Tras la difusión de los chats que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido en el que participaron miembros de la Justicia y funcionarios macristas, los legisladores del Frente de Todos (FdT) convocaron a una movilización para este jueves en la cual exigirán que se avance con el pedido de juicio político contra el ministro de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y el fiscal general Juan Bautista Mahiques.

La bancada conducida por Claudio Ferreño (FdT) lanzó la convocatoria para este jueves a las 17 a través de las redes sociales e indicó que marcharán desde el Ministerio Público Fiscal hasta el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad.

Cabe recordar que días atrás ese mismo bloque presentó dos proyectos en los que pidieron “formar causa por comisión del delito y mal desempeño de sus funciones contra el fiscal general Juan Bautista Mahiques y el ministro de Seguridad de la Ciudad, Marcelo D’Alessandro, según el procedimiento del juicio político previsto por los Arts. 92 a 94 de la Constitución de la Ciudad”.

“A los efectos de cumplimentar lo establecido en el artículo precedente, convócase a la Sala Acusadora para el día 07/12/2022 a las 12:00 horas, para la designación de su presidencia y los miembros de la Comisión Investigadora prevista en el artículo 94 de la Constitución de la Ciudad. La Sala Acusadora, sesionará en el recinto de sesiones de esta Legislatura debiendo la vicepresidencia primera proveer de todos los elementos necesarios para su funcionamiento”, sostuvieron.

Al mismo tiempo que plantearon en los fundamentos de la iniciativa que “los chats de ‘Operación Pagina12’, confirman un entramado de jueces, fiscales, ministros y dueños de medios de comunicación dando verdadera dimensión de lo que significa el ‘lawfare’ en la República Argentina, con una mesa judicial operando en la ciudad de Buenos Aires. Cruces de mensajes criticando dirigentes, incentivando fraguar pruebas, armado de causas, detenciones arbitrarias, promesa de ‘hacer cagar’ a funcionarios nacionales, etc., son solo parte de algunas de las líneas que dejaron transcender los chats del autodenominado ‘Grupo Huemul’”.

Tras la filtración de los chats que dan cuenta de un viaje a Lago Escondido en el que participaron funcionarios relacionados al macrismo y miembros de la justicia, el diputado del Partido Obrero (PO) Gabriel Solano para que el ministro de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, y al fiscal general, Juan Bautista Mahiques, sean interpelados en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos de la iniciativa, el legislador explicó que “la ve intentando urdir una maniobra para ocultar, incluso mediante la tentativa de utilizar métodos mafiosos, el propósito de un cónclave que los congregó hace poco en la propiedad del magnate británico Joe Lewis, ubicada cerca de Lago Escondido, puso de manifiesto el altísimo grado de podredumbre del régimen político argentino” y recordó que ”en octubre se reunieron el juez Julián Ercolini; el juez de Casación y exministro de Justicia de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, Carlos Mahiques; Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de CABA; los jueces Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; Marcelo D’Alessandro, ministro de Justicia y Seguridad de Larreta; Tomas Reinke, empresario especialista en campañas digitales; el exjefe de Legales de la Side, Leo Bergroth; y elementos de peso del medio Clarín. Se trata de personalidades vinculadas al macrismo”.

Asimismo precisó que “luego de que esto trascendiera, Carlos Mahiques se contactó con la fiscal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para simular una investigación del hecho que dé lugar a un futuro posible sobreseimiento. Etchepare forma parte del elenco que protagoniza la persecución contra la lucha de la comunidad mapuche. Ercolini, por su parte, es el juez que decidió levantar el secreto fiscal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo” e insistió en que “el Gobierno del Frente de Todos está utilizando el escándalo para reforzar la idea de que Cristina Fernández de Kirchner es solamente una perseguida política, y no la responsable de la edificación de un entramado de corrupción de grandes magnitudes. Todo esto ocurrió en el preludio del juicio contra la vice”.

