Un nutrido grupo de diputados de Unión por la Patria presentó un proyecto de ley destinado a implementar el programa “Compra sin IVA” como política de Estado, con el objeto de reducir la carga impositiva que recae sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria.

La iniciativa retoma las características del programa implementado por el exministro de Economía y excandidato a presidente, Sergio Massa. El texto está encabezado por la bonaerense Victoria Tolosa Paz y lleva la firma de 33 legisladores de 13 provincias.

Durante la campaña electoral, el proyecto había recibido media sanción en la Cámara baja (Javier Milei lo votó a favor), pero no llegó a ser ley en el Senado con la composición anterior. El pasado 31 de diciembre culminó su implementación y el Gobierno no lo prorrogó.

Los legisladores sostuvieron que con esta propuesta “se busca alivianar el impacto de la crisis en la economía de las familias y reactivar el consumo minorista en todo el país”. “La presentación se produce tras conocerse el dato del desplome del salario real del 13,1% y el incremento del 30,1% de la CBA en el mes de diciembre. En la misma línea, cayó el consumo minorista 28,5% según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y los jubilados perdieron el 32,5% interanual según los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC)”, señalaron.

El proyecto está dirigido a trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados que perciban hasta 6 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles; pequeños contribuyentes inscriptos en el Régimen Simplificado; trabajadoras y trabajadores de casas particulares; titulares de la AUH, de la AUE, Potenciar Trabajo y Tarjeta Alimentar. En todos los casos, siempre que no tributen Ganancias, Bienes Personales o estén inscriptos como autónomos.

Para este segmento de la población se prevé la devolución del IVA de las compras realizadas cada mes, por un monto máximo equivalente al IVA contenido en una CBA para un hogar tipo 2. En el mes de enero, el INDEC registró el valor de la CBA de hogar tipo 2 en $240.679, por lo que, el reintegro sería de hasta $41.770.

“En este contexto de suba inflacionaria y pérdida del poder adquisitivo, los argentinos y las argentinas necesitan que legislemos para darles soluciones. ‘Compre sin IVA’ fue una medida impulsada por Sergio Massa que benefició a más de 18 millones de argentinos. Por eso, las diputadas y los diputados de UP queremos que se convierta en ley”, explicó Tolosa Paz.

Vale destacar, en un contexto de discusión entre los gobernadores y Milei, que el proyecto de ley establece: “El presente régimen será financiado con la partida presupuestaria asignada a tal efecto por la citada cartera ministerial (Ministerio de Economía), no afectando la coparticipación federal”.

Además de Tolosa Paz, el proyecto lleva las firmas de Julio Pereyra, Cecilia Moreau, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Mónica Litza, Hugo Yasky, Daniel Gollán, Marcela Passo, Micaela Morán, Ramiro Gutiérrez, Roxana Monzón, Carlos Castagneto, Sabrina Selva, Santiago Cafiero y Leopoldo Moreau por la provincia de Buenos Aires; Juan Manuel Pedrini y María Luisa Chomiak por Chaco; Eugenia Alianiello de Chubut; Nancy Sand y Jorge Romero de Corrientes; Ricardo Herrera y Gabriela Pedrali por La Rioja; la mendocina Liliana Paponet; Tanya Bertoldi por Neuquén; Martín Soria de Río Negro; Gustavo González de Santa Cruz; María Luisa Montoto y Estela Mary Neder de Santiago del Estero; Ernesto Alí y Natalia Zabala Chacur de San Luis; Jorge Chica por San Juan y Varinia Lis Marín de La Pampa.

 

En una semana corta marcada por un feriado y a cuatro días de las elecciones generales, el Senado tuvo este miércoles actividad en comisiones, donde se trataron varios proyectos que recientemente tuvieron media sanción en la Cámara de Diputados.

Durante el encuentro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el oficialismo avanzó con el dictamen del proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa para transformar en ley el Programa “Compra sin IVA”.

En el comienzo, el presidente de la comisión, Ricardo Guerra (FNyP-FdT), resaltó que actualmente ya hay “12 millones de personas que están recibiendo este beneficio, que involucra una cifra cercana a los 19 mil millones de pesos”.

“Claramente es un refuerzo de poder adquisitivo a los salarios de las personas y, normalmente, estos grupos lo vuelcan al consumo, por lo tanto se está generando un círculo virtuoso de mayor consumo”, afirmó.

Al destacar que el universo alcanzado sería de 20 millones de personas, el riojano defendió que se trata de un “paliativo” en medio de “las situaciones que todos sabemos y vivimos, de alta inflación, que deteriora el poder adquisitivo de los salarios”.

Desde Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión, Víctor Zimmermann (UCR), aseguró: “Conceptualmente nosotros estamos de acuerdo con el programa, pero todos sabemos de la inestabilidad económica que estamos teniendo en Argentina”. En esa línea, consideró que la iniciativa “suma un grado más de incertidumbre”.

El chaqueño recordó que “el IVA es coparticipable” y de acuerdo al informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el costo fiscal es del “1,01% del PBI, de los cuales, por la distribución que tiene el impuesto, el 0,52% del mismo sería una disminución de este impuesto a las provincias”. “Chaco el año que viene estaría perdiendo alrededor de 96 mil millones de pesos de coparticipación”, detalló.

Para el radical, en el proyecto se debería incorporar “una fuente clara de financiamiento” o “estudiar la posibilidad de un fondo compensador”.

A su turno, el senador Guillermo Andrada (FNyP-FdT) señaló que “todos sabemos que el IVA es un impuesto injusto, indirecto, regresivo, que carga en forma igualitaria a sectores que tienen distintos ingresos”. “Estamos actuando con un criterio que es primo de lo que es la justicia social, porque estamos tratando de llevar justicia tributaria”, remarcó el catamarqueño y agregó que “tendremos que hacer las maniobras suficientes para que las provincias se adecuen, pero la prioridad es que el consumo se enriquezca”.

“Cuánto cuesta beneficiar a millones y millones de personas en términos impositivos y qué poco cuesta beneficiar a pocas empresas con beneficios impositivos”, comenzó en su intervención la jefa de Unidad Ciudadana, Juliana Di Tullio (UC-FdT). Sobre esto, apuntó que los beneficios fiscales para ciertos sectores es “de más de 4 puntos del PBI”.

Para la kirchnerista, esta es “una medida de estricta justicia”. “Yo entiendo como senadora de la provincia de Buenos Aires que votando esta ley beneficio a mi propio pueblo”, sostuvo y desafió a la oposición que “si hay preocupación sobre el impacto que tiene de un punto del PBI” el proyecto, se “animen” a discutir “la separata (al Presupuesto) que manda por segundo año el ministro de Economía”. “A ver si se atreven a tocarle el bolsillo a los que más tienen”, dijo.

Por su parte, la vicejefa de la bancada oficialista, Anabel Fernández Sagasti (UC-FdT), resaltó que “hubo una devaluación del 22% impuesta por el Fondo Monetario Internacional, que pedía una devaluación del 100%”. Y a partir de eso, “el Ejecutivo Nacional ha tomado una serie de medidas innumerables para compensar esa devaluación”, ponderó, comparando lo sucedido tras las PASO de 2019.

Respecto a la devolución del IVA por la compra de productos de la canasta básica, “no se pensó en una medida temporal de tres meses, sino que estamos buscando constituirla como política de Estado”, expresó.

En un enfático discurso, al referirse al financiamiento, la mendocina se quejó de que la ley de blanqueo “duerme en la Cámara de Diputados”. “Esa es una forma de compensar, ir por quienes no declaran las ganancias que se producen en suelo argentino, con trabajo argentino, con los recursos naturales argentinos y que están fugados, evadiendo impuestos en Estados Unidos”, aseveró.

“¿Sacándole a los que menos tienen vamos a compensar a las provincias por la coparticipación? ¿No les parece que ya es hora de que nos pongamos los pantalones largos y le cobremos impuestos a los quienes evaden? Los principales evasores en Argentina y el mundo son las multinacionales”, subrayó.

