El juez federal Julián Ercolini consideró que no había pruebas contra la vicepresidenta en el supuesto pago de sobornos a dos empresarios. Igualmente sigue acusada en la causa “madre”.
El juez federal Julián Ercolini sobreseyó a la vicepresidenta Cristina Kirchner en un expediente derivado de la denominada causa de los cuadernos, en el que se investigaba por el supuesto pago de sobornos a los empresarios Enrique Pescarmona y Francisco Valenti. La misma medida aplicó para el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.
En su resolución, de la semana pasada, el magistrado sí envió a juicio oral a Roberto Baratta, exmano derecha de De Vido y cuyo chofer, Oscar Centeno, fue quien reportó en anotaciones los presuntos pagos ilegales que se hacían a empresarios por parte de funcionarios.
Cabe resaltar que en la causa “madre” -a cargo en un principio del fallecido juez Claudio Bonadio-, la expresidenta debe enfrentar el juicio oral y público.
En el caso se investiga si existió cartelización de la obra pública durante los años del kirchnerismo, y una supuesta red de sobornos en ese sector y los subsidios al servicio de transporte de trenes.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N°7, que ya concluyó la etapa de ofrecimiento de pruebas. Todavía resta que se fije una fecha de inicio.
En un fallo dividido, los jueces de la Sala I rechazaron el planteo presentado por la defensa de la vicepresidenta.
En un fallo dividido, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el procesamiento de la vicepresidenta Cristina Kirchner en la causa de los cuadernos, donde se encuentra acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita, además de cohecho pasivo por 27 hechos y tener un embargo de 1.500 millones de pesos.
Los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone rechazaron el planteo realizado por la defensa de la exmandataria, mientras que la jueza Ana María Figueroa votó en disidencia.
La causa está elevada a juicio oral y público desde septiembre de 2019, pero el mismo todavía no tiene fecha de inicio. El juzgado a cargo es el Tribunal Oral Federal N°7.
El caso se inició en 2018, cuando se revelaron anotaciones del chofer Oscar Centeno, quien trasladaba al exfuncionario Roberto Baratta. En los escritos se detallan los recorridos a bordo de su auto, en los cuales el equipo a cargo de Julio De Vido, exministro de Planificación Federal, habría recibido coimas de empresarios del sector energético y de la obra pública.
De la causa, que estuvo a cargo inicialmente del fallecido juez Claudio Bonadio, se desprendieron otros expedientes conexos. Pero en el expediente central se habla de la existencia de una “asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional”.
En el fallo de este miércoles, el juez Diego Barroetaveña sostuvo que “la presentación directa en estudio no habrá de prosperar en la medida en que la resolución recurrida no supera el límite de impugnación objetivo previsto por el artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación (CPPN), ya que no se trata de una sentencia definitiva ni de un auto que ponga fin a la acción, a la pena o haga imposible que continúen las actuaciones, o de aquellos que deniegan la extinción, conmutación o suspensión de la pena”.
Mientras que el camarista Daniel Petrone señaló que la defensa de Cristina Kirchner “no logra refutar de forma adecuada en su presentación directa la ausencia del presupuesto objetivo de admisibilidad que se advierte como objeción al recurso de casación intentado”.
Se trata del expediente sobre presuntas coimas en subsidios a las empresas de colectivos. La medida fue tomada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída este martes en un capítulo derivado de la causa de los cuadernos, referido al presunto pago de coimas en subsidios otorgados a las empresas de colectivos durante su gobierno.
La medida, que alcanzó también a más de 200 imputados -entre ellos los exfuncionarios Julio De Vido, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime-, fue dictada por el juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.
La expresidenta había sido procesada en esta causa por el fallecido juez Claudio Bonadio, pero en junio del año pasado la Cámara Federal revocó esa medida, por considerar insuficientes las pruebas recolectadas.
Según el magistrado, la maniobra consistía en entregar subsidios superiores a los que correspondían, de modo de poder recibir las coimas. Pero los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi ordenaron que la investigación se profundice.
Bonadio había considerado a Cristina Kirchner y exfuncionarios kirchneristas como “responsables del delito de cohecho pasivo en veinticuatro ocasiones o, bien, de una defraudación contra la administración pública en calidad de coautores”, en un perjuicio contra el Estado por más de 600 millones de pesos.
