El diputado nacional Esteban Paulón intimó al nuevo jefe de Gabinete, Diego Santilli, en rigor del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En la presentación, además de recordarle el fallo de la Corte Suprema de Justicia, exigió que el ministro coordinador informe fehacientemente el cronograma y los plazos de ejecución “sin trampas ni atajos”.

“Tres jefes de Gabinete y la misma ley sin cumplir”, sintetizó el legislador en alusión a las gestiones de Guillermo Francos y Manuel Adorni, los anteriores jefes de Gabinete. Luego, advirtió que no “no es una sugerencia”, y recordó que la Ley 27.795 fue votada por el Congreso de la Nación dos veces.

Asimismo, adelantó que de no haber novedades respecto a la ejecución de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, Paulón procederá con acciones judiciales y penales por los “delitos de desobediencia e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

La semana pasada, cuando el presidente de la Comisión de Educación, Alejandro Finocchiaro, se peleó con la oposición, afirmó haber hablado con autoridades de la Secretaría de Educación y adelantó que los giros presupuestarios, establecidos en la ley vigente, se realizarán el 15 de julio.

Cabe recordar que después del decreto que suspendió la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, el Consejo Interuniversitario Nacional fue a la Justicia y el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11 ordenó cautelarmente el inmediato cumplimiento de la Ley 27.795, referidos a la actualización de las remuneraciones del personal docente y no docente universitario y de las becas estudiantiles, decisión confirmada por la Sala III de la Cámara de Apelaciones y ratificada por la Corte Suprema de Justicia.

Luego de que el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentara su renuncia al directorio de YPF, el diputado nacional Esteban Paulón impulsa un proyecto de ley para regular el ejercicio de la representación del Estado Nacional en los órganos de administración, dirección, fiscalización y/o control de sociedades y entidades con participación estatal, y establece que dicha función sea ad honorem.

El texto tiene como objetivo un régimen de integridad, transparencia, austeridad, publicidad y rendición de cuentas que asegure el ejercicio de dicha función con exclusiva sujeción al interés público.

Según la iniciativa: “La representación del Estado Nacional en las entidades comprendidas en la presente ley constituye una función pública ejercida exclusivamente en interés del Estado y de la comunidad”. En ese sentido, plantea que “no constituye fuente de beneficios económicos personales ni genera derecho a percepción retributiva alguna”.

“Las personas designadas por el Estado Nacional para ejercer funciones de representación en órganos de administración no podrán percibir de dichas entidades, honorarios, dietas, utilidades, bonos, acciones, premios, incentivos, gratificaciones, suplementos, compensaciones, viáticos ni ningún otro concepto retributivo o beneficio económico derivado del ejercicio de dicha representación, cualquiera sea su denominación o modalidad de instrumentación”, remarca y agrega que “ese cargo tendrá carácter ad honorem”.

Sobre este punto, aclara que, si la persona designada no desempeña de forma simultánea ningún otro cargo, empleo o función remunerada en el Sector Público Nacional, podrá percibir una remuneración exclusivamente por el ejercicio de la representación prevista en la presente ley, pero puntualiza: “En ningún caso la remuneración mensual total podrá superar el equivalente a la remuneración correspondiente a un Secretario de Estado del Poder Ejecutivo Nacional. Queda prohibida toda percepción adicional, cualquiera sea su naturaleza o modalidad, que permita superar dicho límite”.

Además, propone la creación de un Registro Nacional de Representantes del Estado en Empresas y Sociedades con Participación Estatal, en el ámbito de la autoridad de aplicación.  “El Registro tendrá por objeto garantizar la transparencia activa, la trazabilidad de las designaciones, el control del régimen previsto en la presente ley y el acceso público a la información relativa al ejercicio de la representación estatal”, precisa.

Entre los argumentos, Paulón explica que el origen del proyecto fue tras la difusión de las extraordinarias remuneraciones percibidas por directores designados por el Estado Nacional en YPF S.A. Aquellas cifras —de una magnitud difícilmente conciliable con la realidad económica que atraviesa nuestro país— despertaron un legítimo debate social acerca de los límites éticos del ejercicio de la función pública y de la utilización de recursos vinculados al patrimonio estatal.

“La obscenidad de esas remuneraciones no puede analizarse de manera aislada ni reducirse a un caso particular. Resulta todavía más inadmisible cuando se produce en un contexto en el que el propio Estado exige a millones de argentinos un esfuerzo permanente, expresado en la pérdida del poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, la reducción de políticas públicas esenciales, el ajuste sobre áreas sensibles y el deterioro de las condiciones de vida de amplios sectores de la población”, reclama.

El diputado nacional Esteban Paulón intimó a la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, por sus dichos sobre la Educación Sexual Integral y los efectos que, en su consideración, trajo esa ley.

El legislador le exigió a la funcionaria que "en el plazo perentorio e improrrogable de 72 horas de recibida la presente, ratifique o rectifique sus dichos en la entrevista realizada al medio MDZ Online".

Durante dicha entrevista, Muzzio dijo que "la ESI es una trampa mortal" con "ideas monstruosas" transmitidas a través de "una ideología siniestra que destruyó la cabeza de los niños" y que "Argentina optó por la cultura de la muerte".

"Entre otros comentarios iguales de vergonzantes", señaló Paulón, quien la intimó "bajo apercibimiento de denunciarla penalmente por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación, sin perjuicio de otras acciones judiciales pertinentes".

Además, le recordó que como funcionaria pública "es su deber aplicar la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos". "No es jurídicamente posible deslindar sus opiniones personales de su cargo como vicejefa, como así tampoco suprimir de su representación política a la comunidad que usted agravia públicamente", agregó.

Y destacó que "la ESI permitió y permite conocer, investigar y sancionar abusos y violaciones sobre niños y niñas a los que usted dice querer proteger".

En tanto, a través de un posteo en sus redes, el socialista expresó: "Basta de odio Clara Muzzio. Hasta acá llegaste. Decís proteger a las infancias, pero hoy miles de pibes y pibas LGBT te escucharon y se sintieron un poco más solos, un poco más raros, un poco menos válidos. Cada palabra tuya les agrega peso a la mochila que ya cargan todos los días, en una sociedad que aún discrimina".

"Como vicejefa de gobierno tenés obligaciones. No podés desde tu cargo promover el odio y desconocer las leyes vigentes. Por eso te mandé una carta documento intimándote a que te retractes en 72 horas. Si no lo hacés, vamos a la denuncia penal. Por esos pibes. Por sus familias. Por sus afectos", completó.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para declarar el 2 de junio de cada año como el “Día Nacional de las Personas Trabajadoras Sexuales”, en coincidencia con la fecha que ya se conmemora a nivel internacional.

La iniciativa consta de dos artículos y propone incorporar oficialmente la efeméride al calendario nacional.

En los fundamentos, Paulón recuerda que la fecha remite a una protesta realizada en Francia el 2 de junio de 1975, cuando trabajadoras sexuales se manifestaron para denunciar situaciones de abuso, violencia y discriminación. Según el proyecto, la movilización fue reprimida por las fuerzas de seguridad, convirtiéndose posteriormente en un símbolo de la lucha por los derechos de ese colectivo.

El legislador también destaca el papel de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), organización que desde mediados de la década de 1990 impulsa actividades para visibilizar el trabajo sexual y denunciar situaciones de violencia institucional contra quienes ejercen esa actividad.

Según señala el texto, las trabajadoras sexuales enfrentan múltiples formas de exclusión y discriminación, vinculadas a cuestiones económicas, de género y, en numerosos casos, de identidad de género o condición migratoria. En ese sentido, el proyecto sostiene que la organización colectiva permitió impulsar reclamos vinculados a derechos humanos, laborales y de acceso a la salud.

La iniciativa reivindica además el concepto de “trabajo sexual” como una actividad ejercida de manera voluntaria por personas adultas y sostiene que la falta de reconocimiento y la persistencia de la clandestinidad favorecen situaciones de vulnerabilidad y abusos.

Entre los argumentos citados por Paulón figuran referencias a recomendaciones de organismos internacionales vinculadas a la protección de los derechos de las trabajadoras sexuales y a la necesidad de combatir la discriminación y la violencia que afectan al sector.

El proyecto -girado a las comisiones de Legislación General, de Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo- también menciona antecedentes normativos argentinos, entre ellos el Plan Nacional contra la Discriminación aprobado en 2005, que incluyó propuestas orientadas a reconocer derechos sociales y laborales de las personas que ejercen el trabajo sexual y a prevenir abusos por parte de funcionarios públicos.

Paulón recordó además que una iniciativa similar ya había sido presentada en 2024, aunque no obtuvo tratamiento parlamentario, y sostuvo que corresponde insistir con el debate para avanzar en el reconocimiento y la visibilización de este colectivo.

En los fundamentos, el diputado concluye que la creación de una fecha nacional permitiría “recordar a las víctimas de aquel episodio” ocurrido en Francia y, al mismo tiempo, dar visibilidad a las reivindicaciones y luchas actuales de las personas trabajadoras sexuales.

La presencia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el acto por el Día de la Bandera en Rosario generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición, que se expresaron con dureza a través de redes sociales.

Uno de los mensajes más contundentes fue el del diputado nacional Maximiliano Ferraro, quien consideró que la participación del funcionario en una conmemoración dedicada a Manuel Belgrano resultó inapropiada. “Que Manuel Adorni sea uno de los que encabecen el acto por el Día de la Bandera y la conmemoración de Manuel Belgrano es una ofensa”, sostuvo el dirigente de la Coalición Cívica.

En la misma publicación, Ferraro contrastó la figura del prócer con la del actual jefe de Gabinete. “Belgrano representó el decoro, la austeridad, el compromiso con el interés general y la ética en la función pública”, señaló, para luego lanzar una acusación directa: “No tiene ningún decoro. Es un sinvergüenza”.

En la misma línea se expresó el diputado socialista Esteban Paulón, quien también utilizó su cuenta de X para cuestionar la participación de Adorni en el acto realizado en Rosario. “El acto de la Bandera en Rosario merece respeto”, afirmó, antes de enumerar una serie de críticas al funcionario nacional.

Paulón sostuvo que Adorni “mintió en el Congreso”, lo acusó de hacer “apología de la evasión” y señaló irregularidades en su situación patrimonial, al mencionar “30 rectificaciones en su declaración jurada”. A partir de esos cuestionamientos, concluyó que su presencia en la ceremonia constituyó “un insulto a Rosario y a la Bandera”.

Las críticas de ambos dirigentes se suman a la polémica generada en torno al acto oficial, que ya había estado atravesado por tensiones políticas en torno a la no invitación de la vicepresidenta de la Nación.

“En este Gobierno si sos funcionario, no blanqueas”, resumió el diputado nacional Esteban Paulón las cinco acciones que impulsa para limitar la falta de transparencia por parte de los funcionarios en medio del escándalo que envuelve al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras la adhesión al régimen de Inocencia Fiscal.

En principio, Paulón presentó un proyecto de ley para prohibir que los funcionarios en ejercicio y sus familiares directos puedan acogerse a este beneficio. También alcanza a los sujetos que hayan desempeñado en los últimos diez (10) años a contar desde la fecha de entrada en vigencia del presente Régimen de Regularización de Activos.

Al respecto, incluye al Presidente, Vice, gobernador y vicegobernador, jefe y vicejefe de Gobierno de CABA o intendente municipal; legisladores nacionales, provinciales o de la Ciudad; concejal municipal y Parlamentario del Mercosur.

También excluye a magistrados del Poder Judicial nacional, del Ministerio Público y Defensores del pueblo tanto nacional, provincial, municipal como de CABA. “Jefe de Gabinete, ministros, secretarios y subsecretarios del Ejecutivo nacional, provincial, municipal o de CABA”, indica.

“Quedan excluidos de las disposiciones del presente capítulo los cónyuges y convivientes y los ascendientes y descendientes en primer y segundo grado, por consanguinidad o afinidad, y colaterales en segundo grado por consanguinidad. Quedan también comprendidos los ex cónyuges y ex convivientes de los sujetos alcanzados que hubieran sido cónyuges o convivientes durante el plazo fijado en dicho párrafo”, agrega.

Además, Paulón amplió la denuncia penal que presentó contra Adorni por enriquecimiento ilícito ante el juez Ariel Lijo para que se investigue esta adhesión al Régimen de Inocencia Fiscal que “significaría una clara acción tendiente a obtener la impunidad utilizando funciones del Poder Ejecutivo en procura de evitar o morigerar la sanción penal posible”.

Otra de las acciones que impulsa Paulón es la presentación en la Oficina Anticorrupción para que dictamine sobre “estos hechos de público conocimiento, esto en el marco normativo actual y los compromisos internacionales a los cuales la República Argentina se ha obligado a os fines de prevenir y combatir la corrupción, el lavado, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas nucleares”.

También presentó una solicitud ante la Unidad de Información Financiera para que actúe de inmediato bajo los protocolos de control de lavado de activos y, por último, hizo la denuncia ante el GAFI para exigir que Argentina cumpla con los estándares internacionales firmados.

SI GOBERNÁS, NO BLANQUEAS

Ante la movida poco ética de adherirse al régimen de inocencia fiscal por parte de Manuel Adorni y gran cantidad de funcionarios públicos tomamos estas 5 acciones concretas para impedirlo:
1️⃣ Proyecto de Ley para prohibir que los funcionarios en… pic.twitter.com/FcggY5UHUT

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) June 18, 2026

Tras el anuncio de Manuel Adorni por redes sociales, el diputado nacional Esteban Paulón intimó a la Secretaría de Transporte de la Nación para exigir el cese de los actos que generen barreras de acceso en el sistema de vinculación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) a la tarjeta SUBE. También pidió por la publicación administrativa de las modificaiones anunciadas.

El documento al que accedió parlamentario.com, denuncia que tal situación "vulnera principios de publicidad, transparencia y seguridad jurídica que deben regir toda actuación adminstrativa, particularmente cuando se encuentra involucrado el ejercicio de derechos fundamentales de grupos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos".

Pese a estar en boca de todos por su situación patrimonial, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció vía x el jueves pasado que a partir de este viernes 19 de junio las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el CUD. Además, informó que el trámite debe hacerse a través de internet.

A partir del próximo viernes 19 de junio, las personas con discapacidad podrán viajar con 100% de descuento en colectivos y trenes utilizando directamente su tarjeta SUBE, sin necesidad de presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). El trámite de vinculación podrá…

— Manuel Adorni (@madorni) June 12, 2026

Agregó, en el mismo comunicado, que "la nueva modalidad convivirá con el sistema actual y comenzará a implementarse en los servicios de jurisdicción nacional, con el objetivo de extenderse progresivamente al resto del país".

En la actualidad, las personas solamente debían mostrar el CUD ante el conductor o inspector de molinetes, quienes estaban obligados a darle ingreso sin costo al transporte público. En relación al nuevo sistema anuciado por el Gobierno nacional, Paulon señaló que "toda exigencia administrativa que obstaculice, dificulte o demore su acceso debe ser examinada bajo los más estrictos estándares constitucionales y convencionales".

En sintesis, el diputado nacional de Provincias Unidas intima a la Secretaría de Transporte que informe y publique íntegramente la totalidad de los actos administrativos que sustentan la implementación de la medida anunciada. También exige que ninguna persona con discapacidad pierda el derecho a viajar gratuitamente por no haber completado trámites de registración dentro de los plazos determinados.

El diputado nacional Esteban Paulón anunció la presentación de un proyecto de ley destinado a restringir el acceso de funcionarios públicos al régimen de Inocencia Fiscal, en medio de la controversia generada por la situación fiscal de Betina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, de quien trascendió que se inscribió en el mecanismo de regularización tributaria, a fin de poner a resguardo a Manuel Adorni en el marco de la grave situación judicial planteada ante el incremento de su patrimonio dentro de la función pública.

“Un límite a la avivada de los Adornis. El régimen de Inocencia Fiscal no puede ser una vía para lavar fondos. No más Betinas ni Manueles”, expresó el legislador en redes al dar a conocer la iniciativa.

El proyecto apunta a impedir que quienes ejercen funciones en cualquiera de los poderes del Estado -así como sus familiares directos- puedan acogerse a ese mecanismo. Además, establece que la exclusión comience a regir desde dos años antes de la asunción en un cargo público, con el objetivo de evitar maniobras previas destinadas a regularizar fondos de origen ilícito.

La propuesta surge a partir de las recientes informaciones sobre la situación fiscal de Angeletti, que reavivaron el debate sobre posibles vacíos legales en el régimen vigente. Según sostuvo Paulón, la normativa actual podría ser utilizada para blanquear activos provenientes de delitos contra la administración pública, lo que considera necesario corregir.

En ese sentido, el texto busca introducir un criterio más estricto en línea con estándares internacionales en materia de prevención del lavado de dinero, incorporando restricciones específicas para personas políticamente expuestas y su entorno cercano.

A pocas horas de conocerse el impactante fallecimiento del “Indio” Solari, que dio lugar a una asombrosa manifestación popular de cientos de miles de personas que acudieron a despedir sus restos, el diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) presentó un proyecto de ley para instituir el 5 de junio como el “Día Nacional de la Cultura Ricotera y el Pogo”.

La fecha elegida es la del fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari, y en homenaje en homenaje impacto cultural generado en torno a su obra y a la histórica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La iniciativa propone reconocer oficialmente una manifestación cultural que trasciende lo estrictamente musical y se ha convertido en un fenómeno social de alcance federal. En ese sentido, el texto destaca el “legado artístico y cultural” del Indio Solari, figura central del rock nacional, cuya obra dio lugar a una identidad colectiva que se expresó durante décadas en recitales masivos y en una estética propia.

El artículo 1° del proyecto establece específicamente la fecha del 5 de junio para la conmemoración, mientras que el artículo 2° invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a la futura ley y a organizar actividades alusivas. El tercer artículo, de forma, dispone la comunicación al Poder Ejecutivo.

Más allá de la efeméride, la propuesta apunta a poner en valor lo que denomina “cultura ricotera”: un entramado de prácticas, símbolos, lenguajes y formas de participación colectiva que encuentran en el pogo uno de sus rasgos más distintivos. Para Paulón, se trata de una expresión arraigada en la cultura popular argentina que merece un reconocimiento institucional, en tanto reflejo de identidades juveniles, territoriales y generacionales.

En un contexto de creciente concentración de contenidos deportivos en plataformas privadas, el diputado nacional Esteban Paulón impulsó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre los acuerdos de distribución y televisación del Mundial de Fútbol 2026.

La iniciativa apunta, principalmente, a conocer si el Gobierno tuvo intervención o evaluó los convenios firmados entre empresas de telecomunicaciones, plataformas digitales y señales deportivas que podrían limitar el acceso a los encuentros del certamen.

En ese sentido, el legislador solicita que se informe qué medidas se adoptaron —o se prevén adoptar— para garantizar un acceso “universal, gratuito y federal” a los partidos, en especial aquellos que dispute la Selección Argentina.

El proyecto también pone el foco en el cumplimiento de la normativa vigente, en particular los artículos 77 a 80 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la Ley 25.342, que reconocen el derecho de la población a acceder a acontecimientos deportivos de relevancia pública.

Entre los puntos destacados, Paulón demanda precisiones sobre qué organismo estatal tiene la responsabilidad de supervisar los acuerdos de retransmisión y si se evaluaron posibles efectos de concentración o posiciones dominantes derivadas de la exclusividad en determinadas plataformas.

Otro aspecto que se busca esclarecer es el criterio utilizado para definir cuántos partidos serán emitidos por televisión abierta, así como la remisión del listado oficial de eventos considerados de interés relevante en el marco del artículo 77 de la ley audiovisual.

En los fundamentos, el diputado advierte que “la creciente concentración de contenidos deportivos estratégicos” y la dependencia de servicios pagos podrían vulnerar el derecho de acceso igualitario, profundizando desigualdades entre quienes pueden costear plataformas privadas y quienes no.

Asimismo, alerta que el Mundial —por su magnitud social, cultural y deportiva— no puede quedar sujeto exclusivamente a acuerdos entre grandes operadores del sector, ni convertirse en un privilegio reservado a determinados usuarios.

Para Paulón, el Estado tiene la obligación de ejercer un rol activo en la regulación y control, garantizando que el principal evento deportivo del mundo se mantenga como un bien de acceso público masivo.

Finalmente, el legislador socialista instó a sus pares a acompañar la iniciativa, con el objetivo de asegurar el efectivo cumplimiento de la legislación vigente y proteger el derecho ciudadano a acceder a los partidos del Mundial 2026 sin barreras económicas ni tecnológicas.

El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Unidos, presentó un proyecto de ley que propone legalizar la “muerte voluntaria médicamente asistida” en la Argentina y establecer un marco regulatorio integral para su acceso en el sistema de salud.

La iniciativa reconoce el derecho de toda persona a solicitar asistencia médica para morir en condiciones determinadas y bajo un procedimiento regulado, con el objetivo de garantizar decisiones libres, informadas y sin presiones externas.

El texto plantea que esta práctica se incorpore como una prestación sanitaria, con cobertura obligatoria en hospitales públicos, obras sociales y prepagas, y bajo estándares de calidad y supervisión estatal.

El proyecto contempla dos modalidades: la eutanasia, en la que un profesional de la salud administra una sustancia letal a pedido del paciente, y la muerte asistida, donde el paciente se autoadministra el fármaco prescripto.

Para acceder, se establecen requisitos estrictos: padecer una enfermedad grave e incurable o un cuadro crónico que genere un sufrimiento considerado intolerable, haber manifestado la voluntad de manera reiterada y contar con pleno consentimiento informado.

El procedimiento previsto incluye múltiples instancias de control. En primer lugar, una evaluación del médico tratante, seguida por un equipo interdisciplinario que acompaña al paciente y verifica su capacidad de decisión. Luego interviene un médico independiente y, finalmente, una comisión evaluadora que debe emitir un dictamen previo obligatorio.

Además, la persona debe realizar al menos dos solicitudes separadas en el tiempo y puede revocar su decisión en cualquier momento sin ningún requisito formal.

El proyecto también reconoce el derecho a dejar directivas anticipadas, que podrán incluir la solicitud de muerte asistida para el caso de pérdida de la capacidad de decidir, siempre que se cumplan las condiciones previstas por la ley.

En cuanto a los profesionales de la salud, se habilita la objeción de conciencia individual, pero se prohíbe expresamente que instituciones médicas la invoquen para impedir el acceso al procedimiento, garantizando así la disponibilidad efectiva del servicio.

La iniciativa incorpora además garantías específicas para evitar presiones sobre personas en situación de vulnerabilidad, como pacientes con discapacidad o con dependencia de terceros, incluyendo obligaciones de evaluación sobre la ausencia de coerción.

En sus fundamentos, Paulón sostiene que el objetivo es asegurar una “muerte digna” basada en la autonomía del paciente y en el respeto a sus decisiones más íntimas, al tiempo que plantea que la regulación permitirá dotar de transparencia a situaciones que hoy ocurren sin marco legal.

El proyecto se apoya en antecedentes internacionales, como las regulaciones vigentes en países de Europa y América, y en el desarrollo del derecho argentino en materia de consentimiento informado y rechazo de tratamientos médicos.

Asimismo, plantea que la falta de regulación genera desigualdad, ya que solo quienes cuentan con recursos pueden acceder a prácticas no formalizadas o viajar al exterior, mientras otros deben atravesar situaciones de sufrimiento sin alternativas legales.

En medio de la crisis que atraviesa la Argentina bajo la gestión de Javier Milei, el Partido Socialista (PS) resolvió dar un paso político de alcance nacional y proyectarse hacia las elecciones presidenciales de 2027 con una candidatura propia. La definición se tomó de manera unánime durante el reciente Encuentro Federal de la fuerza, que reunió a dirigentes, legisladores y militantes de todo el país.

Con una fuerte impronta federal y una destacada participación de las juventudes partidarias, el encuentro estuvo encabezado por la presidenta del PS, Mónica Fein, y el secretario general y diputado nacional, Esteban Paulón. Allí, la dirigencia socialista planteó la necesidad de construir una alternativa que enfrente el actual escenario político y económico, al que calificaron como crítico.

Desde el espacio sostuvieron que asumen “el desafío ético de liderar la reconstrucción nacional” a partir de una propuesta basada en el desarrollo con inclusión, la transparencia y un Estado eficiente. En ese sentido, definieron avanzar en la consolidación de un proyecto con vocación de poder a nivel nacional, así como profundizar el diálogo con distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones del trabajo, la producción, la educación, la salud y la cultura.

Cuatro pilares para una propuesta nacional

Durante el encuentro, la conducción del PS delineó los ejes centrales de su programa, que se apoyará en cuatro pilares: el desarrollo con inclusión social, la producción sostenible, la generación de empleo genuino y un rediseño federal orientado a lograr mayor equilibrio territorial y cohesión social.

En un contexto de debate sobre el rol del Estado, el socialismo reafirmó su postura histórica en favor de una presencia estatal “inteligente y eficiente”, capaz de dar respuestas concretas a la ciudadanía sin caer en estructuras burocráticas ineficaces.

“Queremos ofrecerles a los argentinos una alternativa que recupere el valor del trabajo y la producción, de la participación ciudadana y de la honestidad y la transparencia en la gestión del Estado”, expresó Fein durante el encuentro, marcando el posicionamiento del partido frente al actual escenario político. 

Construcción federal y armado político

La convocatoria reunió a referentes de distintas provincias, lo que el PS destacó como una muestra de su arraigo territorial. Participaron legisladores como Matías Chamorro (Córdoba), Clara García (Santa Fe), Juan Rossi (Entre Ríos) y Joaquín Blanco, quienes coincidieron en la necesidad de construir una propuesta profundamente federal.