Sobre esa misma línea, Solano rememoró que “Alberto Fernández pidió en cadena nacional que el ministro de Justicia se presente ante el Ministerio Público Fiscal para que se investigue penalmente los hechos, en especial el financiamiento del viaje; avanzar en la realización de una pesquisa sobre ‘la conducta’ de los magistrados federales; que los legisladores porteños del Frente de Todos promuevan, ‘sí amerita’, un juicio político a los funcionarios de la Ciudad involucrados; y que el Congreso nacional trate los proyectos de reforma judicial pendientes” y destacó que “los motivos de la reunión no están claros, pero la fecha de su realización coincidió con el momento en el que el gobierno nacional desenvolvía una represión de características brutales contra los mapuches, en beneficio de elementos como Lewis”.

Además informó que “Lewis ha obtenido la estancia en la cual se desarrolló la reunión sobre la base de la expulsión de los pueblos originarios y de negociados espurios con el Estado. La ley nacional vigente no permite que un extranjero posea tierras cerca de la frontera. Sin embargo, todos los gobiernos han permitido que el magnate tenga su mansión en la región” y destacó que “el empresario es dueño del Tottenham Hotspur, el club de la liga inglesa de fútbol; es el único proveedor de energía de El Bolsón, algo que realiza mediante la empresa Patagonia Energía; y tiene acciones en importantes grupos capitalistas como Pampa Energía, de Marcelo Mindlin. Es un reconocido evasor fiscal, estuvo en la lista de los Paradise Papers. Lewis viene de apelar contra un fallo de la justicia rionegrina que ordenó al británico abrir el paso público a Lago Escondido”.

“El hecho de que los estrados judiciales se hayan convertido en la principal arena de lucha política entre las principales facciones de la burguesía argentina es una expresión de la descomposición del régimen social vigente y de sus instituciones, cuyo telón de fondo es la crisis política, en la que la Justicia pretende arbitrar. La conspiración y la corrupción son prácticas defendidas por ambos lados de la grieta. Y los aparatos de inteligencia han sido colocados por peronistas y macristas al servicio de la pelea que los envuelve y la persecución contra los trabajadores y los activistas”, agregó y concluyó señalando que “este es el régimen que defienden los políticos capitalistas. Planteamos la elección de jueces y fiscales, una orientación totalmente resistida por todas las fuerzas políticas que usan para sí los favores palaciegos”.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, volvió sobre la denuncia de presiones que deslizó a principios del mes de mayo la camarista Ana María Figueroa respecto de la causa del memorándum con Irán. En esa oportunidad la jueza habló de presiones de parte del Gobierno macrista y Cristina señaló al actual jefe de los fiscales de CABA, Juan Bautista Mahiques, como quien la había presionado en diciembre de 2015 en nombre del Poder Ejecutivo. Si bien la jueza, que había hecho esas declaraciones en una entrevista radial, luego aclaró que no había dado nombres, habría ratificado ahora por escrito ante la justicia el nombre de Mahiques.

La causa se activó a partir de una denuncia presentada por legisladores kirchneristas, y según ahora habría trascendido periodísticamente, Figueroa habría señalado allí a Mahiques como quien la habría presionado entonces.

“¿Vieron? Una vez más Clarín mintió, y van… Intentaron ocultarlo pero al final era cierto lo que dije”, apuntó este sábado la expresidenta a través de una cadena de tuits en la que sumó la información publicada en su momento por el citado matutino en el que se consigna una “fallida jugada judicial de la expresidenta”, en una nota titulada: “Tras los tuits de Cristina: una jueza aclaró que un fiscal no la presionó”.

¿Vieron? Una vez más Clarín mintió, y van… Intentaron ocultarlo pero al final era cierto lo que dije: pic.twitter.com/3UCyrgSz1m

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 6, 2020

Por eso Cristina Kirchner se pregunta entonces si “llegará el día en que todos los jueces y fiscales del país se animen a sacar de arriba de su escritorio el último ejemplar del diario Clarín para volver a poner la Constitución Nacional cuando tengan que decidir acerca de la vida, la libertad y el patrimonio de sus compatriotas?”.

