o marginación por motivos de ideología, opinión política, filosófica, gremial o de cualquier naturaleza, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión, nacionalidad, identidad cultural, origen social, posición económica, nivel de educación, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social”.

También establece que “queda terminantemente prohibido a los funcionarios públicos la realización de actos inaugurales de obras públicas, el anuncio, lanzamiento o promoción de planes, proyectos, programas de alcance colectivo o cualquier otro acto que pueda promocionar a una agrupación política o a los precandidatos o candidatos postulados por la misma, promover directa o indirectamente la captación del sufragio a favor de éstos o desincentivarla hacia otros, o contener cualquier asociación con una campaña electoral, durante el período en que se desarrollan las campañas electorales, independientemente de que el acto eleccionario tenga lugar a nivel nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal”.

En caso de incumplir, establece que el funcionario público será “considerado falta grave y será pasible de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el título XI del Código Penal de la Nación”.

Así, plantea que la publicidad de los actos de gobierno deberá ajustarse estrictamente a las disposiciones y restricciones establecidas en los artículos 42 y 42 bis de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. “El juzgado federal con competencia electoral deberá disponer el cese automático del acto o aviso cuando éste contraviniere dichas prescripciones. El incumplimiento de las mismas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis del presente Código”, agrega.

“El incumplimiento de las prohibiciones y restricciones de los artículos 64 quáter de este Código, será sancionada con la quita de los espacios de publicidad audiovisual que se hubieran asignado a la agrupación política de gobierno, o en su caso a las agrupaciones que la integran”, advierte.

En suma, sostiene que “los funcionarios públicos que autorizaren, consintieren o incurrieren en las conductas a las que refiere el párrafo anterior, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos. Idéntica sanción corresponderá al precandidato o candidato del que se trate, procediéndose a la cancelación automática de la candidatura o la revocación del mandato en caso de que hubiere asumido o se encontrare en funciones”.

La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), se reunió este miércoles para recibir a referentes de la industria curtidora argentina con quienes analizaron dos proyectos que buscan establecer un marco legal que regule el uso del término “cuero” para la denominación de diferentes productos con el objetivo de proteger tanto a la industria como a los consumidores.

La presidenta de la comisión explicó que la sesión es de carácter informativa a fin de “analizar el término del empleo del cuero”, por los que hay dos proyectos que también tienen giro a la Comisión de Defensa del Consumidor.

Autor de uno de ellos, el diputado socialista Esteban Paulon explicó que “la idea es poder conversar sobre dos proyectos que establecen el criterio de utilización de la denominación cuero para los productos vinculados a dicho material”.

“La actividad es particularmente importante en Santa Fe en las localidades de Esperanza y las toscas donde tenemos dos de las principales curtiembres el país, pero también es un sector importante en otras provincias”, remarcó.

Paulon manifestó que “llegamos a este debate con demora a nivel internacional en establecer los criterios y parámetros para poder denominar a distintos productos con el término cuero, sino en nuestra propia región. A nivel internacional ya hay antecedentes como Brasil que desde 1960 estableció un criterio".

Así, precisó que estos proyectos buscan armonizar la legislación con la idea de poder avanzar en la compatibilidad de la denominación de cuero a nivel del Mercosur. Además, las iniciativas buscan “asegurar la autenticidad del material curo como material que es de origen animal, prohibiendo con la identificación del término a otros productos que tienen origen mineral y vienen de derivados de otra producción para evitar cuestiones que tienen que ver con el engaño y la falsificación y garantizar la calidad, la durabilidad y la estética”.

“Es una industria que genera muchos puestos de trabajo y en las localidades donde se desarrolla tiene un impacto económico importante y tiene que ver con la identidad cultural de cada localidad”, cerró.

A continuación, el salteño oficialista Julio Moreno Ovalle, autor del otro proyecto, contó: “Soy interesado en que se use la denominación cuero como corresponde porque es un subproducto de la ganadería, una de las actividades más importantes del país. Al cuero se le pueden dar diversos usos y para la venta del mercado interno y externo. Es importante que tengamos en claro para qué sirve el cuero”.

La palabra de los especialistas

Daniel Helman, de Curtiembre Arlei S.A, afirmó: “La importancia de esta ley radica en el marco regulatorio que se pretende obtener para la denominación cuero para garantizar calidad y autenticidad del producto”. En tanto, comparó que este tipo de ley está en Brasil desde 1964, en México, en Estados Unidos, en Italia, etc.: “En el mundo es algo que ya se ha hecho para proteger la autenticidad y la calidad de un producto tan noble como el cuero”.

“Esta ley beneficia a una gran cadena de valor del cuero, desde las curtiembres hasta el último artesano. Hay infinidad de actores en la actividad del cuero que se van a ver beneficiados por la lye. Además, impacta mucho en la defensa del consumidor, en la industria y en la sustentabilidad de la circularidad”, explicó.

En cuanto a la defensa del consumidor, Helman precisó que “se está engañando al consumidor porque cuando compramos estas imitaciones que no son cuero como el eco cuero, el cuero vegano, la cuerina, el símil cuero, nos están engañando. Quieren apropiarse los atributos del cuero para vendernos un producto que no es tal. El verdadero eco cuero es de origen animal, es un subproducto”.

“Nosotros tomamos los cueros de los animales que son faenados que, de no ser por la industria del cuero que les da valor y pasa a ser un producto de durabilidad, amigable con el medio ambiente, noble, duradero, que se va a biodegradar con el tiempo, si no estuvieran las curtiembres procesando esos cueros irían a vertederos naturales generando contaminación y una pérdida muy importante porque genera fuentes de trabajo”, explayó.

Helman destacó que la industria del cuero argentino “es marca registrada y fomenta una industria grande. El cuero argentino es una marca que tenemos que volver a poner en valor. Es un producto que tarda mucho en envejecer, se degrada naturalmente, no como otros productos que tiene derivados de hidrocarburos o plástico”.

Así, cerró: “Al consumidor lo engañan porque le venden un producto de plástico haciéndole creer que es cuero legítimo o auténtico”.

Luego expuso el concejal de Las Toscas, Iván Gastón Sánchez, que bregó para que el proyecto tenga luz verde y sea aprobado porque “se busca poder tener una protección para la industria misma como para los consumidores”.

“Una ley como esta contribuiría a que realmente se utilice el término cuero dentro de lo que la industria fabrica y esto permitirá la protección del trabajo. Esto es un proyecto que va a tener ámbito nacional porque va a cubrir esta materia prima en Argentina, pero uno como concejal quiere que esta industria tenga la protección necesaria para que este término se utilice en los productos que realizan. También para proteger al consumidor y que vayan con la tranquilidad de que van a comprar cuero”, explayó y cerró: “Tenemos que brindar estas herramientas para que la industria y los consumidores se sientas protegidos e incentivados y le demos estas herramientas importantes desde lo legal”.

En apoyo a las iniciativas, el presidente de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), Eduardo Wydler, consideró fundamental “informar a los consumidores qué es lo que van a comprar”, al aseverar que “el sector ha perdido mercado con el cuero sintético”.

“Hemos gestionado muchas veces como cámara una norma que aclara esto para defender al consumidor y asegurara el desarrollo de la industria. Es una industria histórica porque el cuero se ha relacionado con la económica del país, pero la industria curtidora ha invertido mucho en muchas actividades para que la producción sea ambientalmente amigable”, explicó.

Wydler consideró que “no hay otro desarrollo vinculado con el cuero que sea el cuero original que viene del animal que se procesa dentro de la curtiembre”. En suma, sostuvo: “Este es un tema de suma importancia porque se ha utilizado para tratar de copiar al cuero, los más variados calificativos como eco cuero, cuero ecológico”.

“Compartimos y apoyamos esta propuesta para que siga su curso para ser aprobada y beneficiemos a la gente que sepa concretamente lo que compra. Aclaremos lo que es el cuero, el objetivo es informar y esto va a tener un beneficio para la industria”, concluyó.

En el mismo sentido, Cristian Alejandro Delssin, secretario General del Sindicato del Cuero, del departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, afirmó: “Si esta ley ayuda a seguir manteniendo los puestos de trabajo, la vamos a apoyar”.

“Es una competencia desleal a los trabajadores al trabajo de los curtidores porque en Las Toscas dependemos mucho de la curtiembre. Creo que esta posibilidad de competir legalmente contra algo que no es cuero, que es otra cosa como plástico, y que lo quieran vender como cuero, nos deja en una situación incómoda porque nuestro trabajo lo usan con otro nombre. Nos preocupa mucho que, si hay una objeción sobre esta ley, no nos estarían ayudando a nosotros como trabajadores de la curtiembre”.

Delssin bregó para que el proyecto sea aprobado para “beneficiar a los trabajadores de la industria del cuero porque estamos preocupados y estamos pasando una situación complicada y esto ayudaría a que los puestos de trabajo sean valorados”.

Además, expusieron ante la comisión Tatiana Apstein, de Curtiembre ARLEI S.A, Leonardo Piatek, de la industria del cuero, y la diputada provincial (Santa Fe) María del Rosario Mancini.

En su raid mediático previo al viaje que por la noche emprendería hacia Roma para participar de las exequias del papa Francisco, el presidente Javier Milei reveló un dato no menor, como es el hecho de que el asesor principal de su Gobierno, Santiago Caputo, tiene más poder que el jefe de Gabinete. Un dato que todo el mundo más o menos bien informado daba por sabido, pero suena fuerte que el propio mandatario lo admita públicamente.

Le hizo ruido al diputado socialista Esteban Paulón, pero no ahora, sino hace tiempo, pues ya en octubre del año pasado presentó un proyecto de ley para blanquear las funciones de este asesor tan especial. Y a partir de los dichos de Javier Milei, reflotó esa inquietud.

“No seas fantasma, Santi”, planteó a través de su cuenta de X, y remarcó que Caputo es “la persona con más poder del Gobierno y no responde legalmente ante nada. No figura como funcionario público y su designación es un simple contrato de locación. No puede seguir así”, insistió, para recordar luego el proyecto que presentó “para decirle basta a esta práctica”.

Recordemos que el proyecto que Paulón presentó junto a su colega socialista Mónica Fein establece la obligatoriedad para que los consejeros presidenciales presenten declaración jurada patrimonial. En los fundamentos menciona a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.

La iniciativa plantea incorporar al artículo 1ro. de la Ley 25.188 de Ética Pública dos párrafos. “Se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados”.

Y agrega que “cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.

Además, se busca sumar un inciso al artículo 5 de dicha ley, para que “todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público” queden obligados a presentar una declaración jurada patrimonial.

Para los diputados socialistas “es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no”.

“No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, agregaron.

Para los impulsores de esta iniciativa, estas “modificaciones y aclaraciones que promovemos son con el objeto del fortalecimiento del sistema democrático, del control de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos que desempeñan tareas de alta dirección en su ámbito de actuación y con la necesidad de escrutinio público permanente”.

“Las modificaciones normativas planteadas aquí confluyen hacia la idea de fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción. Al establecerse de manera expresa quiénes son los funcionarios que deben cumplimentar con los requisitos inherentes a su función en el ingreso y, luego, a su salida, permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el ejercicio funcional del Estado dentro del esquema normativo actual, con la OA dentro del Poder Ejecutivo”, completaron.

En la segunda tanda de preguntas de la sesión informativa de este miércoles, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se encontró con la cuestión vinculada al incremento de las retenciones al sector agropecuario anunciado por el propio presidente Javier Milei en el comienzo de la semana.

Fue el diputado santafesino Esteban Paulón del bloque Encuentro Federal, quien elevó la consulta ante el funcionario en el pleno del recinto de la Cámara de Diputados. Cabe recordar que el anuncio del jefe de Estado despertó el malestar de legisladores dialoguistas quienes presentaron un proyecto de ley para frenar la suba impositiva al Agro.

De Encuentro Federal, bloque al que pertenece Esteban Paulón, presentó proyecto de ley en contra de la suba de retenciones.

En esa línea, Guillermo Francos -brevemente- aclaró que la suspensión de las retenciones es hasta el mes de junio del 2025 tal como se estableció en el decreto de necesidad y urgencia 557/2024. Asimismo, consideró que “si liquidan la cosecha o no la liquidan, es una cuestión de los productores agropecuarios”.

Del mismo, manifestó que este sistema “no son reglas que impuso este gobierno”, pero advirtió que “sería irresponsable quitarlas porque no hay capacidad de reemplazarlas”.

