La solicitud, presentada ante la Secretaria de Enjuiciamiento, fue firmada por los legisladores bonaerenses del Frente Renovador Sofía Vannelli, Rubén Eslaiman y Juan Malpeli.
El Frente Renovador presentó en las últimas horas ante la Secretaria Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, el pedido de juicio político hacia la fiscal Sabrina Cladera, que firmó la liberación del acusado del crimen de Kim Gómez, cuando había sido detenido el 1° de febrero por otro ilícito.
En ese sentido, el pedido de juicio político contra Cladera cuenta con las firmas de los referentes que responden al espacio referenciado a nivel nacional por Sergio Massa, entre ellos el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, y los legisladores bonaerenses Sofía Vannelli, Ruben Eslaiman y Juan Malpeli.
Según afirmó Massa tras el crimen de Kim Gómez, “cada muerte por la inseguridad duele, y duele muchísimo más cuando se trata de una niña y más todavía cuando quieren usarla para sacar rédito político”, tras lo cual anticipó que impulsaría el juicio político a la fiscal, al sostener que “la seguridad es un tema serio que requiere respuestas serias”.
De este modo, desde el Frente Renovador argumentaron que la ley Enjuiciamiento de Magistrados, en su artículo 20, prevé como causales de Jury para jueces y fiscales “la incompetencia, la negligencia y el incumplimiento de los deberes inherentes al cargo”.
En la presentación, también se solicitó la investigación por la posible violación de la fiscal al artículo 274 del Código Penal Argentino.
Entre los argumentos para impulsar el juicio político, el massismo señaló que “la agente fiscal tuvo al joven sentado frente a sí, sin embargo, no adoptó ninguna medida para verificar su adicción a las sustancias estupefacientes, el grado de su adicción y la amenaza que representara para otras personas y sus bienes en caso de dejarlo en libertad”.
En paralelo, la Secretaría de Control Disciplinario y Enjuiciamiento de la Procuración General inició un sumario para determinar la actuación de la fiscal Sabrina Caldera a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones del Fuero Penal Juvenil (UFIPJ).
Como se informó, la fiscal Cladera habría ordenado la liberación el 1° de febrero al adolescente de 17 años, que estaba demorado junto con otros tres sospechosos por un intento de robo automotor en La Plata.
Menos de un mes, después el adolescente reincidiría, esta vez con el agravante de provocar la muerte de Kim Gómez, quien fue arrastrada por más de 10 cuadras durante otro intento de robo de auto.
Es preciso señalar que, Cladera había sido designada en 2018 como agente fiscal para desempeñarse ante el Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata. En dicho año, la designación estuvo a cargo de la entonces gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.
En tanto, el año pasado la fiscal fue propuesta por el gobierno de Axel Kicillof para desempeñarse como camarista para cubrir las vacantes del sistema judicial.
Según consta en la página oficial del Senado bonaerense, el expediente B 441 “solicita la prestación de acuerdo para designar jueza de Cámara de Apelaciones y Garantías en lo penal del departamento judicial La Plata a la Dra. Sabrina Cladera”.
En rigor, el pliego de Caldera para ocupar una de las vacantes judiciales en la provincia formó de los 211 expedientes que ingresó en la Cámara baja el 21 de noviembre. Sin embargo, a la fiscal no le tomaron la entrevista de rigor, porque los cargos de camaristas para el departamento Judicial de La Plata era motivo de discordia entre oficialismo y la oposición.
Será este martes en el seno de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, que recibirá cinco testigos para comenzar a tratar la causal “abuso de poder”.
Tal cual se anticipó en la última reunión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, realizada el 21 de septiembre pasado, en la reanudación del proceso que se desarrolla contra los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia comenzará el debate sobre la causal “abuso de poder”.
Así será luego de que con las exposiciones de Graciana Peñafort y Jorge Rizzo de esa jornada se diera por agotado el análisis de la causal “Consejo de la Magistratura”. Así las cosas, comenzarán con el tema que incluye un pedido de juicio antiguo impulsado por la Coalición Cívica contra el ministro de la Corte Ricardo Lorenzetti. Sin embargo desde ese espacio no han pedido testigos, así que se avanzará este martes a partir de las 13 con una causa similar que el oficialismo piensa instrumentar contra el vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, por su participación en causas que involucraron a exclientes suyos.