“¿Que hay muchos y muchas que nunca sacaron la Constitución Nacional de arriba de su escritorio? Por supuesto que sí… Pero todos y todas saben de lo que estoy hablando”, concluye la titular del Senado.

Los diputados del Frente de Todos (FdT) –encabezados por Lucía Cámpora y Juan Manuel Valdés- presentaron en la Legislatura porteña un proyecto para que el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques, se presente ante la Comisión de Justicia para ser interpelado por “su posible participación en acciones de injerencia sobre las decisiones de los magistrados del Poder Judicial de la Nación mientras desempeñaba funciones tanto en el Ministerio de Justicia de la Nación así como en el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación”.

El pedido de la bancada opositora, surgió a raíz de los dichos de la jueza Ana María Figueroa, quien denunció presiones de un funcionario del Ministerio de Justicia de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri para incidir en su voto como Jueza de la Cámara Federal de Casación Penal en la causa por el Memorandum de Entendimiento con la República Islámica de Irán.

En los fundamentos de la medida, los diputados explicaron que “si bien la magistrada hace referencia a un hecho puntual, lo cierto es que da cuenta de y ratifica un modus operandi que se desarrolló en forma sistemática sobre un grupo por ahora indeterminado de magistrados que tenían a su cargo causas de interés político”.

Asimismo recordaron que Mahiques fue designado fiscal general a propuesta del jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta en 2019. En ese momento, su postulación fue cuestionada por organismos como el CELS y ACIJ por falta de autonomía e independencia.

“Si Mahiques no fue el funcionario responsable de esos aprietes, debe quedar claro. No pretendemos revertir el principio de inocencia en torno a los delitos que se le imputan. Muy por el contrario, este cuerpo legislativo necesita saber si son ciertas las acusaciones vertidas él”, concluyeron los diputados.

Por José Angel Di Mauro

Ya en la anterior conferencia de prensa -también un viernes, el pasado 10 de abril-, el presidente había dejado sin responder una pregunta de la agencia Bloomberg, esa vez por la baja cantidad de testeos. Casi un mes después, al habilitar una nueva conferencia de prensa -saludable costumbre-, dio la casualidad que fue otra pregunta de ese mismo medio la que quedó sin contestar, aunque esta vez Alberto Fernández no la pasó por alto, sino que dijo abiertamente que prefería no hablar del tema.

Fue la última pregunta que le hicieron, cuando el periodista de Bloomberg habló sobre la inyección de 1,7 billones de pesos que piensa hacer el gobierno entre abril y junio, para aliviar el impacto económico de la pandemia. Ante la falta de acceso de nuestro país al crédito, quiso saber cómo podría la Argentina conseguir tanto dinero y evitar al mismo tiempo “una gran suba de la inflación”. Sin ocultar cierto fastidio, Alberto Fernández dijo que había discutido mucho sobre que le plantearan el tema económico en medio de esta discusión, “porque la realidad es que hemos hecho un enorme esfuerzo con el ministro Guzmán”, para enfrentar esta crisis “que no es muy distinta a la que vive todo el mundo. Usted me hace esta pregunta en la Argentina, cuando leo yo que en Europa la deuda de la Eurozona creció más de 20 puntos, y países como Italia o Grecia tienen una deuda que ha superado más del 100% del PBI propio. Entonces… yo sé que usted viene de un medio especialista en la economía y ese es su interés, pero hoy prefiero no hablar de eso, hoy tengo otras preocupaciones”.

La economía es una cuestión clave en el gestionamiento de esta crisis, que es sanitaria, pero cuyo impacto social es inconmensurable.