De forma breve, Francos anticipó que la idea del presidente de Javier Milei es que las retenciones al sector agropecuario “sean eliminadas durante su gobierno”.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto en el que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reemplazando la canasta de consumos utilizada actualmente y que data de 2004/2005, por la elaborada en base a la canasta de bienes y servicios surgida de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2017/2018.

Paulon asegura que “la inflación anual hoy sería un 16% más alta e impactaría, por ejemplo, en el ingreso de los jubilados, que con este desfasaje perdieron más medio millón de pesos”. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de precios en base a una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de consumo de los hogares residentes en diversas zonas del país.

💲5️⃣2️⃣2️⃣7️⃣4️⃣1️⃣

Es el monto que el gobierno @JMilei le robó a las jubilaciones mínimas durante 2024 por no actualizar #IPC que ya tiene listo hace más de un año
Más de medio millón de pesos! $45mil por mes 😱
Es urgente que el aumento previsional responda a necesidades actuales pic.twitter.com/vWdwC62CMb

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 25, 2025

“Los consumos de bienes y servicios en 2004 y 2005 eran muy diferentes a los actuales: por ejemplo, incluye la variación de precios mensuales de productos como televisores de tubo, la línea de teléfono fijo, DVD o casetes. Absolutamente fuera de realidad”, indicó Paulón, quien explicó que “hoy se consumen plataformas como Disney+, Netflix. Además, los servicios representan un 17% en los gastos de cada persona y en el IPC actual solo un 2%”.

Según el propio INDEC la nueva canasta ya está técnicamente lista y de hecho se han desarrollado pruebas durante un año entero. “En Santa Fe o Buenos Aires, el IPC ya está actualizado y las cifras son más acordes a la realidad. Pero a nivel nacional no hay decisión política de ejecutarlo porque esto hoy implica que la inflación anual sea un 16% mayor”, manifestó el legislador socialista.

Cabe destacar que el IPC es el que determina la actualización de ingresos de una parte importante de la población. Tanto de trabajadores asalariado, como jubilaciones, que mensualmente actualizan sus ingresos en base al Índice de Precios del mes anterior.

El diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto solicitando informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por “la grave represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad en la marcha al Congreso de la Nación, organizada por jubilados en el marco de un legítimo reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y el fin de la moratoria previsional en curso”.

Entre las preguntas a responder están: “¿Cuándo tomó la decisión de recurrir a la represión como una respuesta premeditada frente a un reclamo legítimo de las y los ciudadanos, hacer uso indebido de la violencia y los gases lacrimógenos y promover acciones que incurren en una absoluta violación de las obligaciones que tiene el Estado Nacional en el marco de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos?”.

“¿Considera usted que militar en un partido político y trabajar en una municipalidad de un color político que o la representa es razón suficiente para herir de gravedad a un reportero gráfico?, ¿Quién fue el/la responsable de autorizar el uso de un camión hidrante que, en el marco de la represión, emitió mensajes agraviantes como “vengan zurdos” a las y los manifestantes?”, sumó.

Además, consultaron por los videos e imágenes captadas por algunos medios de comunicación donde se observa a un policía pateando un arma y dejándola en el suelo: “¿Existió la intención de falsificar pruebas en contra de los manifestantes?”.

También quiere saber: “¿Quién autorizó la ejecución de maniobras peligrosas, como manipulaciones cervicales u otras prácticas que ponen en riesgo la vida de los manifestantes? ¿Qué situación de gravedad o violencia representaban los jubilados, quienes se encontraban reclamando pacíficamente con sus bastones, que justificara los empujones recibidos por parte de las fuerzas de seguridad?”.

“¿Cuántas personas fueron detenidas en las veredas aledañas al Congreso de la Nación mientras se manifestaban, cumpliendo con todas las normativas del Gobierno sobre el derecho a la protesta, sin alterar el orden público de ninguna manera? En ese marco se solicita se informe quién fue el/la responsable de la detención de dos menores de 12 y 14 años que estaban saliendo del colegio y fueron atados con precintos dos horas”, añadió.

Entre los argumentos, Paulon planteó que “frente a un legítimo reclamo, la ministra ordenó llevar adelante una violenta represión que incluyó el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, el empleo de gases lacrimógenos, golpes y arrestos arbitrarios, generando un clima de temor y violencia en una manifestación pacífica que solo buscaba visibilizar la grave situación que atraviesan los jubilados”.

“El uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no solo es ilegal, sino que contraviene directamente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, erosionando los principios democráticos y la protección de los derechos humanos consagrados en la ley nacional e internacional”, denunció.

Y un día la dedicación obsesiva del presidente Javier Milei en las redes sociales le trajo problemas. Su posteo en la red social X y en Instagram promocionando a la criptomoneda $Libra durante más de seis horas generó una repercusión mundial que no es aquella que él suele replicar en las mismas redes, y sobre todo en el plano interno, donde la oposición salió masivamente a cuestionarlo y por primera vez llegó a esgrimir como amenaza el juicio político.

Es lo que anunció este fin de semana el bloque de diputados de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez. Tres días después de una sesión en la que las tensiones entre esa bancada y el oficialismo quedaron más que nunca expuestas a cielo abierto -amenaza boxística incluida-, UP difundió un mensaje en el que considera que “la participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes”, por lo cual anunció la decisión de “avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación”.

Los senadores de Unión por la Patria se alinearon con sus pares de la Cámara baja, a través de un comunicado difundido en las redes en el que anticipan que “el Senado de la Nación no puede permanecer ajeno a los hechos de público conocimiento que tienen como protagonista al presidente de la Nación, Javier Milei. La ciudadanía debe estar informada de que es esta Cámara la encargada de juzgar en juicio político a quien PRIMERO es acusado por la Cámara de Diputados, conforme lo establece el artículo 59 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, los senadores y las senadoras deben actuar con prudencia respecto de este instituto”.

El interbloque que encabeza José Mayans instó a que “la Cámara de Diputados de la Nación intervenga en este caso ejerciendo las atribuciones que le confiere la Carta Magna”, considerando que “la gravedad de los hechos amerita que las instituciones funcionen rápidamente y sus miembros estén a la altura de las circunstancias”.

Desde el viernes por la noche que el tema está dando vueltas en las redes sociales, donde legisladores de todos los sectores de la oposición -menos el Pro- salieron a cuestionar de la manera más dura al presidente Javier Milei. Picó en punta Esteban Paulón, que presentó en sus redes un pedido de informes que redactó para que el jefe de Gabinete conteste sobre lo que considera como “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”. Pero más tarde, el propio diputado socialista dijo que los diputados de diversos bloques “estamos trabajando para presentar el lunes a primera hora el pedido de juicio político a Javier Milei”.

El texto que buscan impulsar esta semana habla de “promover juicio político contra el presidente de la Nación, sr. Gerardo Javier Milei, por el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional de la República Argentina”.

El primer artículo habla de constituir a la Comisión de Juicio Político a los fines de investigar y dictaminar sobre la responsabilidad del presidente de la Nación por su posible participación en la presunta defraudación vinculada a la cripto/token/memecoin $LIBRA”.

El siguiente artículo solicita información que consta en la Comisión Nacional de Valores como órgano regulador del mercado de cripto activos según resoluciones 994/2024 y 1025/2024”.

Los siguientes artículos piden información a la Unidad de Investigación Financiera, como así también piden la intervención de la Oficina Anticorrupción para dictaminar sobre esos hechos.

La defensa de Marcela Pagano

Votada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, pero nunca reconocida como tal por el presidente de la Cámara, Martín Menem, la diputada oficialista Marcela Pagano salió en defensa de Milei. Oficiando en el rol de titular de la citada comisión, Pagano lanzó: “¡No se hagan los rulos! El tweet de @JMilei no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función”.

“El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios”, agregó la diputada.

Para los ignorantes que opinan sin leer la CN les recomiendo que lean de qué se tratan las facultades de un presidente antes de hablar de incumplimiento de sus deberes… pic.twitter.com/PgnyTqHKkI

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 15, 2025

El constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo por su parte que “el episodio de las criptomonedas que protagonizó el presidente exige la actuación de una comisión investigadora que aclare lo sucedido. Se deberían tomar las medidas que resulten necesarias. De lo contrario, se estaría avalando un accionar no transparente del primer mandatario”.

Para la diputada kirchnerista Julia Strada, “Milei fue partícipe necesario de una cripto estafa y potencial acto de corrupción por un valor de casi 100 millones de dólares, al promover la inversión en un criptoactivo valiéndose de su rol en la primera magistratura de la Nación”. La legisladora anticipó que “desde el Congreso, quienes integramos el bloque de Unión por la Patria, impulsamos el pedido de Juicio Político al presidente. Queremos que se conozca y castigue a quienes se enriquecieron con la estafa cripto y vamos a acompañar a todos los damnificados. Para eso también nos presentamos con una correspondiente denuncia penal en la justicia”.

“Ojalá los diputados que cacarearon por twitter el viernes a la noche después no finjan demencia a la hora de votar. Yo lo viví: con Ley Bases, con jubilaciones, con Universidades y la semana pasada con Ficha Limpia. Acá son guapos pero a Milei le votaron TODO. Espero que esta vez no tengan miedo”, tuiteó Strada.

Reclamo de explicaciones

Economista y presidente del radicalismo, el senador Martín Lousteau señaló que “es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?”

“Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente”, advirtió Lousteau.

Doce bolsos de López se llevaron con una estafa cripto y el presidente, como mínimo, fue partícipe necesario.

Esta es la segunda vez que el presidente recomienda una estafa. No fue una simple torpeza. pic.twitter.com/6pPFKWvcFc

— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 15, 2025

Este sábado, desde esa bancada de Encuentro Federal difundieron un comunicado en el que exigen “explicaciones inmediatas sobre la promoción de un activo financiero altamente cuestionable por parte del presidente Javier Milei”. Para el bloque conducido por Miguel Pichetto, se trata de “un hecho de una gravedad institucional sin precedentes”. El mensaje hace referencia a que el token Libra que publicitó el presidente argentino “se desplomó tras una liquidación masiva de un grupo reducido de tenedores que controlaban el 84% de los activos, retirando al menos 87 millones de dólares y dejando a cientos de compradores con pérdidas millonarias”.

“El presidente debe explicar con claridad lo que hizo en lugar de cuestionar a la oposición -expresa el comunicado difundido este sábado-. Milei es economista y no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de estas características”.

Preguntas que quieren que conteste Milei de inmediato: “¿Quiénes están detrás de la emisión y comercialización del token Libra? ¿Qué vínculos tienen con el Gobierno o con el entorno personal del presidente? ¿Algún funcionario o allegado al oficialismo obtuvo un beneficio económico de esta promoción? ¿Por qué se utilizó la investidura presidencial para impulsar una inversión que resultó en un brutal perjuicio para la ciudadanía de buena fe?”.

Para Encuentro Federal, “lo ocurrido es inaceptable” y el presidente debe “dar explicaciones y asumir las consecuencias de sus actos”.

A su vez, desde el bloque Democracia Para Siempre anticiparon la decisión de insistir con la creación de una comisión investigadora en el Congreso. “Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia”, señalaron a través de un comunicado en el que advierten que “Javier Milei fue elegido para defender a todos los argentinos, no para favorecer los intereses inescrupulosos de un grupo de personas allegadas y de dudosos antecedentes”.

“Durante cinco horas el Presidente promovió en sus redes sociales la compra de acciones de una nueva criptomoneda, que en poco tiempo se desvalorizó provocando una enorme estafa”, continúa el bloque que encabeza Pablo Juliano, que pregunta quién se benefició económicamente y quién salió perjudicado. "El Congreso y la Justicia deben actuar como contrapeso de un Poder Ejecutivo que todos los días transgrede la ley”.

LOS TUITS SE BORRAN, LAS ESTAFAS NO

Las explicaciones del presidente sobre la criptomoneda Libra, que se desplomó tan rápido como creció, son insuficientes. Si no estaba interiorizado del proyecto, ¿por qué lo promocionó desde sus redes sociales y fijó el tuit durante horas, aun… pic.twitter.com/Do1FdMNN9s

— Facundo Manes (@ManesF) February 15, 2025

Flamante presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora nacional Alejandra Vigo, consideró que el caso del presidente y la criptomoneda $Libra “reviste gravedad institucional”. Dijo que “no es un asunto que deba resolverse en el ámbito político, sino en los tribunales dado que -según la información- fueron perjudicadas miles de personas”, y posteó en su cuenta de X: “Corresponde que la Justicia investigue si -el hecho que involucra al Presidente- constituye un delito penal. LA JUSTICIA DEBE ACTUAR DE INMEDIATO”.

