La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, más conocido como "ley antimafias", impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La votación resultó con 137 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención.

Del texto ingresado originalmente en abril pasado al dictamen salido de comisiones hubo varias modificaciones. Incluso, sectores de la oposición dialoguista llegaron a la sesión con disidencias. Ni bien arrancó el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), informó una serie de cambios a propuesta de Encuentro Federal y otras bancadas.

La iniciativa tiene por objeto "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original enviada por Patricia Bullrich fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

El proyecto establece que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial", la que "deberá ser declarada por la autoridad judicial competente". Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. "Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal", aclara.

En los cambios anunciados durante el debate, se sumó que "para la investigación conjunta de los delitos" abarcados en la ley, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".

"También podrá convocar a los ministerios de Seguridad, o con competencia en Seguridad, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta, brinden asistencia y colaboración en la investigación", agrega.

Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría. (Foto: HCDN)

Por otro lado, en el tratamiento en comisiones se modificó el artículo referido a "extinción de dominio" por "decomiso anticipado". Según el texto, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. Por propuesta del radical Manuel Aguirre, "el bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley".

A su vez, por observación del diputado de Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, se determinó que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".

En el artículo 4° se estableció que en los institutos de juicio abreviado se aclara que en estos procedimientos judiciales no se aplican los institutos de juicio abreviado, a solicitud de varios de los bloques.

El artículo 6, en su inciso "a" señala que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA podrán "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente". En los cambios en el recinto, se incorporó que esto deberá ser "siempre que exista urgencia fundada".

Además, en línea con el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".

La discusión en el recinto 

En el rol de miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) explicó una serie de modificaciones y reveló que todos los ministros provinciales fueron avisados del contenido. La cordobesa apuntó que se eliminarían de la lista los delitos de "amenazas, daños e intimidación pública, porque son delitos comunes y existía la sospecha que fueran utilizados por las organizaciones, y como no es la voluntad de la ley lo vamos a retirar”. También, señaló que se iban a “incorporar correcciones de la comisión interjurisdiccional entre Nación y las provincias”.

Con relación al contenido general de la ley, la bullrichista destacó que se busca “desalentar la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado -porque hacen más obras que los propios gobiernos-, darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación”.

“Pensamos que solo lo íbamos a ver en las películas y uno pensaba que en Argentina no pasaba”, dijo al nombrar bandas delictivas conocidas en el país como “Los Monos” y “la banda de Mameluco Villalba”, y resaltó que utilizan “el terror como moneda corriente, la violencia y pactos de silencios con objetivos mafiosos”.

En contra del proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) consideró que la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional”. En ese punto, indicó que “viola al artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica”.

"Estamos perdiendo una gran oportunidad”, lamentó el massista especialista en seguridad, y ahondó: “Hay fenómenos de crimen estructurado que requieren de nuestro mejor esfuerzo y esta ley no sigue el Protocolo de Palermo”.

Por otro lado, explicó que “en el Código Penal no está determinado qué es una mafia” y “estamos frente a una ley ni-ni: (no define) ni antimafia, ni lo que es una organización criminal". “Los jueces se van a encontrar con seis cosas a verificar cuando para una asociación ilícita (legislación vigente) sólo se tenían que verificar tres requisitos”, detalló e insistió que es “una ley que viola el debido proceso”.

También desde UP, Eduardo Valdés cargó con una serie de críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “¿Le queremos dar super poderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza del Congreso con brutales actos de represión injustificados y a quien, en pos de buscar impacto en la opinión pública, mintió descaradamente cuando afirmó que habían detenido a cuatro personas que operaban para Hezbollah, pero que fue desmentida por la fiscalía?”.

"Este proyecto de supuesto combate contra el crimen organizado se contrapone con el actual blanqueo impulsado por el Gobierno y aprobado hace dos meses atrás. Me opongo a un proyecto que nada tiene de abordaje integral al crimen organizado y cuyo único fin es otorgarle a Patricia Bullrich, facultades exorbitantes para actuar sobre la propiedad, intimidad y libertad de las personas”, sostuvo.

De la vereda opuesta, la legisladora Silvana Giudici (Pro) afirmó: “Desde el Pro estamos orgullosos y decididos de poder colaborar para que la Argentina sea un país distinto”. Y ratificó que su bloque “va a acompañar las políticas de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra el crimen organizado”.

“Esta ley trabaja donde más le duele a los criminales, en el bolsillo. Por primera vez se anunció que no hubo homicidios en Rosario, esto se logró en coordinación con el gobernador de Santa Fe. Es un rumbo para que la Argentina no vuelva hacia atrás”, añadió.

