Finalmente concluyó la novela que se había armado en torno a la continuidad o no de la jueza Ana María Figueroa, cuya permanencia en la Cámara de Casación había sido solicitada por el presidente de la Nación, pero sin que el Senado alcanzara a aprobarlo.

Figueroa cumplió el pasado 8 de agosto 75 años y la Constitución nacional establece que cuando eso sucede un magistrado debe dejar el cargo. Solo podría haber continuado si prosperaba un pedido de prórroga expresado desde el Poder Ejecutivo Nacional, pero ante la falta de su aprobación en el Senado finalmente intervino la Corte Suprema de Justicia, que dio por concluido el tema: por unanimidad de sus cuatro miembros, se determinó que Figueroa debe dejar el cargo.

La situación de Figueroa había generado un verdadero parate en la Cámara alta, ya que el  oficialismo no podía conseguir quórum para sesionar y allí votar la aprobación de su pliego.

Cabe recordar que la jueza, considerada como cercana al kirchnerismo, debía votar en causas en las que la presidenta del Senado está involucrada: Los Sauces y Hotesur.

En el fallo suscripto por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, se estableció que Figueroa ha cesado en sus funciones desde “el 9 de agosto del corriente año”, precisamente el día después de haber cumplido 75 años. Así lo hace saber la Corte al Consejo de la Magistratura “a fin de que adopte las medidas que estime necesarias”.

La Corte expresó que “al no prever la norma plazo de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la edad referida; de lo contrario, no habría límite temporal para la realización de ese nuevo nombramiento, con la absurda consecuencia de que el límite etario se tornaría inoperante”.

Agrega el fallo que “la doctora Figueroa ha perdido la investidura judicial el 9 de agosto pasado, día en que cumplió 75 años de edad sin haber obtenido un nuevo nombramiento con el correspondiente acuerdo del Senado”.

En su resolución, la Corte Suprema de Justicia de la Nación establece finalmente estos tres puntos:

1°) Declarar que la Dra. Ana María Figueroa cesó en sus funciones a partir del 9 de agosto del corriente año en virtud de lo dispuesto por el artículo 99 inciso 4 tercer párrafo de la Constitución Nacional.

2°) Poner en conocimiento del Consejo de la Magistratura lo resuelto en la presente a fin de que adopte las medidas que estime necesarias.

3°) Notificar lo aquí decidido a la Cámara Federal de Casación Penal.

En un fallo dividido, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, donde se encuentra acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita, además de cohecho pasivo por 27 hechos y tener un embargo de 1.500 millones de pesos.

Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone rechazaron el planteo realizado por la defensa de la exmandataria, mientras que la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia.

La causa está elevada a juicio oral y público desde septiembre de 2019, pero el mismo todavía no tiene fecha de inicio. El juzgado a cargo es el Tribunal Oral Federal N°7.

El caso se inició en 2018, cuando se revelaron anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien trasladaba al exfuncionario Roberto Baratta. En los escritos se detallan los recorridos a bordo de su auto, en los cuales el equipo a cargo de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, habría recibido coimas de empresarios del sector energético y de la obra pública.

De la causa, que estuvo a cargo inicialmente del fallecido juez Claudio Bonadio, se desprendieron otros expedientes conexos. Pero en el expediente central se habla de la existencia de una “asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.

En el fallo de este miércoles, el juez Diego Barroetaveña sostuvo que “la presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.

Mientras que el camarista Daniel Petrone señaló que la defensa de Cristina Kirchner “no logra refutar de forma adecuada en su presentación directa la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que se advierte como objeción al recurso de casación intentado”.

Pasada la medianoche, la Cámara de Diputados aprobó este viernes y giró al Senado un proyecto de ley que no tuvo un extenso debate ya que se votó por unanimidad con 246 votos a favor.

Se trata de un iniciativa de ley impulsado por la legisladora María Lujan Rey (Juntos por el Cambio) con el objetivo de determina los plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.

En el inicio del debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Ana Carolina Gaillard (Frente de Todos), consideró que este proyecto de ley “es importante” porque “en la actualidad hiciste una laguna que hace que muchas causas penales que son investigadas tardan mucho en resolverse y una justicia que tarda, no es justicia”.

Luego, la diputada bonaerense Rey señaló que “este proyecto nos cruza a los argentinos por igual. Este proyecto nace de la propia experiencia personal cuando tuve que empezar un proceso penal”.

“Esos tiempos, donde duermen las causas en Casación, hace que la causa desnaturaliza el acceso a la justicia porque la justicia lenta no es justicia”, insistió Rey, quien es madre de una víctima de la tragedia de Cromañón y remató: “Es necesario que los plazos existan para que haya justicia”.

De acuerdo al texto, se incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Asimismo, el proyecto indica que “la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”.

“Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave”, sostiene, y agrega que “también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.

