La iniciativa crea un protocolo para su detección temprana y volvió de Diputados con modificaciones que fueron aceptadas por los senadores de la Comisión de Población y Desarrollo Humano.
Avanzó este miércoles en la Comisión de Población y Desarrollo Humano del Senado el proyecto de ley de la detección temprana del abuso sexual infantil, que tuvo media sanción de esa Cámara en 2021, y recientemente se aprobó también en Diputados, con modificaciones que lo hicieron volver al Senado. Los legisladores expresaron su deseo de que pueda ser tratado en la próxima sesión, para poder convertirlo en ley.
Al destacar la aceptación de las modificaciones introducidas en la Cámara baja, la titular de la comisión, María Belén Tapia (UCR-Santa Cruz), destacó que los asesores le habían dado el visto bueno a las mismas y consideró que “enriquecieron al proyecto”.
Previamente, la senadora Tapia recordó que esa iniciativa había sido presentada en 2019 por la entonces diputada nacional jujeña Alejandra Martínez y tuvo media sanción. Pero en 2020 no se pudo tratar, como consecuencia de los problemas que originó la pandemia. La santacruceña recordó que en 2021 lo volvieron a presentar y sobre el final del año le dieron media sanción. Detalló luego el peregrinar de ese proyecto en Diputados, donde fue girado a tres comisiones, y destacó el papel de sus comprovincianas Roxana Reyes (UCR) y Paola Vesvessian (FdT) para conseguir su tratamiento en el recinto.
Acto seguido detalló las modificaciones introducidas en la Cámara baja: agregaron una frase al artículo 1°; suprimieron en el artículo 2° la determinación de plazos y agregaron un inciso que hace referencia a la Ley Lucio; otro que refiere a la adaptación local; un inciso d sobre evaluación y monitoreo, y uno más sobre la adhesión de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires.
Presente en la reunión, la directora de Red por la Infancia, Paula Watcher, fue invitada a exponer y al hacerlo resaltó la importancia de ese proyecto teniendo en cuenta datos que aportó: una de cada cinco niñas y uno de cada 13 niños son víctimas de abuso antes de los 18 años. “Esto en nuestro país representa casi 3 millones de niños potencialmente víctimas -resaltó-. Esta ley es muy importante, porque en el 80% de los casos sucede en el entorno cercano del niño, donde tendría que estar más protegido”.
Destacó Watcher que el proyecto “viene a saldar una deuda de suma importancia; porque los protocolos brindan herramientas concretas para que cualquier adulto en contacto con niños pueda detectar lo que puede estar pasando en casa”. Agregó que “esta ley cubre una enorme vacancia normativa” y contó que “nos destacamos por tener muy buena normativa, pero hay vacancia en cómo esta normativa se traduce en herramientas de protección para los niños. Esta ley viene a cubrir esta vacancia”, dijo y abogó porque “no haya más demoras y pueda bajar al recinto”.
Tras ello se trató y también tuvo dictamen un proyecto de ley que instituye el 15 de septiembre de cada año como el “Día Nacional de la Adopción”. Se trata de un proyecto de la senadora de Unidad Ciudadana Eugenia Duré, trabajado en conjunto con la riojana Clara Vega. La senadora fueguina habló de 2.800 niños y adolescentes que están esperando ser adoptados en todo el país, y con esa iniciativa “queremos plantear un cambio de mirada; no tener pena por esos niños, sino incentivar a que los argentinos que quieran adoptar también tengan esas herramientas para hacerlo”.
“El 88% de las personas que se postulan para adoptar tiene un rango de aceptación de niños de hasta 2 años -detalló la senadora camporista-. Otro 18% aceptaría adoptar pibes un poco más grandes, hasta 8 años. Y luego un 1% de personas que quieren adoptar a pibes de hasta 12 años. Eso nos debería hacer repensar ese cambio de mirada y poner el foco en los niños, niñas y adolescentes”.
Tras abogar por “un Estado presente”, pidió al Estado “que se garantice la concientización en este proceso de adopción; la información sobre todo el registro de adopción; también difundir en los medios y motivar a las familias para que sepan cómo inscribirse en este registro único de aspirantes a la adopción”.