También fueron parte del encuentro el diputado nacional Pablo Farías, junto a exlegisladores como Roy Cortina, María Elena Barbagelata, Jesica Barreto, Henry Stegmayer y Erica Hynes, además de concejales de distintas localidades y el ex rector de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Alfredo Lazzaretti.

Con esta hoja de ruta, el Partido Socialista busca reposicionarse en el escenario político nacional, apostando a la renovación dirigencial y al protagonismo de las nuevas generaciones como pilares de su estrategia. La definición de competir con candidatura propia en 2027 marca, además, un intento por consolidarse como una opción diferenciada dentro del sistema político argentino.

El PS entiende que el escenario actual abre una oportunidad para discutir un nuevo modelo de país, en el que la producción, el empleo y la equidad vuelvan a ocupar un lugar central. Bajo esa premisa, la fuerza inició un proceso de construcción política que apunta a ampliar su base de sustentación y fortalecer su presencia en todo el territorio nacional.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Cancillería y al Ministerio de Defensa a fin de solicitar información completa, actualizada y en formatos abiertos vinculada al acuerdo de cooperación suscripto entre la Armada Argentina y autoridades militares de los Estados Unidos de América relativo al patrullaje, vigilancia, control marítimo o cooperación operativa en el Atlántico Sur, en el marco del denominado “Programa de Protección de Bienes Comunes Globales”.

Paulón explicó que la solicitud se formula por la relevancia institucional, estratégica y geopolítica que revisten los eventuales acuerdos de cooperación militar, vigilancia marítima o participación operativa extranjera en el Atlántico Sur, así como por sus posibles implicancias en materia de defensa nacional, ejercicio de la soberanía, política exterior, control democrático de las decisiones públicas y administración de espacios marítimos de interés estratégico para la República Argentina.

Asimismo, el proyecto solicita saber si el Poder Ejecutivo Nacional promovió o prevé promover intervención, autorización o tratamiento del Honorable Congreso de la Nación en los términos del artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, o cualquier otro procedimiento constitucional o legal aplicable. En caso negativo, indique fundamentos normativos que sustenten tal criterio.

También pide saber los objetivos específicos del programa, actividades previstas, cronograma de implementación y resultados esperados; el impacto presupuestario estimado para el Estado argentino derivado de la ejecución del acuerdo, detallando montos, fuentes de financiamiento, partidas presupuestarias involucradas y ejercicios correspondientes.

El diputado nacional Esteban Paulón elevó un pedido formal de acceso a la información pública ante la Agencia de Acceso a la Información Pública para que el Poder Ejecutivo brinde precisiones sobre una presunta filtración masiva de datos vinculada al Ministerio de Salud de la Nación.

La presentación, fechada el 15 de mayo de 2026, se da luego de reportes que advierten sobre un posible incidente de ciberseguridad que habría comprometido historias clínicas y otros datos personales sensibles de millones de ciudadanos. A través de sus redes sociales, el legislador calificó la situación como una “filtración masiva” y cuestionó el estado de la “ciber inteligencia” estatal.

En el escrito, Paulón solicita información “completa, cierta y actualizada” sobre eventuales incidentes de seguridad informática, accesos no autorizados y filtraciones de datos ocurridas durante 2026 en el ámbito del Ministerio de Salud o de organismos bajo su órbita. En caso de confirmarse los hechos, exige detalles sobre la fecha de detección, la naturaleza del incidente, los sistemas afectados y el estado de las investigaciones en curso.

El pedido también apunta a conocer si el Poder Ejecutivo inició investigaciones administrativas, técnicas o judiciales para esclarecer lo sucedido, y qué medidas se implementaron para contener el incidente, mitigar riesgos y resguardar la integridad de los sistemas informáticos.

Entre los puntos centrales, el legislador reclama precisiones sobre los protocolos y políticas de ciberseguridad vigentes en el área de Salud, incluyendo si estos fueron auditados en los últimos tres años, qué organismos llevaron adelante esas evaluaciones y cuáles fueron sus resultados. Asimismo, consulta si se aplicaron medidas correctivas posteriores a esas auditorías.

La solicitud amplía el foco hacia posibles vínculos con otros incidentes registrados en 2026 que habrían afectado sistemas estatales, como ARCA (ex AFIP), ANSES, SUBE, Mi Argentina, el sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) o el programa Becas Progresar.

Otro aspecto relevante del planteo es si la Agencia de Acceso a la Información Pública recibió denuncias o reportes vinculados a filtraciones de datos asociadas al Ministerio de Salud u otros organismos nacionales, y qué acciones se adoptaron al respecto.

Además, Paulón pide que se informe si existieron mecanismos de notificación a las personas potencialmente afectadas por la supuesta filtración, qué criterios se utilizaron para esas comunicaciones y qué recomendaciones de protección se brindaron.

El diputado socialista fundamentó su presentación en el “evidente interés público” del caso, al advertir que de confirmarse la filtración podría implicar la vulneración de datos protegidos por la Ley de Protección de Datos Personales (25.326) y afectar derechos vinculados a la privacidad, la confidencialidad de la información y la seguridad digital.

En ese marco, también advirtió sobre el impacto institucional que podría tener un incidente de estas características en la confianza ciudadana en los sistemas estatales y en la prestación de servicios públicos.

Por último, solicitó que toda la información requerida sea remitida en formato digital, de acceso abierto y sin restricciones de reutilización, conforme lo establece la Ley 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública.

El diputado nacional Esteban Paulón cruzó, a través de las redes, a la senadora Carmen Álvarez Rivero por abstenerse en la votación de la moción de preferencia solicitada en la sesión de este jueves en el Senado, por parte de la cordobesa Alejandra Vigo, para incorporar al temario de la misma un proyecto de reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense.

“Tenes que ser negacionista para no reconocer el enorme trabajo del Equipo argentino de Antropología Forense, y lo que está pasando en la perla. Que lamentable y chiquita sos”, le escribió Paulón a Álvarez Rivero en su red social “X”.

Lejos de quedarse callada, la senadora libertaria le respondió: “Acompaño toda búsqueda de verdad porque eso es Justicia. Creo que la defensa de los Derechos Humanos tiene que ser integral y coherente: TODA VIDA HUMANA merece igual dignidad y protección, sin distinciones”.

“No comparto los términos de la declaración que usan el dolor de las familias y las víctimas para sostener miradas parciales de los DDHH”, planteó.

La propuesta de Vigo –acompañada por la firma de Luis Juez- alcanzó 69 votos a favor, 0 en contra y la abstención de la libertaria Álvarez Rivero, cuyo tratamiento se hizo sobre tablas al final de la sesión.

El proyecto expresa el reconocimiento al Equipo Argentino de Antropología Forense - EAAF y del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba que realizó la identificación de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura, halladas en inmediaciones de La Perla.

Después de elevar el pedido formal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, oficializó este martes la sesión especial de este jueves a las 11. La oposición buscará, primero, lograr el quórum reglamentario, y luego el emplazamiento de una serie de pedidos de informes, de interpelación y la moción de censura sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Detrás del telón, Unión por la Patria, bloque opositor que no firmó la petición encabezada por Esteban Paulón, conversa para incorporar otros emplazamientos vinculados al esquema de desendeudamiento familiar. La bancada peronista cuenta con 93 integrantes y es quien hará el mayor aporte de legisladores que se sentarán en sus bancas desde las 11. De todos modos, la confección del quórum está frío aún.

El temario, por el momento, está compuesto por el pedido de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos que presentó Germán Martínez, titular de bancada de UP; los informes del Poder Ejecutivo sobre la situación patrimonial y la declaración jurada del ministro coordinador, de Pablo Juliano; la moción de censura impulsada por el Frente de Izquierda; y un pedido de informes a Manuel Adorni de Paulón.

En la oposición saben que con la composición actual de integrantes no les alcanza. A los espacios firmantes del pedido de sesión -un sector de Provincias Unidas, el Frente de Izquierda, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Defendamos Córdoba- se sumarán con seguridad Unión por la Patria, Coherencia de Marcela Pagano y tal vez Primero San Luis del monobloquista Jorge “Gato” Fernández.

Los aliados del oficialismo

Se especuló que el Pro podría tener una intención de avanzar con la interpelación a Manuel Adorni, luego del comunicado elevado por el partido este domingo por la noche donde criticó se desmarcó de la gestión libertaria. De todas maneras, desde la conducción del bloque, a cargo del bonaerense Cristian Ritondo, dejaron trascender que no tuvieron incidencia en el texto y que la estrategia parlamentaria es la misma: seguir siendo aliados de La Libertad Avanza.

Por su parte, está claro que nadie de La Libertad Avanza dará quórum. Lo mismo ocurrirá con la Unión Cívica Radical, que preside la mendocina Pamela Verasay; ninguno de los integrantes de Innovación Federal, que tiene como titular al misionero Alberto Arrúa; los tres tucumanos de Independencia; los sanjuaninos de Producción y Trabajo; y el santacruceño José Luis Garrido.

La incógnita pasa por los monobloques como Adelante Buenos Aires de Karina Banfi; La Neuquinidad de Karina Maureira; y el MID integrado por Oscar Zago y Eduardo Falcone, quienes pese a ser aliados del oficialismo, vienen siendo muy críticos de la situación de Manuel Adorni y el Gobierno nacional.

La división de Provincias Unidas

Provincias Unidas ha marcado un división explicita desde el momento de su creación. A los cinco legisladores firmantes del pedido de sesión especial se le sumarán Martín Lousteau y Lourdes Arrieta. También hay chances que lo haga el jujeño Jorge Rizzotti.

Lo que no está garantizado es la presencia de la presidenta del bloque, Gisela Scaglia, ni tampoco de los diputados cordobeses Carolina Basualdo, Juan Brügge, Ignacio García Aresca, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti y Alejandra Torres. Los otros tres nombres en duda serán los del chubutense Jorge “Loma” Ávila ni de José Núñez y Sergio Capozzi, estos últimos cercanos a Patricia Bullrich.

El diputado nacional Esteban Paulón anticipó este lunes su rechazo al proyecto de ley dio que propone modificaciones al Código Penal de la Nación en materia de falsas denuncias, que cuenta dictamen de la Cámara de Senadores, y lo calificó como “todo lo que está mal”.

La iniciativa fue impulsada por la senadora radical Carolina Losada, la cual busca endurecer las penas previstas, elevándolas de 3 a 6 años de prisión cuando las falsas denuncias involucren situaciones vinculadas a violencia de género, abuso sexual o menores.

Al respecto, Paulón se opuso en redes al proyecto de “falsas denuncias porque busca disciplinar a las víctimas y de abuso y violencia para que no denuncien", y señaló que "establece estándares inaceptables de prueba, aplica penas mayores a las previstas para los perpetradores y favorece la impunidad para pedófilos, abusadores y violentos. No debe ser aprobado".

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con posterior moción de censura en donde lo acusa nuevamente por presunto enriquecimiento ilícito. El anuncio del santafesino surgió minutos después de que un contratista declare en la Justicia que cobró 245.000 dólares en efectivo en calidad de refacciones en la casa del ministro en el country Indio Cuá.

La declaración fue realizada por Matías Tabar, contratista y socio del grupo Alta Arquitectura, quien fue llamado a indagatoria ante el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de las investigaciones por enriquecimiento ilícito. El trabajador declaró que las reformas incluyeron la realización de pisos, paredes, un quincho, una pileta y una cascada en el jardín del inmueble.

Del mismo modo, señaló que los trabajos de remodelación se llevaron a cabo entre septiembre del 2024 y julio del 2025 en el lote de 400 metros cuadrados ubicado en Exaltación de la Cruz.

NO HAY MÁS EXCUSAS POSIBLES

Ante las nuevas revelaciones en la causa contra @madorni por Enriquecimiento ilícito, INSTÓ a las y los Diputados nacionales a avanzar en la interpelación del Jefe de Gabinete y su posterior remoción por moción de censura. pic.twitter.com/jx4YECMDtY

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026

La semana pasada, cuando el ministro coordinador enfrentó a la oposición en la Cámara de Diputados, el jefe de bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, había adelantado que estaban trabajando para avanzar con la interpelación y la moción de censura.

Ocho resoluciones contra Adorni en dos meses

Desde que se conoció que Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete, viajó a Nueva York con la comitiva presidencial los primeros días de marzo de este año, se han presentado un total de 8 proyectos de resolución en contra de Manuel Adorni.

El primero fue de Paulón y estuvo vinculado a un pedido de informes por la presencia de Angeletti en la comitiva que viajó al Argentina Week 2026 en Estados Unidos. En el mismo sentido, el Frente de Izquierda pidió informes por el uso del avión presidencial y los gastos del contingente.

A los pocos días, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, por una lado, y el Frente de Izquierda, por otro, presentaron sendos pedidos de informes sobre la presunta participación y conocimiento de Manuel Adorni en la difusión del token $LIBRA.

Sobre finales de marzo, Pablo Juliano, Paulón y Ferraro encabezaron un pedido de informes verbales al jefe de Gabinete por la situación patrimonial del mismo. Para ese entonces, ya había sido acusado por el viaje en vuelo privado a Punta del Este; la compra de la casa en el country Indio Cuá; y la compra de un departamento en Caballito a valores que superarían la declaración jurada del funcionario.

El 31 de marzo, el Frente de Izquierda presentó el primer pedido de interpelación con posterior moción de censura sobre el jefe de Gabinete. Y por último, un pedido de informes sobre la situación patrimonial que impulsó el diputado Esteban Paulón.

"La gravedad institucional de los hechos involucrados requiere una respuesta acorde por parte de este Congreso", señaló Paulón en los fundamentos. "No se trata únicamente de evaluar conductas individuales, sino de reafirmar principios estructurales del orden constitucional: la división de poderes, el sistema de pesos y contrapesos, la publicidad y rendición de cuentas, la responsabilidad política de un funcionario de tal envergadura, la ética e integridad que exige la función pública, la supremacía de la ley", concluyó.

Tal cual había anticipado, el diputado nacional Esteban Paulón formalizó este lunes una denuncia penal a partir de información surgida de respuestas oficiales de la Jefatura de Gabinete y de una investigación periodística que reveló el presunto uso indebido de tarjetas corporativas de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA). El legislador denunció gastos personales, consumos en el exterior y extracciones de efectivo realizadas durante la gestión de Demian Reidel como presidente de la empresa estatal.

La presentación judicial señala que los consumos habrían excedido ampliamente los fines permitidos para este tipo de tarjetas, que están destinadas únicamente a gastos oficiales vinculados a misiones o comisiones de servicio. En ese sentido, la denuncia hace foco en adelantos de efectivo por un total de 56 millones de pesos, una práctica que, según Paulón, permite eludir los controles posteriores del sistema de tarjetas corporativas.

De acuerdo con el detalle incorporado en la documentación, los gastos incluyen compras en free shops y perfumerías, consumos en peluquerías, indumentaria deportiva, discotecas, servicios de playa, masajes, cócteles y snacks, además de alojamientos en hoteles de alta gama y consumos a bordo de aerolíneas internacionales como Air Europa, American Airlines y United Airlines. También se consignan gastos en ciudades como Madrid, Ámsterdam, Viena, Río de Janeiro, Punta Cana, Angra dos Reis, Salamanca y Singapur. Solo en tiendas libres de impuestos y consumos similares se habrían registrado erogaciones por más de 5.900 dólares y 1,1 millón de pesos.

La denuncia subraya además que la información oficial no individualiza a los funcionarios responsables de cada gasto, y cuestiona la explicación posterior de Reidel, quien habría atribuido los consumos a alrededor de 100 personas, a pesar de que las tarjetas corporativas de NA-SA están reservadas a un número reducido de autoridades superiores, como presidentes y miembros del directorio.

Paulón advierte que varios de estos consumos se registraron en fechas cercanas a la renuncia de Reidel al frente de la empresa, lo que refuerza, a su criterio, la sospecha sobre el uso discrecional de fondos públicos. También recuerda que la normativa vigente fija topes claros para viáticos y alojamiento en el exterior —188 euros diarios para viáticos y 388 euros para alojamiento— y define esos gastos exclusivamente para actividades oficiales, condiciones que, sostiene, no se cumplirían en los casos denunciados.

CON LA TUYA, CONTRIBUYENTE.
Mientras el país hace un esfuerzo histórico para salir adelante, algunos funcionarios de Nucleoeléctrica usan las tarjetas corporativas como si fueran propias. Presentamos una denuncia formal por gastos personales y extracciones de efectivo que son una… pic.twitter.com/bE7TFrTEO3

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 4, 2026

Desde el punto de vista legal, la presentación encuadra los hechos dentro de los delitos previstos en el Código Penal bajo la figura de “malversación de caudales públicos”, contemplada en los artículos 260 a 264. Como prueba documental, se adjuntan la nota periodística publicada por el diario La Nación el 1 de mayo de 2026 y el anexo del Informe de Gestión N° 145 de la Jefatura de Gabinete, que detalla los movimientos de la cuenta vinculada a la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica entre marzo de 2025 y febrero de 2026.

En el apartado de peticiones, Paulón solicita que se tenga por presentada la denuncia formal contra Demian Reidel, Luis Caputo y Manuel Adorni; que se incorpore la documentación aportada; que se cite a declarar como testigo al actual presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos; y que se impulse la investigación penal correspondiente para determinar tanto los hechos como las eventuales responsabilidades penales.

Al anunciar la denuncia, el diputado cuestionó duramente el uso de fondos públicos para gastos privados y sostuvo que “el sacrificio de los argentinos no puede terminar financiando lujos personales”, al tiempo que reclamó poner fin a los privilegios en las empresas del Estado.

Ante rumores de presencia de militantes libertarios en las gradas del recinto, los diputados nacionales Esteban Paulón y Maximiliano Ferraro le presentaron sendos pedidos formales a Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, para que garantice el respeto, orden y normalidad institucional de la sesión preparatoria que tendrá a Manuel Adorni sentado en el recinto exponiendo el informe de gestión.

Con la presencia de Javier Milei y gran parte del Gabinete confirmada, la inquietud de los integrantes del interbloque Unidos pasa por la presencia de militantes en los palcos del segundo piso del recinto de la Cámara baja. En ese sentido, el santafesino recordó lo acontecido en la última Asamblea Legislativa del pasado 1° de marzo, a la que llamó como “mala experiencia” debido a “los gritos, insultos e interrupciones”.

De ese modo, mencionó al reglamento de la Cámara de Diputados y exigió al riojano que garantice el normal desenvolvimiento de la sesión. “Resulta indispensable que el desarrollo se inscriba en parámetros de madurez democrática, convivencia pacífica y respeto institucional, tanto en el recinto como en los espacios destinados al público, de modo tal que se garantice el pleno ejercicio de la actividad parlamentaria sin interferencias ni alteraciones”, explicó.

EL CONGRESO NO ES EL CIRCO ROMANO

El informe del Jefe de Gabinete de Ministros @madorni debe contribuir a dar transparencia y claridad sobre la marcha del gobierno nacional.
Cuidar el orden de la Sesión y evitar el circo al que nos quieren llevar es responsabilidad de todos.… pic.twitter.com/co1PXg8Usy

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) April 27, 2026

Sin embargo, aclaró que “no implica un cuestionamiento alguno a la participación ciudadana ni al derecho a la expresión, sino que se inscribe en la necesidad de resguardar el carácter específico de la sesión informativa como mecanismo institucional de control parlamentario, el cual requiere condiciones de serenidad y previsibilidad para su adecuado desenvolvimiento”.

El pedido de Ferraro 

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica agregó: "Requerimos que se arbitren los medios necesarios para asegurar que la transmisión oficial de la sesión se realice bajo criterios de ecuanimidad, pluralidad y respeto por la diversidad de voces que integran este cuerpo legislativo".

También pidió que se le garantice el palco de prensa a los periodistas parlamentarios, quienes debieron moverse a una grada lateral en las últimas dos inauguraciones de sesiones ordinarias y en la presentación del Presupuesto 2025 que nunca fue tratado.

"La calidad institucional del Congreso de la Nación exige que este tipo de instancias se desarrollen con el máximo apego a las normas, la transparencia y el respeto por el pluralismo político que representa esta Honorable Cámara", culminó Maximiliano Ferraro.

El jefe de Gabinete presentará el primer informe de gestión del 2026 en el Congreso en presencia del jefe de Estado y la secretaria general de Presidencia de la Nación, Karina Milei, este miércoles desde las 10.30. Manuel Adorni, primero, dará una exposición con datos del Gobierno y, luego, responderá las más de 4.500 inquietudes planteadas por los integrantes de la Cámara de Diputados.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido formal al Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires para que evalúen el desempeño de la escribana Adriana Nevechenko vinculada al caso que tiene como protagonista al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las contradicciones públicas de la profesional.

En la nota suscripta por Paulón argumenta que la escribana realizó una serie de comentarios y entrevistas donde “no parece no parece comprender que su cliente es nada más y nada menos que el Jefe de Gabinete debiendo por ello extremar y maximizar los recaudos necesarios sobre los actos puestos a su consideración”.

“Cada una de las cuestiones como el precio y la forma de pago estipuladas contractualmente, en el caso de un funcionario público, operan a la inversa de lo que es un particular, siendo necesaria la justificación de cada una de las ventajas contractuales que obtiene el funcionario a los efectos de deslindar la responsabilidad del profesional sobre lo que no conoce o no puede conocer, es decir, no puede convertirse en un eslabón más de un negocio de corrupción más amplio”, planteó el diputado.

También indicó que la escribana “refirió que nunca le pareció sospechosa el actuar de Adorni no informando a la UIF para su investigación siendo que en la misma entrevista afirma que durante 15 años anteriores el Sr. Adorni no había realizado ninguna gestión ante su escribanía pero que en los últimos dos años realizó operaciones inmobiliarias”.

Por último, Paulón manifestó que “el rol de las y los escribanos se encuentra horadada por un actuar al parecer irresponsable y que genera divertimento ante respuestas de carácter desopilante, en un rol llamativo que intenta justificar más que aclarar el actuar del Jefe de Gabinete ante el público, diciendo que no le preocupaba por ‘Adorni va a pagar’”.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó en la Cámara baja un proyecto de resolución que reclama una posición firme y explícita del Poder Ejecutivo frente a eventuales iniciativas de exploración y explotación de hidrocarburos en áreas marítimas circundantes a las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur realizadas sin autorización de la Argentina.

La iniciativa exige que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, exprese su rechazo a cualquier pretensión de este tipo por considerar que vulnera la soberanía nacional sobre territorios y espacios marítimos en disputa. Al mismo tiempo, el texto reafirma el compromiso del Congreso con la defensa “irrestricta” de la soberanía argentina sobre las islas y los espacios insulares y marítimos correspondientes, en línea con la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional.

En los fundamentos, Paulón advierte que en los últimos días tomaron estado público informaciones sobre posibles proyectos de exploración y explotación petrolera en zonas adyacentes a Malvinas impulsados sin intervención ni autorización del Estado argentino. De confirmarse esas acciones, sostiene, se trataría de “una situación de suma gravedad institucional”, ya que implicaría el avance sobre recursos naturales ubicados en un área sometida a una disputa de soberanía reconocida a nivel internacional.

El diputado remarca que la Constitución consagra de manera expresa el carácter legítimo e imprescriptible del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y que cualquier acción unilateral que ignore ese mandato vulnera tanto el ordenamiento jurídico nacional como los principios del derecho internacional aplicables a la controversia.

El proyecto también subraya que desde la recuperación de la democracia la Argentina sostiene de manera ininterrumpida una política de Estado basada en el reclamo pacífico de soberanía, el respeto al derecho internacional y la búsqueda de una solución negociada, en consonancia con las resoluciones de los organismos internacionales que reconocen la existencia de la disputa e instan a las partes a retomar el diálogo.

En ese marco, Paulón plantea que la eventual explotación de recursos naturales en las áreas en cuestión no puede ser considerada legítima sin la autorización expresa del Estado argentino, al que define como el único titular de los derechos soberanos sobre esos espacios. Asimismo, advierte que el silencio, la ambigüedad o la falta de una reacción proporcional por parte del Gobierno podrían ser interpretados como una forma de consentimiento tácito frente a actos que lesionan intereses nacionales estratégicos.

El diputado sostiene que la trascendencia institucional del tema exige un pronunciamiento “claro, oportuno e inequívoco” del Poder Ejecutivo ante la comunidad internacional, que reafirme la vigencia de los derechos soberanos argentinos y evite cualquier señal de retroceso en una causa que atraviesa a todo el sistema político.

Por último, el proyecto convoca al Congreso a asumir un rol activo en la defensa de la soberanía sobre Malvinas, al señalar que se trata de una causa nacional que trasciende coyunturas políticas y diferencias partidarias y que compromete a todos los poderes del Estado.

Una ampliación de denuncia presentada ante la Justicia sumó nuevos elementos a la investigación patrimonial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a partir de la compra de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires. El escrito incorpora hechos, testimonios y pedidos de medidas de prueba vinculados al origen de los fondos utilizados en la operación inmobiliaria.

Según el texto presentado por los diputados nacionales Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano, la ampliación se basa en una nota periodística publicada el 30 de marzo por el diario La Nación, titulada “Quiénes son las dos acreedoras del préstamo con el que Adorni compró su departamento en Caballito”. En ese artículo se afirma que el funcionario recurrió a un préstamo familiar para adquirir la propiedad, señalando como prestamistas a Beatriz Vegas y Claudia Shabot, a quienes describe como cercanas al jefe de Gabinete.

Los denunciantes sostienen que del propio contenido de la nota surge la necesidad de despejar dudas sobre la legalidad del origen de los fondos y sobre las condiciones de la operación, en particular en lo referido a la declaración patrimonial presentada por Adorni. En ese sentido, remarcan que la descripción del crédito utilizado para la compra del inmueble no permite conocer con claridad el costo financiero total de la operación, el interés aplicado ni el plazo de devolución del dinero prestado.

