En el marco de la continuidad del debate sobre el proyecto del Poder Ejecutivo que permitiría la actuación de las Fuerzas Armadas ante hechos de terrorismo, asistió este miércoles a la Comisión de Defensa el ex jefe de Estado Mayor General del Ejército, teniente general (R) Diego Luis Suñer, quien ocupó ese cargo entre enero de 2016 y febrero de 2018, y planteó sus dudas respecto de la iniciativa oficial.

Habló de entrada sobre una serie de cambios que se han dado a lo largo de los años en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de manera fáctica, sin legislar. “Una de las primeras fue reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que optaron por ejemplo por reducir drásticamente los presupuestos de las fuerzas, que por ejemplo optaron por reducir en extremo la cantidad de soldados que se incorporaban en esa época al servicio militar. Se pasó de 80 mil a 30 mil efectivos”, detalló.

Agregó que “en esos años la Ley de Servicio Militar Obligatorio perdió sentido, porque establecía la universalidad de los jóvenes, que tenían primero 21 años y después 18, que debían ser incorporados para ser instruidos, hacer el servicio militar y luego pasar a formar parte de la reserva”. Suñer advirtió que “después de unos años, el espíritu de la ley fue totalmente vulnerado. El número bajo (de sorteo, para entrar al servicio militar) era de 12, a 140, pasó a ser 680… La ley perdió vigencia, y en el 93, 94, ocurrió el caso Carrasco y se modificó el sistema, pasando al servicio militar voluntario”. Aclaró que para él no estaba bien, ni mal: “El problema es que los servicios militares obligatorios a voluntarios, han mutado con tiempos largos de acomodamiento para las fuerzas. En cualquier país organizado, que tiene problemas reales que resolver, Francia y Estados Unidos, por ejemplo, estos sistemas han demorado 12, 14, o 15 años, en transformarse en realidad. Acá fue en 4 meses… con las dificultades que ello implica”.

El militar explicó que luego de eso y a lo largo del tiempo, el sistema fue generando otros nuevos problemas que fueron siendo solucionados. Ese es para él “otro ejemplo de que las leyes que nos gobiernan tienen efectos no deseados. No estoy hablando a favor ni en contra, sino que las cosas se podrán haber hecho de otra manera”.

Durante su exposición en la comisión encabezada por Ricardo López Murphy, el general Suñer recordó a continuación que “en algunos momentos se han producido episodios o intentos de achicar en extremo la estructura de las fuerzas, prácticamente sin ningún fundamento”. Puso como ejemplo contundente la Determinación de Planes de Capacidades 2011, donde se partía de una hipótesis de que como la Argentina está en una “zona de paz” y que los países que nos rodean tienen buena relación con el nuestro y “custodiaban sus fronteras”, era innecesario que tuviéramos un despliegue que abarcara la totalidad del país. Así las cosas, agregó, “les cedíamos a nuestros vecinos el control de las fronteras,  porque estábamos en zona de paz. Algo que nadie haría ni siquiera en su casa… El tema quedó en la nada, gracias a Dios; implicaba reducir a un tercio las Fuerzas Armadas que teníamos, o que tenemos”.

“¿Por qué cito estas normas? Porque quiero dejar claro que todas repercuten en forma directa en educación, formación y expectativas”, planteó, para adentrarse a continuación en el tema de la modificación de la legislación que propone el Gobierno. “Hay algunas palabras que deben ser cuidadas. Para ejemplo, seguimos discutiendo, después de 50 años, el significado de la palabra ‘aniquilar’, y todas las consecuencias que trajo para el personal militar que más de 2000 militares han sido sometidos a procesos, y 800 han muerto cumpliendo prisión efectiva”, detalló.

Ricardo López Murphy, titular de la Comisión de Defensa de Diputados.