Pero también se quejó de que “para colmo, para ponerle la vela a la torta, ayer nos enteramos que Pablo Cayssials, integrante del comando de Lago Escondido, juez contencioso administrativo número 9, declaró la inconstitucionalidad del impuesto a las Ganancias a los jueces. ¡Una barbaridad! Y nadie sale a decir nada”.

“Si hay que hacer una compensación desde el Senado de la Nación y trabajar juntos, hagámosla, estamos dispuestos”, aseguró, pero le pidió a la oposición que “si ustedes se animan a votar la ley para que se exterioricen los más de 100 mil millones de dólares que existen fugados de argentinos residentes en Estados Unidos”.

Recogió el guante Zimmermann, uno de los dos senadores presentes de Juntos por el Cambio -la otra fue Guadalupe Tagliaferri– y le contestó: “Voy a mirar el proyecto, con mucho gusto. No estoy a favor de los evasores, así que en ese aspecto cuente conmigo”.

Finalmente, el senador Edgardo Kueider (UF) se mostró a favor de la iniciativa y explicó que “el IVA para el Estado Nacional y las provincias hoy por hoy no es un problema, porque debido justamente a la inflación la recaudación interanual del IVA ha superado el 150%”. Además, señaló que para hacer efectivo este beneficio “hay que pagar con medios electrónicos, eso es blanqueo y evita la economía informal”.

De acuerdo al proyecto votado en Diputados el pasado 10 de octubre, se crea el Programa “Compra sin IVA”, del cual serán beneficiarios jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; y trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

En tanto, estarán excluidos excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

Promoción de la industria del calzado

En la reunión de este miércoles el oficialismo también avanzó con el despacho del proyecto que propone un régimen de promoción de la industria del calzado.

Al respecto, el senador Marcelo Lewandowski (FNyP-FdT) precisó que “en nuestro país hay unas 1.200 fábricas, entre PyMEs y MicroPyMEs, que ocupan más de 56 mil personas en forma directa o indirecta”.
Con la iniciativa se buscar “generar la sustitución de importaciones”, subrayó y afirmó que brindándole a este sector “una previsibilidad en el desarrollo, vamos a lograr no solamente no tener que importar, sino establecer un mercado exportador a lo largo de los años”.

“Este rubro tuvo a partir de 2002 un gran crecimiento, y lamentablemente entre 2016 a 2019 de 111 millones de pares se bajó a 81 millones”, apuntó sobre el período del gobierno de Cambiemos. Y añadió: “Cuando todos hablan de achicar y recortar, nosotros creemos que es creciendo, produciendo, ampliando”.

El proyecto propone la creación de un Régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que tendrá como objetivos la promoción de las inversiones en el sector calzado; el fortalecimiento de su cadena de valor; la generación de puestos de trabajo de calidad; y el fomento de una mayor inserción internacional que fortalezca el perfil exportador.

También, el desarrollo de nuevos modelos y componentes, con escala y competitividad; el impulso al desarrollo de nuevos materiales más versátiles y ecológicos; la promoción, desarrollo y transferencia de nuevas tecnologías, conocimientos e innovación; y el cuidado del medioambiente.

Por medio de la iniciativa se crea un “Programa de fomento de la industria local”; un “Programa de Fomento de Inversiones para el desarrollo de nuevos proveedores”; y un “Programa de promoción del empleo del calzado y de regularización del empleo industrial no registrado”.

Además, se propone ajustar el sistema de etiquetado “Nomenclatura AR” para el calzado argentino; y la creación del Instituto Nacional de Promoción del Calzado Argentino.

En la iniciativa se establecen parámetros progresivos para la composición proporcional del origen de la oferta nacional de calzado según su condición de calzados terminados y calzados desmontados y partes.

Entre los beneficios impositivos, se contemplan créditos fiscales, amortización acelerada en el impuesto a las Ganancias por bienes de capital, y retenciones 0 por exportaciones hasta el 31 de diciembre de 2031. También, para la promoción del empleo, una reducción de las contribuciones patronales.

No es para nada frecuente que las comisiones del Congreso se activen en vísperas de una elección nacional. Es sin embargo lo que sucederá este miércoles, para cuando ha sido convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el riojano Ricardo Guerra para tratar uno de los proyectos “estrella” que impulsó personalmente el ministro de Economía y -sobre todo- candidato presidencial Sergio Massa.

Hablamos del proyecto que crea el Programa “Compra sin IVA”, que tuvo media sanción el martes de la semana pasada en la Cámara baja, con 134 votos a favor, ninguno en contra 107 abstenciones.

Para su tratamiento en comisión, los senadores han sido convocados para las 16 en el Salón Illía del Palacio Legislativo, y la intención es darle dictamen con el fin de darle un rápido tratamiento en el recinto y convertirlo en ley.

¿La semana que viene? Resultaría más que sorpresiva semejante premura, pero seguramente será para la semana siguiente, el primero o segundo día del mes de noviembre.

Mediante la iniciativa se crea un sistema de devolución del IVA, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria.

Los alcanzados serán jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

Asmismo estarán excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

Contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, el reintegro del IVA se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

Luego de obtener la reforma sobre Ganancias, y a menos de dos semanas de las elecciones, el oficialismo en la Cámara de Diputados logró dar media sanción y girar al Senado otro proyecto impulsado por el ministro/candidato Sergio Massa en medio de la campaña electoral: la creación del Programa “Compra sin IVA”, que se aplica desde septiembre por medio de una resolución.

El texto fue aprobado en general por 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones -de JxC más los dos diputados del bloque SER Claudio Vidal y Felipe Álvarez-. El oficialismo contó con el apoyo del interbloque Federal -menos Florencio Randazzo que se ausentó-, los cuatro diputados del Frente de Izquierda, los cuatro de Provincias Unidas y los liberales Javier Milei, Victoria Villarruel y Carolina Píparo.

El artículo 8 que establece el plazo del proyecto se votó de manera nominal y resultó aprobado con 129 votos afirmativos, 111 negativos – JxC, los tres liberales, los diputados del interbloque Federal Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca, los dos del bloque SER Claudio Vidal y Felipe Álvarez- y 0 abstenciones.

Mediante la iniciativa se crea el Programa “Compra sin IVA”, destinado a reducir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria.

Los alcanzados serán jubilados y pensionados -nacionales o de cajas provinciales no transferidas a la Nación-, cuyo ingreso no exceda los seis haberes mínimos; beneficiarios de AUH y asignación por embarazo; trabajadores -en sector público o privado- cuyo ingreso mensual no supere los seis SMVM.

También los/as trabajadores/as de casas particulares, monotributistas y quienes realicen compras con la “Tarjeta Alimentar” o tarjetas emitidas a beneficiarios de programas como el “Potenciar Trabajo”.

En tanto, estarán excluidos quienes perciban otros ingresos gravados por el impuesto a las Ganancias y quienes estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes.

El reintegro del IVA, contenido en el monto de las operaciones de compra de bienes muebles, excepto las correspondientes a compras de combustibles líquidos, se hará a partir de las compras con tarjetas de débito, así como también aquellas que se hagan con pago electrónico a través de QR.

Cuando se trate de pagos mediante la utilización de tarjetas de crédito, dicha acreditación será efectuada e identificada por las entidades emisoras en el resumen del mes siguiente.

En el proyecto se faculta al Poder Ejecutivo a ampliar el listado de las beneficiarias y los beneficiarios del programa, fijar la magnitud del reintegro, realizar estudios e investigaciones sobre el impacto social y económico de la medida, y dictar normas complementarias o aclaratorias.

A su vez, la AFIP “establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario o de la beneficiaria y/o su grupo familiar”, reza el texto.

Finalmente, invita a “las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables”.

En el debate en comisión, Juntos por el Cambio había firmado un dictamen de minoría por el cual incluía como actores alcanzados a los beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, la Ley Brisa, el Programa AUNAR Familias y extranjeros con dos años de residencia que no tengan ingresos formales. Pero, además, buscaba limitar la vigencia del programa hasta el 9 de diciembre de este año, bajo el argumento de que esta medida condiciona la política tributaria de la futura gestión.

