Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado se reunieron este miércoles en una breve reunión plenaria para firmar el despacho del proyecto de ley antimafias; la modificación al régimen legal para el desarmado de automotores y venta de sus autopartes; y al texto de regularización de armas de fuego y la prórroga del programa de entrega voluntaria.

En el comienzo de la reunión, la presidenta de Seguridad Interior y Narcotráfico, Carolina Losada, anunció que los jefes de bloque radical y oficialista, Eduardo “Peteco” Vischi y Ezequiel Atauche, reemplazan en la comisión al pampeano Daniel Kroneberger y a Bruno Olivera Lucero, respectivamente. Del mismo modo, en Justicia y Asuntos Penales Alfredo De Ángeli y el misionero Carlos Arce pasaron a ocupar los lugares de Luis Juez y Francisco Paoltroni.

Todo marchaba como las autoridades habían planeado, ya que en esta ocasión el plenario logró el quórum y se pasó a la firma de los despachos, hasta que llegó el senador kirchnerista Oscar Parrilli, quien fue el único presente del interbloque Unión por la Patria y tuvo un sugestivo cruce con la santafesina Carolina Losada.

El neuquino, primero, propuso no pasar a la firma el dictamen de la ley antimafias, al que llamó como “un tema no sencillo”, sin antes no escuchar la exposición de Manuel Tufró, director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); y de Mariano Przybylski, exdirector Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional.

La negativa de Losada, en su rol de autoridad del plenario, no tardó en llegar: “Entiendo que ustedes estaban acostumbrados que esta comisión no trabajaba porque en 2023 no hubo ninguna reunión, pero esa etapa terminó (sobre la invitación a expositores) y ya pasamos a dictamen”. “Será para la próxima”, lanzó la santafesina.

El momento en las autoridades del plenario pasaron los despachos a la firma.

Cuando se buscaba dar por terminada la reunión plenaria, Parrilli interrumpió nuevamente al proponer una serie de modificaciones al dictamen de regularización de armas, pero Losada respondió irónicamente: “Me encanta que en noviembre se acuerden que existe la comisión”. El neuquino le retrucó: “Guárdese las chicanas”, y la presidenta de Seguridad Interior y Narcotráfico sumó: “Usted no me va a decir qué decir y qué no”.

Lejos de dar lugar a las modificaciones propuestas por el senador kirchnerista, Losada le recomendó que haga un dictamen de minoría porque “ya tuvimos tres oportunidades de conclusión” y “ustedes no vienen a trabajar”, le enrostró a Parrilli. Del mismo modo, el neuquino le recordó que es “lo mismo que hicieron durante cuatro años”.

Tras un pedido de Paoltroni para dar por terminada la reunión, el senador fueguino Pablo Blanco sugirió dar lugar a escuchar las modificaciones de Unión por la Patria de cara al tratamiento del proyecto en el recinto de la Cámara alta y afirmó que es “bienvenida la propuesta si es superadora de la ley”.

En el cierre, Losada comparó la labor realizada por la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, con lo hecho durante los cuatro años que el Senado era presidido por Cristina Kirchner, a quien llamó como “la exvicepresidenta condenada dos veces”, y cerró: “Qué lástima que no vinieron antes (en relación al debate de los proyectos dictaminados). Le molesta la verdad y les molesta la justicia”.

Las comisiones de Justicia y Asuntos Penales, y Seguridad Interior y Narcotráfico del Senado volverán a reunirse este miércoles a las 16 en el Salón Arturo Illia para dictaminar el proyecto de ley antimafias tras truncarse el despacho por falta de quórum la semana pasada. Además, va a comenzar el debate sobre el texto de entrega voluntaria de armas.

En el oficialismo son optimistas respecto a sancionar la ley en este período de sesiones, pese a que el despacho se viene retrasando: El miércoles pasado, varios integrantes del plenario, de la oposición dialoguista, se vieron imposibilitados de asistir debido a retrasos en sus vuelos en medio de la conflictividad gremial que atraviesa el rubro. Por su parte, desde Unión por la Patria optaron por no asistir y, por ende, el encuentro se quedó sin quórum.

El proyecto de ley cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y fue uno de los tantos textos impulsados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La iniciativa remarca a la figura de la asociación ilícita con carácter especial, para determinados delitos, como tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos de origen delictivo, secuestros, homicidios o trata de personas, y propone penas de prisión que van de los 8 a los 20 años por la mera pertenencia a una organización delictiva.

Por su parte, el contenido del proyecto define que las personas que pertenezcan a este tipo de organizaciones pueden ser penalizadas con la pena máxima correspondiente al delito más grave que cualquier miembro de grupo haya cometido.

Una vez despachado el proyecto de ley antimafias, el plenario de comisiones que encabezarán Carolina Losada, en su rol de titular de Seguridad Interior y Narcotráfico, y Juan Carlos Pagotto, presidente de Justicia y Asuntos Penales, va a iniciar el debate del tratamiento vinculado a la regulación de la tenencia de armas y la extensión del Programa de Entrega Voluntaria.

Si bien el proyecto cuenta con media sanción de la Cámara baja desde el 1° de octubre pasado, el temario incluye uno de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti y otro de la santafesina Carolina Losada vinculados al Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Asimismo, se pondrá en debate otro proyecto relacionado a modificar el marco normativo del desarmado de automotores y la venta de autopartes.

El senador nacional Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza – La Rioja) hizo referencias al proyecto de ley antimafias que impulsó el Poder Ejecutivo y que tiene media sanción de la Cámara de Diputados desde el 1ero. de octubre pasado. El riojano, además, relató por qué está trabado el dictamen en el Senado, el cual pretendían sacar este miércoles.

Por otro lado, fue consultado por la posibilidad de cambios en la disposición de la Presidencia Provisional del Senado a partir de diciembre y refirió: “La política es un arte o una profesión dinámica. Por lo tanto, siempre hay modificaciones y alteraciones”. Asimismo, señaló que los cambios en las autoridades “son cuestiones a las que uno tiene que estar acostumbrado”.

Entrevistado por parlamentario.com, el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta se refirió a la interna del Partido Justicialista que tuvo al gobernador riojano Ricardo Quintela como protagonista previo a que se cayera la postulación y aseveró: “Hay una queja generalizada”, y agregó que “la situación de La Rioja es preocupante”.

- Tras la postulación del gobernador Quintela a la conducción del PJ ¿Cómo está la situación en la provincia de La Rioja?

- Hay una queja generalizada. No tengo conocimiento acabado de cómo están las finanzas de La Rioja. Lo cierto es que la coparticipación llega puntualmente y estar internas dejan heridas que trascienden a los partidos y que afectan a la sociedad en su conjunto. Este es uno de los problemas fundamentales. Ya lo veremos porque son efectos que van a salir con el tiempo. la situación de La Rioja es preocupante.

- ¿Es factible que pueda haber cambios en la presidencia provisional del Senado?

- Eso se va a tratar en su momento que será a fin de año. Como puede haber cambios, puede no haber cambios. La política es un arte o una profesión dinámica. Por lo tanto, siempre hay modificaciones y alteraciones. Son cuestiones a las que uno tiene que estar acostumbrado porque es lo que ha tocado vivir y los cargos son para que los ejerzan quienes hayan sido elegidos y el resto acompañe.

- ¿Cuál es la agenda del oficialismo en el Senado para el corto plazo?

- Estamos tratando de obtener despacho y no logramos quórum en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la ley antimafias que es un instrumento muy importante para seguir combatiendo el tema del narcotráfico en Rosario y una serie de bandas organizadas que han llevado los límites de la inseguridad a niveles alarmantes. Despues vamos a tratar de sacarla l más rápido posible. No hemos tenido quórum en los dos plenarios por problemas de reprogramación de vuelos.

- Entonces… ¿La idea es tener la ley sancionada el 30 de noviembre?

- Vamos a hacer lo absolutamente posible e imposible. Es el compromiso que tenemos, tanto yo, como la senadora Carolina Losada y el resto de los miembros de la comisión. El resto lo iremos discutiendo, pero tenemos que aprobar esta ley porque la comunidad en general tiene que tener conocimiento de cuáles son las armas requeridas para el combate del crimen organizado, América Latina tiene las características de tener el narcoterrorismo y que produce daños en la sociedad que son de una dimensión que trasciende en el tiempo y en el espacio.

En una segunda reunión informativa, que contó con la participación de funcionarios, se debatió este miércoles en el Senado sobre la ley antimafias, que busca combatir el crimen organizado y ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, impulsada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Tras semanas atravesadas por una escasa actividad en la Cámara alta, un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales escuchó a los invitados, pero, al no tener quórum, otras iniciativas del temario quedaron sin poder ser dictaminadas. 

La radical Carolina Losada, titular de la Comisión de Seguridad, adjudicó la ausencia de senadores a problemas con los vuelos. Y anunció que el próximo miércoles se citará con el objetivo de sacar despacho. Al igual que en la primera reunión, no hubo presencia de miembros de Unión por la Patria en el encuentro. 

El primer orador fue Carlos Manfroni, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad, quien indicó que “a necesidades especiales, requerimos legislación especial” para atacar “el fenómeno de las mafias y las sociedades de criminalidad organizada que operan de una forma no solamente cruenta, sino que a un negocio ilícito lo van enlazando con otro y van utilizando a las personas de la mejor manera para que no puedan ser imputables, así es como hemos visto utilización de menores para crímenes terribles”. 

“Hemos recogido la experiencia de muchos países, como la ley antimafias de Italia y la Ley Rico de Estados Unidos, pero hemos querido hacer un diseño propio para Argentina y para circunstancias como las que vive nuestro país en zonas como por ejemplo Rosario”, señaló. 