Decir que no estaba “interiorizado en los pormenores” no alcanza, el Presidente tiene que rendir cuentas.

Usar su posición para promover inversiones privadas de alto riesgo es un hecho muy grave. 87 millones de dólares son casi 10 veces los bolsos de López: los delitos no los…

— Mariela Coletta (@marielacoletta) February 15, 2025

Por su parte, desde la izquierda anticiparon que pedirán la interpelación de Milei en el Congreso. “Que se transmita por cadena nacional. Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y después diga que no estaba interiorizado. ¿Va a dar la cara o se va a esconder como el ministro Caputo?”, expresó en las redes sociales Nicolás del Caño, al tiempo que su par Mónica Schlottahuer clamaba en las redes: “¡Milei es un facho, un miserable y un timbero! ¡No puede quedar impune!”.

Gran revuelo generó este viernes el presidente de la Nación, Javier Milei, cuando al caer la tarde respaldó enfáticamente una criptomoneda. Lo hizo a través de un tuit fijado ponderando a Libra, un token que a partir de ello subió exponencialmente su cotización… para después derrumbarse.

Legisladores nacionales reaccionaron prestamente, calificando el hecho como “gravísimo” y anticipando pedidos de informes.

Dijo Milei en el tuit en cuestión: “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproyect.com. $LIBRA”.

La Argentina Liberal crece!!!
Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
El mundo quiere invertir en Argentina.https://t.co/BtUJSdQXWy

Contrato:…

— Javier Milei (@JMilei) February 14, 2025

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

En un primer momento se especuló con un hackeo de la cuenta del presidente de la Nación, pero como desde la Rosada mantuvieron el silencio y con el correr del tiempo el posteo se mantuvo, eso fue descartado. De hecho, la diputada libertaria Lilia Lemoine, muy cercana al presidente, posteó: “Para que quede claro... no es un hackeo”, y replicó el tuit presidencial.

No era un hackeo, claro está, y en el propio espacio libertario se advirtió gran revuelo. A cielo abierto, las redes libertarias mostraban su perplejidad ante lo sucedido, hasta que cerca de las 2 de la madrugada el presidente volvió a escribir en sus redes. El citado tuit fijado ya no estaba. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, arrancó diciendo Milei, que aclaró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Pero a continuación planteó, bélicoso: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Reacciones desde el Poder Legislativo

“Milei debe ser investigado en el Congreso”, alertó el diputado nacional Maximiliano Ferraro. A través de un extenso posteo, el presidente de la Coalición Cívica advirtió que “si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda ($LIBRA) que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos.

“El presidente  podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, reseñó el legislador nacional. Para Ferraro, “esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del presidente y en el uso de información privilegiada”.

Ante ello, Ferraro sostuvo que “el Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

El socialista Esteban Paulón fue más allá al presentar un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informe en la Cámara de Diputados sobre “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”.

En su pedido de informes reclamó entre otras cosas conocer la vinculación del presidente con los creadores y promotores del memecoin $Libra, incluyendo su conocimiento personal de dichos individuos y la eventual vinculación comercial con los mismos.

Asimismo, pidió saber “si el presidente personalmente o el Gobierno nacional han recibido o tienen pautados beneficios económicos o compensaciones por promocionar la memecoin”.

PRESIDENTE JAVO PONZI MILEI

Ante la promoción de la memecoin $Libra por parte del Presidente @JMilei presentamos un pedido de informes para que el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk informe en @DiputadosAR sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario pic.twitter.com/V3RUd8a9FG

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 15, 2025

“Que un presidente de la Nación promueva una inversión cual influencer ya de por sí es un delito. Que encima lo haga en una estafa de corto plazo para que 10 vivos ganen millones de dólares en cuestión de minutos, no solo habilita una investigación por parte del Poder Judicial, son también a que hagamos una desde el Congreso”, planteó desde Unión por la Patria Itai Hagman. En otro posteo, continuó Hagman: “¿Un presidente dando recomendaciones de inversiones cripto de dudosa procedencia?  Aca hay tongo y estafa de acá a la china. Lo hizo como candidato con CoinX, y su titular terminó en cana. Ahora lo hace como presidente. ¿Algún fiscal o juez va a hacer algo?”.

A su vez, el senador nacional pampeano Daniel Bensusan no tiene dudas de que “nos encontramos con uno de los casos de corrupción más grandes de Argentina. Milei promocionó una estafa en sus redes sociales y logró que 10 personas le robaran millones de dólares a miles de inversores”.

“Un grupo de personas, que se desconoce su identidad, armaron un sitio web claramente falso y lograron que Milei lo promocione en sus redes sociales. Una vez que el precio se disparó, vendieron todo y la moneda se desplomó estafando a miles de personas”, agregó el pampeano, para concluir: “Nadie del Gobierno aclara nada. Estamos desamparados ante un MILEI que no le interesa la gente y se asocia con estafadores y criminales internacionales. Javier Milei tiene que dar explicaciones urgente”.

“Insólito”, posteó por su parte Victoria Tolosa Paz. “Un presidente promocionando criptomonedas, pidiéndole al pueblo que cargue sus datos personales en una página anónima escrita en inglés -continuó-. ¿La semana que viene qué nos va a querer vender, paquetes a la luna?”. Y en una post data le recordó al mandatario que “su ministra favorita”, por Sandra Pettovello, cerró la Conami, que se encargaba, con total transparencia (los datos eran públicos y publicados) de financiar pequeños proyectos productivos”.

Algunas ballenas ganaron unos cuantos palos verdes… quienes serán ? Funcionarios públicos ? El mismo presidente? pic.twitter.com/IDW1yo5MWd

— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) February 15, 2025

Gravísimo el presidente promocionando una estafa!!! https://t.co/wwoV6l8QuV

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) February 15, 2025

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez posteó por su parte: “Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública: 'g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa'. Deje de hacerse el transgresor. No aliente el quiebre de las leyes. Una brisa de la historia no es la historia”.

Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública:

"g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas… https://t.co/VwyAAIj5oM

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 15, 2025

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, avaló la postura del Gobierno nacional respecto a la prohibición de los tratamientos de cambio de género en menores de edad que emplean procedimientos de hormonización “nocivos para la salud y cirugías mutilantes irreversibles”. Al igual que Vocería Presidencial, el titular del Pro mencionó al Reino Unido como uno de los países en dar marcha atrás en esta cuestión.

Previo a la mención del país británico, Macri, a través de un comunicado en X, señaló que “estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad”, y añadió: “Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes y en niñas”.

En ese punto, nombró a la doctora Hilary Cass quien por pedido de las autoridades británicas llevó adelante un informe con datos condujeron a la prohibición de tratamientos en menores en ese país desde el 1ro. de enero de 2025. “El informe Cass fue coincidente con otras investigaciones que llevaron a restringir severamente los tratamientos en menores en otros países”, remarcó Mauricio Macri.

Una hora más tarde, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le respondió por medio de X: “Como ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex Presidente de la Nación, te recomiendo recurrir a mejor evidencia científica y jurídica y consultar a los excelentes equipos de profesionales del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente conocés, o a los ministros de Salud que te acompañaron en el gobierno nacional”.

En línea con la respuesta, Ferraro agregó: “En particular, te sugiero que hables con Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención de la Niñez y Adolescencia Transgénero (GANAT) del Hospital Durand”.

El contrapunto evidenciado por el diputado de la Coalición Cívica generó que diferentes usuarios de X salieran a cruzarlo y, de forma automática, le contestó a cada cuenta que lo arrobaba con la frase “personalmente no acuerdo ni avalo ningún procedimiento de intervención quirúrgica y/o tratamientos irreversibles en niños y niñas. Saludos cordiales”.

Minutos más tarde, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) se sumó a la polémica afirmó que “Mauricio Macri nunca fue liberal. Siempre fue un reaccionario homofóbico”, y cargó contra el Gobierno nacional: “Hoy Javier Milei le permite salir del armario. Que vayan con el cuento de las ‘libertades’ a otra parte. Nos quieren en el closet, nos quieren en las cavernas, nos quieren en la vergüenza. No lo van a lograr”.

Del mismo modo, el socialista santafesino añadió: “Luego de la declaración de Macri (arrobándolo), las personas LGBTIQ+ nos hemos convertido en blanco móvil de la derecha más rancia. La del Pro y La Libertad Avanza de Milei”. “Sepan que serán responsables de la violencia y el sufrimiento de un colectivo tremendamente excluido”, aseveró.

Luego de la declaración de @mauriciomacri , las personas #LGBTIQ+ nos hemos convertido en blanco móvil de la derecha más rancia. La del @proargentina y #LLA de @JMilei
Sepan que serán responsables de la violencia y el sufrimiento de un colectivo tremendamente excluido

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 7, 2025

Luego que fracasara una resolución para repudiar las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, el diputado socialista Esteban Paulón realizó una cuestión de privilegio contra el mandatario, parte del Gabinete y algunos de sus pares de la Cámara baja a raíz de la embestida oficialista contra el colectivo LGBT. 

En su discurso en la sesión de este jueves, el santafesino recordó la marcha antifascista y antirracial del pasado 1ro. de febrero, en la que “cientos de miles salimos a las calles a decirle al presidente de la Nación que no vamos a admitir ningún tipo de retroceso en materia de valores y derechos democráticos”. 

“El presidente usó un Foro Internacional para en una generalización injusta y temeraria decir que todas las personas homosexuales somos pedófilas”, señaló y agregó: “Decidió elegir el caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia; me pregunto por qué no usó el caso de Gisele Pélicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual, por qué no usó la figura de padre (Julio César) Grassi para decir que el catolicismo en su forma más extrema es pedofilia. Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir”. 

Luego mostró una publicación del diputado libertario Santiago Santurio en La Derecha Diario, que “en una fake publicó que las organizaciones LGBT convocamos a una marcha a favor de la pedofilia. Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha, que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso”. 

Paulón también arremetió contra la oficialista Lilia Lemoine: “Se piensan que somos estúpidos y que no entendemos lo que dijo el presidente y nos manda el dibujito del caballito de Troya”. 

Sobre la movilización del pasado sábado, el legislador de Encuentro Federal enfatizó que “se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista, yo fui uno de los convocantes de la marcha, no soy kirchnerista, soy maricón y me la banco, y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¡Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes!”. 

Al señalar que en su banca tenía la bandera del colectivo travesti-trans, se refirió a la medida del Gobierno de modificar la Ley de Identidad de Género. “Ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida, que es una fake news, acá en Argentina ningún nene de cinco años trans es mutilado, acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública”, manifestó. 

Paulón consideró que “hay una operación de odio y demonización del colectivo travesti-trans, el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad; lo eligen para señalarlo porque es el eslabón más débil”. 

“La única posibilidad que tiene este colectivo de salir del abandono, del olvido y la exclusión es con el acompañamiento de las familias”, dijo y apuntó que “la amenaza que hizo el presidente Javier Milei en Davos” y “el ataque directo” de la medida recientemente tomada “es un golpe a las familias que amorosamente y por primera vez en nuestra historia acompañan masivamente a esas infancias y adolescencias que hoy tienen proyecto de vida”. 

En ese sentido, aseguró: “Vamos a defender cada derecho conquistado, no vamos a dar ni un paso atrás”. “La sociedad democrática argentina, que es mayoritaria, quiere vivir en libertad, la verdadera libertad, no la que ustedes vaciaron de contenido”, concluyó. 

El diputado nacional Esteban Paulon (Encuentro Federal) presentó, junto a su par de bancada Mónica Fein, un proyecto de Declaración expresando su enérgico repudio a la resolución 1094/24 adoptada por el Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de 2024, a través de la cual se elimina la obligación de incluir señales de contenido informativo eminentemente federal, en las grillas de programación de los servicios de televisión por suscripción por vínculo físico y/o radioeléctrico y satelital.

Asimismo, expresa profunda preocupación por los “múltiples impactos negativos de esta medida, que afecta particularmente a emisoras de contenido local y regional, cableoperadores locales de menor escala -a quienes se aseguraba la inclusión de dicha programación-, y a los pueblos del interior del país, en lo que representa un retroceso en materia de pluralidad informativa, diversidad cultural y desarrollo sociocultural y federal para la sociedad argentina”.