Las voces a favor y en contra

En su carácter de titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el diputado oficialista Carlos Heller procedió a explicar los lineamientos del proyecto quien remarcó que la esencia “podemos verla tomando los datos actuales últimos que se recibieron sobre la utilización efectiva que está teniendo a través del Decreto que lo puso en marcha en el periodo que va a fin de año y este proyecto pretende que tenga continuidad en el tiempo”.

“Según información que aparecieron ya se han superado los 36 mil millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas 18 millones de personas en el marco de una estimación que hablaba de 20 millones de beneficiarios potenciales”, detalló Heller.

Sobre el impacto que tienen este tipo de iniciativas sostuvo que “hay que verlo en toda su dimensión porque es muy superior a la idea de eximir al impuesto de determinados productos que, además de generar problemas en las distintas cadenas de producción y distribución de bienes, no se termina evidenciando en los precios de los productos que no bajan porque se elimine el IVA. En cambio, con la devolución no hay razón para que los precios se muevan, ya que es una medida administrativa de la AFIP que por un lado percibe el impuesto y por el otro se lo reintegra a los sujetos alcanzados a los que se quiere beneficiar”.

Heller remarcó que el proyecto busca darle continuidad al decreto que puso el Poder Ejecutivo y al “exitosísimo” resultado que tuvo hasta el momento. Asimismo, consideró que la misma forma parte de una idea “mucho más profunda y amplia, que tiene que ver con ir modificando la progresividad del sistema tributario para llegar a que paguen más los que ganan más y tienen mayor riqueza”.

“Esto genera un inmediato impacto positivo en otro aspecto también, uno en la formalización de actividades porque el comprador está interesado en que se trate de una compra que se facture y tenga IVA porque se lo van a devolver. Esto ayuda a que, a través de medios de pago formales, se vaya generando este mecanismo y esa inclusión de medios formales es imprescindible para poder tener la trazabilidad de las operaciones que se realizan”, indicó el oficialista.

A su vez, Heller explicó que “no es una medida electoralista” porque entraría en vigencia en enero de 2023 cuando “ya haya otro gobierno electo por la voluntad popular”. Asimismo, cuestionó el dictamen de minoría que “le ponía una fecha de finalización, con lo cual estaríamos aprobando un proyecto que se superpondría con el decreto, pero sería una ley con un plazo fijo de dos meses de duración”.

Respecto de las críticas a la iniciativa de que se trata de un gasto fiscal sin contrapartida, planteó: “Nos parece una mirada corta y restringida del tema porque no tiene en cuenta el impacto que tiene la formalización de operaciones, ni la mayor demanda de bienes y servicios que se produce a partir de la mayor con el poder de compra de esa devolución porque se vuelve a comprar”.

“Además por lo que tiene de impacto en otros impuestos como ingresos brutos que beneficia directamente a las provincias. Los beneficiarios están en todo el territorio nacional. Es una medida absolutamente federal porque el beneficio a los ciudadanos alcanzados por la medida va más allá de dónde viven”, indicó y reiteró que “hay un aumento inmediato de otros ingresos que contribuyen a disminuir el costo de esta iniciativa”.

Heller contó que le han solicitado a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación que haga un análisis del impacto inicial sobre el Presupuesto 2024 y señaló que dicho informe no tiene en cuenta: “Los efectos de segunda vuelta -las compras que se realizan con lo que se devuelve-, el dato fiscal es de 1,01 sobre el PBI pues hay que descontar el programa de devolución del IVA que ya está en marcha y ya está considerado en el Presupuesto 2024”.

“Es un proyecto beneficiario para las familias y PyMes. Nosotros no somos hinchas del déficit fiscal, pero creemos que tenemos que ser enemigos del ajuste como mecanismo para resolverlo, tenemos que trabajar en políticas de progreso impositivo, en atacar las fugas. Estamos hablando de un país con 40% de informalidad, el combate de esa informalidad debería generar innumerables ingresos fiscales que contribuirían a resolver el problema”, planteó.

El titular de la Comisión de Presupuesto cuestionó a la oposición por calificar estos proyectos de “inflacionarios, como si fuera algo automático”, y hablan de “cantidades de enormes cantidades de dinero emitido tomando a la nominalidad de ese dinero, aunque no tiene significado porque hay que ponerlo en términos relativos y porcentuales”.

“EL BCRA acaba de publicar el informe monetario del mes de septiembre en los primeros nueve meses la base monetaria se redujo en términos reales un 32,9%. Si tomamos los datos del 2022 es mentira que hay una emisión descontrolada como han dicho. La base monetaria se redujo en un 25,6% en el 2022”, detalló y subrayó que “la emisión monetaria no es la locomotora de la inflación”.

Por último, Heller comentó modificaciones a proponer al dictamen aprobado en comisión que “obedecen a pedidos que se hicieron”. Así, detalló que en el artículo 1 inciso A agregaron: “De cajas provinciales no transferidas a la nación, municipales o de cajas previsionales para profesionales”.

En el inciso C incluyen una serie de programas solicitados por la una diputada de la oposición los destinatarios de prestaciones sociales de diversos programas dependientes de la secretaria nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia como sujetos alcanzados a beneficiarios del Programa de Acompañamiento para el Egreso de Jóvenes sin Cuidados Parentales, la Ley Brisa, el Programa AUNAR Familias y agrega que “los montos establecidos en los incisos a y d serán incrementados en un 22% cuando los beneficiarios sean residentes de la zona patagónica definida en el artículo 1 definida en la Ley 26.772”.

También eliminaron del artículo 3 la palabra “alimentaria” quedando solo el concepto de Canasta Básica y en el artículo 4 incluyen una ampliación que tiene como objetivo a las personas que viven en la zona patagónica que tengan un “reintegro mensual previsto en el presente Programa no podrá superar el veintiuno por ciento (22 %) del valor de la Canasta Básica Alimentaria para un hogar tipo 2, vigente en cada mes”.

El diputado nacional Alejandro Cacace (Evolución Radical – San Luis) presentó el dictamen de minoría en el recinto y cuestionó: “¿Para qué viene este proyecto de ley al Congreso? si el pueblo vota en 10 días a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso, se busca condicionar una futura política de gobierno”.

“Argentina se está yendo a una hiperinflación y nosotros elegimos el camino de la responsabilidad y también, no profundicemos este camino de irresponsabilidad”, aseveró. Además, sostuvo que “encontramos en esta discusión de campaña que hay un candidato que le echa leña al fuego -por Javier Milei- y otro que le mete papeles que aumentan ese fuego –por Sergio Massa-”.

Respecto al dictamen de minoría que impulsa JxC, el diputado radical explicó que “es para prohibir los adelantos de financiamiento del Tesoro Nacional al Banco Central (hasta el 9 de diciembre de este año) que está hundiendo a este país”.

En tal sentido, profundizó que “esta medida funciona como medida y no como ley porque cuando se hizo por devolución de la AFIP, el gobierno resguardó la coparticipación de las provincias, pero por ley se puede afectar e impactar a esos recursos coparticipables”.

“El titular de la AFIP -Carlos Castagneto- reconoció que es para cobrarle a las provincias porque se llega a afectar entre 3 y 4 meses de salarios de las provincias y eso pasó desapercibido en las comisiones”, indicó.

Por otro lado, expresó: “Tenemos 18 millones de pobres y son beneficiarios de la devolución del IVA casi 22 millones de personas, pero hay pobres que no son beneficiarios y beneficiarios que no son pobres”, y enfatizó que “los trabajadores informales no están incluidos en una medida que busca ser permanente y el bono que les dieron es solo por dos meses”.

Finalmente, cuestionó al dictamen de mayoría del oficialismo: “En el tema del costo fiscal, Heller dijo que todo se va a recuperar, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) dijo que perdemos recaudación y si gastamos lo mismo, profundizamos la crisis fiscal porque si financiamos con emisión, sube la inflación y si la inflación sube, la demanda real del dinero cae”.