En referencia al proyecto, el funcionario apuntó que se prevé “la pena de 8 a 20 años por la mera pertenencia a una asociación ilícita” y la creación de una “zona de investigación especial” para que “con el consenso de la autoridades nacionales y provinciales, y el pedido de la Procuración, allí puedan regir determinados tipos de procedimiento”. 

“Es una ley que en este momento nos resulta imprescindible, la necesita el Ministerio de Seguridad, las fuerzas federales, las fuerzas provinciales y la demanda la sociedad toda”, afirmó Manfroni, quien agregó que “es verdad que en Rosario hemos podido avanzar sin contar todavía con un instrumento como este”, pero si la norma estaría vigente “la tarea la tendríamos más adelantada”. 

Así, pidió a los senadores “que nos den este instrumento, nos concedan este beneficio, a fin de poder acabar con la delincuencia”. Y advirtió que “en el noroeste argentino también tenemos problemas graves de contrabando, tráfico ilícito de estupefacientes y otros problemas que pueden llegar a sobrevenir en un futuro muy próximo en una frontera muy caliente con Bolivia”. 

A su turno, Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, aseguró: “Este proyecto nos parece realmente muy importante. Es útil, oportuno e indispensable para entablar una lucha seria contra las organizaciones criminales”. Recordó que durante el tratamiento parlamentario “muchas sugerencias” realizadas por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro fueron tomadas.

En ese sentido, habló de artículos como el que prevé una detención de hasta 15 días por orden del fiscal, más una prórroga de otros 15 días, que deriva del artículo 214 del Código Procesal Penal de Sante Fe. “Originalmente al proyecto lo habíamos definido de muy garantista para sorpresa de sus impulsores”, resaltó. 

Entre los cambios que se hicieron a ese texto original enviado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, el funcionario provincial valoró que “se ha tomado la propuesta de dar mayor participación a las autoridades locales” en lo que hace a la zona sujeta a investigación especial. 

“Algo que podría corregirse, pero no es grave, es que sigue habiendo cierta ambigüedad respecto de la cláusula federal; cómo juega la comisión investigadora conjunta con la idea de que toda la investigación pase al fuero federal. Preferiríamos que se corrigiera, pero no nos parece un inconveniente insalvable”, sumó. 

Cococcioni destacó las medidas tomadas por la gestión de Pullaro y aportó contundentes datos: “En la provincia de Santa Fe, el año pasado a esta altura llevábamos 332 homicidios dolosos, al día de hoy llevamos 149, un descenso de casi el 55% a nivel provincial. En Rosario, donde está el mayor despliegue de efectivos federales, el año pasado a esta altura llevábamos 224 homicidios dolosos, al día de hoy 79. Esto no es explicable de manera monocausal, hay muchísimo trabajo”.

En su exposición, el ministro de Justicia y Seguridad santafesino enfatizó que “luchar en serio contra las organizaciones criminales requiere herramientas extraordinarias” y “es imperativo contar con esta ley para avanzar en serio y desmantelar las organizaciones” porque “hay menos homicidios, pero siguen operando y están agazapados, y si no los desarmamos en cualquier momento vuelven a la carga”. 

Tras recibir elogios de los senadores Eduardo Galaretto (UCR), Carmen Álvarez Rivero (Pro) y Juan Carlos Pagotto (LLA), Cococcioni dijo que “Pullaro está sumamente comprometido con este proyecto”. 

Finalmente, durante el plenario se presentó también Marcelo Serghini, director del Centro de Estudios en Defensa y Seguridad, quien remarcó que “nuestro país sufre los mismos problemas que tiene toda América Latina y nosotros no somos la excepción de lo que pasa en nuestra región”. De acuerdo a un informe de la ONU de 2023, “se registra un aumento del consumo de drogas del 20%” en el mundo. “Se estima que el crimen organizado genera 870 mil millones de dólares al año, equivalente al 7% de las exportaciones mundiales de mercaderías”, precisó y afirmó que “el tráfico de drogas sigue siendo la forma más lucrativa de negocio para los delincuentes”. 

El especialista consideró que la ley busca ser “una respuesta reactiva por parte del PEN ante los hechos de violencia y criminalidad extrema en Rosario por parte de los clanes rosarinos, las bandas del conurbano y los grupos criminales de las villas 1-11-14 y 31” y “por la urgente necesidad de un cambio radical respecto a las drogas, como una deuda de la democracia”.  

“En Argentina más de dos millones de argentinos consumen marihuana, 200 mil argentinos consumen cocaína y el 72% de las causas en la justicia por drogas son por narcomenudeo, provocando un gasto enorme del Estado y cárceles llenas”, informó y planteó que “debemos invertir en la prevención” pero “esto lamentablemente no aparece” en el proyecto. “Hay que abordar el tema de las drogas desde un enfoque integral; hay que ver el consumo de las sustancias como un problema de la salud”, reclamó Serghini, quien también observó que la ley “nada dice sobre el lavado de activos y la probable penetración del narco en las estructuras del Estado”. 

El resto del temario que incluía el plenario era el proyecto -con media sanción de Diputados- sobre regularización de la tenencia de armas de fuego y la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria de armas; y otro sobre un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. 

En medio de la parálisis que atraviesa el Senado, con una escasísima actividad de comisiones y el recinto cerrado desde el pasado 26 de septiembre, este miércoles se reanudará el debate sobre la ley antimafias -contra el crimen organizado-, que cuenta con media sanción de Diputados.

Un plenario de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales, presididas por la radical Carolina Losada y el oficialista Juan Carlos Pagotto, respectivamente, se reunirá desde las 13 en el Salón Illia.

Al encuentro fueron invitados Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad y el doctor Marcelo Luis Serghini, asesor especialista en defensa y seguridad.

Hace tres semanas atrás, la discusión arrancó en esas comisiones con la visita de funcionarios. Se trataron además otros dos temas: la media sanción sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria; e iniciativas sobre un régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes, que culminarían en un dictamen unificado. Ambas cuestiones serán abordadas también este miércoles.

El proyecto de ley antimafias, promovido por la ministra Patricia Bullrich, tiene por objeto “brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”.

El texto plantea que todo aquel que “tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita” será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.
Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario en la Cámara baja los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

El proyecto establece que “la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial”, la que “deberá ser declarada por la autoridad judicial competente”. Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. “Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal”, aclara.

El Senado arrancó este miércoles con el debate de dos proyectos de ley impulsados por el Poder Ejecutivo, que ya cuentan con media sanción: la llamada “ley antimafias” y una iniciativa sobre regularización de armas y extensión del programa de entrega voluntaria. 

Miembros de las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y de Justicia y Asuntos Penales -sin la presencia de senadores de Unión por la Patria- recibieron al director de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien aseguró sobre la ley de abordaje integral del crimen organizado que “es un proyecto fundamental” porque “estamos hablando de crimen organizado frente a un Estado desorganizado”.  

La ley “es para crimen organizado, es por determinados delitos, es por una zona determinada, es un control equilibrado donde intervienen las fuerzas policiales; la decisión la toma el fiscal con inmediato control judicial, el que termina controlando todo es el juez, siempre; hay una intervención de las fiscalías con un control judicial como existe en la provincia de Buenos Aires o en Santa Fe”, explicó. 

En ese sentido, subrayó que “esta ley hace que trabajen conjuntamente las fuerzas federales, los jueces federales y los fiscales federales con las fuerzas provinciales y jueces y fiscales provinciales”. “Sin duda que la superposición de trabajo mejora el resultado”, consideró. 

El funcionario remarcó que la norma apunta a desarmar el poder económico que manejan las organizaciones criminales. “En el proyecto original pusimos la extinción de dominio”, recordó, aunque en la Cámara de Diputados por acuerdo con la oposición “se modificó y se puso el decomiso anticipado, lo que nos pareció muy acertado”, dijo. Sobre esto, afirmó que fue consultado con jueces y fiscales, quienes dieron el visto bueno. 

La senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro) planteó la duda respecto de la figura de decomiso anticipado, en relación a la constitucionalidad. “Respecto del decomiso le pedimos al juez que tenga certeza, no de un peligro, convicción, es decir, que dicte la sentencia anticipada”, respondió Soto. Mientras que el senador Juan Carlos Pagotto (LLA) admitió que podría haber “un problema de nulidad, pero para eso están los jueces y por eso el decomiso tiene que ser hecho con rigurosidad y de manera excepcional, cuando las circunstancias lo aconsejen”. 

En una de sus intervenciones, la presidenta de la Comisión de Seguridad, Carolina Losada (UCR), mencionó como en Santa Fe “las bandas narcos con los jefes en las cárceles no solamente organizaban ejércitos de sicarios, sino que vendían una especie de franquicias de territorios”. 

En otro tramo, el representante del Ministerio de Seguridad agregó que “la criminalidad cambia dinámicamente” y “nosotros tardamos para hacer una ley, pero ellos no”. Finalmente, defendió que este proyecto “es un cambio cultural, de concepto, de cómo se entiende la investigación y el delito”. 

Por otra parte, también comenzó a discutirse el proyecto sobre regularización de la tenencia de armas y una nueva prórroga del Programa de Entrega Voluntaria. Para ello asistió el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), Juan Pablo Allan, quien señaló que a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo se le hicieron “siete modificaciones” en la Cámara de Diputados, que “le dieron mayor robustez y solidez” al texto, al tiempo de “un mayor consenso, muy buen acompañamiento (en la media sanción) y tenemos la expectativa de que esto ocurra en esta casa”. 

El funcionario afirmó que se busca “saber lo más cercano posible la cantidad de armas que hay en el país, quién las tiene y dónde”. Aclaró que con esta norma “no se están modificando los requisitos para ser legítimo usuario”, mientras que subrayó que el sistema de tenencia “en la práctica ha perdido eficacia”. 