“Más de seis mil trabajadores y trabajadoras de la señal de noticias SOMOS, la red de canales más grande del país, fueron despedidos en los últimos días, luego de quedar efectiva la Resolución 1094/2024, adoptada por el Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de 2024, a través de la cual se elimina la obligación de incluir señales de contenido informativo eminentemente federal, en las grillas de programación de los servicios de televisión por suscripción por vínculo físico y/o radioeléctrico y satelital”, contextualizaron.

Paulón denunció que "estamos ante un nuevo retroceso en materia de pluralidad informativa, diversidad cultural y desarrollo sociocultural y federal para la sociedad argentina. Esto afecta particularmente a emisoras de contenido local y regional, cableoperadores locales de menor escala -a quienes se aseguraba la inclusión de dicha programación-, y a los pueblos del interior del país".

La Resolución es parte de las disposiciones del DNU 70/2023, que habilita proceder a “la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden un normal desarrollo” y “otorgarle al sistema de comunicaciones mayor libertad para su desarrollo”.

También plantea subsanar una asimetría entre los diferentes servicios de telecomunicaciones, equiparando a los servicios de radiodifusión por suscripción con los servicios de tecnología de la información (TICs) para los que rige el principio de neutralidad de la red, de modo tal que no se puedan regular los contenidos, y excluyendo, así, a los canales que integran las grillas de las empresas de cable de la imposición en materia de cuotas que surge del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en materia de cuotas de programación.

"Los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental en la sociedad de la información. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció una serie de pautas y limitaciones en materia de cantidad de licencias, y un esquema de cuotas mínimas de programación que fijan porcentajes de producción local y propia, incluyendo noticieros o informativos locales, y destinó un capítulo al fomento de la diversidad y contenidos regionales. Y nada de ello es posible sin la intervención del Estado como regulador de una industria que es dominada por los grandes grupos económicos concentrados", señaló el legislador socialista, y concluyó destacando que "esto impacta en perjuicio de las producciones locales, el desarrollo de las identidades culturales de cada región y el fortalecimiento del federalismo, y atenta contra la pluralidad y diversidad informativa".

Luego de los nuevos exabruptos contra la comunidad homosexual de Javier Milei en el Foro de Davos de este jueves, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) anunció en X que denunció penalmente al presidente de la Nación por la posible comisión de los delitos de incitación al odio, amenazas, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y contravención por discriminación.

En la publicación, el diputado santafesino agregó: “Porque nuestras vidas importan y nuestras familias merecen respeto, porque el poder no debe usarse para sembrar odio, porque no vamos a retroceder ni un paso más decimos basta a los discursos que generan violencia”.

En la denuncia penal, el legislador del Partido Socialista manifestó: “Desde su llegada al gobierno el presidente Javier Gerardo Milei ha iniciado una escalada de violencia hacia diversos colectivos y grupos sociales”, y agregó: “So pretexto de encarnar una batalla cultural Milei ha insultado en reiteradas ocasiones a legisladores nacionales (a quienes caracterizó como “ratas” y “valijeros”), periodistas a quienes en varias ocasiones sindicó de “ensobrados” entre otras expresiones”.

“Sin embargo con el correr de los meses esa actitud agresiva se ha ido radicalizando hasta llegar a convertirse en amenazas concretas que configurarían acciones de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, incitación al odio y discriminación”, incorporó en la presentación penal ante la Justicia.

El diputado nacional de Encuentro Federal hizo referencia a los últimos dos episodios del presidente de la Nación, Javier Milei, a los que llamó de “una gravedad nunca antes vista en democracia”. Primero, el miércoles, realizó una publicación en X en la que tituló “Nazi las pelotas”, y luego, este jueves, volvió a dar un discurso totalmente disruptivo en el Foro de Davos. Allí cargó contra la ideología woke, que calificó como “el cáncer que hay que extirpar”, entre otras definiciones que lanzó desde el estrado.

En el marco de los incendios que azotan el sur del país, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullirch, para que explique sobre el desfinanciamiento del Plan de Manejo de Fuego y eliminación de fondos específicos.

“Solicitar al Poder Ejecutivo que informe a través del Ministerio de Seguridad de la Nación acerca de la Ley N° 26815 Manejo del Fuego que tiene como principal objetivo el de prevenir y mitigar los incendios forestales y rurales, proteger el ambiente, la biodiversidad, la salud humana y los bienes materiales”, plantea el proyecto.

Paulon recordó que “en los distintos debates del 2024 por Ley Bases o Presupuesto advertimos y reclamamos por la eliminación del fideicomiso qué brindaba fondos al Plan Nacional del Manejo del Fuego y el desfinanciamiento de las áreas”, y sumó: “Hoy arden varios Parques Nacionales y el Estado nacional se desentiende”.

"Hoy Christian Larssen, el Director Nacional de Parques Nacionales, aparece en los medios más preocupado por la reestructuración y ajustes de las áreas de su dependencia que por articular las acciones necesarias para que los focos de incendios sean controlados cuanto antes", agregó.

La iniciativa pide información sobre las medidas de prevención implementadas en 2024. “Se solicita un detalle de las medidas adoptadas durante el año 2024 en las siguientes áreas relacionadas con la prevención de incendios forestales: manejo del entorno y de la vegetación, formación y capacitación de recursos humanos; vigilancia y monitoreo con herramientas tecnológicas; sistemas de alerta temprana y patrullajes efectuados para prevenir incendios; regulación del uso del fuego; medidas destinadas al control y supervisión de quemas controladas y otras prácticas de riesgo; coordinación institucional y planificación; investigación y medidas de conservación”.

En otro punto, pide que se indiquen los montos presupuestados y efectivamente devengados durante el 2024 para las actividades vinculadas con la prevención de incendios forestales, desglosando los fondos por categorías según corresponda.

Además, solicita saber cuáles son las medidas de mitigación implementadas en 2024 y que proporcionen información sobre las acciones destinadas a mitigar los impactos de los incendios forestales durante el año 2024 con enfoque en: coordinación y planificación estratégica; financiamiento: recursos económicos asignados para la atención de emergencias; vigilancia y monitoreo: esfuerzos realizados para la detención y contención rápida de focos; equipamiento  restauración ambiental: medidas de rehabilitación en zonas afectadas como reforestación y control de erosión. Adicionalmente informe las estrategias de distribución de recursos aplicados para enfrentar incendios simultáneos en distintas regiones.

EPUYEN ARDE 🔥
Durante 2024 denunciamos el desfinanciamiento del Plan de manejo del fuego y la eliminación de fondos específicos💰
Hoy arden varios Parques Nacionales y el Estado nacional se desentiende ❌
Presentamos un pedido de informes al respecto
Reclamamos acción urgente pic.twitter.com/Kr5Us5yTMf

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) January 16, 2025

“Informe el presupuesto proyectado para la implementación de la Ley de Manejo del Fuego durante el año un curso detallando las áreas de inversión priorizadas: recursos destinados a los departamentos de incendio comunicaciones y emergencia de los parques nacionales. Indique: los recursos asignados y ejecutados durante el 2024 para dichos departamentos; el presupuesto y personal disponible para el año 2025 especificando cualquier modificación o incremento en comparación con el año anterior”, plantea.

También exige las razones por las cuales el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la emergencia ígnea nacional declarada por el decreto número 6/2022 vigente hasta el 13 de enero del 2024 que facultaba el jefe de Gabinete de ministros a reestructurar modificar o reasignar partidas presupuestarias para fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta.

En relación a los parques nacionales con focos de incendios activos, solicita conocer las acciones en cursos en Epuyén y Parque Nacional Nahuel Huapi: “Describa las acciones concretas que se están llevando a cabo para el control y mitigación de los incendios en las zonas en el marco de las operaciones coordinadas por el sistema nacional de manejo del fuego”.

“Indique recursos humanos y materiales desplegados; coordinación interinstitucional entre organismos nacionales provinciales y municipales; estrategias implementadas para la protección de áreas críticas y poblaciones cercanas resultados preliminares alcanzados hasta el momento”, suma el texto.

Los diputados socialistas Mónica Fein y Esteban Paulon (Encuentro Federal) presentaron un proyecto para citar a la Cámara de Diputados al ministro de Economía Nación, Luis Caputo, para que brinde explicaciones detalladas sobre el proceso de elaboración y dictado del Decreto 1146/2024 sobre la venta de acciones de la Caja de Valores Argentina a la empresa ByMA, perteneciente a su primo, Nicolás Caputo.

El Decreto 1146/2024 fue publicado en el Boletín Oficial el día 31 de diciembre de 2024 y fue firmado por dicho funcionario junto al presidente Javier Milei y el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Gerardo Werthein.

El texto extiende la citación al titular de la Anses, Mariano de Los Heros, el responsable del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), Fernando Bearzi, y al presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; a fin de que aporten “todos los elementos necesarios para despejar las dudas razonables que se han suscitado alrededor de estas operaciones en el mercado financiero acerca de las presuntas irregularidades en el uso de información privilegiada”.

Además, solicitan informes sobre las prácticas implementadas para promover la transparencia en los procesos de toma de decisiones, incluyendo los mecanismos de declaración de intereses, la regulación (identificación y gestión) de posibles conflictos de interés, y los protocolos establecidos para la comunicación con terceros, a fin de evitar discusiones informales sobre asuntos gubernamentales sensibles.

También se requiere información sobre los espacios disponibles para la denuncia de posibles prácticas inapropiadas, así como el proceder de la Comisión Nacional de Valores en casos similares.

Según explicaron los diputados, a través del mencionado DNU el Gobierno nacional derogó los artículos 4° y 5° del Decreto N° 659 del 29 de agosto de 1974.

La corrupción adopta diversas formas
El manejo de información privilegiada para favorecer intereses propios es una de ellas
Las sospechas sobre las exhorbitantes ganancias para el primo Nicky y accionistas de ByMA merecen explicaciones urgentes en @DiputadosAR https://t.co/qQfzRgr7cP

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) January 16, 2025

El artículo 4 establecía una garantía específica para la constitución de la sociedad encargada de la explotación de la Caja de Valores en Argentina. Este artículo incluía disposiciones sobre las características de esta sociedad, como las condiciones para su constitución, las garantías que debía ofrecer y la supervisión estatal. A su vez, aseguraba la transparencia y el cumplimiento normativo en sus operaciones, aspectos esenciales para el desarrollo del mercado financiero en el país.

Por su parte, el artículo 5 establecía restricciones en la distribución de dividendos por parte de la Cajas de Valor. Específicamente, limitaba la distribución de dividendos en efectivo a un máximo del 10% de las ganancias obtenidas, tanto para acciones ordinarias como preferidas.

“Esta disposición tenía como objetivo principal asegurar que las Cajas de Valores reinvirtieran una parte significativa de sus beneficios en el fortalecimiento de su estructura operativa y en la mejora de los servicios ofrecidos. Al limitar la distribución de dividendos, se promovía la solidez

financiera y la capacidad de estas entidades para cumplir con sus responsabilidades en la custodia y administración de valores”, explicaron.

En ese sentido, denunciaron que producto de esta decisión “los socios de ByMa (Bolsas y Mercados Argentinos), mercado fundado por Nicolás "Nicky" Caputo -primo del actual ministro de economía- y Ernesto Allaria, actual presidente del mismo; se beneficiaron con el reparto de 120.000 millones de pesos”.

¡Un dato no menor es el desconocimiento acerca quienes son los dueños de ByMA, que se limita a informar que el 31% de sus acciones está en manos de la Bolsa de Valores, inversores no conocidos denominados ‘retail’ poseen otro 16,35%, ‘extranjeros’ un 13,7%, el directorio un 0,25% y un "otros" posee el mayor capital con un 38,7%”, alertaron.

Luego de que el Gobierno nacional tomara la decisión de eliminar contenido audiovisual de la plataforma Educ.ar por “adoctrinamiento”, el bloque socialista compuesto por los diputados Esteban Paulon y Mónica Fein presentaron un proyecto solicitando la presencia del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas e Innovación Educativa, Alfredo Vota, para que brinden explicaciones detalladas sobre tal medida.

En el proyecto explicaron que el pasado 6 de enero el Gobierno nacional dio de baja recursos audiovisuales y materiales de lectura alojados en el portal virtual Educ.ar “una herramienta fundamental para implementar el Programa Nacional de Educación Sexual”.

