Desde la CIC señalaron que las propuestas del candidato libertario “destruirán la producción nacional”.
La Cámara de la Industria del Calzado (CIC) manifestó este jueves su apoyo al candidato a presidente de Unión por la Patrai, Sergio Massa, de cara al próximo balotaje donde enfrentará a Javier Milei.
Desde el sector “impulsarán un régimen de promoción para evitar que un nuevo ciclo de apertura indiscriminada de importaciones”, como el que anuncia Milei, que “destruya la producción nacional”. “El 70% del calzado argentino es de factura bonaerense”, señalaron.
El proyecto, que cuenta con media sanción de diputados y será prontamente tratado en el Senado, reunió apoyos variados, desde el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, al secretario de Industria de la Nación, José Ignacio de Mendiguren.
La iniciativa, impulsada por Sergio Massa y que ya cuenta con media sanción de Diputados, quedó lista para ser tratada en el recinto. También se despachó el proyecto sobre promoción para la industria del calzado.
En una semana corta marcada por un feriado y a cuatro días de las elecciones generales, el Senado tuvo este miércoles actividad en comisiones, donde se trataron varios proyectos que recientemente tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.
Durante el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo avanzó con el dictamen del proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa para transformar en ley el Programa “Compra sin IVA”.
En el comienzo, el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), resaltó que actualmente ya hay “12 millones de personas que están recibiendo este beneficio, que involucra una cifra cercana a los 19 mil millones de pesos”.
“Claramente es un refuerzo de poder adquisitivo a los salarios de las personas y, normalmente, estos grupos lo vuelcan al consumo, por lo tanto se está generando un círculo virtuoso de mayor consumo”, afirmó.
Al destacar que el universo alcanzado sería de 20 millones de personas, el riojano defendió que se trata de un “paliativo” en medio de “las situaciones que todos sabemos y vivimos, de alta inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios”.
Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), aseguró: “Conceptualmente nosotros estamos de acuerdo con el programa, pero todos sabemos de la inestabilidad económica que estamos teniendo en Argentina”. En esa línea, consideró que la iniciativa “suma un grado más de incertidumbre”.
El chaqueño recordó que “el IVA es coparticipable” y de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal es del “1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% del mismo sería una disminución de este impuesto a las provincias”. “Chaco el año que viene estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de pesos de coparticipación”, detalló.
Para el radical, en el proyecto se debería incorporar “una fuente clara de financiamiento” o “estudiar la posibilidad de un fondo compensador”.
A su turno, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) señaló que “todos sabemos que el IVA es un impuesto injusto, indirecto, regresivo, que carga en forma igualitaria a sectores que tienen distintos ingresos”. “Estamos actuando con un criterio que es primo de lo que es la justicia social, porque estamos tratando de llevar justicia tributaria”, remarcó el catamarqueño y agregó que “tendremos que hacer las maniobras suficientes para que las provincias se adecuen, pero la prioridad es que el consumo se enriquezca”.
“Cuánto cuesta beneficiar a millones y millones de personas en términos impositivos y qué poco cuesta beneficiar a pocas empresas con beneficios impositivos”, comenzó en su intervención la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (UC-FdT). Sobre esto, apuntó que los beneficios fiscales para ciertos sectores es “de más de 4 puntos del PBI”.
Para la kirchnerista, esta es “una medida de estricta justicia”. “Yo entiendo como senadora de la provincia de Buenos Aires que votando esta ley beneficio a mi propio pueblo”, sostuvo y desafió a la oposición que “si hay preocupación sobre el impacto que tiene de un punto del PBI” el proyecto, se “animen” a discutir “la separata (al Presupuesto) que manda por segundo año el ministro de Economía”. “A ver si se atreven a tocarle el bolsillo a los que más tienen”, dijo.
Por su parte, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), resaltó que “hubo una devaluación del 22% impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación del 100%”. Y a partir de eso, “el Ejecutivo Nacional ha tomado una serie de medidas innumerables para compensar esa devaluación”, ponderó, comparando lo sucedido tras las PASO de 2019.
Respecto a la devolución del IVA por la compra de productos de la canasta básica, “no se pensó en una medida temporal de tres meses, sino que estamos buscando constituirla como política de Estado”, expresó.
En un enfático discurso, al referirse al financiamiento, la mendocina se quejó de que la ley de blanqueo “duerme en la Cámara de Diputados”. “Esa es una forma de compensar, ir por quienes no declaran las ganancias que se producen en suelo argentino, con trabajo argentino, con los recursos naturales argentinos y que están fugados, evadiendo impuestos en Estados Unidos”, aseveró.
