Especialistas santafesinos en derecho penal señalaron las inconsistencias de la “ley antimafias”

Ante un plenario de comisiones expusieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin, y los expertos en derecho penal y criminología Gabriel Ganón y Enrique Font.

Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presididas por los diputados del Pro José Núñez y Laura Rodríguez Machado, se reunieron este miércoles a fin de considerar el proyecto de ley sobre el Abordaje Integral del Crimen Organizado, más conocida como “Ley Antimafias” con la presencia de invitados a exponer.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo C, se retrasó media hora debido al plenario de comisiones que previamente trató la prórroga de entrega de armas de forma voluntaria. En la reunión informativa expusieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el profesor en Criminología, Enrique Andrés Font; y Gabriel Elías Ganon especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología.

El primero en disertar fue el profesor titular interino de Criminología y docente investigador, Enrique Font, quien indicó: “El anteproyecto que estamos debatiendo no es ‘antimafia’ sino más bien una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos desorganizados. No hay un abordaje de los vínculos de esas actividades con actividades económicas legales o ilegales que es algo básico del crimen organizado. Mirar esa relación existente y la penetración de las actividades legales e ilegales, eso no está en la ley”.

También señaló que “no hay preocupación por la participación del Estado en el fenómeno del crimen organizado. Tampoco aparece, claramente, el vínculo con la financiación de la política que es clásica en las leyes antimafia”, y criticó: “Pensamos leyes que aumentan las poblaciones penitenciarias sin pensar qué hacemos con las poblaciones penitenciarias”.

“Me llamó la atención la cantidad de representantes de Rosario que hubo porque no es realmente un fenómeno de crimen organizado, es una anomalía criminal en términos de delitos por la tasa de delitos que hay, pero no es un fenómeno vinculado con el crimen organizado”, planteó y pidió “desagregar lo que se cuenta de Rosario en relación a la ley porque se está falsificando la situación de Rosario porque no es un fenómeno de narcotráfico ni de crimen organizado”.

Así, Font manifestó: “Preocupémonos por resolver los problemas institucionales antes de sacar leyes que van a producir grandes conflictos, por ejemplo, aumentando las poblaciones penitenciarias sin pensar qué vamos a hacer con ellas”.

Al puntualizar en el caso de Rosario, especificó que “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local y con muy rústica organización. Es un crimen organizado muy violento y muy rústico. Es una violencia que precede al negocio, que construye identidad y reconocimiento de estas bandas”.

“Esta ley en el mejor de los casos sería inocua, en el peor de los casos sería contraproducente. El delito se entiende en relación al control y cuando se pone esa variable es que buena parte del fenómeno de Rosario se explica, no tanto por el delito, sino por las características del control del delito por parte de la administración de justicia provincial, federal y la policía”, precisó y contó que en el 2014 realizó, en conjunto con la universidad, una investigación vinculados a delitos del mercado local de drogar en la justicia federal, fragmentación de causas, falta de estrategia de persecución uniforme y elección azarosa de las fuerzas de seguridad que llevaban adelante las investigaciones, inadecuado control por parte de fiscales y jueces de las investigaciones delegadas, y la carga de trabajo. “Una gran dificultad de articulación entre el ejecutivo provincial y la justicia federal”, indicó.

También contó que en el 2015 hicieron un relevamiento de homicidios para ver qué hacía la justicia provincial con ello y descubrieron que “había casos perdidos, homicidios dolosos fueron remitidos a otros juzgados. De 141 casos de homicidio que relevamos en el periodo 2008-2012 en dos barrios en el 64% de los casos hubo indagatoria, 34% hubo procesamiento y en el 23% condenas. Esto no cambió, Rosario es una jurisdicción donde hay impunidad para homicidios, Buenos Aires esclarece 9 de cada 10, hoy se esclarece 6 de cada 10 en Santa Fe”.

Font denunció que “la policía provincial no solo habilita el delito, sino que trabaja para las bandas, está cuentapropizada”.

Vía zoom el intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, ratificó la necesidad de “contar con una ley que tome al crimen organizado por sus bandas en integralidad”. En esa misma línea, agregó: “La investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoridad material requiere una norma legislativa”.

Al hacer mención a la cantidad de homicidios por año, el intendente de Rosario lo justificó por “la libertad que dentro de los lugares donde cumplen su prisión los jefes o líderes de las bandas pueden operar”. Luego, Javkin planteó la necesidad de contar con “una concurrencia donde no se concentre la justicia de Capital Federal y donde no se desperdicie el conocimiento de los actores locales, tanto del fuero federal, sino también en la intervención de los fiscales provinciales”.

En ese aspecto, hizo hincapié en “poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto a fuerzas de seguridad como cualquier complicidad de actores estatales, porque evidentemente estas bandas son mixtas”. “Las causas hoy están involucrando sólo a los autores materiales y no a los intelectuales”, fustigó.