Según precisaron, dicho programa tiene como principal objetivo “promover el cuidado del cuerpo y la salud de los niños; prevenir el abuso sexual infantil, el acoso escolar y otras formas de violencia y promover el respeto a la diversidad y la enseñanza sobre relaciones basadas en el respeto y la igualdad”.

“Se solicita que respondan de manera clara y documentada cuáles son los fundamentos científicos en los que se apoyan para argumentar que los recursos dados de baja ‘no obedecen a los lineamientos establecidos por la normativa vigente en materia de ESI’”, especificaron.

Paulon expresó: “Lejos de promover el abuso, la ESI brinda herramientas efectivas para visibilizar las violencias y su implementación incrementa notablemente las denuncias de abuso sexual por parte de niñas y niños, abusos que por otra parte en general se dan dentro de las propias familias”.

“Apoyar tesis sin sustento como, por ejemplo, que la homosexualidad es una enfermedad, o que la ESI promueve el abuso, coloca al presidente al nivel del coro de propagadores de odio que quieren echar por tierra todos los avances alcanzados en democracia”, criticó y cerró: “En su cruzada absurda contra la evidencia científica en torno a la Educación Sexual Integral, el Presidente queda en ridículo, sumándose a las afirmaciones negacionistas de Laje, Marquez y la extrema derecha”.

TORRENDELL DE VACACIONES? 🏖️

Como el silencio en materia de sexualidad NO ES SALUD, citamos al Secretario de Educación Torrendell para que de explicaciones en @DiputadosAR sobre la remoción de contenidos de #ESI y las afirmaciones presidenciales que desconocen la evidencia pic.twitter.com/FD7fKFCtbg

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) January 13, 2025

En medio de la polémica por la designación de Diego Kravetz en la SIDE, el diputado nacional Esteban Paulon (PS) comentó que las objeciones en torno a esa decisión del Gobierno se deben a que “lo hicieron unilateralmente sin trabajarlo con el Congreso”.

El diputado santafecino, junto con su par de bancada Mónica Fein, fue uno de los oradores de la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que se reunió el miércoles por la tarde para discutir sobre la idoneidad del nuevo subsecretario del organismo de inteligencia.

“Estamos planteando diferencias en dos temas. Uno viene del pecado original en este tema que son los decretos 614 y 615 que vienen del año pasado, dos DNU del presidente Javier Milei que reformaron y eliminaron la AFI y crearon la SIDE con cuatro agencias de inteligencia”, explicó Paulon en declaraciones radiales y sumó: “Y esto lo hicieron unilateralmente sin trabajarlo con el Congreso, sin trabajarlo en consulta con la Comisión Bicameral y parte de las reformas tienen que ver con correr a la Comisión Bicameral y al Senado del proceso de designación de los cargos políticos de la actual SIDE”.

El santafecino explicó: “Nos encontramos ante una irregularidad tal que, por un lado, en un apuro más vinculado a la interna que están disputando LLA y el Pro en la Ciudad de Buenos Aires que con temas institucionales el Gobierno de Javier Milei se apura a rescatar a Kravetz del Ministerio de seguridad Porteño. Era un secreto a voces que ya estaba renunciado o desplazado y Adorni se apura con ese posteo que dice ‘Diego Kravetz nuevo subsecretario de inteligencia’”.

“En ese momento no existía y sigue sin existir la subsecretaria de inteligencia. De hecho, no existía el organigrama de inteligencia que, según pudimos saber ayer, recién estuvo finalizado la semana pasada y aun no se notificó a la Bicameral”, denunció.

Paulon informó: “En ese contexto aparecen dos videos que vienen a sumar a otras tres situaciones que objetamos que lo muestran a Kravetz como subsecretario o viceministro de la Ciudad de Buenos Aires tomando justicia por mano propia, incluso por sobre subordinados suyos”. El diputado hace referencia a la denuncia contra el funcionario por haberle pegado una cachetada a un presunto menor que había sido detenido en el supuesto robo su hijo.

“Vemos en tres hechos de cuando él era secretario de seguridad y por eso hay objeciones en su nombramiento en dos sentidos: el proceso de nombramiento y las dudas de que él sea idóneo y tenga el temple y capacidad para llevar adelante una tarea tan importante en un área tan sensible”, fundamentó.

“Recién el lunes pasado nos enteramos que el cargo para el que se designó a Kravetz se llama Director Coordinador de Inteligencia y va a tener a cargo tres de las cuatro agencias que se crearon en el marco de los DNU y esta comunicación no llegó porque en la reforma de DNU se corre a la Bicameral y al Senado del proceso de selección, pero se sigue obligando a la notificación fehaciente”, explayó.

El diputado socialista denunció que “esta comunicación fue muy de apuradas porque ayer se reunió la comisión y forzamos los tiempos del Gobierno y se comunicó oralmente a los miembros de la comisión que ya se había designado a Kravetz y estaba el organigrama. A partir de ahora cuando lleguen las notificaciones formales por expedientes la comisión va a poder analizar los antecedentes que presentamos ayer más otros que quedaron en acercar”.

“La Comisión puede emitir dictamen de rechazo a la designación de Kravetz que no es vinculante, pero es una voluntad institucional del Congreso de recuperar prerrogativas que tenía y esto se puede llevar al recinto y en caso de votarse en ambas cámaras claramente debiera quedar afuera”, planteó.

Así, adelantó que pedirán a la Bicameral que se reúna para tratar con “urgencia” los DNU. De lo contrario, lo solicitarán el 1ero de marzo cuando se abran las sesiones ordinarias. “No porque el Gobierno no tenga derecho a definir su estructura de inteligencia, pero eso tiene que ser por ley en un área tan sensible en un país que tuvo dos atentados terroristas, donde la inteligencia no debiera ser para carpetazos ni financiar fake news o granja de trolls, sino para proteger y hacer las tareas que se tienen que hacer”, aclaró.

“Es un tema demasiado sensible como para que se tomen decisiones sin el conjunto de los distintos poderes del Estado y sacarlo de la opacidad. Nos preocupa enormemente y celebramos que la comisión se haya reunido con una presencia casi de la totalidad de los miembros de la comisión. Eso habla de la preocupación que genera esto y tengo confianza en que, si la comisión logra finalmente emitir ese dictamen, aunque no llegara al recinto el Gobierno va a rever esta designación”, se mostró optimista Paulon.

Y remató: “Acá hay un manejo muy opaco de parte del Gobierno y no es casual que estas áreas estén bajo la injerencia de Santiago Caputo”.

El diputado nacional Esteban Paulon (PS) presentó un proyecto para que el secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, informen sobre los despidos y pase a guardias pasivas de trabajadores de la CONADEP y del Centro Cultural Haroldo Conti.

"La lucha por los derechos humanos es una responsabilidad colectiva que debe permanecer activa para proteger la memoria y promover una sociedad más justa y equitativa. Rechazamos enérgicamente el cierre de la CONADEP y del Centro Cultural Haroldo Conti, así como cualquier recorte en la Secretaría de Derechos Humanos, estamos convencidos que la defensa de la memoria y los derechos humanos debe ser una prioridad innegociable", fundamentó el legislador miembro de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías.

El Centro Cultural Haroldo Conti difunde y promueve la cultura, la educación y los derechos humanos a través de actividades que abarcan cine, música, teatro, danza, literatura y artes visuales, "este centro preserva la memoria, sino que también educa a nuevas generaciones sobre los derechos humanos y la importancia de la justicia social", explicó el diputado del PS.

También informó que el Archivo Nacional de la Memoria constituye una herramienta esencial para la investigación y documentación de las víctimas del terrorismo de Estado, contiene información vital sobre los legajos de la CONADEP y el Registro de Desaparecidos y Fallecidos (REDEFA), y sirve como base de datos para futuras investigaciones y procesos judiciales.

"Es necesario garantizar la continuidad de estos trabajadores que desempeñan un papel fundamental en la promoción de los derechos humanos y en la investigación de las violaciones cometidas durante los oscuros períodos de nuestra historia, su continuidad es crucial para asegurar que las atrocidades cometidas no sean olvidadas y para mantener un registro actualizado y accesible de las víctimas y sus historias", finalizó Paulon.

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein fueron citados este miércoles 8 de enero a la reunión de la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, la cual es presidida por el senador radical Martín Lousteau. Esto viene luego de la presentación de una nota en donde manifestaron su preocupación por la designación de Diego Kravetz en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) luego de que haya sido denunciado por haber golpeado a un menor en la vía pública.

Kravetz, quien en el último año fue secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, fue denunciado por haber pegado una cachetada a un menor de edad en el marco de una detención en la vía pública. El hecho quedó registrado por una cámara de seguridad con fecha del 17 de octubre pasado. El nombramiento de Kravetz aún no fue oficializado por el Boletín Oficial, pero sí anunciado por el vocero presidencial Manuel Adorni.

“El temperamento que conocimos en los últimos videos viralizados de Diego Kravetz, golpeando a una persona detenida nos hace dudar de su integridad para tomar decisiones”, manifestó el diputado santafesino, quien agregó que "la designación nos interpela y necesitamos conocer sus competencias, cuál será su cargo específico porque es un puesto de toma de decisiones sensibles para todos los argentinos”.

SIDE: EL MIÉRCOLES TENEMOS UNA CITA

Ante las dudas en torno al nombramiento de Diego Kravetz en la SIDE, y los videos violentos del funcionario, realizamos un pedido a la Comisión Bicameral de Inteligencia para que tome acción.
El 8/1 a las 16hs. concurrimos al @SenadoArgentina pic.twitter.com/hmIqviAoDf

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) January 6, 2025

Asimismo, Paulón destacó que “a raíz del pedido que solicitamos, Lousteau hizo una rápida convocatoria para analizar en conjunto de qué manera la comisión puede involucrarse y actuar frente a lo que planteamos con absoluta preocupación”. Cabe remarcar que las reuniones de la Bicameral de Inteligencia son de carácter reservado, por ende, no son transmitidas.

En la nota que Fein y Lousteau presentaron la semana pasada, habían remarcado que “es fundamental que se arbitren los medios necesarios de modo de garantizar que quienes conformen los organismos del sistema de inteligencia nacional, y en particular quienes detenten los cargos de máxima responsabilidad, cuenten con elevados estándares de idoneidad y una trayectoria transparente, de apego a las normas democráticas y respeto a los derechos humanos”.

A través de una nota dirigida a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein solicitan que esa comisión, que preside el senador Martín Lousteau (UCR), “arbitre las medidas pertinentes en el marco de la legislación vigente respecto a varias cuestiones, entre ellas los hechos de agresión presuntamente perpetrados contra un adolescente mientras se desempeñaba en el cargo de secretario de Seguridad del Gobierno de la CABA y que son materia de investigación en sede penal”, tal como lo señaló Paulón, quien además recuerda que “aún no fue oficializado su nombramiento en el Boletín Oficial”.

El legislador socialista sostuvo que “la gravedad de las imágenes difundidas y la existencia de una causa penal en curso, tienen la entidad suficiente como para comprometer su idoneidad e integridad, de acuerdo con los estándares democráticos que deben exigirse a las máximas autoridades de un área tan sensible y que concentra altísimos niveles de poder. Ello requiere la intervención de oficio por parte de la Comisión Bicameral”.

En la misiva se señala la necesidad de esclarecer varios aspectos en torno a esta designación, entre ellos el hecho que, conforme lo expresado en el anuncio del vocero presidencial, no es posible identificar el cargo asignado a Kravetz en el marco de la estructura orgánica del Sistema de Inteligencia Nacional creada por el Decreto de Necesidad y Urgencia 614/2024, ya que no existe formalmente el cargo de subsecretario de Inteligencia del Estado a través del cual ejercería como número 2 de Sergio Neiffert y estaría a cargo de coordinar las operaciones de las cuatro agencias de inteligencia, que reporta directo al secretario de Inteligencia del Estado, tal como fuera presentado.

Además, para Paulón “la Comisión Bicameral se encuentra ampliamente facultada para intervenir de oficio y debe hacerlo con carácter urgente, máxime cuando se encuentran comprometidas las calidades que hacen a la integridad, idoneidad, el apego a las normas del Estado de Derecho y a los valores democráticos que requiere ineludiblemente el ejercicio del cargo. Y es responsabilidad de la Comisión indagar y eventualmente echar luz sobre estos hechos, sin que ello implique un escrutinio sobre la eventual responsabilidad penal del funcionario, sino sobre una situación que pone en juego su idoneidad para el cargo”.