“¿Sacándole a los que menos tienen vamos a compensar a las provincias por la coparticipación? ¿No les parece que ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos y le cobremos impuestos a los quienes evaden? Los principales evasores en Argentina y el mundo son las multinacionales”, subrayó.
Pero también se quejó de que “para colmo, para ponerle la vela a la torta, ayer nos enteramos que Pablo Cayssials, integrante del comando de Lago Escondido, juez contencioso administrativo número 9, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias a los jueces. ¡Una barbaridad! Y nadie sale a decir nada”.
“Si hay que hacer una compensación desde el Senado de la Nación y trabajar juntos, hagámosla, estamos dispuestos”, aseguró, pero le pidió a la oposición que “si ustedes se animan a votar la ley para que se exterioricen los más de 100 mil millones de dólares que existen fugados de argentinos residentes en Estados Unidos”.
Recogió el guante Zimmermann, uno de los dos senadores presentes de Juntos por el Cambio -la otra fue Guadalupe Tagliaferri– y le contestó: “Voy a mirar el proyecto, con mucho gusto. No estoy a favor de los evasores, así que en ese aspecto cuente conmigo”.
Finalmente, el senador Edgardo Kueider (UF) se mostró a favor de la iniciativa y explicó que “el IVA para el Estado Nacional y las provincias hoy por hoy no es un problema, porque debido justamente a la inflación la recaudación interanual del IVA ha superado el 150%”. Además, señaló que para hacer efectivo este beneficio “hay que pagar con medios electrónicos, eso es blanqueo y evita la economía informal”.
De acuerdo al proyecto votado en Diputados el pasado 10 de octubre, se crea el Programa “Compra sin IVA”, del cual serán beneficiarios jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; y trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.
También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.
En tanto, estarán excluidos excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.
El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.
El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.
Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.
En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.
A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.
Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.
Promoción de la industria del calzado
En la reunión de este miércoles el oficialismo también avanzó con el despacho del proyecto que propone un régimen de promoción de la industria del calzado.
Al respecto, el senador Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT) precisó que “en nuestro país hay unas 1.200 fábricas, entre PyMEs y MicroPyMEs, que ocupan más de 56 mil personas en forma directa o indirecta”.
Con la iniciativa se buscar “generar la sustitución de importaciones”, subrayó y afirmó que brindándole a este sector “una previsibilidad en el desarrollo, vamos a lograr no solamente no tener que importar, sino establecer un mercado exportador a lo largo de los años”.
“Este rubro tuvo a partir de 2002 un gran crecimiento, y lamentablemente entre 2016 a 2019 de 111 millones de pares se bajó a 81 millones”, apuntó sobre el período del gobierno de Cambiemos. Y añadió: “Cuando todos hablan de achicar y recortar, nosotros creemos que es creciendo, produciendo, ampliando”.
El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.
También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente.
Por medio de la iniciativa se crea un “Programa de fomento de la industria local”; un “Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores”; y un “Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado”.
Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado “Nomenclatura AR” para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.
Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales.
Impulsado por la oficialista Constanza Alonso, la iniciativa obtuvo 127 votos positivos, 88 negativos y 2 abstenciones. Pasa al Senado.
Impulsado por la diputada oficialista Constanza Alonso, un proyecto que propone la creación de un régimen de promoción para la industria del calzado recibió media sanción de la Cámara baja y fue girado al Senado. La iniciativa obtuvo 127 votos positivos, 88 negativos y 2 abstenciones.
Antes de votar, la diputada bonaerense Brenda Vargas Matyi detalló un gran número de modificaciones que se habían recomendado desde todos los sectores y fueron aceptadas.
El presidente de la Comisión de Industria de la Cámara baja, Marcelo Casaretto, resaltó que la industria del calzado surgió con la Nación y tuvo “distintas vicisitudes a lo largo del tiempo, según las políticas económicas que los gobiernos han promovido, de mayor fomento a la industria nacional, o un cambio hacia las políticas destinadas a la apertura económica”.
Sostuvo que el sector tuvo un gran crecimiento en algunos momentos, y “una gran caída entre 2016 y 2020, cuando el sector cayó un 55% en su nivel de actividad producto de una apertura indiscriminada de la economía nacional”.
“Es nuestro criterio defender la industria nacional y los puestos de trabajo en la República Argentina”, aseguró Casaretto, que habló entonces de blindar al sector ante gobiernos que eventualmente decidieran un viraje en la economía.