En el mismo sentido, el diputado nacional Víctor Hugo Romero (UCR – Córdoba) expresó que “este gobierno ha llevado a un desequilibrio fiscal y un déficit que va a terminar cerca de los 16 puntos del Presupuesto”. “Mientras acá discutimos teoría, el argentino va al supermercado y todo sube”, criticó.

Tras anticipar que no acompañará el proyecto, el diputado cordobés agregó: “El IVA es un impuesto regresivo que impacta en los que menos ganan, pero nunca en 4 años hablamos de reforma tributaria y esto debe ir con solvencia fiscal”.

“Estamos en una verdadera emergencia y esta es una herramienta para aliviar, pero no se corrige la desigualdad de los ingresos porque requiere un programa de solvencia fiscal y que repare la macroeconomía”, explicó, y añadió: “Sabiendo que esto va a generar un costo fiscal, planteamos que sea hasta fin de año (hasta el 9 de diciembre)”.

Además, remarcó que “hay sectores que no están incluidos y comen y compran todos los días”. Asimismo, consideró que “este tipo de políticas, a unos días de la elección, tienen un vicio de electoralista y lo que no tiene vicio de electoralista es el dólar a 1.035 pesos porque eso impacta de lleno en los precios”.

Finalmente, al igual que Cacace, desenfundó críticas contra Milei: “Hay un candidato bajo la idea de la libertad que pretenden ordenar al Estado con una motosierra y plantea ‘cuanto peor, es mejor’ para que los argentinos saquen los plazos fijos”. “No está entendiendo es que atrás de la medida especulativa y la corrida está el pueblo argentino que sufre”, cerró.

A su turno, José Luis Espert (Avanza Libertad – Buenos Aires), quien ironizó con la “otra vez la burra al trigo”, y amplió: “Discutimos la baja de impuestos sin la correspondiente baja del gasto público y eso generará más déficit, emisión monetaria, más pobreza y más marginalidad”.

También, sostuvo que “en los últimos 60 años no erró ni una oportunidad de tener déficits fiscales y Argentina tiene una crisis cada siete años y medio”. “Debemos declarar ‘pecado mortal’ a la baja de impuestos sin la correspondiente baja de gasto público porque lo advertí en la anterior sesión”, recordó.

Asimismo, cargó contra el candidato oficialista y contra el espacio libertario: “Recibió el dólar a 280 peso y ahora está en más de 1000 con una inflación de 180 puntos. Massa es una verdadera langosta”. Además, añadió que “La Libertad Avanza incita a la gente a sacar su plata de los plazos fijos y con eso están llevándonos a este desastre”.

En su intervención, el economista Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) observó las dificultades del proyecto de ley y señaló la “gravedad de lo que estamos decidiendo”. En primer lugar, indicó que es un “descalabro fiscal que se inscribe en una inflación en ascenso en un ritmo estremecedor. Aceleran la inflación y el déficit a financiar con emisión monetaria, que lo pague otro”.

En segundo lugar, señaló que “no puede ser que un ministro en funciones sea candidato porque hace una tarea tan irresponsable que es difícil pensar un mal diseño equivalente”. En tercer lugar, planteó: “Tenemos una entidad monetaria que se endeuda de una manera explosiva, ese endeudamiento se vuelve inmanejable”.

“El camino explosivo lo van a pagar los argentinos, pero en particular los sectores más vulnerables de la sociedad. Es un cóctel de irresponsabilidad agravado por la tentación de otros actores políticos de ver si esto les da lugar a que la explosión sea más grande. Es imposible pensar que un sistema democrático funcione donde el Congreso de la Nación resigna los impuestos legislados y pase a basarse en los impuestos resignados y más reaccionarios”, apuntó. y alertó: “Va a ser peor de lo que dijo Espert, va a ser peor el déficit y la situación de la economía”.

La santafecina Germana Figueroa Casas (Pro), contadora y especialista en finanzas públicas, también arremetió contra el Programa Compre Sin IVA. “Lo que se vota hoy no es una devolución de IVA, es un subsidio para algunos porque vale para cualquier cosa comprada dentro de comercios de alimentos y deja fuera a todos aquellos que no están bancarizados y son los que más lo necesitan. Es una buena idea mal aplicada que solo generará más inflación y pobreza. Hay que dejar de inventar títulos y leyes ineficientes, es hora de ponerse a trabajar para bajar el déficit fiscal y frenar la inflación”, declaró.

De la vereda de enfrente, el oficialista Daniel Arroyo afirmó que “hay que entender que esta ley es razonable y justa porque los que menos tienen van a pagar menos por la comida por la canasta básica”, y agregó que “comer tiene que ser barato en la Argentina y tenemos que mejorar el consumo de leche, carnes, frutas y verduras”. Aseguró, además, que esta ley “viene a garantizar lo básico que consume una familia”, e hizo referencias a los pedidos de JxC: “Tomo lo que dicen de incorporar al sector informal”.

Del mismo modo, expresó: “Presenté dos proyectos, uno para crear 400 mercados centrales y uno para crear un sistema de crédito no bancario para desendeudar a privados y familias”. Por último, señaló que “esto viene a ayudar a los que menos tienen y es de pura justicia porque va a mejorar la calidad nutricional”.

Por el interbloque federal se expresó la bonaerense Graciela Camaño se refirió a un informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) que dice que hay un 22,5% de la población en situación de riesgo alimentario de la región donde “los alimentos cuestan más caros y quienes más pagan son los más pobres”.

“En nuestro país los números son escandalosos entre el 2010 y 2022 un deterioro en la alimentación de la población en el 44%. Este deterioro en los últimos años se potenció y el escenario hoy es que el 44% de los pibes tienen hambre, el 60% reciben sus alimentos del Estado, el 9,3% de la población es indigente según el IDEC, el 40,1% es pobre”, detalló Camaño y señaló que “la reducción de los costos y el apoyo al acceso de alimentos son factores importantes para promover la seguridad alimentaria”.

La diputada bonaerense indicó que la devaluación de agosto fue del 22% y la inflación del 12,4%. Asimismo, criticó a la oposición por denominar ‘plan platita’ porque “es lo menos que podemos hacer como Estado para apaliar semejante crisis frente a la devaluación entre las que estuvo la fusión del impuesto a las Ganancias”. Lamentó los proyectos de mayoría y minoría porque “todos sabemos que estamos afectando la coparticipación. El del oficialismo pretende que se haga cargo el gobierno siguiente y el de la oposición que sea hasta diciembre, ninguno de los dos dictámenes trata seriamente el gravísimo problema que tenemos en materia de impuestos en comestibles”, y adelantó que dentro de su interbloque hay diferentes posiciones por lo que la votación será dividida.

En tanto el santafecino Eduardo Toniolli (FdT) sostuvo que “la preocupación por la incidencia del IVA viene de larga data porque hubo más de 125 proyectos desde el 2001”. Del mismo modo, consideró que “la propuesta de reducción de alícuotas ha recibido reparos”.

En tal sentido, explicó: “En primer lugar, que la baja se traslade a los precios y la segunda es que por ser generalizada no beneficie a todos los consumidores”, pero remarcó que “el proyecto resuelve los dos puntos”.

Además, manifestó que “en cuanto al costo fiscal, la OPC sostuvo que hay un costo neto de 1,01% del PBI y habrá una mayor bancarización de las transacciones”. “Debemos destacar el impacto positivo en los ingresos brutos de las provincias y municipios y este proyecto se destina a los trabajadores”, señaló.

Luego, la diputada nacional Romina Del Plá (FIT) remarcó que desde su bloque van a acompañar el proyecto, pero advirtió que “para que este Congreso se digne a tratar la devolución del IVA, ha tenido que haber un aumento fenomenal de la pobreza y un deterioro fenomenal de todos los indicadores”.

Asimismo, afirmó que “Massa es responsable de la crisis actual” porque “al otro día del las PASO hubo una devaluación del 22%”. “Me parece importante marcar que estamos en contra de estas cargas impositivas a trabajadores y debe haber cargas para las grandes fortunas”, agregó.

