Así lo expresó la titular del Banco Nación durante su presentación ante la Comisión de Juicio Político, en la que se habló de “ocultamiento” de Silvio Robles en una audiencia sobre la coparticipación.
Primera testigo de la jornada, la presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, concurrió en función del rol que tuvo como secretaria de las Provincias del Ministerio del Interior, entre el 10 de diciembre de 2019 al 3 de julio de 2022. Recordó que entre las áreas que manejaba se encontraba la que hace a las relaciones fiscales entre el Gobierno nacional y las provincias.
Al responder preguntas del diputado Marcelo Casaretto (FdT), la funcionaria mencionó que “la Ley de Coparticipación es del año 88, y la Ciudad reconoce su autonomía en el año 94, cuando también la Constitución le da carácter constitucional al régimen de coparticipación”.
“En 2016, cuando se transfiere la policía, el Gobierno de la Ciudad no tenía la posibilidad de hacer la liquidación de todos los costos vinculados con esa transferencia. Entonces, durante todo 2016, las liquidaciones de los gastos que eran necesarios las hacía el Gobierno de la Nación. Es decir, por ejemplo, la liquidación de los sueldos de la policía, que representaban el 91% de las erogaciones. Están todos los documentos donde el Gobierno de la Ciudad le devolvía esos recursos al Gobierno nacional. Esa devolución, para compensar, ascienden aproximadamente en 8 mil millones de pesos”, explicó.
Sobre la modificación en el porcentaje de coparticipación de la Ciudad que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri, la economista apuntó que “cuando se hace la modificación del decreto original de 2003 (que establecía un 1,4%) no había ningún fundamento para llevar la coparticipación al primer número de 3,75%”.
“Cuando fuimos a buscar los antecedentes de esos tres decretos de la gestión de Macri no había ningún antecedente, y de hecho el primer decreto no explica los motivos por el cual se aumenta el porcentaje de 1,4% a 3,75%. Tiene que venir un segundo decreto que lo que hace es corregir una omisión de información”, señaló y subrayó que “no hay ningún informe técnico, no hay ningún fundamento que explique por qué se pasa del 1,4% al 3,75%”.
Batakis expresó que “el proceso de transferencia de recursos desde la Nación a la Ciudad es de larga data”. Cuando salió la Ley de Coparticipación en 1988, “en aquel entonces (la Ciudad) era una intendencia y tenía un presupuesto que se erogaba desde el presupuesto nacional”, dijo, y resaltó que “en el 2003 se estableció por decreto el 1,4%” de coparticipación, que era un número que “representaba la totalidad del presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires”.
Al recordar el aumento dado en 2016, la funcionaria aseguró que “los gobernadores mostraron mucho enojo en ese momento porque pasar del 1,4% al 3,75% lo que hace es detraer recursos del Gobierno nacional, con los que efectivamente no va a contar para hacer erogaciones en el resto de las provincias”. Por eso, posteriormente se saca un “tercer decreto donde se reduce la coparticipación a 3,5%”, pero que “tampoco tiene un documento donde haya fundamentos técnicos y pruebas para eso”.
“Lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son”, enfatizó y destacó que “el régimen de coparticipación federal no fue creado y no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función”.
“Esta transferencia claramente es infundada y hubo exceso de recursos al Gobierno de la Ciudad”, afirmó la exministra de Economía y agregó: “La transferencia del Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad excedía el presupuesto propio del Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad”.
En otro tramo, insistió que “cuando el Gobierno nacional ejecuta su presupuesto lo ejecuta en las provincias, y al disponer de menos recursos por una de las fuentes fundamentales que tiene el presupuesto de la Nación, claramente se ven afectadas el resto de las jurisdicciones”.
Sobre las audiencias que mantuvieron las partes por el conflicto judicial, la exsecretaria de las Provincias contó que “se hicieron distintas propuestas para tratar de llegar a un número y una metodología en común” pero “la Ciudad no aceptó ninguna de las propuestas”, argumentando que “no cubrían las expectativas que ellos tenían respecto del 3,5%”.
Cuando le tocó intervenir al diputado Leopoldo Moreau, se dio una situación curiosa, pues la funcionaria terminó detallando sobre una pizarra cómo habían estado ubicados todos los participantes de la audiencia en el seno de la Corte Suprema en la que se analizó el tema de la coparticipación y de la que ella tomó parte.
Allí ubicó en el plano que dibujó a mano alzada, dónde estaba Silvio Robles, cuya presencia no consta en el acta correspondiente a esa reunión.
A continuación, el diputado Moreau explicó entonces el porqué de su pedido: “El hecho de que haya sido excluido del acta el señor Silvio Robles significa que el acta tiene una severa irregularidad, y la pregunta que hice, que puede haber motivado algún chiste, tiene que ver con el hecho de que en este tema en particular si ha habido una connivencia entre el Gobierno de la Ciudad y la vocalía del señor Rosatti, cuyo jefe de despacho es el señor Silvio Robles. Quien justamente se ufanaba de haber obtenido un despacho que debería ser llamado ‘el fallo Robles’”. Y concluyó diciendo que estaban buscando establecer si “efectivamente pudo haber habido tráfico de influencias o una sentencia negociada. Por eso pedimos precisiones”.
Moreau planteó que “estamos cuestionando este fallo cautelar porque tenemos la sospecha más que fundada de que ha sido negociado y traficado por este fantasma que no aparece en el acta y parece actuar como quinto cortesano”.
Desde la oposición rechazaron que esa presencia de Robles hubiera marcado una irregularidad, por cuanto no se trataba de una audiencia secreta. Moreau insistió en que sí era una irregularidad que no hubiera constado esa presencia, pero luego el diputado Pablo Tonelli insistió en que no veía nada irregular, sino habitual, tratándose de alguien que no participaba de ningún modo de la audiencia.
“¿Cuál es la falsedad ideológica?” de ese acto, planteó la diputada Mariana Stilman, al insistir en que no se trataba de una reunión secreta y tratándose de alguien como Robles que es funcionario judicial.
El tema fue y vino una y otra vez, pues Rodolfo Tailhade habló de un “ocultamiento” deliberado de parte de la Corte respecto de esa audiencia. Y se preguntó por qué se lo había “ocultado”, cosa que podría resolverse “cuando traigamos al doctor Alejandro Rodríguez, que es quien labra estas actas. “Me parece que él va a estar en condiciones de decir por instrucción de quién ocultó a Silvio Robles”, concluyó.
Desde la oposición insistieron en preguntarle sobre el cumplimiento del fallo de la Corte en cuanto al pago por parte del Banco Nación del porcentaje de coparticipación que según el Tribunal le corresponde. En esa instancia se dio una discusión, pues desde el oficialismo enfatizaron que “no se puede cumplir una medida que está recurrida”.
Finalmente Batakis contestó que la entidad que ella preside no fue notificada “porque la Corte entiende que es simplemente un agente financiero”.