El entrerriano destacó la decisión de declarar “industria estratégica” a la del calzado, reconoció que se había avanzado también otros sectores y el fin de buscar “un programa de fomento de la industria local, poniendo un mecanismo de contenido mínimo nacional del calzado que se produce en la Argentina”, como así también un programa de fomento de inversiones para el desarrollo de nuevos proyectos que se puedan radicar a la luz de estos beneficios.
“Lo que venimos a plantear es la defensa de la industria nacional; la defensa del trabajo argentino en la industria del calzado. Es la primera vez que trata en el Congreso una ley de defensa del calzado argentino”, cerró el legislador.
A continuación, Anahí Costa la emprendió contra la oposición en general y la candidata presidencial de Juntos por el Cambio en particular, al señalar que “cuando la escuchamos hablar de PyMEs e industria nacional, resultad de una absoluta irresponsabilidad, porque fue en el gobierno del que fue parte donde no existió ninguna política pública apoyando nuestras PyMEs. Por el contrario, fueron 23 mil las PyMEs que se destruyeron”.
Advirtió también que en el recinto la oposición suele oponerse a este tipo de proyectos, como hizo con la industria del cannabis o la actividad orgánica. “Y esto claramente es decir no a más de 55 mil trabajadores que forman parte de la industria del calzado”, afirmó.
Le salió al cruce José Luis Espert, que planteó la palabra “competencia”. Se preguntó qué sería de Lionel Messi o Guillermo Vilas si no hubieran podido competir, y señaló que “este proyecto se trata justamente de evitar todo lo que sea posible la competencia en este sector, el de calzado; de los sectores más protegidos que hay en la República Argentina”.
“El sector de los calzados tiene el arancel máximo de exportación que permite la OMC, 35%”, advirtió, calificando al proyecto como “una mezcla de un régimen de promoción como el de Tierra del Fuego y el INCAA, un Frankestein”.
“Hay un microclima de fiesta, como si estuviéramos haciendo algo bueno por los argentinos: dejemos de mentir… Quince horas de sesión y ninguna de estas leyes que hemos sacado va a hacer que los argentinos vivamos mejor”, disparó a su turno la tucumana de JxC Paula Omodeo.
El riojano Sergio Casas felicitó por su parte a la diputada Constanza Alonso, cuya acción consideró que “defiende la industria federal”. “Somos desiguales porque vivimos a distancias distintas y eso tiene un costo; y para eso un país tiene que dictar políticas que nos ayuden a armonizar para que podamos vivir iguales todos”.
Cerró el debate la autora de la iniciativa, Constanza Alonso, quien aclaró que para impulsar la ley había trabajado “a la par del sector en un proyecto que trabajamos más de un año, que llega al recinto con la participación de la Cámara de la Industria del Calzado, del gremio del calzado; el de curtidores; el apoyo de la provincia de Buenos Aires… La hemos trabajador con todos los sectores. La parimos y acá está. Estamos felices y orgullosos”. Y cerró advirtiendo que insistirían en el Senado para que fuera ley antes de fin de año.
El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.
También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente.
Por medio de la iniciativa se crea un “Programa de fomento de la industria local”; un “Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores”; y un “Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado”.
Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado “Nomenclatura AR” para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.
Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales.
La iniciativa fue despachada en las comisiones de Industria, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo. Juntos por el Cambio no acompañó, pero tampoco presentó un dictamen de minoría o de rechazo.
Las comisiones de Industria, Presupuesto y Hacienda y Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados dieron luz verde este miércoles al dictamen de un proyecto de ley que propone la creación de un régimen de promoción para la industria del calzado.
El despacho salió solo con las firmas de los legisladores oficialistas, ya que desde Juntos por el Cambio decidieron no acompañar, en disconformidad con otorgar beneficios impositivos a un solo sector y no avanzar con una ley más integral.
Autora de la iniciativa, la primera oradora fue la diputada Constanza Alonso (FdT), quien aseguró que el proyecto “lo trabajamos mucho” y nació del consenso con el sector. “Es integral”, destacó y reveló que se introdujeron nuevas modificaciones a partir del aporte de legisladores y el Poder Ejecutivo. Se trata de “darles a los empresarios una herramienta que va a permitir que crezca el sector con previsibilidad, con reglas claras, pero también con muchas exigencias, para que cada uno de los aportes que haga el Estado vuelva en recursos productivos e inversiones”, señaló.
La oficialista remarcó que “no pueden ser las arbitrariedades de las políticas públicas a nivel nacional y los destinos vaivenes económicos los que terminen haciendo que sectores que generan tanto mano de obra se caigan de un plumazo”.