A su turno el diputado nacional Martín Tetaz (Evolución Radical) señaló que “sería bueno no tener ningún impuesto, pero debemos tener criterio para ver cual eliminamos”, pero agregó que “lo hacemos en un contexto deficitario y es un reemplazo de un impuesto legislado por uno malo y regresivo como el inflacionario”.

Al igual que varios legisladores de JxC hizo énfasis en que “un dólar sale 1010 pesos en Argentina”, y agregó: “Hay una conexión estrecha entre eliminar impuestos que le quita fondos al Estado porque mñana el Indec anunciará una inflación cercana al 12% y anualizados, los precios, llegan a 300%”.

“Sobran pesos que son los que emite el Gobierno y al mismo tiempo cae la demanda y la foto de Martín Insaurralde en Marbella hunde la confianza de la autoridad de quien nos gobierna que es la misma confianza sobre nuestra moneda porque se desploma la demanda de dinero”, indicó Tetaz.

Por último, se refirió al candidato de La Libertad Avanza, y expresó: “Javier Milei tiene un acuerdo político con Sergio Massa y el gobierno del año que viene va a arrancar en -7”. “Espero que sea consciente que sus declaraciones tienen el mismo valor que las de Alberto Fernández en 2019 y que recuerde que ya no es más un panelista de televisión”, concluyó.

El intendente electo de la Ciudad de Córdoba y titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo De Loredo, acusó al gobierno de “ser el clientelismo más brutal de la historia argentina”, y agregó que “debemos lidiar sin moneda, con inflación galopante y más de 2.000 puntos de riesgo país”.

Respecto a la iniciativa en cuestión, indicó que “el problema es el déficit, una palabra fría y sofisticada porque un Estado no puede gastar más de lo que produce y tapar esos baches fiscales con emisión”. “El equilibrio fiscal debe ser una ley”, agregó.

En última instancia, el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, ironizó con De Loredo y preguntó que “no sabía si era de La Libertad Avanza o Evolución Radical”. “Es un tema muy importante que algunos intentan mirarlo en sus impactos y este proyecto va en el sentido de la justicia tributaria”, señaló.

También, planteó que “hay argentinos que ya cobraron el reintegro y hay 50.000.000 de pesos que han quedado en el bolsillo de los argentinos”. Asimismo, expresó: “No hay que perder la orientación que tiene que tener un espacio político hacia una mejor justicia social”.

Finalmente, arremetió contra Milei por la devaluación de estos días: “Esta acción que llevó los dolares cerca de los mil pesos es una muestra clara y decidida de terrorismo económico provocada por sectores liados al poder económico que quieren poner en nulidad a la estabilidad económica”.

En el final, y luego de la votación, el oficialismo rechazó las modificaciones impulsadas por JxC, respecto a la ampliación hacia trabajadores informales y desocupados y el cambio del plazo de la vigencia hasta el 9 de diciembre de este año.

Consiguió dictamen y quedó listo para ser debatido en el recinto de la Cámara baja el proyecto que crea el programa Compra sin IVA, que el Poder Ejecutivo envió al Congreso el 22 de septiembre pasado. Desde el oficialismo se anticipó la intención de que el proyecto sea incluido en la próxima sesión de la Cámara baja y dejaron abierta la posibilidad de introducirle modificaciones “para mejorarlo”.

Juntos por el Cambio presentó un dictamen de minoría que contiene una serie de correcciones que incluían una fecha de vencimiento para el presente año, a los efectos de no condicionar la política tributaria del próximo gobierno.

Todo sucedió en el marco de una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda que se reunió este miércoles por la mañana y cuyo presidente, Carlos Heller, detalló inicialmente los alcances del programa, precisando cuáles son los beneficiarios que tendría el proyecto, y en qué casos se producen exclusiones.

Planteó cómo se hará el reintegro, cuál es la autoridad de aplicación y dejó abierta la posibilidad para que “de acá a la sesión sigamos trabajando y algunas cosas se resuelvan en el campo de la reglamentación”.

Concluido el detalle de los alcances de la propuesta, Heller sostuvo que el objeto de la propuesta “está claro y tiene que ver con toda una propuesta que intenta compensar el deterioro del poder adquisitivo de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad”. Recordó que ya había el Gobierno avanzado con un proyecto que alcanzaba a otro sector de la sociedad, como es el alcanzado por el impuesto a las Ganancias, y “en este caso se plantea la devolución para otro segmento que no está alcanzado por aquel beneficio, el sector de menores ingresos”.

En ese sentido aportó un dato clave: al 30 de septiembre ya habían accedido al beneficio 16.008.231 personas, por un monto de 25.300 millones de pesos de devolución. Al respecto, el presidente de la Comisión de Presupuesto sostuvo que el método de devolución aplicado “parece ser el método más indicado, porque permite segmentar y determinar a qué sector se beneficia y sobre qué tipo de bienes se aplica.

“Ha habido otros intentos en que el beneficio ha quedado en los tramos de la  intermediación y no le han llegado al consumidor”, agregó para terminar.

El dictamen de minoría

Al anticipar la presentación de un dictamen alternativo, el diputado nacional de Evolución Radical Alejandro Cacace contó que JxC había estado analizando la propuesta y coincidían en la aplicación de una medida que atendiera la “profunda crisis económica” y los efectos de “la fuerte aceleración inflacionaria en nuestro país y su perjuicio”. Pero más allá de coincidir en la necesidad de hacer una devolución, dijo, hay una serie de cuestiones que les preocupan del texto original.

Habló entonces de la necesidad de compensar la pérdida de  recursos que la aplicación de esta norma provoca. “Lo que termina pasando es que se profundiza la emisión monetaria para financiar el gasto público”, advirtió, por lo que dijo que “nos parece fundamental que haya una restricción sobre la capacidad del Tesoro de financiarse a partir de la emisión monetaria y la asistencia del Banco Central”.

“En el dictamen alternativo que estamos proponiendo vamos a incluir un artículo que dice: ‘Se suspenden las disposiciones contenidas en los artículos 20°, adelantos transitorios, y 38°, que el giro de utilidades de la Carta Orgánica del Banco Central y todo mecanismo de financiamiento del Banco Central al Tesoro’. No sigamos financiando el gasto público, demandamos una fuerte contención sobre esa capacidad de financiamiento del gasto del Tesoro. Esto es central dentro de la propuesta que estamos haciendo”, resumió.

En segundo lugar, sostuvo Cacace que en el contexto de emergencia vigente “entendemos que hagamos esta devolución a los sectores postergados”, pero aclaró que desde JxC no creen que sea responsabilidad del actual Gobierno fijar la política tributaria del próximo. El diputado puntano remarcó que el oficialismo había salido “tercero” en las elecciones PASO, “después de haber hecho más de 20 aumentos de impuestos” y que ahora pretendía fijar la política tributaria futura con leyes como esta.

Por eso propuso que “las disposiciones de la presente ley tengan efecto con las compras efectuadas hasta el 9 de diciembre de 2023 inclusive. En el mismo plazo disponemos la suspensión de las disposiciones de la Carta Orgánica a través de las cuales se financia el Tesoro Nacional”.

El tercer punto señalado por Cacace tenía que ver con los beneficiarios. “Nos encontramos con que la curiosidad es que haya personas que no son pobres y están beneficiadas; y que haya personas que son pobres y no están beneficiadas”, señaló, por lo que propuso incluir en el artículo 1° la situación de los informales. Tras remarcar que se pretendía mejorar la propuesta, el legislador de Evolución dijo que en el dictamen alternativo incluían a los trabajadores informales que serían determinados con el mismo criterio con el que el Gobierno los ha ubicado a través del pago de un bono.

“No tiene sentido que hagamos una ley para ayudar a los pobres y no incluyamos a los que sí lo son”, sintetizó.

