En una jornada de largas horas, que contó con una polémica por el corte de la transmisión oficial, diputados de Unión por la Patria, la izquierda y el socialismo escucharon a especialistas. Se sumó un puñado de radicales y dos legisladoras del bloque de Pichetto.
Con la participación de abogados constitucionalistas, bloques de la oposición más dura en la Cámara de Diputados debatieron este martes durante largas horas sobre el DNU 70/23 de Javier Milei, que ya cuenta con el rechazo del Senado.
En la búsqueda de acelerar los tiempos e intentar voltear el megadecreto, por el cual se derogó la Ley de Alquileres y se liberaron los precios de las prepagas, entre numerosas modificaciones a distintas leyes, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el socialismo oficiaron de organizadores.
Pero además, a la jornada se sumaron un puñado de radicales referenciados en Facundo Manes, quien no estuvo por encontrarse de viaje: Pablo Juliano, Pedro Galimberti, Natalia Sarapura, Jorge Rizzotti y Marcela Coli. También estuvieron Margarita Stolbizer y Natalia de la Sota, ambas de Hacemos Coalición Federal, el bloque que preside Miguel Pichetto.
De la Sota dio el presente de manera virtual desde Córdoba. “Es responsabilidad nuestra evacuar las dudas y debatir los temas. Quienes creemos en el Estado presente, en un Estado que tenga injerencia en la vida de la sociedad argentina, tenemos la obligación de estar discutiendo estos temas para poner blanco sobre negro”, dijo la legisladora en el comienzo del encuentro.
El DNU 70/23 de desregulación de la economía fue firmado por el presidente Javier Milei en diciembre pasado. El 14 de marzo, tras su no tratamiento en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, fue tratado en el recinto del Senado y allí resultó rechazado con 42 votos negativos, 25 afirmativos y 4 abstenciones. Sin embargo, la Ley 26.122 establece que para ser declarado inválido se requiere que sea rechazado en ambas cámaras.
Entre UP, el FIT y el socialismo, el rechazo al DNU en la Cámara de Diputados suma 106 votos, a los que podrían sumarse una docena más de legisladores, algunos de ellos de la UCR y bloques federales. Sin embargo, hasta la fecha no está asegurada la mayoría para llevarlo al recinto, pero con la jornada se intentó iniciar el camino hacia ese objetivo.
En un nuevo acto de intolerancia la Cámara de Diputados interrumpió la transmisión por Youtube del encuentro con constitucionalistas por el DNU 70/2023.
Horrible.@DiputadosAR @DiputadosTV @MenemMartin
— GERMAN MARTINEZ (@gerpmartinez) April 9, 2024
Una polémica que se generó este martes fue que la transmisión oficial que salía por YouTube se vio interrumpida a los 53 minutos de iniciada la reunión. Esto despertó el malestar y la queja de los diputados organizadores, quienes salieron a manifestarse a través de la red social X. Apuntaron contra las autoridades de la Cámara de Diputados, puntualmente contra Martín Menem.
Según supo parlamentario.com, desde la Cámara baja afirmaron que “fue un problema técnico” y se iba a “resolver pronto”. Sin embargo, la transmisión no se reanudó. Así las cosas, desde sus perfiles en X, la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, y su par Carolina Gaillard, transmitieron en vivo desde sus teléfonos móviles.
Mientras exponía el abogado constitucionalista Raúl Ferreyra, diciendo que hubo una presentación de inconstitucionalidad del DNU y pedido de nulidad, se corta la transmisión oficial en el YouTube de Diputados. No llegó a explicar las razones.
Inaceptable esta abierta censura. pic.twitter.com/0rLg5Q7Glt— Julia Strada (@Juli_Strada) April 9, 2024
En el arranque del encuentro, el diputado socialista Esteban Paulón señaló que el encuentro tenía “por objetivo no sólo promover un debate desde distintas miradas desde el derecho constitucional, sino también expresar una voluntad política de que la Cámara de Diputados de la Nación asuma un rol frente al DNU 70/23, que ha sido rechazado en el Senado pero aún está vigente y resta el rechazo en la Cámara de Diputados. Y creemos que es fundamental avanzar en ese sentido, básicamente porque este decreto plantea modificaciones concretas en la vida cotidiana de los ciudadanos de nuestro país”. “El ministro (Luis) Caputo que lo firmó se dio cuenta ahora que era muy grave desregular el mercado de las prepagas, y esto disparó una suba de precios que afecta fuertemente a sectores medios”, agregó el santafesino.
“Esta no es una jornada para dilatar la discusión del DNU, sino porque vemos necesaria la urgencia en el tratamiento en esta cámara”, resaltó la jefa del FIT, Myriam Bregman, y dijo: “El DNU afecta la vida cotidiana. Miles y miles de personas de nuestro país nos lo dicen en la calle. Junto con la ley ómnibus, vemos que implican un ataque a las condiciones de vida muy grande”.