En ese sentido, detalló que actualmente hay “una persona en condición regular y dos personas en condición irregular” sobre tenencia. “Las armas no se esfuman, alguien las tiene y el Estado necesita saber quién las tiene”, insistió y precisó que este año hay “vigentes casi 300 mil personas con su credencial de legítimo usuario”, de los cuales declararon 830 mil armas; sin embargo “hay 600 mil personas que dejaron vencer su credencial, y la inmensa mayoría había declarado armas” en un total de 986 mil. Además, hay más de 800 mil armas que “nunca tuvieron registración”.

Allan dijo que en años anteriores “el Estado gastó 226 millones de pesos y solamente el 2,8% regularizó su situación”. “Nosotros afrontamos otra forma, sí nos comunicamos con los vencidos; concientizando sobre las ventajas de estar a derecho”, manifestó y reveló que están “en plena reconstrucción de la base (de datos)”. Sobre esto, contó que a partir de un cruce de información con el Renaper, conocieron que “más de 120 mil personas están fallecidas”.

Sobre la prórroga del programa de entrega voluntaria, el titular de la ANMaC sostuvo que se busca extenderlo hasta 2027, por un plazo de cuatro años “para evitar los baches”. “Rosario es por lejos la ciudad donde la gente entregó más armas y la Justicia pide este programa, lo necesita”, dijo. 

Allan precisó que en 2017 se entregaron 11 mil armas; en 2018 casi 12 mil; en 2019 unas 7 mil; luego hubo un descenso y en el 2023 “volvió a subir a 4.200”. “Tenemos la expectativa de superar ese número” con la nueva prórroga, expresó e indicó que el año que viene está previsto un presupuesto de 57 millones de pesos para este programa, dado que la entrega se hace a cambio de un incentivo económico. 

También aclaró que “la delincuencia no blanquea en ninguna condición”. “Nosotros vamos a controlar el pedido: que (el arma) no tenga alta de secuestro, que no esté judicializada, que la numeración no esté adulterada, va a haber un exhaustivo examen previo a su regularización”. 

El otro ítem del temario tenía que ver con un proyecto sobre régimen legal para el desarmado de automotores y venta de autopartes. Losada informó que desde el Poder Ejecutivo llegaron “algunas sugerencias” sobre el tema, que iban a ser remitidas a los senadores junto al borrador del dictamen “para que veamos si las tomamos o no” y en la próxima reunión poder debatir y dictaminar. 

Un plenario de comisiones de las comisiones de Seguridad Interior y de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara alta comenzará a debatir el proyecto de “Ley antimafias” impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para castigar el crimen organizado.

La iniciativa recibió media sanción el pasado 1ro de octubre con 137 votos a favor y 92 en contra y se pondrá a consideración el miércoles 16 de octubre a las 14 en el Salón Arturo Illia. Al encuentro asistirán Fernando Soto, director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación; Carlos Alberto Manfroni, titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Seguridad de la Nación; y Juan Pablo Allan, director ejecutivo del ANMAC, a fin de exponer sobre el tema.

También se retomará el debate, que se inició el pasado 20 de agosto, sobre el proyecto que pretende modificar la Ley 25.761 sobre Régimen Legal para el Desarmado de Automotores y Venta de sus Autopartes que contiene el marco normativo para automotores abandonados, perdidos, decomisados o secuestrados. Dichas modificaciones tienen como objetivo mejorar y ampliar las prácticas de reciclaje para reducir la huella ecológica.

Por último, figura en agenda el proyecto que cuenta con media sanción de Diputados que prorroga hasta 2025 el Programa Nacional de entrega voluntaria de armas de fuego. El texto recibió 142 votos a favor, 89 en contra y 1 abstención.

La Cámara de Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de ley de abordaje integral del crimen organizado, más conocido como "ley antimafias", impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La votación resultó con 137 votos a favor, 92 en contra y ninguna abstención.

Del texto ingresado originalmente en abril pasado al dictamen salido de comisiones hubo varias modificaciones. Incluso, sectores de la oposición dialoguista llegaron a la sesión con disidencias. Ni bien arrancó el debate, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado (Pro), informó una serie de cambios a propuesta de Encuentro Federal y otras bancadas.

La iniciativa tiene por objeto "brindar al Estado herramientas útiles en materia de investigación y sanción de las organizaciones criminales, entendiéndose por tales a los grupos de 3 o más personas que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves".

Uno de los artículos que se mantuvo tal cual la versión original enviada por Patricia Bullrich fue el que plantea que todo aquel que "tomare parte, cooperare o ayudare a la formación o al mantenimiento de una asociación ilícita" será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años.

Además de abarcar a delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestro, trata de personas -entre otros-, se sumaron a la lista en el tratamiento parlamentario los delitos contra la administración pública, como cohecho y tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales y enriquecimiento ilícito. También los delitos contra la integridad sexual y contra la propiedad; y se agregó la Ley 27.447 de Trasplante de Órganos (que contempla las penas por comercialización de los mismos).

El proyecto establece que "la Fiscalía Federal competente, las procuradurías y unidades fiscales especializadas competentes y el Ministerio de Seguridad podrán requerir la necesidad de una investigación especial", la que "deberá ser declarada por la autoridad judicial competente". Dicha investigación especial estará sujeta a una zona determinada, pudiendo comprender una o más ciudades, o un área geográficamente limitada, la cual podrá ampliarse bajo el mismo procedimiento.

Si los delitos investigados estuvieran sometidos a la jurisdicción provincial, la necesidad de una investigación especial será determinada a solicitud del Ministerio Público Fiscal y del gobernador de provincia o jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda en función del territorio, y autorizada por los jueces locales. "Autorizada judicialmente la zona sujeta a investigación especial, las actuaciones pasarán a la justicia federal", aclara.

En los cambios anunciados durante el debate, se sumó que "para la investigación conjunta de los delitos" abarcados en la ley, "la Fiscalía Federal competente convocará a la Fiscalía General provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las Procuradurías y Unidades Fiscales Especializadas, para integrar una Comisión Investigadora Conjunta".

"También podrá convocar a los ministerios de Seguridad, o con competencia en Seguridad, de las provincias o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al Ministerio de Seguridad de la Nación para que, en forma coordinada y bajo la dirección de la Comisión Investigadora Conjunta, brinden asistencia y colaboración en la investigación", agrega.

Laura Rodríguez Machado, miembro informante del dictamen de mayoría. (Foto: HCDN)

Por otro lado, en el tratamiento en comisiones se modificó el artículo referido a "extinción de dominio" por "decomiso anticipado". Según el texto, el juez, a pedido del Ministerio Público Fiscal, "podrá, aun sin condena, decomisar cualquier bien que presumiblemente sea producto de las actividades" ilícitas. Por propuesta del radical Manuel Aguirre, "el bien decomisado pasará de manera inmediata al dominio del Estado Nacional, de las provincias, o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los porcentajes de distribución que establezca la reglamentación de la ley".

A su vez, por observación del diputado de Hacemos Coalición Federal Juan Brügge, se determinó que "en caso de condena, el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumplirán con la obligación de indemnizar del Título IV del Código Penal de la Nación, hasta el límite del valor económico de los bienes que hubieren recibido por resolución judicial de decomiso anticipado".

En el artículo 4° se estableció que en los institutos de juicio abreviado se aclara que en estos procedimientos judiciales no se aplican los institutos de juicio abreviado, a solicitud de varios de los bloques.

El artículo 6, en su inciso "a" señala que "declarada la necesidad de una investigación especial" las fuerzas policiales y de seguridad federales, provinciales y de CABA podrán "detener a una persona por hasta 48 horas por una averiguación por la comisión de los delitos" contemplados en la ley "con autorización del Ministerio Público Fiscal y en dichos términos, dando aviso inmediato a la autoridad judicial competente". En los cambios en el recinto, se incorporó que esto deberá ser "siempre que exista urgencia fundada".

Además, en línea con el nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe, "cuando la investigación sea compleja a causa de la pluralidad de hechos, del elevado número de detenidos o víctimas, o por tratarse de casos de delincuencia transnacional, la detención tendrá una duración máxima de 15 días, prorrogables por igual término mediante autorización judicial".

La discusión en el recinto 

En el rol de miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (Pro) explicó una serie de modificaciones y reveló que todos los ministros provinciales fueron avisados del contenido. La cordobesa apuntó que se eliminarían de la lista los delitos de "amenazas, daños e intimidación pública, porque son delitos comunes y existía la sospecha que fueran utilizados por las organizaciones, y como no es la voluntad de la ley lo vamos a retirar”. También, señaló que se iban a “incorporar correcciones de la comisión interjurisdiccional entre Nación y las provincias”.

Con relación al contenido general de la ley, la bullrichista destacó que se busca “desalentar la integración de estas bandas con el aumento de las penas, sacarle los fondos bajo el decomiso anticipado -porque hacen más obras que los propios gobiernos-, darle un accionar rápido a la justicia y tener un trabajo de coordinación entre provincias y Nación”.

“Pensamos que solo lo íbamos a ver en las películas y uno pensaba que en Argentina no pasaba”, dijo al nombrar bandas delictivas conocidas en el país como “Los Monos” y “la banda de Mameluco Villalba”, y resaltó que utilizan “el terror como moneda corriente, la violencia y pactos de silencios con objetivos mafiosos”.

En contra del proyecto, el diputado Ramiro Gutiérrez (UP) consideró que la iniciativa presenta “problemas dogmáticos y de orden constitucional”. En ese punto, indicó que “viola al artículo 18 de la Constitución Nacional y el 8 del Pacto de San José de Costa Rica”.