A su vez, desenfundó críticas contra las gestiones del kirchnerismo, al que responsabilizó por “el crecimiento del narcotráfico, la droga y el financiamiento ilícito de las campañas”. “Se les pasaban las mulas por delante de la PSA y cuando no se combate al narcotráfico ocurren casos como el triple crimen de General Rodríguez”, acusó Giudici.

Giudici destacó los cambios en la situación de Rosario y responsabilizó al kirchnerismo por "el crecimiento del narcotráfico" (Foto: HCDN)

A su turno, el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, señaló esta ley “es un aporte significativo y un cambio de paradigma” porque el crimen organizado “produce hechos graves en la sociedad y avanza en el lavado de activos”. Mencionó que estas organizaciones “se consolidan en las periferias de las ciudades” de todo el país.

El legislador ponderó que fueron tomadas como ejemplo la “Ley Rico de Estados Unidos” y “la lucha contra la mafia y la tarea que llevaron a cabo los fiscales sicilianos”. En ese punto, pidió por la creación de “una fiscalía que luche contra el delito organizado para la consolidación de equipos especializados”.

Para terminar, Pichetto confirmó la eliminación de los delitos comunes del dictamen y advirtió: “Hay que mirar un poco al proceso judicial porque hay eventos que me hacen ruido y se debe hacer una investigación para ver qué jueces dieron el beneficio de juicios abreviados”. “Falta que (a narcotraficantes condenados) le den una probation”, ironizó.

En el tramo final, el santafesino Mario Barletta (UCR) ponderó el apoyo a la ley por parte del gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, quien participó del debate en comisiones. Valoró que desde su llegada a la gobernación “se establece una política que nunca antes se había dado contra el crimen organizado” y se logra que “Nación, provincia y municipio trabajen de manera coordinada, tanto con Rosario como con la capital de Santa Fe”. 

“Nunca antes se trabajó en el Sistema Penitenciario” donde “prácticamente eran oficinas de lujo para que los narcos” se organizaran para seguir delinquiendo, subrayó. “Se trabajó con la policía, no sólo en equipamiento sino también en formación”, añadió sobre la gestión de Pullaro. El radical aclaró que “falta mucho, nunca se termina con la lucha contra el crimen organizado”, pero “Santa Fe fue un faro en este sentido y nos sentimos orgullosos”. “El gobernador Pullaro si hace falta va a doblar la apuesta, para lograr la paz y tranquilidad de Santa Fe”, aseveró. 

También de la provincia de Santa Fe, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez (UP), cuestionó que desde el oficialismo “vinieron a trazar una línea ‘ellos y nosotros’, que me parece absolutamente innecesaria. No van a encontrar ningún diputado nacional de nuestro bloque que en marzo, en plena conmoción pública como vivió Rosario, haya intentado sacar la más mínima ventaja política”. Y señaló que “con la misma responsabilidad que nos movimos en ese momento y nos pusimos al lado de las autoridades, también queremos decir que hay que ser serios en los diagnósticos”. 

“Si algo no permite el combate contra la criminalidad organizada es cantar victoria antes de tiempo”, advirtió y destacó que en su provincia se hayan achicado los episodios de balaceras y la cantidad de homicidios dolosos, pero apuntó: “Ahora, suponer que están desarticulados los elementos que llevaron a tener esas escenas que nosotros no queremos que vuelvan a suceder en Rosario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte”. 

Martínez aseguró que “esta ley no es lo que está necesitando nuestra ciudad, nuestra provincia”. “Estamos necesitando consolidar en el tiempo una decisión política”, consideró y añadió que “no necesitamos hacer gobernable el delito, sino que el delito desaparezca, que las organizaciones sean desbaratadas”. 

Cerró el debate el diputado oficialista Santiago Santurio, quien destacó la decisió politica de atender el tema de la seguridad como prioritario para el Gobierno y la ciudadanía”.

Recordó que Javier Milei durante la campaña planteó que los dos temas fundamentales a resolver eran “el económico y el de la seguridad”. “Toca avanzar en seguridad, que se ha logrado avanzar en 10 meses con grandísimos logros”, resaltó, y remarcó que “tenemos que entender que al crimen organizado y al delito no se le pueden dar ni un centímetro”.

“Es urgente y necesario dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir al crimen organizado”, enfatizó, y a propósito de la visita del presidente Nayib Bukele al Congreso dijo que nuestro país tiene dos caminos: “O se convierte en El Salvador actual o al de hace 6 años, dominado por ‘las maras’”.