“En efecto, la actual situación de Kravetz ‘en las sombras’ -no está claro si ya se encuentra ejerciendo las responsabilidades como segunda autoridad en un escalafón que no existe en el organigrama de la SIDE-, resulta sumamente preocupante porque tendría a disposición herramientas que le permitan obstaculizar cualquier tipo investigación. Más si se tiene en cuenta que la reestructuración impulsada por el Poder Ejecutivo profundiza el sostenimiento absoluto del secreto de las actividades de inteligencia y la habilitación para que estos organismos se inmiscuyan en ámbitos privados sin controles adecuado”, concluye el diputado de Santa Fe.

Los diputados socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de declaración a través del cual piden declarar “insanablemente nulo” el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 1112/2024, Sistema de Defensa Nacional, publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre pasado.

En el mismo, Paulón señala que “desde el PEN, tanto a través del presidente de la Nación como desde los ministerios de Defensa y de Seguridad, se vienen pronunciando acerca de la supuesta necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan un mayor involucramiento en materia de seguridad en el “combate” de las nuevas amenazas y desafíos actuales a los cuáles se enfrenta nuestro país. En ese sentido, “lo que se busca mediante el presente decreto es habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en el esquema de Seguridad Interior”, sostiene el proyecto.

“Desde distintos sectores venimos sosteniendo la importancia de fortalecer la demarcación nítida entre defensa exterior y seguridad interior surgida de acuerdos democráticos entre distintos sectores de la sociedad civil, así como multipartidarios, tras la recuperación democrática”, sostiene Paulón, para quien “la no intervención castrense en la seguridad pública constituyó un pilar del sistema”. Y agrega: “Debemos tener presente que la participación de las FF.AA. en cuestiones de Seguridad Interior está expresamente vedada por la ley, la cual delimita con precisión el rol de las mismas y circunscribe su ámbito de injerencia a la Defensa Nacional”.

El texto expresa que “bajo el marco normativo que busca implantar el Gobierno nacional sería lógico pensar en una intervención de las FF.AA. en la zona de Vaca Muerta ante un conflicto por la propiedad de las tierras; así como también sería esperable pensar que los militares efectúen rastrillajes en zonas urbanas con el supuesto objetivo de buscar integrantes de organizaciones terroristas o de narcotráfico extranjeras”.

El diputado concluye destacando que “estamos convencidos que el decreto expresa una inconstitucionalidad manifiesta, y por ello es que solicitamos su declaración de nulidad. Es la propia Constitución Nacional la que establece en su artículo 75 inciso 27 que es atribución exclusiva del Congreso de la Nación fijar las fuerzas armadas  y dictar las normas para su organización y gobierno en tiempo de paz y guerra”.

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein, socialistas de Santa Fe que integran el bloque multisectorial Encuentro Federal, presentaron un proyecto de declaración donde manifiestan su “enérgico” rechazo a la resolución 1094/2024 del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) por la cual elimina la obligación de incluir señales de contenido informativo federal en las grillas de televisión privadas.

Dentro de los fundamentos, señalaron que esta medida “refuerza la posición dominante de los grandes grupos que concentran tanto la generación de contenidos como su distribución, con la posibilidad de decidir arbitrariamente qué señales incluir en sus grillas y cuáles excluir”. Por otro lado, afirmó que “perjudica a los operadores locales de pequeña escala”.

COMUNICACION FEDERAL, TE LA DEBO 👋

La Resolución 1094 @ENACOMArgentina busca acallar voces federales que reflejan realidades de cada rincón del país y representan un riesgo para miles de puestos de trabajo en las provincias y el ejercicio pleno de la libertad de expresión 🧵 pic.twitter.com/DIjCIviVJB

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) December 23, 2024

En el proyecto mencionan a Juan Martín Ozores, interventor del Enacom, y advirtieron que "esto afecta particularmente a emisoras de contenido local y regional, cableoperadores locales de menor escala, y a los pueblos del interior del país, en lo que representa un retroceso en materia de pluralidad informativa, diversidad cultural y desarrollo sociocultural y federal para la sociedad argentina".

Del mismo modo, añadieron: “Con la nueva desregulación se deja sin efecto una norma que pretendía asegurar que las señales más relevantes en términos formativos, culturales, informativos y locales tengan acceso equitativo a la distribución de contenidos, a través de la imposición de la obligación de garantizar que así sea a los servicios de televisión por suscripción, con independencia de la tecnología que utilicen los titulares de los mismos”.

“Ello impacta en perjuicio de las producciones locales, el desarrollo de las identidades culturales de cada región y el fortalecimiento del federalismo, y atenta contra la pluralidad y diversidad informativa”, concluyó el proyecto de ley impulsado por los socialistas santafesinos.

Tras la expulsión del Senado de Edgardo Kueider que se votó este jueves en sesión, el bloque Socialista en la Cámara baja presentó un proyecto solicitando la interpelación de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para que brinde explicaciones con relación a “varios aspectos e irregularidades vinculadas a los hechos que involucran” al entrerriano detenido en Paraguay.

“Necesitamos que explique su sincericidio público, afirmando sobornos y compra de votos en ambas cámaras legislativas. También que dé detalles de cuáles son los controles en la frontera y cada una de las irregularidades vinculadas al suceso en torno al senador Kueider”, expresó el diputado nacional Esteban Paulón.

Cabe mencionar que previo a su detención con la suntuosa cifra en dólares sin declarar, el entonces senador Kueider, ya había cruzado cinco veces la misma frontera: “Estos viajes ‘relámpago’ de dudosa habitualidad dan indicios de un ‘modus operandi’”, manifestó el diputado.

El legislador socialista definió como “frágiles y permeables” a los operativos de control en pasos fronterizos por parte de Gendarmería Nacional. “Esta cadena de hechos no hacen otra cosa que exponer una gestión ineficiente del Ministerio de Seguridad”, concluyó Paulón.

En el proyecto solicitan información sobre “la fragilidad y permeabilidad de los operativos de control en pasos fronterizos por parte de Gendarmería Nacional, que ha quedado al descubierto a partir de las investigaciones preliminares sobre la ruta del dinero, la recurrencia de los viajes y la habitualidad de los cruces de frontera por parte de los imputados”.

“Las acciones con enfoque preventivo que se estarían llevando adelante en la frontera argentina por parte de las fuerzas de frontera.  La gravedad institucional que revisten las declaraciones de la ministra en torno a la presunta procedencia del dinero en poder del exsenador y sus afirmaciones acerca de la existencia de sobornos y compra de voluntades para la sanción de leyes en el Congreso”, agrega.

En el marco del Día Mundial de lucha contra el SIDA desde la Cámara de Diputados se lanzó la plataforma global sobre VIH y SIDA, espacio transversal de 40 legisladores que trabajarán mancomunadamente junto a ONUSIDA y la sociedad civil para garantizar una respuesta integral.

"Ante el recorte presupuestario que afecta la respuesta integral al VIH y el cumplimiento de la Ley 27675, y con el impulso de ONUSIDA, 40 diputados nacionales hemos conformado la Plataforma parlamentaria sobre VIH y SIDA, capítulo argentino de una iniciativa global", manifestó el socialista Esteban Paulón, quien es fundador de la plataforma a nivel global.

Son parte de la plataforma legisladores de los bloques Unión por la Patria, Partido Socialista, Encuentro Federal, La Libertad Avanza, Unión Cívica Radical, Democracia para Siempre, MID, Innovación Federal y el Pro.

Desde que se declararon en el mundo los primeros casos de VIH hace más de 40 años, 78 millones de personas han contraído el VIH y 35 millones han muerto por enfermedades relacionadas con el sida.

En nuestro país actualmente se estima que 140.000 personas viven con el VIH de las cuales cerca del 80% accede a los tratamientos antirretrovirales, y 4.200 personas se diagnostican con VIH cada año.

Gran difusión y críticas tuvo este fin de semana el fideo de un acto libertario celebrado en un teatro de San Miguel, donde tomaron parte figuras como el Gordo Dan, Agustín Romo y Agustín Laje, en el que al hacer uso de la palabra, el primero de ellos, cuyo nombre verdadero es Daniel Parisini, presentó a la agrupación “Las Fuerzas del Cielo” como “el brazo armado de La Libertad Avanza”.

En ese acto había pancartas con consignas tales como “Propiedad”, “Libertad”, “Vida”, “Patria” y “Familia”.

Las imágenes se viralizaron y generaron reacciones de parte de legisladores como Maximiliano Ferraro, quien advirtió que “pronto aparecerán los demócratas semi leales para sermonear con frases como ‘no es tan grave’, ‘tienen una psicología especial’ o ‘el fin justifica los medios’”.

“Si aún no terminamos de entender, les recuerdo lo que Steven Levitsky y Daniel Ziblatt plantean en ‘La Dictadura de la Minoría’ sobre este tipo de demócratas: ‘Los semileales actúan con más ambigüedad. Lo suyo es nadar y guardar la ropa. Aseveran su apoyo a la democracia, mientras hacen la vista gorda con la violencia o el extremismo antidemocrático””.

“Los demócratas semileales niegan o relativizan los actos violentos o antidemocráticos. A veces culpan de las agresiones o de operaciones de falsa bandera. Puede que minimicen la importancia de proceder antidemocrático, que se salgan por la tangente cuando los critican acusando de conductas similares o peores al bando opuesto, o en cualquier caso, justifiquen o consientan estas conductas. Con frecuencia, los semileales quieren tenerlo todo. Manifiestan su desacuerdo con la manera de proceder de los autores de los hechos, mientras que simpatizan con sus fines, o simplemente permanecen en silencio ante ataques violentos contra la democracia”, sigue el texto, a lo que Ferraro agregó: “Más claro, imposible”.

Por su parte, el diputado nacional Esteban Paulon reclamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomar cartas en el asunto. “Esta declaración intimidatoria de ‘Las Fuerzas del cielo’ no merece una investigación por instigación a la violencia o terrorismo urbano?”, le preguntó, advirtiéndole: “Ponga en caja a sus matones”.

“Argentina es un país en paz, con una sociedad democrática”, concluyó.

Ministra @PatoBullrich
Esta declaración intimidatoria de "Las Fuerzas del cielo" no merece una investigación por instigación a la violencia o terrorismo urbano?
Ponga en caja a sus matones.
Argentina es un país en paz, con una sociedad democrática. pic.twitter.com/ZaYCcdFVKb

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) November 17, 2024

Por su parte, el legislador porteño de la Coalición Cívica Hernán Reyes sostuvo que “el Gordo Dan y su séquito están desesperados por colarse en las listas de la Libertad Avanza. Como se sienten usados y ninguneados, no se les ocurre nada mejor que declararse el ‘brazo armado’, un relato tan peligroso como insostenible. Aunque ya van a salir a explicar que sus armas son otras, es triste ver cómo juegan con fuego sin tener idea de las consecuencias. La irresponsabilidad no es libertad. Al final, no pasan de ser actores de una pantomima mal hecha, pero eso no quita que quienes defendemos la democracia de verdad lo rechacemos con toda nuestra fuerza y sin peros”.

El jefe del bloque Unión por la Patria, Germán Martínez, recordó haber dicho hace un tiempo por A24 que “esto es fascismo”, al referirse al Gobierno. “Hannah Arendt diría que esto es fascismo”, agregó entonces, e insistió: “Yo te lo estoy diciendo desde el punto de vista de la ciencia política. Esto es fascismo; después te puede parecer que es mucho… Para mí, esto es fascismo”, dijo, y agregó: “Estoy cansado de la crítica edulcorada de muchos a Javier Milei”.

Y agregó este domingo, a propósito de las imágenes y los dichos en el acto libertario: “Lo dije hace un tiempo en TV y hoy queda más claro que nunca: son FASCISTAS”.

“El repudio de las fuerzas políticas ya no alcanza. La justicia tiene que actuar de forma urgente. Basta de subestimar la violencia de Milei y su gente. Hay que actuar AHORA. Dentro de poco, puede ser tarde”, advirtió.

El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) presentó dos proyectos de ley sobre gestación solidaria elaborados junto a la Federación Argentina LGBT+, que tienen por objeto dar un marco legal a esta práctica, el cual contó con el apoyo de diputados de diferentes bloques.

