El interbloque de Unión por la Patria expresó su repudio por lo que consideró una “actitud provocadora” de parte de la presidente del Cuerpo, Victoria Villarruel, por “intentar presionar a la justicia para reabrir causas ya juzgadas y prescriptas, durante un acto por el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo”.

Allí, según los senadores, “se pretendió dar una visión parcial y sesgada de la historia local y se omitió condenar el terrorismo de Estado que se instaló en la Argentina a partir del 24 de marzo de 1976”.

“El acto organizado por Villarruel fue una provocación, donde mezcló actos terroristas ocurridos en el país, como por ejemplo los atentados a la Embajada de Israel y a la sede de la mutual judía AMIA, y en el extranjero, como el ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, y luego propuso la reapertura de causas judiciales ya prescriptas y juzgadas, en un claro intento de negacionismo y de reivindicación del golpe de Estado que dio origen a la última dictadura cívico-militar”, expresaron los senadores del bloque que conduce José Mayans.

A través del extenso comunicado, los senadores destacaron que la propia Villarruel reconoció en su discurso que un acto de esta naturaleza en el Senado de la Nación “hubiera sido impensado 20 años atrás”. “Villarruel no sólo buscó provocar e instalar un tema ya saldado para la democracia argentina, sino también entró en una clara disputa de sentido histórico y político -apuntaron los senadores-. La presidenta del Senado reivindicó desde la omisión el genocidio y el terrorismo de Estado. Pero además planteó un tema ya resuelto hace décadas con el juicio de las Juntas y con las políticas de memoria, verdad y justicia”.

Tras destacar que el propio Congreso de la Nación ya dio su opinión histórica al anular las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final, los senadores consideran que “insistir con volver al pasado solo tiene un sentido revanchista, de venganza y de rencor”.

El comunicado critica también la política de Javier Milei, pero luego vuelve al tema del acto y remarca que tal evento realizado en el Salón Azul del Senado “no se puede desligar de la visita a los genocidas en el penal de Ezeiza” realizado por diputados libertarios que “deberían ser expulsados de la Cámara baja”, y tras repudiar todo acto de terrorismo y solidarizarse con las víctimas y sus familiares, enfatizan que “no podemos caer en la ingenuidad de no ver la maniobra de Villarruel para intentar imponer una agenda alejada de los verdaderos valores de la democracia y que demuestra hasta dónde ella y su espacio político están dispuestos a llegar para sostener un plan de miseria planificada contra el pueblo”.

La diputada bonaerense del Frente Grande, Susana González, presentó un proyecto de declaración en repudio a los diputados oficialistas de la Libertad Avanza por la visita a condenados por delitos de lesa humanidad por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar y sostuvo que “se trata de una acción claramente negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado”.

El 11 de julio, una comitiva de diputados oficialistas de la Libertad Avanza integrada por Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra y María Fernanda Arauj, se movilizaron en un vehículo oficial a la Unidad 31 de Ezeiza, donde visitaron a represores y genocidas, que fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar.

“Es una acción claramente negacionista y reivindicativa del terrorismo de Estado, y como tal merece nuestro absoluto repudio”, sostuvo González.

Entre los represores que recibieron a los diputados del bloque que responde al presidente Javier Milei y Victoria Villarruel, estaban entre otros Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti (ex agente de inteligencia del Batallón 601), Carlos Guillermo Suárez Mason Jr. (ex marino responsable de delitos de lesa humanidad en la ESMA), Adolfo Donda (ex oficial de la Armada y secuestrador de su sobrina, la ex diputada Víctoria Donda).

“El aberrante acontecimiento que no resiste precedente alguno a 40 años de la recuperación de la democracia”, se sostiene en los fundamentos, donde además señala que de acuerdo a las declaraciones del diputado Beltrán Benedit fue “organizado para visitar a excombatientes que libraron batallas contra la subversión marxista por orden de un gobierno constitucional", evidenciada en una fotografía recientemente dada a conocer donde “quedaron registrados los diputados oficialistas junto a los represores que participaron de la reunión”.