Cuarto punto. “Cuando se hizo la resolución general 458, el anuncio del ministro de Economía, Sergio Massa, dijo que ‘vamos a hacer la devolución a cargo del Tesoro y esto no va a afectar a las provincias. Todos los gobernadores se quedaron tranquilos entonces, pero cuando llegó el proyecto no decía nada”. Agregó que luego llegó el i nforme de la Oficina de Presupuesto del Congreso, que estableció un costo fiscal de 1,29 del PBI ya asumido por el Estado y se encontraron con que cambiaba la distribución del impacto fiscal, marcando que el mismo quedaba a cargo de las provincias. Cacace recordó que se lo había preguntado a Carlos Castagneto cuando concurrió a la comisión, y éste le dijo que “lo hacemos por ley para que las provincias paguen su parte”.

“No estamos de acuerdo”, enfatizó el diputado opositor, que reclamó “que se cumpla lo que dijo Massa y que esté a cargo del Tesoro”.

El quinto punto tiene que ver con “las facultades del Ejecutivo”. Sobre el tema, Cacace dijo que “no las compartimos así de amplias” y recordó que “los tributos son responsabilidad de este Congreso: modificarlos, eliminarlos, determinar las alícuotas”.

“Le han impuesto una facultad muy curiosa: fijar la magnitud del reintegro en hasta un 21%. Perfecto, pero cuando dicen ‘hasta’, le dan la facultad al Ejecutivo de que mañana pueda decir del 15%, 10%, 5%, o cero… ¿Vamos a aprobar una ley para que mañana el Ejecutivo diga no hay más ley, se terminó? Esa facultad de ningún modo puede estar. En nuestra propuesta la removemos”, explicó Cacace, que sí se mostró dispuesto a que se amplíen los medios de pago, incluyendo a las billeteras virtuales.

Intervino a continuación el preside Carlos Heller, para hacer una serie de observaciones. Dijo al respecto que ya hay  más de 16 millones de personas que usaron el beneficio “y supongo que es un número que es creciente y es  probable que queden sectores menores que tengamos que corregir y emprolijar, pero está claro el espíritu de este proyecto, que es absolutamente inclusivo”.

Respecto del primer punto, la ampliación del alcance del beneficio, el diputado del Frente de Todos dijo que tratarían de encontrar la manera de resolver el tema, pues “no hay una idea de excluir a ningún sector”.

A continuación, salió al cruce de la advertencia opositora sobre la emisión, vieja discusión en este Congreso sobre el origen de la inflación. Heller llamó a “terminar con un mito” y explicó que “en los primeros ocho meses (del año) la base monetaria cayó un 25,5% en términos reales”, por lo que “de ninguna manera la emisión ha sido generadora de la inflación, ha ido por detrás de la inflación”.

“No es en este caso la emisión monetaria la causa; es en todo caso una consecuencia”, remarcó, agregando que a él le gusta decir que la emisión “no es locomotora, es vagón; la inflación se produce por otros factores, discutámosla. Y los que quieren discutirla son los que generaron problemas como la convertibilidad. Tenemos que discutir por qué aumentan los precios, que aumentan como si fuera un fenómeno meteorológico independiente de la economía real”.

Otros cambios

La diputada del Pro Victoria Morales Gorleri pidió incluir en la norma a niños, niñas y adolescentes, no contemplados en ese proyecto. “Hemos recibido de Juan Facundo Hernández, el defensor adjunto de la Defensoría (del Niña, Niño y Adolescente) un alerta de que no estuvieran incluidos los programas de acompañamiento de jóvenes”, y citó casos como la reparación económica para víctimas de femicidios, entre otros. El dictamen de minoría los incluye.

También habló sobre el tema la diputada Carla Carrizo, que le puso cifras a esos programas, para dejar claro que no incluyen un universo tan amplio, y precisó que el programa SOS alcanza a 3.483 personas; la Ley Brisa a 1.048 y el programa Aunar a 150.

Desde el oficialismo, Itai Hagman aclaró que “es el Congreso el que fija la política tributaria, no el Gobierno”. Y advirtió que si desde la oposición presentaban un dictamen de minoría poniéndole fecha de vencimiento a diciembre de este año con el argumento de que “es un problema que sancionemos una ley que fija un programa para el año que viene. Tengo derecho a interpretar que ‘si ganamos las elecciones, este programa no lo vamos a implementar’… Las leyes no se hacen con fecha de vencimiento”.

El sanjuanino José Luis Gioja señaló por su parte que las provincias van a recaudar más, porque “al lado del IVA viene Ingresos Brutos”, y destacó que “la mejor compensación que tienen las provincias es que haya más justicia social reformando un tributo absolutamente regresivo, haciéndolo más progresivo”, en tanto que Juan Marino sostuvo que ese era un proyecto que debía salir “por unanimidad”, y pudiera establecerse un compromiso que dijera que se mantendría “gobierne quien gobierne”. De paso, manifestó su acuerdo para que se incluyera la propuesta de los beneficios para minos, niñas y adolescentes.

A su turno, Martín Tetaz no dejó pasar la oportunidad de contestarle a Heller sobre la emisión monetaria. Según el economista radical, si eso no tuviera ningún efecto, entonces “eliminemos el IVA directamente y ya está”. Luego advirtió sobre la desmonetización de la economía. “¿Sabe por qué cae la economía? Porque la gente está tratando de protegerse de ese signo monetario que está perdiendo valor. Pregúntele a (el diputado Sergio) Palazzo cómo evolucionaron los depósitos. Lo espoileo: solo 2% en términos nominales, contra una inflación de 12%. Se está hundiendo la demanda de dinero, pero se agrega la demanda de dinero para fines transaccionales”.

Agregó Tetaz que “muchos alquileres ya comienzan a fijarse en dólares” y en ese sentido dijo que “cada transacción que deja de hacerse en pesos y comienza a hacerse en dólares hace que sobren más pesos. Si se empieza a utilizar cada vez más dólares, le van a sobrar más pesos, aunque no los emita. Si la gente empieza a gastar, le van a sobrar, por eso la cuenta que le da”.

Y cerró el tema: “Si no tiene un Banco Central fuerte que retire los pesos, le pasa lo que está pasando ahora, que se acelera la inflación”.

Volviendo al proyecto, Tetaz justificó la intención de ponerle fecha de vencimiento a la ley en el hecho de que a partir del próximo gobierno –y dando por sentado que ese sería Juntos por el Cambio- anticipó que “vamos a cambiar toda la estructura monetaria de la Argentina a partir del 10 de diciembre, y va a estar regido a partir de los criterios que establece la ciencia económica. Y va a estar regido esencialmente porque se rompa lo menos posible la economía. No es bueno utilizar el sistema impositivo para hacer políticas públicas”.

Cerró el debate el presidente de la bancada oficialista, Germán Martínez, quien valoró “la decisión política de nuestro Gobierno y nuestro ministro de Economía, instrumentada por la AFIP”. Que se traduce en que más de 16 millones de personas estuvieran teniendo reintegro del IVA. “Y más allá de todos os debates, esa es una cosa para reivindicar”, dijo, resaltando “el impacto no solamente en el bolsillo de los argentinos, sino también en los niveles de movimiento económico y facturación de los negocios que venden esos bienes a los que se aplican esos criterios”.

Con referencia al financiamiento de la ley, recordó que hay un “debate abierto” en torno al Presupuesto 2024 y en ese sentido aclaró que “el ámbito para que podamos profundizar ese debate es la discusión del Presupuesto”.

Mostró también disposición a incorporar determinados colectivos, pero aclaró que había que ver bien cómo instrumentarlo, para no terminar haciendo un artículo 1° amplio e inocuo.

Por último, se refirió al artículo 1°, inciso a, del proyecto, que incluye a “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”. “No hay ninguna negación a jubilados de cajas provinciales no transferidas a la Nación; vamos a pedir que se explicite claramente para que llegue tranquilidad a todos los que nos preguntaron estos días”, concluyó Martínez.

Cerró la reunión Carlos Heller, quien se refirió puntualmente a ese último punto, anunciando que lo incorporarían con un texto que dice: “quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento y pensiones no contributivas, nacional o de cajas provinciales no transferidasa a la Nación en un monto mensual que no exceda la suma de seis haberes mínimos garantizados a que se refiere el artículo 125 de la Ley N° 24.241 y sus modificaciones”.