La ampliación también pone el foco en la escribana interviniente en la escritura de compraventa. Se trata de Adriana Nechevenko, quien, de acuerdo con el escrito, figura como participante del acto notarial y, al mismo tiempo, fue mencionada públicamente por el propio jefe de Gabinete en su conferencia de prensa como “la escribana del banco”. Para los denunciantes, este aspecto adquiere relevancia porque Nechevenko tendría participación directa en la instrumentación jurídica de la operación y podría aportar precisiones sobre las personas intervinientes y las condiciones reales del préstamo.

El documento destaca además que la ambigüedad en torno a las características del crédito otorgado podría tener implicancias en el cumplimiento de la normativa vigente en materia de ética pública. En particular, se alude a la Resolución 192/2024 de la Oficina Anticorrupción, que reglamenta las obligaciones de los funcionarios alcanzados por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública y que fue publicada en el Boletín Oficial el 6 de diciembre de 2024. Según los denunciantes, la falta de información precisa sobre el financiamiento podría afectar la correcta declaración patrimonial del funcionario.

En el apartado testimonial, la ampliación de denuncia solicita que se reciba declaración a Adriana Nechevenko en su carácter de escribana actuante, con el objetivo de que precise las operaciones en las que participó y aporte detalles sobre la identidad de los contratantes, las condiciones del préstamo y la forma en la que se formalizó la compra del inmueble.

Finalmente, el escrito formula tres pedidos concretos ante el juzgado interviniente: que se tenga por ampliada la denuncia original, que se tome declaración testimonial a la escribana mencionada y que se dispongan todas aquellas medidas que el tribunal considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos. El documento concluye con la fórmula de rigor, dejando en manos de la Justicia la evaluación de los nuevos elementos incorporados a la causa.

En el marco de los 50 años del golpe de Estado de 1976, este martes 17 de marzo a las 17 se realizará en el Congreso de la Nación el primer conversatorio “A 50 años del Golpe Genocida. Memoria, Verdad, Justicia y Democracia”, una actividad destinada a promover la reflexión colectiva sobre el pasado reciente y su proyección en el presente democrático.

El encuentro tendrá lugar en la Sala Auditorio Anexo A, primer piso, del Palacio Legislativo, sobre la avenida Rivadavia 1841. La convocatoria reunirá a dirigentes con trayectoria en la vida institucional y en la defensa de los derechos humanos, entre ellos Ricardo Alfonsín, Pablo Avelluto, Natalia de la Sota, Esteban Paulón, Federico Storani, Jorge Taiana, Eduardo Tavani y Griselda Tessio.

La actividad contará con una introducción a cargo de Eduardo Sigal y un mensaje especial en formato de audio de Taty Almeida, referente histórica de los organismos de derechos humanos. La coordinación estará a cargo de Marcelo Ferreira.

Organizado por el Foro por una Nueva Democracia, el conversatorio se propone no solo recuperar la memoria histórica y reafirmar las banderas de verdad y justicia, sino también abrir un debate plural sobre la calidad democrática, los consensos básicos y las amenazas que enfrentan hoy las instituciones a cinco décadas del golpe.

La entrada es libre y gratuita, y se espera la participación de legisladores, referentes sociales, estudiantes y público en general interesados en mantener viva la memoria y fortalecer la democracia.

El diputado nacional Esteban Paulón, junto a su par Pablo Farías, presentó un proyecto de ley para crear el Programa Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (PENIA), con el objetivo de jerarquizar y restituir por ley el plan ENIA, cuya estructura —según los fundamentos del proyecto— fue desmantelada por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa propone que el PENIA funcione en la órbita del Ministerio de Salud y que esté destinado a adolescentes de 13 a 19 años, con un enfoque integral, intersectorial, de género, diversidad y derechos humanos. Su propósito central es prevenir embarazos no intencionales mediante acceso a información basada en evidencia, fortalecimiento de la Educación Sexual Integral (ESI) y provisión de métodos anticonceptivos eficaces.

El texto incorpora y articula al PENIA con un extenso plexo normativo vigente, que incluye tratados internacionales de derechos humanos y leyes nacionales como la Ley de Educación Sexual Integral, la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. También fija principios rectores como el respeto al interés superior de niñas y adolescentes, la autonomía progresiva, la identidad de género y el acceso a información científica y confiable.

Entre los objetivos específicos, se destacan:

• ● Sensibilizar sobre la importancia de prevenir el embarazo no intencional en la adolescencia.
• ● Mejorar la oferta y calidad de los servicios de salud sexual y reproductiva.
• ● Fortalecer decisiones informadas y proyectos de vida de adolescentes.
• ● Prevenir el abuso y la violencia sexual.
• ● Construir estadísticas y datos epidemiológicos para diseñar políticas basadas en evidencia.

Salud como autoridad de aplicación

El Ministerio de Salud sería la autoridad de aplicación, con funciones que incluyen cooperación técnica y financiera a las provincias, capacitación continua de equipos de salud, disponibilidad de anticonceptivos —con énfasis en métodos de larga duración—, y acompañamiento a escuelas para mejorar la implementación de la ESI.

El proyecto también prevé convenios con jurisdicciones, asistencia financiera mediante el Tesoro Nacional y la creación de una Unidad de Coordinación Interministerial que articule acciones con otras áreas del Estado, como Capital Humano, Educación y SENAF.

Para garantizar transparencia y control, se crea un Consejo Consultivo integrado por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y referentes académicos. Además, el Ministerio de Salud deberá presentar informes anuales al Congreso sobre la implementación del programa e incluir a la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el monitoreo.

Críticas al desmantelamiento del ENIA

En los fundamentos, Paulón destaca que el Plan ENIA —implementado en 12 provincias priorizadas por sus altas tasas de embarazo adolescente— redujo significativamente la fecundidad adolescente, especialmente en provincias donde estuvo activo. Además, remarca que la ESI permitió detectar situaciones de abuso sexual y que la provisión de anticonceptivos específicos para adolescentes registró caídas drásticas en 2024.

El texto cita informes de organismos como UNICEF, SAP, UNFPA y el Ministerio Público Tutelar, así como recomendaciones de la ONU y la CIDH, que instaron a Argentina a garantizar la continuidad del plan ante su desarticulación.

Una política pública que busca recuperar status federal

El proyecto recuerda que, antes de ser desmantelado, ENIA tenía previsto expandirse a las 24 jurisdicciones del país mediante convenios ya firmados. La propuesta legislativa procura dar estabilidad, financiamiento y permanencia a una política pública considerada efectiva y costo-efectiva por múltiples evaluaciones nacionales e internacionales.

Paulón sostiene que restituir el programa es clave para garantizar derechos, prevenir abusos, reducir desigualdades de género y evitar consecuencias educativas, laborales y sanitarias que afectan de manera desproporcionada a adolescentes y especialmente a niñas menores de 15 años.

El diputado nacional Esteban Paulón (Provincias Unidas) presentó un pedido de informes tras la difusión de una foto del jefe del Gabinete, Manuel Adorni, junto a su esposa en un viaje oficial del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, a fin de saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles incompatibilidades y conflicto de intereses.

En el proyecto impulsado por Paulón solicita una copia del manifiesto del vuelo contratado por el Gobierno nacional para el traslado de diversos funcionarios a los Estados Unidos en ocasión de la realización de la “Argentina Week”.

Al respecto, pide saber si en el marco de la comitiva oficial por el viaje fue incluida la señora Bettina Angeletti, qué rol cumple y si se ha dejado constancia del vínculo que tiene con el jefe de Gabinete. En esa línea, solicita información sobre quién sufragó el costo derivado de su viaje y que se adjunten los comprobantes correspondientes.

✈️POR EL MUNDO CON ADORNI 💫

Ante la difusión de imágenes del Jefe de Gabinete @madorni junto a su pareja en la gira oficial de @JMilei a USA, presenté un pedido de informes para saber quién pagó ese viaje, qué rol cumple en el viaje y si fueron evaluadas posibles… pic.twitter.com/2Jm3wNTzMJ

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 8, 2026

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que dejó sin efecto la aplicación de aranceles generalizados del 15% por parte de Donald Trump y el acuerdo comercial entre Argentina y el país norteamericano, el diputado nacional Esteban Paulón solicitó la presencia del canciller Pablo Quirno a la Cámara baja para que brinde explicaciones al respecto.

En la iniciativa, el diputado pide saber cuál va a ser la política impulsada por el Poder Ejecutivo Nacional respecto de los beneficios que Argentina iba a otorgar a los productos e inversiones estadounidenses en función del Acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos (ARTI); qué estrategias se están considerando para proteger el interés de los exportadores argentinos que se vieron perjudicados por la reversión de aranceles en 1,675 posiciones.

En esa línea, solicita información sobre las medidas que se están tomando por el perjuicio a las empresas argentinas que exportaron con aranceles adicionales durante 2025, estimados en un total mundial de 170,000 millones de dólares. También, las acciones inmediatas que prevé la Cancillería para reconfigurar las relaciones comerciales de Argentina con Estados Unidos y otros mercados.

“Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Los efectos del fallo son importantísimos en la relación bilateral. Este escenario generó una gran preocupación no solo en el ámbito económico, sino también en la percepción de Argentina como un socio comercial de confianza para Estados Unidos”, expresó el santafecino.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos fallara en contra de la administración trumpista en rigor de los aumentos arancelarios, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución para interpelar al canciller Pablo Quirno ante el pleno, donde se le exigen explicaciones sobre la situación del acuerdo entre Argentina y el país norteamericano suscripto en noviembre pasado.

El texto fue avalado por Pablo Farías, santafesino que integra Provincias Unidas, donde enumeraron nueve puntos a explicar por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto: evaluación del acuerdo firmado entre ambos países: la política a impulsar por el Ejecutivo sobre los productos; las estrategias a considerar para proteger el interés de los exportadores argentinos; y qué medidas concretas se están tomando por el perjuicio a las empresas argentinas que exportaron con aranceles adicionales durante 2025, entre varios puntos.

En los fundamentos, el diputado Paulón recordó que el gobierno de Milei aceptó, entre otras cosas, eliminar barreras para más de 200 categorías de productos estadounidenses, que incluían químicos, maquinaria y dispositivos médicos. También se otorgaron protecciones en materia de propiedad intelectual y servicios digitales, asegurando que las empresas estadounidenses tuvieran un ambiente de privilegios para operar y competir en el mercado argentino.

“Este aparente esquema de beneficios y oportunidades rápidamente se convirtió en un campo minado de incertidumbre y preocupación”, consignó el santafesino, quien lo relacionó directamente con el fallo de la Corte en rigor de la aplicación del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) por parte de la administración Trump para imponer aranceles porque “carecía de sustento legal, ya que solo el Congreso posee la autoridad para crear impuestos”. “Esta decisión abre una profunda inquietud sobre la validez del acuerdo firmado entre los dos países”, advirtió.

Cuestionó, además, que “esta incertidumbre es claramente acrecentada por la extravagante apuesta del presidente (Javier) Milei de apostar a una alianza coyuntural con el presidente de los Estados Unidos nacida al calor de su afinidad ideológica pero que no resiste a los contrapesos del sistema institucional estadounidense”, y añadió que “la espera por respuestas efectivas se convierte en un constante recordatorio de la fragilidad de los acuerdos internacionales, donde algo que parecía seguro se desmorona ante un fallo judicial”.

Por último, Esteban Paulón señaló que “Argentina aún enfrenta el desafío de tener una inserción internacional inteligente, basada en oportunidades y no en giros sobre ideologizados, sino también de fortalecer su economía en medio de un clima global incierto”. “Es necesario que en esta coyuntura la Cancillería Argentina de respuestas sobre la apuesta fallida y las certidumbres que hay que construirle al complejo exportador argentino para volver a crecer”, concluyó.

Tras participar de un encuentro con especialistas del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), el diputado nacional Esteban Paulón anticipó que, en caso que el proyecto que busca modificar la Ley de Glaciares se apruebe en el Senado y pase a la Cámara baja, van a "exigir una audiencia pública obligatoria para garantizar la más amplia participación ciudadana en la defensa de nuestros glaciares".

En tal sentido, el santafesino señaló que la normativa vigente "es una política de Estado estratégica que asegura la sostenibilidad de todas las actividades productivas a largo plazo, así como la reserva de agua en las zonas periglaciares, los ecosistemas, las economías regionales y el desarrollo del país".

Además, el legislador cuestionó que "la reforma pretende que autoridades provinciales -sin la capacidad técnica del IANIGLA- decidan qué cuerpos de hielo tienen relevancia hídrica, permitiendo actividades extractivas incluso si afectan a otras provincias".

"Esto desnaturaliza el objetivo de conservación de las áreas glaciares y periglaciares. Nosotros no vamos a avalar la desprotección del medioambiente ni los planes extractivistas de este Gobierno", enfatizó.

Por otra parte, Paulón denunció el desfinanciamiento del organismo a cargo del Inventario Nacional de Glaciares y apuntó: "Con esta reforma legal buscan destruir un inventario de más de 10.000 áreas protegidas, transfiriendo facultades técnicas a las provincias y facilitar la exploración minera".

Representantes del Espacio Audiovisual Nacional (EAN) se reunieron este miércoles con diputados de la oposición en el Anexo de la Cámara de Diputados, donde manifestaron su rechazo a ciertos aspectos de la Reforma Laboral que impactarían en el sector, al tiempo que advirtieron por el futuro del cine argentino.

Durante el encuentro, organizado por el diputado socialista Esteban Paulón, expresaron su posición en contra de algunos puntos del proyecto impulsado por el Gobierno: la derogación del Estatuto del Periodista y las modificaciones que afectarían directamente el funcionamiento del INCAA, la TV Pública y Radio Nacional, organismos que el sector considera “pilares fundamentales para la soberanía cultural y la identidad nacional”.

La jornada contó con la presencia de productores, guionistas y actores, entre ellas las destacadas Alejandra Flechner, Mercedes Morán y Julieta Díaz.

Además, Paulón reafirmó su compromiso de actualizar y relanzar un proyecto de emergencia en la industria audiovisual, presentado originalmente en 2024. “Invito a todos a trabajar en esta iniciativa cuando comience el período parlamentario”, dijo el santafesino, al subrayar la necesidad de generar un marco normativo que proteja a los trabajadores “ante un escenario de alta incertidumbre económica y legal”.

​La reunión concluyó con la lectura de un documento conjunto y testimonios de diversos actores del sector, quienes coincidieron en que la producción audiovisual es una actividad que requiere financiamiento y políticas públicas sostenidas en el tiempo.

Los referentes advirtieron que, sin el apoyo del Estado y un marco regulatorio estable, la industria independiente -que genera miles de puestos de trabajo- corre “un riesgo real de subsistencia frente a los desafíos que plantea el tratamiento de la reforma en el Senado”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció en redes que clínicas y hospitales de todo el país podrán adquirir equipamiento médico importado de manera más rápida y sencilla, con el objetivo de mejorar la calidad del sistema de salud y reducir costos operativos.

Al respecto, el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto salió al cruce de la medida y cuestionó: “Ahora el gobierno nacional habilita la importación de equipos médicos usados.  Hace poco habilitaron el ingreso de ropa usada.  Cada día la Argentina se parece a un país africano de segundo orden”.

En el mismo sentido, se manifestó el diputado santafecino Esteban Paulon: “ARGENTINA, DE SEGUNDA MANO. ¿Qué festeja Adorni? Que Argentina será el depósito de los productos de segunda mano del mundo. Maquinaria pesada para minería y el agro, equipamiento médico, vehículos… De puertas abiertas para destruir la industria nacional”.

El funcionario había publicado en su cuenta de “X” que se trata de una medida con “menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”. Las importaciones de equipamiento médico usado estaban limitadas por regulaciones estrictas y largos procesos burocráticos y ahora la posibilidad de acceder a los mismos y en mejores condiciones, tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes.

Mientras continúa avanzando la licitación por la construcción de la Línea F, el jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, salió a responderle al diputado nacional por el Partido Socialista (PS) Esteban Paulón por las críticas que hizo a la gestión de la red de subterráneos del distrito capitalino.

El cruce entre ambos se dio después de que el socialista publicara en su cuenta de X, ex Twitter, el posteo de un usuario en el que se mostraba una estación subterránea de Bruselas, la cuál se veía sumamente limpia, iluminada y ordenada. "Porteños ¿qué nos impide que nuestro subte luzca así?", se preguntó el cibernauta y Paulón no dudó en responder: "El Gobierno de Jorge Macri".

Porteños ¿qué nos impide que nuestro Subte luzca así? https://t.co/7de49DgeTq

— nicotero (@nicolasotero) February 1, 2026

Atento a las declaraciones de Paulón, el jefe de Gabinete porteño salió a recordarle algunos de los principales hitos de la gestión de Macri en materia de transporte subterráneo. "Diputado, el Gobierno de Jorge Macri viene llevando adelante una política sostenida de modernización del Subte de la Ciudad", comenzó diciendo y precisó que "implementó la opción de viajar con cualquier medio de pago, convirtiendo a Buenos Aires en una de las primeras ciudades del continente en ofrecer esta alternativa".

"Ya adjudicó y renovará por completo las formaciones de la Línea B, e incorporará 40 coches nuevos a las Líneas A y C, que entrarán en servicio en 2027", continuó y detalló que "está llevando adelante la puesta en valor y renovación de 48 estaciones de la red de Subte".

Finalmente, Sánchez Zinny concluyó planteando que "este año adjudicará y comenzará las obras de la Línea F, la séptima línea de la red, que contará con estaciones de diseño elipsoidal y plataformas centrales, mejorando la experiencia del usuario. Además, estarán recubiertas con materiales que reducen el ruido, y algunas contarán con iluminación natural".

La senadora nacional Edith Terenzi y el diputado nacional Esteban Paulón escribieron una carta al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al presidente de la Nación, Javier Milei, respectivamente, solicitándoles de forma urgente que sume al temario de extraordinarias los proyectos que incorpora la figura de ecocidio al Código Penal.

La nota de la chubutense Terenzi refiere puntualmente a un proyecto de su autoría que entiende la figura de ecocidio como el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente, en violación de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Así, explica que la solicitud “se funda en la grave crisis ambiental que atraviesan la cordillera y el bosque andino patagónico de la provincia de Chubut, como consecuencia de los incendios forestales de gran magnitud que se vienen produciendo y que ya han ocasionado daños irreversibles en los ecosistemas, afectando de manera directa no solo a las comunidades locales, sino también a quienes apuestan por nuestro territorio a través de diversas actividades turísticas, productivas, ganaderas y agropecuarias”.

Terenzi planteó que “estos hechos ponen de manifiesto la urgente necesidad de dotar al ordenamiento jurídico de herramientas penales adecuadas que permitan la prevención, sanción y reparación de conductas dolosas que generan daños ambientales irreparables. La incorporación de la figura de ecocidio a nuestro sistema jurídico constituye una clara manifestación del compromiso del Estado en la defensa del ambiente como bien jurídico fundamental y derecho humano”.

Por su parte, Paulón le envió su carta al Presidente quien también pide que se incluya de manera urgente en el temario de sesiones extraordinarias los proyectos vinculados a la declaración de la emergencia ambiental y a la incorporación de la figura de ecocidio en el Código Penal, debido a que “la Argentina no cuenta hoy con las herramientas institucionales, presupuestarias ni penales necesarios para enfrentar este tipo de catástrofes y la intervención del Estado Nacional es clave”.

“Esta situación hace imprescindible la intervención activa del Estado nacional, mediante políticas públicas excepcionales, asignación urgente de recursos y una coordinación integral que hoy está ausente”, manifestó.

A su vez, criticó que el Gobierno nacional “lejos de fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir estos eventos extremos. El proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2026 prevé una reducción cercana al setenta por ciento (70 %) de los recursos destinados a la prevención y combate de incendios forestales en comparación con el ejercicio anterior. Esta decisión no solo resulta irresponsable, sino que vuelve prácticamente inviable cualquier planificación seria de políticas de prevención, debilita a los equipos técnicos y limita severamente la capacidad de respuesta ante emergencias de esta magnitud”.

CARTA ABIERTA A @JMilei: ANTE LOS INCENDIOS NO MIRE PARA OTRO LADO!

Frente al drama de los incendios, le pedí al Presidente de la Nación que incorpore los proyectos de Declaración de Emergencia presentados, incluyendo el aumento de emergencia para brigadistas y la inclusión del… pic.twitter.com/Koq8mGalHk

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 28, 2026

El diputado nacional Esteban Paulon, junto a su par Pablo Farías, presentó un pedido de informes para que el Poder Ejecutivo brinde explicaciones y detalles sobre el aterrizaje de un avión norteamericano en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia el pasado 25 de enero.

Los legisladores del bloque Provincias Unidas piden saber cuáles fueron los motivos que llevaron a que la aeronave perteneciente al Departamento de Defensa de los Estados Unidos tipo Boeing C-40 aterrizó en el Aeropuerto “Malvinas Argentinas” y remarcó que “no existió ninguna comunicación del estilo”.

También solicitan la descripción de la nómina de personas que viajaban a bordo, indicando cargos y funciones; cuál fue la agenda oficial desarrollada durante la estadía en la ciudad y qué organismos nacionales, provinciales participaron de la misma.

Además, quieren que se detalle el vínculo que existe con los intereses de carácter logístico, estratégico o militar relacionados con la Antártida Argentina y si existe relación entre el arribo de la aeronave y las recientes decisiones o intervenciones de la administración nacional en el Puerto de Ushuaia.

QUE ONDA EL AVIÓN MISTERIOSO? ✈️

La “visita” del avión norteamericano a la Patagonia argentina nos llena de dudas e inquietudes, sobre todo por el alineamiento del gobierno nacional con @realDonaldTrump y la importancia geopolítica del puerto de Ushuaia.
Por ello presentamos un… pic.twitter.com/WQzx21AWyp

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 27, 2026

A una semana del vencimiento del plazo para que la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo se aboque a su tratamiento, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de ley para declarar nulo de nulo el decreto de necesidad y urgencia 941/2025 que reorganiza integralmente la Ley de Inteligencia Nacional. “El DNU de la SIDE tiene que ser declarado nulo de nulidad absoluta”, reiteró el santafesino.

El proyecto de ley fue acompañado por Pablo Farías, Sergio Capozzi y Mónica Frade, quienes consideraron que “el decreto configura en los hechos una nueva Ley de Inteligencia, dictada de manera unilateral por el Poder Ejecutivo, sin debate parlamentario, sin control democrático y en abierta violación al artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional”.

Del mismo modo, aseguraron que “no se verifica en el caso ninguna circunstancia excepcional que torne imposible el trámite legislativo ordinario”. “La materia regulada es una cuestión de máxima sensibilidad institucional, que exige deliberación pública, consenso democrático y la intervención indelegable del Congreso de la Nación. Gobernar por decreto en este ámbito no sólo es inconstitucional, sino profundamente regresivo en términos de calidad democrática”, señalaron.

El DNU 941/2025 fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, pero ingresó formalmente al Congreso de la Nación el viernes 16 de enero. Si la Bicameral de Trámite Legislativo -a carago de Oscar Zago- no se reúne antes del viernes 30 próximo, la oposición podrá llevarlo al recinto -de cualquiera de las dos cámaras- a partir del comienzo del segundo tramo del período extraordinario que iniciará el lunes 2 de febrero.

Para los integrantes de Provincias Unidas, firmantes del proyecto de ley, este DNU “es grave” porque “habilita expresamente que el personal de inteligencia proceda a la aprehensión de personas en supuestos de flagrancia o por orden judicial”.  Explicaron, en ese sentido, que “esta atribución, expresamente vedada por la legislación vigente hasta ahora, desdibuja peligrosamente la demarcación entre inteligencia y funciones policiales, y supone la creación de una verdadera fuerza de seguridad encubierta o ‘policía secreta’, incompatible con los consensos democráticos construidos desde la recuperación constitucional de 1983”.

El segundo punto considerado grave por los legisladores de la oposición dialoguista es que el decreto faculta a la SIDE a “requerir información a la totalidad de los organismos del Estado nacional, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y crea ámbitos de articulación —la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional— bajo su conducción directa”.

“Este diseño convierte a amplios sectores de la administración pública en proveedores forzosos de información estratégica, sin salvaguardas adecuadas, sin control judicial efectivo y con un riesgo evidente de utilización política de los datos recolectados”, aseveraron. Luego, señalaron que “estas disposiciones implican un retroceso histórico, reabren heridas que la democracia argentina había procurado cerrar y contradicen los principios de separación de funciones y subordinación militar al poder civil”.

Entre varios puntos más que fueron criticados, Paulón concluyó con que “esta normativa entra en franco conflicto con la Ley de Seguridad Interior, en tanto habilita que acciones propias del sistema de inteligencia —carentes de control judicial suficiente y basadas en hipótesis o riesgos futuros— puedan afectar derechos y garantías constitucionales”.

Los diputados nacionales Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un proyecto para invitar a la Comisión del Mercosur a funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores con competencia específica en el Acuerdo Mercosur–Unión Europea, así como a representantes de la Delegación de la Unión Europea en la República Argentina, a fin de que brinden información precisa y detallada sobre los aspectos centrales del referido Acuerdo que fue incluido en el temario de extraordinarias y será tratado en el mes de febrero.

La convocatoria tiene por objeto: “Facilitar un análisis integral de los beneficios, desafíos y oportunidades que podrían derivarse de su eventual implementación, en el marco de un intercambio institucional necesario entre los Poderes del Estado con competencia en el proceso de aprobación del Acuerdo, con miras a su evaluación, tratamiento y eventual ratificación por parte del Congreso de la Nación”.

Según argumentaron los diputados “el texto del acuerdo que ha sido publicado muy recientemente, incorpora modificaciones con respecto a la versión del acuerdo aprobada en 2019”.