"Estamos perdiendo una gran oportunidad”, lamentó el massista especialista en seguridad, y ahondó: “Hay fenómenos de crimen estructurado que requieren de nuestro mejor esfuerzo y esta ley no sigue el Protocolo de Palermo”.

Por otro lado, explicó que “en el Código Penal no está determinado qué es una mafia” y “estamos frente a una ley ni-ni: (no define) ni antimafia, ni lo que es una organización criminal". “Los jueces se van a encontrar con seis cosas a verificar cuando para una asociación ilícita (legislación vigente) sólo se tenían que verificar tres requisitos”, detalló e insistió que es “una ley que viola el debido proceso”.

También desde UP, Eduardo Valdés cargó con una serie de críticas hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “¿Le queremos dar super poderes a quien fue la responsable del operativo del 12 de junio en la Plaza del Congreso con brutales actos de represión injustificados y a quien, en pos de buscar impacto en la opinión pública, mintió descaradamente cuando afirmó que habían detenido a cuatro personas que operaban para Hezbollah, pero que fue desmentida por la fiscalía?”.

"Este proyecto de supuesto combate contra el crimen organizado se contrapone con el actual blanqueo impulsado por el Gobierno y aprobado hace dos meses atrás. Me opongo a un proyecto que nada tiene de abordaje integral al crimen organizado y cuyo único fin es otorgarle a Patricia Bullrich, facultades exorbitantes para actuar sobre la propiedad, intimidad y libertad de las personas”, sostuvo.

De la vereda opuesta, la legisladora Silvana Giudici (Pro) afirmó: “Desde el Pro estamos orgullosos y decididos de poder colaborar para que la Argentina sea un país distinto”. Y ratificó que su bloque “va a acompañar las políticas de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra el crimen organizado”.

“Esta ley trabaja donde más le duele a los criminales, en el bolsillo. Por primera vez se anunció que no hubo homicidios en Rosario, esto se logró en coordinación con el gobernador de Santa Fe. Es un rumbo para que la Argentina no vuelva hacia atrás”, añadió.

A su vez, desenfundó críticas contra las gestiones del kirchnerismo, al que responsabilizó por “el crecimiento del narcotráfico, la droga y el financiamiento ilícito de las campañas”. “Se les pasaban las mulas por delante de la PSA y cuando no se combate al narcotráfico ocurren casos como el triple crimen de General Rodríguez”, acusó Giudici.

Giudici destacó los cambios en la situación de Rosario y responsabilizó al kirchnerismo por "el crecimiento del narcotráfico" (Foto: HCDN)

A su turno, el jefe de bloque de Encuentro Federal, Miguel Ángel Pichetto, señaló esta ley “es un aporte significativo y un cambio de paradigma” porque el crimen organizado “produce hechos graves en la sociedad y avanza en el lavado de activos”. Mencionó que estas organizaciones “se consolidan en las periferias de las ciudades” de todo el país.

El legislador ponderó que fueron tomadas como ejemplo la “Ley Rico de Estados Unidos” y “la lucha contra la mafia y la tarea que llevaron a cabo los fiscales sicilianos”. En ese punto, pidió por la creación de “una fiscalía que luche contra el delito organizado para la consolidación de equipos especializados”.

Para terminar, Pichetto confirmó la eliminación de los delitos comunes del dictamen y advirtió: “Hay que mirar un poco al proceso judicial porque hay eventos que me hacen ruido y se debe hacer una investigación para ver qué jueces dieron el beneficio de juicios abreviados”. “Falta que (a narcotraficantes condenados) le den una probation”, ironizó.

En el tramo final, el santafesino Mario Barletta (UCR) ponderó el apoyo a la ley por parte del gobernador de su provincia, Maximiliano Pullaro, quien participó del debate en comisiones. Valoró que desde su llegada a la gobernación “se establece una política que nunca antes se había dado contra el crimen organizado” y se logra que “Nación, provincia y municipio trabajen de manera coordinada, tanto con Rosario como con la capital de Santa Fe”. 

“Nunca antes se trabajó en el Sistema Penitenciario” donde “prácticamente eran oficinas de lujo para que los narcos” se organizaran para seguir delinquiendo, subrayó. “Se trabajó con la policía, no sólo en equipamiento sino también en formación”, añadió sobre la gestión de Pullaro. El radical aclaró que “falta mucho, nunca se termina con la lucha contra el crimen organizado”, pero “Santa Fe fue un faro en este sentido y nos sentimos orgullosos”. “El gobernador Pullaro si hace falta va a doblar la apuesta, para lograr la paz y tranquilidad de Santa Fe”, aseveró. 

También de la provincia de Santa Fe, el jefe de Unión por la Patria, Germán Martínez (UP), cuestionó que desde el oficialismo “vinieron a trazar una línea ‘ellos y nosotros’, que me parece absolutamente innecesaria. No van a encontrar ningún diputado nacional de nuestro bloque que en marzo, en plena conmoción pública como vivió Rosario, haya intentado sacar la más mínima ventaja política”. Y señaló que “con la misma responsabilidad que nos movimos en ese momento y nos pusimos al lado de las autoridades, también queremos decir que hay que ser serios en los diagnósticos”. 

“Si algo no permite el combate contra la criminalidad organizada es cantar victoria antes de tiempo”, advirtió y destacó que en su provincia se hayan achicado los episodios de balaceras y la cantidad de homicidios dolosos, pero apuntó: “Ahora, suponer que están desarticulados los elementos que llevaron a tener esas escenas que nosotros no queremos que vuelvan a suceder en Rosario, sería una irresponsabilidad de nuestra parte”. 

Martínez aseguró que “esta ley no es lo que está necesitando nuestra ciudad, nuestra provincia”. “Estamos necesitando consolidar en el tiempo una decisión política”, consideró y añadió que “no necesitamos hacer gobernable el delito, sino que el delito desaparezca, que las organizaciones sean desbaratadas”. 

Cerró el debate el diputado oficialista Santiago Santurio, quien destacó la decisió politica de atender el tema de la seguridad como prioritario para el Gobierno y la ciudadanía”.

Recordó que Javier Milei durante la campaña planteó que los dos temas fundamentales a resolver eran “el económico y el de la seguridad”. “Toca avanzar en seguridad, que se ha logrado avanzar en 10 meses con grandísimos logros”, resaltó, y remarcó que “tenemos que entender que al crimen organizado y al delito no se le pueden dar ni un centímetro”.

“Es urgente y necesario dotar al Estado de las herramientas necesarias para combatir al crimen organizado”, enfatizó, y a propósito de la visita del presidente Nayib Bukele al Congreso dijo que nuestro país tiene dos caminos: “O se convierte en El Salvador actual o al de hace 6 años, dominado por ‘las maras’”.

“Nosotros no nos podemos permitir que el crimen organizado vaya tomando a la Argentina, por eso es fundamental esta ley”, planteó, criticando en su discurso que no podía permitirse, como se dijo durante el debate, que “los monos son los perejiles de esta historia”, cosa que consideró una falta de respeto. “Hay que hacerlos mierda –remarcó-, no son unos perejiles”.

En otro pasaje reconoció que “hay un momento en el que el crimen organizado se mete en la política”.

La Cámara de Diputados desarrolla desde las 11.48 su novena sesión de este período ordinario, con un temario en el que se destacan el proyecto de ley que establece la Boleta Única de Papel como sistema para utilizar en las elecciones nacionales. Un cambio histórico por el que quienes lo promueven vienen bregando desde hace 17 años.

Con un cálculo de duración previo de algo más de diez horas, esta sesión convocada por los bloques La Libertad Avanza, Pro, UCR, MID, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal y CREO, arrancará con el debate de una serie de convenios, tratados, acuerdos y cargos de cónsules y vicecónsules, tras lo cual se avanzará con el tratamiento de un proyecto que también vuelve con modificaciones del Senado y que establece el Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Boleta Única de Papel.

Tras ello será el turno del proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) sobre Boleta Única de Papel para emisión del sufragio. Es un tema que ya fue aprobado por la Cámara baja el 8 de junio de 2022, por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, tras 9 horas de debate. Tras un largo tiempo de espera, esa media sanción fue aprobada con modificaciones el 12 de septiembre pasado en el Senado, cosechando 39 votos a favor y 30 en contra. Este martes se ponen a consideración precisamente esas modificaciones.

Además, se tratarán proyectos sobre seguridad, como la iniciativa de Abordaje Integral del Crimen Organizado y la Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; y diversos tratados, acuerdos y convenios, de carácter internacional desde el año 1998 a la fecha.

Se sumará también en el marco de la sesión el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto. Así lo anticipó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, en consonancia con el anuncio de la bancada radical, que en vísperas de la sesión también adelantó que pediría el tratamiento sobre tablas del proyecto que ya tiene media sanción del Senado por el cual se declara la emergencia nacional en la provincia de Córdoba. Ese proyecto fue aprobado el jueves pasado en la Cámara alta, oportunidad en la que se abstuvieron los senadores de LLA. Esa aprobación se consiguió allí, también sobre tablas, con 55 votos afirmativos.

NOTICIA EN DESARROLLO

En una sesión que se anticipa extensa, convocada en un día de la semana infrecuente para sesionar, la Cámara de Diputados tratará una serie de temas en las que se destaca el proyecto de ley que establece la Boleta Única de Papel como sistema para utilizar en las elecciones nacionales. Un cambio histórico por el que quienes lo promueven vienen bregando desde hace 17 años.

Esta será la novena sesión del período ordinario y fue convocada por miembros de los bloques La Libertad Avanza, Pro, UCR, MID, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Fuerzas del Cielo-Espacio Liberal y CREO, siendo las 11.30 su hora de inicio. Esa amplitud de bancadas convocantes garantiza la aprobación del temario propuesto para esta sesión, cuya duración a priori se calcula en entre 14 y 18  horas.