“La gestación solidaria se viene realizando en nuestro país desde hace varias décadas, y tiene entre 300 y 400 familias que accedieron a este derecho, dentro de las cuales se encuentran personalidades reconocidas de los ámbitos cultural, deportivo y político de nuestro país”, argumentó.

Las iniciativas presentadas vienen a dar respuesta y brindar seguridad jurídica a esta práctica, y a la vez, garantizan los derechos de todas las personas involucradas -gestantes, progenitores, bebés- y las responsabilidades de todos los efectores que intervienen -médicos, clínicas, agencias, obras sociales, Estado-.

“Las mismas recogen los mejores estándares internacionales y la experiencia de más de siete años de inscripciones administrativas incuestionables en la ciudad de Buenos Aires, que le permitieron a más de 150 personas con dificultades para gestar, cumplir un sueño que parecía imposible: formar una familia”, explicó.

Una de las iniciativas promueve una reforma del Código Civil para modificar aquellas redacciones que han obstaculizado la gestación solidaria, y a su vez, brinda respuesta a situaciones no resueltas en el Código Civil actual: Inseminaciones sin intervención médica, los casos de múltiples filiaciones y a la registración estatal del consentimiento informado.

El otro proyecto establece un régimen para la gestación solidaria, para la cual se establece un procedimiento administrativo simple, objetivo y seguro. También tiene el propósito de evitar situaciones de trata, abuso y extorsiones que pueden ocurrir en ésta, como en cualquier otra actividad.

Por otra parte, establece un régimen transitorio para reparar las violaciones a los derechos humanos de gestantes, niñas, niños y sus familias que por omisión o negligencia de las/os operadores judiciales del Estado padecieron criminalización, tratos crueles y degradantes, y padecieron privaciones a sus derechos.

De esta manera, se brinda una reparación integral para aquellas personas que "hoy son rehenes de la cruzada medieval de parte del Poder Judicial en contra de la gestación solidaria, iniciada a partir del cambio de gobierno".

En vísperas de la sesión especial que contempla, en el temario, al proyecto de ley de reforma al marco normativo de los decretos y el DNU 486­/24 que permite el canje de deuda sin pasar por el Congreso, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal – Santa Fe) confirmó que habrá quórum y reafirmó que están los votos para avanzar con ambos textos.

A través de una publicación en X, el representante de Socialismo santafesino en Diputados se refirió a las versiones periodísticas que hablan de una estrategia del Gobierno nacional para truncar el encuentro de este martes en el recinto: “Para quienes tienen dudas, mañana SI habrá quorum y media sanción para la ley que modifica los DNU”.

Para quienes tienen dudas, mañana SI habrá quorum y media sanción para la ley que modifica los DNU 💪
Esta ley NO es un intento desestabilizador, sólo persigue devolver equilibrio y roles a las instituciones de la República 🏛️
Vamos por más y mejor #democracia ❤️ https://t.co/lhOfwjfTnj

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) November 11, 2024

Del mismo modo le mandó un mensaje al jefe de Estado: “Esta ley no es para Javier Milei y no es contra ningún gobierno”, sino que “es para fortalecer la división de poderes en el mediano y largo plazo”, remarcó Paulón.

En tal sentido, amplió que los proyectos del temario de la sesión “no pretende desestabilizar a nadie, sino devolver el equilibrio a la República y brindar mayor seguridad jurídica que es lo que necesita el país para atraer inversiones que generen desarrollo y empleo”.

Para ello, destacó que su espacio político se opuso a gobernar vía DNU, desde la reforma constitucional de 1994; y recordó que desde el 2007 el PS presenta proyectos para modificarlos, planteado que “son un desequilibrio inadmisible para la democracia. Los DNU ofrecen más facilidades para dictar leyes, que pasando por el Congreso”.

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto de ley que establece la obligatoriedad para que los consejeros presidenciales presenten declaración jurada patrimonial. En los fundamentos mencionan a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.

La iniciativa plantea incorporar al artículo 1ro. de la Ley 25.188 de Ética Pública dos párrafos. “Se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados".

En tanto, "cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.

Además, se busca sumar un inciso al artículo 5 de dicha ley, para que "todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público” queden obligados a presentar una declaración jurada patrimonial.

Los diputados consideraron que "es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no". "No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública", agregaron.

En los fundamentos, los legisladores del Partido Socialista apuntaron "un caso de resonancia institucional enorme" cuando en el Senado se recibió la declaración del postulante a la Corte Suprema de Justicia Manuel García-Mansilla. "Fue él mismo quien refirió que su cargo le fue ofrecido por una persona en ejercicio de la función pública pero sin designación específica para los roles que desarrolla y sin haber presentado, previamente, su declaración jurada por no ser requerible según interpretación de la propia Oficina Anticorrupción", señalaron.

"Sumado a ello, en fecha 21 de octubre del corriente año, en la entrevista al expresidente Mauricio Macri y transmitida por La Nación +, refirió que 'Javier Milei le cedió casi el manejo absoluto del gobierno' a Santiago Caputo -consultor nivel II-", resaltaron Paulón y Fein.

Para los impulsores de la iniciativas, estas "modificaciones y aclaraciones que promovemos son con el objeto del fortalecimiento del sistema democrático, del control de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos que desempeñan tareas de alta dirección en su ámbito de actuación y con la necesidad de escrutinio público permanente".

"Las modificaciones normativas planteadas aquí confluyen hacia la idea de fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción. Al establecerse de manera expresa quiénes son los funcionarios que deben cumplimentar con los requisitos inherentes a su función en el ingreso y, luego, a su salida, permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el ejercicio funcional del Estado dentro del esquema normativo actual, con la OA dentro del Poder Ejecutivo", completaron.

Denuncian que en el marco de un seminario organizado por Jefatura de Gabinete las islas fueron borradas de un mapa publicitario del RIGI. Ante esta situación, el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón presentó un proyecto donde solicita información al Gobierno nacional. “Es una vergüenza que en su afán de conseguir inversiones extranjeras, que no llegan al país por la falta de confianza, el Gobierno tire por la ventana la causa Malvinas, cuyo reclamo de soberanía es irrenunciable tal lo establece nuestra propia Constitución. Es otra muestra de un gobierno alejado cada vez más del sentimiento nacional”.

Tal como trascendió a través de informaciones periodísticas, el último miércoles, en el marco de un seminario convocado por la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de la Nación, se presentó ante casi un centenar de diplomáticos de distintos países el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI). Allí, se mostró un mapa de la Argentina sin las Islas Malvinas e islas del Atlántico Sur. El titular de la Secretaría, presente en el encuentro, fue José Luis Vila.

“La impresión de este mapa de Argentina sin las Islas Malvinas para supuestamente no 'ofender' a inversores extranjeros, muestra claramente un eslabón más en una cadena de situaciones de abandono de la causa Malvinas por parte del Gobierno de Javier Milei, incluyendo la reciente autorización de la canciller Diana Mondino a los vuelos a las Islas”, concluyó el legislador de Encuentro Federal.

En los incidentes del miércoles pasado en las afueras del Palacio Legislativo cuando la Cámara baja ratificaba el veto presidencial de Javier Milei a la Ley de Movilidad Jubilatoria un efectivo policial le arrojó gas pimienta en los ojos a una niña de 10 años. Por esto, los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein solicitaron interpelar a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

El pedido de los legisladores santafesinos, a través de un proyecto de resolución, es para que la funcionaria explique en detalle el operativo policial llevado adelante el día 11 de septiembre, que terminó en “represión” y que arrojó como resultado a una niña que recibió el impacto directo del gas pimienta utilizado por las fuerzas de seguridad.

Por otro lado, los diputados socialistas se refirieron a la difusión de videos “falsos” por los que desligaban de responsabilidad a las fuerzas de seguridad y acusaban a la madre de la niña. Por todo eso, exigieron que aporte quienes aportaron ese material audiovisual dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Este tipo de hechos no pueden ser permitidos ni tolerados en democracia. Tenemos la obligación constitucional de bregar por los derechos de los niños garantizando, entre otras cuestiones, su integridad física. Además, la distribución de información falsa por parte del Gobierno Nacional no hace más que atentar contra los principios republicanos, la transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, la libertad de prensa, entre otros”, aseveraron en la iniciativa.

Después de 23 años, los argentinos volvimos a tener un piloto en la Fórmula 1 y el día de su debut en Monza la gran mayoría se desayunó con que la televisación no era abierta, sino que la daba un canal de cable que además tiene codificada su visualización.

Fue por eso que a través de un proyecto de declaración, el diputado del Partido Socialista Esteban Paulón solicitó al Poder Ejecutivo Nacional instrumentar “las medidas necesarias para permitir la transmisión en vivo y directo, en todo el país, de manera abierta y gratuita, de las carreras restantes de la temporada 2024 de Fórmula 1 Internacional, en las cuales se desempeña el argentino Franco Colapinto”. Esto debería hacerse “en cumplimiento de lo establecido por la Ley N°26.522 de Comunicación Audiovisual".

“En efecto -señala Paulón-, la ley faculta al Gobierno a que las transmisiones deportivas con representantes argentinos sean transmitidas a través de la TV Pública, más allá de los derechos que posean empresas privadas. Receptamos las quejas de miles y miles de fanáticos del automovilismo que después de tantos años podemos ver a un compatriota en la máxima categoría”.

El legislador socialista destaca en suproyecto la pasión de los argentinos por el automovilismo en general, potenciada en este caso por ver a un compatriota en la máxima categoría mundial.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución, mediante el cual expresa el "más enfático rechazo" a las manifestaciones del presidente Javier Milei, quien durante una entrevista en el canal LN+ (emitida el 2 de septiembre) sugirió que como condición para brindar conferencias de prensa enviaría una ley al Congreso para que los periodistas sean declarados personas políticamente expuestas y presenten una declaración jurada de bienes a los efectos de que “puedan ser sometidos al escarnio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.

Para el legislador de Encuentro Federal, esto representa "una concreta amenaza a quienes ejercen un rol fundamental para el sistema democrático, incumpliendo con la obligación constitucional de garantizar la libertad de expresión, tanto en su nivel individual como en su dimensión colectiva".

En la iniciativa, acompañada por su par Mónica Fein, el santafesino resaltó que "la libertad de informar, en particular la que se refiere a asuntos de interés público, cumple una función esencial para el control de la actividad de los órganos públicos, el debate democrático, la participación ciudadana en la cosa pública, el combate de la corrupción, en fin, para garantizar el instituto de una opinión pública libre y plural".

"El periodismo es la manifestación primaria y principal de la libertad de expresión en nuestras sociedades. La obligación del Estado es la de propiciar un entorno seguro, sin riesgos, para la libertad de prensa", añadió en este sentido.

Paulón subrayó que "desde el inicio de la gestión del gobierno de Javier Milei periodistas, medios de comunicación y trabajadores de prensa en general han sido foco de hostigamiento, señalamiento y campañas de desprestigio y agresión verbal por parte del presidente y sus funcionarios de gobierno, ya sea en las escasas entrevistas que otorga a medios o comunicadores afines, comunicados oficiales, las ruedas de prensa del vocero presidencial o publicaciones a través de redes sociales".

"Estas actitudes se han vuelto habituales por parte de un presidente de la Nación que no tolera la mínima crítica o disidencia, desacredita y califica de excremento a quienes no comulgamos con sus ideas o aspiramos a un modelo de país que se encuentra en las antípodas de su pensamiento dogmático, no admite el pensamiento crítico y pretende imponer una única voz. Pero tratándose de un ataque manifiesto y sistemático al ejercicio de la libertad de expresión y de prensa, la intolerancia gubernamental adquiere una dimensión aún mayor en una sociedad democrática", apuntó.

En los fundamentos del proyecto, el diputado mencionó que "de un total de 108 casos registrados de ataques a periodistas en lo que va del año, según informa FOPEA en su monitoreo permanente, 1 de cada 3 (29%) tienen como agresor al presidente de la Nación". Estos datos también se revelaron durante la última reunión de la Comisión de Libertad de Expresión.

"La gravedad de las continuas manifestaciones agraviantes y cercenatorias del libre ejercicio de la labor periodística y la pluralidad de voces por parte de quien reviste la investidura presidencial requieren que esta Honorable Cámara se exprese de manera firme y contundente. Es de suma trascendencia que este Cuerpo reafirme el compromiso con las responsabilidades asumidas en materia de derecho internacional de los derechos humanos y la defensa de un modelo de sociedad democrática justa e igualitaria", concluyó en sus argumentos.