Además, en su alocución, subrayó que “en provincia de Buenos Aires el sector del calzado tiene el 70% de la producción y los trabajadores”, mientras que “a nivel nacional genera 55 mil puestos de trabajo”. “Es una industria que cuando se pone en marcha toma personal de manera muy rápida”, destacó.
Alonso indicó que “el proyecto está pensado a 10 años” y “busca generar que cada vez tengamos más contenido nacional; no es una ley para el ensamble”. Por otra parte, apunta a “formalizar a gran parte de este sector que hoy está en una situación de informalidad. Casi la mitad está en negro o fabrica para marcas que no están dentro de la ley. La idea es poder generar los incentivos para que esta situación se normalice”.
Al explicar el texto, la legisladora remarcó también la creación del “Instituto del Calzado” desde donde se tendrán que “pensar estrategias de exportación, comercialización e internacionalización del calzado. En Argentina tenemos una enorme potencialidad, una calidad humana increíble y podemos salir fuerte al mercado”.
Desde la oposición, el diputado Fabio Quetglas (UCR-JxC) cuestionó que el proyecto “no tuvo tratamiento en asesores” y “tuvo una sola reunión informativa”. Sobre la metodología del debate, consideró que “se impide el ejercicio de creatividad política” cuando “se podía haber enriquecido la conversación entre nosotros”.
El calzado “se trata de una actividad que tiene ribetes extremadamente significativos en términos sociales y productivos”, reconoció, pero se preguntó: “¿En función de qué criterio se fundamenta el carácter estratégico de esta o cualquier actividad?”. “Hay un montón de actividades desplegadas en el territorio, con empleo argentino, con necesidades específicas en materia de tratamiento fiscal y regulatorio, que no son tratadas porque pareciera que no tienen un diputado a mano al que pedirle”, lanzó.
El radical sumó que “ Argentina está en una situación de fragilidad financiera fenomenal y estamos entregando un montón de beneficios en una situación que es gravosa para el equilibrio general”.
A su turno, la diputada Romina Del Plá (PO-FIT) advirtió que esta actividad tiene “talleres clandestinos con enorme cantidad de trabajadores que no están registrados en ningún lado” y “este proyecto genera un régimen impositivo a las patronales” pero “no dice en qué consiste el programa para trabajadores, como si se les van a reconocer los aportes. Está planteado como una generalidad y no redunda en beneficio alguno para los trabajadores”.
Por el oficialismo, el diputado Sergio Palazzo (FdT) admitió que “muchas veces los regímenes especiales generan cierto encontronazo sobre lo que debería ser una ley impositiva más integral”. “Pero yo no tengo problema con este proyecto, porque sé que la industria del calzado es una de las industrias que generalmente es más afectada por el dumping, por la competencia desleal”, subrayó y expresó: “¿Por qué la política no debería acompañar cuando empresarios y trabajadores trabajan juntos para mejorar la situación?”.
“Es un proyecto que tiende a marcar un Estado presente antes que se genere una crisis dentro de la actividad. Yo preferiría votar hoy una ayuda impositiva para seguir sosteniendo esta industria y mejorar su capacidad de producción, antes que estar discutiendo el cierre de 26 mil PyMEs, como discutimos entre fines de 2015 y fines de 2019”, dijo.
El jefe del Frente de Todos, Germán Martínez (FdT), ponderó que con esta iniciativa “venimos a proteger, a tratar de impulsar y promover al entramado de pequeñas y medianas empresas”. “Desconocer que además de la política económica, de los beneficios generales que puede haber, hay sectores industriales que necesitan acompañamientos específicos como sector, es desconocer la República Argentina”, aseveró.
Para el santafesino se trata de “una muy buena iniciativa y ojalá podamos seguir aprobando otros proyectos de otros sectores industriales que son generadores de mano de obra, de innovación tecnológica, que permiten el empleo en blanco y necesitamos seguir impulsando”.
La postura de Juntos por el Cambio la dejó en claro el diputado José Núñez (Pro-JxC), vicepresidente de la Comisión de Industria, quien arrancó: “Nosotros no estamos en contra de promover ningún sector industrial, todo lo contrario. Lo que consideramos es que cuando uno gobierna a nivel nacional, gobierna para 45 millones de argentinos, y lo dijimos cuando aprobamos el régimen para las automotrices, que iban a venir a decir ‘por qué a él sí y a nosotros no’”.