Intervino también la titular de Banca de la Mujer, María Eugenia Catalfamo, quien hizo un pedido especial a sus colegas legisladores y a los que vienen también, a favor de modificar la actual Ley de Adopción, que consideró que “es demasiado burocrática. Hay que trabajar en conjunto y coordinadamente para modificarla, porque la ley no funciona y queda en el medio de una trampa que deja a los chicos sin familia”.
También avanzaron durante la reunión de esta comisión un proyecto de ley de la senadora catamarqueña Lucía Corpacci, de acceso a la información en personas con discapacidad que manifiestan dificultades en la comunicación y el lenguaje verbal, y otro que incorpora el sistema Braille en el Poder Legislativo de la Nación, elaborado por otro catamarqueño, Guillermo Andrada.
El proyecto fue aprobado en diciembre de 2021 y si no lo llevan al recinto perderá estado parlamentario a fin de año. Será tratado en una reunión conjunta este martes.
Un plenario de las comisiones de Familias, Niñez y Juventudes y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales de Diputados, a cargo de Roxana Reyes y Jorge Vara respectivamente, se reunirá para debatir sobre un proyecto que busca prevenir el abuso sexual infantil.
El encuentro está agendado para este martes a las 12 en el 2° piso del Anexo “C” de la Cámara baja. Si le dan dictamen, deberá después pasar por Presupuesto y Hacienda.
El jueves pasado, la directora Ejecutiva de la Red por la Infancia, Paula Wachter, brindó un informe ante la Bicameral del Niño sobre los estándares internacionales en materia legislativa y de políticas públicas de prevención y abordaje del abuso sexual en la infancia y enfatizó que “400 millones de niñas, niños y adolescentes son potencialmente víctimas de abuso y explotación sexual a nivel mundial”.
La iniciativa cuenta con media sanción del Senado desde el 10 de diciembre de 2021 y apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
Impulsada por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), el texto establece que “toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes, homologado ante la autoridad de protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que corresponda”.
En ese sentido, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, adoptará las siguientes medidas: establecer los requisitos mínimos de los protocolos; determinar el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido; poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
También, brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control; y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Además, se indica que el protocolo “deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño”.
La iniciativa, encabezada por el diputado neuquino Francisco Sánchez, recibió el respaldo de madres de víctimas.
Se presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal, con el objetivo de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual infantil.
La iniciativa es impulsada por diputados del Pro, encabezados por el neuquino Francisco Sánchez, y recibió el respaldo de representantes de distintas asociaciones que nuclean a madres de víctimas.
Sánchez explicó que se busca “dar una respuesta a las víctimas del abuso sexual infantil y a sus familias, ante actos aberrantes e inexcusables a los que los niños y jóvenes menores de edad se ven sometidos, cuyos efectos en cuanto al daño físico y psicológico causado se proyecta en casi todos los casos, a lo largo de todas sus vidas”.
Los delitos que se contemplan para la suspensión de la prescripción son el abuso sexual de menores o en el marco de una relación de poder o con ejercicio de violencia (art. 119 CP); conductas previstas en el art. 119 cuando se dirijan contra menores de 16 años (art. 120 CP); corrupción de menores (art. 125 CP); prostitución de personas (art. 125 bis CP); y pornografía infantil (art. 128 CP).
También, las exhibiciones obscenas (art. 129 – in fine – CP); la sustracción o retención de menores con fines de menoscabar su integridad sexual (art. 130 -párrafos segundo y tercero- CP); el acoso sexual a menores por parte de un adulto a través de medios digitales -grooming- (art. 131 CP); la trata de personas con fines de explotación sexual (art. 145 bis CP); y los supuestos agravados de trata de personas del Código Penal (art. 145 ter CP).
Según el programa “Las Víctimas Contra Las Violencias”, dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, las estadísticas muestran que en el período octubre 2019-septiembre 2020 se registró un aumento del 48% de llamadas a la línea 137 con respecto al período anterior.
Asimismo, un 58,2% de niños fueron víctimas violencia física y psicológica y el rango etario en el que más se ejerció fue el de 12 a 17 años. Por otro lado, el total de actos de violencia en entornos digitales aumentó un 148,2% interanual; la utilización de menores en pornografía aumentó un 522,5%; mientras que el grooming, un 124%. Y comparando el período del ASPO (del 20 de marzo al 30 de septiembre 2020), el incremento total respecto al mismo período del 2019 asciende al 195,3%.
