El oficialismo avanzó con la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara baja. También recibió despacho el proyecto para ratificar el acuerdo de inversión y desarrollo de Tierra del Fuego.
El oficialismo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, presidida por el riojano Ricardo Guerra (FNyP-FdT), avanzó este miércoles con otra de las leyes promovidas en medio de la campaña electoral por el ministro/candidato Sergio Massa. Se trata de la iniciativa que contiene una serie de beneficios impositivos para aquellos que contraten nuevos empleados -sobre todo jóvenes-, al tiempo que plantea un capítulo sobre blanqueo laboral.
Al igual que sucedió en la Cámara baja, Juntos por el Cambio no firmó el dictamen, pero tampoco la rechazó. Es más, los legisladores recordaron proyectos similares que presentaron anteriormente sobre el tema y cuestionaron que el FdT nunca los puso en debate.
En el arranque, Guerra señaló que “sin dudas es un proyecto de ley importante” con el objeto de “fomentar con un criterio federal el empleo, la inclusión de los jóvenes y la transformación de programas sociales”. “Es lógico y natural que cuando se atraviesan crisis, en las cuales las economías empiezan a despedir empleo, un Estado activo participe a través de programas para sostener el empleo y los ingresos de las familias. Ahora, cuando la economía vuelve a crecer, es necesario que esas personas que han sido sostenidas de alguna manera comiencen a volver al empleo formal”, dijo sobre la reconversión de los planes sociales que se prevé.
A su turno, el salteño Juan Carlos Romero (CF-JxC) cuestionó que él tenía un proyecto sobre fomento del empleo que “nunca lo trató el oficialismo”. “La idea no es mala”, afirmó sobre la iniciativa con media sanción, pero observó que “hay muchísimas obligaciones para el empleador”.
Además, consideró que debería incluirse que “aquel que haya rechazado o no haya durado en el trabajo más de un período, seis meses o un año, pierda el beneficio” del plan, “porque quiere decir que tiene algún comportamiento endémico de no querer trabajar, que es una costumbre que se ha hecho carne en nuestro país, con 20 años de planes y planes”, apuntó. Para Romero, “va a ser muy difícil la aplicación porque no hay atractivo para las empresas de tomar más gente, por la inflación y la recesión”. “Si bien es buena, es bastante incompleta”, agregó.
Por su parte, el vicepresidente de la comisión, el chaqueño Víctor Zimmermann (UCR-JxC), resaltó que “las empresas chicas, un panadero, un carnicero, son los que tienen el mayor nivel de endeudamiento y marginalidad, y creo que podrían flexibilizarse algunas cuestiones” en la iniciativa. “El blanqueo es el principal problema de este proyecto”, advirtió y consideró que se debería “tener algún tipo de información para saber cómo se distribuye en Argentina el mapa de las deudas previsionales y las sanciones laborales, porque ese es un requisito muy exigente”. “Mucha gente no va a poder blanquear su personal, porque ese requisito es una traba muy importante para las pequeñas y medianas empresas”, explicó el radical.
A favor del proyecto, el puntano Adolfo Rodríguez Saá (FNyP-FdT) recordó que a los peronistas “nos enseñaron que gobernar es crear trabajo”, y esta iniciativa “tiende a crear trabajo, principalmente para los jóvenes y las PyMEs que son un motor esencial”. “Está orientado correctamente”, insistió y valoró que “es suficientemente abarcativo y justifica tratarlo con la premura que se propone”. También dijo que “gobernar es poblar” y, en ese sentido, “esta ley puede ser muy interesante a que ese hecho triste y lamentable, que es que muchos chicos se vayan del país, los atraiga y los podamos tener en el seno de nuestras familias y nuestra economía”.
Otro de los que habló en el debate fue el rionegrino Martín Doñate (UC-FdT), quien opinó que ante “lo demorado de este tipo de normativas, la necesidad en el contexto de crisis que tenemos y lo amplio que es el proyecto, es un primer y gran paso el que estamos dando en la comisión”. Para el legislador, servirá a “muchos trabajadores que tienen un plan social y ya están trabajando, y no se animan a terminar de registrarse por el temor de perder el plan y perder también poder adquisitivo familiar”.