La sesión arrancará con el debate de una serie de convenios, tratados, acuerdos y cargos de cónsules y vicecónsules, tras lo cual se avanzará con el tratamiento de un proyecto que también vuelve con modificaciones del Senado y que establece el Registro Nacional del Patrimonio Cultural Inmaterial. Boleta Única de Papel.

Ese temario incluye, como dijimos, el proyecto de ley por el cual se modifica el Código Electoral Nacional (Ley 19.945) sobre Boleta Única de Papel para emisión del sufragio. Es un tema que ya fue aprobado por la Cámara baja el 8 de junio de 2022, por 132 votos a favor, 104 en contra y 4 abstenciones, tras 9 horas de debate. Tras un largo tiempo de espera, esa media sanción fue aprobada con modificaciones el 12 de septiembre pasado en el Senado, cosechando 39 votos a favor y 30 en contra. Este martes se pondrán a consideración precisamente esas modificaciones.

Además, se tratarán proyectos sobre seguridad como la iniciativa de Abordaje Integral del Crimen Organizado y la Regularización sobre Armas de Fuego y prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego; y diversos tratados, acuerdos y convenios, de carácter internacional desde el año 1998 a la fecha.

Se sumará también en el marco de la sesión el tratamiento sobre tablas del proyecto de declaración de emergencia ambiental, económica y habitacional en Córdoba por los incendios que azotan la provincia desde los primeros días de agosto. Así lo anticipó el jefe del bloque de La Libertad Avanza, en consonancia con el anuncio de la bancada radical, que en vísperas de la sesión también adelantó que pediría el tratamiento sobre tablas del proyecto que ya tiene media sanción del Senado por el cual se declara la emergencia nacional en la provincia de Córdoba. Ese proyecto fue aprobado el jueves pasado en la Cámara alta, oportunidad en la que se abstuvieron los senadores de LLA. Esa aprobación se consiguió allí, también sobre tablas, con 55 votos afirmativos.

A la hora de hablar de seguridad en la sesión informativa de Diputados, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, destacó la labor de la ministra Patricia Bullrich por la implementación del “Plan Bandera” en la Ciudad de Rosario y el protocolo anti piquetes y le hizo un pedido al Congreso de la Nación de “avanzar” con el tratamiento de las leyes en seguridad.

El funcionario comentó que “El Plan Bandera” que contó con el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, movilizó más de 1.700 efectivos y 170 móviles, dio como resultado un mes sin homicidios en Rosario. “Se trata del periodo más largo desde 2013, año en el que comenzaron a haber registros de estadística criminal”, celebró.

Francos informó que se evidenció una caída del 70% en homicidio dolosos en la zona de despliegue de fuerzas federales. Además de los 30 días sin homicidios, éstos se redujeron en los últimos seis meses. Se implementaron más de 460 operativos y se detuvieron a 418 personas vinculadas al narcotráfico. Los decomisos de cocaína aumentaron un 500% respecto del 2023.

“La coordinación del Gobierno nacional y provincial y municipal de Rosario puso fin a una ciudad dominada por el narco terrorismo. Hoy Rosario ha recuperado la tranquilidad”.

Además, contó que “se rescataron a más de 700 personas de redes de explotación y se expulsaron, a nivel nacional, 390 personas extranjeras involucradas en diversos delitos penales”.

Por otro lado, destacó el “nuevo protocolo antipiquetes, se ordenaron las manifestaciones, y se terminó con la extorsión violenta de quienes se creían dueños de la calle.  Desde diciembre de 2023 se terminaron los cortes y los piquetes, y las movilizaciones se realizan respetando el protocolo. Ahora se garantiza el derecho a la libre circulación de todos los ciudadanos”.

Así, señaló que en pocos meses se enviaron al Congreso múltiples proyectos de ley diseñados para fortalecer la lucha contra el crimen organizado: Ley Antimafias, Ley de Reiterancia, modificaciones en el Registro Nacional de Datos Genéticos, Ley de Regularización de Tenedores de Armas de Fuego, baja en la edad de imputabilidad, creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada y modificaciones en la legislación actual sobre condenas, concurso de delitos, atentado a la autoridad y legítima defensa y pidió que “para seguir cuidando a los argentinos de bien y luchar contra el delito, necesitamos avanzar en su tratamiento”.

El presupuesto a la SIDE

El jefe de Gabinete explicó que avanzaron con la reorganización del sistema nacional de inteligencia, por lo que decidieron disolver la AFI y crear la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).

“Durante años, muchos de los fondos que debían destinarse a garantizar la seguridad de los argentinos fueron utilizados para el espionaje político, la persecución ideológica y el tráfico de influencias”, apuntó contra la gestión anterior y agregó: “Al asumir, nos encontramos con una Agencia Federal de Inteligencia totalmente desmantelada y desfinanciada, sin capacidad técnica, profesional ni material para hacer frente a las tareas de suma importancia que debía desarrollar”.

Francos cuestionó que “mientras históricamente los organismos de inteligencia en Argentina llegaron a tener presupuestos de 250 millones de dólares, en 2023 la AFI tuvo sólo 50 millones de dólares asignados. Esto no se alinea ni siquiera con el presupuesto designado por el sector privado para algo tan sensible como la ciberseguridad”.

“Vinimos a modernizar el sistema de inteligencia y alejarlo de cualquier interés personal y partidario de la administración de turno. Por eso, enviamos sendos DNUs al Congreso para discutir el presupuesto que requiere la nueva SIDE, con una suma completamente razonable para montar un sistema de inteligencia que verdaderamente proteja a los argentinos”, respaldó.

Las comisiones de Legislación Penal y Seguridad Interior de la Cámara de Diputados se reunieron este miércoles en un quinto encuentro plenario para pasar a la firma el texto sobre abordaje integral del crimen organizado, más conocido como “ley antimafias”, impulsado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

En su tercera reunión del día, la titular de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, confirmó el despacho de la iniciativa mientras se llevaba a cabo el tratamiento del proyecto de ley que propone la baja en la edad de imputabilidad. Luego, en presencia del diputado nacional José Núñez, presidente de Seguridad Interior, se formalizó el dictamen.

El proyecto de ley enviado desde el Poder Ejecutivo contó con el apoyo del oficialismo, el bloque Pro, el radicalismo y algunos integrantes de Hacemos Coalición Federal. Asimismo, desde la bancada multisectorial, algunos diputados firmaron con disidencias parciales.

A su vez, la oposición más férrea, puntualmente el bloque Unión por la Patria presentó un dictamen de rechazo al proyecto, el cual fue informado por el diputado rionegrino Martín Soria.

El proyecto

El proyecto de ley impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, propone delimitar la procedencia de la aplicación de medidas a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal.

Ante estos crímenes, la iniciativa contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

Por otro lado, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de “reiterancia”. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la “reiterancia”, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Las comisiones de Legislación Penal y de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, presididas por los diputados del Pro José Núñez y Laura Rodríguez Machado, se reunieron este miércoles a fin de considerar el proyecto de ley sobre el Abordaje Integral del Crimen Organizado, más conocida como “Ley Antimafias” con la presencia de invitados a exponer.

El encuentro, que se llevó a cabo en el Anexo C, se retrasó media hora debido al plenario de comisiones que previamente trató la prórroga de entrega de armas de forma voluntaria. En la reunión informativa expusieron el intendente de Rosario, Pablo Javkin; el profesor en Criminología, Enrique Andrés Font; y Gabriel Elías Ganon especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología.

El primero en disertar fue el profesor titular interino de Criminología y docente investigador, Enrique Font, quien indicó: “El anteproyecto que estamos debatiendo no es ‘antimafia’ sino más bien una ley dirigida a abordar violencia por parte de pandillas o grupos desorganizados. No hay un abordaje de los vínculos de esas actividades con actividades económicas legales o ilegales que es algo básico del crimen organizado. Mirar esa relación existente y la penetración de las actividades legales e ilegales, eso no está en la ley”.

También señaló que “no hay preocupación por la participación del Estado en el fenómeno del crimen organizado. Tampoco aparece, claramente, el vínculo con la financiación de la política que es clásica en las leyes antimafia”, y criticó: “Pensamos leyes que aumentan las poblaciones penitenciarias sin pensar qué hacemos con las poblaciones penitenciarias”.

“Me llamó la atención la cantidad de representantes de Rosario que hubo porque no es realmente un fenómeno de crimen organizado, es una anomalía criminal en términos de delitos por la tasa de delitos que hay, pero no es un fenómeno vinculado con el crimen organizado”, planteó y pidió “desagregar lo que se cuenta de Rosario en relación a la ley porque se está falsificando la situación de Rosario porque no es un fenómeno de narcotráfico ni de crimen organizado”.

Así, Font manifestó: “Preocupémonos por resolver los problemas institucionales antes de sacar leyes que van a producir grandes conflictos, por ejemplo, aumentando las poblaciones penitenciarias sin pensar qué vamos a hacer con ellas”.

Al puntualizar en el caso de Rosario, especificó que “es un fenómeno de clanes familiares, con fuerte anclaje local y con muy rústica organización. Es un crimen organizado muy violento y muy rústico. Es una violencia que precede al negocio, que construye identidad y reconocimiento de estas bandas”.