“Consideramos indispensable que los legisladores contemos con información precisa sobre los puntos centrales del acuerdo, necesaria para un análisis profundo y detallado de los beneficios, desafíos y oportunidades derivados del Acuerdo, en el marco de un espacio de diálogo e intercambio institucional, que nos permitirá tomar decisiones fundamentadas y promover un debate informado”, plantearon.

En esa línea, señalaron que “el significativo impacto que este acuerdo puede tener en diversas áreas económicas, sociales y ambientales del país. Asimismo, destacamos el rol central del Congreso de la Nación en la evaluación, discusión y eventual aprobación del mismo, en cumplimiento de sus responsabilidades institucionales”.

Luego de las múltiples cancelaciones de vuelos de la empresa Flybondi, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes para que los organismos correspondientes como la Secretaría de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), detallen qué sanciones se han aplicado a la aerolínea, qué compensaciones han recibido los pasajeros y pasajeras y cuestiones vinculadas a empresas subsidiarias que operan otros servicios aeroportuarios.

En la iniciativa pide que se informe para cada uno de los años 2024, 2025 y 2026 (hasta la fecha), la cantidad total de vuelos informados y/o programados por las compañías aéreas que operan bajo el modelo denominado low cost, en particular Flybondi y JetSMART. También, la cantidad de vuelos efectivamente realizados por las mencionadas compañías; la cantidad de vuelos cancelados y reprogramados por dichas compañías, discriminando —en caso de existir dicha información— las causas operativas, técnicas, comerciales o de fuerza mayor.

También, solicita que se informe si la ANAC ha iniciado actuaciones administrativas, procesos de fiscalización, auditorías operativas o aplicado sanciones a la compañía Flybondi y, en caso afirmativo, detalle el tipo de sanción, su fundamento normativo, el estado de cumplimiento y las eventuales medidas correctivas exigidas.

Además, que se detalle la capacidad estimada de transporte de pasajeros por jornada de acuerdo con los vuelos informados y/o programados, en contraste con la cantidad de aeronaves registradas y la cantidad de aeronaves efectivamente operativas durante cada período.

En otro punto, Paulón solicita datos respecto de la existencia o no de registros de reclamos presentados ante organismos de Defensa del Consumidor bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional vinculados a la prestación de servicios de transporte aéreo y, en caso afirmativo, indique la cantidad de reclamos, los principales motivos invocados y los resultados o conclusiones de las actuaciones iniciadas.

En esa línea, agrega si hay registros vinculados a devoluciones dinerarias de pasajes a personas usuarias por parte de dichas compañías y si  durante el año 2025 la compañía Flybondi presentó ante la autoridad competente algún plan destinado a regularizar la prestación de servicios aéreos, indicando las medidas operativas propuestas, eventuales refuerzos de flota o personal y la existencia de planes de resarcimiento o compensación informados a organismos de Defensa del Consumidor u otras autoridades competentes.

El diputado nacional Esteban Paulon sumó un nuevo proyecto a los que ya han presentado otros bloques para que se declare la emergencia ígnea y el daño ambiental en la Patagonia y se les otorgue un bono a brigadistas y bomberos que combate el fuego.

La iniciativa propone la declaración de zona de desastre y emergencia en las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz y Neuquén que tiene por finalidad la adopción de medidas y acciones concretas destinadas a promover la recomposición del ambiente en la Región Delta del Paraná afectadas por la sequía y los incendios.

Además, dispone un otorgamiento de un bono mensual extraordinario equivalente al 100% de su salario básico para las y los brigadistas forestales que participen en operativos de combate y control de incendios en el marco de la emergencia declarada, por cada mes en que se encuentren afectados a dichos operativos.

“El Poder Ejecutivo nacional destinará una partida del Fondo de Compensación Ambiental de la Ley 25.675 para afrontar las acciones de preservación del ambiente y de recomposición ambiental, en el marco de la emergencia y por el plazo dispuesto en el artículo 1º. De ser necesario, se asignará una partida especial adicional de los recursos del Ejercicio 2026”, agrega.

Paulon señaló que “los eventos registrados en distintos puntos de la región patagónica configuran un escenario de desastre que supera las capacidades de respuesta locales y provinciales, haciendo imprescindible la intervención del Estado nacional mediante políticas públicas excepcionales y la asignación de recursos y exige una respuesta inmediata, integral y coordinada”.

En esa línea, pidió atender la “situación crítica” de brigadistas forestales, trabajadores de Parques Nacionales, bomberos voluntarios y agentes de los servicios provinciales de manejo del fuego, quienes se encuentran en la primera línea de contención de incendios, desempeñando tareas de “altísimo riesgo en condiciones laborales precarias, con salarios insuficientes y sin el reconocimiento institucional acorde a la relevancia estratégica de sus funciones”.

La semana pasada, el Gobierno nacional comunicó la disolución total del Grupo Especial Antinarcotráfico Rosario (GEANRO), el cual fue creado en la gestión de Patricia Bullrich con la idea de reforzar la lucha contra el crimen organizado en Santa Fe. A través de la Resolución 4/2026 publicada del Boletín Oficial, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, informó la decisión.

En rigor de esta medida del gobierno de Javier Milei, los diputados santafesinos de Provincias Unidas, Esteban Paulón y Pablo Farías, presentaron un proyecto de resolución en el que solicitan al Ministerio y al ARCA los detalles de la disolución. Además, exigen conocer cómo garantizará el Estado argentino el cumplimiento del Programa Global de Contenedores; y qué informes técnicos en causas vinculadas a narcotráfico y delitos conexos realizó el organismo fiscal.

“La derogación anticipada del dispositivo, sin una evaluación pública, objetiva y fundada de su desempeño conforme a parámetros previamente establecidos, configura una decisión de carácter eminentemente discrecional por parte del Poder Ejecutivo Nacional, cuya motivación resulta insuficiente a la luz de los propios considerandos invocados en la Resolución 4/2026”, cuestionaron los integrantes de Provincias Unidas.

También señalaron que resulta “preocupante” que “los supuestos resultados positivos alcanzados por el esquema de coordinación aparecen paradójicamente utilizados como justificación para su disolución”.

En el final, afirmaron que “no quedan en claro entonces las motivaciones que son tenidas en cuenta para tamaña decisión puesto que la lógica, y en base a lo esgrimido por el propio Ministerio de Seguridad, indicaría que es una política pública a profundizar ya sea para continuar con los resultados positivos o mejorarlos pero nunca eliminar algo que funciona bien -y menos aún en áreas tan sensibles como son el narcotráfico, la narcocriminalidad y la vida de los rosarinos”.

En la misma línea, la diputada camporista Florencia Carignano presentó un proyecto de resolución con el mismo espíritu y apuntó que “la seguridad ciudadana y la lucha contra el narcotráfico constituyen responsabilidades indelegables del Estado Nacional y que cualquier modificación de los dispositivos federales en territorio provincial debe fundarse en criterios objetivos, evaluaciones de impacto y garantías de continuidad operativa, a fin de evitar retrocesos que pongan en riesgo la integridad de la población”.

Tras la liberación de presos políticos en Venezuela, el diputado nacional Esteban Paulon (Provincias Unidas) presentó un proyecto de resolución para interpelar al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, a fin de que brinde un informe verbal sobre la política exterior adoptada por el Poder Ejecutivo en relación a los recientes acontecimientos ocurridos y a las gestiones iniciadas para la libertad del gendarme Nahuel Gallo.

En la iniciativa, Paulon solicita que el funcionario explique los fundamentos jurídicos y políticos del comunicado oficial de la Cancillería argentina del pasado 3 de enero en el cual el Gobierno nacional expresó su respaldo a las acciones militares llevadas a cabo por los Estados Unidos en territorio venezolano.

En esa línea, exige saber el estado actual de las gestiones diplomáticas, consulares y políticas realizadas por el Ejecutivo, en forma bilateral o a través de mecanismos multilaterales, con el objeto de obtener la liberación inmediata del ciudadano argentino Nahuel Gallo “detenido ilegalmente en Venezuela desde el 2024”.

Además, pide saber la posición adoptada por la Argentina en el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y caribeños (CELAC), incluyendo las razones por las cuales se opuso a una declaración regional de condena al uso unilateral de la fuerza.

También que explique la evaluación del Ejecutivo sobre los riesgos que las acciones militares, las injerencias externas y los precedentes de administración o control extranjero sobre Estados soberanos, así como la invocación de doctrinas de seguridad, lucha contra el narcotráfico o el “narcoterrorismo” como justificación para el uso unilateral de la fuerza, pueden implicar para la paz regional, la protección de los derechos humanos y la soberanía de los Estados latinoamericanos.

POR QUÉ NO LIBERAN A NAHUEL GALLO?

Presenté un pedido de interpelación al Canciller @pabloquirno para que brinde explicaciones sobre la posición argentina frente a la invasión en Venezuela y el estado de las gestiones para la libertad del Gendarme Nahuel Gallo, detenido… pic.twitter.com/Ws98ZMVHkJ

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) January 9, 2026

Después de conocer el contenido de la reforma laboral y su ingreso temprano en Mesa de Entradas del Senado, el diputado nacional Esteban Paulón intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a la vicepresidenta Victoria Villarruel para que retiren el proyecto de ley y sea ingresado por la Cámara baja. “Incluye reformas en cargas y contribuciones además de modificaciones en Ganancias e IVA”, señaló el legislador de Provincias Unidas.

Para el diputado santafesino esto fue un “mal arranque” porque consideró en la carta documento que la Cámara de Senadores “no puede ser cámara de origen para el tratamiento primario de tal proyecto puesto que el mismo posee materias -impositiva- que es competencia expresa de la Cámara de Diputados”. En ese sentido, Paulón invocó los artículos 52 y 75 inc. 12 de la Constitución Nacional.

MAL ARRANQUE: LA REFORMA LABORAL DEBE IR A DIPUTADOS

Acabamos de intimar a @VickyVillarruel y @madorni para que retiren el proyecto de ley de Modernización Laboral y la presenten donde corresponde, @DiputadosAR
El proyecto incluye reformas en cargas y contribuciones además de… pic.twitter.com/cNHntL7SNR

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) December 11, 2025

Por tanto, aseveró que “la maniobra de presentar el proyecto en el Senado de la Nación en lugar de Diputados demuestra que no es interés del Poder Ejecutivo Nacional darle tratamiento urgente a la pretendida reforma laboral sino sólo sumar escollos, dimes y diretes legislativos que no contribuyen en nada al debate parlamentario”. En resumen, para Esteban Paulón “es humo”.

También cargó que el ingreso por Senado solo responde al “capricho” de Patricia Bullrich de “capitalizar” su posible aprobación. Luego, siguió: “Si de verdad quieren dar los debates que dicen querer dar, deben respetar a este Congreso de la Nación y utilizar los canales interpoderes que supimos construir a pesar de las diferencias políticas”.

La intimación del santafesino fue dirigida al jefe de Gabinete y a la titular del Senado para que en el plazo perentorio e improrrogable de 24 horas el proyecto de ley sea retirado de la Cámara alta e ingresado por Mesa de Entradas de la Cámaras de Diputados.

En el Senado reclamaron por lo mismo

Temprano, la senadora jujeña Carolina Moisés advirtió que “la Constitución no es un trámite formal ni un obstáculo político: son las reglas de juego que garantizan el equilibrio institucional de la República y el artículo 52 establece con claridad que las leyes relativas a impuestos deben tener origen en la Cámara de Diputados”.

Luego, remarcó que “cualquier intento del Poder Ejecutivo de eludir este procedimiento desnaturaliza el sistema bicameral, vulnera competencias exclusivas, y puede anularse judicialmente el procedimiento”. De todos modos, en la Cámara alta Villarruel ya convocó a una reunión de Labor Parlamentaria para el próximo martes a las 11 con los jefes de todos los bloques en virtud del inicio del debate.

LA CONSTITUCIÓN NO SE NEGOCIA.

El proyecto de Reforma Laboral NO puede entrar por @SenadoArgentina.

El Gobierno ingresó hoy un proyecto que incluye cambios impositivos en IVA y Ganancias y derogaciones de leyes tributarias.

¿Y saben qué? Eso viola la Constitución. El artículo… pic.twitter.com/FQzlMOX1QY

— Carolina Moises (@CarolinaMoises) December 11, 2025

Un dato saliente respecto de los proyectos presentados en lo que va del año lo da el hecho de que la mayoría de los rubros en ambas cámaras están encabezados por senadores y diputados que concluyen este año sus mandatos. Al menos así sucedió hasta el mes de octubre, que es donde parlamentario.com ha hecho este corte parcial para reseñar quiénes son los legisladores más prolíficos del año en cada uno de los rubros.

Recordemos, a los efectos estadísticos, que este medio hace esos informes, para su Índice de Calidad Legislativa, contabilizando el período legislativo que va desde marzo a febrero, por lo que el que refiere la actividad del presente año concluye recién en febrero de 2026. Esto es, restan contabilizar 40 días para los diputados y senadores que ya concluyeron sus mandatos y el resto del verano para todos.

Lo cierto es que las senadoras kirchneristas Silvina García Larraburu y Eugenia Duré, cuyos mandatos concluyeron el 9 de diciembre, encabezaron en materia de proyectos de ley y de resolución, respectivamente. Lo mismo sucede con los proyectos de declaración, donde figuró el ahora exsenador radical Víctor Zimmermann. En cuanto a los proyectos de resolución, quien encabeza es la senadora fueguina Cristina López, quien renovó su mandato el pasado 26 de octubre.

En cuanto a la Cámara baja, en proyectos de ley figura primero, al mes de octubre, el exdiputado de Encuentro Federal Oscar Agost Carreño. Otro diputado (MC), Gerardo Milman, es el que más proyectos de declaración presentó, mientras que el socialista Esteban Paulón figura al tope en proyectos de comunicación.

A continuación, detallamos los diez primeros diputados y senadores en cada uno de los rubros, al 31 de octubre:

CÁMARA DE SENADORES

Proyectos de ley

Proyectos de Declaración

Proyectos de Comunicación

Proyectos de Resolución

CÁMARA DE DIPUTADOS

Proyectos de ley

Proyectos de Declaración

Proyectos de Resolución

FUENTE: ÍNDIDE DE CALIDAD LEGISLATIVA

Los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein ratificaron un pedido de informes a la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, respecto de la utilización de fondos públicos por parte de funcionarios de la SIDE para viajar a Bakú, Azerbaiyán, cuando corrió en Fórmula 1 el piloto argentino Franco Colapinto.

“CON LA TUYA A LA F1. Sobre el viaje de funcionarios de la SIDE a Bakú, Azerbaiyán, para ver a Colapinto con fondos públicos. Hay sospechas de que se destinaron $19M de fondos públicos al tour”, escribió Paulon.

En la nota que habían enviado al titular de la comisión, argumentan que el pasado 24 de septiembre del corriente año se publicó una nota en el medio Clarín titulada “La orden de Karina Milei y la fascinación de la política por la Fórmula 1”. En el cuerpo de la nota, afirman que “funcionarios argentinos de la SIDE viajaron a una cumbre de servicios secretos a un país de Asia Central (…) cuyo trayecto incluyó un cruce por el Mar Caspio para una escala en la ciudad de Bakú (…) donde el domingo se corrió una carrera de Fórmula 1. Podría generar un fuerte ruido en la administración nacional donde se condena el gasto innecesario”.

Al respecto, los diputados resaltaron que la nota “cuenta de la existencia de un viaje oficial por parte de funcionarios públicos que incluyó un destino cercano, pero por fuera del objeto del mismo, y con el solo motivo de participar como espectadores de una carrera de automovilismo”.

“De comprobarse el viaje, constituirían la posible comisión de los delitos de malversación de caudales públicos y/o peculado tipificados en el Código Penal”, y denunciaron y sumaron que “un área tan sensible como es la inteligencia nacional a lo cual se le suma una compleja situación económica financiera de nuestro país, con recortes y vetos en áreas sociales justificados por el Gobierno en el “equilibrio fiscal”, estos hechos ameritan la apertura de una investigación que tenga por objeto confirmar o desecha la posible comisión de delitos”.

Ante el incremento del más del 38% de casos de personas con sífilis en el país, el diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto de ley para que se garanticen preservativos y pruebas rápidas gratuitas, campañas masivas para testearse y tratamiento inmediato.

Según el último Boletín Epidemiológico Nacional, en 2024 se reportaron 36.917 diagnósticos de esta infección de transmisión sexual y la tendencia sigue en aumento este año. El crecimiento afecta principalmente a jóvenes y significa un desafío urgente para el sistema de salud. En lo que va de 2025, se notificaron 36.702 casos en las primeras 44 semanas. Este registro equivale a un aumento del 38,5% respecto de 2022.

El proyecto del diputado santafecino propone que el Ministerio de Salud coordine acciones interjurisdiccionales e interprogramáticas para asegurar intervenciones integrales de prevención, detección temprana, diagnóstico y tratamiento específicas para la sífilis, evitando duplicidades y aprovechando las estructuras sanitarias existentes.

CON MILEI, LA SÍFILIS Y LAS ITS AVANZAN

Con +20 % de casos este año, especialmente en jóvenes de 15 a 39 años y bebés naciendo con secuelas evitables, el gobierno AUSENTE.

Hoy presenté un proyecto de ley para garantizar:
✅preservativos y pruebas rápidas gratuitas… pic.twitter.com/N0SwcM1wtF

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 26, 2025

Entre las acciones de prevención señala el fortalecimiento de las ESI en todos los niveles educativos; distribución gratuita, continua y masiva de preservativos y lubricantes; tamizaje universal y gratuito de sífilis durante el embarazo y el tamizaje neonatal de sífilis en todos los recién nacidos; tratamiento inmediato, gratuito y oportuno con penicilina benzatínica conforme a las guías nacionales, entre otras.

Además, propone la implementación de campañas nacionales permanentes, sistemáticas y basadas en evidencia de difusión, educación y sensibilización sobre la sífilis y otras infecciones de transmisión sexual.

“Dispónese que el presupuesto asignado al Programa 22 - Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra de la jurisdicción 80, Ministerio de Salud de la Nación, para el ejercicio en curso, será actualizado mediante la aplicación de la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, correspondiente al período transcurrido desde el 1 de enero del 2024 a la fecha de sanción de esta ley”, establece,

En esa línea, plantea una distribución de partidas presupuestarias específicas al cumplimiento de los objetivos de esta ley una reasignación presupuestaria equivalente al 0,5 % de los incentivos fiscales otorgados anualmente en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) — Ley 27.742. “Dicha reasignación no afectará la vigencia ni los beneficios del régimen original. Los fondos serán ejecutados exclusivamente para las acciones establecidas en los Artículos 3 y 4 de la presente”, aclara.

Luego de que el Gobierno de los Estados Unidos anunciara un acuerdo comercial bilateral con Argentina el jueves de la semana pasada, diputados socialistas expresaron una profunda preocupación y pidieron al Gobierno nacional a que todo tipo de acuerdo internacional pase por el Congreso de la Nación.

Desde el espacio, señalaron que el texto difundido por la Casa Blanca “refleja asimetrías evidentes y compromisos unilaterales por parte de nuestro país, otorgando acceso preferencial a productos estadounidenses en sectores sensibles –industria farmacéutica, química, maquinaria, tecnología, automotriz y agroindustria- sin recibir beneficios equivalentes”.

“El acuerdo afecta a la industria nacional, debilita sectores estratégicos de la región centro y se consolida un modelo de inserción internacional primarizado y dependiente, centrado en exportar materias primas a cambio de importar bienes de alto valor agregado”, alertaron.

El Partido Socialista advirtió que “rumbo responde más a alineamientos ideológicos externos que no representan una política de Estado, sino expresan afinidades personales de los presidentes Trump y Milei”, y denunciaron que “no hay en ello una evaluación real de los intereses argentinos y se comprometerán inversiones estratégicas y la soberanía regulatoria del país”.

“Reclamamos que todo acuerdo internacional sea público, remitido al Congreso de la Nación y debatido con transparencia, acompañando estudios de impacto productivo, laboral y ambiental”, plantearon.

En ese sentido, reafirmaron que “la integración internacional debe promover trabajo argentino, industria nacional y desarrollo sostenible, no dependencia ni pérdida de capacidades productivas”, al tiempo que exhortaron al Gobierno Nacional a revisar este entendimiento y a priorizar los intereses permanentes de la Nación por encima de cualquier alineamiento coyuntural.

Desde el @ps_argentina expresamos nuestra preocupación por el acuerdo Trump-Milei y sus consecuencias para la soberanía y la actividad económica de nuestro país. https://t.co/uwVQIFCGUP

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) November 16, 2025

A puro baile y zumba, los candidatos al Senado de la Nación, Esteban Paulón y Daniela Soldano, y a la Cámara de Diputados, Alejandro Katz, Diana Maffia y Gabriel Puricelli, encabezaron el acto de cierre de campaña de Movimiento Ciudadano este miércoles.

Luego de una recorrida por distintos espacios de la Ciudad, y en un macro realizado en la Plaza Houssay, Paulón expresó: "Este es un movimiento que llegó para quedarse. Recorrimos barrios, escuelas y acompañamos las marchas de los sectores que sintieron sus derechos avasallados", y destacó la importancia de participar activamente: "El voto útil", dijo, "es el que representa de la mejor manera las ideas de la ciudadanía".

Por su parte, Katz, editor, ensayista y docente que encabeza la lista de candidatos a Diputados, aseguró que “la diversidad y variedad de propósitos e ideas que son parte de nuestra campaña están fundamentados en los principios que nos representan: libertad, justicia e igualdad".

También, resaltó el “acompañamiento de una parte significativa de la sociedad que no quiere más opciones polares, ni compromisos extremos", en un contexto crítico de nuestro país. "Hace 13 años que Argentina no crece, no se puede optar por quienes produjeron esta situación. El año próximo el PBI va a ser 15% menor de lo que era hace 13 años", concluyó.

También participaron del cierre de campaña la diputada nacional Mónica Fein; la presidenta de la Federación Argentina LGBT+ y titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de CABA, Maria Rachid; la Dirigente Socialista y abogada defensora de los derechos de las mujeres, María Elena Barbagelata; entre otros referentes sociales y políticos.

Los diputados santafesinos Esteban Paulón y Mónica Fein presentaron un pedido de informes ante el Poder Ejecutivo de la Nación para conocer la situación funcional, académica y laboral de Alejandro Ciro Álvarez, secretario de Políticas Universitarias. Desde el espacio socialista mencionaron la posible existencia de incompatibilidades por acumulación de cargos, percepción simultánea de haberes públicos y posibles incumplimientos a la Ley de Ética Pública (25.188).

La presentación del proyecto de resolución se da en la antesala a la presentación del funcionario en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para defender el texto de la “ley de leyes” el próximo miércoles 29 de octubre a las 14.30. Asimismo, el Gobierno nacional promulgó, pero sin aplicación la Ley de Financiamiento Universitario insistida por el Congreso de la Nación con más de los dos tercios en ambas cámaras.

Así las cosas, la iniciativa exige información detallada respecto a los cargos ocupados por Álvarez en la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y en la Universidad de Buenos Aires (UBA); exigen saber si actualmente se encuentra con licencia, especificando tipo de licencia, fecha de otorgamiento, normativa aplicable y efectos sobre la percepción de haberes; y conocer si ha percibido remuneraciones de dichas instituciones durante los años 2024 y 2025.

Por otro lado, le exigen al Ejecutivo que indique si Álvarez ha mantenido vínculos laborales o contractuales vigentes con el Senado, especificando si continúa revistando en planta permanente, si ha solicitado licencia por cargo de mayor jerarquía, o en qué carácter y bajo qué condiciones con o sin goce de haberes. También solicitaron información respecto a cuáles son los ingresos actuales y las fuentes de remuneración del funcionario.

En otro ítem, pidieron que se detalle sobre si tomó intervención la Oficina Anticorrupción (OA), la Oficina Nacional de Empleo Público (ONEP) o la Procuración del Tesoro de la Nación en la evaluación de eventuales incompatibilidades por acumulación de cargos y posible vulneración de los deberes y pautas de comportamiento ético, y, en particular, acerca de toda denuncia o expediente que hubiera tramitado con posterioridad a la designación de Álvarez en el marco del ejercicio de las funciones, remita los dictámenes o actuaciones producidas.

Por su labor en la UNLaM, la UBA y el Senado, Paulón y Fein señalaron que Alejandro Álvarez
“hasta 2023 percibía al menos tres remuneraciones provenientes del Estado nacional”. “La normativa vigente prohíbe la acumulación de cargos públicos remunerados, salvo en los casos expresamente exceptuados y bajo estrictas condiciones: ausencia de superposición horaria, cumplimiento íntegro de los horarios oficiales y límite máximo de 10 horas diarias de labor. Además, las excepciones son excluyentes entre sí”, señalaron.

El diputado socialista Esteban Paulón ya había intimado a funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo por la no publicación de las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y de Financiamiento Universitario, anticipando que realizaría una denuncia penal por incumplimiento de los deberes y abuso de autoridad. Les había apuntado originalmente al presidente Javier Milei, Guillermo Francos, Mario Lugones, a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos creer cómo este gobierno se las ingenia para no cumplir ninguna ley y de la cual dependen miles de familias, profesionales, niños y niñas de todo el país que necesitan atención”, dijo entonces el santafesino de Encuentro Federal que también aseveró: “Son insensibles y autoritarios”.

Publicadas ambas leyes, pero suspendidas por el Poder Ejecutivo a instancias de que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento, Paulón sumó a su presentación a la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, como así también al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, ampliando la denuncia con una figura más que es la de malversación de caudales públicos, anticipó a parlamentario.com.