“Sin dudas lo acontecido implica lisa y llanamente una explícita reivindicación de los genocidas, un atentado al estado de derecho y genera el incremento de la violencia política, a la que se nos induce de forma permanente desde que se inició el mandato del actual presidente y su vice”, sostuvo la diputada.

Frente a la gravedad del hecho, condenado por casi todos los partidos y organismos de Derechos Humanos, el martes 6 de agosto diputados nacionales de UxP y del FIT, junto a Pérez Esquivel, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, Taty Almeida por Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, representantes del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) e integrantes de la organización HIJOS, plantearon el repudio y la expulsión del Congreso de los diputados libertarios involucrados en la visita a los genocidas.

Al respecto, y en el proyecto de repudio a los diputados oficialistas de La Libertad Avanza presentado por la legisladora bonaerense, destaca las palabras de Taty Almeida quien sintetizó claramente el objeto del mismo al expresar: "Señores diputados, está en manos de ustedes que realmente decidan que estos individuos no pueden seguir representando al pueblo" y al considerar que "como esto realmente es un delito político, políticamente hay que resolverlo”.

Asimismo, la iniciativa señala que el encuentro entre organismos de derechos humanos y diputados nacionales se produjo luego que se conociera públicamente el asesinato de Susana Beatriz Montoya, madre de un integrante de la organización HIJOS de Córdoba y viuda de Ricardo Fermín Albareda, militante del PRT-ERP y subcomisario de la Policía de Córdoba, secuestrado y desaparecido en septiembre de 1979.

Vale remarcar que, tras el crimen perpetrado con ensañamiento el pasado viernes en su domicilio se conocieron las pintadas con amenazas de muerte que incluían a sus hijos. Uno de ellos, Fernando, quien ya había sido intimidado con carteles con cruces esvásticas clavados con balas.

De igual modo, a esta “serie de hechos nefastos” debe sumarse que el pasado 7 de marzo, dos enviados del vice ministro de Defensa de la nación, Luis Petri “se reunieron con otros genocidas alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, entre estos, el ex capellán de la Policía bonaerense en plena dictadura, Christian Von Wernich; Julio Simón, conocido como el “Turco”o Julián; y Athos Renés, para trabajar un proyecto para dar por finalizadas las condenas o lograr el beneficio de la prisión domiciliaria”.

“La misma diputada libertaria Lourdes Micaela Arrieta, quien señalara que no conocía a Astiz por haber nacido en 1993, reconoció que está circulando un borrador de un proyecto de ley para moderar la situación de los genocidas condenados por delitos de lesa humanidad con sentencia firme” indica el documento.

Al respecto, González remarcó que “estos hechos, sintetizados en la foto de la reunión en Ezeiza de diputados libertarios con algunos de los peores genocidas de nuestra historia, junto a los discursos negacionistas y de odio que permanentemente circulan y se fomentan desde el gobierno, son en un todo repudiables y deben ser condenados por toda la sociedad incluyendo a sus representantes”.

“Memoria, verdad, y justicia, implica que "nunca más" podrán avalarse situaciones aberrantes y antidemocráticas como la visita de representantes del pueblo a genocidas condenados por delitos de lesa Humanidad. La democracia debe cuidarse con responsabilidad entre todas y todos, cada día, en cada acto y en cada hecho” concluyó la diputada bonaerense del Frente Grande, Susana González.

Conocida su postura sobre los años de la dictadura militar, la vicepresidenta Victoria Villarruel celebró la suspensión de indemnizaciones a víctimas del terrorismo de Estado, anunciada por el Ministerio de Justicia. 

“Lo dije en campaña, hay que revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron en nombre de los DD.HH. Auditar el curro de los DD.HH. que sirve a los fines políticos de un sector que siempre ha combatido al país y sus instituciones. Celebro la decisión del ministro Cúneo Libarona y del presidente @JMilei”, escribió en su cuenta de X la presidenta del Senado. 

Además, recordó un mensaje suyo de hace un año atrás, cuando reclamó: “Numerosas indemnizaciones se otorgaron a desaparecidos y familiares que requieren una revisión valiente por parte del Estado”. “Roberto Haymal montonero fue asesinado por los mismos montoneros, sin embargo cobró indemnización. El dolor no habilita al fraude”, había denunciado. 