“Este proyecto, junto a la devolución del IVA y la baja en el impuesto a las Ganancias, son tres grandes medidas que incluyen esta idea de motorizar la economía, de la movilidad social ascendente, de propuestas progresistas”, expresó el camporista.
Doñate detalló que “en las empresas de hasta cinco trabajadores, hay algo menos de 75% de informalidad; en las empresas entre seis y 40 trabajadores, hay un promedio de un 35%; en las empresas entre 41 y 100 trabajadores, un 15% de informalidad; y en las de más de 100 trabajadores, un 12%”. “El impacto de este proyecto de ley apunta a las MiPyMEs, que están tratando de salir adelante, que son generadoras de trabajo y que muchas veces por los costos laborales les cuesta formalizar a sus trabajadores”, completó.
Desde la vereda de enfrente, la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (Pro-JxC) manifestó: “Me encanta que los senadores del bloque oficialista hablen de los pesados costos laborales, yo creo que eso es hablar de los problemas que tiene la generación de trabajo hoy”. “Nosotros tenemos como Estado nacional un comportamiento raro, porque decimos que queremos que crezca el empleo formal, pero tenemos pesadas cargas impositivas”, cuestionó.
La opositora aseveró que “los planes han constituido no una solución, sino una traba importante, que no nos permite resolver el problema. Y en vez de ser un piso, de alguna manera se han constituido en un techo”. “Nuestros jóvenes ni siquiera desean un trabajo formal, porque no saben los beneficios que tiene. Tenemos que comunicar los beneficios que significa”, enfatizó.
Puntos principales del proyecto
El proyecto del Poder Ejecutivo, con media sanción de Diputados, plantea una reducción del 100% de las contribuciones patronales por dos años para aquellas pequeñas y medianas empresas que contraten jóvenes de entre 18 y 25 años. También para el caso de emplear a personas que no reciben planes sociales y a las que sí.
Para el resto de las empresas (grandes) el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.
Pero además de la reducción total de las cargas sociales para las nuevas relaciones laborales, la iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales.
En este sentido, por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART.
El trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios). También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.
De acuerdo a esto, la empresa “podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberado de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.
A su vez, el trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.
Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.
Acuerdo para la Promoción y Desarrollo de Tierra del Fuego
En la reunión también se dictaminó a favor de un proyecto de ley, con media sanción de la Cámara baja desde julio de 2022, por el cual se aprueba el “Nuevo Acuerdo para promover la Inversión y el Desarrollo de Tierra del Fuego”, suscripto el 26 de noviembre de 2021 entre el Estado Nacional y la provincia.
Guerra señaló que se trata de la conformación de un nuevo fideicomiso para financiar obras de infraestructura y defendió que “fijar políticas promocionales” es necesario “en un país donde existen marcadas asimetrías”. “Este tema de promoción hacia una provincia austral tiene una larga historia”, afirmó luego de enumerar distintos convenios y acuerdos firmados desde 2001.
La senadora fueguina María Eugenia Duré (UC-FdT) explicó que este fideicomiso será para “financiar obras viales, que son sumamente necesarias tanto para la ciudad de Ushuaia, Río Grande y también Tolhuin”. Entre ellas, mencionó la ampliación de la central termoeléctrica de Ushuaia y Tolhuin; el Hospital Regional de Ushuaia; y un nuevo acueducto y cisterna en Río Grande.
En tanto, el senador fueguino Pablo Blanco (UCR-JxC) agradeció que el tema se ponga en tratamiento. “Este fideicomiso es la continuación de un viejo anhelo de la provincia de Tierra del Fuego. Siempre se trató de que la Nación, independientemente de cual fuera el gobierno, le reconociera a la provincia parte de las regalías de la explotación costa afuera”, sostuvo.