Transmitió a continuación una experiencia personal de 2016, cuando se hizo cargo de la fuerza. Habló entonces con el ministro de Defensa y el presidente de entonces, para replegar el despliegue de fuerzas en la frontera norte, donde había más de mil personas, “porque la cobertura legal era muy laxa y quedaba sujeta a la interpretación del hombre que en ese momento estaba desplegado en la frontera. Y mi función, como jefe del Ejército, era pensar en la legalidad de los actos y en la protección de todas estas personas que iban a estar cumpliendo estas funciones en lugares aislados, sin comunicación muchas veces, y enfrentándose a delincuentes que no estaban todos ligados al contrabando y el narcotráfico, pero que iban a defenderse judicialmente contra aquellos que iban a actuar en defensa de la ley”.

Se dispuso que acompañaran con Gendarmería a las patrullas del Ejército, pero el esquema “no fue exitoso y pedí que se retiraran. Quedaron solamente algunos radares que eran más fáciles de defender, que estaban en lugares localizados bien focalizados y cumplieron una función determinada. Nuestra finalidad en aquel momento fue básicamente preservar a la gente y hacer cosas que estuvieran dentro del marco que establecía la ley, y consideramos que no había ninguna ley que avalara o justificara este despliegue”.

Suñer aclaró que después de 2018 se volvió a desplegar efectivos y esa situación se volvió a dar. “Estamos hablando nuevamente de eso y este proyecto interpreto que trata de generar alguna idea sobre el tema”, resumió, aclarando que algunas de las cuestiones que plantea la iniciativa elaborada por el Poder Ejecutivo “se vienen haciendo desde siempre”. Puso como ejemplo que el Ejército colabore con sus equipos en diversas tareas con la sociedad civil. “Se vienen haciendo desde siempre: que el Ejército colabore con sus equipos no tiene absolutamente ninguna limitación -aclaró-. En las provincias, cada vez que hay un problema, no hace falta ningún decreto ni orden especial, sale el apoyo. Lo único que se pide es la compensación de los gastos que demande el desarrollo, porque a diferencia de las fuerzas de seguridad, el Ejército no tiene presupuesto para acciones no planificadas. Sí las fuerzas de seguridad”.

“Para eso no hace falta ley”, reiteró, precisando luego sus dudas respecto de algunos artículos que le llaman la atención, por ejemplo el que dice que  las Fuerzas Armadas pueden intervenir “cuando existan cuestiones que aterroricen a la población”. Suñer advirtió que es “difícil de mensurar qué aterroriza y qué no”, y citó también otro tema, que son las misiones que indica el proyecto, como patrullaje, control de personas y vehículos, aprensión en flagrancia. “Con la cantidad de cuestiones que  pueden tener que ver con sorprender a alguien en flagrancia, que puede terminar en la necesidad de enfrentamiento”, advirtió.

El militar destacó que la norma impulsada desde el PEN establece que “en estos supuestos, el uso de la fuerza se regirá en los mismos términos que los de las fuerzas de seguridad nacionales”, quedando habilitadas así las FFAA para operaciones de seguridad interior. “Así como tarda mucho tiempo formar un buen piloto de combate, o un buen soldado de montaña, o un buen paracaidista, también llevará mucho tiempo formar un buen policía, o un buen gendarme. No es una cuestión sencilla y además, la experiencia de otros países, Brasil, Colombia, Bolivia, ha llevado a mucha gente a cumplir condena ex post por no haber tenido adecuada capacitación ex ante”.

Suñer puso como ejemplo lo sucedido también en diciembre de 2001. “Cuando la situación se complicaba, se pidió la intervención de los militares. El jefe del Ejército respondió que sí se podía dar seguridad a la Rosada, al Palacio de Justicia y al Congreso, para que las autoridades políticas resolvieran la situación, pero se aclaró que podían desplegar a unidades de combate armadas con fusiles de combate, ametralladoras con un poder de destrucción tremendo, y no era prudente poner gente armada de esa manera. ¿Cuál era la condición? El estado de sitio, y el estado de sitio no se decretó, con lo cual las Fuerzas Armadas no tuvieron necesidad de actuar. Es un buen ejemplo”, planteó.

La norma propuesta por el Ejecutivo tiene “límites difusos” para el militar, que advirtió que “después de 42 años en el Ejército y haber visto lo que pasó en la historia argentina en los últimos 50 años, hay que tomar recaudos para impartir órdenes que puedan generar problemas a futuro a quienes desarrollan sus actividades con una gran entrega”.