Pero es que la economía es una cuestión clave en el gestionamiento de esta crisis, que es sanitaria, pero cuyo impacto social es inconmensurable, precisamente por sus consecuencias económicas. Lo plantea Martín Lousteau, al calificar como “inmensamente disruptivo” el fenómeno que nos toca atravesar. Un momento en el que se le dice a las empresas que no pueden abrir, pero al mismo tiempo a la gente que no puede consumir, y pasa lo mismo en todo el mundo a la vez… Agravado para nosotros porque hay que sumar los problemas propios de la Argentina, con una economía que desde hace ocho años crece por debajo de la media mundial: 2011 fue el último año en el que nuestro país amplió su economía a una tasa superior al agregado mundial. Con alzas y bajas, nuestra economía terminó promediando durante todo ese tiempo un crecimiento neutro.

Y es lo que afecta a un gobierno que nunca reveló cuál es su plan económico. Ni siquiera alcanzó a esbozarlo, pues el año pasado no quiso mandar al Congreso el proyecto de Presupuesto 2020, argumentando que necesitaba conocer antes cuál era el estado de situación del “desastre encontrado”, tales sus palabras. A pesar de que, convengamos, desde las PASO de agosto se sabía que Alberto Fernández reemplazaría a Mauricio Macri en Balcarce 50.

La realidad es que no podía hacer un presupuesto sin saber antes qué sucedería con la deuda, y esa fue la obsesión del Palacio de Hacienda durante todo el inicio de esta gestión.

El punto límite siempre fue el 22 de mayo, fecha en la que se sabrá si la Argentina entra o no en default. Por eso, en condiciones normales -sin Covit-19- tampoco hubiera el gobierno enviado un presupuesto hasta saber si arreglaba o no con los bonistas, a pesar de que según la propuesta original nuestro país no piensa erogar nada sino hasta 2023. Se sabe que Alberto Fernández no quiere ir al default; también que el ala dura de su gobierno no ve con malos ojos esa posibilidad. Por lo primero es que los mercados -aquí y en Wall Street- se han mostrado positivos las últimas semanas, sin tener en cuenta la dureza de la negociación. La incógnita que en principio iba a develarse el viernes pasado se mantendrá ahora hasta el 21 de mayo, y hay incluso quienes no descartan que la Argentina termine pagando con reservas los 500 millones de dólares que vencen el 22/05, pues resulta poco justificable entrar en default por semejante cifra. Se verá. Todos los sectores que a pedido del gobierno salieron a expresar públicamente su apoyo a la reestructuración que encabeza Martín Guzmán, le han sugerido evitar la cesación de pagos. Es lo que opina también el 60% de la gente, según una encuesta de Poliarquía conocida esta semana, en la que apenas un 17% sugiere no pagar.

En el contexto actual, eso sería completar la tormenta perfecta.

La pandemia cambió todo. Está claro que por más que el Congreso vuelva a funcionar, este año no habrá Presupuesto, pues el manejo de los recursos depende ya no solo de un arreglo con nuestros acreedores, sino de la evolución de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas, que se sabe serán demoledoras, más allá de que la cuarentena permita mantener la curva aplanada.

En su conferencia de prensa del viernes el presidente volvió a citar otros países, mas evitó criticar a nuestros vecinos, cuestión de no tener que llamar luego a sus colegas para disculparse. Pero volvió a cuestionar experiencias ajenas y para eso le apuntó a Suecia, un ejemplo bien lejano al que criticó, ponderando en cambio a su vecina Noruega, que sí aplicó una cuarentena a diferencia de los suecos. En Suecia los muertos superan los 3.000 y hay 25.000 infectados. Su tasa de mortalidad es de 291 por millón de habitantes, contra los 40 por millón de la elogiada Noruega.

En Suecia los muertos superan los 3.000 y hay 25.000 infectados.