El radical comentó que “es una manera interesante de poder llevar adelante una serie de obras que son esenciales para el desarrollo de la provincia más joven del país, y la más grande, más allá del tamaño”. “Muchas veces se la critica a la provincia de Tierra del Fuego teniendo en cuenta la matemática, porque para muchos parece ser que la soberanía tiene un costo, pero para nosotros, los que habitamos en Tierra del Fuego, los beneficios que reciba nuestra provincia no hace más que garantizar la soberanía”, remarcó.
Kelly Olmos y José Ignacio de Mendiguren fueron los principales expositores. También, fueron dictaminados dos proyectos más.
La Comisión de Presupuesto y Hacienda, presidida por Carlos Heller (FdT), se reunió este miércoles para avanzar con el proyecto que impulsó el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, que busca la creación del Programa de Generación y Fortalecimiento del Empleo Argentino “Empleo Mipyme”. Juntos por el Cambio tiene hasta el lunes a las 11 para presentar el dictamen de minoría con 17 iniciativas unificadas.
La reunión contó con la presencia y las exposiciones de Raquel “Kelly” Olmos, ministra de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social; Mara Ruíz Malec, directora general de los Recursos de la Seguridad Social de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP); Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos; y José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo.
En el inicio de la reunión, el diputado nacional Sergio Palazzo fue ratificado como vicepresidente de la comisión tras una licencia. Además, fueron aprobados dos proyectos más respecto a la creación del Programa Argentina Inclusiva para la formación permanente de los empleados y funcionarios públicos en el trato adecuado a personas con discapacidad; y la transferencia a título gratuito de una chacra del Estado nacional a la Municipalidad de Viedma en Rio Negro que llegó con media sanción del Senado.
En el medio de la reunión, el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, le confirmó a la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) que JxC obtuvo una prórroga hasta el lunes 18 a las 11.00 para presentar el dictamen de minoría con la unificación de los 17 proyectos presentados por la oposición durante los últimos 4 años.
La primera expositora y quien se encargó de disipar las dudas respecto a la iniciativa -mayoritariamente de los diputados de la oposición- fue la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos, quien afirmó que “tiene 3 objetivos que son fomentar la contratación formal de jóvenes, formalizar el trabajo en negro y contratar a beneficiarios de planes sociales”.
“En los últimos 3 años, el sistema laboral en relación de dependencia lleva 35 meses consecutivos de creación de empleos formal en el sector privado y más 590.000 personas accedieron a un trabajo asalariado en empresas privadas, pero la tasa de empleo no registrado sigue siendo muy elevada”, advirtió la funcionaria.
Del mismo modo, informó: “Hay un 32 por ciento de informalidad en el empleo privado que tiene a las microempresas de hasta cinco trabajadores con un 75 por ciento de informalidad; las de 6 a 40 empleados, un 35 por ciento; las de 41 y 100, la informalidad asciende solo a 15; y donde hay más de 100, solo el 12 por ciento”.
Del mismo modo, planteó que hay una antigüedad en la informalidad de esas empresas ya consagrada: “en empresas de hasta 5 trabajadores, con un año de antigüedad hay un 63 por ciento de trabajadores no registrados; las de 6 a 40, el 58 por ciento; y las de más de 50 trabajadores, en un 55 por ciento”.
A su vez, recordó que con la Ley de Blanqueo del 2008 se redujeron las cargas patronales e impactó en la eficacia del ingreso al trabajo. En consecuente, explicó que “hubo más de 97.000 fiscalizaciones y 193.000 empleados analizados. 69.000 trabajadores estaban no registrados. Más del 40 por ciento no declarados”. “llevamos un registro de empleadores sancionados”, agregó.
En el final de su intervención, además de remarcar los beneficios que los empleadores recibirán en caso de cumplir con la incorporación de trabajadores jóvenes y beneficiarios de planes sociales, aclaró que “esos beneficios se extinguirán cuando reincida en tener personal no declarado o no registrado”.
A su turno, Claudia Balestrini expresó que “el objetivo claro está asociado a una política pública de incorporar trabajadores, debe tener un gradualismo y controlar el impacto”, pero agregó que “origina un gasto tributario que sea controlado para la efectividad de la política implementada”.