En tanto, instó a lograr “el fortalecimiento del estado”, pudiendo contar “con un instrumento legal que pueda combatir las bandas”. “La efectividad que tiene el estado en el esclarecimiento de homicidios, en el esclarecimiento de autoridades intelectuales inmediata, combinado con el control lento de las prisiones está teniendo un impacto provisorio en el primer cuatrimestre de una reducción de casi 60% de los hechos que hemos tenidos en el año anterior”, detalló.

Para concluir, Javkin puntualizó que “el peso de las organizaciones carcelarias ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.

“Creo que el fortalecimiento de la actividad persecutoria estatal, tomando a las bandas en su integralidad y en toda su operatoria, es la justificación más clara que tiene esta legislación”, cerró.

Por su parte, el especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología y ex Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganon, explicó: “Uno de los grandes problemas de Santa Fe es no haber analizado correctamente cuáles eran las causas del crecimiento de los homicidios y eso tiene que ver con la baja tasa de esclarecimiento y castigo; 7 de cada 10 homicidios quedan impunes”.

“Esta ley que ha sido anunciada con bombos y platillos es absolutamente innecesaria, porque no nos da respuestas a preguntas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cuántos de esos homicidios aún se encuentran impunes y por qué no han sido encontrado los autores materiales; quiénes son los agentes estatales: policías, jueces y fiscales, que han fracasado en la investigación y castigo de los culpables, entre otras cuestiones”, consideró Ganón.

Funcionarios y asociaciones expondrán en Diputados por las leyes de reforma en seguridad

Primero se reunirá la Comisión de Legislación Penal a las 11 y luego se llevará a cabo un plenario junto a Seguridad Interior para continuar con el tratamiento de los cuatro proyectos de ley de seguridad que envió el Ejecutivo.

Con funcionarios y asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

Diputados comenzará a debatir las leyes de seguridad que envió el Gobierno al Congreso

Se trata de los cuatro proyectos de ley de seguridad que envió el Ejecutivo y serán debatidos en el seno de un plenario de comisiones el próximo miércoles 24 de abril, con funcionarios invitados a exponer.

La Cámara de Diputados comenzará a analizar el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país, que envió el Poder Ejecutivo, en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe).

El debate será el próximo miércoles 24 de abril, en doble turno, pues a partir de las 14 en el Anexo “C” ha sido convocada la Comisión de Legislación Penal, a la que fueron invitados a exponer el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Fernando Soto. Los funcionarios abordarán modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A partir de las 16, comenzará a funcionar un plenario de Legislación Penal con Seguridad Interior, con los mismos funcionarios que ahora se referirán a la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que comprenderá modificaciones a la Ley 26.879.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Desde Hacemos Coalición Federal impulsan un proyecto contra la delincuencia organizada y el narcotráfico

El texto propone la creación de la Fuerza Federal de Elite y la Fiscalía Especial contra el Delito Organizado, con el objetivo de investigar, prevenir y desbaratar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, estupefacientes, trata de personas, etc.

Los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot presentaron un proyecto de ley destinado a combatir la delincuencia organizada en Argentina y el narcotráfico.

El texto propone la creación de la Fuerza Federal de Elite contra el Delito Organizado y la Fiscalía Especial contra el Delito Organizado, con el objetivo de investigar, prevenir y desbaratar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, estupefacientes, trata de personas, el secuestro extorsivo, entre otros, “logrando así una lucha más efectiva contra el narcotráfico”.

El proyecto contempla la definición de la delincuencia organizada como “la acción de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos con el fin de obtener un beneficio económico”.

Además, establece penas más severas para los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, así como la obligatoriedad de cumplir la privación de la libertad de forma efectiva, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, y la creación de un registro de personas investigadas por estos delitos.

La Fuerza Federal de Elite estará integrada por personal altamente capacitado y se encargará de la investigación y persecución de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. Por su parte, la Fiscalía Especial dirigirá las investigaciones y contará con amplias facultades para recolectar pruebas y llevar adelante procesos judiciales.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de combatir de manera efectiva la creciente actividad delictiva organizada en Argentina, especialmente en áreas como el secuestro extorsivo, el tráfico de drogas y la evasión impositiva. Se espera que su implementación contribuya significativamente a mejorar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos”, fundamentaron.

Fiscalia y Fuerza Elite contra el Crimen1051-D-2024

El Ejecutivo envió al Congreso una reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado

Se trata de cuatro proyectos de ley de seguridad que había anunciado la ministra Patria Bullrich: Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia, modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber.

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

MENSAJE N° 15-2024 Comunica el Proyecto de Ley Antimafia

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

MENSAJE N° 17-2024 - Proyecto de Ley - Modifica la Ley N° 26.879 - Registro Nacional de Datos Genéticos

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

MENSAJE N° 18 - 2024 PROYECTO DE LEY REINCIDENCIA, REITERANCIA Y UNIFICACIÓN DE CONDENAS MENSAJE N° 16-2024 que comunica Proyecto de Ley - Modifica el Código Penal - Orden Público