“Hay muchas cosas en las cuales coincidimos y celebro que la política junto a las cámaras empresarias y las centrales gremiales hayan trabajado juntos”, manifestó y, aunque reconoció que “tiene cosas muy positivas” también “tiene cosas que deberían ser para todos los sectores”.
El macrista anunció que desde su interbloque no iban “a acompañar, pero tampoco vamos a presentar ningún rechazo ni dictamen de minoría”. “Creemos que va a haber un cambio de gobierno muy pronto y entonces tenemos que hacer que estos temas no sean particulares, sino generales”, cerró.
El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.
También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente.
Por medio de la iniciativa se crea un “Programa de fomento de la industria local”; un “Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores”; y un “Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado”.
Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado “Nomenclatura AR” para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.
Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales.
Será en un plenario de comisiones convocado para el miércoles a las 13.30. El Frente de Todos apunta a dictaminar ese mismo día a fin de llevarlo al recinto en la próxima sesión que se estima será el 19 de septiembre.
El oficialismo convocó a un plenario de comisiones en Diputados para apurar el dictamen del proyecto que crea un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor con el fin de poder llevarlo al recinto en una próxima sesión.
La reunión de comisiones será este miércoles a las 13.30 y han sido convocadas las de Industria, Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda. Será en el Anexo “C” de la Cámara baja para emitir dictamen ese mismo día y tenerlo listo para tratarlo en el recinto cuanto antes.
La iniciativa, presentada por la diputada nacional Constanza Alonso, comenzó a ser tratada el pasado 24 de agosto en una reunión informativa de la Comisión de Industria, presidida por el entrerriano Marcelo Casaretto, donde representantes de los sectores industriales, trabajadores y empresarios la respaldaron y abogaron por una pronta sanción. Allí, JxC se ausentó porque considera que la iniciativa tiene beneficios sectoriales.
El proyecto prevé crear el Programa de fomento de la industria local y de la integración de valor industrial del calzado, como así también el Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores de materias primas e insumos de la cadena de valor de la industria del calzado y fabricantes de calzado.
También promueve la creación el Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado. Asimismo establece ajustar el sistema de etiquetado Nomenclatura AR para el calzado argentino, como así también la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.
Con representantes de todos los sectores, en la Comisión de Industria comenzaron a analizar un proyecto de la diputada Constanza Alonso, reclamando un rápido tratamiento y aprobación antes del recambio legislativo.
Comenzó en el seno de la Comisión de Industria de la Cámara baja el debate de un proyecto para crear un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor. Se trata de una iniciativa presentada por la diputada nacional Constanza Alonso, que ponderaron todos los sectores convocados al abogar por un pronto tratamiento y sanción antes del 10 de diciembre de este año.
Fue una reunión informativa, tal cual dejó claro el presidente de la comisión, Marcelo Casaretto, en el inicio de la reunión de la que tomaron parte industriales, trabajadores y empresarios del sector que contaron el desarrollo de este proyecto de ley.
Un proyecto que, contó su autora, fue gestado por la propia industria. En tal sentido, Alonso agradeció a todos los que colaboraron en su proyecto que llevó un año de desarrollo. “La génesis de esta iniciativa es la historia reciente de la Argentina en la industria del calzado”, planteó, citando el ejemplo de un caso testigo que fue muy mencionado a lo largo de la reunión y que ofició como disparador de esta iniciativa: la fábrica Paquetá.
Oriunda de Chivilcoy, Alonso resaltó que esa empresa era en ese municipio una ensambladora que daba trabajo a 1.200 trabajadores y que en 2018 cerró y dejó a todos en la calle. Habló de una “tragedia social” y la presentó como “una foto de lo que pasó en muchísimas otras ciudades”. Pero al menos esa historia tuvo final feliz, pues en 2021 reabrió la empresa con la inversión de capitales nacionales.
Constanza Alonso llamó a ponerse a trabajar “para que esta industria sea estratégica”, y pidió “que no sea una ley solamente para el ensamble, sino representativa para todos”.
“Logramos una ley que va a permitir que este sector pueda crecer, que los distintos sectores puedan tener una previsibilidad y se pueda generar más puestos de trabajo, no solamente proteger. Que este sector pueda exportar”, dijo la diputada camporista, que marcó un eje al destacar la intención de “discutir esta ley en el recinto antes de fin de año, porque este sector necesita una protección especial”.
Un sector que, se destacó una y otra vez durante el encuentro, emplea de manera directa e indirecta a más de 55 mil personas.
A continuación expuso Juan Recce, de la empresa Bicontinentar Footwear Technologies, quien en el mismo sentido habló de la necesidad de “tener antes del 10 de diciembre esta ley aprobada y reglamentada, para tener una autopista para el desarrollo de diez años”.