“Hacemos ampliación sobre la denuncia de la Emergencia en Discapacidad”, aclaró el diputado socialista.

Un grupo destacado de intelectuales, artistas y profesionales firmó una carta pública en respaldo al Movimiento Ciudadano, el nuevo espacio político encabezado por Alejandro Katz (candidato a diputado) y Esteban Paulón (candidato a senador) por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El texto, firmado por figuras como Claudia Piñeiro, Oscar Oszlak, Hilda Sabato, Adrián Gorelik, Claudia Hilb, Vicente Palermo, Mariano Llinás, Juan Gabriel Tokatlian, Natalia Volosin,Gerardo Aboy Carlés, Pablo Avelluto, Raquel San Martín, Federico Merke, Marta Oyhanarte, Hugo Vezzetti, Oscar Cetrángolo, Guillermo Rozenwurcel, Alejandro Tantanian, Silvia Finocchio, Flavia Pittella, Gabriel Levinas, Diana Wechsler, Graciela Fernández Meijide, entre otros, señala que el Movimiento Ciudadano representa “la conjunción entre la sociedad civil y la experiencia política”, y que su propósito es “mejorar la calidad de la representación y el nivel del debate parlamentario”.

Los firmantes destacan que el Movimiento Ciudadano se identifica con una cultura política basada en los valores de libertad, justicia e igualdad, y promueve “una economía de mercado dinámica y competitiva, regulada por un Estado inteligente que evite los abusos, distribuya oportunidades y proteja a los más débiles”. En esa línea, reivindican “las tradiciones del socialismo democrático, actualizadas para hacer frente a los problemas del mundo contemporáneo y a los desafíos del futuro”.

La carta subraya que el Movimiento Ciudadano “no ofrece promesas vacías ni utopías destructivas, sino proyectos y programas, imaginación política y conocimiento técnico, voluntad política y racionalidad en los instrumentos y las acciones”.

Finalmente, los firmantes destacan especialmente las trayectorias de Esteban Paulón y Alejandro Katz, a quienes describen como “la síntesis entre el compromiso ciudadano, la experiencia de gestión y la coherencia programática que la Argentina necesita”.

El comunicado concluye con un llamado explícito al electorado de la Ciudad de Buenos Aires: “Por todo ello, el próximo 26 de octubre, nuestro voto en CABA será para Esteban Paulón y Alejandro Katz”.

En una reedición del caso que involucró al diputado libertario José Luis Espert, una diputada también oficialista y también candidata para estas elecciones (en su caso a senadora), se encuentra complicada judicialmente a tal punto que diputados opositores piden directamente su salida.

Se trata de la rionegrina Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza y candidata a senadora nacional para este domingo, quien está envuelta en una serie de graves denuncias que han generado un fuerte escándalo político.

Según informaciones periodísticas, estuvo detenida en Estados Unidos en dos ocasiones: en 2001, por obstrucción de la justicia en Miami; y en 2002, habría sido arrestada en el aeropuerto de Sarasota (Florida) por haber intentado ingresar 15 kilos de cocaína junto a dos cómplices y 50.000 dólares sin justificar. Según se publicó los últimos días, fue por tráfico de drogas y estuvo presa varios meses, razón por la cual tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Punto de contacto con José Luis Espert, se la vincula con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido por narcotráfico y lavado de dinero. Machado declaró que Ciccarelli era “el chofer” y “el que le hace los mandados” a Villaverde, según publicó ElDestape.com.

Tiene acusaciones también por una causa por venta irregular de terrenos en Las Grutas, todo lo cual ha desatado reacciones similares a las registradas con Espert, en la Cámara baja.

Facundo Manes presentó un proyecto para excluir a Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados y exigió su renuncia a la candidatura a senadora nacional por Río Negro. “Tenemos que construir transversalmente un “no pasarán” al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”, señaló el neurocientífico, que manifestó también su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñaski, amenazado por Villaverde, y dijo: “No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-Estado”.

El periodista presentó en el canal A24 un informe en el que denunciaba la vinculación de Villaverde con un Fred Machado y datos de su causa en Estados Unidos. En ese contexto, recibió un mensaje por WhatsApp de la legisladora, que le decía: “Que Dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia”.

Juan Martín, candidato del Pro en Río Negro, también exigió que se baje su candidatura y fue denunciado por Villaverde por calumnias e injurias.

A su vez, el diputado Esteban Paulón pidió que Villaverde sea excluida de la presidencia de Comisión de Energía. “Los vínculos de la candidata libertaria y diputada Lorena Villaverde con la trama narco de Machado, y sus amenazas a Nicolás Wiñaski la inhabilitan para seguir al frente de la Comisión de Energía. Como miembro de esa comisión pido su remoción inmediata!”, posteó en la red social X.

Por su parte, la diputada Villaverde negó todas las acusaciones y afirmó tener “ficha limpia”. Además, se realizó una rinoscopía para demostrar que nunca consumió drogas, y atribuyó las denuncias a una estrategia del kirchnerismo para desacreditar a los libertarios.

A tres días del vencimiento del plazo de promulgación, el diputado nacional Esteban Paulón intimó a los funcionarios técnicos del Poder Ejecutivo y advirtió que, si el Gobierno nacional no publica el lunes las leyes de Emergencia Sanitaria en Pediatría del Hospital Garrahan y de Financiamiento Universitario, procederá a realizar una denuncia penal por incumplimiento de los deberes y abuso de la autoridad.

La carta documento estuvo dirigida a la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy, y al director del Boletín Oficial, Walter González. “Vamos a ir hasta las últimas consecuencias porque no podemos creer cómo este gobierno se las ingenia para no cumplir ninguna ley y de la cual dependen miles de familias, profesionales, niños y niñas de todo el país que necesitan atención”, condicionó el santafesino de Encuentro Federal que también aseveró: “Son insensibles y autoritarios”.

“No vamos a tolerar la autocracia de (Javier) Milei. Tienen que cumplir las leyes”, alertó el legislador. En esa línea, lanzó una nueva advertencia dirigida a Balcarce 50: “De no hacerlo el lunes próximo, avanzaremos con las acciones legales en la misma línea que iniciamos las denuncias por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes en el sector Discapacidad”.

VENCIDO EL PLAZO, PUBLIQUEN LAS LEYES!

Hoy venció el plazo para publicar las leyes Nro. 27.795 y 27.796 de financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica (#Garrahan).
Intimamos a la Sec Legal y Técnica y al Director del Boletín Oficinal a su URGENTE publicación.
Caso… pic.twitter.com/9jrsmhbDfR

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) October 17, 2025

Las leyes a las que se refiere son la Emergencia Sanitaria en el área de Pediatría del Hospital Garrahan que rechazó el veto de Milei por 181 votos afirmativos en la Cámara de Diputados y 62 en el Senado el pasado 2 de octubre en la última sesión ordinaria. Con la misma magnitud de consenso legislativo, se insistió el Financiamiento Universitario: 174 avales en la Cámara baja; y 61 en la alta.

Según corroboró parlamentario.com, el Senado comunicó las dos iniciativas al Poder Ejecutivo el lunes 6 de octubre -la sesión ordinaria había sido el jueves 2- y, teniendo en cuenta el feriado del viernes 10, el último día del plazo para la publicación en el Boletín Oficial, en efecto, es el próximo lunes 20 de octubre.

Así las cosas, si el Gobierno nacional no cumpliese con la norma, el diputado santafesino realizará la tercera denuncia penal contra el presidente Javier Milei. Las dos anteriores fueron, una el verano pasado, en el marco de la difusión de la criptomoneda $LIBRA a través de un posteo en X; y la otra, por la promulgación sin aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, insistida ampliamente por las dos cámaras del Congreso de la Nación.

La explicación de Agost Carreño 

En sintonía con lo expuesto por Paulón, el diputado nacional Oscar Agost Carreño, también de Encuentro Federal, explicó que “cuando el Congreso insiste en una ley, el debate político ha terminado. Lo que resta es cumplir el procedimiento constitucional”. Luego, sostuvo que “no puede dejarse en manos del Ejecutivo la posibilidad de neutralizar la voluntad popular expresada a través del Parlamento”.

“Este mismo año, el Poder Ejecutivo vetó la Ley de Emergencia en Discapacidad, y tras la insistencia con más de dos tercios de ambas Cámaras del Congreso, sobre el filo de los diez días, dictó el decreto 681/2025”, mencionó el cordobés, quien cuestionó que “en su primer artículo dispuso la promulgación, pero en el segundo decidió suspender su aplicación”.

Por último, añadió que la maniobra del Gobierno nacional “fue una suerte de ‘promulgación con veto encubierto’”, la catalogó de ser “una decisión que contradice frontalmente la letra y el espíritu del artículo 99 inciso 3 de la Constitución, que exige promulgación plena e inmediata”. Finalmente aseveró que “ese antecedente no solo vulneró derechos concretos — miles de familias aún esperan la efectiva vigencia de esa norma — sino que además desnaturalizó el equilibrio entre poderes”.

El diputado socialista Esteban Paulón presentó un proyecto de ley que propone establecer el debate obligatorio entre los principales candidatos legislativos en cada distrito del país, ampliando así la normativa vigente que actualmente solo contempla la instancia presidencial. La iniciativa, acompañada por la diputada Mónica Fein, apunta a que el intercambio de ideas sea un requisito también para quienes aspiran a integrar el Congreso.

La propuesta modifica varios artículos del Código Nacional Electoral para incluir la obligación de realizar debates públicos entre los dos primeros candidatos o candidatas de cada lista oficializada para diputados y senadores. En caso de incumplimiento, las agrupaciones perderían los espacios de publicidad audiovisual previstos por la ley, y el lugar asignado en el debate permanecería vacío para visibilizar su ausencia.

El texto también dispone que la Cámara Nacional Electoral coordine la organización de los debates, defina los temas —con la colaboración de universidades y organizaciones de la sociedad civil— y garantice su transmisión a través de medios públicos, provinciales y comunitarios.

El proyecto fija su aplicación para las elecciones legislativas del 26 de octubre de 2025, con el objetivo de “fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la deliberación democrática”.

En los fundamentos, Paulón destaca que “el debate público es un instrumento esencial en toda democracia moderna” y que su extensión a los comicios legislativos “permitirá a la ciudadanía conocer las propuestas de quienes buscan representar sus intereses en el Congreso”. También subraya que la medida favorecerá la paridad de género, al exigir la participación de los dos primeros integrantes de cada lista, garantizando así presencia equitativa de varones y mujeres.

“El debate no es una solución mágica, pero sí un mecanismo eficaz para fortalecer el vínculo entre representantes y representados”, concluye el texto presentado por el legislador santafesino.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto de resolución con el objetivo de interpelar al titular de ARCA, Juan Pazo, a los fines de explicar la medida tomada a través de las resoluciones 184 y 185 del 2025, respecto a las autorizaciones a través de DDJJ con retenciones del 0% y sus consecuencias en los productores agrarios.

“Esta inusitada medida pone en jaque el déficit cero que el gobierno pretende sostener e incluso afecta al Presupuesto 2026 presentado por el mismo hace unos días atrás -y también apalancado en un discurso también de tono electoral realizado a través de cadena nacional- para ser debatido por el Congreso de la Nación”, señaló el legislador santafesino en los fundamentos del proyecto de resolución.

La iniciativa acompañada, también, por Mónica Fein busca que el funcionario explique cuáles fueron las medidas tomadas por el área de su dependencia para garantizar que la producción declarada exista al momento de la presentación de las DDJJ respectivas, ello de acuerdo a la Ley Martínez Raymonda; y Cómo se garantiza que los efectos positivos de la retención del 0% alcancen a los productores de nuestro país en base a ser los generadores de la riqueza a través del aprovechamiento del suelo nacional.

Respecto a la medida del Gobierno nacional, cuestionó que “duró 72 horas y no estaba dirigida a los productores, sino que fue un preacuerdo entre quienes concentran el negocio del sector; unos pocos amigos del gobierno de Javier Milei”. Luego, detalló que la fugaz eliminación fue un anuncio “que permitió que las grandes cerealeras presentaran DDJJ de compromisos de exportación y obteniendo una ganancia extraordinaria de $1.600 millones de dólares”.

Criticó, además, que la medida equivalente al 0.23% del PBI pondera “un valor superior al necesario para financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad, salud o el sistema universitario”, y aseguró que los únicos dólares que ingresaron al país fueron los $7.000 millones de las agroexportadoras, usados para “calmar la corrida cambiaria” y darle aire al ministro de Economía, Luis Caputo, para “seguir timbeando”.

Finalmente, Paulón aclaró que está a favor de eliminar las retenciones, pero explicó que "esto debe hacerse en el marco de una reforma tributaria integral que posibilite previsibilidad en el sector, contemplando a pequeños y medianos productores".

El diputado nacional Esteban Paulón, del bloque Encuentro Federal, presentó este jueves una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por la demora en la publicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el pasado 4 de septiembre tras revertir el veto presidencial. La presentación judicial también incluye al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal Murphy; y al director del Boletín Oficial, Walter González.

“La ley está vigente desde que el Congreso insistió con su sanción, pero el Ejecutivo sigue sin publicarla en el Boletín Oficial. Pasaron más de diez días hábiles y los beneficiarios no tienen información sobre cómo y cuándo se van a implementar los cobros. Es vergonzoso”, expresó Paulón, quien calificó la situación como un “delito” y acusó al Gobierno de “jugar con la angustia de las personas”.

La Ley 27.739, que declara la emergencia en materia de discapacidad hasta diciembre de 2027, fue aprobada con amplio consenso: 172 votos a favor en Diputados y 63 en el Senado. La normativa garantiza la actualización automática de aranceles para prestaciones del Plan Incluir Salud, pensiones no contributivas y subsidios para centros terapéuticos. Sin su publicación, el Ejecutivo no puede girar las partidas presupuestarias necesarias para su implementación.

Paulón, acompañado por la diputada Mónica Fein, advirtió que el incumplimiento del Ejecutivo podría incluso configurar abandono de persona. “Se ve una desorientación política en el presidente y falta de registro social. Tiene que empezar a poner los pies sobre la tierra porque la gente la está pasando mal y las personas no son un número en una tabla de Excel”, sostuvo el legislador.

Desde el Gobierno, Guillermo Francos reconoció que la ley será promulgada, pero advirtió que no se aplicará hasta definir el financiamiento. “Que me digan a quién le sacamos, ¿a los jubilados y lo pasamos a discapacidad?”, cuestionó el funcionario, en una declaración que fue duramente criticada por los denunciantes.

La denuncia fue presentada en los tribunales de Comodoro Py y exige que la Justicia actúe con celeridad ante lo que consideran una “crueldad política” que afecta a más de dos millones de personas con discapacidad y sus familias.

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal – Santa Fe) presentó un proyecto para derogar el Decreto 396/2025, que transformó al Instituto Nacional del Agua (INA) en una unidad dentro de la Secretaría de Obras Públicas y disolvió el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), fusionándolo con el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

La iniciativa, acompañada por la diputada Mónica Fein, denuncia que la medida vulnera la autonomía técnica y operativa de organismos con más de 50 años de trayectoria.

Según los fundamentos del proyecto, el INA desempeña un rol central en el desarrollo de políticas hídricas, con reconocimiento internacional y capacidad de autofinanciamiento. Su degradación institucional comprometería tareas como el monitoreo de calidad de agua, el desarrollo de sistemas de alerta hidrológica y la articulación con organismos públicos y privados. El INPRES, por su parte, es responsable del monitoreo sísmico en todo el país y de la elaboración de normativas antisísmicas, especialmente en regiones de alta actividad telúrica.

Los legisladores advierten que la reorganización por decreto carece de justificación técnica y no garantiza que las funciones de ambos organismos puedan ser asumidas con igual eficacia desde estructuras centralizadas. Además, señalan que la medida se inscribe en una política de desfinanciamiento del sistema científico nacional impulsada por el gobierno de Javier Milei, y que excede las facultades delegadas por el Congreso.

El proyecto subraya que la pérdida de autonomía operativa y financiera amenaza cientos de empleos y debilita la capacidad del Estado para intervenir en áreas estratégicas. Por ello, se reclama la restitución del estatus legal de los organismos y la preservación de sus capacidades técnicas como activos fundamentales para el desarrollo nacional.

En medio de la polémica por los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, que derivaron en su inmediata remoción del cargo, el diputado socialista Esteban Paulón impulsó la creación de una Comisión Investigadora en el ámbito de la Cámara de Diputados.

El proyecto, acompañado por las diputadas Margarita Stolbizer, Mónica Frade, Sabrina Selva y Mónica Fein, busca esclarecer un presunto esquema de corrupción que, según el propio Spagnuolo, involucraría negociados con laboratorios y derivaría en el pago de coimas con “porcentajes y nombres propios”.

La iniciativa plantea que la comisión tenga amplias facultades: desde pedir informes a organismos públicos y privados, recibir denuncias y convocar a funcionarios, hasta recurrir a organismos internacionales especializados en lucha contra la corrupción. El cuerpo legislativo tendría tres meses de trabajo para emitir un informe final, con la posibilidad de denunciar penalmente a los responsables si se detectan delitos.

El proyecto fundamenta que, lejos de haber promovido una denuncia formal, el presidente Javier Milei se limitó a desplazar a Spagnuolo en la madrugada del 21 de agosto, lo que —según los autores de la propuesta— constituye “una confirmación indirecta de la veracidad de lo ventilado”.

Entre los funcionarios que la oposición considera clave citar figuran la secretaria general de Presidencia, Karina Milei; el subsecretario Eduardo “Lule” Menem; el ministro de Salud, Mario Iván Lugones; y el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik.

De aprobarse la resolución, cada bloque designará representantes para integrar la comisión, que deberá constituirse en el plazo de una semana. Su misión será desentrañar un escándalo que ya salpica al corazón del Poder Ejecutivo y que promete abrir un frente de alta tensión política en el Congreso.

El socialista Esteban Paulón confirmó que competirá como candidato a senador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las elecciones de octubre: “Lo hago con la convicción de siempre: defender los derechos, la democracia y construir un país con verdadera libertad. Junto a todas estas personas que me acompañan, provenientes de los sectores más diversos de la sociedad civil, somos capaces de planificar y ofrecer una alternativa honesta y plural. Es posible generar un proyecto de futuro para Argentina y que éste tenga su inicio en la ciudad de Buenos Aires”.

El anuncio se realizó en un multitudinario encuentro del cual  participaron diversos actores. Durante la actividad, Paulón señaló con firmeza: “Quiero que los valores que compartimos en este movimiento ciudadano se transformen en una acción política y eso comienza hoy. Nuestros valores son los que hacen temblar a los de arriba, haciendo que el presidente y su gente solo puedan concentrarse en atacarnos”.

Será candidato por Encuentro Ciudadano es un proyecto político que se presenta con la intención de “recuperar lo mejor de nuestra historia democrática y construir un futuro  con libertad, igualdad y fraternidad como banderas”.

El rubro empresarial, industrial y PyMe hizo su aporte: Henan Ons, dueño de una empresa de La Matanza, desafió a “repensar en este ámbito progresista cómo contener e impulsar a la industria. Con el gobierno anterior terminamos muy mal y éste actual no conoce a la industria. Nuestro sector no se reduce a más o menos aranceles, más o menos proteccionismo, es mucho más complejo. Tenemos que encontrar una solución superadora”.

En ese sentido, Anahí Tagliani, empresaria PyME puso de manifiesto que “si hay algo que aprendí en estos años es que el empresario tiene que salir de la gestión diaria, tiene que participar, hacer visible la situación. Estoy acá porque quiero que estemos bien y que mis hijos no se vayan del país”.  Juan Valle, miembro de la Comisión Interna del INTI, sostuvo que ”todo lo que este gobierno no entiende, lo destruye”, al tiempo que destacó la importancia del desarrollo tecnológico nacional y la necesidad de que “no todo sean importaciones”.

Durante el encuentro, representantes de diversos sectores expresaron sus miedos y los desafíos a los cuales se enfrentan, como la escritora Claudia Piñeyro quien dio cuenta de la preocupante situación de la cultura en el contexto actual. “Necesitamos unidad en la diversidad”, sintetizó por su parte Norma Lezana, secretaria general de la Asociación Civil y Gremial del Hospital Garrahan.

La filósofa Diana Maffía, en tanto, hizo una profunda reflexión acerca de la importancia que el espacio le ofrece a la apertura al diálogo y al debate, considerando que "es muy difícil ser joven en este momento. Los desafíos parecen que no pasan por cómo progresar sino por no retroceder, y es desesperante. En este espacio todavía nos interesa el diálogo”.

“Esteban siempre está. En este momento donde nuestros derechos están sumamente en riesgo, tenemos su apoyo”, expresó Guadalupe Bargiela, del colectivo de personas con discapacidad.

“De repente aparece una figura como la de Esteban y para las juventudes, que estamos totalmente descreídas, hoy nos llena de esperanza. Es importante que sea él, una persona que camine el territorio y no la vea desde afuera”, concluyó el artista Giovi Novello.

El diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) opinó este viernes que "La Libertad Avanza no es anticasta, es el perfeccionamiento de los métodos de la casta", al referirse a las negociaciones por el cierre de listas en distintas provincias y cómo eso podría impactar en la votación en el Congreso de los eventuales vetos a las leyes sobre jubilaciones y discapacidad.

En ese sentido, el legislador rechazó que el Gobierno "use la angustia de millones de jubilados y la expectativa que generaron las leyes que se aprobaron para estar especulando con eso, para ver si canjea lugares en listas a cambio que les blinden los vetos".

El santafesino enumeró un paquete de temas que "son fundamentales" para que avancen durante agosto. Además de los vetos, entre los pendientes enumeró la emergencia pediátrica, el financiamiento universitario, el veto a la emergencia en Bahía Blanca y los proyectos de los gobernadores sobre reparto de fondos.

Pero también señaló que "hay al menos seis decretos delegados que nos parecen de una extrema gravedad y vamos a promover una sesión para derogarlos. Algunos se han resuelto en la Justicia, pero vemos que son flagrantes y abiertamente inconstitucionales".

"Son varios temas en poco tiempo, porque nos metemos en la dinámica electoral y sabemos que después se complica reunir quórum", agregó en declaraciones a radio Splendid.

Por otra parte, Paulón se refirió al pedido de informes que presentó para conocer si se utilizaron recursos públicos para la asistencia del presidente Javier Milei al evento "La Derecha Fest", realizado en Córdoba.

"Un evento que debiera ser de interés público, porque está el presidente usando recursos públicos, termina teniendo un apagón informativo, periodistas expulsados, y control total sobre lo que se sabe o no de lo que ocurrió ahí dentro", resaltó.

El diputado socialista aseguró que buscan conocer "cuánto se gastó" y "en qué marco legal el presidente puede disponer de recursos públicos para ir a un evento privado y arancelado, que es una de las costumbres del presidente".

Además, sostuvo que existe una "doble vara en el discurso del Gobierno cuando habla de recursos" respecto de "si un gobierno municipal contrata a un artista popular, algo que debe costar menos que el avión que usó Milei para ir a Córdoba".

"Fue un evento donde el contenido dista mucho del interés colectivo. Un evento donde se volvió a insultar, a degradar a los adversarios políticos. Hubo una expresión muy violenta a la vicepresidenta, persona con la que no tengo ninguna empatía ni vínculo, pero someter al escarnio público a una persona en una pantalla para que la insulten, no corresponde, y habla de cuál es el nivel del debate político al cual nos quiere llevar el Gobierno", completó.

En otro tramo de la entrevista, el santafesino criticó la respuesta del vocero presidencial, Manuel Adorni, sobre las declaraciones del próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas. “Adorni no sólo no conoce la normativa y la legislación argentina sino tampoco la legislación internacional. Habría que hacerle leer la Convención de Viena, que es de principio del siglo XX, donde se establecen las condiciones para que una persona pueda ser embajadora y representar a un país en otro país”, dijo, y añadió: “Parte de eso tiene que ver con evitar la injerencia en asuntos internos”.

También, al reclamar que Milei no le acepte el plácet, Paulón expresó: “Tiene todas las facultades para hacerlo, agarra un teléfono, ya que es tan amigo, lo llama a Donald (Trump), a Mar-a-Lago, y le dice ‘manda otro, porque este es la pifió ya’”.

Tras la difusión de imágenes con el jefe de Estado saltando frente a una multitud, el diputado nacional Esteban Paulón presentó un pedido de informes a Secretaría General de la Presidencia de la Nación para solicitar conocimiento detallado si Javier Milei, además de participar en “La Derecha Fest” cumplió con agenda oficial en Córdoba capital.

En otros dos puntos, exigió información respecto a la integración de las comitivas, incluyendo personal de seguridad afectado; el detalle de los recursos públicos afectados a la realización del viaje y participación en la actividad; y también en qué marco legal pretende ampararse para disponer y destinar recursos públicos para la participación del presidente y su comitiva en un evento de carácter privado con fines particulares ajenos al interés general.

“Desde el inicio de su mandato, no se han documentado viajes presidenciales en ocasión de inauguraciones o lanzamientos de obras públicas, ni reuniones institucionales con gobernadores, actores del sector productivo o representantes de la sociedad civil. A la fecha, el presidente ha visitado solamente 12 de los 24 distritos del país”, advirtió el diputado socialista en los fundamentos del texto que también acompañó Mónica Fein.

Paulón y Fein encabezaron el pedido de informes respecto a la presencia de Milei en Córdoba.

Del mismo modo, Paulón aseveró que “en 2025 solo se destaca esta actividad, y la realizada en el marco de la inauguración de un templo evangelista, Portal del Cielo, del pastor evangélico Jorge Ledesma, actividad de carácter privado y también arancelada, realizada en Resistencia, provincia de Chaco”.