“Esta ley en el mejor de los casos sería inocua, en el peor de los casos sería contraproducente. El delito se entiende en relación al control y cuando se pone esa variable es que buena parte del fenómeno de Rosario se explica, no tanto por el delito, sino por las características del control del delito por parte de la administración de justicia provincial, federal y la policía”, precisó y contó que en el 2014 realizó, en conjunto con la universidad, una investigación vinculados a delitos del mercado local de drogar en la justicia federal, fragmentación de causas, falta de estrategia de persecución uniforme y elección azarosa de las fuerzas de seguridad que llevaban adelante las investigaciones, inadecuado control por parte de fiscales y jueces de las investigaciones delegadas, y la carga de trabajo. “Una gran dificultad de articulación entre el ejecutivo provincial y la justicia federal”, indicó.

También contó que en el 2015 hicieron un relevamiento de homicidios para ver qué hacía la justicia provincial con ello y descubrieron que “había casos perdidos, homicidios dolosos fueron remitidos a otros juzgados. De 141 casos de homicidio que relevamos en el periodo 2008-2012 en dos barrios en el 64% de los casos hubo indagatoria, 34% hubo procesamiento y en el 23% condenas. Esto no cambió, Rosario es una jurisdicción donde hay impunidad para homicidios, Buenos Aires esclarece 9 de cada 10, hoy se esclarece 6 de cada 10 en Santa Fe”.

Font denunció que “la policía provincial no solo habilita el delito, sino que trabaja para las bandas, está cuentapropizada”.

Vía zoom el intendente de la Ciudad de Rosario, Pablo Javkin, ratificó la necesidad de “contar con una ley que tome al crimen organizado por sus bandas en integralidad”. En esa misma línea, agregó: “La investigación integral sobre la operación de las bandas, su financiamiento, su organización y la utilización luego de personas para la autoridad material requiere una norma legislativa”.

Al hacer mención a la cantidad de homicidios por año, el intendente de Rosario lo justificó por “la libertad que dentro de los lugares donde cumplen su prisión los jefes o líderes de las bandas pueden operar”. Luego, Javkin planteó la necesidad de contar con “una concurrencia donde no se concentre la justicia de Capital Federal y donde no se desperdicie el conocimiento de los actores locales, tanto del fuero federal, sino también en la intervención de los fiscales provinciales”.

En ese aspecto, hizo hincapié en “poder incorporar a aquellos actores estatales que terminan perteneciendo a estas bandas, tanto a fuerzas de seguridad como cualquier complicidad de actores estatales, porque evidentemente estas bandas son mixtas”. “Las causas hoy están involucrando sólo a los autores materiales y no a los intelectuales”, fustigó.

En tanto, instó a lograr “el fortalecimiento del estado”, pudiendo contar “con un instrumento legal que pueda combatir las bandas”. “La efectividad que tiene el estado en el esclarecimiento de homicidios, en el esclarecimiento de autoridades intelectuales inmediata, combinado con el control lento de las prisiones está teniendo un impacto provisorio en el primer cuatrimestre de una reducción de casi 60% de los hechos que hemos tenidos en el año anterior”, detalló.

Para concluir, Javkin puntualizó que “el peso de las organizaciones carcelarias ya no sólo tiene una vinculación con el mercado ilegal de drogas, sino que incluso amenazan las propias instituciones estatales para intentar negociar mejores condiciones de cumplimiento en prisión”.

“Creo que el fortalecimiento de la actividad persecutoria estatal, tomando a las bandas en su integralidad y en toda su operatoria, es la justificación más clara que tiene esta legislación”, cerró.

Por su parte, el especialista en Derecho Penal, Derechos Humanos y Criminología y ex Defensor General de Santa Fe, Gabriel Ganon, explicó: “Uno de los grandes problemas de Santa Fe es no haber analizado correctamente cuáles eran las causas del crecimiento de los homicidios y eso tiene que ver con la baja tasa de esclarecimiento y castigo; 7 de cada 10 homicidios quedan impunes”.

“Esta ley que ha sido anunciada con bombos y platillos es absolutamente innecesaria, porque no nos da respuestas a preguntas que venimos haciendo hace muchísimo tiempo, como por ejemplo cuántos de esos homicidios aún se encuentran impunes y por qué no han sido encontrado los autores materiales; quiénes son los agentes estatales: policías, jueces y fiscales, que han fracasado en la investigación y castigo de los culpables, entre otras cuestiones”, consideró Ganón.

Con funcionarios y asociaciones de la sociedad civil invitados a exponer, la Cámara de Diputados retomará el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país y de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, tal como se había acordado en la reunión pasada.

La jornada informativa se dividirá en dos partes, primero se reunirá a las 11 en el Anexo “C” la Comisión de Legislación Penal, presidida por la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro), que abordará las iniciativas sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

A las 12.30 se sumará al encuentro la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del libertario Alejandro Bongiovanni (Santa Fe), que profundizarán el proyecto que propone la Creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

En el encuentro pasado del 24 de abril asistieron el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto. Ambos defendieron el paquete de leyes y resaltaron que “es necesario que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano y debe ser respetada”.

Mientras se llevaba a cabo la sesión en minoría en el recinto de la Cámara de Diputados, en el Anexo “C” comenzó en comisión el tratamiento del paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país con funcionarios del Poder Ejecutivo que expusieron y explicaron los lineamientos de las iniciativas.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Pasadas las 14.20 se reunió primero la Comisión de Legislación Penal, presidida por Laura Rodríguez Machado (Pro), la cual completó la integración de autoridades siendo designados para la secretaría primera y segunda la libertaria Alida Ferreyra y Rodolfo Tailhade (UP) respectivamente. Luego se sumó la Comisión de Seguridad Interior, a cargo del santafecino Alejandro Bongiovanni.

La titular de la comisión procedió a comentar que en la próxima reunión se “va a abrir a las exposiciones” por lo que pidió que, a través de las autoridades de la Cámara, cada bloque exprese a qué organismos, miembros de distintas organizaciones o técnicos quienes manifestar para que expongan sobre los cuatro proyectos en tratamiento.

Por otra parte, informó que “hay muchos proyectos de los diputados que tocan la temática de hoy. Algunos de ellos fueron revisados y no tienen estado parlamentario”, por lo que solicitó que los vuelvan a ingresar para “poder incluirlo en el temario de la sesión que viene para poner a la vista a la par de los proyectos del Ejecutivo las iniciativas de los legisladores”.

Hecha esas consideraciones, procedió a explicar que los proyectos en tratamiento son sobre modificaciones al Código Penal, Procesal Penal Federal, referidos a crimen organizado, resguardo del orden público, creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, reincidencia, reiterancia, concurso de delitos y unificación de condenas.

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El primero en exponer fue el jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad de la Nación, Carlos Alberto Monfroni, quien planteó que “abordamos en estos momentos un fenómeno harto complejo en el país que ya lo han vivido otras naciones que es el crimen organizado”, y explicó que “consiste en la irrupción de bandas de narcotráfico en la ciudad de Rosario, pero nada hace prever que no se vayan a extender en la medida que no se los ataque con los instrumentos correspondientes”.

Sobre ese último punto, indicó que “es abordar el tema de una manera completa y no parcializada a los delitos que individualmente comente cada uno de los miembros de estas mafias”.

“Previmos en el proyecto una especie de asociación ilícita que no es exactamente la que conocíamos hasta ahora en el Código Penal, sino que abarca determinados tipos de delitos que son los que más frecuentemente cometen estas mafias”, explicó y ejemplificó: “Tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, tenencia ilegal de armas y explosivos”.

Al respecto, Monfroni precisó que para este tipo de delitos están previendo una pena de prisión de 8 a 20 años por la mera integración de la asociación ilícita. Además, buscan que “todos los miembros de una banda de este género puedan ser penados con la pena máxima que corresponde al mayor delito cometido por la organización”. También hay previsto un artículo sobre extinción de dominio con orden judicial y pasa de forma inmediata al dominio del Estado nacional. “Si la persona resulta inocente, el Estado deberá indemnizarla con la reposición del valor del bien”, aclaró.

También se prevé que “con declaración de las autoridades judiciales de determinadas circunstancias que se pueda declarar una zona sujeta a investigación especial que la Procuraduría de Narco criminalidad procurar la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos, la Unidad Especializada en Narco criminalidad Organizada y el Ministerio de Seguridad podrán determinar la necesidad de una investigación especial que deberá ser declarada por la autoridad especial competente”. En esa línea, precisó que en esa zona delimitada se podrá detener a una persona por 48 horas por averiguación de delitos con autorización del Ministerio Publico Fiscal, incautar mercadería, realizar requisas en establecimientos penitenciarios federales y movilizar activos, realizar allanamientos encadenados.

Otro de los proyectos que explicó fue el que “implica una ampliación significativa del marco de la Legítima defensa frente al delito y el cumplimiento del deber”, y explicó: “Muy frecuente nos encontramos con policías o gendarmes que son encarcelados por haber intervenido para impedir un hecho ilícito con el argumento de que hubo un exceso en la Legítima Defensa”.

“Estos excesos en la Legítima Defensa son frecuentemente opinables. Los jueces hacen una valoración de la actuación del miembro de una fuerza de seguridad como si hubiesen podido pensar su jugada sin contar con el momento de rapidez que se les exige para impedir un delito y defender la vida de otra persona”, planteó y apuntó: “A veces hay disparates judiciales y abusos que ponen siempre a la policía en una situación de temor a actuar, de inhibición de conducta a la que la ley lo obliga”.

El funcionario sostuvo: “Necesitamos políticas, no de gatillo fácil, pero seguros del cumplimiento de su deber sin que haya interpretaciones alocadas de la Ley Penal que los pongan tras las rejas o que les hagan perder la carrera”.

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Monfroni precisó que la modificación recae sobre el artículo 34 sobre Legítima Defensa y cumplimiento del deber “mantiene las demás causales de justificación, introducimos un principio que, en realidad ya está en los principios constitucionales, que ante la duda el juez tiene que estar siempre en favor de quien se defiende”.