A través de un comunicado oficial, el Gobierno informó que “el ministro Mariano Cúneo Libarona dispuso la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado. El Ministerio determinó llevar a cabo dicha auditoría debido a que se han detectado distintos casos de irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.

Más adelante, se detalló que “la auditoría surge a partir del fallo de procesamiento dictado en la causa ‘Martínez Moreira, Adrián y otros s/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita’, y que confirmó la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal”.

https://twitter.com/VickyVillarruel/status/1782749698010317019

“En dicha causa, se procesó a un conjunto de personas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional. A su vez, existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido”, se agregó. 

El comunicado finaliza: “El Ministerio articulará medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan. Asimismo, perseguirá la devolución de las sumas pagadas por el fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”. 

Los cuestionamientos del candidato de LLA al número de víctimas del Terrorismo de Estado ya fueron desmentidos en 1978, en un informe del Archivo de Seguridad de Estados Unidos, realizado con datos obtenidos por sus espías en el marco del Plan Cóndor. Los numerosos casos ignorados en el documento. El rol de la prensa argentina.

Una nota del diario Clarín del 25 de marzo de 2006 titula: "Un informe de Estados Unidos asegura que hubo 22.000 desaparecidos” (https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/informe-eeuu-dice-22000-desaparecidos_0_BkJz8qrJ0Kx.html). El documento al que hace referencia el diario también refleja cómo el exjefe de la diplomacia norteamericana Henry Kissinger, durante la presidencia de Gerald Ford, alentaba a los militares argentinos a que "lo que tengan que hacer, háganlo rápido", en una referencia directa a la represión.

La documentación afirma que la arenga de Kissinger sucedió 48 horas después del golpe de Estado, es decir el 26 de marzo de 1976.

Ese informe, al que refiere la nota, fue dado a conocer por Estados Unidos al cumplirse en la Argentina el 30° aniversario del golpe cívico-militar.

La misma información surge del diario La Nación en una nota fechada el 24 de marzo de 2006 y firmada por el periodista Hugo Alconada Mon, por entonces corresponsal del diario en Washington (https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenesnid791532/?gclid=EAIaIQobChMIq4OjjJrYgQMVAsaRCh2jYwKIEAAYASAAEgIlSfD_BwE).

El número de 22.000 desaparecidos, al que refiere el informe dado a conocer en Estados Unidos y que publican ambos diarios, corresponde al año 1978 y surge del Archivo de Seguridad Nacional que conserva la Georgetown University.

Ese informe, que salió a la luz recién en 2006, fue realizado a partir de información suministrada por integrantes del Batallón 601 del Ejército a agentes de inteligencia que operaban de incógnito en la Argentina como parte del Plan Cóndor.

Lo mismo ratifica el periodista norteamericano John Dinges en su libro "Los años del Cóndor", obra que narra el operativo de coordinación represiva llevado adelante en distintos países durante aquellos años.

Sin embargo, además, existe otro documento del Departamento de Estado al que hace alusión Hugo Alconada Mon en su artículo de 2006. El mismo se adjudica al entonces consejero político de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Tex Harris, en donde al año 1979 elevó 13.500 denuncias sobre desaparición de personas en nuestro país al Departamento de Estado del gobierno de EEUU. Todos estos datos, sigue diciendo el diario La Nación según consigna el documento, surgen a días de la final de la Copa del Mundo de fútbol del año 1978.

Por entonces, el entonces presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter, envió a Buenos Aires al diplomático David Newsom, número tres del Departamento de Estado norteamericano, para comunicarle al dictador Jorge Rafael Videla que sólo levantaría las sanciones económicas si revelaba el destino de los desaparecidos, si se juzgaba o se liberaba a los detenidos sin proceso, y si invitaba a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a hacer una inspección en el país. La visita de la CIDH se concretó en 1979, tras la cual elaboró un duro informe sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina.

El informe de la CIDH fue un gran golpe a la imagen de la dictadura en el exterior en tanto visibilizó en todo el mundo aquello que los militares que habían ocupado de manera violenta e ilegal el poder se esforzaban en ocultar.