“Es decir, estamos incorporando, para que no haya dudas, la interpretación del Ejecutivo, que no hacía falta, porque al no haber ninguna mención, estaban incluidos todos, pero ante la existencia de la duda, vamos a cambiar el texto del dictamen y vamos a ponerlo de esta manera”, aceptó Heller.

También mostró disposición a considerar en el transcurso de la semana los planteos referidos a “zona desfavorable”. “Hay razonabilidad en el planteo, vamos a analizar cómo debería redactarse, igual que otras cuestiones, como la de (Carla) Carrizo, y vamos a trabajar en esos temas tratando de consensuar”.

Antes de concluir, el presidente de la comisión destacó la presencia de los 49 integrantes de la comisión, lo que indicaba que la misma había “funcionado a pleno, 100%”, lo que daba cuenta de la importancia del tema.

Con la intención de avanzar con el dictamen sobre este tema -otro de los impulsados por el ministro/candidato Sergio Massa– fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para este miércoles a las 11 de la mañana. El proyecto a debatir es el enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de septiembre, por el cual se crea el Programa Compra sin IVA.

El tema comenzó a ser debatido el jueves pasado, con la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el de Aduanas, Guillermo Michel, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quienes dieron detalles del proyecto que busca r educir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

En ocasión de realizarse esa reunión informativa, el oficialismo se mostró dispuesto a escuchar sugerencias para hacer modificaciones, pero tal cual adelantó Germán Martínez, titular del bloque oficialista, era intención de ellos armar una nueva reunión para la próxima semana y, de ser posible, dictaminar ese día.

La idea del oficialismo sería incluir el tema en una próxima sesión, para la cual se está trabajando para la próxima semana.

El programa previsto en este proyecto está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

Por José Angel Di Mauro

Dos semanas. Ese fue el tiempo que le demandó al oficialismo convertir en ley un proyecto de alto impacto como es el que elimina la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias reduciendo a su mínima expresión la cantidad de trabajadores en relación de dependencia que en el futuro deberán pagar ese gravamen.

En efecto, el número estimado de contribuyentes que en adelante abonarán ese impuesto es apenas 90 mil; una cifra bastante reducida con respecto a los 701.928 que pagaban hasta ahora, y ni qué decir si se lo compara con los 2.245.880 que terminaron haciéndolo en tiempos de Cambiemos, según se encargó de remarcar una y otra vez las últimas dos semanas el massismo gobernante. 30% al final del macrismo; 7% ahora y 0,88% de los empleos registrados en el país a partir de la aplicación de esta ley, aunque en la práctica ya está vigente vía decreto.

Solo dos semanas demoró todo el proceso de tratamiento, y ese no es un dato menor si se lo considera en el marco de una administración como la del recordado Alberto Fernández, que anunciaba cosas que nunca se concretaban y mandaba iniciativas que morían en Mesa de Entradas sin llegar siquiera a comisión. Un caso único de desdén legislativo de parte de un oficialismo en la Argentina.

Titular de la Cámara de Diputados durante casi tres años, hasta que se puso al frente del Ministerio de Economía para desde allí construir una candidatura presidencial que en su sitial de la Cámara baja sabía que no alcanzaría, Sergio Massa sabe del valor de las leyes por lo que representan como legado. Pretende que la historia lo recuerde -entre otras cosas- como quien prácticamente eliminó ese gravamen, cumpliendo una prédica que encabezó al menos desde 2015. Premisa que compartió con Mauricio Macri, que puso ese objetivo como promesa de campaña, aunque lo dejó de lado cuando llegó al poder y conoció realmente las estrecheces fiscales con las que debería manejarse.

Desde el gobierno, siguió prometiendo a lo largo de todo su primer año que corregiría el impuesto, pero como no lo hacía, el Frente Renovador de Massa se alió por primera vez al kirchnerismo y el bloque Justicialista para hacerlo por su cuenta. Fue una experiencia piloto de lo que podía lograr el peronismo unido, que tres años después le daría una paliza electoral a Cambiemos. Esa historia con Ganancias terminó ese 2016 con el gobierno de Macri negociando con gobernadores una solución que le alcanzó para salvar la ropa, pero el gravamen siguió existiendo y abarcando a una buena parte de los asalariados registrados.

Uno de los legados que dejará Massa de su paso por la gestión que actualmente ocupa será el de Ganancias, pero también pretende ser quien haya reducido el pago del IVA en la canasta básica alimentaria. Un beneficio que a las apuradas instrumentó el gobierno anterior después de las PASO de 2019, y que le tumbaron en la justicia los gobernadores peronistas que ahora guardan silencio. La media sanción saldrá seguramente dentro de diez días y en pocos más -si el Senado se pone las pilas- será otra ley que el ministro/candidato coronará, para jactancia propia y complicación del futuro gobierno. En este caso será algo más de un punto del PIB el costo fiscal de este bienvenido beneficio; en el de Ganancias, un billón de pesos, lo que representaría un 0,28% del PIB para 2024.

Massa sabe que la tiene complicada para coronar con éxito su candidatura presidencial para este turno, pero en cualquier caso edifica para el futuro. Como hemos dicho, su objetivo de mínima es estar en el balotaje, y con ello garantizarse al menos ser el jefe de la oposición de un gobierno que imagina débil, tratándose del de Javier Milei, que es el escenario que supone. En ese caso, el costo fiscal de los beneficios que otorga serán cosecha propia y complicación ajena.

Refrendadas por leyes, ni pensar en lo que debería lidiar un futuro gobierno que quiera revertirlos.

El ministro/candidato terminó la semana con un gran acto que le organizó la CGT frente al Congreso para festejar la aprobación de “la eliminación de Ganancias”, coronado por su discurso desde el palco instalado para la celebración. Para Massa, demuestra músculo político con esas medidas y exhibe al movimiento obrero encolumnado detrás suyo, lo que no es poca cosa.

Desde la otra vereda relativizan el valor de esas movidas y ponen como ejemplo lo sucedido con Horacio Rodríguez Larreta y una campaña en la que agregó al poder que ya de por sí le brindaba su cargo al frente de la Ciudad, haber sumado al jefe del radicalismo como vice, a Martín Lousteau, y a tantísimas otras figuras, para terminar perdiendo la interna por 6 puntos. Ya hasta se podría hablar del verbo “larretizar”, entendiendo por ello a la condición de acumular detrás de una candidatura nombres y estructuras pensando que con ello se ganan elecciones, cuando está visto desde el 13 de agosto que alguien sin ninguna estructura política ni experiencia política y mucho menos de gobierno, puede terminar imponiéndose.

Así y todo, Patricia Bullrich le dejó en la semana su mensaje al ministro/candidato: “Massa, no vale hacer desastres en la economía (…) Termine con su fiesta porque su fiesta termina con el país. Basta de gastarse la plata de los argentinos, no es suya”.

Nada a lo que el candidato de UP vaya a prestar atención. Enfrascado en una campaña en la que no tiene descanso, Massa se bajó del palco el viernes para ingresar al Palacio Legislativo y sacarse fotos y hablarles a más de 900 jóvenes de todo el país convocados por la Cámara de Diputados para participar del XIX encuentro nacional “Uniendo metas”, que se celebró viernes, sábado y domingo en el Congreso. Cada voto vale y los chicos votan.