“Estamos introduciendo en favor de cualquier civil algunos elementos más de la Legítima Defensa porque muchas veces se mide la razonabilidad valorando si una persona está armada y que el que ataca está desarmado. Hay que estar en favor de quien se defiende porque no es quien ha iniciado la acción delictiva”.

También contó que buscan ampliar la condición de escalamiento de muros para cualquier circunstancia, al que defiende su integridad sexual y algunas limitaciones para demandar o querellar a quienes hubieran iniciado el curso de un delito.

Sobre los artículos referidos a resistencia de la autoridad, Monfroni explicó que han aumentado las penas porque “los delitos de atentado a la autoridad agravada tienen penas que no son de cumplimiento efectivo. La Argentina debe ser uno de los pocos países donde se puede golpear a un policía sin que ocurra nada”. Está previsto una pena de 4 a 6 años de cumplimiento efectivo “si el hecho se cometiere a mano armada, por 3 o más personas cuando mediare fuerza contra el funcionario”, y cerró: “Son lógicas de reglas que existen en todas partes del mundo y cobrar consciencia de que golpear a un policía es algo muy grave. Necesitamos que se restablezca el orden en la sociedad y la única cara visible del Estado en la vía pública es la policía frente al ciudadano. La policía es una institución que debe ser respetada. Si se excede habrá normas para enjuiciarlo, pero necesitamos que sea respetado y terminar con ese espectáculo horroroso de gente pegándole a la policía sin consecuencia alguna”.

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Por su parte, el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad de la Nación, Fernando Soto, cuestionó las normas de reincidencia porque “todos los días escuchamos noticias cometidas por personas que tienen más de 14 delitos”, e ironizó: “Se tienen que alinear los planetas para que alguien sea declarado reincidente son muy pocas”. Así, recordó que en el Código Penal original de 1921 “no era así” y contó que funcionó hasta 1984 y se cambió a instancias del Dr. Eugenio Zaffaroni.

Soto criticó que los jueces “no ven el expediente de antecedentes, no lo valoran”. “Estamos proponiendo estos casos con pauta objetivos para determinar un mayor aumento o evaluación del peligro de fuga u obstaculización del proceso. El juez va a tener la facultad de evaluar si, con las pautas, existe la posibilidad de que no accedan una libertad anticipada, sino que cumplan el proceso en detención por las pautas de un mayor aumento de peligro de fuga”, planteó y señaló que en el país ya existe este tipo de pautas en la provincia de Mendoza y agregó: “Es sentido común, pero son costumbres judiciales que no están incorporadas”.

Por último, hizo referencia a otra pauta que tiene que ver con el Concurso de Delitos y Unificación de Penas donde “quien comete delitos tiene un beneficio reduciéndole la pena. La lógica es que cumplan más pena”.

En conjunto con la Comisión de Seguridad Interior, los funcionarios también expusieron sobre la creación del registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual –Ley 26.879– modificaciones.

Soto explicó que se trata de un sistema que “permite comparar la huella genética con el perfil genético de un imputado” y consideró que “es un sistema que se utiliza hace muchísimos años en todo el mundo”. Asimismo, el funcionario reconoció la experiencia de la provincia de Mendoza en cuanto al registro genético para la investigación de delitos penales.

“Esto va a traer certeza en una investigación, certeza sobre quien participó de un hecho, permitir identificar restos y, a su vez, exonerar a quien no tiene responsabilidad”, añadió.

La palabra de los diputados

La primera en hacer uso de la palabra fue la diputada de izquierda Myriam Bregman quien cuestionó el “desguace” del DNU porque “estamos viendo que aquellas normas incluidas en el DNU ahora aparecen fraccionadas”. En esa línea, apuntó: “Veo que les gustaría más bien vivir en un estado de excepción donde no haya ningún tipo de manifestación, no veo lo mismo en la persecución narco”, y planteó que los proyectos buscan “legalizar y profundizar políticas de represión”.

Además, cuestionó: “El proyecto antimafias no se entiende cómo se conjuga con el Derecho Penal, no se entiende cómo van a beneficiar a los narcos con el blanqueo de capitales. No pueden venir con una ley antimafias porque es mentira, solo buscan incrementar la represión a la protesta social”. También planteó que “el aumento de penas no sirvió para nada cuando el narcotráfico no ha parado de crecer”.

Bregman sostuvo que “quieren blindar a las fuerzas policiales para que sigan reprimiendo, no es efectivo”, pero advirtió que ello “debilita el control judicial y todo tipo sobre la policía contradiciendo todos los tratados, les dan una carta blanca para que armen causas, reiterancia, aumento de castigo arbitrario”.

Por su parte, el santefecino Roberto Mirabella (UP) solicitó que el proyecto que refiere al Régimen de Criminalidad Organizada y Narcoterrorismo sea tratado aparte junto con una iniciativa de su autoría. En tanto, sobre la extinción de dominio el santafecino se mostró a favor y propuso que sea incorporado al debate un proyecto del diputado Ramiro Gutiérrez que “tiene el apoyo de todos los bloques y enriquecería más el artículo referido a ese tema en la ley”.

Al hacer uso de la palabra, la bonaerense Patricia Vásquez (Pro) le respondió a Bregman y le pidió pensar en “las víctimas que tenemos todos los días en todo el país de enorme cantidad de delitos. No me parece seguir atados al pasado”.

“Parece que los únicos hechos que importan desde otra mirada política son las manifestaciones y el estado de lucha permanente”, cuestionó y preguntó: “¿No nos importa a cada uno de nosotros cada familia que todos los días tengamos este tipo de episodios que nos tiene superados como sociedad, estar en riesgo de muerte cada día que salimos a la calle?”.

“Estamos en una enorme emergencia de inseguridad, tenemos que dar respuesta a la gente no a la política, no al resalte del derecho manifestarse, es más importante darle respuesta a los 46 millones de argentinos que nos piden que pongamos todas las reglas necesarias y ajustemos todas las normas sin excepción y dar respuesta al problema concreto”, planteó Vásquez.

Y cerró: “Estamos dando una herramienta precisa para atacar el crimen organizado en determinadas zonas y características particulares. No hablamos de persecución social cuando hablamos de reiterancia, terminemos con el resentimiento barato no hablamos de perseguir a alguien porque no nos gusta su forma de pensar”.

El radical Manuel Aguirre (Corrientes) preguntó: “¿Cómo podemos aplicar un código que, en definitiva, no tenemos las herramientas necesarias sin institutos para llevar a los detenidos, tenemos fiscales suficientes para actuar en estos casos?”, y resaltó que “la norma penal necesita precisión”. El correntino sugirió que incluyan definiciones dentro del proyecto porque “el Código Penal es de 1921, es muy viejo y hay que actualizarlo no presentar proyectos sueltos”.

Por su parte, el jefe del bloque de UP, Germán Martínez (Santa Fe), planteó que a los expedientes les faltan giro a otras comisiones como la de Justicia y cuestionó: “Están haciendo cualquiera con los giros a las comisiones y no es algo reglamentario nada más sino de vida y práctica de funcionamiento parlamentario”.

El santafecino reclamó que “hay que hacerse cargo de la cuestión de inseguridad. Hay que discutir los temas de seguridad pública en profundidad y las cuestiones de Rosario también porque sino nos agarramos de Rosario cuando nos conviene”. Así, lamentó: “Hubo siete homicidios en la semana en la ciudad”.

Tal como había anunciado la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, este martes el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional el paquete de reforma integral de leyes para el abordaje del crimen organizado en el país.

El conjunto de herramientas normativas incluye: una nueva Ley Antimafias, creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber, a fin de resguardar de planteamientos ideológicos a quienes tienen la responsabilidad de cuidar y proteger a los argentinos.

Las iniciativas llevan la firma del presidente Javier Milei, el jefe de gabinete de ministros, Nicolás Posse; del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Bullrich. Desde el Gobierno Nacional las consideran “fundamentales para terminar con el crimen en todas sus formas y escalas y dar lugar a un cambio profundo y definitivo para toda la sociedad argentina”.

Ley Antimafias

La nueva Ley Antimafias apunta contra las organizaciones criminales y se diseñó para aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, graficó Bullrich cuando presentó en marzo de 2024, el proyecto en Casa Rosada.

Este instrumento, a grandes rasgos, contempla cuatro aspectos claves:

En primer lugar, se delimita la procedencia de la aplicación del proyecto de ley circunscribiendo  a la comisión de delitos que involucren tipos penales específicos -tráfico ilícito de estupefacientes, lavado de activos, homicidios, lesiones, pornografía infantil, privación ilegítima de la libertad, secuestro, coacción, amenazas, extorsión, trata de personas, tráfico de órganos, intimidación pública, incendios, estragos y tenencia ilegal de armas y/o explosivos- y que estén verosímilmente relacionados con los objetivos de una organización criminal. Se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial, con el objeto de establecer mecanismos de actuación ágiles para los diversos poderes del Estado, lo que posibilitará una respuesta más rápida y efectiva en el marco de la actuación operativa y de investigación.

Otro punto muy importante es que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. Se considera que todos son partícipes necesarios para llevar a cabo el acto delictivo final.

Con el objeto de menguar los recursos de las organizaciones criminales, el proyecto contempla la extinción de dominio de cualquier bien que presumiblemente sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

A fin de reducir el porcentaje de delitos, el proyecto del Poder Ejecutivo Nacional incorpora el concepto de reiterancia. De acuerdo a la ley vigente, se considera reincidente a toda persona que fue condenada dos o más veces a una pena con privación de la libertad efectiva. Con la introducción de la reiterancia, ya no será condición que las condenas hayan sido cumplidas. Si concurren dos hechos independientes, las penas se suman de manera aritmética, hasta un máximo de 50 años.