El despacho avanzó con las firmas del oficialismo, mientras que la oposición criticó la letra de la media sanción del Senado y aseguró que “no tiene perspectiva de género”. Avanzó otra iniciativa sobre abuso sexual infantil.
Sin lograr acuerdo en torno al tema, avanzó este viernes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto -con media sanción del Senado- que aumenta las penas para la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas.
El despacho de mayoría alcanzó 13 firmas del Frente de Todos, mientras que 7 legisladores de Juntos por el Cambio y la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño votaron a favor de un dictamen de minoría, impulsado por la cívica Marcela Campagnoli.
Al comienzo de la reunión, Carolina Gaillard (FdT), presidenta de la comisión, informó que en asesores se había avanzado con un dictamen único que reunía varias propuestas de diferentes bloques, pero “es importante avanzar en esta media sanción que ya sacó el Senado sobre el tema”. “Es un proyecto perfectible”, admitió, sin embargo dijo que esa era la decisión del oficialismo.
En defensa de la iniciativa, el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) consideró que “es una figura que urge que tengamos que legislar” y “no lo podemos dejar pasar por alto”. “Debemos compartir la aprobación de esta media sanción del Senado”, agregó y opinó que “todo el andamiaje jurídico de nuestro país debe tener una perspectiva de género”.
Muy crítica, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) dijo que “basta leer el proyecto para darse cuenta de que lamentablemente la media sanción que envía el Senado debería completarse con los aportes que le hacemos los diputados”.
En ese sentido, valoró la redacción elaborada en asesores y lamentó que se va a “perder la oportunidad” de “legislar en torno a la materia”, porque “el bloque oficialista se obceca de no hacer las correcciones”.
“Creo que estamos en condiciones de hacerle un aporte valioso y darle realmente una perspectiva de género, es muy lamentable que no lo hagamos”, reiteró y afirmó que la iniciativa posee “una falencia muy grande: no tiene perspectiva de género”.
También en contra de la media sanción, la diputada Gabriela Burgos (UCR) recordó que el tema se había trabajado en 2016, alcanzando una media sanción, que finalmente no se aprobó. Luego vino una media sanción del Senado, que “tenía graves defectos” y “perdió estado parlamentario porque no se tomaron las modificaciones”.
Al igual que Camaño, la jujeña señaló que el texto “no habla de la cuestión de género” y advirtió sobre “aprobar algo que no va a resolver la problemática”. Por eso, pidió un cuarto intermedio para la semana próxima avanzar con un dictamen con cambios ya que es “un tema que nos preocupa a todos”. Finalmente no prosperó.
De hecho, reveló las observaciones hacia el proyecto por parte de Daniela Dupuy, fiscal penal especializada en delitos informáticos de la Ciudad, a quien recomendó que “sería más que interesante escucharla”. “No porque venga del Senado significa que la tenemos que aprobar, tiene graves errores”, insistió la radical y abogó por un dictamen con unanimidad y “de consenso; que sea coherente y tenga una verdadera perspectiva de género”.
Por su parte, el mendocino Luis Petri (UCR) alertó que “de no legislarse correctamente podríamos dejar de abarcar en el tipo situaciones que necesariamente tienen que ser comprendidas y contempladas”. “Este proyecto no tiene perspectiva de género”, coincidió con sus pares y se preguntó qué sucederá en el caso de los menores de edad, a quienes “no los va a contemplar el artículo 128” sobre pornografía infantil, cuando se trate de este tipo de imágenes.
“Es muy malo el proyecto del Senado”, enfatizó la legisladora Marcela Campagnoli (CC-ARI), que señaló que “no es menor que podamos garantizar el acceso a la justicia de las mujeres; no es menor que podamos consensuar en esto”. “Estamos perdiendo una oportunidad. No es bueno sacar una mala ley”, agregó.
En igual sentido, la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien no integra la comisión pero tenía un proyecto al respecto, expresó que “se había hecho un esfuerzo para alcanzar un dictamen consensuado que corregía la media sanción”. “Lamento muchísimo que este tema no vuelva a asesores”, añadió y apuntó que la media sanción “excluye absolutamente la mirada central de la mujer como víctima”, por lo cual “esta modificación no tiene perspectiva de género”.
La oficialista Gaillard volvió a decir que el proyecto era “perfectible”, pero manifestó “el compromiso de seguir trabajando sobre los proyectos que existen” para “tener un abordaje integral” sobre la temática. Al finalizar la reunión, finalmente se avanzó con la firma de la iniciativa, obteniendo el oficialismo el dictamen de mayoría.
