El despacho avanzó con las firmas del oficialismo, mientras que la oposición criticó la letra de la media sanción del Senado y aseguró que “no tiene perspectiva de género”. Avanzó otra iniciativa sobre abuso sexual infantil.
Sin lograr acuerdo en torno al tema, avanzó este viernes en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados el dictamen del proyecto -con media sanción del Senado- que aumenta las penas para la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas con contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas.
El despacho de mayoría alcanzó 13 firmas del Frente de Todos, mientras que 7 legisladores de Juntos por el Cambio y la diputada de Consenso Federal Graciela Camaño votaron a favor de un dictamen de minoría, impulsado por la cívica Marcela Campagnoli.
Al comienzo de la reunión, Carolina Gaillard (FdT), presidenta de la comisión, informó que en asesores se había avanzado con un dictamen único que reunía varias propuestas de diferentes bloques, pero “es importante avanzar en esta media sanción que ya sacó el Senado sobre el tema”. “Es un proyecto perfectible”, admitió, sin embargo dijo que esa era la decisión del oficialismo.
En defensa de la iniciativa, el santiagueño Bernardo Herrera (FdT) consideró que “es una figura que urge que tengamos que legislar” y “no lo podemos dejar pasar por alto”. “Debemos compartir la aprobación de esta media sanción del Senado”, agregó y opinó que “todo el andamiaje jurídico de nuestro país debe tener una perspectiva de género”.
Muy crítica, la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal) dijo que “basta leer el proyecto para darse cuenta de que lamentablemente la media sanción que envía el Senado debería completarse con los aportes que le hacemos los diputados”.
En ese sentido, valoró la redacción elaborada en asesores y lamentó que se va a “perder la oportunidad” de “legislar en torno a la materia”, porque “el bloque oficialista se obceca de no hacer las correcciones”.
“Creo que estamos en condiciones de hacerle un aporte valioso y darle realmente una perspectiva de género, es muy lamentable que no lo hagamos”, reiteró y afirmó que la iniciativa posee “una falencia muy grande: no tiene perspectiva de género”.
También en contra de la media sanción, la diputada Gabriela Burgos (UCR) recordó que el tema se había trabajado en 2016, alcanzando una media sanción, que finalmente no se aprobó. Luego vino una media sanción del Senado, que “tenía graves defectos” y “perdió estado parlamentario porque no se tomaron las modificaciones”.
Al igual que Camaño, la jujeña señaló que el texto “no habla de la cuestión de género” y advirtió sobre “aprobar algo que no va a resolver la problemática”. Por eso, pidió un cuarto intermedio para la semana próxima avanzar con un dictamen con cambios ya que es “un tema que nos preocupa a todos”. Finalmente no prosperó.
De hecho, reveló las observaciones hacia el proyecto por parte de Daniela Dupuy, fiscal penal especializada en delitos informáticos de la Ciudad, a quien recomendó que “sería más que interesante escucharla”. “No porque venga del Senado significa que la tenemos que aprobar, tiene graves errores”, insistió la radical y abogó por un dictamen con unanimidad y “de consenso; que sea coherente y tenga una verdadera perspectiva de género”.
Por su parte, el mendocino Luis Petri (UCR) alertó que “de no legislarse correctamente podríamos dejar de abarcar en el tipo situaciones que necesariamente tienen que ser comprendidas y contempladas”. “Este proyecto no tiene perspectiva de género”, coincidió con sus pares y se preguntó qué sucederá en el caso de los menores de edad, a quienes “no los va a contemplar el artículo 128” sobre pornografía infantil, cuando se trate de este tipo de imágenes.
“Es muy malo el proyecto del Senado”, enfatizó la legisladora Marcela Campagnoli (CC-ARI), que señaló que “no es menor que podamos garantizar el acceso a la justicia de las mujeres; no es menor que podamos consensuar en esto”. “Estamos perdiendo una oportunidad. No es bueno sacar una mala ley”, agregó.
En igual sentido, la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien no integra la comisión pero tenía un proyecto al respecto, expresó que “se había hecho un esfuerzo para alcanzar un dictamen consensuado que corregía la media sanción”. “Lamento muchísimo que este tema no vuelva a asesores”, añadió y apuntó que la media sanción “excluye absolutamente la mirada central de la mujer como víctima”, por lo cual “esta modificación no tiene perspectiva de género”.
La oficialista Gaillard volvió a decir que el proyecto era “perfectible”, pero manifestó “el compromiso de seguir trabajando sobre los proyectos que existen” para “tener un abordaje integral” sobre la temática. Al finalizar la reunión, finalmente se avanzó con la firma de la iniciativa, obteniendo el oficialismo el dictamen de mayoría.
Qué dice la media sanción del Senado
El proyecto plantea modificar el artículo 155 del Código Penal, de modo de aumentar las penas de multa de 10 mil a 100 mil pesos -actualmente van de 1.500 a 100 mil pesos- para “el que hallándose en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados a la publicidad, los hiciere publicar indebidamente” y “el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros”. Y agrega que la misma pena corresponderá a “quien facilitare esa publicación”.
El texto introduce a ese artículo “la pena de prisión de tres meses a tres años y el doble de la pena de multa” para quien “por cualquier medio, y sin expresa autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera pusiere al alcance de terceros documentos obtenidos en un ámbito de privacidad con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima”.
“Cuando la violación de secretos responda a un ánimo de lucro con el propósito de causar sufrimiento, la pena prevista se elevará en un tercio en su mínimo y en su máximo”, estipula la iniciativa.
Además, incluye una modificación al artículo 169, de modo de incorporar como supuesto del delito de extorsión la amenaza de difundir “documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de violación de secreto”, con una pena de prisión o reclusión de tres a ocho años.
Proyecto sobre encubrimiento al delito de abuso sexual infantil
En la reunión también avanzó un proyecto de ley del rionegrino Martín Soria (FdT), que propone modificar el artículo 277 del Código Penal de manera de eliminar la eximición de la responsabilidad en el delito de encubrimiento en el caso de abuso sexual infantil.
El dictamen de mayoría obtuvo las 15 firmas del Frente de Todos y de la diputada Graciela Camaño, mientras que 8 legisladores de Juntos por el Cambio suscribieron un dictamen de minoría, por diferencias con la redacción.
Soria precisó que, según datos de la Organización Mundial de Salud, “una de cada cinco niñas es abusada antes de los 18 años; y uno de cada 13 niños es abusado sexualmente antes de los 18 años”. “El 75% de los casos de abuso de niñas y niños se da dentro del propio seno familiar”, resaltó, con lo cual esta iniciativa “busca fomentar la colaboración de aquellos potenciales testigos dentro del seno familiar para impedir que se sigan cometiendo este tipo de delitos”.
Un dato saliente de la iniciativa es que no cargará con pena cuando “la autora del encubrimiento fuese una mujer que haya actuado en el marco de un contexto de violencia de género por parte del autor del delito”.