En relación al régimen de contrataciones vinculadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), detalló: “El universo de las Micro, Medianas y Pequeñas empresas y organizaciones sin fines de lucro tendrán 100% de reducción en las cargas patronales, mientras que las demás empresas, un 50 los primeros 12 meses, y un 25 los 12 restantes”.
“Todos los universos que contraten personal que sea beneficiario de planes sociales tendrá un 100 por ciento en las reducciones, pero deberán ser capacitados para que accedan a puestos de trabajo más calificados”, aseveró.
Luego, Mara Ruíz Malec repasó que “tenemos antecedentes de programas similares” y que “no se va a dejar de lado la fiscalización”. “Realizamos un trabajo integrado con AFIP porque la informalidad laboral se encuentra concentrada”.
Tras un retraso del secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, los diputados nacionales Martín Tetaz (Evolución Radical) y Lisandro Nieri (UCR) consultaron sobre “la evidencia científica que hay de que esto funcione” y respecto a “la diferenciación sobre quienes cobran planes sociales”.
Rápidamente, la ministra Olmos respondió que “mostramos como en el 2008 la reducción de cargas, en ese caso, duplicó el efecto que se tiene cuando no hay beneficios”, y agregó: “Promovemos un puente para beneficiarios de programas sociales para que se reconviertan en trabajadores”.
Entre risas e ironías, José Ignacio de Mendiguren se hizo presente en la reunión y expresó que “esta medida que estamos debatiendo es porque queremos mantener el nivel de actividad y poner a la pequeña y mediana empresas con instrumentos para actuar en situaciones difíciles”.
“Este proyecto tiene la finalidad de llegar de forma rápida a la pequeña y mediana empresa para que siga manteniendo el nivel de empleo y el gobierno siga recaudando”, señaló el funcionario y exdiputado nacional.
Del lado de la oposición, la diputada nacional Germana Figueroa Casas (Pro) manifestó: “Me interesó lo del estudio del 2023 y quiero saber el motivo de porque la gente no regulariza porque nos está sonando una alarma por el crecimiento de la informalidad”
Mara Ruíz Malec contestó: “La tasa de no registro había aumentado y comenzó a reducirse desde las medidas a favor de proteger al trabajador”, y Olmos añadió: “Tenemos evidencia empírica de que este mecanismo favorece las nuevas contrataciones”.
Antes del final, la diputada nacional María Dolores Martínez (Evolución Radical) cuestionó que “hace cuatro años que venimos presentando este tipo de proyectos”. “La generación de empleo registrado es uno de los problemas mas graves de la Argentina”, enfatizó.
“Hay más de 17 proyectos que nunca se quisieron tratar y se acordaron repentinamente sobre el empleo registrado, pero nunca tuvieron en cuenta los proyectos que planteó Juntos por el Cambio”, criticó la legisladora radical quien añadió que “lamento que sea en un contexto electoral, pero vamos a impulsar en un dictamen de minoría todos los demás proyectos”.
El titular de la reunión Carlos Heller le contestó a Martínez: “Usted dice que yo ignoraba, pero después viene y me agradece por el plazo que puse para unificar los proyectos”. “No corresponde su reproche”, resolvió el diputado del FdT.
Finalmente, Heller dio por terminada la reunión, anunció los tres dictámenes sobre las iniciativas tratadas y anunció que JxC tiene hasta el lunes a las 11 para presentar el dictamen de minoría sobre el empleo pyme. Asimismo, recordó que esta comisión se reúne este jueves para empezar el debate sobre la eliminación del Impuesto a las Ganancias impulsado por Sergio Massa.
La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100 por ciento para PyMEs en los casos de contratar a una persona que no cobre planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.
Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador.
Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.
Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.
El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.
De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).
También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.
De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.
El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.
El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.
Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.
La iniciativa fue anunciada esta semana por el ministro/candidato oficialista y presentada formalmente este miércoles. El 13 de septiembre será discutida en comisión.
Con la presencia de funcionarios y la intención oficial de proceder a la firma del dictamen ese mismo día, fue convocada una reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja para el próximo miércoles, que contará con la presencia de numerosos funcionarios invitados, para tratar el proyecto de Sergio Massa conocido como “Emplea PyME”.