Luego, cuestionó que “se han registrado al menos 26 visitas al exterior, abarcando 14 países. Una proporción significativa de estos traslados responde a una agenda de carácter personal. Esto, pese a lo señalado en los sucesivos informes del jefe de Gabinete (Guillermo Francos), en los que se intenta presentar como ‘oficiales’ viajes que no revisten tal carácter: Silicon Valley, Madrid, Florida, República Checa, Washington, son solo algunos ejemplos”.

“Claro que, se trate de agenda privada u oficial, el costo de estos traslados y sus correspondientes estadías es solventado por todas y todos los argentinos”, advirtió el socialista santafesino, que, además, señaló que “el viaje a Madrid en mayo de 2024, realizado con motivo de la presentación de un libro de autoría del presidente, tuvo un costo superior a los USD 92.000 que solventamos los argentinos, según información oficial”.

En el final del proyecto de ley presentado, Esteban Paulón concluyó: “Luego de algunas primeras giras realizadas en líneas comerciales, el presidente ha optado por la contratación de vuelos privados o la utilización de aeronaves oficiales, lo que ha incrementado significativamente los costos operativos de cada desplazamiento”.

A pocos días de comenzar el receso invernal, la Comisión de Mujeres y Diversidad fue la única que se reunió esta semana en Diputados, para aprobar los proyectos de repudio contra los ataques homofóbicos que sufrió el diputado nacional Esteban Paulón en un programa de streaming libertario. También estuvieron presentes Julia Mengolini, para hablar de la violencia simbólica en redes, y Raúl Zaffaroni, quien se refirió a la condena contra Cristina Kirchner.

Durante los primeros minutos de la reunión, la presidenta de la comisión, Mónica Macha, puso a consideración la moción para que Paulón pase a ocupar el cargo de vicepresidente primero. La misma fue aceptada por unanimidad. Varios de los presentes destacaron el 15° aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario sancionada el 15 de julio del 2010.

Antes de pasar a la firma los proyectos de resolución y declaración del temario, Macha señaló que el encuentro “toma como eje la situación de violencia política dirigida hacia mujeres y diversidades”. Habló, además, de un análisis parlamentario vinculado a la “violencia en entorno digital”, y comenzó el encuentro con un contundente mensaje: “Estamos en un momento de una democracia muy lesionada”.

Las iniciativas dictaminadas contemplaron un repudio contra los agravios del diputado oficialista José Luis Espert contra Florencia Kirchner en la Cumbre de Comunicación Política en la UCA, impulsado por Florencia Carignano (Unión por la Patria) y Mónica Frade (Coalición Cívica).

Y también, los rechazos a lo ocurrido en el programa “La Misa” que conduce el libertario Daniel Parisini (Gordo Dan) y las acusaciones de pedofilia contra Paulón. Los textos fueron impulsados por Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Cecilia Moreau (Unión por la Patria).

“Un indigno y un cobarde”

La primera en tomar la palabra fue la santafesina Florencia Carignano, quien se refirió al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de ser “un indigno y un cobarde”. En relación a los insultos que Espert lanzó contra la hija de la expresidenta de la Nación, consideró que “atacar a los hijos es de cobarde”.

Respecto a las problemáticas que engloban esta situación, la legisladora camporista señaló que “se cruzaron límites muy peligrosos”, y advirtió: “No se extrañen de la violencia en la calle”, para luego remarcar que “Espert es un cobarde y una persona que vive generando violencia. Él y los medios libertarios generan violencia y es replicado por diputados acá”.

Expresando solidaridad con su compañero de bancada, Oscar Agost Carreño afirmó que “se volvió a ese fantasma que usa este gobierno de unir a la pedofilia con la orientación sexual”, y coincidió con la diputada preopinante: “Estamos cruzando un límite que no podemos permitirlo”.

En referencia al aparato de comunicación libertario, el cordobés explicó que “esto no es casual, es un mecanismo efectivo de comunicación para decir cosas y tapar otras cosas”. “Las redes sociales son una cloaca y los trolls necesitan la validación constante”, añadió.

En tono reflexivo, el diputado nacional Maximiliano Ferraro sintetizó: “Ayer le tocó a Paulón, mañana me puede pasar a mí o a cualquier otro diputado y no podemos pasarlo por alto”. Se refirió a lo ocurrido como un “claro acto de violencia discursiva y violencia simbólica que se inscribe en una matriz de discursos de odio”.

Además, Ferraro, impulsor de un proyecto de declaración que reunió medio centenar de firmas, indicó que “no podemos habilitar la idea de que la libertad de expresión vale a cualquier precio” porque “se agraviaron principios consagrados en nuestra Constitución”.

El diputado socialista Esteban Paulón fue blanco de ataques homofóbicos perpetrados por vocalistas afines al Gobierno nacional el día después de la sesión especial que resolvió el emplazamiento de los proyectos de financiamiento universitario y la emergencia en el Hospital Garrahan.

Esteban Paulón recibió este martes el enfático respaldo de sus pares. (FOTO: HCDN)

“Estos ataques de los que fui eje o víctima no son contra mí porque pensaba en qué pasa con esas personas de la comunidad LGTBIQ+ que no tienen el apoyo que tengo yo”, señaló el santafesino luego de agradecer los mensajes de apoyo y la solidaridad de sus pares en la Cámara de Diputados.

Expresó, además, que estos “comunicadores afines al gobierno, primero lo expresaron en redes y después lo llevaron al streaming”. Respecto a las acusaciones de pedofilia, Paulón afirmó que “esto fue orquestado”, y añadió: “Pienso en esos pibes y pibas que no tuvieron esa posibilidad de apoyo”.

Sobre los proyectos de ley, afirmó: “Me parece importante que la Cámara se exprese”, evalúo que “el deterioro del debate público no le hace bien a nadie” y confirmó que irá a ratificar la denuncia penal este viernes: “Corresponde que la Justicia alguna vez diga algo para ordenar el debate público”.

Hostigamiento en redes sociales

En la misma línea que lo sucedido con Paulón, la periodista Julia Mengolini dio detalles del hostigamiento que recibe en redes sociales por las cuentas trolls: “Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde la más alta de las esferas; soy blanco de recortes de todo tipo y campañas de las que forman los trolls y los grandes medios de comunicación”. “Esto absolutamente siniestro”, sintetizó.

Luego detalló que “armaron videos pornográficos con Inteligencia Artificial en las que me acusan de tener relaciones incestuosas con mi hermano”, y apuntó contra Javier Milei: “El presidente de la Nación tuiteó 93 tuits contra mi persona y me llegan cientos de mensajes a partir de esta campaña en concreto”.

Julia Mengolini asistió a Diputados acompañada por una custodia.

Por último, remarcó: “No es una idea y no es una conspiración: es el presidente de la Nación quien tuitea cosas de este tenor”, y cerró: “Queremos sentar un precedente jurídico y vamos a denunciar a Javier Milei, Lilia Lemoine, Santiago Oría y al Gordo Dan”. En el final, relató que se le asignó custodia por la cantidad de amenazas que ha recibido.

A través de una videollamada, la periodista Nancy Pazos planteó el concepto de “ciberacoso”, al cual definió de ser “doloroso y tiene un objetivo que es callarnos, estigmatizar y segregar”. “Esto ha pasado un montón de veces y cuando viene de lo más alto del poder, perturba y mucho”, cuestionó al Poder Ejecutivo Nacional.

En tal sentido, agregó que “en términos públicos esto es muy terrible porque todavía no lo está viendo el propio presidente”. Añadió, en ese punto, que “no le hace bien a él y este acoso es apabullante”. Para culminar, reiteró que “este accionar tiene un objetivo y lo logra realmente porque meterse con cosas tan calumniantes es un punto de quiebre”.

El fallo contra Cristina Kirchner

El tercer tema debatido en esta reunión estuvo vinculado al fallo de la Corte Suprema y la condena contra Cristina Kirchner. El expositor invitado fue Raúl Zaffaroni, exjuez del máximo tribunal de justicia, quien se refirió a la actualidad como “momento de crisis institucional y crisis política”.

Referido a la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos, Zaffaroni afirmó que “es un caso de lawfare”, y explicó que “la sentencia en primera instancia y de Casación responde al modelo de ‘casos sobornos’ como el de Correa en Ecuador”.

Después, señaló que “por primera vez, en un régimen formalmente democrático, se altera el concepto mismo de la política”, y amplió que “el arte de gobierno se transformó en una táctica de elegir al enemigo a atacar y manejarse en el esquema amigo-enemigo”.

Marisa Herrera, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UBA, analizó que los ataques en redes sociales “no es casualidad, es causalidad”; mencionó un sistema para “perseguir a las mujeres peronistas”, y sobre el fallo contra CFK indicó que “este proceso judicial es un proceso político”.

La Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara baja tratará este martes, a partir de las 15.30, distintos proyectos de resolución que repudian las agresiones contra el diputado socialista Esteban Paulón durante un programa del streaming Carajo, cuya cara principal es la de Daniel Parisini, más conocido como el "Gordo Dan", militante libertario.

El temario incluye iniciativas encabezadas por Oscar Agost Carreño, acompañado en este caso por todos los compañeros de Paulón en el bloque Encuentro Federal; otro por la vicejefa de Unión por la Patria, Cecilia Moreau; y otro que lleva la firma de más de 40 diputados de diferentes bloques, liderado por el cívico Maximiliano Ferraro.

El texto firmado por legisladores de la Coalición Cívica, UP, EF, Democracia para Siempre, Frente de Izquierda, UCR, Pro y Por Santa Cruz expresa "su más enérgico repudio a las manifestaciones realizadas en el programa 'La Misa' del canal de streaming 'Carajo', difundido el día 2 de julio de 2025, en el cual, atacando al diputado nacional Esteban Paulón, se lo acusó falsamente del aberrante delito de pedofilia por su orientación sexual, y donde también indicaron como 'verdadero' el hecho de haberle deseado el SIDA al legislador, en un acto de discriminación, discurso de odio y estigmatización contra su persona y contra todas las que integran el colectivo LGBTQIA+".

Además, en el proyecto se exhorta "a todas las fuerzas políticas y autoridades institucionales a rechazar de forma categórica este tipo de expresiones, que atentan contra la convivencia democrática, los principios de igualdad y dignidad humana, la libertad individual y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional".

Por otra parte, se debatirán dos proyectos de declaración presentados por Florencia Carignano (UP) y Mónica Frade (CC) que plantean repudiar "los dichos misóginos sobre Florencia Kirchner, expresados por el diputado José Luis Espert, en el marco de la 'Cumbre de Comunicación Política de la UCA' llevada a cabo el 11 de junio de 2025".

El pasado 11 de junio, un día después que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena contra Cristina Kirchner en la causa Vialidad, Espert participó de ese evento, donde recordó un tuit suyo de 2012 dirigido a la hija del exmatrimonio presidencial: “¿Cómo no vas a estar amargada si sos hija de una gran puta?".

Además, a la reunión citada en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja, asistirán especialistas, juristas, periodistas y personas afectadas "a fin de abordar la situación de la violencia política contra las mujeres y las diversidades en nuestro país y las consecuencias jurídicas, sociales y mediáticas que conlleva", se informó en la convocatoria de la comisión presidida por Mónica Macha (UP).

A partir de los ataques discursivos que recibió el diputado nacional Esteban Paulón en un programa partidario afín al Gobierno nacional, Maximiliano Ferraro encabezó un proyecto de repudio en contra de las falsas acusaciones del “aberrante” delito de pedofilia por su orientación sexual. La iniciativa contemplo el aval de todos los bloques de la oposición.

El pasado 2 de julio, la mesa de vocalistas del programa La Misa atacó el discurso del santafesino en el recinto y luego, los integrantes presentes indicaron como “verdadero” el hecho de haberle deseado el SIDA al legislador, en un acto de discriminación, discurso de odio y estigmatización contra su persona y contra todas las que integran el colectivo LGBTQIA+.

El texto, además, exige “exhortar a todas las fuerzas políticas y autoridades institucionales a rechazar de forma categórica este tipo de expresiones, que atentan contra la convivencia democrática, los principios de igualdad y dignidad humana, la libertad individual y los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.

NO ES UN ATAQUE PERSONAL. ES UN ATAQUE A LOS VALORES DEMOCRÁTICOS

Quiero expresar mi enorme agradecimiento y abrazo a las y los colegas que desde todos los bloques (menos LLA) se solidarizaron antes los ataques recibidos.
Ni odio, ni miedo. Democracia y libertad. https://t.co/UXdvwi5vtg

— Esteban Paulón 🌈 (@EstebanPaulon) July 4, 2025

A las firmas de la Coalición Cívica se sumaron la de los integrantes de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, Por Santa Cruz, la Unión Cívica Radical y el Pro, con las rúbricas de Silvia Lospennato y Álvaro González.

A través de X, el diputado Paulón manifestó que se trató de “un ataque a los valores democráticos”. Y luego, agregó: “Quiero expresar mi enorme agradecimiento y abrazo a las y los colegas que desde todos los bloques (menos LLA) se solidarizaron antes los ataques recibidos. Ni odio, ni miedo. Democracia y libertad”.

Horas antes, se cruzó con la diputada mileísta Lilia Lemoine, a quien le respondió: “Se ve que tu primer contacto con el Congreso fue hace un año y medio. Hace 13 años existe la Ley de Identidad de Género, conquista de familias y profesionales, para acompañar a niños y adolescentes”. “Increíble que no sepas, no estudies, desinformes y ataques con prejuicios”, remarcó el santafesino.

Luego que en el stream libertario Carajo cargaran contra el diputado socialista Esteban Paulón, con burlas hacia su abierta y declarada homosexualidad, su par Maximiliano Ferraro se solidarizó y advirtió por el avance del "discurso de odio" hacia la comunidad LGBT.

"NO ES GRACIOSO. ES PELIGROSO. En un programa del stream favorito del presidente se volvió a vincular la homosexualidad con la pedofilia. Se le puso nombre y apellido, y se hizo con total impunidad, amparado por el poder político y la banalización del odio", señaló Ferraro.

El presidente del partido de la Coalición Cívica advirtió que lo sucedido "es un mensaje deliberado que busca estigmatizar, sembrar miedo y reforzar prejuicios tan antiguos como violentos: como asociar a las personas LGBT con el SIDA, con la pedofilia o con una amenaza para la sociedad".

"No es humor. No es provocación. No es libertad de expresión. Es discurso de odio. Y merece un repudio absoluto. No todo vale", enfatizó el legislador, que concluyó: "Mañana puedo ser yo. Mañana puede ser cualquier otro. Elijo no callar. Elijo no convalidar. Mi solidaridad con @EstebanPaulon".

El episodio fue mencionado por Paulón en la última sesión en la Cámara baja, cuando anunció que iniciará acciones legales contra "un asiduo participante del stream Carajo". En tanto, este viernes publicó en sus redes lo sucedido con el mensaje: "Hasta acá llegué. Basta de odio".

Hasta acá llegué. Basta de odio. pic.twitter.com/ewlUSKiIeY

— Esteban Paulón 🌈 (@EstebanPaulon) July 4, 2025

La comprovinciana y correligionaria de Paulón, Mónica Fein, repudió también "los ataques contra @EstebanPaulon y contra todo el colectivo LGBTIQ+. La homofobia no es libertad de expresión, es violencia. No vamos a naturalizar el odio. Vamos a seguir defendiendo la igualdad, el respeto y los derechos conquistados".

Además, aseguró que desde el bloque Encuentro Federal, que ambos integran, "repudiamos las agresiones que viene recibiendo @EstebanPaulon. No vamos a naturalizar la violencia, ni a callarnos frente al odio. Esteban trabaja todos los días por la igualdad y el respeto, y cuenta y contará con todo nuestro apoyo".

Entre los mensajes de apoyo, el radical Julio Cobos señaló que "el discurso oficial siembra odio y lo propaga y en algún momento ni ellos van a poder controlarlo. No. No está bien, está mal y hay que pararlo y condenarlo. Mi solidaridad con vos, Esteban, frente a esta violenta canallada".

"Por mucho que lo intenten, no van a pasar. Toda mi solidaridad con el diputado @EstebanPaulon. Es imperioso que todxs salgamos a repudiar con fuerza estos mensajes de odio, estigmatizantes y violentos que el aparato comunicacional del Gobierno insiste en promover. La sociedad argentina es diversa, solidaria e inclusiva. Aunque lo sigan intentando, el odio en Argentina no va a ser norma", escribió en la red social X la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau.

Comunicado del EF contra "los sicarios digitales del Gobierno"

Este viernes, los rechazos por lo sucedido y el apoyo a Paulón comenzaron a replicarse rápidamente. Entre ellos, el bloque del cual forma parte emitió un comunicado. "Repudiamos el ataque al diputado Paulón por parte de los sicarios digitales del Gobierno. Desde el bloque Encuentro Federal repudiamos las agresiones verbales que sufrió nuestro compañero, el diputado Esteban Paulón, por parte de jóvenes tuiteros que integran el partido de gobierno", lanzaron desde la bancada que preside Miguel Pichetto.

En ese sentido, relataron que "durante la emisión del programa La Misa en el streaming Carajo, varios tuiteros que participan del ciclo realizaron fuertes y falaces acusaciones contra el diputado Paulón".

"No vamos a naturalizar la violencia, ni a callarnos frente al odio. Esteban trabaja todos los días por la igualdad y el respeto por la diversidad, y cuenta y contará con todo nuestro apoyo", aseveraron y anunciaron que presentaron un proyecto de repudio "por los dichos en el programa que conduce el Gordo Dan", al tiempo que respaldan "a Esteban en las presentaciones que haga en la Justicia".

Algún día, muy pronto, volveremos a vivir en un país donde este tipo de expresiones merezcan el repudio y rechazo de todos y todas. Un país donde el odio no sea moneda corriente.
Mi solidaridad con @EstebanPaulon ante estos odiadores permanentes con poder momentáneo. https://t.co/VY3kGIZK3V

— Eugenia Alianiello (@eugealia) July 4, 2025

Te banco fuerte @EstebanPaulon, acá estamos!

— Florencia Carignano (@florcarignanook) July 4, 2025

La diputada nacional Mónica Frade, acompañada por sus pares Maximiliano Ferraro, Esteban Paulón y Carolina Gaillard, presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados para solicitar la remoción de la diputada María Emilia Orozco como integrante —y presidenta— de la Comisión de Libertad de Expresión. La iniciativa se fundamenta en el “incumplimiento de sus obligaciones” al frente de la comisión, lo que habría obstaculizado su normal funcionamiento.

Según el texto, la comisión no se reúne desde el 12 de septiembre de 2024, a pesar de múltiples pedidos formales de convocatoria realizados por distintos legisladores durante los últimos diez meses. Entre las solicitudes documentadas se cuentan al menos siete notas dirigidas a Orozco entre agosto de 2024 y junio de 2025, además de un pedido formal al presidente de la Cámara, Martín Menem, para que intervenga en la situación.

“El comportamiento inapropiado de la legisladora impide el funcionamiento normal de una comisión clave para la defensa de la libertad de expresión en el país”, señala el proyecto, que invoca el artículo 107 del Reglamento de la Cámara para justificar la remoción.

Los firmantes advierten que la falta de actividad de la comisión afecta directamente el tratamiento de proyectos vinculados a derechos fundamentales y al control institucional. “No se trata de una diferencia política, sino de una parálisis institucional que debe ser corregida”, argumentan.

La iniciativa fue anticipada este miércoles en el recinto por el diputado socialista Esteban Paulón, quien reiteró la necesidad de garantizar el funcionamiento pleno de todas las comisiones parlamentarias, especialmente aquellas vinculadas a derechos y garantías.

En el marco de las presentaciones de cuestiones de privilegio, el diputado Esteban Paulón enumeró la catarata de insultos que lanzó el presidente de la Nación, particularmente contra una serie de periodistas, entre los que mencionó a María O’Donnell, Julia Mengolini y Romina Manguel, razón por la cual anticipó que pedirán la remoción de la diputada libertaria Emilia Orozco de la presidencia de la Comisión de Libertad de Expresión.

Paulón consideró inaceptable que esa comisión no esté reunida “defendiendo a los que estén siendo atacados, dándoles voz, acompañándolos porque la libertad de expresión no es patrimonio de los periodistas, sino de la democracia”.

Así las cosas, consideró que “esta comisión tiene que reunirse, hay que cambiar la p residencia”, por eso dijo que eso impulsará junto a las diputadas Mónica Frade, Christian Castillo y Carolina Gaillard.

“Hemos llegado a un punto complejo”, insistió, asegurando que “la descalificación no puede ser el medio en que dialoguemos o intentemos dialogar en el debate democrático. No podemos mirar para otro lado y admitir este tipo de actitudes”.

Asimismo anticipó que presentará personalmente una denuncia contra “un asiduo participante del streaming Carajo”. No lo mencionó con nombre y apellido, pero dijo que es alguien que no registra pago de impuestos desde hace tiempo, “pero evidentemente tiene algunos ingresos”. Se trata de alguien que “hace unos días inició una campaña en su cuenta en la que me acusa por mi orientación sexual, por ser gay, de pedófilo, y me desea ‘sida para vos’. Un ataque inadmisible, no por mí, que soy diputado y me puedo defender, sino por las miles de personas que leyendo esa publicación sienten que sus vidas no valen”.

Luego de que Javier Milei haya gritado “muerte al socialismo” en el Madrid Economic Forum, el diputado nacional Esteban Paulon (Encuentro Federal) denunció penalmente al presidente de la Nación. “Vuelve a atacar a quienes piensan distinto y debe ser responsable por sus dichos y hacerse cargo de cualquier acto que pudiera derivar de su instigación a la violencia y el delito”, cargó.

La denuncia hecha por el socialista santafesino es una ampliación de la que realizó el 23 de enero pasado, y tiene por objeto incorporar hechos recientes que refuerzan, agravan y consolidan el patrón de violencia institucional, simbólica y política denunciado oportunamente.

En el relato de los hechos presentados, Paulon se refirió sobre los exabruptos del presidente de la Nación y planteó: “Esta expresión, pronunciada con total intencionalidad y en medio de vítores del público presente, fue inmediatamente replicada por medios oficiales del gobierno nacional, y reproducida en redes sociales institucionales, dotándola de una entidad estatal que excede el ámbito de la opinión personal”.

“Las declaraciones públicas del presidente de la Nación podrían encuadrar en el delito de incitación al odio previsto en el artículo 3 de la Ley 23.592, que sanciona a quienes por cualquier medio alienten o inciten a la persecución u odio contra una persona o grupo de personas por motivos de ideología o ideas políticas”, cargó el legislador socialista.

Ante lo expuesto por el diputado de Encuentro Federal, solicita que “se tenga por presente esta ampliación; la incorporación al expediente en curso; la investigación de los delitos previstos en el articulo 3 de la Ley 23.592, los artículos 149 bis, 211, 212 y 248 del Código Penal; la disposición de las diligencias probatorias para la constatación de los hechos denunciados; y la adopción de las medidas pertinentes para prevenir la reiteración de conductas”.

Bien temprano un diputado que dio la nota en la sesión de este miércoles fue Esteban Paulón, que llegó al recinto portando una máscara de El Eternauta.

Portaba también un cartel que decía: “Juan -en referencia a Juan Salvo, el nombre del personaje principal de la obra de Oesterheld- la ciencia, las universidades, el Garrahan y los feminismos funcionan”. Una referencia a una de las frases emblemáticas de la serie de Netflix: “Lo viejo funciona”.

En medio de las campañas electorales en la Ciudad de Buenos Aires donde uno de los candidatos a legislador porteño es nada más ni nada menos que el propio vocero presidencial Manuel Adorni, el diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto de ley para regular la publicidad de actos del Gobierno prohibiendo su uso con fines electorales o proselitistas.

La iniciativa plantea: “Se encuentra absolutamente prohibida toda comunicación, divulgación o difusión de actos de gobierno o de campañas institucionales que suponga la promoción personal de autoridades o funcionarios/as públicos/as a través de cualquier tipo de asociación directa entre estos/as y los anuncios o mensajes oficiales”.

Entre otras restricciones, los mensajes no podrán: “Exhibir ni contener nombres, símbolos, imágenes, firmas o voces que aludan, mencionen, reproduzcan o identifiquen a funcionarios de gobierno o precandidatos o candidatos a cargos públicos electivos, ya sea en el orden nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal”.

Tampoco podrán “destacar logros de la gestión u objetivos alcanzados por el gobierno, u otros mensajes que supongan la finalidad de aceptación por parte de la ciudadanía; promover intereses particulares de funcionarios/as de gobierno o de cualquier agrupación política; promover campañas de desprestigio a personas, colectivos, instituciones, organizaciones de la sociedad civil o sectores opositores o críticos al gobierno”.

Además, no podrán incluir “cualquier referencia, en forma directa o indirecta, a la campaña electoral de la agrupación política de gobierno, o en su caso, partidos que la integren, ya sea en el orden nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal; contener orientación partidaria, cualquier otro elemento identificable o punto de similitud conceptual, gráfica y/o visual con alguna agrupación política, de modo tal que pueda inducir a confusión con los símbolos, ideas, expresiones, diseños o imágenes empleadas por aquélla”.

BASTA DE AVIVADAS DEL PARTIDO DEL ESTADO

Después del raid de anuncios del candidato @madorni (solo detenido hoy por la vergüenza generada) presentamos un proyecto para impedir anuncios de funcionarios/candidatos nacionales en campaña cualquiera sea el cargo al que se postulen pic.twitter.com/DA9XookLKC

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) May 15, 2025

“No pueden promover o difundir mensajes que favorezcan, por acción u omisión, de manera directa o indirecta, explícita o implícita, la discriminación, exclusión o marginación por motivos de ideología, opinión política, filosófica, gremial o de cualquier naturaleza, edad, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, religión, nacionalidad, identidad cultural, origen social, posición económica, nivel de educación, condición de migrante, refugiado o desplazado, nacimiento, condición infectocontagiosa estigmatizada, característica genética, discapacidad, sufrimiento psíquico incapacitante o cualquier otra condición social”.