El Gobierno anunció este jueves el envío al Congreso de la Nación de un paquete de proyectos de Ley que incluirá la llamada “Ley Antimafia” y la modificación de la “Ley de Seguridad Interior”, entre otros, con el objetivo de dotar al Estado de nuevas herramientas para enfrentar los delitos de narcotráfico y el crimen organizado, además de proteger a la sociedad.

Durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada, los ministros de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Defensa, Luis Petri, brindaron detalles de los cinco proyectos de ley que el Poder Ejecutivo enviará al Congreso por instrucción del presidente Javier Milei, cuya aprobación permitirá la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interior, el endurecimiento de penas y el aumento de controles, entre otras medidas.

En concreto, se trata de las siguientes leyes: contra Organizaciones Criminales (conocida como Ley Antimafia); Reincidencia y reiterancia; Registro de ADN ampliado a todos los delitos y a partir del procesamiento, y Ley de Orden Público (incluye Penalidades a la organización de piquetes, Ampliación de la legítima defensa y cumplimiento del deber como causa de justificación, aumento de penas para el atentado y resistencia a la autoridad, y tipificación del bloqueo a empresas), además de la modificación a la ley de Seguridad Interior.

La ley antimafias

La ministra de Seguridad anunció en conferencia de prensa que “vamos a enviar al Congreso la llamada ley antimafias, que implica que aquellos que cometen distintos tipos de delitos encadenados para el objetivo que tiene una organización criminal, van a tener una pena que ya no será la pena individual, sino la pena por pertenecer a esa organización mafiosa”.

Agregó la ministra que “la pena por el delito más grave que le corresponde a quien cometió el hecho se va a aplicar a todos los miembros de la organización”. Según Bullrich, “una organización criminal es aquella que busca el control de un territorio para cometer ilícitos de todo tipo, y son considerados miembros todos los que participan de esa cadena que va desde el transporte, la comercialización, la venta, el dominio territorial y el lavado de activos”.

La ministra de Seguridad planteó que “la ley va a permitir detenciones por averiguación de delitos; colocación de retenes para efectuar requisas; incautar mercadería dando noticia a la autoridad judicial; hacer rastrillajes, realizar allanamientos encadenados y la interceptación de llamados telefónicos y nuevas formas de comunicación con la autorización de la justicia”.

“Segundo: a Ley de Reiterancia, por la cual si reiterás el delito, vas preso. Con esto cortamos la impunidad que siente la gente”, añadió, y continuó: “Tercero, el registro de ADN para condenados de delitos sexuales. El proyecto de ley busca que todos los imputados van a dejar sus huellas genéticas a partir del momento en que entren en un establecimiento penitenciario, a una comisaría o algún lugar donde mantienen su detención".

Sostuvo Bullrich que “el cuarto proyecto que vamos a presentar tiene tres aristas: busca la reforma del artículo 194 del Código Penal, el aumento de penas para aquellos que organicen manifestaciones, que instiguen al corte de calles, que obliguen a la gente a participar de las manifestaciones bajo promesas de remuneración, y amenazas”.

“El siguiente proyecto de ley, que también ya presentamos en la Ley Bases, es la legítima defensa y el cumplimiento del deber”, dijo Bullrich que agregó que “vamos a plantear un último tema que es el delito contra la autoridad. Hoy le pegan a un policía, le tiran una piedra y es como si nada. A partir de ahora vamos a plantear penas más concretas contra aquellos que atenten contra la autoridad".

“Además, proponemos otro proyecto para un tipo penal para la sanción al bloqueo de comercios, industrias o cualquier tipo de establecimientos. Con una pena que va a ir de 4 a 6 años", agregó la ministra, que prometió que “vamos a trabajar con todos los senadores y diputados. Argentina quiere salir de la situación en la que estamos. Estos proyectos son para cuidar a la sociedad. ¿Quién no va a acompañar esto? ¿Quién va a quedar del lado de los delincuentes?".