Será este miércoles 13 de septiembre a partir de las 15.30, con la presencia de la ministra de Trabajo Raquel “Kelly” Olmos; el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto; el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio De Mendiguren, y la subsecretaria de Ingresos Públicos, Claudia Balestrini.
El dato saliente es que, según adelantó este viernes el titular de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller, por Diputados TV, la intención es dictaminar ese mismo día.
La intención es dejar listo el proyecto para ser tratado en el recinto; la pregunta es si podrán incluirlo para la sesión que se prepara para el 19 de septiembre.
El proyecto del ministro de Economía viene teniendo un raudo trámite, con tono de campaña. Fue anunciado el lunes pasado por Sergio Massa durante la reunión para juntar fondos para la campaña; detallado el miércoles durante una entrevista que concedió a C5N, y presentado formalmente al día siguiente.
La iniciativa contempla una reducción de las contribuciones patronales del 100% para PyMEs en los casos de contratar a alguien que no percibe planes sociales, a alguien que sí y a un joven entre 18 y 25 años que acceda al mercado laboral por primera vez.
Tiene dos beneficios: el primero, consiste en una reducción de contribuciones patronales para las relaciones laborales que se inicien a partir de la entrada en vigencia del presente, siempre que incrementen la nómina laboral de cada empleador. Por otra parte, se otorgan beneficios a aquellos empleadores que conviertan, de manera gradual, a los Planes, Programas Sociales y Prestaciones de la Seguridad Social en trabajo formal que respeten un criterio de representatividad federal, o bien generen oportunidades de acceso al mercado laboral, incluyendo a los y las jóvenes que ingresen a este por primera vez.
Para el resto de las empresas el alivio será también del 100% para el caso de que contraten beneficiarios de planes y jóvenes, mientras que en el caso de emplear a quien no percibe un plan la reducción será del 50% los primeros 12 meses y 25% el siguiente año.
El proyecto contempla también un esquema de regularización de situaciones laborales no registradas. Por ejemplo, se permite el goce de ciertos beneficios para regularizar relaciones laborales iniciadas con anterioridad al día de publicación de esta norma.
De esta manera, el régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La iniciativa establece cómo será en el caso de que se empleen a beneficiarios de planes sociales. Por 12 meses el trabajador podrá mantener el plan social como complemento al salario. Además, deberá acceder a la obra social y ART. Asimismo, el trabajador que participe del programa “Emplea PyME” tendrá que capacitarse y completar cursos de formación (oficios).
También, podrán acceder al programa los trabajadores de cooperativas municipales y de organizaciones sociales.
Con el objetivo de incrementar el trabajo formal, se propone “un esquema de protección y regularización de situaciones laborales precarias”, para que las PyMEs regularicen relaciones laborales vigentes del sector privado iniciadas con anterioridad a la fecha en que se promulgue la ley.
De acuerdo con esto, la empresa podrá rectificar la real remuneración o la real fecha de inicio de la relación laboral” con los siguientes beneficios: queda liberada de sanciones penales y reduce conflictos judiciales; puede subsanar la baja del registro de empleadores con sanciones laborales (REPSAL); accede a condonación de deuda por capital, intereses y multas por los trabajadores que regularicen.
El régimen comprende a los empleadores y empleadoras que encuadren y se encuentren inscriptos como Micro, Pequeñas o Medianas Empresas, según los términos del artículo 2° de la Ley N° 24.467 y sus modificatorias y demás normas complementarias o entidades sin fines de lucro cuyo objeto exclusivo sea la prestación de servicios sociales gratuitos, debiendo regularizarse las relaciones laborales dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la ley en trámite.
La regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los 90 días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la Reglamentación de la presente ley.
El trabajador no perderá aportes, pues el Estado le computará los aportes no ingresados por los empleadores por hasta 60 meses.
Para el caso de ambos beneficios, las PyMEs no podrán reducir la nómina laboral y no podrán tener ningún trabajador no registrado.