La acción de Jimmy Carter al frente de la Casa Blanca fue de suma trascendencia para detener el accionar de la dictadura argentina, y sin dudas contribuyó a que la cantidad de vidas que cobardemente destruyó el gobierno de facto no fuera mayor.

Este tema es, quizás, el más sensible a la unidad de la familia argentina.

Aporto estos datos que son de países y medios de comunicación que alinean el pensamiento de los votantes de La Libertad Avanza. No me interesa tener razón, sino contribuir a la verdad histórica con información oficial de países de indudable militancia "occidental y cristiana", para que nadie me acuse de "ideologizar" el debate. Estos números reflejan lo sucedido en la Argentina a agosto de 1978 y, según se lee, corresponden a una sola de las fuerzas que actuaron en la represión: el Ejército. En esos 22.000 no se incluye lo sucedido en la órbita de la Armada ni en las dependencias de la Fuerza Aérea. Tampoco están los casos denunciados por los organismos de Derechos Humanos de nuestro país, que hablan de 30.000.

2.795 días tuvo la dictadura iniciada el 24 marzo del 1976 y finalizada el 10 de diciembre del 1983. Los datos de Estados Unidos y de los diarios La Nación y Clarín abarcan sólo los primeros 800 días de dictadura. Faltaban todavía 1.995 días para llegar a la asunción de Raúl Alfonsín. Tanto los 22.000 desaparecidos que reza Clarín a partir del informe del Archivo de Seguridad Nacional estadounidense como los otros números que aporta el periodista Alconada Mon en La Nación vinculados al Batallón 601 de inteligencia y al diplomático Ted Harris, difieren respecto al número de 8.753 desaparecidos que lanzó el candidato presidencial Javier Milei en el debate presidencial de Santiago del Estero, abarcando los siete años de dictadura.

Seguramente, y lo digo con humildad, es más factible en proporcionalidad y proyección que, en 2.795 días de dictadura, se haya llegado a la cifra de 30.000 que a lo que planteó el candidato de La Libertad Avanza.

Nos merecemos poner a disposición todos los números que tengamos para que Nunca Más haya, no ya 30.000 ni 8.000, sino ni un solo muerto ni desaparecido por sus ideas políticas, ya sea que piensen como Milei o que piensen como Valdés.

"Siento que he salido del infierno", dijo Jorge Luis Borges al enterarse lo que había sucedido durante la dictadura militar, ante lo cual pidió que no quedara impune.

El Comité Nobel galardonó a un argentino con el Premio Nobel de la Paz por el calvario y la lucha de Adolfo Pérez Esquivel contra la dictadura en el año 1980, quien confesó que estuvo a punto de ser subido a los vuelos de la muerte, y la Unesco declaró recientemente a la Escuela de Mecánica de la Armada, actual Museo de la Memoria, como Patrimonio de la Humanidad como la muestra más cabal del terrorismo de Estado, al mismo nivel de crueldad de los que pasaron por los demás sitios que han sido declarados: Auschwitz, campo de concentración y exterminio creado por el régimen nazi; Hiroshima (bomba atómica); la isla de Goreé, en Senegal, donde capturaban a hombres y mujeres libres para convertirlos en esclavos; Robben Island, donde estuvo preso Nelson Mandela; el Puente del Barrio Viejo en Bosnia, y el Muelle de Valongo en Brasil, principal puerto de esclavos en América. Todos estos sitios, al igual que la exESMA, ya están bajo el resguardo de la Unesco.

Sueño con una Argentina unida en los temas esenciales que hacen a nuestra convivencia y, en ese sueño, incluyo a las nuevas manifestaciones de la política.

Felices los que sueñan sueños y están dispuestos a pagar el precio para hacerlos realidad.


*Enlace de nota en La Nación:
https://www.lanacion.com.ar/politica/el-ejercito-admitio-22000-crimenes-nid791532/?gclid=EAIaIQobChMIq4OjjJrYgQMVAsaRCh2jYwKIEAAYASAAEgIlSfD_BwE

*Enlace de nota en Clarín:
https://www.clarin.com/ediciones-anteriores/informe-eeuu-dice-22000-desaparecidos_0_BkJz8qrJ0Kx.html