También establece que “queda terminantemente prohibido a los funcionarios públicos la realización de actos inaugurales de obras públicas, el anuncio, lanzamiento o promoción de planes, proyectos, programas de alcance colectivo o cualquier otro acto que pueda promocionar a una agrupación política o a los precandidatos o candidatos postulados por la misma, promover directa o indirectamente la captación del sufragio a favor de éstos o desincentivarla hacia otros, o contener cualquier asociación con una campaña electoral, durante el período en que se desarrollan las campañas electorales, independientemente de que el acto eleccionario tenga lugar a nivel nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipal”.

En caso de incumplir, establece que el funcionario público será “considerado falta grave y será pasible de incurrir en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público previsto en el título XI del Código Penal de la Nación”.

Así, plantea que la publicidad de los actos de gobierno deberá ajustarse estrictamente a las disposiciones y restricciones establecidas en los artículos 42 y 42 bis de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. “El juzgado federal con competencia electoral deberá disponer el cese automático del acto o aviso cuando éste contraviniere dichas prescripciones. El incumplimiento de las mismas será sancionado de acuerdo a lo establecido en el artículo 133 bis del presente Código”, agrega.

“El incumplimiento de las prohibiciones y restricciones de los artículos 64 quáter de este Código, será sancionada con la quita de los espacios de publicidad audiovisual que se hubieran asignado a la agrupación política de gobierno, o en su caso a las agrupaciones que la integran”, advierte.

En suma, sostiene que “los funcionarios públicos que autorizaren, consintieren o incurrieren en las conductas a las que refiere el párrafo anterior, serán pasibles de inhabilitación de uno (1) a diez (10) años para el ejercicio de cargos públicos. Idéntica sanción corresponderá al precandidato o candidato del que se trate, procediéndose a la cancelación automática de la candidatura o la revocación del mandato en caso de que hubiere asumido o se encontrare en funciones”.

La Comisión de Industria de Diputados, presidida por la chubutense Ana Clara Romero (Pro), se reunió este miércoles para recibir a referentes de la industria curtidora argentina con quienes analizaron dos proyectos que buscan establecer un marco legal que regule el uso del término “cuero” para la denominación de diferentes productos con el objetivo de proteger tanto a la industria como a los consumidores.

La presidenta de la comisión explicó que la sesión es de carácter informativa a fin de “analizar el término del empleo del cuero”, por los que hay dos proyectos que también tienen giro a la Comisión de Defensa del Consumidor.

Autor de uno de ellos, el diputado socialista Esteban Paulon explicó que “la idea es poder conversar sobre dos proyectos que establecen el criterio de utilización de la denominación cuero para los productos vinculados a dicho material”.

“La actividad es particularmente importante en Santa Fe en las localidades de Esperanza y las toscas donde tenemos dos de las principales curtiembres el país, pero también es un sector importante en otras provincias”, remarcó.

Paulon manifestó que “llegamos a este debate con demora a nivel internacional en establecer los criterios y parámetros para poder denominar a distintos productos con el término cuero, sino en nuestra propia región. A nivel internacional ya hay antecedentes como Brasil que desde 1960 estableció un criterio".

Así, precisó que estos proyectos buscan armonizar la legislación con la idea de poder avanzar en la compatibilidad de la denominación de cuero a nivel del Mercosur. Además, las iniciativas buscan “asegurar la autenticidad del material curo como material que es de origen animal, prohibiendo con la identificación del término a otros productos que tienen origen mineral y vienen de derivados de otra producción para evitar cuestiones que tienen que ver con el engaño y la falsificación y garantizar la calidad, la durabilidad y la estética”.

“Es una industria que genera muchos puestos de trabajo y en las localidades donde se desarrolla tiene un impacto económico importante y tiene que ver con la identidad cultural de cada localidad”, cerró.

A continuación, el salteño oficialista Julio Moreno Ovalle, autor del otro proyecto, contó: “Soy interesado en que se use la denominación cuero como corresponde porque es un subproducto de la ganadería, una de las actividades más importantes del país. Al cuero se le pueden dar diversos usos y para la venta del mercado interno y externo. Es importante que tengamos en claro para qué sirve el cuero”.

La palabra de los especialistas

Daniel Helman, de Curtiembre Arlei S.A, afirmó: “La importancia de esta ley radica en el marco regulatorio que se pretende obtener para la denominación cuero para garantizar calidad y autenticidad del producto”. En tanto, comparó que este tipo de ley está en Brasil desde 1964, en México, en Estados Unidos, en Italia, etc.: “En el mundo es algo que ya se ha hecho para proteger la autenticidad y la calidad de un producto tan noble como el cuero”.

“Esta ley beneficia a una gran cadena de valor del cuero, desde las curtiembres hasta el último artesano. Hay infinidad de actores en la actividad del cuero que se van a ver beneficiados por la lye. Además, impacta mucho en la defensa del consumidor, en la industria y en la sustentabilidad de la circularidad”, explicó.

En cuanto a la defensa del consumidor, Helman precisó que “se está engañando al consumidor porque cuando compramos estas imitaciones que no son cuero como el eco cuero, el cuero vegano, la cuerina, el símil cuero, nos están engañando. Quieren apropiarse los atributos del cuero para vendernos un producto que no es tal. El verdadero eco cuero es de origen animal, es un subproducto”.

“Nosotros tomamos los cueros de los animales que son faenados que, de no ser por la industria del cuero que les da valor y pasa a ser un producto de durabilidad, amigable con el medio ambiente, noble, duradero, que se va a biodegradar con el tiempo, si no estuvieran las curtiembres procesando esos cueros irían a vertederos naturales generando contaminación y una pérdida muy importante porque genera fuentes de trabajo”, explayó.

Helman destacó que la industria del cuero argentino “es marca registrada y fomenta una industria grande. El cuero argentino es una marca que tenemos que volver a poner en valor. Es un producto que tarda mucho en envejecer, se degrada naturalmente, no como otros productos que tiene derivados de hidrocarburos o plástico”.

Así, cerró: “Al consumidor lo engañan porque le venden un producto de plástico haciéndole creer que es cuero legítimo o auténtico”.

Luego expuso el concejal de Las Toscas, Iván Gastón Sánchez, que bregó para que el proyecto tenga luz verde y sea aprobado porque “se busca poder tener una protección para la industria misma como para los consumidores”.

“Una ley como esta contribuiría a que realmente se utilice el término cuero dentro de lo que la industria fabrica y esto permitirá la protección del trabajo. Esto es un proyecto que va a tener ámbito nacional porque va a cubrir esta materia prima en Argentina, pero uno como concejal quiere que esta industria tenga la protección necesaria para que este término se utilice en los productos que realizan. También para proteger al consumidor y que vayan con la tranquilidad de que van a comprar cuero”, explayó y cerró: “Tenemos que brindar estas herramientas para que la industria y los consumidores se sientas protegidos e incentivados y le demos estas herramientas importantes desde lo legal”.

En apoyo a las iniciativas, el presidente de la Cámara de la Industria Curtidora Argentina (CICA), Eduardo Wydler, consideró fundamental “informar a los consumidores qué es lo que van a comprar”, al aseverar que “el sector ha perdido mercado con el cuero sintético”.

“Hemos gestionado muchas veces como cámara una norma que aclara esto para defender al consumidor y asegurara el desarrollo de la industria. Es una industria histórica porque el cuero se ha relacionado con la económica del país, pero la industria curtidora ha invertido mucho en muchas actividades para que la producción sea ambientalmente amigable”, explicó.

Wydler consideró que “no hay otro desarrollo vinculado con el cuero que sea el cuero original que viene del animal que se procesa dentro de la curtiembre”. En suma, sostuvo: “Este es un tema de suma importancia porque se ha utilizado para tratar de copiar al cuero, los más variados calificativos como eco cuero, cuero ecológico”.

“Compartimos y apoyamos esta propuesta para que siga su curso para ser aprobada y beneficiemos a la gente que sepa concretamente lo que compra. Aclaremos lo que es el cuero, el objetivo es informar y esto va a tener un beneficio para la industria”, concluyó.

En el mismo sentido, Cristian Alejandro Delssin, secretario General del Sindicato del Cuero, del departamento General Obligado, provincia de Santa Fe, afirmó: “Si esta ley ayuda a seguir manteniendo los puestos de trabajo, la vamos a apoyar”.

“Es una competencia desleal a los trabajadores al trabajo de los curtidores porque en Las Toscas dependemos mucho de la curtiembre. Creo que esta posibilidad de competir legalmente contra algo que no es cuero, que es otra cosa como plástico, y que lo quieran vender como cuero, nos deja en una situación incómoda porque nuestro trabajo lo usan con otro nombre. Nos preocupa mucho que, si hay una objeción sobre esta ley, no nos estarían ayudando a nosotros como trabajadores de la curtiembre”.

Delssin bregó para que el proyecto sea aprobado para “beneficiar a los trabajadores de la industria del cuero porque estamos preocupados y estamos pasando una situación complicada y esto ayudaría a que los puestos de trabajo sean valorados”.

Además, expusieron ante la comisión Tatiana Apstein, de Curtiembre ARLEI S.A, Leonardo Piatek, de la industria del cuero, y la diputada provincial (Santa Fe) María del Rosario Mancini.

En su raid mediático previo al viaje que por la noche emprendería hacia Roma para participar de las exequias del papa Francisco, el presidente Javier Milei reveló un dato no menor, como es el hecho de que el asesor principal de su Gobierno, Santiago Caputo, tiene más poder que el jefe de Gabinete. Un dato que todo el mundo más o menos bien informado daba por sabido, pero suena fuerte que el propio mandatario lo admita públicamente.

Le hizo ruido al diputado socialista Esteban Paulón, pero no ahora, sino hace tiempo, pues ya en octubre del año pasado presentó un proyecto de ley para blanquear las funciones de este asesor tan especial. Y a partir de los dichos de Javier Milei, reflotó esa inquietud.

“No seas fantasma, Santi”, planteó a través de su cuenta de X, y remarcó que Caputo es “la persona con más poder del Gobierno y no responde legalmente ante nada. No figura como funcionario público y su designación es un simple contrato de locación. No puede seguir así”, insistió, para recordar luego el proyecto que presentó “para decirle basta a esta práctica”.

Recordemos que el proyecto que Paulón presentó junto a su colega socialista Mónica Fein establece la obligatoriedad para que los consejeros presidenciales presenten declaración jurada patrimonial. En los fundamentos menciona a Santiago Caputo, el asesor estrella de Javier Milei.

La iniciativa plantea incorporar al artículo 1ro. de la Ley 25.188 de Ética Pública dos párrafos. “Se entiende por Alta Dirección Pública a las funciones expresamente establecidas en la Constitución Nacional en el artículo 99 y que delegue el presidente, secretarios presidenciales, jefe de Gabinete y ministros del Poder Ejecutivo Nacional en otros funcionarios de menor rango, asesores o consultores contratados”.

Y agrega que “cuando la asesoría se realice sobre facultades que la Constitución Nacional confiere expresamente al presidente de la Nación, el/los asesor/es deberán cumplimentar con todas las obligaciones que posee el presidente en cuanto a la gestión de intereses, información pública, publicidad de los actos de gobierno y controles por parte del Congreso de la Nación de los actos presidenciales delegados”.

Además, se busca sumar un inciso al artículo 5 de dicha ley, para que “todos los funcionarios independientemente de su forma de contratación con cargos de Alta Dirección Pública y/o con remuneraciones iguales o mayores a 1.500 Unidades Retributivas de Servicios del Sistema Nacional de Empleo Público” queden obligados a presentar una declaración jurada patrimonial.

Para los diputados socialistas “es fundamental que estos asesores presenten una declaración jurada obligatoria, independientemente de si su cargo es remunerado o no”.

“No podemos aceptar que personas con semejante responsabilidad no rindan cuentas de su patrimonio antes, durante y después de su función pública”, agregaron.

Para los impulsores de esta iniciativa, estas “modificaciones y aclaraciones que promovemos son con el objeto del fortalecimiento del sistema democrático, del control de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos que desempeñan tareas de alta dirección en su ámbito de actuación y con la necesidad de escrutinio público permanente”.

“Las modificaciones normativas planteadas aquí confluyen hacia la idea de fortalecer e independizar la Oficina Anticorrupción. Al establecerse de manera expresa quiénes son los funcionarios que deben cumplimentar con los requisitos inherentes a su función en el ingreso y, luego, a su salida, permiten a la OA el control patrimonial de quienes asumen responsabilidades manifiestas en el ejercicio funcional del Estado dentro del esquema normativo actual, con la OA dentro del Poder Ejecutivo”, completaron.

En la segunda tanda de preguntas de la sesión informativa de este miércoles, el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, se encontró con la cuestión vinculada al incremento de las retenciones al sector agropecuario anunciado por el propio presidente Javier Milei en el comienzo de la semana.

Fue el diputado santafesino Esteban Paulón del bloque Encuentro Federal, quien elevó la consulta ante el funcionario en el pleno del recinto de la Cámara de Diputados. Cabe recordar que el anuncio del jefe de Estado despertó el malestar de legisladores dialoguistas quienes presentaron un proyecto de ley para frenar la suba impositiva al Agro.

De Encuentro Federal, bloque al que pertenece Esteban Paulón, presentó proyecto de ley en contra de la suba de retenciones.

En esa línea, Guillermo Francos -brevemente- aclaró que la suspensión de las retenciones es hasta el mes de junio del 2025 tal como se estableció en el decreto de necesidad y urgencia 557/2024. Asimismo, consideró que “si liquidan la cosecha o no la liquidan, es una cuestión de los productores agropecuarios”.

Del mismo, manifestó que este sistema “no son reglas que impuso este gobierno”, pero advirtió que “sería irresponsable quitarlas porque no hay capacidad de reemplazarlas”.

De forma breve, Francos anticipó que la idea del presidente de Javier Milei es que las retenciones al sector agropecuario “sean eliminadas durante su gobierno”.

El diputado nacional Esteban Paulón presentó un proyecto en el que le solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) la actualización del Índice de Precios al Consumidor (IPC), reemplazando la canasta de consumos utilizada actualmente y que data de 2004/2005, por la elaborada en base a la canasta de bienes y servicios surgida de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHO) de 2017/2018.

Paulon asegura que “la inflación anual hoy sería un 16% más alta e impactaría, por ejemplo, en el ingreso de los jubilados, que con este desfasaje perdieron más medio millón de pesos”. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) mide la variación de precios en base a una canasta de bienes y servicios representativa del gasto de consumo de los hogares residentes en diversas zonas del país.

💲5️⃣2️⃣2️⃣7️⃣4️⃣1️⃣

Es el monto que el gobierno @JMilei le robó a las jubilaciones mínimas durante 2024 por no actualizar #IPC que ya tiene listo hace más de un año
Más de medio millón de pesos! $45mil por mes 😱
Es urgente que el aumento previsional responda a necesidades actuales pic.twitter.com/vWdwC62CMb

— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 25, 2025

“Los consumos de bienes y servicios en 2004 y 2005 eran muy diferentes a los actuales: por ejemplo, incluye la variación de precios mensuales de productos como televisores de tubo, la línea de teléfono fijo, DVD o casetes. Absolutamente fuera de realidad”, indicó Paulón, quien explicó que “hoy se consumen plataformas como Disney+, Netflix. Además, los servicios representan un 17% en los gastos de cada persona y en el IPC actual solo un 2%”.

Según el propio INDEC la nueva canasta ya está técnicamente lista y de hecho se han desarrollado pruebas durante un año entero. “En Santa Fe o Buenos Aires, el IPC ya está actualizado y las cifras son más acordes a la realidad. Pero a nivel nacional no hay decisión política de ejecutarlo porque esto hoy implica que la inflación anual sea un 16% mayor”, manifestó el legislador socialista.

Cabe destacar que el IPC es el que determina la actualización de ingresos de una parte importante de la población. Tanto de trabajadores asalariado, como jubilaciones, que mensualmente actualizan sus ingresos en base al Índice de Precios del mes anterior.

El diputado nacional Esteban Paulon presentó un proyecto solicitando informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por “la grave represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad en la marcha al Congreso de la Nación, organizada por jubilados en el marco de un legítimo reclamo por la pérdida del poder adquisitivo de sus haberes y el fin de la moratoria previsional en curso”.

Entre las preguntas a responder están: “¿Cuándo tomó la decisión de recurrir a la represión como una respuesta premeditada frente a un reclamo legítimo de las y los ciudadanos, hacer uso indebido de la violencia y los gases lacrimógenos y promover acciones que incurren en una absoluta violación de las obligaciones que tiene el Estado Nacional en el marco de los compromisos asumidos en materia de derechos humanos?”.

“¿Considera usted que militar en un partido político y trabajar en una municipalidad de un color político que o la representa es razón suficiente para herir de gravedad a un reportero gráfico?, ¿Quién fue el/la responsable de autorizar el uso de un camión hidrante que, en el marco de la represión, emitió mensajes agraviantes como “vengan zurdos” a las y los manifestantes?”, sumó.

Además, consultaron por los videos e imágenes captadas por algunos medios de comunicación donde se observa a un policía pateando un arma y dejándola en el suelo: “¿Existió la intención de falsificar pruebas en contra de los manifestantes?”.

También quiere saber: “¿Quién autorizó la ejecución de maniobras peligrosas, como manipulaciones cervicales u otras prácticas que ponen en riesgo la vida de los manifestantes? ¿Qué situación de gravedad o violencia representaban los jubilados, quienes se encontraban reclamando pacíficamente con sus bastones, que justificara los empujones recibidos por parte de las fuerzas de seguridad?”.

“¿Cuántas personas fueron detenidas en las veredas aledañas al Congreso de la Nación mientras se manifestaban, cumpliendo con todas las normativas del Gobierno sobre el derecho a la protesta, sin alterar el orden público de ninguna manera? En ese marco se solicita se informe quién fue el/la responsable de la detención de dos menores de 12 y 14 años que estaban saliendo del colegio y fueron atados con precintos dos horas”, añadió.

Entre los argumentos, Paulon planteó que “frente a un legítimo reclamo, la ministra ordenó llevar adelante una violenta represión que incluyó el uso desproporcionado de la fuerza contra los manifestantes, el empleo de gases lacrimógenos, golpes y arrestos arbitrarios, generando un clima de temor y violencia en una manifestación pacífica que solo buscaba visibilizar la grave situación que atraviesan los jubilados”.

“El uso ilegítimo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad no solo es ilegal, sino que contraviene directamente los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, erosionando los principios democráticos y la protección de los derechos humanos consagrados en la ley nacional e internacional”, denunció.

Y un día la dedicación obsesiva del presidente Javier Milei en las redes sociales le trajo problemas. Su posteo en la red social X y en Instagram promocionando a la criptomoneda $Libra durante más de seis horas generó una repercusión mundial que no es aquella que él suele replicar en las mismas redes, y sobre todo en el plano interno, donde la oposición salió masivamente a cuestionarlo y por primera vez llegó a esgrimir como amenaza el juicio político.

Es lo que anunció este fin de semana el bloque de diputados de Unión por la Patria que conduce Germán Martínez. Tres días después de una sesión en la que las tensiones entre esa bancada y el oficialismo quedaron más que nunca expuestas a cielo abierto -amenaza boxística incluida-, UP difundió un mensaje en el que considera que “la participación de Milei en un delito de estafa cripto es de enorme gravedad. Es un escándalo sin precedentes”, por lo cual anunció la decisión de “avanzar en la presentación de un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación”.

Los senadores de Unión por la Patria se alinearon con sus pares de la Cámara baja, a través de un comunicado difundido en las redes en el que anticipan que “el Senado de la Nación no puede permanecer ajeno a los hechos de público conocimiento que tienen como protagonista al presidente de la Nación, Javier Milei. La ciudadanía debe estar informada de que es esta Cámara la encargada de juzgar en juicio político a quien PRIMERO es acusado por la Cámara de Diputados, conforme lo establece el artículo 59 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, los senadores y las senadoras deben actuar con prudencia respecto de este instituto”.

El interbloque que encabeza José Mayans instó a que “la Cámara de Diputados de la Nación intervenga en este caso ejerciendo las atribuciones que le confiere la Carta Magna”, considerando que “la gravedad de los hechos amerita que las instituciones funcionen rápidamente y sus miembros estén a la altura de las circunstancias”.

Desde el viernes por la noche que el tema está dando vueltas en las redes sociales, donde legisladores de todos los sectores de la oposición -menos el Pro- salieron a cuestionar de la manera más dura al presidente Javier Milei. Picó en punta Esteban Paulón, que presentó en sus redes un pedido de informes que redactó para que el jefe de Gabinete conteste sobre lo que considera como “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”. Pero más tarde, el propio diputado socialista dijo que los diputados de diversos bloques “estamos trabajando para presentar el lunes a primera hora el pedido de juicio político a Javier Milei”.

El texto que buscan impulsar esta semana habla de “promover juicio político contra el presidente de la Nación, sr. Gerardo Javier Milei, por el mal desempeño y eventuales delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 53 de la Constitución Nacional de la República Argentina”.

El primer artículo habla de constituir a la Comisión de Juicio Político a los fines de investigar y dictaminar sobre la responsabilidad del presidente de la Nación por su posible participación en la presunta defraudación vinculada a la cripto/token/memecoin $LIBRA”.

El siguiente artículo solicita información que consta en la Comisión Nacional de Valores como órgano regulador del mercado de cripto activos según resoluciones 994/2024 y 1025/2024”.

Los siguientes artículos piden información a la Unidad de Investigación Financiera, como así también piden la intervención de la Oficina Anticorrupción para dictaminar sobre esos hechos.

La defensa de Marcela Pagano

Votada como presidenta de la Comisión de Juicio Político, pero nunca reconocida como tal por el presidente de la Cámara, Martín Menem, la diputada oficialista Marcela Pagano salió en defensa de Milei. Oficiando en el rol de titular de la citada comisión, Pagano lanzó: “¡No se hagan los rulos! El tweet de @JMilei no fue en el ejercicio de sus funciones (Art. 99 CN) por lo que los diputados y senadores no tenemos jurisdicción para evaluar un mal desempeño de la función”.

“El juicio político es una herramienta extrema y excepcional que no debe ser bastardeada para ganar títulos de diarios”, agregó la diputada.

Para los ignorantes que opinan sin leer la CN les recomiendo que lean de qué se tratan las facultades de un presidente antes de hablar de incumplimiento de sus deberes… pic.twitter.com/PgnyTqHKkI

— Marcela Pagano (@Marcelampagano) February 15, 2025

El constitucionalista Daniel Sabsay sostuvo por su parte que “el episodio de las criptomonedas que protagonizó el presidente exige la actuación de una comisión investigadora que aclare lo sucedido. Se deberían tomar las medidas que resulten necesarias. De lo contrario, se estaría avalando un accionar no transparente del primer mandatario”.

Para la diputada kirchnerista Julia Strada, “Milei fue partícipe necesario de una cripto estafa y potencial acto de corrupción por un valor de casi 100 millones de dólares, al promover la inversión en un criptoactivo valiéndose de su rol en la primera magistratura de la Nación”. La legisladora anticipó que “desde el Congreso, quienes integramos el bloque de Unión por la Patria, impulsamos el pedido de Juicio Político al presidente. Queremos que se conozca y castigue a quienes se enriquecieron con la estafa cripto y vamos a acompañar a todos los damnificados. Para eso también nos presentamos con una correspondiente denuncia penal en la justicia”.

“Ojalá los diputados que cacarearon por twitter el viernes a la noche después no finjan demencia a la hora de votar. Yo lo viví: con Ley Bases, con jubilaciones, con Universidades y la semana pasada con Ficha Limpia. Acá son guapos pero a Milei le votaron TODO. Espero que esta vez no tengan miedo”, tuiteó Strada.

Reclamo de explicaciones

Economista y presidente del radicalismo, el senador Martín Lousteau señaló que “es la segunda vez que, como funcionario, Milei publicita activos del mundo crypto que terminan siendo una estafa. ¿Le cabría la penalidad por reiterancia que propone en el proyecto que Patricia Bullrich envió al Senado?”

“Vamos a exigir que los organismos responsables auditen para que se pueda saber quiénes son los que lucraron a costa de argentinos que creyeron en el posteo del Presidente”, advirtió Lousteau.

Doce bolsos de López se llevaron con una estafa cripto y el presidente, como mínimo, fue partícipe necesario.

Esta es la segunda vez que el presidente recomienda una estafa. No fue una simple torpeza. pic.twitter.com/6pPFKWvcFc

— Martín Lousteau (@GugaLusto) February 15, 2025

Este sábado, desde esa bancada de Encuentro Federal difundieron un comunicado en el que exigen “explicaciones inmediatas sobre la promoción de un activo financiero altamente cuestionable por parte del presidente Javier Milei”. Para el bloque conducido por Miguel Pichetto, se trata de “un hecho de una gravedad institucional sin precedentes”. El mensaje hace referencia a que el token Libra que publicitó el presidente argentino “se desplomó tras una liquidación masiva de un grupo reducido de tenedores que controlaban el 84% de los activos, retirando al menos 87 millones de dólares y dejando a cientos de compradores con pérdidas millonarias”.

“El presidente debe explicar con claridad lo que hizo en lugar de cuestionar a la oposición -expresa el comunicado difundido este sábado-. Milei es economista y no puede desconocer las consecuencias de promover un activo de estas características”.