Durante la conferencia de prensa, Luis Petri se manifestó convencido de que “la batalla contra los narcos se puede ganar utilizando todo el poder del Estado y las herramientas de la Constitución, y por disposición del presidente Milei estamos enviando estos proyectos al Congreso de la Nación para que sean debatidos”.

“Estamos modificando la Ley de Seguridad interior para permitir que las Fuerzas Armadas puedan intervenir y realizar operaciones que permitan devolverle la tranquilidad y la paz a los rosarinos”, planteó, precisando que “a partir de la declaración de actos terroristas que pongan en peligro los intereses vitales de la Patria, las Fuerzas Armadas van a quedar habilitadas a realizar operaciones de patrullaje, control de personas, de vehículos y de instalaciones, así como la aprehensión en flagrancia”.

Petri dijo que las modificaciones también posibilitan “la utilización de medios coercitivos que se van a regir por las mismas normas y condiciones que tienen las Fuerzas de Seguridad, donde es imprescindible la proporcionalidad, la gradualidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.

“Cuando se decida su intervención, las Fuerzas Armadas van a poder equiparse, capacitarse y prepararse para intervenir en tareas de prevención que garanticen la vida, la paz y la seguridad de todos los argentinos”, sostuvo Petri, quien en otro pasaje agregó: “Como decía la ministra Bullrich, no hay plan B. Necesariamente tiene que intervenir el Congreso de la Nación, y en el caso de la Ley de Seguridad Interior estamos planteando la reforma más importante desde su sanción, en el año 1991”.

“Para derrotar definitivamente al narcotráfico es imprescindible realizar una tarea coordinada interagencial y que involucre a los tres poderes del Estado”, sostuvo el ministro de Defensa.

En el marco de una larga entrevista con el periodista Chiche Gelblung, el presidente Javier Milei confirmó este martes que el Gobierno tiene intenciones de modificar la Ley de Seguridad Interior, con el fin de permitir de ese modo la participación más activa de las fuerzas armadas en conflictos como el que se vive en la provincia de Santa Fe.

La realidad es que la crisis de seguridad que se vive en Rosario en particular y Santa Fe en general ha puesto al Gobierno a analizar medidas concretas para hacer frente a la situación imperante allí con elementos con los que en la actualidad no se cuentan. Entre ellos, la participación de militares.

Es así que el presidente Milei confirmó este martes que está analizando con el ministro de Defensa, Luis Petri, el envío al Parlamento de un proyecto que les permita a los uniformados “tomar acciones adicionales”, cuyo accionar está hoy limitado a nivel interno por la vigencia de la Ley de Seguridad Interior.

En diálogo con Crónica TV, el presidente planteó que se evalúa el envío al Congreso de “una nueva ley de Seguridad Interior que permita que las fuerzas armadas puedan tomar algunas acciones adicionales”. Aclaró que “es algo que estuvimos discutiendo hoy en el Gabinete, lo que pasa es que Petri trajo la ley y Patricia (Bullrich) estaba en el avión. Me pareció imprudente tomar una decisión final cuando faltaba una de las partes”.

Según aclaró el mandatario, la modificación que están evaluando no implicaría el uso de armas por parte de las fuerzas armadas a nivel interno. Por el contrario, dijo Milei, “quiere decir que van a tomar acciones acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Está reglamentada la forma en la cual tomás acciones, no es cualquier forma, está determinado el formato”.

Cuando hablamos de la Ley de Seguridad Interior, nos referimos a la N° 24.059, sancionada en diciembre de 1991 y promulgada en enero de 1992, durante el primer gobierno de Carlos Menem.

Cabe consignar que ya el artículo 27 de esa norma establece que “en particular el Ministerio de Defensa dispondrá en caso de requerimiento del Comité de Crisis que las fuerzas armadas apoyen las operaciones de seguridad interior mediante la afectación a solicitud del mismo, de sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones, para lo cual se contará en forma permanente con un representante del Estado Mayor Conjunto en el Centro de Planeamiento y Control de la Subsecretaría de Seguridad Interior”.