Recce destacó que la iniciativa propone tres conceptos. “Queremos ser responsables de nuestro propio destino; la herramienta es una ley que nos permitirá crecer con previsibilidad”, dijo, remarcando que “esta no es una ley de ensamblado, sino integral para la industria”. Una ley que, agregó, “nos obliga a relacionarnos con todo el ecosistema productivo”.
El empresario habló de “retomar un camino que la Argentina comenzó a transitar en 2007 y que después abandonó”. Destacó también la necesidad de establecer lo que definió como “simultaneidad”, lo cual significa atender a las cosas que pasan al mismo tiempo. Emparentó entonces el deseo de proteger a los 55 mil puestos de trabajo, con el debate de la Ley de Alquileres, o la protección de empresas nacionales como Aerolíneas e YPF (todos temas justamente tratados estos días en la Cámara baja). “Agradecemos que se atienda la simultaneidad”, insistió, para agregar luego un tercer escalón, que es el del largo plazo. Lo dijo porque este proyecto establece políticas para la próxima década.
El proyecto tiene cinco títulos. El primero, dijo, contempla los conceptos de proporcionalidad y gradualidad. Habló de “escala” y citó en ese caso que Asia produce el 90% del calzado del planeta. “Es difícil competir”, concluyó sobre algo que resultaba obvio, pero destacó que esta ley promueve “herramientas para que gradualmente se vaya virando hacia una mayor integración nacional”.
Al respecto señaló que “se va sustituyendo el calzado integrado por ensamble, al que se le irá exigiendo gradualmente una mayor integración por ensamble”.
Otro de los títulos establece un régimen de inversiones, y señaló al respecto que “lo que no se puede amortizar con volumen se amortice con un régimen especial de impuestos”.
El tercer título va a la búsqueda de las personas que saben hacer el trabajo y hoy están en lo informal. Al respecto resaltó que hay en el país mucho “calzado falsificado”, y aseguró que “está muy bien hecho. Esa mano de obra tiene que estar del lado formal”. En ese sentido, destacó que el proyecto crea “un régimen para que esos trabajadores informales sean nuestros proveedores de capellada, por ejemplo”.
Otro título está representado en el etiquetado. El proyecto propone agregar el año de fabricación, para que ante un producto que lleve por ejemplo 4 años se pueda exigir que no se cobre por el mismo lo mismo que por un calzado que ha sido recién terminado. Puso como ejemplo lo que sucede en el exterior, donde esas piezas pasado un determinado tiempo incluso pasan a ser quemados.
Recce habló de elevar la producción nacional y “para eso necesitamos rotación de stock”.
El quinto título consiste en la creación del Instituto de Promoción del Calzado Argentino, destinado a establecer estrategias de promoción global para exportar más. “En la tierra del cuero, se deberían exportar botines de fútbol, no solamente calzados de moda”, razonó.
Otro expositor fue Alberto Sellaro, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, entidad que agrupa a fabricantes nacionales y tienen como objetivo defender a la industria de la competencia desleal. Propicia además el trabajo conjunto en pos de fortalecerla. La Cámara cuenta con 1.200 empresas, generalmente PyMEs.
El empresario habló de un despegue productivo que relacionó con un “récord histórico de producción nacional” que se marca con una producción que superó los 150 millones de pares. “El proyecto de ley nos parece una herramienta fundamental para el posicionamiento de nuestra industria en el largo plazo. Todo generará mayor inversión genuina, más tecnología, industria más competitiva y fortalecer la cadena de valor”, sostuvo. Para Sellaro, contar con un régimen “es estratégico; no solo incentiva el crecimiento del mercado interno, hace hincapié en la inversión”. Representan “proyectos de largo plazo que generen previsibilidad y las bases para la inversión nacional e internacional”.
En el marco de la implementación de esta ley, detalló, “las importaciones de calzado terminado tendrán un porcentaje descendente a lo largo de una década. La oferta deberá crecer de manera paulatina y ordenada”. Asimismo resaltó la necesidad de establecer mecanismos para generar el empleo del sector mediante una reducción de las contribuciones patronales.
En representación de los trabajadores, participó Agustín Amicone, secretario general del sindicato del sector, quien arrancó ponderando a Constanza Alonso al señalar que “nunca en la historia ningún diputado tomó como iniciativa la industria del calzado”.