El bloque socialista en Diputados, encabezado por Esteban Paulon y Mónica Fein, presentaron un pedido de informes ante la Cámara baja solicitándole a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que brinde información sobre la fuga de Germán Kiczka, el legislador misionero que tiene pedido de captura internacional por pedofilia.

La iniciativa pide saber qué participación han tenido o tienen las fuerzas federales en los operativos para la captura del diputado provincial; qué medidas han adoptado las fuerzas federales en relación a controles fronterizos para evitar la salida del mencionado legislador provincial del país; qué participación tienen las fuerzas federales en los operativos de búsqueda  activos en especial en zonas de frontera; y si se ha comunicado o no a las instancias internacionales (Interpol, fuerzas de seguridad de los países del Mercosur entre otras) acerca del pedido de detención dictado por el juez de Instrucción de Apóstoles, Miguel Faría.

“Los estrechos y profusos vínculos de Kiczka con funcionarios nacionales (entre los que se cuentan reuniones de trabajo con el Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional Eduardo Serenellini, y la Diputada misionera de La Libertad Avanza Florencia Naiara Klipauka Lewtak, siembran un manto de dudas sobre posibles acciones de encubrimiento que podrían facilitar la salida del país del diputado provincial”, alertan entre los argumentos.

Así, advierten que “estos vínculos, y la clara capacidad que tiene el legislador para contar con recursos que le permitan profugarse, exigen una acción clara y decidida de las fuerzas federales en el control de las fronteras en Misiones, en especial en la región de la triple frontera, límite poroso que podría facilitar la evasión del acusado”.

La polémica de la jornada olímpica de este jueves estuvo marcada por el episodio vivido en un combate de boxeo femenino en el que la argelina Imane Khelif venció a la italiana Angela Carini, que se retiró a los 46 segundos del primer round. Inmediatamente se abrió la gran polémica, por cuanto la ganadora ya había sido descalificada del campeonato mundial de boxeo de 2023, al no pasar un análisis de elegibilidad de género.

El presidente Javier Milei reaccionó inmediatamente en las redes sociales con este mensaje: “A ver boluprogres. Vengan a explicar esto... Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate”.

“Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad... Si seguía la mataba...”.

A ver boluprogres. Vengan a explicar esto...
Cuando se les marca las estupideces con argumentos responden poniendo todo tipo de etiquetas que buscan cancelar el argumento que los rebate.
Después aparece la realidad que los expone frente a su imbecilidad...
Si seguía la mataba... https://t.co/Jlq718QtfV

— Javier Milei (@JMilei) August 1, 2024

Lo cierto es que la causa de su eliminación en el campeonato mundial fueron sus elevados niveles de testotesterona, y el tema abrió un gran debate en torno a la participación deportiva de atletas hiperandróginas: esto es, mujeres que presentan elevados niveles naturales de testosterona. Son casos excepcionales en los que una mujer genera una concentración superior de hormonas masculinas, de ahí que los organismos deportivos busquen establecer reglas específicas para mantener la equidad y los derechos.

Quien reaccionó ante los dichos presidenciales fue el diputado nacional socialista Esteban Paulón, quien escribió en su cuenta de X: “El ENERGÚMENO que tenemos de Presidente se sube a una fake news para esparcir odio hacia el colectivo trans. La boxeadora que noqueó a otra NO es trans, es una mujer cisgénero con una condición endocrina particular”.

Y cerró: “Pero para que sirve la verdad? Si es un mentiroso serial”.

El diputado socialista Esteban Paulon presentó un proyecto de resolución para solicitar la presencia del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, en el Congreso para “dar explicaciones y presentar un plan de cultura”. Caso contrario, el legislador exigió que “renuncie” a su cargo en el Ministerio de Capital Humano.

“Lo único que ha hecho desde que asumió es perseguir al arte y a la cultura. Se focalizó en cerrar importantes instituciones, que las salvaron los senadores con modificaciones en la Ley Bases”, aseveró el legislador de Santa Fe. Del mismo modo, cargó que el Gobierno Nacional "vía desfinanciamiento y censura intentan terminar con la cultura y es gravísimo”.

Para Paulon, la cultura “es lo que nos proyecta a nivel internacional y nos permite crear una memoria colectiva”. En tal sentido, sentenció que el funcionario “venga a dar explicaciones, a presentar un plan cultural y si no lo tiene, que renuncie”.

@EstebanPaulon pidió citar a @DiputadosAR al Secretario de Cultura de Nación, Leonardo Cifelli. “Lo único que hizo desde que asumió es perseguir al arte y a la cultura. Se focalizó en cerrar importantes instituciones, salvadas por los senadores con modificaciones en la Ley Bases" pic.twitter.com/hTI6jUbcPC

— DiputadosPS (@BloqueDipPS) July 30, 2024

El texto que impulsó lleva la firma de la diputada santafesina Mónica Fein, ambos pertenecen al bloque Hacemos Coalición Federal, y exige que Cifelli se presnte ante el Congreso para dar explicaciones sobre condiciones y requisitos para la utilización de salas de exposiciones, teatros y centros culturales que están bajo la órbita del Gobierno nacional.

De igual manera, pidió saber “cuáles son los lineamientos existentes acerca de los contenidos y temas que puede proyectarse”, y sumó: “¿Existe algún tipo de lineamiento acerca de los contenidos y temáticas autorizadas o vedadas?”.

Propone, también, que, en caso afirmativo, conocer “cuáles han sido los argumentos teóricos y análisis empíricos en que pretenden fundarse los criterios adoptados para condicionar o vedar contenidos y exhibiciones en espacios culturales públicos”.

El diputado nacional Esteban Paulon (Partido Socialista – Santa Fe) hizo un balance del país tras la sanción de la Ley Bases y planteó: “A Milei se le terminaron las excusas, ahora tiene que gobernar”, al tiempo que hizo un llamado a los legisladores para derogar el DNU.

En declaraciones con diferentes medios, Paulon expresó: “Al gobierno se le terminaron las excusas. Durante estos seis meses utilizaron al Congreso como una excusa por las dificultades que iba enfrentando, que entiendo son propias de la falta de gestión, del desconocimiento y del desinterés en que el Estado funcione”.

"Estaba la idea de ‘la casta no me permite gobernar’, ‘no me dan las herramientas’. Ahora que la ley está aprobada no hay más excusas”, planteó y cuestionó: “Tiene que gobernar y ver realmente si su plan estaba en lo correcto o era adecuado para este momento de Argentina. Yo creo que no”.

Además, el santafecino hizo un llamado a los legisladores: “A nosotros también se nos terminaron las excusas para derogar el DNU 70, que me preocupa muchísimo. Está vigente desde enero y permitió los 25.000 despidos en el Estado, la reestructuración de un montón de áreas estatales, la desregulación de obras sociales, Internet, mercado de alquileres, precios y tarifas”.

“Ahora al Congreso le toca recuperar su agenda legislativa. Con la aprobación de la Ley Bases, algunas de las resistencias más soft que había para derogar el DNU 70, caen y no estábamos muy lejos de lograr los 129 que necesitamos para derogarlo”, manifestó el socialista.

Por último, adelantó: “Después del receso de invierno va a haber una primera sesión el 7 de agosto, para tratar temas de seguridad, algún tema de tenencia de armas, lo del Banco de Datos Genéticos y algunos acuerdos internacionales, temas en los que ha habido mayoritariamente acuerdo en avanzar, y creo que ahí ya se empieza a cocinar una sesión donde tenemos que eliminar el DNU”.

Los diputados del PS Mónica Fein y Esteban Paulón, junto a Blanca Osuna (UP) y Pablo Juliano (UCR), presentaron un proyecto de declaración en el cual reafirman el “compromiso inquebrantable con el proceso histórico-político de Memoria, Verdad y Justicia construido por la sociedad argentina frente al plan criminal sistemático cometido por el Estado Argentino en la última dictadura cívico-militar entre 1976 y 1983. A su vez, exhorta a todos los sectores de la sociedad a mantener vigente la lucha por la verdad y la justicia, y a no permitir que se borre de la historia el legado de los horrores cometidos durante períodos oscuros de nuestra historia”.

La presentación se da en el contexto de que una comitiva de diputados de la Nación del bloque oficialista (La Libertad Avanza), se presentó en el penal de Ezeiza para reunirse con un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad, para analizar alternativas tendientes a evadir las sentencias judiciales.

“Queremos expresar nuestro más enérgico repudio frente a estos hechos -señala Paulón-. Velamos por proteger y promover los derechos humanos como pilar fundamental de una sociedad justa y democrática; la necesidad de repudiar cualquier forma de colaboración o apoyo a individuos que hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, como genocidas y la responsabilidad del Estado en asegurar que sus representantes electos actúen en consonancia con los principios éticos y legales que rigen una sociedad democrática”.

Por último, los diputados reafirman el “compromiso inquebrantable con la defensa de los Derechos Humanos y con la consolidación de una sociedad justa y equitativa para todos los ciudadanos”.

Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein del bloque Socialista presentaron un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Bioeconomía dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, proceda a la reapertura de la Oficina Villa Cañas (provincia de Santa Fe) del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

“Sin ningún fundamento técnico, el gobierno nacional decidió cerrar la Oficina de @SenasaAR en Villa Cañás, provincia de Santa Fe Es la oficina con más productores registrados que deberán trasladarse hasta 150 km para hacer un trámite”, denunció Paulon en su red social X.

Así, explicó que “en el marco de un proceso amplio de reestructuración, el SENASA efectuó un rediseño territorial que implicó el cierre de 20 oficinas en diferentes localidades del país, integrándolas a otras de cercanía”.

“Al analizar algunos datos objetivos, queda en evidencia que la decisión ha sido tomada por funcionarios que con total desconocimiento del territorio definen políticas a control remoto desde alguna oficina del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires”, apuntó.

Paulon argumentó que “el costo de mantenimiento de la oficina cerrada es casi nulo en relación a los beneficios de gestión que brinda a los usuarios. En este caso no pagaba alquiler ni otros gastos de mantenimiento ya que funcionaba en la sede de FUNCEFA (Fundación para el Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa)”.

Los diputados nacionales Esteban Paulon (PS), Nicolás Massot (HCF), Sabrina Ajmechet (Pro) y la secretaria parlamentaria de HCF, Alicia Ciciliani, recibieron a los expresos políticos nicaragüenses Juan-Diego Barberena y Tamara Dávila quienes expusieron sobre la delicada situación que se vive en ese país en medio de la dictadura de Daniel Ortega.

La visita se enmarcó tras la Cumbre de la OEA en la que por primera vez el país centroamericano no participó.

"En los últimos años el 20% de la población nicaragüense ha sido expulsada o ha emigrado. Hoy hay más de 140 presos políticos y recientemente se ha expatriado a tres obispos de la iglesia católica”, explicó el legislador socialista y planteó: “Es imperioso denunciar la situación de Nicaragua para que se recuperen los derechos civiles y la democracia”.

En Nicaragua rige un sistema de partido único que "se auto adjudica victorias electorales en procesos de votaciones poco transparentes y fraudulentos", explicó Paulón.

“Hay un deterioro grave de las personas, sus libertades y derechos civiles. Estamos trabajando con diferentes espacios políticos para apoyar la recuperación de los derechos y garantías constitucionales en el país", concluyó.

Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein (Partido Socialista) presentaron un proyecto de resolución solicitándole al presidente Javier Milei que “recomponga” el vínculo con los países vecinos.

La iniciativa, expresa preocupación por la decisión comunicada oficialmente por la Presidencia de la Nación en torno a la no concurrencia del presidente a la Cumbre de Jefes de Estado del MERCOSUR, a celebrarse en Asunción, República del Paraguay, el próximo 8 de julio de 2024, alegando “cuestiones de agenda”.

Asimismo, advierten sobre los impactos que pueda tener dicha determinación por parte del primer mandatario en términos de integración económica, social, cultural de la región, y en las relaciones diplomáticas con los Estados miembros.

Por último, solicitan al Poder Ejecutivo Nacional “tenga a bien disponer de los mayores esfuerzos por recomponer la relación con el presidente de la República Federativa de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, abstenerse de realizar actos o declaraciones que puedan generar una escalada en la confrontación, una mayor tensión diplomática y un deterioro en las relaciones bilaterales y la alianza estratégica entre ambas naciones”.