Suecia mantuvo abierto todo y solo cerró universidades y escuelas secundarias, apostando deliberadamente a lo que se conoce como “inmunidad de rebaño”, una estrategia de contagio controlado que le estaría dando resultado pues desde el 21 de abril pasado el índice de contagio es menos de uno, número que permite frenar la expansión del virus. Con todo, la economía no pudo evitar desplomarse y ha tenido una caída incluso mayor a la de vecinos europeos con cuarentenas más severas, pues ello también depende del contexto internacional.

Como sea, sin cuarentena el sistema de salud sueco no desbordó; aquí en cambio debió apelarse a un aislamiento extremo por nuestra precariedad en la materia. Digamos todo.

Alberto Fernández se enoja cuando escucha que lo describen “abrazado a la pandemia”. Los que no lo quieren dicen que la baja mortalidad de la peste lo alienta a persistir con lo que mejor le sale, pues no hay un plan económico para lo que vendrá luego. Cierto es que el presidente mantiene una imagen muy elevada, aunque un estudio de Giacobbe & Asociados le asigna una baja de 7 puntos, producto de la discusión sobre los presos. El mismo trabajo revela que para un 58,5% “lo peor está por venir”; solo un 8,3% piensa que lo peor ya pasó, en tanto que un 58% piensa que la cuarentena debería extenderse hasta junio. Con todo, el dato más inquietante es el que expresa que solo un 18,9% no vio afectados sus ingresos durante el encierro, mientras que casi un tercio de la sociedad  directamente se ha quedado sin ingresos.

Se supone que de esto hablaron Alberto Fernández y Cristina Kirchner durante la extensa reunión que mantuvieron en Olivos el martes pasado en Olivos. La vicepresidenta, que durante su gestión presidencial vivió la Gripe A, pero solo cerró entonces las escuelas unos días, no era muy proclive a una cuarentena tan estricta -dicen-, pero ahora sí estaría muy de acuerdo con mantenerla, en base a sus diálogos constantes con los intendentes.

Pero el diálogo debe haber excedido a la pandemia, aunque en rigor, nada trascendió a los medios. Ni siquiera una foto. La cuestión judicial no puede haber estado ausente, pues desde el fin de semana que CFK viene insistiendo con el tema, a partir de un reportaje de la jueza Ana María Figueroa en el que dijo haber sido presionada por el gobierno anterior. La exmandataria le puso la cara de Juan Bautista Mahiques a esas presiones, aunque la magistrada no lo había nombrado y luego lo puso a resguardo. Cristina hizo caso omiso y el kirchnerismo avanzó con el tema, pidiendo investigar la denuncia.

La vicepresidenta le apunta al mismo tiempo a la causa del memorándum con Irán, que la involucra y donde habría habido presiones; pero también a Ignacio Mahiques, hermano de Juan Bautista y fiscal que junto a Gerardo Pollicita trabajó en el dictamen por el que CFK fue procesada por “asociación ilícita” en la causa que investiga la adjudicación discrecional de obra pública a Lázaro Báez; y a Horacio Rodríguez Larreta, quien impulsó a Juan Bautista Mahiques como fiscal general de la Ciudad, y al que la vicepresidenta quiere erosionar pues lo ve como eventual candidato opositor en 2023. No como rival de Alberto Fernández, ni mucho menos de ella… sino enfrentando a la “renovación” que espera vaya a encarnar entonces Axel Kicillof, o algún dirigente camporista.

Una semana después de las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa que llevaron a la vicepresidenta Cristina Kirchner a apuntarle al fiscal general Juan Bautista Mahiques, sindicándolo como autor de las “presiones” denunciadas por la magistrada, el periodista que le hizo la entrevista denunció un “apriete”.

Previsiblemente, el tema fue reproducido por Cristina Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, con un irónico “Hola. Qué tal?”, al que sumó el hilo publicado por el periodista Mariano Martín.