Qué dice la media sanción del Senado
El proyecto plantea modificar el artículo 155 del Código Penal, de modo de aumentar las penas de multa de 10 mil a 100 mil pesos -actualmente van de 1.500 a 100 mil pesos- para “el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente” y “el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”. Y agrega que la misma pena corresponderá a “quien facilitare esa publicación”.
El texto introduce a ese artículo “la pena de prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa” para quien “por cualquier medio, y sin expresa autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima”.
“Cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento, la pena prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”, estipula la iniciativa.
Además, incluye una modificación al artículo 169, de modo de incorporar como supuesto del delito de extorsión la amenaza de difundir “documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secreto”, con una pena de prisión o reclusión de tres a ocho años.
Proyecto sobre encubrimiento al delito de abuso sexual infantil
En la reunión también avanzó un proyecto de ley del rionegrino Martín Soria (FdT), que propone modificar el artículo 277 del Código Penal de manera de eliminar la eximición de la responsabilidad en el delito de encubrimiento en el caso de abuso sexual infantil.
El dictamen de mayoría obtuvo las 15 firmas del Frente de Todos y de la diputada Graciela Camaño, mientras que 8 legisladores de Juntos por el Cambio suscribieron un dictamen de minoría, por diferencias con la redacción.
Soria precisó que, según datos de la Organización Mundial de Salud, “una de cada cinco niñas es abusada antes de los 18 años; y uno de cada 13 niños es abusado sexualmente antes de los 18 años”. “El 75% de los casos de abuso de niñas y niños se da dentro del propio seno familiar”, resaltó, con lo cual esta iniciativa “busca fomentar la colaboración de aquellos potenciales testigos dentro del seno familiar para impedir que se sigan cometiendo este tipo de delitos”.
Un dato saliente de la iniciativa es que no cargará con pena cuando “la autora del encubrimiento fuese una mujer que haya actuado en el marco de un contexto de violencia de género por parte del autor del delito”.
Una diputada busca reducir los casos de abuso infantil durante el aislamiento por el Covid19.
Desde el Congreso de la Nación reflejaron su preocupación sobre cómo se pueden llegar a multiplicar los casos de abuso infantil en el marco de la cuarentena obligatoria dispuesta por el Gobierno nacional en todo el país. Por ello, desde el bloque de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto de ley para impulsar en todo el país una fuerte campaña de concientización y prevención del abuso sexual Infantil intrafamiliar.
El objetivo es la concientización y prevención del abuso sexual infantil intrafamiliar, en el marco del aislamiento social preventivo obligatorio a causa de la pandemia mundial de coronavirus, Covid-19. La iniciativa busca de garantizar el correcto cumplimiento de la Ley 26.061/05 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
“Es evidente que este proceso de aislamiento es propenso a incrementar el riesgo y los delitos contra los niños y niñas en sus propios hogares, permaneciendo allí más tiempo de lo frecuente. Aquí radica la importancia y urgencia de este proyecto”, sostuvo la diputada nacional y autora del proyecto, Camila Crescimbeni.
La autoridad de aplicación será el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, desde donde se arbitrarán los medios necesarios para elaborar políticas en ese sentido y coordinarán las acciones entre los municipios y las provincias. A la vez, la campaña tendrá la misma duración que la declaración de la pandemia por el Covid-19, y podrá ser prorrogada en caso de detectar la necesidad de hacerlo.
El proyecto apunta a la necesidad de generar una campaña que contemple mayor difusión de las herramientas estatales que se encuentran disponibles para prevenir, asesorar y acompañar a la ciudadanía, principalmente a los niños, niñas y adolescentes.
“Cuando se habla de abuso infantil, nos estamos refiriendo a una de las peores violencias contra la niñez existentes, donde los niños y niñas sufren un daño irreparable a su integridad física, psíquica y moral”, remarcó la legisladora.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 mujeres y 1 de cada 13 hombres adultos declararon haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Por su parte, las estadísticas nacionales indican que la mitad de las víctimas viven con los agresores y es el hogar el lugar donde ocurren estos delitos. Asimismo es relevante resaltar que en el 75% de los casos el agresor es un familiar o un integrante del grupo familiar.