“Nosotros no nos podemos permitir que el crimen organizado vaya tomando a la Argentina, por eso es fundamental esta ley”, planteó, criticando en su discurso que no podía permitirse, como se dijo durante el debate, que “los monos son los perejiles de esta historia”, cosa que consideró una falta de respeto. “Hay que hacerlos mierda –remarcó-, no son unos perejiles”.

En otro pasaje reconoció que “hay un momento en el que el crimen organizado se mete en la política”.

Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presididas por los diputados del Pro José Núñez y Laura Rodríguez Machado, se reunieron este miércoles a fin de considerar el proyecto de ley sobre el Abordaje Integral del Crimen Organizado, más conocida como “Ley Antimafias” con la presencia de invitados a exponer.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo C, se retrasó media hora debido al plenario de comisiones que previamente trató la prórroga de entrega de armas de forma voluntaria. En la reunión informativa expusieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el profesor en Criminología, Enrique Andrés Font; y Gabriel Elías Ganon especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología.

El primero en disertar fue el profesor titular interino de Criminología y docente investigador, Enrique Font, quien indicó: “El anteproyecto que estamos debatiendo no es ‘antimafia’ sino más bien una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos desorganizados. No hay un abordaje de los vínculos de esas actividades con actividades económicas legales o ilegales que es algo básico del crimen organizado. Mirar esa relación existente y la penetración de las actividades legales e ilegales, eso no está en la ley”.

También señaló que “no hay preocupación por la participación del Estado en el fenómeno del crimen organizado. Tampoco aparece, claramente, el vínculo con la financiación de la política que es clásica en las leyes antimafia”, y criticó: “Pensamos leyes que aumentan las poblaciones penitenciarias sin pensar qué hacemos con las poblaciones penitenciarias”.

“Me llamó la atención la cantidad de representantes de Rosario que hubo porque no es realmente un fenómeno de crimen organizado, es una anomalía criminal en términos de delitos por la tasa de delitos que hay, pero no es un fenómeno vinculado con el crimen organizado”, planteó y pidió “desagregar lo que se cuenta de Rosario en relación a la ley porque se está falsificando la situación de Rosario porque no es un fenómeno de narcotráfico ni de crimen organizado”.

Así, Font manifestó: “Preocupémonos por resolver los problemas institucionales antes de sacar leyes que van a producir grandes conflictos, por ejemplo, aumentando las poblaciones penitenciarias sin pensar qué vamos a hacer con ellas”.

Al puntualizar en el caso de Rosario, especificó que “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local y con muy rústica organización. Es un crimen organizado muy violento y muy rústico. Es una violencia que precede al negocio, que construye identidad y reconocimiento de estas bandas”.

“Esta ley en el mejor de los casos sería inocua, en el peor de los casos sería contraproducente. El delito se entiende en relación al control y cuando se pone esa variable es que buena parte del fenómeno de Rosario se explica, no tanto por el delito, sino por las características del control del delito por parte de la administración de justicia provincial, federal y la policía”, precisó y contó que en el 2014 realizó, en conjunto con la universidad, una investigación vinculados a delitos del mercado local de drogar en la justicia federal, fragmentación de causas, falta de estrategia de persecución uniforme y elección azarosa de las fuerzas de seguridad que llevaban adelante las investigaciones, inadecuado control por parte de fiscales y jueces de las investigaciones delegadas, y la carga de trabajo. “Una gran dificultad de articulación entre el ejecutivo provincial y la justicia federal”, indicó.

También contó que en el 2015 hicieron un relevamiento de homicidios para ver qué hacía la justicia provincial con ello y descubrieron que “había casos perdidos, homicidios dolosos fueron remitidos a otros juzgados. De 141 casos de homicidio que relevamos en el periodo 2008-2012 en dos barrios en el 64% de los casos hubo indagatoria, 34% hubo procesamiento y en el 23% condenas. Esto no cambió, Rosario es una jurisdicción donde hay impunidad para homicidios, Buenos Aires esclarece 9 de cada 10, hoy se esclarece 6 de cada 10 en Santa Fe”.

Font denunció que “la policía provincial no solo habilita el delito, sino que trabaja para las bandas, está cuentapropizada”.

Vía zoom el intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, ratificó la necesidad de “contar con una ley que tome al crimen organizado por sus bandas en integralidad”. En esa misma línea, agregó: “La investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoridad material requiere una norma legislativa”.