El objetivo de convertir en ley la modificación de Ganancias sirvió como excusa para que el Senado volviera a sesionar después de más de 5 meses sin tratar proyectos. Y antes de tratar lo que podría denominarse la Ley Massa, debatió lo que realmente le interesaba a la presidenta de esa Cámara: los pliegos judiciales que venían demorándose por no poder el oficialismo reunir quórum. Al final no fueron los 75 pliegos originales: los redujo a 33, pero entre ellos plantó el de Ana María Figueroa, a quien la Corte Suprema había cesado puntualmente semanas atrás por no haber conseguido en tiempo y forma prorrogar su gestión más allá de los 75 años cumplidos el 8 de agosto pasado. El Tribunal Superior fijó de paso un precedente para el futuro, que desafía Cristina Kirchner con la aprobación obtenida el jueves para la citada magistrada, en lo que representará un conflicto de poderes con final cantado: la Corte no va a revertir su decisión y la jueza no volverá a la Cámara de Casación. Como así tampoco el kirchnerismo quiso revertir su decisión de mantener a Figueroa en el temario de esa sesión. A nadie que conozca a los Kirchner podrá sorprender su actitud.

Sí se sorprendió Juntos por el Cambio cuando la votación para nombrar a la jueza terminó empatada. Estaban convencidos de que si el oficialismo avanzaba con la sesión era porque ya había solucionado todos los inconvenientes previos con cada senador en duda y tenía número para sesionar y aprobar los nombramientos. Así, se desentendieron un poco de alistar a la tropa propia, sin reparar en que les faltaba una senadora, de viaje en Alemania. Lo cierto es que para el 35-35 que terminó registrándose y habilitando el voto doble de quien presidía la sesión medió el retiro de una senadora misionera, aliada habitual del oficialismo y puntualmente kirchnerista: Magdalena Solari Quintana. Después se dijo que su retirada fue “táctica” -después de la votación regresó a participar del resto de la larga sesión-, una demostración de su jefe directo, Carlos Rovira, para marcar que su alineamiento político es hoy con Massa y no con Cristina, pero la sensación es la de que forzaron el empate para meterle ruido a Juntos por el Cambio por el faltazo de la senadora Lucila Crexell. Y lo lograron: la Coalición Cívica salió con los tapones de punta y en un comunicado expresó que “esa ausencia es efectivamente una falta a los valores institucionales que nuestro espacio representa y defiende”.

Todo lo que aporte para el internismo galopante en el seno de la principal oposición es bienvenido en el oficialismo.

Independientemente de esas vicisitudes, toda la expectativa estará puesta este domingo en el debate que se celebrará en Santiago del Estero entre los candidatos presidenciales. Allí, seguramente Bullrich le repetirá a Massa lo que acabamos de transmitir. Hará especial hincapié la candidata de JxC en el estado de la economía y la responsabilidad que le ocupa precisamente a Massa por ser quien está a cargo de la misma. Se preparó los últimos días para eso, a sabiendas también de que sus principales rivales harán mella en sus supuestas falencias en la economía. No por nada el ministro insiste en referirse a ella como “la ministra de Seguridad de Melconian”, a quien dicho sea de paso guardaron un poco luego de su gran exposición inicial para no opacar la figura de la candidata presidencial.

Como nunca hasta ahora, se espera esta vez que los debates puedan inclinar la balanza hacia algún espacio de la muy pareja contienda que revelaron las PASO. Y tendrán la particularidad de que, a diferencia de otros, habrá tres y no dos protagonistas principales. Dos de los cuales encenderán velas porque el tercero se descontrole. Y éste a su vez tendrá que resolver un dilema: ¿Se muestra mesurado, para dar una señal de gobernabilidad de sí mismo y aventar fantasmas; o se deja ganar por la ira para ser fiel a sí mismo y no defraudar a los seguidores que lo idolatran? Se verá.

Con la intención de avanzar con el dictamen sobre este tema -otro de los impulsados por el ministro/candidato Sergio Massa– fue convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda para el martes que viene a las 11 de la mañana. El proyecto a debatir es el enviado por el Poder Ejecutivo el pasado 22 de septiembre, por el cual se crea el Programa Compra sin IVA.

El tema comenzó a ser debatido este jueves 28 de septiembre, con la presencia del titular de la AFIP, Carlos Castagneto; el de Aduanas, Guillermo Michel, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini, quienes dieron detalles del proyecto que busca r educir la carga tributaria que recae, fundamentalmente, sobre los bienes de la Canasta Básica Alimentaria que adquieran las personas contempladas en la medida.

En ocasión de realizarse esa reunión informativa, el oficialismo se mostró dispuesto a escuchar sugerencias para hacer modificaciones, pero tal cual adelantó Germán Martínez, titular del bloque oficialista, era intención de ellos armar una nueva reunión para la próxima semana y, de ser posible, dictaminar ese día.

La idea del oficialismo sería incluir el tema en una próxima sesión, para la cual se está trabajando con fecha probable 10 de octubre.

El programa previsto en este proyecto está destinado a quienes perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, presidida por Carlos Heller (FdT), convocó a una reunión informativa para este jueves 28 de septiembre a las 11 y así dar inicio al debate del proyecto enviado por el ministro/candidato Sergio Massa sobre la creación del Programa “Compra Sin IVA”.

Fueron invitados el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; la subsecretaría de Ingresos Públicos, Claudia Ballestrini y el director general de Aduana de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Guillermo Michel.

El proyecto beneficiará a quienes  perciban jubilaciones, pensiones por fallecimiento o pensiones no contributivas, en todos los casos siempre que sus ingresos mensuales por dichos conceptos no excedan la suma de 6 haberes mínimos garantizados; los que perciben asignaciones universales por hijo para protección social; asignaciones por embarazo para protección social; el personal en relación de dependencia en la actividad privada o pública cuyos ingresos mensuales no superen la suma equivalente a 6 veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

También se contempla a aquellas personas trabajadoras comprendidas en el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares y los contribuyentes del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) que se encuentren encuadrados en cualquiera de sus categorías, excepto que obtengan determinado tipo de ingresos. Asimismo, se contempla la posibilidad de ampliar el listado de sujetos beneficiarios.

El programa dispone el reintegro de una proporción del monto de las operaciones que en carácter de consumidores finales abonen los sujetos definidos como beneficiarios por las compras de bienes muebles realizadas en ciertos comercios minoristas o mayoristas, siempre que el pago se realice mediante la utilización de tarjetas de débito asociadas a cuentas vinculadas a tales personas, tarjetas de crédito o tarjetas que operen bajo la modalidad de Pago Electrónico Inmediato (PEI) o débito en cuenta a través de la utilización de códigos de respuesta rápida (QR). También se incluyen las compras de bienes efectuadas en el marco de la “Tarjeta Alimentar”, o de las tarjetas emitidas a beneficiarias y beneficiarios del Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Local – “Potenciar Trabajo”.

Uno de los objetivos prioritarios del Estado Nacional es la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con el fin de lograr una reducción sostenida de la pobreza.

El proyecto establece como finalidad la de mejorar el ingreso disponible y consecuentemente la capacidad de compra de los sectores más vulnerables, quienes destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos.

El proyecto lleva las firmas del ministro Massa, como así también las del presidente Alberto Fernández y el jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y considera que los impuestos indirectos tienen un alto impacto en quienes destinan al consumo la mayor proporción de su ingreso. De ahí que la propuesta busque disminuir ese efecto, teniendo en cuenta que se trata de sectores de menores ingresos, atenuando claramente la regresividad del sistema.

“Es esencial que esta medida se complemente con una mayor transparencia y formalidad del sistema, previendo entonces la utilización de medios de pago como tarjetas de débito o crédito, así como la posibilidad de incorporar otras formas de pago”, señala el proyecto, que invita a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a estas políticas destinadas a impulsar el consumo y mejorar la capacidad de compra de los sectores más vulnerables.

El proyecto consta de 9 artículos y prevé como exclusiones para aquellas personas que estarían alcanzadas por el beneficio cuando se verifique que perciben otros ingresos que estén gravados en el impuesto a las Ganancias, o estén inscriptos en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) como trabajadores autónomos.

El reintegro mensual previsto en el programa no podrá superar el 21% del valor de la Canasta Básica Alimentaria.

La AFIP establecerá los mecanismos operativos necesarios para la instrumentación de la presente ley, y podrá condicionar el goce del beneficio en función de los ingresos, patrimonio u otros parámetros vinculados a la capacidad contributiva del beneficiario y/o su grupo familiar.

0018-PE-2023-1