“En 1948, un alumno de la Facultad de Ciencias Económicas, Emanuel Fernández, elaboró su tesis para recibirse como economista sobre la industria del calzado de aquel entonces. Fíjense la importancia que supo tener la industria del calzado en la Argentina, que lamentablemente fue perdiendo espacio por los vaivenes de tipo económico que debió soportar”.
Un eje que cruzó fuertemente el desarrollo de la reunión fue sin duda el contexto electoral, tal cual citó en ese momento Amicone, al señalar que “en estas elecciones se va a jugar el destino de la industria del calzado. También el nuestro, también el de sus trabajadores”, y citó una vez más lo sucedido con la empresa Paquetá en 2018.
“El proyecto tiende a evitar esos vaivenes que puedan plantear la política argentina con medias económica que van en contra de los intereses de los trabajadores”, planteó el dirigente gremial, convencido de que “esta ley va a terminar con ese vaivén que ha sufrido el sector de no poder desarrollar y crecer por falta de esas políticas que ayuden a crecer. Es una industria que no tiene escala, no tiene previsibilidad”, y puso como ejemplo que “hoy está sufriendo las consecuencias de la última devaluación”.
Hubo también funcionarios presentes en la reunión, sobre todo de la provincia de Buenos Aires. La secretaria del Ministerio de Producción de ese distrito, Mariela Bembi, destacó que más de la mitad de las industrias del sector están en la Provincia.
“Esta es una industria que cuando hay previsibilidad y políticas que acompañan, rápidamente se puede poner en funcionamiento y pueden tomar puestos de trabajo”, destacó, valorando lo que pueda hacerse en ese sector en “un momento en que se está discutiendo para dónde va a ir la Argentina con una ley que le dé previsibilidad al sector”.
Bembi dijo que “estamos compitiendo con países que ya han desarrollado su industria y no han tenido los problemas que nosotros”, razón por la cual es importante “poder generar las herramientas”, y abogó por declarar “estratégico” al sector, algo que “nos parece fundamental”. Tan estratégico, dijo, como la industria automotriz, o la economía del conocimiento.
Un sector que, agregó, en 2019 produjo 80 millones de pares, y hoy ha llegado al récord de 130 millones. Cosa que habla de “la importancia de generar un mercado interno pujante importante que pueda garantizar el desarrollo del sector”.
Además, dijo, “es un proyecto consensuado con cámaras del calzado, el sindicato, etcétera. Es una ley que engloba a todos y llevó tiempo de discusión, que generó un proyecto que hace que todos estemos sentados acá, pensando en el desarrollo del sector en estos diez años”.
Otro funcionario bonaerense fue Ariel Aguilar, secretario de Comercio de la Provincia, que se ocupó de destacar cómo se llegó al escenario actual. “Vamos a trabajar desde la provincia de Buenos Aires para hacer todo lo posible para que esta ley sea aprobada, pero lo fundamental es lo que viene después. Lo que nos estamos jugando es un emblema de la discusión que se va a dar en la Argentina en los próximos dos meses. Es un proyecto de país si es industrial; me parece fundamental que salga esta ley, no solo por todo lo que se dijo, sino por la discusión del futuro industrial de la provincia y de la Argentina”.
Así las cosas, abogó por “llegar a diciembre con la aprobación de esta ley quizá pueda marcar una señal para todos los sectores productivos de la Argentina”.
También estuvo Débora Giorgi, exsecretaria de Industria de la Nación y hoy secretaria de Industria de La Matanza. Entre otras cosas, Giorgi habló de “dar un paso institucionalizado para evitar los vaivenes y que se transforme en esta ley”.
Tras destacar que ese municipio es “la capital nacional del calzado”, por lo que conocen bien la realidad del sector, comentó que es un sector donde la mano de obra ha desaparecido; “esta ley está hoy institucionalizando una realidad”. Giorgi dijo estar “totalmente de acuerdo” con la cuestión escala, “pero creo que esta industria es estratégica y necesita la gradualidad en la integración, porque las partes y los insumos del calzado es donde más mano de obra insume. Vamos a tener una escala, pero también una integración que va a dar la competitividad”.
Con relación a la creación del Instituto del Calzado, el mismo también genera un observatorio de precios y calidad. “Es decir, estamos también defendiendo a los consumidores”, apuntó, enfatizando que “la industria del calzado es estratégica, tanto como la automotriz y tiene posibilidades de exportar. También es cierto que tener un resguardo en cuanto a calidad, costos y precios, va a permitir separar la paja del trigo”.