La vicepresidenta Cristina Kirchner apuntó este miércoles contra el juez de la Cámara de Casación Juan Carlos Gemignani luego de conocerse un mensaje ofensivo que envió a un chat judicial en el marco del Día de la Mujer.

Según reveló La Nación, Gemignani escribió: escribió: “Feliz Día para todas! Especialmente para las delincuentes!!! Solo se avanzará en la igualdad cuando se reconozca derechos a las delincuentes y sean penadas. Mientras tanto, seguiremos poniéndolas en evidencia hasta que la igualdad no es solo relato!!”.

A raíz de ese mensaje, otras dos integrantes de Casación, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma, pidieron al presidente del tribunal, Gustavo Hornos, que ordene certificar el contenido del chat.

“No puedo salir de mi estupor: un juez de Casación, que hace poco encerró a una secretaria en un despacho, ahora se dirige de esta manera a sus colegas mujeres en el Día Internacional de la Mujer. ¿Hasta cuándo? ¿O estarán esperando que le pegue a alguna?”, alertó Cristina en su cuenta de Twitter, donde compartió la noticia.

Gemignani -recordó el citado portal- había sido sancionado y acusado de violencia de género por un episodio sucedido hace casi cinco años, cuando ordenó detener en la dependencia de la Policía en los tribunales a una secretaria que se negó a hacer un inventario que él le había ordenado.

La Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, presidida por la oficialista Carolina Gaillard, avanzó con el dictamen -unánime- de un proyecto de ley que determina plazos máximos para la resolución de los recursos de Casación.

La iniciativa incorpora el artículo 469 bis al Código Procesal Penal de modo de que establecer que “en los casos en que el Recurso de Casación sea interpuesto contra las sentencias definitivas y/o los autos que pongan fin a la acción o a la pena, o hagan imposible que continúen las actuaciones”, el Tribunal de Alzada deberá resolver el recurso y dictar su fallo “dentro del plazo de 90 días hábiles, solo pudiendo prorrogar ese plazo por una única vez y por un plazo extra de 20 días hábiles mediante resolución fundada, la que deberá ser notificada a las partes con una antelación de 10 días hábiles, antes del vencimiento del primer plazo dispuesto”.

Asimismo, el texto, al que tuvo acceso parlamentario.com, indica que “la inobservancia de los jueces del plazo impuesto podrá derivar en sanciones y, conforme su gravedad o reiteración, importará una falta grave susceptible de sanción disciplinaria, y aun comportar mal desempeño si su gravedad, extensión o reiteración así lo pudieran justificar”.

“Dicho incumplimiento deberá ser denunciado ante el Consejo de la Magistratura, de Oficio, por el representante del Ministerio Público Fiscal actuante. La omisión de la denuncia será considerada falta grave”, sostiene y agrega que “también estarán facultados a denunciar el incumplimiento, la parte querellante, los imputados y los condenados”.

Durante la reunión, la diputada del Pro María Luján Rey -madre de Lucas Menghini Rey, víctima de la Tragedia de Once-, expresó que “hemos escuchado muchas veces que la justicia lenta no es justicia”, y esto lo “padecen los acusados y de igual forma o más las víctimas y familiares”, quienes “ven que solo avanzan las causas por su propio empuje”.

“La búsqueda de justicia desgasta al ciudadano común, lo pone en una situación en la que el tiempo se detiene en la búsqueda de responsables y, en ese recorrido, se ve afectada la salud física y emocional”, subrayó la autora del proyecto, que agregó los casos de “depresión o suicidios” de personas “esperando fallos que nunca llegan”.

La legisladora señaló que “es en Casación donde las causas se detienen” y los tiempos de espera son “los que a las víctimas revictimizan”.

Por su parte, el kirchnerista Rodolfo Tailhade consideró que pese a “las buenas intenciones” del proyecto, “no hay ninguna posibilidad de que la Cámara de Casación Penal cumpla con esto, si no cumplen con un montón de normas que ya están vigentes desde hace muchos años”.

“La Cámara de Casación no funciona mal solamente porque tardan años en sacar sentencias”, dijo y lanzó: “Para mí es un bochorno. Hay jueces trasladados ilegalmente, como (Carlos) Mahiques. Hay jueces que todavía no sé qué siguen haciendo como jueces de la Cámara, Liliana Catucci, Eduardo Righi, que dejan en libertad a los represores; Righi, sospechado de haber participado de un acto de corrupción contra la causa de Mariano Ferreyra”.

Para el oficialista, “ahí están los principales problemas de la Cámara de Casación”. “Si tuviéramos jueces más o menos serios no sería necesario que desde la Cámara de Diputados le estemos poniendo un plazo a que cumplan con su trabajo”, completó.

Más tarde, el macrista Jorge Enríquez rechazó que “se quiera poner un manto de sospecha sobre distintos funcionarios judiciales que tienen una trayectoria intachable”. “No puedo dejar pasar por alto esta situación”, expresó y rechazó las “chicanas absurdas”.