Ahora, Martínez de Giorgi, que subroga el juzgado de Bonadio, decidió el sobreseimiento. En ese sentido, se argumentó que de acuerdo a la evaluación de las pruebas no se comprobó “la existencia de un obrar delictivo tendiente a lograr un beneficio particular a costa del interés público, a través del otorgamiento u obtención indebida de los mencionados subsidios al transporte automotor de pasajeros”.
Es una investigación derivada de la causa de los cuadernos. La Sala III de la Cámara de Casación Penal no hizo lugar a la apelación que la defensa de la vicepresidenta presentó contra el fallo de la Cámara Federal, firmado en su momento por los jueces Bruglia y Bertuzzi.
La Sala III de la Cámara de Casación Penal confirmó este miércoles el procesamiento de Cristina Fernández de Kirchner por los delitos de cohecho y asociación ilícita por cartelización de la obra pública, en una investigación derivada de la causa los cuadernos.
Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci rechazaron la apelación presentada por la defensa de CFK y dejaron firme el embargo de 200 millones de pesos sobre la presidenta del Senado.
De esta manera, consideraron firme el fallo anterior, el de la Cámara Federal, que habían firmado el año pasado los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes se encuentran en suspenso sobre sus traslados.
También quedó firme el procesamiento del exministro de Planificación Federal y exdiputado, Julio De Vido, y de varios empresarios. En total, la Sala III rechazó 22 planteos presentados por las defensas de los imputados.
Según el expediente, entre los años 2003 y 2015 se llevó adelante un esquema ilegal que funcionó bajo la órbita de la cartera que conducía De Vido, mediante el que empresarios habrían pagado sobornos a exfuncionarios para ser beneficiados con contratos en la obra pública.
Por su parte, la Sala I de la Cámara de Casación Penal, que tiene a su cargo el expediente principal de la causa de los cuadernos, pidió revisar las declaraciones de los “arrepentidos” al reclamar las grabaciones de las confesiones.
Luego de presentar un pedido de juicio político contra el fiscal y el defensor, el senador del Frente de Todos los acusó de hacer “barbaridades” con “el caso de las fotocopias de los cuadernos”.
El senador nacional Oscar Parrilli (Frente de Todos) consideró que “es un afrenta al Estado de Derecho y a las libertades” que el fiscal Carlos Stornelli y el defensor Gustavo Kollmann “sigan ocupando cargos”, tras haber realizado una presentación de juicio político contra ambos.
“Ellos dos formaban parte de la tríada, que componían junto con el difunto y perverso (juez Claudio)Bonadio, que violentaba todas las normas procesales y constitucionales”, disparó este miércoles el legislador en diálogo con FM La Patriada.
El neuquino señaló que Stornelli y Kollmann “llevaron adelante uno de los juicios más escandalosos, arbitrarios y que más daño le ha hecho a la Justicia argentina como fue el caso de las fotocopias de los cuadernos”, en referencia a la denominada causa de los cuadernos, en la que se investigó una presunta red de sobornos entre funcionarios y empresarios durante los gobiernos K.
“Cada uno tenía un rol distinto pero trabajaban en conjunto para encarcelar y detener a dirigentes políticos opositores”, expresó el dirigente de confianza de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que además los acusó de “extorsionar a los empresarios con la posibilidad de meterlos presos si no decían lo que ellos querían”.
En este sentido, Parrilli aseguró que uno de los imputados en la causa le confesó que “en las declaraciones que les hacían firmar aparecían palabras que ellos no habían dicho”.
“Esa causa fue sustraída ilegalmente por Bonadio como si fuera él el dueño; la tomó para sí con Stornelli y Kollman y a partir de ahí hicieron todas esas barbaridades”, agregó.
El presidente de la Comisión de Justicia del Senado opinó que el “objetivo” de esa causa fue “generar una situación política antes de las elecciones de 2019, ensuciando a dirigentes opositores y especialmente a Cristina Kirchner”.
En el pedido de juicio político -presentado ante la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal; y ante la Defensoría General de la Nación, que conduce Stella Maris Martínez-, Parrilli acusó a los funcionarios judiciales de ser parte de “un sistema de persecución judicial” ideado por “el gobierno de Macri”, que tuvo al expresidente como “su principal responsable”.