La citación correspondiente fue emitida el viernes pasado, convocando para este martes 3 de octubre próximo, a las 13, en la Sala 1 del segundo piso del anexo A de la Cámara baja. Allí figuran cinco testigos, a saber:
En este último caso, Saggese había sido citado por la causal “Consejo de la Magistratura” el 21 de septiembre pasado y no se presentó, aunque en realidad -según contó Carolina Gaillard-, no fue encontrado por el notificador, que terminó dejándole la citación pegada en la puerta de su despacho. Por eso vuelve a ser citado y se verá qué decisión toman los diputados si esta vez vuelve a ausentarse.
El testimonio de los periodistas
En la nota de referencia del periodista Ari Lijalad, se alude a que el actual vicepresidente de la Corte no se apartó de los expedientes de sus exclientes “tal como marca la ley”. Allí sostiene que Rosenkrantz firmó al menos 25 fallos que involucran a ex clientes suyos.
“Varios de esos fallos los rubricó cuando era presidente del máximo tribunal del país”, advierte el periodista, que alerta sobre “una maniobra irregular por donde se la mire: la ley establece que un juez no puede intervenir en casos de ex clientes. Menos aún un miembro de la Corte”.
En detalle, y en base al archivo de acceso público de fallos de la Corte, Rosenkrantz participó en decisiones sobre sus ex clientes en:
3 fallos que involucran a Supercanal
2 fallos que involucran a AMX (Claro)
1 fallo que involucra a la Clínica Estrada
10 fallos que involucran a YPF
5 fallos que involucran al supermercado DIA
1 fallo que involucraba al Grupo América
2 fallos que involucran a Pan American Energy
1 fallo que involucra a Piero
En la nota sobre la cual será indagado, se transcribe una declaración del 21 de octubre de 2021 en la que Rosenkrantz justifica su deicisón de intervenir en una causa que involucraba a AMX Argentina, nombre jurídico de Claro. Si bien “está involucrada una parte a la que el estudio jurídico al que pertenecí brindó algún tipo de asistencia legal mientras fui integrante de dicho estudio, no se configura ninguna causal de excusación”, alegó Rosenkrantz, que agregó que “ello es así puesto que no intervine en modo alguno -ni como letrado apoderado, ni presentando asesoramiento externo- en las cuestiones debatidas en la presente” y luego escribió: “Aclaro que en otras causas anteriores en las que se configuraban circunstancias como las del presente, preferí -hasta el momento- no intervenir para aventar cualquier posible percepción negativa sobre mi participación en ellas. Atento al tiempo transcurrido desde mi asunción como juez del Tribunal -más de cinco años-, estimo que esa postura ya no se encuentra justificada. Por consiguiente, intervendré en el futuro en tales causas”.
El otro periodista citado es Juan Alonso, quien será consultado por la nota “Gil Lavedra y Rosenkrantz tienen fe”, donde se hace referencia a un juicio por coparticipación de la provincia de Santa Fe. La nota refiere a 151.000 millones de pesos en total que fueron reconocidos por el exministro de Economía Martín Guzmán y el gobernador Omar Perotti en un acuerdo homologado por el máximo tribunal. De ese total, entre un 15 y un 20 por ciento sería para los abogados.
Según Alonso, “la Corte aún no decidió el porcentaje, que podría ascender a unos 25.000 millones de pesos. Sucede que entre los contratados está el supremo Carlos Rosenkrantz, su socio Gabriel Bouzat y el presidente del Colegio de Abogados, Ricardo Gil Lavedra”.
Según se indica en el artículo, “el contrato que firmó el exgobernador Hermes Juan Binner con los estudios de Gil Lavedra y Rosenkrantz se mantuvo bajo siete llaves hasta ahora. El Cohete logró hallarlo no sin pocas trabas de la burocracia de Santa Fe y del Poder Judicial” y al publicarlo advierte que “el asunto no es menor, ya que desde la Comisión de Juicio Político del Congreso se insistió sobre este acuerdo de partes que tiene a Rosenkrantz como juez y parte”.