A su turno, Guillermo Moretti, vicepresidente de la UIA, citó al del calzado como “un sector al que golpea muchísimo una apertura indiscriminada de los mercados. Es fundamental el desarrollo de este sector”. Y como ejemplo puso el de Manuel Belgrano, a quien citó como “el primero que marcó la importancia de este sector”, al preguntarse “cómo puede ser que las botas las traigan los ingleses y no las hagamos acá”.
Estuvieron también presentes en el encuentro Horacio Moschetto; Silvio Zurzulo, presidente de la Asociación de Industriales de la provincia de Buenos Aires; Mayra Blanco, de la Comisión Nacional de Comercio Exterior; Gustavo Lavintman, de la Cámara Argentina de Industriales Proveedores de la Industria del Calzado; Inés Jantus, consultora, desarrolladora de calzado; Sylvie Geronimi, propietaria de calzados de moda; Leonardo Tasca; Ariel Aguilar; Ariel Notta, concejal de Luján y Carla Pitiot.
Sobre el final, Marcelo Casaretto aclaró que todos los bloques habían sido invitados, a pesar de lo cual solo habían concurrido algunos. “Nuestra tarea siempre es tratar de convencer y ampliar los niveles de consenso para que la ley pueda prosperar”, dijo.
Y al dar la palabra a algunos diputados del oficialismo, varios no evitaron trazar un parangón con el contexto electoral. Fue el caso de la joven Brenda Vargas Matyi, para quien la que estaban dando era “la respuesta que venimos a darle al liberalismo económico que viene a querer robarnos a la Argentina”, y concluyó con un “unidos o dominados”, o la diputada camporista misionera María Cristina Britez, quien alertó con lo sucedido durante la gestión de Cambiemos y citó puntualmente a Patricia Bullrich como “el horizonte que estamos viendo” y que amenaza a la industria. “Necesitamos hacer presión para que pueda salir este dictamen para que pueda ser ley antes de la nueva composición de la Cámara el año que viene. Por eso es importante apoyar, promover y militar este proyecto de ley en defensa de la industria del calzado”.
Será en el marco de una reunión informativa de la Comisión de Industria. El proyecto es de la diputada oficialista Constanza Alonso.
El titular de la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación, el entrerriano Marcelo Casaretto (Unión por la Patria), anunció desde su cuenta de Twitter la convocatoria para la reunión informativa de la “Ley del Calzado y su cadena de valor”. El proyecto fue presentado por su par bonaerense Constanza Alonso, oriunda de Chivilcoy.
Será en el marco de una reunión prevista para este jueves a las 10 de la mañana, en la que se pondrá a consideración el Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor.
“Cuando cerró Paquetá en 2018, pasamos de la noche a la mañana a ser la quinta ciudad con mayor desempleo del país. No podemos permitir que eso vuelva a ocurrir”, sostiene Alonso al fundamentar su iniciativa.
Paquetá era una firma de origen brasileño, cuya planta abrió en 2007 en el parque industrial local. Permaneció cerrada entre 2018 y 2021, debido a lo que los empresarios definen como un “combo letal de importaciones, caída de la demanda y altas tarifas de energía”. En plena pandemia, un grupo empresario nacional reunió el capital para reabrirla, aunque con un volumen de operaciones menor.
El pasado 16 de agosto, Día del Empresario Nacional, el secretario de Industria, José Ignacio de Mendiguren, publicó a modo de saludo un video en el que rescataba esta historia.
Empresarios de otros sectores, como el textil y el de maquinaria agrícola describen trayectorias similares. El diputado santafesino Roberto Mirabella presentó el de la industria de maquinaria agrícola, nucleada en CAFMA. Es similar al del calzado, que a su vez está inspirado en el automotriz.
La ley contempla cinco capítulos: el fomento para desarrollar una cadena de proveedores locales en los próximos años, para sustituir importaciones y liberar dólares, la creación de un registro de importadores, que le dé mayor trazabilidad al mercado, un blanqueo masivo para la parte informal del sector y sus trabajadores, la creación de un instituto del calzado, para desarrollar nuevos diseños y materiales y, de cara al consumidor, la obligatoriedad de que el calzado deportivo tenga visible su fecha de fabricación y su precio baje gradualmente, para alentar el consumo.
El sector industrial del país está en alerta ante el riesgo de que una nueva etapa de apertura de importaciones, según lo que pueda suceder a partir de la próxima gestión.
“En Argentina hay un nicho, podríamos fabricar y hasta exportar botines de fútbol, más ahora que somos campeones mundiales. Yo tengo todo el plan de negocios armado, pero no lo ejecuto porque, según lo que pase en octubre o noviembre, puedo necesitar esa plata para pagar indemnizaciones”, grafica un empresario.