Preguntas que quieren que conteste Milei de inmediato: “¿Quiénes están detrás de la emisión y comercialización del token Libra? ¿Qué vínculos tienen con el Gobierno o con el entorno personal del presidente? ¿Algún funcionario o allegado al oficialismo obtuvo un beneficio económico de esta promoción? ¿Por qué se utilizó la investidura presidencial para impulsar una inversión que resultó en un brutal perjuicio para la ciudadanía de buena fe?”.

Para Encuentro Federal, “lo ocurrido es inaceptable” y el presidente debe “dar explicaciones y asumir las consecuencias de sus actos”.

A su vez, desde el bloque Democracia Para Siempre anticiparon la decisión de insistir con la creación de una comisión investigadora en el Congreso. “Esto sin perjuicio de realizar la oportuna denuncia ante la Justicia”, señalaron a través de un comunicado en el que advierten que “Javier Milei fue elegido para defender a todos los argentinos, no para favorecer los intereses inescrupulosos de un grupo de personas allegadas y de dudosos antecedentes”.

“Durante cinco horas el Presidente promovió en sus redes sociales la compra de acciones de una nueva criptomoneda, que en poco tiempo se desvalorizó provocando una enorme estafa”, continúa el bloque que encabeza Pablo Juliano, que pregunta quién se benefició económicamente y quién salió perjudicado. "El Congreso y la Justicia deben actuar como contrapeso de un Poder Ejecutivo que todos los días transgrede la ley”.

LOS TUITS SE BORRAN, LAS ESTAFAS NO

Las explicaciones del presidente sobre la criptomoneda Libra, que se desplomó tan rápido como creció, son insuficientes. Si no estaba interiorizado del proyecto, ¿por qué lo promocionó desde sus redes sociales y fijó el tuit durante horas, aun… pic.twitter.com/Do1FdMNN9s

— Facundo Manes (@ManesF) February 15, 2025

Flamante presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la senadora nacional Alejandra Vigo, consideró que el caso del presidente y la criptomoneda $Libra “reviste gravedad institucional”. Dijo que “no es un asunto que deba resolverse en el ámbito político, sino en los tribunales dado que -según la información- fueron perjudicadas miles de personas”, y posteó en su cuenta de X: “Corresponde que la Justicia investigue si -el hecho que involucra al Presidente- constituye un delito penal. LA JUSTICIA DEBE ACTUAR DE INMEDIATO”.

Decir que no estaba “interiorizado en los pormenores” no alcanza, el Presidente tiene que rendir cuentas.

Usar su posición para promover inversiones privadas de alto riesgo es un hecho muy grave. 87 millones de dólares son casi 10 veces los bolsos de López: los delitos no los…

— Mariela Coletta (@marielacoletta) February 15, 2025

Por su parte, desde la izquierda anticiparon que pedirán la interpelación de Milei en el Congreso. “Que se transmita por cadena nacional. Es un escándalo que el presidente reconozca que promocionó una estafa millonaria y después diga que no estaba interiorizado. ¿Va a dar la cara o se va a esconder como el ministro Caputo?”, expresó en las redes sociales Nicolás del Caño, al tiempo que su par Mónica Schlottahuer clamaba en las redes: “¡Milei es un facho, un miserable y un timbero! ¡No puede quedar impune!”.

Gran revuelo generó este viernes el presidente de la Nación, Javier Milei, cuando al caer la tarde respaldó enfáticamente una criptomoneda. Lo hizo a través de un tuit fijado ponderando a Libra, un token que a partir de ello subió exponencialmente su cotización… para después derrumbarse.

Legisladores nacionales reaccionaron prestamente, calificando el hecho como “gravísimo” y anticipando pedidos de informes.

Dijo Milei en el tuit en cuestión: “La Argentina Liberal crece!!! Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos. El mundo quiere invertir en Argentina. Vivalalibertadproyect.com. $LIBRA”.

La Argentina Liberal crece!!!
Este proyecto privado se dedicará a incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.
El mundo quiere invertir en Argentina.https://t.co/BtUJSdQXWy

Contrato:…

— Javier Milei (@JMilei) February 14, 2025

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

En un primer momento se especuló con un hackeo de la cuenta del presidente de la Nación, pero como desde la Rosada mantuvieron el silencio y con el correr del tiempo el posteo se mantuvo, eso fue descartado. De hecho, la diputada libertaria Lilia Lemoine, muy cercana al presidente, posteó: “Para que quede claro... no es un hackeo”, y replicó el tuit presidencial.

No era un hackeo, claro está, y en el propio espacio libertario se advirtió gran revuelo. A cielo abierto, las redes libertarias mostraban su perplejidad ante lo sucedido, hasta que cerca de las 2 de la madrugada el presidente volvió a escribir en sus redes. El citado tuit fijado ya no estaba. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna”, arrancó diciendo Milei, que aclaró que “no estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”.

Pero a continuación planteó, bélicoso: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

Reacciones desde el Poder Legislativo

“Milei debe ser investigado en el Congreso”, alertó el diputado nacional Maximiliano Ferraro. A través de un extenso posteo, el presidente de la Coalición Cívica advirtió que “si esto no fue un hackeo (hace tres horas, el presidente mantiene un post fijado en su cuenta oficial de X y, hasta el momento, ningún funcionario ni el propio Milei han salido a desmentirlo), entonces estamos ante un hecho gravísimo y escandaloso: el presidente Javier Milei lanzó o respaldó una criptomoneda ($LIBRA) que, en menos de dos horas, movilizó millones de dólares, generó ganancias extraordinarias y, finalmente, se desplomó, estafando a un número indeterminado de ciudadanos.

“El presidente  podría haber violado abiertamente la Ley de Ética Pública y la Ley de Entidades Financieras, particularmente en lo referido a la publicidad para la captación de recursos (art. 19). Además, lo sucedido podría configurar delitos de lavado de dinero, defraudación y/o estafa, que la UIF no puede ignorar”, reseñó el legislador nacional. Para Ferraro, “esto no fue libre mercado. Fue una maniobra especulativa que podría estar apalancada en el poder político del presidente y en el uso de información privilegiada”.

Ante ello, Ferraro sostuvo que “el Congreso no puede dejar pasar este hecho. Debe constituirse una Comisión Especial Investigadora con las facultades necesarias para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades”.

En las propias redes sociales alertaron que varias billeteras asociadas a $LIBRA habían retirado millones, dejando algunos saldos en $0. Ese comportamiento era consistente con un posible rug pull, por lo que se recomendaba precaución y verificar antes de interactuar con el proyecto. El rug pull es un modelo de fraude en torno a las criptomonedas, mediante el cual desarrolladores buscan atraer inversionistas para un nuevo criptoactivo y luego abandonan el proyecto con los fondos recaudados.

El socialista Esteban Paulón fue más allá al presentar un pedido de informes para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, informe en la Cámara de Diputados sobre “la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario”.

En su pedido de informes reclamó entre otras cosas conocer la vinculación del presidente con los creadores y promotores del memecoin $Libra, incluyendo su conocimiento personal de dichos individuos y la eventual vinculación comercial con los mismos.

Asimismo, pidió saber “si el presidente personalmente o el Gobierno nacional han recibido o tienen pautados beneficios económicos o compensaciones por promocionar la memecoin”.

PRESIDENTE JAVO PONZI MILEI

Ante la promoción de la memecoin $Libra por parte del Presidente @JMilei presentamos un pedido de informes para que el Jefe de Gabinete @GAFrancosOk informe en @DiputadosAR sobre la posible comisión de múltiples delitos por parte del primer mandatario pic.twitter.com/V3RUd8a9FG

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 15, 2025

“Que un presidente de la Nación promueva una inversión cual influencer ya de por sí es un delito. Que encima lo haga en una estafa de corto plazo para que 10 vivos ganen millones de dólares en cuestión de minutos, no solo habilita una investigación por parte del Poder Judicial, son también a que hagamos una desde el Congreso”, planteó desde Unión por la Patria Itai Hagman. En otro posteo, continuó Hagman: “¿Un presidente dando recomendaciones de inversiones cripto de dudosa procedencia?  Aca hay tongo y estafa de acá a la china. Lo hizo como candidato con CoinX, y su titular terminó en cana. Ahora lo hace como presidente. ¿Algún fiscal o juez va a hacer algo?”.

A su vez, el senador nacional pampeano Daniel Bensusan no tiene dudas de que “nos encontramos con uno de los casos de corrupción más grandes de Argentina. Milei promocionó una estafa en sus redes sociales y logró que 10 personas le robaran millones de dólares a miles de inversores”.

“Un grupo de personas, que se desconoce su identidad, armaron un sitio web claramente falso y lograron que Milei lo promocione en sus redes sociales. Una vez que el precio se disparó, vendieron todo y la moneda se desplomó estafando a miles de personas”, agregó el pampeano, para concluir: “Nadie del Gobierno aclara nada. Estamos desamparados ante un MILEI que no le interesa la gente y se asocia con estafadores y criminales internacionales. Javier Milei tiene que dar explicaciones urgente”.

“Insólito”, posteó por su parte Victoria Tolosa Paz. “Un presidente promocionando criptomonedas, pidiéndole al pueblo que cargue sus datos personales en una página anónima escrita en inglés -continuó-. ¿La semana que viene qué nos va a querer vender, paquetes a la luna?”. Y en una post data le recordó al mandatario que “su ministra favorita”, por Sandra Pettovello, cerró la Conami, que se encargaba, con total transparencia (los datos eran públicos y publicados) de financiar pequeños proyectos productivos”.

Algunas ballenas ganaron unos cuantos palos verdes… quienes serán ? Funcionarios públicos ? El mismo presidente? pic.twitter.com/IDW1yo5MWd

— Santiago Cafiero (@SantiagoCafiero) February 15, 2025

Gravísimo el presidente promocionando una estafa!!! https://t.co/wwoV6l8QuV

— Paula Penacca (@PaulaPenacca) February 15, 2025

El exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez posteó por su parte: “Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública: 'g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa'. Deje de hacerse el transgresor. No aliente el quiebre de las leyes. Una brisa de la historia no es la historia”.

Presidente, si a usted no le han hackeado la cuenta, sepa que está violando el Artículo 2do inciso G de la Ley de Ética Pública:

"g) Abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas… https://t.co/VwyAAIj5oM

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) February 15, 2025

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, avaló la postura del Gobierno nacional respecto a la prohibición de los tratamientos de cambio de género en menores de edad que emplean procedimientos de hormonización “nocivos para la salud y cirugías mutilantes irreversibles”. Al igual que Vocería Presidencial, el titular del Pro mencionó al Reino Unido como uno de los países en dar marcha atrás en esta cuestión.

Previo a la mención del país británico, Macri, a través de un comunicado en X, señaló que “estudios internacionales comenzaron a advertir sobre los riesgos para la salud que implicaban los tratamientos de bloqueo de la pubertad y hormonas cruzadas en menores de edad”, y añadió: “Estas advertencias coincidieron con un crecimiento desproporcionado de la demanda de tratamientos de esa naturaleza, principalmente en mujeres adolescentes y en niñas”.

En ese punto, nombró a la doctora Hilary Cass quien por pedido de las autoridades británicas llevó adelante un informe con datos condujeron a la prohibición de tratamientos en menores en ese país desde el 1ro. de enero de 2025. “El informe Cass fue coincidente con otras investigaciones que llevaron a restringir severamente los tratamientos en menores en otros países”, remarcó Mauricio Macri.

Una hora más tarde, el diputado nacional Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) le respondió por medio de X: “Como ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ex Presidente de la Nación, te recomiendo recurrir a mejor evidencia científica y jurídica y consultar a los excelentes equipos de profesionales del Sistema Público de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que seguramente conocés, o a los ministros de Salud que te acompañaron en el gobierno nacional”.

En línea con la respuesta, Ferraro agregó: “En particular, te sugiero que hables con Adrián Helien, psiquiatra y coordinador del Grupo de Atención de la Niñez y Adolescencia Transgénero (GANAT) del Hospital Durand”.

El contrapunto evidenciado por el diputado de la Coalición Cívica generó que diferentes usuarios de X salieran a cruzarlo y, de forma automática, le contestó a cada cuenta que lo arrobaba con la frase “personalmente no acuerdo ni avalo ningún procedimiento de intervención quirúrgica y/o tratamientos irreversibles en niños y niñas. Saludos cordiales”.

Minutos más tarde, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) se sumó a la polémica afirmó que “Mauricio Macri nunca fue liberal. Siempre fue un reaccionario homofóbico”, y cargó contra el Gobierno nacional: “Hoy Javier Milei le permite salir del armario. Que vayan con el cuento de las ‘libertades’ a otra parte. Nos quieren en el closet, nos quieren en las cavernas, nos quieren en la vergüenza. No lo van a lograr”.

Del mismo modo, el socialista santafesino añadió: “Luego de la declaración de Macri (arrobándolo), las personas LGBTIQ+ nos hemos convertido en blanco móvil de la derecha más rancia. La del Pro y La Libertad Avanza de Milei”. “Sepan que serán responsables de la violencia y el sufrimiento de un colectivo tremendamente excluido”, aseveró.

Luego de la declaración de @mauriciomacri , las personas #LGBTIQ+ nos hemos convertido en blanco móvil de la derecha más rancia. La del @proargentina y #LLA de @JMilei
Sepan que serán responsables de la violencia y el sufrimiento de un colectivo tremendamente excluido

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) February 7, 2025

Luego que fracasara una resolución para repudiar las declaraciones del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, el diputado socialista Esteban Paulón realizó una cuestión de privilegio contra el mandatario, parte del Gabinete y algunos de sus pares de la Cámara baja a raíz de la embestida oficialista contra el colectivo LGBT. 

En su discurso en la sesión de este jueves, el santafesino recordó la marcha antifascista y antirracial del pasado 1ro. de febrero, en la que “cientos de miles salimos a las calles a decirle al presidente de la Nación que no vamos a admitir ningún tipo de retroceso en materia de valores y derechos democráticos”. 

“El presidente usó un Foro Internacional para en una generalización injusta y temeraria decir que todas las personas homosexuales somos pedófilas”, señaló y agregó: “Decidió elegir el caso de una condena de una pareja en Estados Unidos para ilustrar el supuesto vínculo entre la bandera de la diversidad y la pedofilia; me pregunto por qué no usó el caso de Gisele Pélicot en Francia para decir que el matrimonio heterosexual en su forma más extrema es abuso sexual, por qué no usó la figura de padre (Julio César) Grassi para decir que el catolicismo en su forma más extrema es pedofilia. Usó la figura de una pareja de varones porque tenía claro lo que quería decir”. 

Luego mostró una publicación del diputado libertario Santiago Santurio en La Derecha Diario, que “en una fake publicó que las organizaciones LGBT convocamos a una marcha a favor de la pedofilia. Que me diga el diputado Santurio qué expresión a favor de la pedofilia hubo en esa marcha, que me cuente por qué el medio en el que colabora dice eso”. 

Paulón también arremetió contra la oficialista Lilia Lemoine: “Se piensan que somos estúpidos y que no entendemos lo que dijo el presidente y nos manda el dibujito del caballito de Troya”. 

Sobre la movilización del pasado sábado, el legislador de Encuentro Federal enfatizó que “se cansaron de hacer cola diciendo que era una marcha kirchnerista, yo fui uno de los convocantes de la marcha, no soy kirchnerista, soy maricón y me la banco, y fui a esa marcha a convocar a la sociedad democrática argentina porque no vamos a volver a vivir entre cuatro paredes como pretende el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. ¡Que vaya él a vivir su sexualidad entre cuatro paredes!”. 

Al señalar que en su banca tenía la bandera del colectivo travesti-trans, se refirió a la medida del Gobierno de modificar la Ley de Identidad de Género. “Ayer hicieron un anuncio temerario, no por la medida, que es una fake news, acá en Argentina ningún nene de cinco años trans es mutilado, acá lo que se están mutilando son los derechos del colectivo LGBT y la salud pública”, manifestó. 

Paulón consideró que “hay una operación de odio y demonización del colectivo travesti-trans, el colectivo más vulnerable de nuestra sociedad; lo eligen para señalarlo porque es el eslabón más débil”. 

“La única posibilidad que tiene este colectivo de salir del abandono, del olvido y la exclusión es con el acompañamiento de las familias”, dijo y apuntó que “la amenaza que hizo el presidente Javier Milei en Davos” y “el ataque directo” de la medida recientemente tomada “es un golpe a las familias que amorosamente y por primera vez en nuestra historia acompañan masivamente a esas infancias y adolescencias que hoy tienen proyecto de vida”. 

En ese sentido, aseguró: “Vamos a defender cada derecho conquistado, no vamos a dar ni un paso atrás”. “La sociedad democrática argentina, que es mayoritaria, quiere vivir en libertad, la verdadera libertad, no la que ustedes vaciaron de contenido”, concluyó. 

El diputado nacional Esteban Paulon (Encuentro Federal) presentó, junto a su par de bancada Mónica Fein, un proyecto de Declaración expresando su enérgico repudio a la resolución 1094/24 adoptada por el Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de 2024, a través de la cual se elimina la obligación de incluir señales de contenido informativo eminentemente federal, en las grillas de programación de los servicios de televisión por suscripción por vínculo físico y/o radioeléctrico y satelital.

Asimismo, expresa profunda preocupación por los “múltiples impactos negativos de esta medida, que afecta particularmente a emisoras de contenido local y regional, cableoperadores locales de menor escala -a quienes se aseguraba la inclusión de dicha programación-, y a los pueblos del interior del país, en lo que representa un retroceso en materia de pluralidad informativa, diversidad cultural y desarrollo sociocultural y federal para la sociedad argentina”.

“Más de seis mil trabajadores y trabajadoras de la señal de noticias SOMOS, la red de canales más grande del país, fueron despedidos en los últimos días, luego de quedar efectiva la Resolución 1094/2024, adoptada por el Interventor del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y publicada en el Boletín Oficial el 23 de octubre de 2024, a través de la cual se elimina la obligación de incluir señales de contenido informativo eminentemente federal, en las grillas de programación de los servicios de televisión por suscripción por vínculo físico y/o radioeléctrico y satelital”, contextualizaron.

Paulón denunció que "estamos ante un nuevo retroceso en materia de pluralidad informativa, diversidad cultural y desarrollo sociocultural y federal para la sociedad argentina. Esto afecta particularmente a emisoras de contenido local y regional, cableoperadores locales de menor escala -a quienes se aseguraba la inclusión de dicha programación-, y a los pueblos del interior del país".

La Resolución es parte de las disposiciones del DNU 70/2023, que habilita proceder a “la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden un normal desarrollo” y “otorgarle al sistema de comunicaciones mayor libertad para su desarrollo”.

También plantea subsanar una asimetría entre los diferentes servicios de telecomunicaciones, equiparando a los servicios de radiodifusión por suscripción con los servicios de tecnología de la información (TICs) para los que rige el principio de neutralidad de la red, de modo tal que no se puedan regular los contenidos, y excluyendo, así, a los canales que integran las grillas de las empresas de cable de la imposición en materia de cuotas que surge del artículo 65 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en materia de cuotas de programación.

"Los medios de comunicación desempeñan un rol fundamental en la sociedad de la información. La ley de Servicios de Comunicación Audiovisual estableció una serie de pautas y limitaciones en materia de cantidad de licencias, y un esquema de cuotas mínimas de programación que fijan porcentajes de producción local y propia, incluyendo noticieros o informativos locales, y destinó un capítulo al fomento de la diversidad y contenidos regionales. Y nada de ello es posible sin la intervención del Estado como regulador de una industria que es dominada por los grandes grupos económicos concentrados", señaló el legislador socialista, y concluyó destacando que "esto impacta en perjuicio de las producciones locales, el desarrollo de las identidades culturales de cada región y el fortalecimiento del federalismo, y atenta contra la pluralidad y diversidad informativa".

Luego de los nuevos exabruptos contra la comunidad homosexual de Javier Milei en el Foro de Davos de este jueves, el diputado nacional Esteban Paulón (Encuentro Federal) anunció en X que denunció penalmente al presidente de la Nación por la posible comisión de los delitos de incitación al odio, amenazas, intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y contravención por discriminación.

En la publicación, el diputado santafesino agregó: “Porque nuestras vidas importan y nuestras familias merecen respeto, porque el poder no debe usarse para sembrar odio, porque no vamos a retroceder ni un paso más decimos basta a los discursos que generan violencia”.

En la denuncia penal, el legislador del Partido Socialista manifestó: “Desde su llegada al gobierno el presidente Javier Gerardo Milei ha iniciado una escalada de violencia hacia diversos colectivos y grupos sociales”, y agregó: “So pretexto de encarnar una batalla cultural Milei ha insultado en reiteradas ocasiones a legisladores nacionales (a quienes caracterizó como “ratas” y “valijeros”), periodistas a quienes en varias ocasiones sindicó de “ensobrados” entre otras expresiones”.

“Sin embargo con el correr de los meses esa actitud agresiva se ha ido radicalizando hasta llegar a convertirse en amenazas concretas que configurarían acciones de intimidación pública, incitación a la violencia colectiva, incitación al odio y discriminación”, incorporó en la presentación penal ante la Justicia.

El diputado nacional de Encuentro Federal hizo referencia a los últimos dos episodios del presidente de la Nación, Javier Milei, a los que llamó de “una gravedad nunca antes vista en democracia”. Primero, el miércoles, realizó una publicación en X en la que tituló “Nazi las pelotas”, y luego, este jueves, volvió a dar un discurso totalmente disruptivo en el Foro de Davos. Allí cargó contra la ideología woke, que calificó como “el cáncer que hay que extirpar”, entre otras definiciones que lanzó desde el estrado.

En el marco de los incendios que azotan el sur del país, el diputado socialista Esteban Paulón presentó un pedido de informes al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullirch, para que explique sobre el desfinanciamiento del Plan de Manejo de Fuego y eliminación de fondos específicos.

“Solicitar al Poder Ejecutivo que informe a través del Ministerio de Seguridad de la Nación acerca de la Ley N° 26815 Manejo del Fuego que tiene como principal objetivo el de prevenir y mitigar los incendios forestales y rurales, proteger el ambiente, la biodiversidad, la salud humana y los bienes materiales”, plantea el proyecto.

Paulon recordó que “en los distintos debates del 2024 por Ley Bases o Presupuesto advertimos y reclamamos por la eliminación del fideicomiso qué brindaba fondos al Plan Nacional del Manejo del Fuego y el desfinanciamiento de las áreas”, y sumó: “Hoy arden varios Parques Nacionales y el Estado nacional se desentiende”.

"Hoy Christian Larssen, el Director Nacional de Parques Nacionales, aparece en los medios más preocupado por la reestructuración y ajustes de las áreas de su dependencia que por articular las acciones necesarias para que los focos de incendios sean controlados cuanto antes", agregó.

La iniciativa pide información sobre las medidas de prevención implementadas en 2024. “Se solicita un detalle de las medidas adoptadas durante el año 2024 en las siguientes áreas relacionadas con la prevención de incendios forestales: manejo del entorno y de la vegetación, formación y capacitación de recursos humanos; vigilancia y monitoreo con herramientas tecnológicas; sistemas de alerta temprana y patrullajes efectuados para prevenir incendios; regulación del uso del fuego; medidas destinadas al control y supervisión de quemas controladas y otras prácticas de riesgo; coordinación institucional y planificación; investigación y medidas de conservación”.

En otro punto, pide que se indiquen los montos presupuestados y efectivamente devengados durante el 2024 para las actividades vinculadas con la prevención de incendios forestales, desglosando los fondos por categorías según corresponda.

Además, solicita saber cuáles son las medidas de mitigación implementadas en 2024 y que proporcionen información sobre las acciones destinadas a mitigar los impactos de los incendios forestales durante el año 2024 con enfoque en: coordinación y planificación estratégica; financiamiento: recursos económicos asignados para la atención de emergencias; vigilancia y monitoreo: esfuerzos realizados para la detención y contención rápida de focos; equipamiento  restauración ambiental: medidas de rehabilitación en zonas afectadas como reforestación y control de erosión. Adicionalmente informe las estrategias de distribución de recursos aplicados para enfrentar incendios simultáneos en distintas regiones.

EPUYEN ARDE 🔥
Durante 2024 denunciamos el desfinanciamiento del Plan de manejo del fuego y la eliminación de fondos específicos💰
Hoy arden varios Parques Nacionales y el Estado nacional se desentiende ❌
Presentamos un pedido de informes al respecto
Reclamamos acción urgente pic.twitter.com/Kr5Us5yTMf

— Esteban Paulon 🌈💚 (@EstebanPaulon) January 16, 2025

“Informe el presupuesto proyectado para la implementación de la Ley de Manejo del Fuego durante el año un curso detallando las áreas de inversión priorizadas: recursos destinados a los departamentos de incendio comunicaciones y emergencia de los parques nacionales. Indique: los recursos asignados y ejecutados durante el 2024 para dichos departamentos; el presupuesto y personal disponible para el año 2025 especificando cualquier modificación o incremento en comparación con el año anterior”, plantea.

También exige las razones por las cuales el Gobierno Nacional decidió no prorrogar la emergencia ígnea nacional declarada por el decreto número 6/2022 vigente hasta el 13 de enero del 2024 que facultaba el jefe de Gabinete de ministros a reestructurar modificar o reasignar partidas presupuestarias para fortalecer de inmediato la capacidad estatal de respuesta.

En relación a los parques nacionales con focos de incendios activos, solicita conocer las acciones en cursos en Epuyén y Parque Nacional Nahuel Huapi: “Describa las acciones concretas que se están llevando a cabo para el control y mitigación de los incendios en las zonas en el marco de las operaciones coordinadas por el sistema nacional de manejo del fuego”.

“Indique recursos humanos y materiales desplegados; coordinación interinstitucional entre organismos nacionales provinciales y municipales; estrategias implementadas para la protección de áreas críticas y poblaciones cercanas resultados preliminares alcanzados hasta el momento”, suma el texto.