Desde UP, el diputado Leopoldo Moreau apuntó que “los DNU fueron implantados para evitar el hiperpresidencialismo, y aquí ha ocurrido lo contrario, se ha ampliado hasta límites inimaginables, este DNU transforma al hiperpresidencialismo en autocracia”. “El artículo 1ro. manifiesta claramente su inconstitucionalidad porque es el propio presidente de la Nación el que decreta la emergencia”, observó y expresó que “avanza sobre 87 leyes, avanza sobre reforma al Código Civil y Comercial, incursiona en infinidad de materias y en algunos casos ataca directamente artículos de la Constitución Nacional, en materia laboral por ejemplo con el artículo 14 bis”.
“Es como si el decreto llegara al límite de intentar una reforma constitucional de hecho, a través de un DNU”, resumió y añadió: “No nos reunimos aquí para atacar particularmente a un Gobierno, nos reunimos aquí para defender la Constitución Nacional”.
Primer orador, el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez explicó las excepciones por las cuales se utiliza un DNU y sostuvo que “no se puede, constitucionalmente hablando, tomar medidas que tengan un sentido definitivo, sino medidas excepcionales para superar situaciones excepcionales”. “ ¿Por qué el DNU 70/23 no cumple con los requisitos? Porque el presidente Javier Milei, a través de la teoría de los actos propios, lo demuestra. Si uno observa los considerandos y la actuación posterior, vamos a observar que no hay una situación imprevisible ni inesperada. Porque el propio presidente dice que con estas medidas que adopta viene a superar una situación que inició en el 2003”.
Además, negó que la causa haya sido que “el Congreso no esté en funciones” porque “a la semana de haber dictado el DNU, el presidente convocó a sesiones extraordinarias”. “Se interfieren en 87 normas, derogando o modificando de manera definitiva. Desde la perspectiva formal no cumple con los requisitos de habilitación constitucional”, insistió y afirmó que “el artículo 2 es muy problemático, porque de forma encubierta pretende reformar la Constitución”.
Tras asegurar que el DNU “es nulo de nulidad absoluta e insanable”, Gil Domínguez llamó a reflexionar “por qué llegamos hasta acá” y, en ese sentido, enfatizó que “desde 1994 todos los que gobernaron hicieron uso y abuso de los decretos de necesidad y urgencia. Este Congreso no rechazó ninguno y algunos ni siquiera fueron tratados”.
“La Ley 26.122 es inconstitucional”, expresó también y cerró: “Hay que empezar a hacerse cargo del pasado y modificar la normativa a futuro. Es imprescindible que la Cámara de Diputados se reúna, trate este decreto, porque es un mandato constitucional, y es imprescindible que lo rechace, para que junto con la Cámara de Senadores no sólo se lo declare nulo de nulidad absoluta e insanable, sino se ponga un mojón de que no se puede reemplazar al Congreso y para que no se repitan este tipo de conductas y modelos”.
A su turno, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat dijo que “este DNU no satisface el requisito de órgano competente ni de procedimiento adecuado. No había necesidad, porque estaba reunido el Congreso de la Nación, y no había ninguna circunstancia de urgencia para impedir que se pudieran ingresar proyectos”. “Hay una cláusula que conduce a la nulidad absoluta e insanable que es el artículo 36 de la Constitución Nacional, el deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional”, agregó.
La profesora de la Facultad de Derecho de la UBA Beatriz Rajland opinó que “no hay necesidad, ni urgencia, ni impedimento alguno para que funcione el Congreso. Este DNU es un despropósito, una aberración jurídica, un disparate. Se derogan y modifican leyes que conforman un plexo jurídico construido a lo largo de muchos años de conquista y ampliación de derechos”.
Entre los numerosos expositores, Pablo Manili, doctor y posdoctor en derecho constitucional, afirmó que “si la Corte se atiene a sus precedentes esto tiene que ser declarado inconstitucional”. “¿Cómo interpretó la Corte esto de las circunstancias excepcionales? En el fallo ‘Video Club Dreams’, dijo ‘tiene que haber un grave riesgo social’; en el fallo ‘Della Blanca’ dijo que ‘el DNU debe ser necesario para preservar la vida misma de la Nación’; en el fallo ‘Tobar’ dijo que ‘tiene que haber una grave perturbación económica, social o política que represente el máximo riesgo para el país; en el caso ‘Leguizamón Romero’ dijo que ‘solo se pueden dictar cuando hay situaciones de grave trastorno que amenace la existencia, la seguridad, o el orden público o económico, que deben ser conjurados sin dilación’. Ninguno de estos requisitos, de la forma que fueron interpretados por la Corte, están cumplidos” en este caso, aseveró.