Allí el periodista cuenta que esta vez le tocó a él sufrir un “apriete”, que atribuye a Hipólito Nosiglia, a quien señala como jefe de prensa del citado Mahiques, quien lo contactó por whatsapp. En el breve intercambio mantenido por esa vía, le adjunta un tuit del fiscal Mahiques expresando su deseo de que la jueza Figueroa aclarara que ella no le había atribuido a él esas presiones, a lo que el periodista respondió con el audio del pasaje de la entrevista, en el que si bien ella no quiere dar nombres, no niega cuando le mencionan a Juan Bautista Mahiques.

Hola. Qué tal? https://t.co/iUMOdVRvDh

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 9, 2020

“Pero no habló de él”, insiste Nosiglia, a lo que Mariano Martín replica: “Le mencioné otros dos nombres y los descartó rotundamente. Y después aclaró que la misma denuncia por apriete estuvo presentada ante la CIDH”. El intercambio posteado por el periodista continúa con la declaración de Figueroa en la que niega haber mencionado al actual fiscal general de la Ciudad, y concluye: “Entonces vas a tener que pedir disculpas”.

“Que un funcionario a quien no conozco y con el que nunca había tenido trato me mande un mensaje así para mí fue inédito. Y preocupante”, expresa Mariano Martín. Luego señala que desde ese día supo que “habíamos pateado un hormiguero casi sin pretenderlo. Operaciones de prensa de todo tipo, mensajes que invitaban a no seguirla y otras señales en el mismo sentido. Pero como el tema había llegado al carril político dejé pasar aquel mensaje. Hasta hoy”.

A continuación cuenta Mariano Martín que este sábado, en una nueva edición de su programa “Toma y Daca”, por AM 750, en el que la semana pasado habían entrevistado a Figueroa, se le ocurrió contactar a Mahiques por mensaje directo de Twitter, para ver si quería dar su versión, y entonces recibió un nuevo mensaje de whatsapp de Hipólito Nosiglia: “No solo no pedís disculpas sino que sos tan caradura de escribirle a Juan para hacerle una nota”.

El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que las declaraciones de la jueza Ana María Figueroa, que denunció sufrió presiones del gobierno anterior para votar a favor de la reapertura de la causa del Memorándum con Irán, confirman que “es necesaria una reforma judicial muy profunda en Argentina”.

El neuquino señaló que los dichos de la magistrada “han mostrado en boca ya de una funcionaria, una jueza nada menos, lo que todo el mundo sabía que venía pasando estos años durante el gobierno de Macri”.

En ese sentido, acusó a la gestión de Cambiemos de “utilizar los servicios de inteligencia para hacer espionaje interno; a jueces y fiscales para hacer persecución política; y a los medios para difamación y mentira” con el fin de “eliminar a dirigentes políticos opositores”.

En diálogo con radio AM530, el legislador recordó que el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para la independencia de los jueces, Diego García Sayán, “denunció que el gobierno de Macri había utilizado el sistema judicial y mediático para realizar persecuciones políticas”.

Parrilli mencionó también parte del discurso del presidente Alberto Fernández, el pasado 1ro. de marzo ante la Asamblea Legislativa, cuando dijo que había que “terminar” con “los sótanos de la democracia”.

“Esto es lo que estamos esperando, que la pandemia nos ha demorado, pero no nos tenemos que olvidar: es necesaria una reforma judicial muy profunda en Argentina”, afirmó sobre el proyecto de ley que el Gobierno iba a enviar al Congreso este año, pero la emergencia por el Covid-19 frenó.

El oficialista agregó que “la reforma a los sistemas de inteligencia ya se está llevando adelante” por parte de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño; mientras que, respecto a los medios de comunicación, opinó que “no sirve salir a pelearse” sino “contarle a la sociedad lo que los medios dicen y cómo son las mentiras”.