Nuevo Registro de Datos Genéticos

Conforme a las pautas que prevalecen en la mayoría de los países del mundo, se propone ampliar el alcance del actual Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual, que funciona en la órbita del Ministerio de Justicia, con la creación del “Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados con la investigación criminal”, en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. Así, se extiende el registro a todos los delitos y no únicamente a los cometidos por ofensores sexuales, “lo cual constituirá una verdadera revolución en la identificación criminal, como lo fue en septiembre del año 1891 la identificación dactiloscópica diseñada por el argentino Juan Vucetich”, destaca el proyecto entre sus fundamentos.

Se prevé poder comparar las huellas genéticas que se obtengan en la escena del hecho con el perfil genético de los imputados y condenados, agilizando así todos los procesos para alcanzar Justicia. Es importante destacar que este nuevo sistema que se propone incluye el aporte voluntario de familiares de personas en búsqueda, de manera que se podrá comparar el perfil genético de un cuerpo o de una persona no identificada con esas huellas otorgadas por sus familiares.

Orden público y Legítima Defensa

El proyecto de ley apunta a la actualización del Código Penal en varios aspectos considerando que, en muchas oportunidades, los efectivos de las fuerzas de seguridad se han visto inhibidos de actuar -basados en su experiencia personal- ante la posibilidad de resultar imputados por cualquier acto que lleven a cabo en cumplimiento de su deber o en ejercicio de su legítima defensa.

Según el texto, pone la mirada en la víctima de los delitos y en su derecho a repeler los ataques como en el resguardo de un espacio legal adecuado dentro del cual las fuerzas del orden puedan actuar en cumplimiento de su deber sin comprometer su carrera ni su libertad, lo cual es fundamental para que puedan defender la vida y la libertad de los ciudadanos. “Desde esta mirada, la legítima defensa es un derecho de las personas que proviene de su derecho a la vida y a la integridad, ante una situación que las pone en riesgo”, señalan los fundamentos del proyecto.

Además, propone que se contemple la situación de quien se defiende de un agresor que, aun desarmado, puede tener una diferencia de edad, contextura física o experiencia en la riña o en el número de agresores suficientes para dañar su integridad física o sexual.

La reforma propuesta amplía también el marco ofrecido en la legislación vigente para resguardar al que se defiende de quien escala el muro de su hogar, situación para la que se exigía que esto se hubiera producido durante la noche y que, con el proyecto, se extendería a cualquier hora del día. Del mismo modo, comprende no solo a quien se defiende de la presencia de un extraño en su hogar, sino también en un lugar donde legítimamente se alojará o trabajará, tal como podría ser una oficina, comercio o establecimiento.

Se incorporan también precisiones que ya ha recogido en algunos casos la jurisprudencia, como la situación de quien se defiende de alguien que apunta con un arma falsa con apariencia de un arma real o de quien ejerce una agresión -típicamente disparos de un arma de fuego- mientras se aleja de la víctima.

La reforma integral de seguridad busca que, en cada pueblo, localidad, ciudad o provincia argentina, la seguridad sea la normalidad y el delito. Los argentinos deben poder vivir en un país en el que quien las hace, las paga. Y los delincuentes tienen que saber que no van a seguir caminando tranquilos como si nada pasara.

Los ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Luis Petri respectivamente, se reunieron este lunes por la tarde con un puñado de diputados oficialistas a fin de conversar sobre las cinco leyes que proponen reformas y un endurecimiento en políticas en materia de seguridad en medio de la lucha contra el narcotráfico y el narcoterrorismo que azota la ciudad de Rosario.

El encuentro se llevó a cabo este lunes pasado el mediodía en la sede del Ministerio de Seguridad en la calle Gelly y Obes 2289 del barrio de Recoleta. En el mismo estuvieron presentes Lilia Lemoine, Bertie Benegas Lynch, Nicolás Emma, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde, Juliana Santillán, Santiago Santurio, María Fernanda Araujo, Eduardo Falcone, Emilia Orozco, Rocío Bonacci, Marcela Pagano, Facundo Correa Llano y María Cecilia Ibáñez. Cabe destacar que no participó el titular del bloque, Oscar Zago, enemistado con Pagano.

Se trató de la primera reunión que Bullrich y Petri mantienen con el espacio oficialista en Diputados y se espera que lo mismo hagan con bloques opositores dialoguistas en busca de respaldo político para poder aprobar las iniciativas en el recinto.

“Reunión de bloque con la ministra de Seguridad @PatoBullrich y @luispetri conversamos sobre los proyectos de ley del ministerio, los cuáles constituyen la herramienta para combatir y vencer el Narco terrorismo. #VLLC”, posteó la diputada Santillán. En el mismo sentido lo hizo Emma: “Conversamos sobre los distintos proyectos de ley orientados a mejorar la seguridad de todos los argentinos y de nuestro territorio Nacional”.

La aprobación de los proyectos permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

El Gobierno anunció este jueves el envío al Congreso de la Nación de un paquete de proyectos de Ley que incluirá la llamada “Ley Antimafia” y la modificación de la “Ley de Seguridad Interior”, entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, además de proteger a la sociedad.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, brindaron detalles de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del presidente Javier Milei, cuya aprobación permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

La ley antimafias

La ministra de Seguridad anunció en conferencia de prensa que “vamos a enviar al Congreso la llamada ley antimafias, que implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.

Agregó la ministra que “la pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”. Según Bullrich, “una organización criminal es aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos”.

La ministra de Seguridad planteó que “la ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.

“Segundo: a Ley de Reiterancia, por la cual si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, añadió, y continuó: “Tercero, el registro de ADN para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención".

Sostuvo Bullrich que “el cuarto proyecto que vamos a presentar tiene tres aristas: busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.

“El siguiente proyecto de ley, que también ya presentamos en la Ley Bases, es la legítima defensa y el cumplimiento del deber”, dijo Bullrich que agregó que “vamos a plantear un último tema que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad".

“Además, proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años", agregó la ministra, que prometió que “vamos a trabajar con todos los senadores y diputados. Argentina quiere salir de la situación en la que estamos. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?".

Durante la conferencia de prensa, Luis Petri se manifestó convencido de que “la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución, y por disposición del presidente Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos”.

“Estamos modificando la Ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, planteó, precisando que “a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.

Petri dijo que las modificaciones también posibilitan “la utilización de medios coercitivos que se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.

“Cuando se decida su intervención, las Fuerzas Armadas van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir en tareas de prevención que garanticen la vida, la paz y la seguridad de todos los argentinos”, sostuvo Petri, quien en otro pasaje agregó: “Como decía la ministra Bullrich, no hay plan B. Necesariamente tiene que intervenir el Congreso de la Nación, y en el caso de la Ley de Seguridad Interior estamos planteando la reforma más importante desde su sanción, en el año 1991”.

“Para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada interagencial y que involucre a los tres poderes del Estado”, sostuvo el ministro de Defensa.

La ley antimafias comenzó a sumar adhesiones en el Congreso de la Nación tras el inminente anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como una de las primeras medidas que tomó en medio de la guerra contra el narcoterrorismo que se apoderó de Rosario y que día a día se intensifica cobrándose la vida de un inocente.

Una de las diputadas que se mostró a favor fue la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Pro) quien dialogó con parlamentario.com y cuestionó la inacción de la gestión anterior en el combate contra el narcotráfico. También lamentó que no se haya aprobado el cuarto artículo de la Ley Bases que establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales.

-Inmediatamente después del anuncio que hizo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, usted confirmó su voto a favor de la ley antimafias. ¿Cómo cree que podrían a llegar a votar tanto su propio bloque como los demás? ¿Cree que habrá acompañamiento por parte de UP?

-En relación al bloque Frente PRO, el presidente Cristian Ritondo ya ha manifestado públicamente su apoyo a la Ley Antimafias. Por lo tanto, así lo haremos. En relación al Bloque “K” la respuesta la deben dar ellos.

-¿Qué opina de los dichos del presidente de la Nación culpando al kirchnerismo y al socialismo por la situación que atraviesa Rosario hace años y que, en estos días, se está intensificando?

-Está claro que la gestión de Alberto Fernández no combatió debidamente al narcotráfico. Además, el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Sabina Frederic, contaba con ocho subsecretarías. Una de las primeras medidas de la ministra fue la de disolver la Subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico, que funcionaba hasta entonces. Como muestra basta un botón y fue la propia Frederic que le bajó el rango a Dirección. En definitiva, no le dio importancia a un tema tan sensible para los argentinos.

-Uno de los artículos que había en la Ley Bases, precisamente el inciso J del 4to artículo, establecía el fortalecimiento de la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad y Bullrich le reprochó al Congreso el rechazo del mismo. ¿Qué opina al respecto?

-Habría sido muy importante que se sancionara. Ahora ingresarán nuevos proyectos sobre el tema al Congreso de la Nación. Aquellos legisladores que no los voten favorablemente, deberán explicarle los motivos de su decisión no sólo a los rosarinos sino también a los argentinos en general. De todos modos, considero, que, en esta oportunidad, los proyectos van a ser aprobados.

-¿Qué otras iniciativas se pueden llevar a impulsar desde el Parlamento para ayudar a combatir el narcotráfico?

-Por lo pronto y la más importante es aprobar rápidamente las que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, envíe el Congreso de la Nación.

-En este contexto de inseguridad y con el período de sesiones ordinarias ya inaugurado ¿hay alguna novedad respecto de la conformación de las comisiones para que rápidamente se pongan a trabajar sobre proyectos vinculados a este tema y otros 

-Aún no se han conformado la mayoría de las comisiones. Entiendo que esta semana se comenzará a hacerlo.