Al hacer mención a la cantidad de homicidios por año, el intendente de Rosario lo justificó por “la libertad que dentro de los lugares donde cumplen su prisión los jefes o líderes de las bandas pueden operar”. Luego, Javkin planteó la necesidad de contar con “una concurrencia donde no se concentre la justicia de Capital Federal y donde no se desperdicie el conocimiento de los actores locales, tanto del fuero federal, sino también en la intervención de los fiscales provinciales”.

En ese aspecto, hizo hincapié en “poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto a fuerzas de seguridad como cualquier complicidad de actores estatales, porque evidentemente estas bandas son mixtas”. “Las causas hoy están involucrando sólo a los autores materiales y no a los intelectuales”, fustigó.

En tanto, instó a lograr “el fortalecimiento del estado”, pudiendo contar “con un instrumento legal que pueda combatir las bandas”. “La efectividad que tiene el estado en el esclarecimiento de homicidios, en el esclarecimiento de autoridades intelectuales inmediata, combinado con el control lento de las prisiones está teniendo un impacto provisorio en el primer cuatrimestre de una reducción de casi 60% de los hechos que hemos tenidos en el año anterior”, detalló.

Para concluir, Javkin puntualizó que “el peso de las organizaciones carcelarias ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.

“Creo que el fortalecimiento de la actividad persecutoria estatal, tomando a las bandas en su integralidad y en toda su operatoria, es la justificación más clara que tiene esta legislación”, cerró.

Por su parte, el especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología y ex Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganon, explicó: “Uno de los grandes problemas de Santa Fe es no haber analizado correctamente cuáles eran las causas del crecimiento de los homicidios y eso tiene que ver con la baja tasa de esclarecimiento y castigo; 7 de cada 10 homicidios quedan impunes”.

“Esta ley que ha sido anunciada con bombos y platillos es absolutamente innecesaria, porque no nos da respuestas a preguntas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cuántos de esos homicidios aún se encuentran impunes y por qué no han sido encontrado los autores materiales; quiénes son los agentes estatales: policías, jueces y fiscales, que han fracasado en la investigación y castigo de los culpables, entre otras cuestiones”, consideró Ganón.

Con funcionarios y asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

La Cámara de Diputados comenzará a analizar el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país, que envió el Poder Ejecutivo, en el seno de un plenario de las comisiones de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), y de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe).

El debate será el próximo miércoles 24 de abril, en doble turno, pues a partir de las 14 en el Anexo “C” ha sido convocada la Comisión de Legislación Penal, a la que fueron invitados a exponer el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Carlos Alberto Monfroni y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación,  Fernando Soto. Los funcionarios abordarán modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A partir de las 16, comenzará a funcionar un plenario de Legislación Penal con Seguridad Interior, con los mismos funcionarios que ahora se referirán a la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, que comprenderá modificaciones a la Ley 26.879.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Los diputados nacionales del bloque Hacemos Coalición Federal Miguel Ángel Pichetto, Oscar Agost Carreño, Emilio Monzó, Florencio Randazzo y Nicolás Massot presentaron un proyecto de ley destinado a combatir la delincuencia organizada en Argentina y el narcotráfico.

El texto propone la creación de la Fuerza Federal de Elite contra el Delito Organizado y la Fiscalía Especial contra el Delito Organizado, con el objetivo de investigar, prevenir y desbaratar actividades delictivas relacionadas con el tráfico de armas, estupefacientes, trata de personas, el secuestro extorsivo, entre otros, “logrando así una lucha más efectiva contra el narcotráfico”.

El proyecto contempla la definición de la delincuencia organizada como “la acción de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos con el fin de obtener un beneficio económico”.

Además, establece penas más severas para los delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, así como la obligatoriedad de cumplir la privación de la libertad de forma efectiva, sin posibilidad de acceder a la libertad condicional, y la creación de un registro de personas investigadas por estos delitos.

La Fuerza Federal de Elite estará integrada por personal altamente capacitado y se encargará de la investigación y persecución de la delincuencia organizada en todo el territorio nacional. Por su parte, la Fiscalía Especial dirigirá las investigaciones y contará con amplias facultades para recolectar pruebas y llevar adelante procesos judiciales.

“Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de combatir de manera efectiva la creciente actividad delictiva organizada en Argentina, especialmente en áreas como el secuestro extorsivo, el tráfico de drogas y la evasión impositiva. Se espera que su implementación contribuya significativamente a mejorar la seguridad y proteger los derechos de los ciudadanos”, fundamentaron.

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.