Este miércoles, diputados y senadores del Frente de Todos realizaron una presentación ante la Justicia para que se investigue la denuncia de Figueroa sobre presuntas presiones de funcionarios macristas. La vicepresidenta Cristina Kirchner, al igual que Parrilli, le atribuyeron directamente este accionar al exconsejero Juan Bautista Mahiques, actual procurador de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de que la jueza Ana María Figueroa dijera el sábado por AM750 que fue “presionada” durante el Gobierno de Cambiemos, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, le puso nombre y apellido al funcionario del Ministerio de Justicia que entonces conducía Germán Garavano, que había sido supuestamente el autor de esas presiones. Sin embargo más tarde la jueza, que durante la nota no quiso decir de quién hablaba, negó que se tratara de Juan Bautista Mahiques.

Ante ello, el senador nacional Oscar Parrilli se preguntó este domingo quién la había presionado entonces. “La jueza Ana María Figueroa dice que en el gobierno anterior había presiones a los jueces, que en este momento no hay presiones”, señaló este domingo por C5N, y agregó: “Le preguntan si fue Juan Bautista Mahiques que era el representante de (Mauricio) Macri en el Consejo de la Magistratura y deja a entender que efectivamente era él y que la presionaba en la causa del memorandum con Irán, que era una causa que se había archivado y que se reabrió con el voto de Figueroa”.

Parrilli recordó este domingo la votación en la Cámara Federal de Casación Penal: “Cuando se leen los votos, hay dos que están a favor, pero está el de Figueroa que cuando se lee parece que va a votar en contra de reabrir y termina votando a favor”.

“Si no fue Mahiques, ¿quién la presionó?”, se preguntó el senador kirchnerista, para agregar luego: “Ella reconoce que Macri la criticó en público, las presiones existieron y eran parte de lo que Alberto Fernández denunció como la cloaca judicial con servicios de inteligencia en relación con jueces y fiscales”.

“Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán”, tuiteó este sábado la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, al iniciar un hilo en el que la emprendió contra el citado funcionario judicial y mencionó también al actual jefe de Gobierno porteño.

En sus declaraciones periodísticas, la jueza Figueroa recordó en el programa radial Toma y Daca que en tiempos de Germán Garavano al frente de la cartera judicial, un funcionario de ese ministerio le preguntó en su despacho “cuánto iba a demorar en sacar un fallo”, poniéndolo como ejemplo de las “muchísimas presiones” que dijo haber sufrido en tiempos de Macri. No obstante, Ana María Figueroa dijo no haber denunciado nunca ese episodio.

La magistrada no quiso dar el nombre de quién le había preguntado por ese fallo -“Prefiero no hacerlo, porque ya eso conforma parte del pasado”, expresó-. Solo dijo que había sido “un miembro del Ministerio de Justicia, quien estaba por debajo del ministro Garavano”, a quien, contó, “invitó” a que “se retirara”.

Sobre la causa en cuestión, señaló que le parecía que había sido “por la inconstitucionalidad del memorándum con Irán”.

Acabo de escuchar en @AM750 a la jueza Ana María Figueroa de la Cámara Federal de Casación Penal, contando cómo fue presionada por Juan Bautista Mahíques, exconsejero de la Magistratura por el Ejecutivo en el gobierno de Mauricio Macri, en el marco de la causa memorándum de Irán.

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) May 2, 2020

En su cuenta de Twitter, Cristina Fernández respondió el interrogante señalando a Juan Bautista Mahiques, y le apuntó entonces al jefe de Gobierno de la Ciudad. “¿Qué imagen… Qué pensamientos atravesarán la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta enterándose que Juan Bautista Mahíques, a quien propuso y designó como Fiscal General del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, aprieta a jueces y juezas para obtener fallos a la carta?”, se preguntó la vicepresidenta.

Y en un tercer tuit insistió: “¿Veremos mañana, en las principales tapas del domingo, esta gravísima e inédita denuncia? ¿Vos decís que son muchos interrogantes? Bueno… confieso que la cuarentena me ha puesto un poco existencial… Igualmente, apuesto mil a uno a que no”.